Malditos funcionarios bastardos
Esta ha sido la consigna de la última semana. El ministro Montoro escupía la filosofía base: los funcionarios están dados al cafelito, practican el fraude horario y militan en la desidia estructural. Todo un pliego de cargos que venía a sumarse a las odas de Aguirre (Esperanza), y a los que sólo había que esperar sentencia. La ejecutó el presidente Mariano laminando todo un mes de salario. Supone la cuarta bajada de sueldo tras el asalto alevoso del presidente ZP en la primavera social-2010, la posterior subida de Irpf y la subsiguiente nueva subida del presidente Mariano sólo un mes después de jurar que jamás lo haría, en un espectáculo de palmaria estafa electoral. Antes ya los funcionarios habían soportado congelaciones salariales, incluso en los mal llamados años de bonanza.
Don Mariano y ZP se han fundido el 25 % de la capacidad adquisitiva de este colectivo en los últimos añitos. Millones de nuestros salarios que van a encubrir las grandes quiebras fraudulentas bancarias que produjeron solos-solitos unos banqueros millonarios y unos políticos serviles e ineptos.
Son estos unos días en que una caterva de neoliberales bien alimentados espetan como los funcionarios son unos privilegiados que, además, no pueden ser despedidos. Los que así se expresan no aciertan a ver como los funcionarios sí estuvieron años “despedidos”. Por término medio el funcionario está cuatro o cinco años preparando oposiciones. Cuatro o cinco años sin ingresos, soportando gastos de preparación a costa de sus padres o, en el peor de los casos, en jornadas maratonianas simultáneas de trabajo y estudio sin fines de semana o vacaciones. Cuatro o cinco años de enclaustramiento, por término medio, aunque también conozco numerosos casos de seis siete u ocho años en dichas dinámicas de “despido” sin prestación o subsidio. Una inversión brutal de tiempo, de recursos propios y de coste psicológico en no pocos casos.
Se miente cuando se dice que España es el país europeo que más funcionarios cobija cuando ni siquiera llega a la media de la Unión Europea con una ratio de 5.5% sobre población, muy lejos del 12.3% de Suecia o incluso de otros “pigs” como Portugal o Irlanda.
Los inquisidores parecen desconocer que en la Administración Pública española existen sueldos de los más bajos del mercado laboral, o sueldos medios a los que cuesta llegar 20 o 30 años de vida laboral, o bien sueldos altos sometidos a un régimen de incompatibilidades tal que sonrojan comparándolos a lo que están ganando muchos de nuestros compañeros de promoción. Sueldos que no disfrutaron de apenas subida en años donde en el macro sector de la construcción se conseguían salarios, pluses e incentivos de dos mil y tres mil euros para el peón de base, de decenas de miles para el ejecutor medio y de millones de euros para cualquier promotor nesciente venido a más a través del contacto en la alta política local y la baja cama financiera.
Vaya por delante que la Administración Pública no es un nirvana perfecto y donde también habita un porcentaje de profesores obtusos, inspectores indolentes, médicos desfasados, policías torturadoes o administrativos de telenovela. Pero la existencia de cierta escoria marginal no puede impugnar la labor del colectivo.
No se puede impugnar el objeto de la función pública porque es delictivamente falsa la correlación de mayor funcionariado con menos eficacia, peores servicios o más endeudamiento público. Falsa porque hay países con record de deuda pública y que, sin embargo, cobijan las tasas más bajas de funcionarios por habitante como son los casos de Grecia (3.30) y Reino Unido (3.41). Y viceversa, ya que los países con las mayores tasas de funcionarios del mundo como Suecia (12.3) o Finlandia (10.6) son reconocidos por ser las administraciones públicas y los servicios más sobresalientes. Hay que repetirles a todos estos agoreros malintencionados que España se sitúa en un porcentaje del 5.52, más bajo que la media europea (vid. E.U., Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States ).
Nunca he hecho corporativismo pero va siendo hora ante la desfachatez con la que se está maltratando al llamado funcionario, desde el insulto de no pocos empresarios de Porsche Cayenne y Dom Perignon Oenothèque al exabrupto de algún operario cañí cuya única religión pende del mini-adosado, la Ducati monster y el “yo-soy-españó-españó-españó”. Ambos dos forrados a mayor gloria del icono-ladrillo y la destrucción económica de este país.
Los anteriores personajes son sólo alguacilillos de poderosas instancias internacionales y no menos poderosos think-tank para los que la función pública debe ser progresivamente diluida. Encabezan este agit-prop el Fondo Monetario Internacional y le siguen patronales y fundaciones varias de las que son excelente ejemplo el nacional Instituto de Estudios Económicos o el estadounidense Cato Institute. Según estos edenes del pensamiento la función pública debe ser progresivamente mermada. Sustentan el catecismo de que su existencia es superflua e innecesaria para la funcionalidad de una nueva dogmática administrativo-presupuestaria. Su número debe ser reducido hasta llegar a completar un sinnúmero de privatizaciones de administraciones públicas.
En esta letanía militan los que quieren cargarse el Estado para convertirlo en un Ente Administrativo que funja de consejo de administración de las oligarquías clepto-financieras. Quieren cargarse el principio natural de la función pública, el principio por que el Estado tenga servidores independientes y preparados para poder sustituirlos por lacayos privatizados al servicio de partido, secta o grupo de presión.
La campaña no es inocente. En la demolición del Estado social viene inscrita la demolición del propio Estado y de la soberanía nacional (Brzezinski, 1970). Pero que cuiden, porque tras la desaparición de derechos sociales, tras la evaporación del Estado no existiría sino el estado de naturaleza y llegados a ese punto no habrá ni derechos individuales adquiridos ni propiedades a proteger. Si quieren un mundo de rivalidades y competitividad universal lo pueden tener. A ver quien gana.
Francisco Palacios Romeo. Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Zaragoza). Presidente de Attac-Aragón
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