La Junta 'puenteará' a los ayuntamientos que desvíen fondos de servicios sociales
La Junta de Andalucía lo tiene claro y no está dispuesta a que la financiación que entrega a ayuntamientos y diputaciones para que paguen los servicios sociales como la ayuda a domicilio se desvíe a otros asuntos y deje sin recursos a los dependientes. Por eso, además de aplicar algunas medidas como pagar cada dos meses en lugar de cada seis y exigir el justificante periódico del ingreso a los destinatarios, estudia otras medidas más 'agresivas' para evitar el fraude. Entre ellas, la delegada de Igualdad, Magdalena Sánchez, dijo ayer que estudia que cuando una corporación local no justifique más de dos trimestres el abono correcto del dinero, éste "se transfiera directamente a la empresa para garantizar que llega a los destinatarios".
Es decir, que la Junta estudia 'puentear' a los ayuntamientos que desvíen estos fondos a otras partidas que no sean las exclusivas de servicios sociales, ayuda a domicilio o dependencia, una práctica que la Administración ha comprobado ya que asegura que nunca ha fallado en el pago y que muchas empresas no han recibido los pagos oportunos, lo que ha generado incluso huelgas y manifestaciones afectando al final a los destinatarios.
En materia de Igualdad y Bienestar Social la Junta de Andalucía asegura que mantendrá las prestaciones, servicios y empleos pese a los recortes. En cuanto a la Ley de Dependencia, se dará respuesta a más de 35.000 personas. Lo que matizó Sánchez es que "se garantizará las prestaciones a los que ya las reciben pero no entrarán nuevos beneficiarios del grado I nivel II por lo menos durante los próximos dos años por la paralización del Gobierno" del desarrollo de la ley. Este grado se prorrogó primero un año y después otro más, por lo también afectará al siguiente, el grado I nivel I, que también se verá retrasado. Estos cambios afectarán a casi 20.000 dependientes de la provincia (9.000 del grado I nivel II y 11.000 del grado I nivel I). También hará que se dejen de crear unos 5.000 empleos.
La ayuda a domicilio a más de 9.200 personas y la teleasistencia a casi 18.000 también se seguirán prestando.
Sánchez se mostró preocupada por el recorte del Gobierno un 48% al Plan Concertado de Servicios Sociales, "por lo que habrá que compensar la situación para que los profesionales puedan seguir trabajando como hasta ahora".
Ante este panorama, la delegada de Igualdad pidió a los ayuntamientos y a la Diputación "que cumplan con sus obligaciones y paguen a las empresas" para que los servicios no se vean afectados y no se perjudique a los dependientes, a los mayores o a los más necesitados. "No estamos dispuestos a que haya un retroceso en estas políticas", sentenció Sánchez.
Es decir, que la Junta estudia 'puentear' a los ayuntamientos que desvíen estos fondos a otras partidas que no sean las exclusivas de servicios sociales, ayuda a domicilio o dependencia, una práctica que la Administración ha comprobado ya que asegura que nunca ha fallado en el pago y que muchas empresas no han recibido los pagos oportunos, lo que ha generado incluso huelgas y manifestaciones afectando al final a los destinatarios.
En materia de Igualdad y Bienestar Social la Junta de Andalucía asegura que mantendrá las prestaciones, servicios y empleos pese a los recortes. En cuanto a la Ley de Dependencia, se dará respuesta a más de 35.000 personas. Lo que matizó Sánchez es que "se garantizará las prestaciones a los que ya las reciben pero no entrarán nuevos beneficiarios del grado I nivel II por lo menos durante los próximos dos años por la paralización del Gobierno" del desarrollo de la ley. Este grado se prorrogó primero un año y después otro más, por lo también afectará al siguiente, el grado I nivel I, que también se verá retrasado. Estos cambios afectarán a casi 20.000 dependientes de la provincia (9.000 del grado I nivel II y 11.000 del grado I nivel I). También hará que se dejen de crear unos 5.000 empleos.
La ayuda a domicilio a más de 9.200 personas y la teleasistencia a casi 18.000 también se seguirán prestando.
Sánchez se mostró preocupada por el recorte del Gobierno un 48% al Plan Concertado de Servicios Sociales, "por lo que habrá que compensar la situación para que los profesionales puedan seguir trabajando como hasta ahora".
Ante este panorama, la delegada de Igualdad pidió a los ayuntamientos y a la Diputación "que cumplan con sus obligaciones y paguen a las empresas" para que los servicios no se vean afectados y no se perjudique a los dependientes, a los mayores o a los más necesitados. "No estamos dispuestos a que haya un retroceso en estas políticas", sentenció Sánchez.
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