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Almuñécar contra la corrupción

IU plantea la "nacionalización buena" de la banca con problemas

IU plantea la "nacionalización buena" de la banca con problemas

Cayo Lara pide que si entra el Estado en las entidades en apuros, también asuma directamente la gestión, ponga coto a los sueldos de los ejecutivos y reciba beneficios que pueda destinar a gasto social

Público

A estas alturas, de sobra es conocida la postura de Izquierda Unida respecto a la banca. Mil veces ha pedido crear a partir de las cajas de ahorros un polo de banca pública, mil veces ha pedido que se actúe con dureza contra los malos gestores, mil veces ha advertido de que no vale con una inyección de dinero público en la banca sin contraprestación alguna. 

Todo ese discurso elaborado durante los últimos años resurge cada cierto tiempo. Y ahora más con la crisis de Bankia y la reforma del sistema financiero (la enésima) que hoy viernes presentará el Gobierno tras el Consejo de Ministros. Mucho se ha hablado esta semana de nacionalización, un término que parece conectar con el lenguaje de la izquierda. No es así. Porque IU y PP hablan lógicamente de cosas diferentes. En efecto, el Estado controlará la entidad al hacerse con la totalidad de la matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), pero no pasará a tomar las riendas de la gestión. 

IU por ello intenta que el Gobierno no se apropie de un término caro para la izquierda. Este viernes el coordinador federal ha pedido distinguir entre dos modelos. De un lado, la "nacionalización mala" que quiere el PP y apoya el PSOE, que plantean que "con los recursos de todos se sanee el desastre organizado por todos los responsables para luego privatizar" las entiedades en apuros. Es decir, que quieren "socializar las pérdidas que han provocado con su gestión negligente". IU, en cambio, apuesta por la "nacionalización buena", aquella que busca "socializar los beneficios que se obtengan en la entidad".

En suma, que "si el Estado entra" en el capital, "debe llegar para quedarse", no sólo para sanear los balances de activos tóxicos para luego privatizar el banco "y venderlo al mejor postor" –como sucedió con la CAM, que el Sabadell compró por un euro–. Dicho de otro modo, que el Estado entre, participe directamente en la gestión, pague el saneamiento pero que después también reciba beneficios, y que estos los destine a "gasto social en sanidad y educación". Además, según ha defendido Cayo Lara en una rueda de prensa en el Congreso, una vez que el Estado entra en un banco, debe poner condiciones: gestión activa, limitación de sueldos de los ejecutivos, limitación de los dividendos y veto al troceamiento de la entidad. Esto último implicaría que el Gobierno no se deshaga de las participaciones industriales de las que es dueña, por ejemplo, Bankia y su matriz (en Indra, Mapfre, IAG...).  

Que se depuren responsabilidades, "caiga quien caiga"

Aparte de la propuesta, IU también reclama la depuración de responsabilidades. La federación mira al Ejecutivo de José María Aznar, que calentó la burbuja inmobiliaria, y al Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, así como a las comunidades autónomas, el Banco de España o los ejecutivos de las cajas y los bancos. "Todos han jugado a la economía especulativa del ladrillo", ha resumido. Por esta razón, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), con la ayuda del Grupo Mixto, tiene solicitada en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre el papel de las entidades financieras en la crisis. Una petición que aún no  ha sido calificada por la Mesa del Congreso. Lara ha subrayado que su formación defiende que se delimiten las responsabilidades "caiga quien caiga".

¿También vale esa demanda para los consejeros de IU en las cajas, caso de José Antonio Moral Santín?, se le preguntó. "Le dé a quien le dé. Nosotros no tenemos ningún representante en Bankia. Lo tuvimos en Caja Madrid. Ahora bien, la mayoría de toma de decisiones no obedece a lo diga una persona. Pero al que le toque, le toque, cada uno tendrá sus responsabilidades", ha subrayado. 

La Plataforma por la Enseñanza Pública de Granada protesta por los recortes del Gobierno en educación

La Plataforma por la Enseñanza Pública de Granada protesta por los recortes del Gobierno en educación

Representantes de la Plataforma por la Enseñanza Pública en Granada, formada por UGT, CCOO, USTEA, CGT, CODAPA y el Sindicato de Estudiantes, se han concentrado frente a la Subdelegación de Gobierno de Granada, reivindicando la escuela pública, frente a los recortes que impone el Decreto ley 14/2012.

Contra los recortes en Educación

Contra los recortes en Educación

En Almuñécar, también se han celebrado en los centros educativos concentraciones y paros simbólicos de diez minutos. En la foto, la concentración protagonizada por trabajadores y trabajadoras del CEIP La Santa Cruz, así como por representantes de la AMPA.

