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Almuñécar contra la corrupción

Valderas anuncia que las leyes de Participación y de Memoria Histórica comenzarán su debate en la Cámara en febrero

Europa Press

El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha anunciado este miércoles que desde su departamento ya se ha iniciado la elaboración de las leyes de Participación de Andalucía y de Memoria Histórica, y que ambas podrán debatirse en la Cámara andaluza en el próximo mes de febrero.

   En comisión parlamentaria, a fin de presentar evaluación de la actividad de la Consejería de la que es titular, Valderas ha asegurado que "la cercanía con la ciudadanía" ha marcado la gestión de los cien primeros de su departamento, frente al Gobierno del Estado, que hasta ahora mantiene un "enfrentamiento casi permanente" con los ciudadanos.

   Valderas ha explicado que el eje vertebrador de este Gobierno es la lucha contra las desigualdades y por el empleo, y ha destacado que en estos cien días de gestión se han mantenido 82 encuentros y reuniones con diferentes responsables de instituciones, ayuntamientos, agentes sociales y económicos para pulsar y conocer de primera mano la problemática y situaciones de distintas entidades.

   El 'número dos' del Gobierno andaluz ha destacado también las acciones legales impulsadas de defensa y reparación de los derechos de las personas afectadas por las participaciones preferentes; el inicio del proceso de modificación del Decreto que regula el registro de asociaciones de consumidores y usuarios; o la visita a ayuntamientos para abordar cuestiones de índole económico-financieras y de gestión de programas sectoriales con otras consejerías.

   De igual modo, ha subrayado la elaboración de un borrador de protocolo para la definición de criterios de actuación en los servicios periféricos ante determinadas actuaciones con entidades locales; presentación de un borrador del proyecto de ley de los Consejos de Concertación Local; y la acción voluntaria organizada entre la ciudadanía para garantizar la atención social de los colectivos a través de personas voluntarias.

   Valderas ha explicado que también se trabaja en la declaración de nuevos lugares de memoria; se ha iniciado la creación de un censo específico de asociaciones que trabajan en este campo; se están reforzando las políticas de cooperación al desarrollo con un enfoque de derechos humanos, sobre todo los que tienen como objetivo atenuar la pobreza; y se están implementando programas de lucha contra el cambio climático, el empoderamiento de la mujer y la consolidación de la igualdad de género.

   El vicepresidente de la Junta ha subrayado el esfuerzo que ha supuesto para el Gobierno andaluz la aprobación de un Plan de choque por el empleo de 200 millones y la apuesta por la continuidad del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Para Valderas, la continuidad de este programa confirma la apuesta de la Junta por el municipalismo y la creación de empleo a través de subvenciones a las corporaciones locales para que lleven a cabo obras y servicios que no pueden ejecutar si no es con el respaldo económico de Junta y Gobierno.

   La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales destina este año a los muncipios andaluces un total de 44,31 millones del Programa de Fomento del Empleo Agrario (antiguo PER) de 2012. Esta partida, según ha apuntado Valderas, se ha incrementado en un 3,32 por ciento respecto a la de 2011, por encima del Indice de Precios al Consumo (IPC).

IU plantea crear una red andaluza solidaria para distribuir comida a gran escala

IU ha anunciado que va a plantear en el Parlamento andaluz la creación de una red andaluza solidaria alimentaria para, en colaboración con ONG, bancos de alimentos y cooperativas agrarias, almacenar y distribuir comida a gran escala para los andaluces más necesitados.

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, ha explicado en rueda de prensa que también van a buscar "aliados" en las cadenas de distribución alimentaria y que pretenden convertir a las cooperativas agrarias en agentes de esta red.

Tras indicar que todas las administraciones públicas deberían incluirse en la red, Castro ha señalado que la mayoría de bancos de alimentos están situados en las grandes ciudades y desarrollan su tarea con "dificultades"

El proyecto anunciado por IU incluiría una sistematización de la recogida de alimentos con los excedentes de transformación, los próximos a la fecha de caducidad y los que compran particulares para donarlos, todos los cuales habría que almacenarlos y distribuirlos a gran escala por toda Andalucía entre los ciudadanos necesitados, ha indicado Castro.

Para crear este red, la administración debería hacer un desarrollo normativo de los aspectos que favorezcan la distribución de los alimentos así como un censo de organizaciones e instituciones que se quieran adherir, definir su papel y redactar un protocolo de colaboración, ha apuntado el portavoz de IU.

Este iniciativa de IU se incluye en un apartado que Castro ha resumido en el principio según el cual "en Andalucía hay suficientes viviendas y alimentos para que todos los ciudadanos tengan un techo y nadie pase hambre".

IU va a presentar en el Parlamento varias proposiciones no de ley para que se creen los grupos de trabajo sobre la creación de una banca pública que potencie la inversión productiva y otro que estudie la renta básica, así como un banco público de tierra.

Castro ha recordado que en la subasta de fincas propiedad de la Junta, muchas han quedado desiertas, y ha señalado que hay miles de andaluces que tienen que emigrar a Europa para trabajar de temporeros mientras que en la comunidad hay tierras suficientes para que los cooperativistas pudieran potenciar la economía productiva.

Desobediencia civil, Estado de Derecho y la izquierda

Desobediencia civil, Estado de Derecho y la izquierda

Alberto Garzón Espinosa
Pijus Economicus

30/08/2012
Las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y su réplica en Extremadura, han sido fenómenos políticos que han marcado la agenda mediática en las últimas semanas, pero desgraciadamente y por lo general los debates se han limitado a aspectos superficiales de la acción.
Con ánimo de descender hacia el fondo teórico de tales acciones el compañero Luis Felip [LF] ha escrito un post en su blog en el que reflexiona sobre el binomio legalidad y legitimidad, trayendo al debate aspectos cruciales de lo que es la estrategia y táctica de la izquierda anticapitalista. El objetivo, a mi entender, es dilucidar si estas acciones son coherentes y consistentes con la acción política de la izquierda y, en concreto, de Izquierda Unida.
Mi intención es hacer aquí algunas aportaciones a dicho debate, tratando de justificar que estas acciones son tácticas adecuadas que se inscriben en una estrategia que busca alcanzar una democracia real y un verdadero Estado de Derecho.
La desobediencia civil

