Antonio Maira
Creo que casi todos somos conscientes de que la oligarquía financiera, industrial y política nos ha quebrado el país, dejando atrás cinco millones y medio de parados en crecimiento vertiginoso.
Ahora estamos ante el acto final, de naturaleza criminal, de una crisis que nos conduce a la mayor tragedia social que podíamos imaginar. El Gobierno, en compadreo descarado con la oposición, está apretando a nuestra empobrecida base social para bombear renta a los sectores de la oligarquía que se han enriquecido hasta límites inimaginables.
Se está inventando un modelo nuevo de "intervención a la española" y de "rescate a la española" en un último esfuerzo para absorber los ahorros, los derechos laborales y las prestaciones sociales de decenas de millones de personas.
Les queda poco más de un mes para "quebrar definitivamente" la Seguridad Social, el sistema público de Salud, el sistema público de Educación, y todas las empresas públicas en los ámbitos estatal, autonómico y local.
Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público se irán a la calle, y nuestros servicios públicos se privatizarán a precio de bancarrota y para mayor lucro de esa oligarquía capitalista que sigue la "ley de hierro de ese sistema social": apropiarse de toda la plusvalía individual y social de los trabajadores.
Toda la riqueza nacional será bombeada hacia arriba, hacia las oligarquías económicas que gobiernan, país a país, pueblo a pueblo, Europa entera.
Nuevas guerras de naturaleza colonial y expropiatoria, genocida y de saqueo, de brutalidad ilimitada y violadoras de los derechos humanos elementales, serán lanzadas para que el imperio y sus secuaces absorban todas las materias primas minerales, energéticas o de la biodiversidad que hay en el mundo, en especial en los países colonizados y empobrecidos.
Tales guerras serán proclamadas como "guerras humanitarias" por Falsimedia, es decir, por todo el sistema de monopolización de la información que se realiza en "occidente" a través de los "medios de comunicación" privados o públicos, en poder de esa misma oligarquía.
La propaganda de guerra y el miedo será utilizado de manera masiva para inmovilizar a toda la población trabajadora, especialmente a los jóvenes.
Se trata, sobre todo, de romper todo lazo de solidaridad, toda identificación de naturaleza comunitaria, laboral, o colectiva, todas las raíces humanas que puedan vincularnos los unos a los otros. El patriotismo de los canallas y los ladrones va a actuar a tope durante el próximo verano.
Todo el aparato de propaganda de Falsimedia potenciará hasta el frenesí el patrioterismo del futbol y del folclore más rancio, para que en estos próximos cuarenta días nos dejemos saquear hasta el último euro.
La mentira -como principal instrumento de los políticos profesionales- nos está vendiendo al Dios Mercado. Está sonando de nuevo el penúltimo grito de ¡Que viene el lobo!. Rajoy nos quiere hacer tragar el sapo de que va a "rescatar" Bankia y su matriz BFA -y todo el sistema financiero, detrás-; inyectando en los activos deuda pública, que no es más que papel sin valor alguno.
Otra terrible vuelta de tuerca en el "garrote vil" que ahoga a los trabajadores y trabajadoras de este país.
Se está desarrollando ante una ciudadanía asombrada y todavía perpleja por tanto descaro, una campaña de defensa institucional a ultranza. El objetivo es salvaguardar a cualquier precio, a cualquier coste social, unas instituciones degradadas por una corrupción e irresponsabilidad rampantes que se extiende a todos los poderes del Estado empezando por la Monarquía.
La defensa de la Constitución "otorgada" de 1978 -ahora envuelta en el papel higiénico de la corrupción-, se hace en nombre de una soberanía totalmente inexistente. La soberanía que la propia oligarquía, franquista y posfranquista ha entregado al BCE, la UE, el FMI y la OTAN.
En los últimos meses se están generalizando mecanismos de "expropiacion", vía multas, tasas de todo tipo, e impuestos locales, que están descargando las "deudas soberanas" sobre las espaldas de los ciudadanos. Paralelamente se están poniendo en marcha, aceleradamente, mecanismos de control y represión policial sobre los ciudadanos, que pretenden ahogar el enorme movimiento de indignación y de protesta que recorre el país depunta a punta.
En un país en el que el robo de la riqueza es la norma superior de la oligarquía que gobierna, el ejercicio de los derechos ciudadanos y el estallido de la protesta social tiene que ser deslegitimado, criminalizado y penalizado.
Nuestros jóvenes están siendo detenidos, fichados, amedrentados, golpeados, y castigados con multas impagables.
Las nuevas reformas del Código Penal están ultimando el aumento exponencial de las penas de cárcel para aquellas personas que hayan cometido previamente algún delito. Al mismo tiempo se están convirtiendo en delitos o faltas graves manifestaciones y actuaciones ciudadanas absolutamente legítimas que representan el ejercicio de los derechos laborales, sociales y políticos fundamentales.
Policías locales de paisano y guardias de seguridad privados campean por las ciudades porra en mano y pistola en el bolsillo.
Viejas leyes represivas, interpretadas por jueces corruptos, y agitadas como "normas legales de obligado cumplimiento" por organizaciones parafascistas que han nacido y crecido bajo el amparo y las subvenciones públicas, sirven para perseguir y aterrorizar manifestaciones de libertad personal y de ejercicio de libertades públicas no sólo absolutamente legítimas, sino también necesarias en la defensa de los derechos de todos.
Ha llegado la hora de decir ¡basta!
Ha llegado la hora de decir: ¡O ellos o nosotros!