Marina Segura, parlamentaria de IU LV-CA, participa en la manifestación contra los recortes en Educación

Marina Segura, parlamentaria de IU LV-CA, participa en la manifestación contra los recortes en Educación

La parlamentaria de IU LV-CA por Sevilla, Marina Segura, ha participado en la manifestación que la Plataforma por la Enseñanza Pública y el Sindicato de Estudiantes han secundado en la capital hispalense contra los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno de Rajoy en materia de educación.

 “Desde Izquierda Unida rechazamos por completo los recortes del PP y apostamos por una educación pública y de calidad, gratuita y universal”, ha declarado Marina Segura, que ha calificado de “atentado contra nuestro sistema educativo” unas medidas del Gobierno central que, de aplicarse en Andalucía, supondrán, entre otras cosas, una reducción significativa del número de docentes, el aumento del número de escolares por aula y la imposibilidad de ofrecer la consolidación del empleo público docente no superior al diez por ciento de las jubilaciones.

 Segura también ha denunciado el empeño del PP por favorecer un tipo de enseñanza “elitista y sólo para ricos” mediante la disminución de becas y la subida desproporcionada de las tasas universitarias. Y, frente a la intención de la derecha de implantar el principio de “que aquí sólo van a poder estudiar los que tengan dinero”, la parlamentaria de IU ha abogado por seguir defendiendo la igualdad de oportunidades y por continuar exigiendo la marcha de atrás en los recortes que pretenden implementar.

Segura, que ha estado acompañada por los concejales del Grupo Municipal de IU LV-CA, Antonio Rodrigo Torrijos y Josefa Medrano, ha subrayado el apoyo de su fuerza política a las reivindicaciones que estudiantes, profesores y padres han demandado en esta movilización, que ha partido de Plaza Nueva y ha concluido en la Encarnación.

La dirección provincial de Izquierda Unida manifiesta lo siguiente en relación a las últimas noticias relacionadas con Mercamed:

A partir de este momento, las trece personas que han sido denunciadas por la fiscalía podrán defenderse con las debidas garantías, de las acusaciones formuladas sobre la base de una investigación policial plagada de errores de apreciación, que se ha basado en informaciones sesgadas, en expedientes manipulados, en declaraciones auto exculpatorias interesadas, realizadas por funcionarios responsables del Servicio designados por los actuales regidores provinciales, encargados de la gestión económico financiera de todos los expedientes tramitados y pagos realizados por la Diputación Provincial.

Ahora comienza la fase previa al proceso penal propiamente dicho (Diligencias Previas) en la que todas las personas acusadas podrán aportar información real, probar su inocencia y proponer la práctica de aquellas pruebas que les permitan defenderse de la cantidad de acusaciones falsas que se han hecho. Cuando concluya esta fase, se sabrá si hay o no imputados, si se continúa el proceso y se acuerda algún procesamiento. Hasta este momento, todas las personas que han sido encartadas, siguen con su honorabilidad intacta.

Por favor, que nadie se equivoque, que nadie saque ninguna conclusión, que, ante todo, se respete la presunción de inocencia. La manipulación mediática que se ha hecho ya está poniendo en jaque la democracia y el estado de derecho. A buen seguro que habrá sorpresas en breve. Sorpresas que permitirán acreditar la inocencia de los encartados, las falsedades y la manipulación política que el Partido Popular ha hecho con esta historia.

Las personas que participaron desde la Diputación en el desarrollo del Programa de Cooperación transfronteriza con Marruecos, han contribuido a generar riqueza y han trabajado bien, honestamente, porque no saben hacerlo de otro modo. Tanto en el nivel político como en el nivel técnico, con entrega y dedicación, creyendo en lo que hacían.

Lara respalda la presentación por parte de Europa Laica de 33.500 firmas que reclaman que la Iglesia pague el IBI y cumpla con su autofinanciación

Lara respalda la presentación por parte de Europa Laica de 33.500 firmas que reclaman que la Iglesia pague el IBI y cumpla con su autofinanciación

El coordinador federal de IU recuerda que la Iglesia católica es “la institución que más subvenciones recibe del erario público” y señala las iniciativas pendientes de debate en la Cámara Baja sobre “inmatriculaciones de bienes o para que se ponga fecha final a la asignación tributaria del 0,7% en el IRPF”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha respaldado hoy la presentación en el Congreso de los Diputados por parte de la asociación Europa Laica, coincidiendo con la tramitación en comisión de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, de 33.500 firmas para pedir la derogación de los Acuerdos del Estado español con la santa Sede de 1979, que todas las confesiones religiosas paguen el impuesto municipal por sus bienes inmuebles (IBI), además de su autofinanciación.