Los propios ejecutores de las acciones mencionadas han defendido su proceder basándose en que eran acciones de desobediencia civil, esto es, acciones pacíficas que se sitúan en la frontera externa de la ley. Como nos recuerda LF, “para Rawls, la desobediencia civil significa que, asumiéndose lo fundamental del estado democrático de derecho realmente existente (a pesar de sus imperfecciones), y en especial los principios de justicia que lo rigen, se lleva a cabo una forma de disensión” que se situará en la frontera de la ley por su lado externo.
LF repasa los rasgos propios de una acción de desobediencia civil (entiendo que siguiendo a Fernández Buey), y entre los cuales se encuentra la existencia de una finalidad política, el respeto a las reglas de juego, la aspiración de alto consenso en la población, la aceptación de las consecuencias legales y su naturaleza pública, pedagógica y pacífica. Naturalmente en la historia podemos encontrar muchos ejemplos de acciones que se ajustan a tal descripción, siendo los más citados en estos días las acciones de Gandhi y de Rosa Parks. La acción del SAT podría perfectamente también enmarcarse  aquí.
El otro día conversando con Máximo Pradera llegamos a una analogía que a mi entender permite expresar lo anterior con claridad. En el fútbol hay unas acciones que se llaman “faltas tácticas” y que no persiguen ni hacer daño al rival ni negar la necesidad de existencia de un árbitro. Sencillamente son acciones sancionables, es decir, son faltas, pero que buscan un objetivo que va más allá de ese momento en el juego. En el fútbol se realizan para romper el ritmo, para recibir amonestaciones -tarjetas amarillas- que ajusten la estrategia de temporada de un equipo o para otros fines. La acción del SAT, por ejemplo, se enmarca en este tipo de táctica. Dentro de las reglas de juego es una “falta” que no busca hacer daño y para la cual se acepta sus consecuencias legales, pero el objetivo real es una denuncia política sobre un fenómeno (el hambre y falta de democracia económica) y una percepción (leyes injustas, reglas de juego desiguales).
Aceptado lo anterior, la pregunta que debe formularse, a mi entender, es en qué estrategia política se inscriben estos quebrantamientos selectivos de la ley, es decir, qué objetivo se persigue al llevarlos a cabo.
Estado de Derecho y liberalismo

LF nos recuerda que hasta el advenimiento de las revoluciones de la Ilustración y la concepción de Estado de Derecho, esto es, del gobierno de las leyes, algunos pensadores como Tomás de Aquino justificaban toda desobediencia a la ley bajo el amparo del derecho natural, la ley de Dios. En dicho contexto institucional -monarquías absolutas- la desobediencia quedaba justificada por concepciones morales derivadas de la religión.
Sin embargo, el advenimiento de la Ilustración nos traería el concepto de libertad civil, que se resume en las palabras de Kant: “Nadie me puede obligar a ser feliz a su manera (tal como él se figura el bienestar de los otros hombres), sino que cada uno tiene derecho a buscar su felicidad por el camino que le parezca bueno, con tal de que al aspirar a semejante fin no perjudique la libertad de los demás“. Sobre este principio nacerían dos conceptos distintos: el de Estado de Derecho y el de Capitalismo. Por un lado el ideal de vivir al margen de las creencias de los demás pero de acuerdo a las leyes y a la Razón, y por otro lado el ideal de permitir que los derechos de propiedad de los medios de producción permitan acrecentar la riqueza individual sin ningún tipo de intervención externa.
Esta es precisamente la tesis de actuales y brillantes filósofos marxistas como Carlos Fernández Liria y Luís Alegre Zahonero [2], quienes denuncian que la ideología dominante pretende hacer creer que Estado de Derecho y Capitalismo son la misma cosa, a la vez que critican las experiencias políticas del llamado socialismo real precisamente por olvidar que el fin más alto del ser humano es el de convertirse en un ciudadano en el marco de un verdadero Estado de Derecho: un Estado de Derecho socialista.
Lo que Liria y Zahonero nos recuerdan es que el ideal del ciudadano de la Ilustración y del liberalismo -la defensa de lo expresado por Kant y que se refleja en el “libertad, fraternidad e igualdad” de la Revolución Francesa de 1789; es decir, la utopía liberal- es incompatible con el capitalismo. Bajo el capitalismo el Estado de Derecho se convierte en una mentira, en una apariencia, en una simulación. El ideal de la Ilustración aplicada al ámbito económico -el famoso laissez faire y el papel de la mano invisible- anula el concepto de ciudadano libre. Como asegura Naredo, “la principal contribución de esa utopía liberal al mantenimiento y expansión del capitalismo fue la de permitir la máxima libertad de acción a aquellos que detentaban el poder económico, lavándoles la conciencia de todo escrúpulo para que guiaran su actuación exclusivamente con arreglo a sus intereses más inmediatos de lograr un enriquecimiento rápido” [3]. Bajo el capitalismo los ciudadanos no existen como se espera de ellos en el ideal liberal, sino que únicamente existen trabajadores forzados a ser alquilados por algún poseedor de medios de producción; trabajadores esclavos de su situación de desposeídos.
La traición de ese ideal liberal, de ese proyecto de la Ilustración, llevó por ejemplo a los anarquistas a buscar un nuevo neologismo que se ajustara a sus pretensiones reales. Los anarquistas acogieron el término libertario para expresar la necesidad de seguir buscando el ideal del hombre y mujer libre [4]. Noam Chomsky también reclama para sí el concepto original del pensador liberal [5], de la misma forma que nosotros podríamos alzar nuestra voz y decir: “Los liberales no son los verdaderos liberales; son unos farsantes que aprovechando su poder económico han usurpado nuestro lenguaje en su beneficio“. Por estas razones Liria y Zahonero consideran que el proyecto de la Ilustración murió con la ejecución de Robespierre en 1794 y que completar el proyecto de la Ilustración sólo puede lograrse con el socialismo, es decir, con la democracia económica y con la supresión del ideal liberal aplicado a la economía.
No obstante, la ideología dominante, y también las prácticas del llamado socialismo real, han llevado a una impresión generalizada de que las pretensiones comunistas son opuestas al ideal de la Ilustración. Nada más lejos de la realidad. Como recuerda Erik Hobsbawm en su magnífico Historia del Siglo XX, “la medalla conmemorativa del Partido Socialdemócrata alemán exhibía en una cara la efigie de Karl Marx y en la otra la estatua de la libertad. Lo que rechazaban era el sistema económico, no el gobierno constitucional y los principios de convivencia“. Por entonces, “el movimiento obrero socialista defendía, tanto en la teoría como en la práctica, los valores de la razón, la ciencia, el progreso, la educación y la libertad individual“. Pero fueron las contradicciones propias del sistema económico las que llevaron a tal crisis económica -la Gran Depresión- y a tal conmoción en las masas, por lo general poco o nada instruidas, que el crecimiento de movimientos fascistas permitió derribar las instituciones liberales y sumir a la humanidad en la fatídica II Guerra Mundial.
En definitiva, el Estado de Derecho y la democracia que tenemos actualmente sólo son apariencias de lo que deberían ser. De la misma forma que no existe una democracia real -porque la ciudadanía no tiene capacidad de decidir sobre el poder económico- tampoco existe un Estado de Derecho real. Y es a partir de este punto argumental donde yo entiendo que puede conectarse toda la tradición del marxismo y socialismo clásico (Marx, Engels, Bakunin, etc.) con los movimientos sociales actuales (decrecimiento, democracia real ya, etc.). No se trata de superar el Estado de Derecho por algo “mejor” sino precisamente de alcanzarlo, para lo cual es necesario superar el capitalismo.
La estrategia de la izquierda

