Un juzgado decide la inadmisión de la demanda del ex ingeniero municipal contra la alcaldesa de Almuñécar y dos concejales

El Juzgado de lo Social número 1 de Motril ha decidido la inadmisión de la demanda puesta por el ex ingeniero municipal, Julio Roldan, el seis de agosto, despedido por el actual equipo de Gobierno el pasado abril, contra la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, el concejal de Urbanismo, José Manuel Fernández, el concejal de Izquierda Unida, Fermín Tejero y el Ayuntamiento de Almuñécar.

El demandante presentó una demanda inicial frente al despido disciplinario que fue admitida en julio de 2012 en el Juzgado de lo Social de Granada, y esta segunda con fecha de seis de agosto presentada en Motril, a la cual el Juzgado decide su inadmisión en la “reclamación de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas”, al considerar que “el planteamiento es erróneo, la demanda está mal planteada y procesalmente no procede admisión de conformidad a lo previsto en los artículos 178.1 y 179.4 L.J.S. sin que proceda dar la tramitación ordinaria o especial que corresponda dado que no reune los requisitos exigidos por la ley para tal clase de prodedimientos”.

En su defensa, Roldán solicitaba la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas por acoso moral pidiendo la extinción del contrato y una indemnización por despido improcedente de 45 días retribuidos por año de servicio y la cantidad de 20.000 euros a los demandados.

Este conflicto laboral, entre el Ayuntamiento y el hoy ex ingeniero municipal, se inicia en enero de 2012 cuando se decide por parte del equipo de Gobierno la suspensión provisional de empleo y sueldo durante seis meses, y que termina resolviéndose en despido en abril de 2012, señalando para el mismo los mismos motivos que provocaron la suspensión provisional del ingeniero y la apertura de un expediente.

Uno de los motivos disciplinarios es el referente a unas obras a realizar en el término municipal de Peña Escrita y concretamente a una red hídrica  tendente a mejorar “la protección contra incendios con una red enterrada”, por un valor de 49.828,74 euros y que según un informe técnico del 23 de enero de 2012 no se habían realizado parcialmente, aunque sí pagadas en 2010 a razón de cuatro plazos.

A este respecto, siempre según el informe que está firmado por el entonces secretario accidental del Ayuntamiento de Almuñécar, “en el momento de la inspección sólo se habían instalado 16 hidrantes y no 21 como vienen en el proyecto, de los cuales 7 no tienen arquetas ni tapas (sic)”.

El documento recuerda que la normativa en materia de contratación con la administración pública, “conlleva la obligación de revisar que se cumplen fielmente las condiciones del pliego, así como el proyecto y la memoria explicativa, antes de proceder al pago mediante el libramiento de la correspondiente certificación de obras”.

El documento también señala que se ha comprobado contrariamente a lo presuntamente certificado por el ingeniero municipal, “que las obras no habían sido ni visadas ni terminadas, dejando a medias un proyecto, en una materia tan importante como la red de hidratación de un parque municipal de alto riesgo de incendios”.

Ante esa presunta conducta, el Ayuntamiento abre un expediente disciplinario como medida provisional, al entender que eran hechos muy graves “máxime teniendo en cuenta el cargo de responsabilidad como jefe de Ingeniería e Infraestructuras” municipal, y “hace imposible la continuidad de la prestación de servicio mientras dure la tramitación de este expediente disciplinario”. Expediente que se resolvió finalmente en despido.