Tras el registro de las firmas y de un documento en el que se detallan estas exigencias, Lara y el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, atendieron a los medios de comunicación en las puertas del Congreso. El máximo responsable de IU explicó que con las iniciativas ya presentadas por esta formación en la Congreso –realizadas en buena medida en colaboración con Europa Laica- se busca “modificar de forma racional” el actual sistema de financiación de las confesiones religiosas.

Así, como primera medida se plantea que las subvenciones a la Iglesia católica, “la institución que más subvenciones recibe del erario público”, dijo, se reduzcan en 2012 un 20%, cantidad similar a la de los partidos políticos y otras asociaciones, y fijar un plazo para que concluya la asignación tributaria del 0,7% del IRPF para finales de 2014.

“Hemos hecho un planteamiento absolutamente moderado para facilitarle, incluso al Partido Popular, que pudiera aprobar las enmiendas que hemos presentado”, ha apuntado. Además, Lara explicó que la jerarquía de la Iglesia católica ha “incumplido y vulnerado” los acuerdos de 1979 que, según ha recordado, establecían que en un período de tiempo “la Iglesia tenía que pasar a un sistema de autofinanciación”.

Cayo Lara recordó también que IU ha registrado una iniciativa que tiene que ver con las “inmatriculaciones de bienes de la Iglesia” y otra que pretende que el 1 de enero de 2014 la Iglesia pague el IBI en todos los ayuntamientos.

Concretamente, ha señalado que si la Iglesia pagara el IBI “como todo hijo de vecino” permitiría a los ayuntamientos “recuperarse económicamente” y, además, sería “un hecho de justicia y equidad de la Iglesia con respecto al conjunto de instituciones y organizaciones del Estado”.

En esta misma línea, Francisco Delgado señaló que la Iglesia es poseedora de “muchísimo patrimonio rústico y urbano” y que, por tanto, si pagara el IBI, las arcas municipales “serían bastante mejores para hacer muchas cosas”.

El responsable de Europa Laica considera que los Acuerdos con la Santa Sede deben “derogarse” porque son “absolutamente ancestrales” y porque la Iglesia “no ha cumplido la parte del acuerdo de la autofinanciación” y, por tanto, el Estado “no tendría que estar obligado a cumplirlo”.

Demoledor pliego de descargos redactado por Amadeo Martínez Inglés, coronel diplomado de Estado Mayor, al juez que le ha abierto expediente "por injurias a la corona"

Demoledor pliego de descargos redactado por Amadeo Martínez Inglés, coronel diplomado de Estado Mayor, al juez que le ha abierto expediente "por injurias a la corona"

AL ILMO MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército diplomado de Estado Mayor, escritor e historiador militar, se dirige a VS en relación con la cédula de citación recibida en su domicilio con fecha 23-03-2012 en base a las diligencias previas que, en providencia de 21.03.12, ha abierto ese Juzgado por un presunto delito CONTRA LA CORONA, exponiéndole las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- Como coronel de Estado Mayor, historiador militar y profesor de esta última materia en la Escuela de Estado Mayor del Ejército español me he dedicado durante más de treinta años, concretamente desde mediados de los años ochenta del pasado siglo, a estudiar e investigar la vida del actual rey de España Juan Carlos I tanto en su ámbito personal como en el público e institucional.

SEGUNDA.- Como consecuencia de esas investigaciones y estudios profesionales pronto llegarían a mi conocimiento abundantes indicios racionales de la comisión por parte del monarca español de variados presuntos delitos tales como (por orden cronológico): “homicidio imprudenteo “fratricidio premeditado” (esta disyuntiva nunca la han dilucidado los jueces que deberían haberlo hecho); “alta traición a la nación española”, al haber pactado en secreto en noviembre de 1975 con el Departamento de Estado norteamericano la entrega unilateral a Marruecos y Mauritania de la antigua provincia española del Sahara Occidental; “cobardía ante el enemigo”, al retirar en esa fecha de manera humillante y sin combatir las fuerzas militares españolas de ese territorio ostentando la Jefatura Suprema de las FAS; “genocidio de la antigua población del Sahara español en grado de colaborador necesario” (más de tres mil víctimas) al haberla entregado al rey alauí Hassan II totalmente indefensa; “golpismo de Estado”, al haber autorizado a sus militares cortesanos (Armada y Milans del Bosch) la planificación, preparación y ejecución de la maniobra político-militar desarrollada en España la tarde/noche del 23 de febrero de 1981, conocida popularmente como “la intentona involucionista del 23-F”; “terrorismo de Estado”, al tener previo conocimiento, como comandante en jefe de las FAS, de la guerra sucia que preparaban los servicios secretos militares y de la seguridad del Estado contra ETA (GAL) y no haber impedido su puesta en marcha; “malversación de caudales públicos” de los denominados “fondos reservados” adscritos a Defensa, presidencia del Gobierno e Interior, al conocer y no desautorizar el pago a determinada vedette del espectáculo español por las prestaciones sexuales que le había realizado durante más de quince años y que ella, en 1996, amenazaba con hacerlas públicas a través de documentos audiovisuales de su propiedad; “corrupción generalizada”, al recibir durante décadas regalos multimillonarios procedentes tanto del exterior como de la propia España: yates, fincas de recreo, petrodólares en forma de créditos a fondo perdido…etc, etc; “enriquecimiento ilícito” como consecuencia de todo lo anterior y de oscuros negocios de todo tipo que en los últimos años han trascendido a la opinión pública española a través de libros y documentos nunca desmentidos oficialmente hasta convertir a su familia en una de las mayores fortunas del mundo (la 134, con 1790 millones de euros en su haber).