Si no vivimos en una democracia real y si no estamos en un Estado de Derecho real, entonces ¿cómo lo alcanzamos? LF apunta algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y que es consistente con la exposición anterior: “La desobediencia civil sólo se concibe como una más de las herramientas de una estrategia reformista (junto con las acciones legales y su participación en las instituciones) que, no siendo incompatible con la voluntad de transformación radical de la sociedad, marca profundamente el sentido de esta voluntad al concebir la revolución como un proceso dilatado en el tiempo, y no como un hecho puntual, que además pasa a través de las instituciones y asume las reglas del juego para dotarse de la legitimidad democrática que haga posible la acumulación de fuerzas y de hegemonía ideológica“.
Engels apuntaba lo mismo cuando afirmó que otra herramienta era igualmente fundamental: “El trabajo lento de propaganda y la actuación parlamentaria se han reconocido también aquí como la tarea inmediata del partido” [6]. Asimismo, Engels apuntaba que “con la agitación electoral se nos ha suministrado un medio único para entrar en contacto con las masas del pueblo allí donde todavía están lejos de nosotros, para obligar a todos los partidos a defender ante el pueblo, frente a nuestros ataques, sus ideas y sus actos; y, además, abrió a nuestros representantes en el parlamento una tribuna desde lo alto de la cual pueden hablar a sus adversarios en la Cámara y a las masas fuera de ella con una autoridad y una libertad muy distintas de las que se tienen en la prensa y los mítines“.
En definitiva, la estrategia de una izquierda que quiere alcanzar la democracia real y el Estado de Derecho real y que quiere ser “capaz de movilizar y orientar un bloque social amplio, y capaz de hegemonizar la lucha ideológica, ha de situar en primer plano la contradicción entre democracia y capitalismo” [LF].  Además, esta tarea ha de hacerla tanto en la práctica como en en el discurso. Efectivamente, y como no se cansa en recordar el compañero y profesor Pablo Iglesias [7] la izquierda tiene que hablar con los conceptos que entiende la gente, aquellos que están en su estructura mental y que no son otros que los que ha insertado la ideología dominante. La ideología, no lo olvidemos, se encarna en las costumbres, los modos de vida, la percepción de lo que está bien y mal.
Dicho todo lo cual, no puede negarse que los actos de desobediencia civil son un golpe extraordinario a esa misma ideología dominante. Son un impacto en la forma que tiene la ciudadanía de comprender el mundo. Son actos que explicados de forma pedagógica son fácilmente comprensibles y sirven para desactivar la hegemonía de la ideología dominante. Son actos coherentes, consistentes con el proyecto de la Ilustración y desde luego con la estrategia socialista. Lo que las acciones del SAT han dicho ha sido sencillamente lo siguiente: “olvídese usted de las instituciones que tiene asumidas en la cabeza (propiedad privada, legalidad, etc.) y piense si es justo que la gente pase hambre cuando tenemos exceso de comida; piense si es justo que haya viviendas vacías y gente sin casa; piense en eso y reformule su ideología y, en consecuencia, el apoyo pasivo que está haciendo al sistema económico que no nos permite ser libres”. Actos de desobediencia civil, pacíficos y dirigidos por el ideal de la Ilustración, son en realidad la mejor forma de luchar en el campo ideológico y de alcanzar la hegemonía gramsciana. Han de extenderse.
NOTAS:
[1] Luis Felip, además de amigo, es licenciado en Filosofía y responsable de formación del Partido Comunista de Málaga Ciudad.
[2] Fernández Liria, C. y Alegre Zahonero, L. (2011): El orden de El Capital. Editorial Akal.
[3] Naredo, J.M. (2003): La economía en evolución
[4] Escribía Déjacque en 1851 que “Le Libertaire no tiene más patria que la patria universal. Es enemigo de los límites: límites-fronteras de las naciones, propiedad de Estado; límites-fronteras de los campos, de las casas, de las fábricas, propiedad particular; límites-fronteras de la familia, propiedad marital y paternal. Para él, la humanidad es un solo y mismo cuerpo en el cual todos los miembros tienen un mismo e igual derecho a su libre y completo desarrollo, sean los hijos de este o del otro continente, pertenezcan a uno o a otro sexo, a tal o cual raza”.
[5] Chomsky, N. (2005): El gobierno en el futuro. Editorial Anagrama.
[6] Engels, F. (1895): Prefacio a las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Disponible en http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm

[7] Iglesias, P. (2012): La izquierda ha de dirigirse a la gente común. Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153781

http://www.agarzon.net/?p=2041

* Alberto Garzón Espinosa es diputado al Congreso por la provincia de Málaga, en representación de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía: La Izquierda Plural.

Afectados por las hipotecas emulan a Gordillo e irrumpen en un súper en Catalunya

Efe

Un grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha emulado este lunes al alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y ha irrumpido en el interior de un supermercado de Vilafranca del Penedès (Barcelona) para llevarse alimentos para familias sin recursos.

Según ha informado la PAH de la comarca barcelonesa del Alt Penedès, los activistas han accedido al interior de un supermercado Dia de la avenida Tarragona de Vilafranca, de donde han sacado alimentos de primera necesidad, que llenaban varios carros, para repartirlos a familias sin recursos.

Los Mossos d'Esquadra se han dirigido hasta el súper y han podido identificar a una de las personas que salía con un carro con alimentos sin pagar, por lo que la han denunciado por una falta de hurto, ya que el valor de los productos sustraídos no rebasaba los 400 euros, según han confirmado a Efe fuentes de la policía catalana.

Se trata de una mujer, que iba acompañada por un abogado y que, al llegar a la caja, ha mostrado una tarjeta de crédito sin fondos y ha rebasado el punto de control sin pagar. No obstante, los demás autores de esta actuación simbólica en el súper han podido salir del comercio sin ser identificados, sin pagar y con el carro de la compra lleno de alimentos de primera necesidad, según fuentes cercanas al caso.

