El ayuntamiento culmina su acoso contra una empresa cuyo único delito es tener como socio a Fermín Tejero

Comunicado de Karanda S.L., empresa propietaria del camping y Centro de Educación Medioambiental Carambolo

El Pleno del Ayuntamiento de Almuñecar, con los votos a favor de Convergencia, ha aprobado demoler las cabañas de madera del camping Carambolo (Centro de Educación Ambiental de Karanda S.L.) y algunas instalaciones construidas hace diez años por una Escuela Taller.

Aunque los tribunales ya dijeron, por Sentencia dictada el 8 de enero de 2008, que todo el expediente que se había urdido en 2005 contra esta sociedad era nulo , el ayuntamiento se negó a ejecutar esa sentencia y decidió responder a ella abriendo un nuevo expediente más irregular que el anterior.

Todas las falsas acusaciones que se contemplan en ese nuevo expediente han sido recurridas y están en los tribunales. Sin esperar a que estos decidan, el ayuntamiento ha tirado por la calle de en medio y ha decidido demoler dos cabañas de madera de 30 metros que están legalizadas desde 1999 ante la Delegación Provincial de Turismo y que estuvieron funcionando sin problema alguno con el visto bueno del ayuntamiento hasta que el alcalde decidió hacer la vida imposible a Fermín Tejero. A partir de ese momento, los propietarios del  Centro de Educación Ambiental nos hemos visto envueltos en una campaña tremenda de acoso e injusticias por el delito de haber tenido como socio a Fermín Tejero.

El ayuntamiento insiste en que no se pidió licencia de obra para esas cabañas, pero, aparte de que eso es fácilmente subsanable, lo cierto es que esa obligación no rige para los campings. Si sobre ese punto pudiera haber alguna ambigüedad o duda, ahora ya está más que claro. El Decreto 60/2010 (que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andañucía), en su artículo 8, dice textualmente:

“Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, todos los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los siguientes:

La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones similares, provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legalmente autorizados y en zonas expresamente previstas para dicha finalidad en el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico”.

Afirma el alcalde que, en cualquier caso, este camping está en suelo no urbanizable protegido, y ésa es razón para no autorizar las cabañas. Pero el alcalde sabe que miente porque ésa es la ubicación lógica de un camping. Las mismas cabañas de Peña Escrita están en suelo no urbanizable. Es más, en muchos casos, los camping están ubicados en espacios protegidos, como Parques Nacionales ó Naturales, permitiendo que la ciudadanía pueda disfrutar de estos lugares. En todos ellos hay cabañas. Los argumentos del alcalde se caen por su propio peso, pero a él le da igual. Ha ordenado que las cabañas sean demolidas y así lo quiere hacer en un claro caso de abuso de poder.

Los ciudadanos han de saber que los tribunales de primera instancia, luego la Audiencia Provincial, después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por último el Tribunal Supremo, han ordenado ya la demolición de varias edificaciones claramente ilegales en Almuñécar. A pesar de esas órdenes del Tribunal Supremo, ninguna de estas demoliciones se ha llevado a cabo. Sorprendentemente, se quieren demoler estas dos cabañas de madera sin que haya ninguna sentencia judicial ni argumento jurídico que respalde esta medida.

Es casi seguro que las sentencias que sobre este tema vean la luz dentro de algunos años den la razón a la sociedad propietaria del camping, pero para esas fechas el camping estará arruinado y las cabañas demolidas. Lo único novedoso será que el ayuntamiento, con el dinero de todos los ciudadanos tendrá que indemnizar a la sociedad propietaria de esas cabañas.

También se ha aprobado demoler unas instalaciones anexas que construyó hace ya casi diez años una Escuela Taller gestionada a medias entre el Ministerio de Trabajo y el ayuntamiento. Los planos, las licencias, los materiales, la contratación… todos los trámites estaban a cargo de la Escuela Taller y el INEM con la colaboración y asesoramiento del ayuntamiento. Fue el propio arquitecto municipal el que supervisó todo. Y ahora pretenden demoler algunas obras de las que hizo esa Escuela Taller.

Dicen que algunas cosas de las que hicieron no se ajustan al proyecto inicial. Y es verdad, porque hay un aula en la que se construyó la mitad de lo que estaba previsto y autorizado por la licencia de obras concedida por el ayuntamiento. Si eso es un motivo para demoler, pues adelante. Dicen que nadie pidió licencia para unas pequeñas edificaciones sin cimientos que se hicieron como prácticas para los alumnos de la Escuela Taller. Pues si es verdad que los técnicos del ayuntamiento que supervisaron aquella escuela Taller no tramitaron las licencias, pues que echen abajo estas edificaciones.

Lo más sorprendente es que, en el supuesto más que remoto de que se tuvieran que demoler, no se entendería que fuera la sociedad propietaria del camping la que tuviera que asumir el coste de esas demoliciones. Cuando se cedió el suelo para la Escuela Taller, que era un beneficio para todos los parados que allí hicieron sus prácticas, el acuerdo decía que esas instalaciones quedarían para uso público durante veinticinco años. Y así siguen. Son unas instalaciones de uso público. Y ahora quieren que nosotros paguemos la demolición por sus errores y su falta de control de las obras.

En fin, el colmo del acoso viene cuando acuerdan precintar una casa habitada que no tiene nada que ver con el camping salvo el hecho de ser vecinos. Cuando la sociedad propietaria del camping acordó crear un Centro Medioambiental en el que se darían charlas y cursos, dado que no teníamos aún ningún aula, los propietarios de esta casa situada, al lado del camping nos autorizaron que su casa figurara como aula de manera provisional. En ningún momento la vivienda llego a utilizarse como aula, debido a que los dueños necesitaron la casa como vivienda habitual. El crimen cometido por la sociedad fue no comunicar en aquel momento que aquella casa ya no se iba a utilizar como aula. Tengamos en cuenta que se trata de una casa construida en 1950 por el padre de Miguel Ávila, y habitada desde entonces por Roger Magdhall, promotor del Rancho California. Pues en el colmo de lo inaudito, dice el alcalde que esa casa, con su dueño dentro, tiene que ser precintada porque es un aula. Da igual que nosotros por un lado, y el dueño de la casa, por otro, le hayamos manifestado por escrito cien veces que eso es una casa habitada con sus escrituras y sus papeles en regla. El nivel de barbarie llega tan lejos que por haber omitido comunicar hace 15 años que aquello ya no era un aula, parece que ya tendrá que ser un aula toda la vida.

En fin, es una historia lamentable que esperamos que algún día tenga un final. Ya que a esta sociedad se le ha hecho y se le sigue haciendo un daño irreparable. Que sirva este bárbaro atropello, al menos para que los vecinos tomen conciencia de en qué manos está la alcaldía de este pueblo.