Una veintena de personas de la PAH ha secundado la protesta mostrando su apoyo a las personas que se llevaban los productos de primera necesidad, según las mismas fuentes. En un comunicado, la PAH del Alt Penedès justifica esta actuación ante la "situación extrema" que sufren algunas familias de la comarca, con el fin de asegurar su subsistencia y su alimentación.

Según esta plataforma, las familias a las que ahora van a entregar los productos de primera necesidad sustraídos del supermercado no pueden hacer frente a la mayoría de gastos domésticos, ya que no tienen ningún tipo de ingreso que les permita garantizar la correcta alimentación de sus hijos.

Por su parte, una portavoz de la cadena de supermercados Dia ha lamentado la situación por la que atraviesan las personas desahuciadas y ha asegurado que su empresa hace "lo que puede" en el marco de su responsabilidad social.

Alberto Garzón se une a las marchas del SAT en Sevilla y Málaga

El diputado nacional de IU por Málaga, Alberto Garzón, se unirá a las marchas obreras en las provincias de Málaga y Sevilla que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) prevé que sean muy numerosas y en las que anuncian que continuarán con "acciones sorpresa"...

Agencias

Tras pasar por Jaén, Córdoba, Cádiz y Granada, este lunes el sindicato comienza su andanza en Casabermeja (Málaga). Hasta en dos ocasiones ha modificado el SAT la fecha y el recorrido previsto para la marcha malagueña dada la negativa de la autorización de la Subdelegación del Gobierno, que finalmente ha aceptado el recorrido previsto por la sierra malagueña, haciendo noche en Fuente de la Reina para concluir en la plaza de la Constitución de la capital el martes a mediodía, según ha explicado el secretario general del SAT, Diego Cañamero.

Cañamero, que estará presente tanto en la marcha de Málaga como en la de Sevilla, ha apuntado que han sido numerosos los colectivos que han expresado su apoyo a las acciones del SAT y que les han trasladado que se sumarán a la marcha de Málaga, por lo que se espera que sea "muy concurrida"También ha indicado que se unirán a ella diferentes representantes políticos, entre ellos el diputado nacional de IU por Málaga, Alberto Garzón.

Cayo Lara: España necesita la imagen de un banquero en la cárcel

Cayo Lara: España necesita la imagen de un banquero en la cárcel

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, considera imprescindible "la depuración de todas las responsabilidades" en lo que respecta a la crisis financiera y en ese sentido cree que España "necesita la imagen de un banquero en la cárcel".

   "Esa imagen de alguna gente detrás de alguna reja está siendo necesaria" ha aseverado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que también admite que hay diputados que "merecen" ir al paro por las medidas que se están adoptando.

   Cayo Lara asegura no tener "un odio particular a ningún banquero", pero entiende que esa imagen está siendo demandada por la sociedad española por que "no puede ser que se marchen de rositas" los responsables de "arruinar" a entidades bancarias y de hacer "una sangría de los recursos públicos".

   Aunque ya hay dos procesos en marcha sobre la crisis del sistema financiero, Izquierda Unida también se plantea "algún tipo de acciones judiciales" habida cuenta de la negativa del PP a abrir una comisión de investigación en el Congreso.

"HAN DEJADO EL PAÍS COMO UN DESIERTO"

   "Hay muchos responsables de lo que ha pasado --sostiene--. Se ha dado dinero sin controles, se ha endeudado mucha gente, y han endeudado al país, lo han dejado hecho un desierto económico. Han creado mucho sufrimiento, mucho drama, todo auspiciado por un modelo que ha estado apoyado por los poderes políticos".

   El líder de IU se pregunta qué es lo que pretende "ocultar" el PP al rechazar una y otra vez la creación de una comisión sobre el origen de la crisis financiera. "Nos queda que hay vinculaciones clarísimas y hay intereses muy oscuros y ocultos que nos interesa que salgan a la luz --ha apuntado--. Vamos a seguir trabajando para que se esclarezca la verdad".

   Por otra parte, preguntado sobre la desafección cada vez mayor entre la sociedad hacia los políticos y los sindicatos, Lara ha reconocido que "hay diputados que merecen ser parados por las actitudes que tienen y las cosas que están aprobando en el Parlamento".

   De este modo, ha admitido que "no es extraño" que, ante la adopción de este tipo de medidas y el comportamiento de algunos políticos, "aparezcan voces" y lemas como el muchas veces coreado 'El próximo parado, que sea un diputado'.

NO TODOS SOMOS IGUALES

   "De eso tienen que tomar nota los que están haciendo políticas contrarias a los intereses de nuestro pueblo", ha señalado el líder de IU, para matizar que no todos los políticos son iguales. "Yo estoy en política y no tengo nada que ver con algunos señores que están en política en otros partidos. Somos como la luz y la oscuridad. No estamos en esa casta como algunos intentan decir", ha defendido.

   Según el líder de IU, "hay toda una operación montada por sectores de la caverna de España y que están caminando en una dirección de desprestigiar lo público y lo político", pero ha rechazado "la crítica generalizada hacia la política y los políticos y hacia los sindicatos, que parece que se ha hecho una especie de deporte nacional para alguna gente". "Eso es tremendamente peligroso porque, después de la política, ¿qué hay?", se ha preguntado.

   Ante este riesgo, Lara ha defendido que hay que combatir a quienes quieren "dejar al Estado prácticamente en nada" y ha animado a los ciudadanos a seguir reclamando a través de sus movilizaciones que existen "alternativas" a las políticas de "ajuste duro" del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ayuntamiento de Peligros agradece públicamente el transcurso pacífico y sin incidentes de la marcha obrera del SAT

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Peligros quiere agradecer públicamente el transcurso pacífico y sin incidentes, con un comportamiento ejemplar por parte de los manifestantes, de la marcha obrera convocada por el SAT que culminó ayer jueves en el anfiteatro de Peligros. Más de 2.000 personas se congregaron en el parque Blas Infante para asistir al final de la primera etapa granadina de la marcha reivindicativa, con las intervenciones del diputado andaluz por Izquierda Unida, precursor de la marcha, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y del portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, Diego Cañamero, entre otros.

Al término de la jornada reivindicativa, que transcurrió entre los municipios de Maracena, Atarfe, Albolote y Peligros, y de la asamblea pública celebrada a última hora de la tarde en el anfiteatro, en torno a doscientas personas pudieron cenar, asearse y dormir en las instalaciones del pabellón polideportivo de Peligros, cedidas por el Ayuntamiento. Las duchas y demás instalaciones del pabellón quedaron en perfecto estado, lo que agradece especialmente el equipo de gobierno.

“La actitud pacífica ha predominado durante toda la marcha, y en particular en el tramo de Peligros, desde la llegada por el vial Reina Sofía, hasta la conclusión en el anfiteatro, lo cual merece nuestro agradecimiento y nos enorgullece, porque somos solidarios y nos sentimos parte de su lucha y de sus reivindicaciones”, ha manifestado el alcalde de Peligros, Roberto García, cuando los integrantes de la marcha obrera se disponen a abandonar la localidad.

El alcalde fue el encargado de dar la bienvenida a la marcha, en un anfiteatro que se llenó en cuestión de minutos. Roberto García afirmó compartir las reivindicaciones del sindicato, y los llamamientos a “rescatar al pueblo y no solo a los bancos”, además de apelar a la dignidad del pueblo andaluz. García recordó que Peligros es un pueblo solidario, implicado con muchas causas sociales, como la lucha contra los desahucios –y así, apuntó, lo atestigua la valla con el lema ‘El Ayuntamiento de Peligros, contra los desahucios’, que dio la bienvenida a los manifestantes a la entrada del pueblo.

Centenares de personas llegaron de otros pueblos de la provincia para apoyar la marcha obrera, y pudieron escuchar en el anfiteatro de Peligros los efusivos mensajes de ánimo de Sánchez Gordillo, que llamó a los asistentes a “soñar la mejor Andalucía, el mejor pueblo” y afirmó que “la utopía es posible desde el momento en que nos ponemos a luchar por un mundo más justo”. Gordillo puso en pie varias veces y arrancó los aplausos del auditorio, entre otras ocasiones cuando reclamó el fin de los desahucios: “A un ser humano se le puede quitar cualquier cosa, pero si te quitan el techo te quitan lo imprescindible, y estos canallas ya han echado a 500.000 familias; eso es terrorismo social y económico”, afirmó.

También recibió apoyo masivo el portavoz del sindicato, Diego Cañamero, quien quiso dejar claro que el SAT “tiene treinta años de lucha y de coherencia a sus espaldas”. “La población no nos creía y los medios silenciaban, cuando anunciábamos la ola que se nos venía encima”, dijo. Y lamentó que al sindicato, “por denunciar las injusticias, lo quieran represaliar”. Cañamero terminó su intervención apelando a la unión de la gente: “El pueblo se tiene que unir desde todas las sensibilidades, desde todos los partidos, porque los gobiernos no nos representan ya.”

La de ayer era la cuarta etapa de la marcha obrera del SAT por Andalucía. Tras el paso de hoy por la Subdelegación del Gobierno en Granada, la marcha seguirá por las provincias de Málaga y, finalmente, Sevilla, reclamando públicamente “derechos y dignidad para el pueblo andaluz”, y contra las políticas de recortes.

Cinco falacias sobre sanidad e inmigrantes

Cinco falacias sobre sanidad e inmigrantes

Ignacio Escolar

1. «No pueden tener sanidad si no pagan a la Seguridad Social». Falso. La sanidad ya no se financia con cargo a la Seguridad Social, sino con los impuestos. Cualquier persona que viva en España, con o sin papeles, paga impuestos desde el momento en que consume y compra, por ejemplo, una simple barra de pan. Además, si aceptamos que el pago de la Seguridad Social es requisito imprescindible para la sanidad pública, ¿tendrían derecho a ella los parados? ¿Puede ser ese el criterio en un país con una economía sumergida del 20% y un paro del 25%?

2. «Nadie va a quedar desatendido porque los inmigrantes podrán ir a urgencias». Falso. Si el Gobierno pretende ahorrar 500 millones de euros -una cifra exagerada que no ha explicado-, es obvio que será a cambio de negar servicios y asistencia a los inmigrantes sin papeles. Si la asistencia fuese la misma, ¿cuál sería el ahorro?

3. «Los inmigrantes colapsan la sanidad». Falso. Van al médico bastante menos que la media porque son más jóvenes y porque algunos temen ser expulsados del país. En el 2008, según un estudio de la sociedad de medicina SemFYC, el 57,7% de los españoles pasaron al menos una vez por su médico de cabecera frente al 12,7% de los inmigrantes. También acuden a las urgencias cerca de un 50% menos.

4. «Abusan del turismo sanitario». Falso. Mezclar a los inmigrantes sin papeles con los ciudadanos de países ricos de la UE que vienen a España a operarse es desviar el debate. La atención sanitaria a los europeos que vienen a España no se regala: ya se factura a sus respectivos países. Además, la buena sanidad pública española es un argumento a favor del turismo -nuestra principal exportación-, especialmente entre los jubilados europeos que se gastan su pensión en la costa.

5. «En otros países europeos tampoco se les atiende». Es una media verdad. Lo que se omite es que son países como Polonia, Chipre, Eslovenia o la República Checa, mientras que en Francia, Bélgica, Portugal o Italia sí reciben atención sanitaria. El debate es otro: qué clase de Europa queremos ser.

Se desconvoca la huelga de limpiadoras de los colegios de Almuñécar

Se desconvoca la huelga de limpiadoras de los colegios de Almuñécar

Costadigital

En el SERCLA celebrado el viernes 31 de agosto con presencia de las representantes de las limpiadoras de los colegios de Almuñécar, el sindicato CGT, la empresa ECOMED y la Administración de la Junta alcanzan un acuerdo por escrito a través del cual las limpiadoras  cobrarán todos los atrasos que la empresa les debe en varios pagos entre septiembre  y octubre.

Con este acuerdo se llega a la desconvocatoria de la Huelga de limpieza en los centros educativos de Almuñécar prevista para este mes de septiembre.

Para la secretaria de CGT Costa Granadina, Ángela Sánchez, la situación que atraviesan muchas familias al no cobrar varios meses está siendo dramática, por lo que desde la sección sindical de CGT de limpiezas, y de todo el sindicato, estaremos muy atentos para que el acuerdo se cumpla tal como ha sido firmado ya que tiene rango de acuerdo de negociación colectiva.

"La empresa está obligada a pagar esas deudas que tiene con las trabajadoras y si tuviese la idea de incumplir la requeriríamos vía judicial para el pago de los atrasos, concluye Sánchez.

"Hay alternativas al banco malo: dejar quebrar a los bancos y nacionalizarlos después"

"Hay alternativas al banco malo: dejar quebrar a los bancos y nacionalizarlos después"

Alberto Garzón
Las viviendas y otros activos inmobiliarios podrían servir para crear un “banco bueno” que creara un stock de viviendas de alquiler público barato

Este viernes el gobierno de España anuncia un nuevo decreto ley que pondrá en funcionamiento el llamado banco malo. Se trata de una medida que venía incorporada en el memorándum que el Gobierno negoció con la troika, el cual no es otra cosa que un conjunto de condiciones económicas que ha de realizar España a cambio de los 100.000 millones de euros del rescate. Es decir, se trata de una nueva imposición que refleja la pérdida de un grado más en la soberanía de nuestro país.

Pongámonos en contexto. Actualmente estamos viviendo la resaca de la burbuja inmobiliaria, durante la cual se construyeron entre 2002 y 2007 más viviendas que en Francia y Alemania juntas (y ambas cuentan con el doble de población y el triple de territorio). Ese proceso de construcción desaforada permitió enormes ganancias al sector de la construcción-inmobiliario, que en alianza con los poderes políticos locales pudo utilizar mecanismos como las reclasificaciones y recalificaciones de suelo para añadir unos cuantos ceros a sus ganancias habituales. La conocida y práctica habitual del “pelotazo urbanístico”.

Pero en ese proceso no se utilizaba sólo dinero ahorrado sino también dinero prestado, así que durante todos esos años la economía española vio como su endeudamiento privado se disparaba. Las grandes empresas de la construcción se regaban con deudas y también los hogares (especialmente los más ricos) multiplicaban su endeudamiento para comprar varias viviendas y poder participar en la orgía especulativa. El acceso a la Unión Europea había supuesto el desmantelamiento del sector industrial y agrario de España, así que el binomio construcción-inmobiliarias se convirtió en el motor del crecimiento español y de la creación de empleo. Cuando la patata caliente estalló y ya nadie quería comprar viviendas todo se vino abajo. Las constructoras tuvieron que cerrar tras despedir a miles de trabajadores y sus activos (viviendas, suelo, préstamos, etc.) pasaron a formar parte de los bancos y cajas que les habían prestado el dinero.

Pero estos bancos y cajas tenían a su vez deudas contraídas con los bancos extranjeros, y ahora las viviendas, suelo y otros activos que recibían ya no valían lo mismo que antes. Incluso, podría decirse, ya no valían nada. Así que muchos bancos tuvieron y tienen que ser rescatados. Y los únicos que los pueden rescatar somos todos nosotros, el dinero público.

Esta es precisamente la esencia de todo el problema actual. Si el banco quiebra entonces se produce un efecto dominó y los que prestaron a los bancos españoles no pueden cobrar su dinero. Si el banco es rescatado, entonces los flujos de dinero seguirán yendo hacia el extranjero al menos durante un tiempo más (que puede ser infinito mientras sigan produciéndose este tipo de rescates). Por supuesto estos rescates siempre van acompañados de condiciones, por más que los ejercicios de retórica del Gobierno pretendan hacer creer lo contrario. La troika y el Gobierno del PP, en esencia, no están rescatando a España sino a los acreedores, es decir, a los bancos alemanes y de otros países que prestaron a los bancos españoles en su afán por sacar beneficios de la burbuja inmobiliaria. Ya ocurrió con Grecia y Portugal.

El banco malo sólo persigue cambiar esos activos que no valen nada por algo de dinero que valga algo. Buscan salvar los muebles como puedan, nunca mejor dicho. El banco acepta una pérdida (que compensará de otra forma) al vender una vivienda o suelo por debajo del precio que la recibió, pero muy por encima de lo que recibiría si lo quisiera vender ahora mismo a cualquier sujeto económica. Por esa razón el propietario del banco malo, el Estado, pierde mucho más. Esto es, perdemos todos. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Una clarísima transferencia de dinero desde lo público hasta lo privado.

El coste es inmenso. En primer lugar porque el gobierno asumirá pérdidas en esas operaciones: comprará las viviendas y suelo muy por encima de lo que ahora mismo valen y esperará, quién sabe cuanto, a venderlas más adelante. No es probable (¡ni deseable!) que vuelva una burbuja inmobiliaria, así que las pérdidas están aseguradas. Pero en segundo lugar porque todas estas medidas no corrigen los problemas reales de la economía, que son la falta de crecimiento económico que genere empleo. Más al contrario, aceleran el empobrecimiento de la economía y llevan a una mayor recesión. El crédito bancario no puede volver a fluir porque los bancos están absolutamente empantanados con deudas e incluso aunque no fuese así no tendrían a quien prestar en una economía en recesión. Pero el plan del memorándum y la troika prosigue porque el objetivo no es crear empleo sino empobrecer la economía (con objeto de acabar compitiendo con países como China, con bajos salarios y a través de la exportación).

Hay alternativas al banco malo, y a falta de una Unión Europea sensata (que rescate a las personas y no a los bancos) todas pasan por dejar quebrar a los bancos y nacionalizarlos después. Las viviendas y otros activos inmobiliarios podrían servir para crear un “banco bueno” que creara un stock de viviendas de alquiler público barato. Las estimaciones del censo de 2011 (que todavía está realizándose) plantean que en nuestro país hay entre 5 y 6 millones de viviendas vacías, muchas de las cuales son propiedad de los bancos. De forma paralela es conocida la necesidad de vivienda por gran parte de la población, especialmente joven. Hablamos de un problema que tiene solución técnica, pero que requiere enfrentar con la radicalidad necesaria a los poderes económicos y financieros que nos gobiernan sin legitimidad alguna.

El gobierno acredita con esta medida y una vez más que estamos ante una inmensa estafa y con un plan que responde únicamente a los intereses de los poderes financieros extranjeros. Este gobierno no se preocupa de los ciudadanos sino que sólo obedece las órdenes de instancias no democráticas que son las que realmente mandan. Ausencia de democracia y un gobierno traidor a sus votantes y a sus ciudadanos.

Militantes de IU Almuñécar participaron en las marchas organizadas por el SAT en Granada

Militantes de IU Almuñécar participaron en las marchas organizadas por el SAT en Granada

IU Andalucía impulsará un plan de acción política y social que irá más allá del acuerdo de Gobierno con el PSOE-A

IU Andalucía impulsará un plan de acción política y social que irá más allá del acuerdo de Gobierno con el PSOE-A

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha desvelado este lunes cuáles serán las líneas generales de actuación de su formación en el nuevo, "intenso y tenso" curso político que ahora comienza y ha avanzado que su formación, dentro de su "estrategia, soberanía y programa", pondrá en marcha un "plan de acción" político y social que "irá más allá" de las 250 medidas recogidas en el acuerdo programático que pactó con el PSOE-A para formar Gobierno en Andalucía.

   "IULV-CA tiene la triple condición de lucha, gobierno y presencia en las instituciones para impulsar una política de carácter alternativo, y eso es lo que vamos a hacer y a decidir en los próximos Consejos (...) Pero el programa de Gobierno, que es de PSOE-A e IU, no dice que no lleguemos más allá", ha advertido Valderas en el transcurso de una rueda de prensa que se ha celebrado en Sevilla tras reunirse con la Comisión de Coordinación de su partido.

   Según Valderas, IULV-CA tiene un "compromiso que cumplir" en el Gobierno andaluz --el recogido en las 250 medidas del pacto programático-- pero también con la sociedad andaluza, por lo que asegura que su actuación como formación política "no queda ahí". "En una sociedad tan dinámica es necesario ofrecer respuestas y por eso el programa, que es una hoja de ruta y un compromiso, no recorta este tipo de actuaciones que puedan venir por parte de las fuerzas políticas que componemos el acuerdo", ha insistido.

   Así pues, el líder de la formación de izquierdas ha explicado que el objetivo de este "plan de acción" es, principalmente, el de "recuperar el contacto directo con la sociedad" y el de proponer medidas que "mejoren" las condiciones de vida de los andaluces allá donde IULV-CA tiene "responsabilidades institucionales", ya que, según ha lamentado, cada vez son más las familias que están rozando la "indigencia".

El Parlamento andaluz rechaza las reformas y los recortes del Gobierno central a instancia de IU

El Parlamento andaluz rechaza las reformas y los recortes del Gobierno central a instancia de IU

El Parlamento de Andalucía ha aprobado una serie de resoluciones presentadas por Izquierda Unida que muestran el rechazo del pleno a las medidas de recortes sociales, ajustes presupuestarios y reformas aprobadas mediante decreto-ley por el Gobierno central, con la oposición del Partido Popular. Las resoluciones, defendidas ante el pleno por la portavoz adjunta de IU en el Parlamento, Alba Doblas plantean la oposición al decreto en tanto que este “solo garantiza la transferencia de rentas del trabajo al capital”.

En las mismas se plantea la “desproporción” existente entre el rescate bancario y los “sacrificios impuestos” al conjunto de la ciudadanía, al tiempo que “se mostrarán absolutamente ineficaces”, ante “la insaciable voracidad especulativa de los mercados”. En este sentido las resoluciones rechazan “el recorte estructural” a la atención a la dependencia, el copago sanitario, el aumento del IVA o el fin de las ayudas para el acceso a la vivienda.

En su intervención, Alba Doblas insistió especialmente en la “criminalización y culpabilización” de las trabajadoras y trabajadores desempleados, planteando que “estas medidas lejos de incentivar la búsqueda de empleo, solo persiguen endurecer las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad”.

Las resoluciones denuncian que el decreto supone la “invasión de competencias” en referencia a la liberalización de horarios comerciales y la discriminación de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos al imponerles un techo de déficit más duro que el que se aplica al Gobierno central. Igualmente exigen que se tenga en cuenta el criterio de población a la hora de distribuir el déficit público entre las diferentes autonomías.

Igualmente las resoluciones plantean una batería de propuestas para aumentar los ingresos públicos y evitar que “el coste de la crisis recaiga sobre las trabajadoras y los trabajadores”. Entre ellas destacan la imposición de una tasa del 33% a los bienes de lujo, la creación de un régimen de alquiler social público, el aumento del Impuesto de Sociedades al 35% a las empresas con beneficios superiores al millón de euros, la lucha contra el fraude fiscal o el endurecimiento de la regulación de las SICAV.

Sin embargo dos resoluciones presentadas por IU no han sido aprobadas por el voto contrario de PP y PSOE. Ante ello el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro ha expresado que “parece incomprensible que el PSOE declare querer incrementar los recursos del estado y desprecie recortar o anular gastos de nula utilidad social como los que genera la Casa Real, las grandes eventos deportivos, las subvenciones a la Iglesia Católica y la participación en la OTAN y en sus guerras”.

Ignacio García acusa a Zoido de actuar como portavoz de los bancos alemanes

Ignacio García acusa a Zoido de actuar como portavoz de los bancos alemanes

El parlamentario andaluz de IU ha usado esa expresión para referirse al presidente del PP andaluz señalando que en su intervención ante el pleno del Parlamento ha defendido los intereses de la gran banca extranjera, en referencia a su defensa de los recortes y ajustes aprobados por el Gobierno Central.

García señala que las medidas defendidas por Zoido no son más que “un ataque directo a las trabajadores, para que se conviertan en mano de obra barata” y un “enseñamiento con los más débiles de la sociedad”.

En la misma línea ha señalado que “España ha dejado de existir como estado soberano en materia económica” y ha alertado de la “involución democrática” que supone la reforma de la legislación que regula las competencias de los Ayuntamientos que para García provoca que estos “desaparezcan tal y como los conocemos” y que persigue la desaparición y privatización de servicios públicos básicos. García criticó que Zoido defienda estas medidas “siendo alcalde de la ciudad más grande de Andalucía”.

La Fiscalía que ahora persigue a Gordillo ¿Prevarica o es que no sabe multiplicar?

La Fiscalía que ahora persigue a Gordillo ¿Prevarica o es que no sabe multiplicar?

Juan Torres

Según ha informado el diario El País (la noticia aquí) “la Fiscalía de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Écija que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el caso de los asaltos a dos supermercados por parte de un grupo organizado de jornaleros el pasado 7 de agosto. Con el allanamiento en favor del alto tribunal andaluz, el aforado Sánchez Gordillo, que lideró el robo de alimentos básicos en un supermercado de Écija podría ser imputado. El ministerio público considera que Sánchez Gordillo, pese a no ser el autor material de los asaltos, fue “inductor y cooperador necesario” en los mismos y su hipotética pena sería similar a la que afectaría a los autores materiales de los hechos”.

Es impresionante la celeridad y eficacia con que la Fiscalía se pone en marcha para actuar contra una persona que al fin y al cabo lo que ha hecho es tratar de mostrar a la sociedad la injusticia que supone que miles de familias pasen hambre y pierdan sus viviendas mientras que los causantes de esos problemas reciben ayudas multimillonarias de los gobiernos con el dinero de todos los ciudadanos.

Impresiona pero también indigna cuando se sabe que esa misma Fiscalía no actúa cuando se trata de perseguir a quienes roban a los españoles 600.000 € diarios o un montante total de 5.400 millones de euros desde 1984.

Eso es lo que está pasando, según demuestra el ingeniero sevillano Antonio Moreno en su web estafaluz.com. Este ingeniero se ha dirigido en varias ocasiones a la Fiscalía de Sevilla para poner en su conocimiento que hay una connivencia entre los sucesivos gobiernos y cuatro empresas eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) para estafar a los consumidores, concretamente, cobrándoles por servicios que no le prestan o manipulando los precios. Pero la Fiscalía que ahora se moviliza rápidamente contra Gordillo no hace nada.

Para comprobar que esa estafa es cierta basta con saber multiplicar. Antonio Moreno ha presentado a la Fiscalía datos que muestran la evolución del precio medio de mercado del contador monofásico de simple tarifa, que es el instalado en la práctica totalidad de las viviendas y que supone aproximadamente el 85% del parque nacional, y la curva de evolución del precio de alquiler de dicho contador. Como bien indica Antonio Moreno, si los puntos de la curva de evolución del precio de alquiler se hubieran obtenido multiplicando por la constante k=1.25/100 los puntos de la curva de evolución del precio medio de mercado (como afirma el Boletín del Estado que ocurre), ambas curvas serían coincidentes. Sin embargo, resulta que no sólo no son coincidentes sino que la curva de evolución del precio de alquiler asciende mientras que la curva de evolución del precio medio de mercado desciende. Eso prueba irrefutablemente que los precios a partir de los cuales el Ministerio calcula los precios de alquiler son muy superiores a los precios medios de mercado reales.

A pesar de que es así de fácil comprobar la estafa, la Fiscalía se viene desentendiendo de las denuncias que presenta Antonio Moreno, de donde no cabe sino deducir que la misma Fiscalía que persigue con tanto ahínco a Sánchez Gordillo o está prevaricando cuando se desentiende de una estafa que afecta a los 24 millones de clientes de las compañías eléctricas y lleva reportados a éstas más de 2.400 millones de euros o es que ha sido dirigida por fiscales que no saben multiplicar.

La Constitución española establece que la función del Ministerio Fiscal es “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, y velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

Su actuación tan distinta ante quienes denuncian robos y ante quienes los cometen es una prueba más del tipo de instituciones que nos gobiernan y de los intereses a los que sirven. A mí me parece que combatirlas es ya una deber moral inexcusable de cualquier persona mínimamente decente.

Si el rey hubiera matado a su chófer habría sido declarado inmune

Público

El rey Juan Carlos fue pillado ayer por las cámaras mientras propinaba un golpe a su chófer, tras abroncarle, a la llegada a un acto de la Dirección General de Tráfico, donde le esperaban el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y un grupo de funcionarios que protestaba en la puerta contra los recortes.
La salida de tono del monarca, aunque se ha quedado en anécdota y no ha tenido consecuencias, ha reavivado el debate sobre la inviolabilidad de la figura del rey, que exime a Juan Carlos de cualquier delito que cometa, ya sea en el desempeño de sus funciones como en el ámbito privado.
El abogado laboralista, Enrique Lillo, explica que en el caso del manotazo, como mucho, se podría alegar atentado a la dignidad del conductor del vehículo oficial, lo que haría responsable, en todo caso, a la Casa Real.
"El derecho sancional administrativo y el derecho penal no se aplican al rey por ser éste inviolable, pero si la ofensa ha tenido la suficiente gravedad se podría plantear responsabilidad patrimonial", explica Lillo, la cual tendría que asumirla la institución monárquica.

"Si la ofensa es grave se podría plantear responsabilidad patrimonial"

La agresión del rey al chófer no sería equiparable, en todo caso, al hecho de que el jefe de una empresa maltratase a un trabajador. "El rey está en funciones de representación, no es una relación laboral ni una relación propia de superior y subordinado", detalla.
"Sería comparable al caso de una institución que ofendiese a alguien, y por tanto sería dicha institución la que tendría responsabilidad", asegura Lillo, quien menciona también que el rey, en calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, podría haber incurrido en una "falta de consideración debida a un subordinado". En cualquier caso, siempre se llega al mismo punto: el rey es inviolable.

Responsabilidad política

Sin embargo, aunque no se las pueda perseguir penalmente, las acciones del monarca no están exentas de responsabilidad política, tal y como señala Miguel Sánchez, catedrático de Derecho Administrativo y ex miembro del Tribunal Constitucional.
"Hasta que no deje de ser Jefe de Estado, el monarca no dejaría de ser inviolable", puntualiza Sánchez, y añade que "si el rey perdiera ese puesto, entonces sí se le podría juzgar, pero no por aquellos delitos que hubiera cometido durante la ocupación de su cargo, sino por aquellos que cometiera a partir de ese momento".
De todos modos, Sánchez ve "muy difícil que prospere ningún procedimiento en contra del monarca".

Delitos en el cargo, delitos en la vida privada

El catedrático de derecho penal en la Universidad de Málaga, José Luis Diez, explica que, en principio, es diferente si el rey comete un delito en el contexto de su vida privada, o si lo hace dentro del desempeño de sus atribuciones institucionales.

"Si el rey hubiera conducido de forma temeraria con su moto no se le podría haber podido perseguir"

"Si realiza un delito en el ejercicio de su cargo, se le declara indemne, y es como si no lo hubiera cometido. Su conducta tiene que ser refrendada por un ministro o por el presidente del gobierno, por lo que quien respondería por ello sería el Gobierno", detalla.
"Un asesinato, por ejemplo, no sería un acto en ejercicio de su cargo, pero sucede que el rey es inmune", afirma Diez, quien precisa que "no significa que no haya cometido un delito". "Mientras que no deje de ser rey, no puede ser perseguido porque, aunque ha cometido un delito, existe un obstáculo procesal", continúa.
"Cuentan que en otras epocas era muy aficionado a circular con una moto. Por ejemplo, si hubiera cometido un delito de conduccion temeraria, lo habría cometido fuera del ejercicio de sus funciones", propone Diez. "Lo logico es que se le pudiera perseguir, pero no es así", zanja.

"El rey no puede dejar de ser rey"

Un problema añadido es que en España no existe una ley que regule la renuncia del Jefe de Estado por indignidad, por lo que, explica Diez, "el rey nunca deja de ser rey". "Podría ocurrir que, por incapacidad, tuviera que ser sustituido por el príncipe heredero, lo que sería una regencia que se ejercería en nombre de Juan Carlos", explica.

Hace falta una ley orgánica que prevea la renuncia del rey por indignidad

Se trata de algo que en el ámbito jurídico hace tiempo que tratan de poner de manifiesto, lo que permitiría, en caso de flagrante delito, tomar medidas. "Si esa ley existiera y el rey cometiera un delito en su contexto privado, se abriría un proceso de declaración de indignidad, el rey cesaría como rey y perdería su privilegio jurídico", desarrolla.
Mediante esta ley orgánica, se podría prever algo tan probable como que Juan Carlos acabe abdicando en su hijo Felipe, algo que, de momento, no existe. "Hay una laguna legal respecto a este tema", asegura Diez, quien también alerta que no están previstas posibles responsabilidades internacionales, como con la Corte Penal Internacional.