TERCERA.- Como consecuencia de todo lo anterior, señor magistrado juez del Juzgado Central número 002 de la AN, el 23 de septiembre de 2005, y ante la incompetencia constitucional que presentan los tribunales españoles (y de todo el mundo) para juzgar los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, Juan Carlos I, envié al presidente del Congreso de los Diputados un exhaustivo informe (40 páginas) sobre las muy claras y decisivas responsabilidades del monarca en la ya señalada “intentona involucionista del 23-F”, solicitándole la creación de una Comisión parlamentaria que depurara esas presuntas responsabilidades tanto en el terreno personal como en el histórico e institucional. Posteriormente, el 25 de enero de 2006, remití el citado informe al presidente del Gobierno de la nación, al del Senado y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder judicial…etc, etc. Asimismo, en años posteriores (12 de febrero de 2007, 4 de abril de 2008, 8 de octubre de 2008 y 13 de diciembre de 2011) seguí enviando al Congreso de los Diputados periódicos y detallados informes que he ido extendiendo y ampliando a la totalidad de los presuntos delitos cometidos por el actual jefe del Estado español. Del remitido con fecha 4 de abril de 2008, y con casi un año de retraso, recibí acuse de recibo por parte de la Cámara Baja del Parlamento español comunicándome que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma para su oportuno “estudio y tramitación”.

CUARTA.- El 8 de septiembre de 2008, y en relación con el “homicidio imprudente” (así lo admitió en su día su noble autor y su familia) o “flagrante asesinato” (eso deberían haberlo ya dilucidado los jueces portugueses o los militares españoles, ya que en marzo de 1956 “el caballero cadete Juanito” era un profesional de las FAS españolas) cometido por el actual rey de España Juan Carlos I a las 20,30 horas del día 29 de marzo de 1956 en la finca denominada “Villa Giralda” de Estoril (Portugal), me permití enviar al Fiscal General de Portugal (Procurador-Geral da República) un prolijo estudio profesional (sin duda el único estudio balístico que existe en relación con este caso) sobre las condiciones y las circunstancias en las que se desarrolló el supuesto accidente familiar que le costó la vida al infante Alfonso de Borbón a manos de su hermano mayor Juan Carlos, solicitándole la apertura de una investigación judicial al respecto. El Fiscal General del Estado portugués admitió a trámite el informe y prometió “que o caso vai ser analisado”. A los pocos días, por presiones del Gobierno español según medios portugueses, me comunicó su archivo debido al tiempo transcurrido y a la complejidad de abrir en esos momentos un caso judicial tan delicado.

QUINTA.- Pues bien, señor magistrado de la Audiencia Nacional, cuando este historiador militar que se dirige a VS a través de las presentes líneas creía que, tras la admisión a trámite de sus reiteradas denuncias contra el todavía rey Juan Carlos I por parte del Congreso de los Diputados, iba por fin a poder exponerlas con todo lujo de detalles ante los señores diputados de la Cámara Baja, resulta que lo que recibe (a horas intempestivas y a través de una patrulla de la policía municipal que no se recata en mostrar a los vecinos todo su poder institucional e intimidatorio, seguramente para asustar al coronel que suscribe ¡qué risa!) es una cutre cédula de citación (una muy mala fotocopia torcida, casi ilegible y con abundantes errores que pone en evidencia la miseria y postración en la que se debate hoy en día la justicia española) para que acuda el 16 de abril, a las 10,30 horas, al digno Juzgado del que VS es titular a fin de declarar como imputado en un presunto delito CONTRA LA CORONA ¡Toma ya! ¡Aquí tenemos otra vez la España cañí! ¡El historiador/mensajero a los tribunales por haber osado meterse con el supremo y divino rey de los españoles (de algunos españoles, cada vez menos)! Y para más inri ¡para eso vivimos en un Estado democrático y de derecho! por un artículo publicado en la prensa digital (en la otra, en los medios de comunicación tradicionales del Estado, le tienen censurado desde hace años para que no dañe la impoluta imagen del rey sin par que nos puso el dictador Franco) sustentado, además, sobre la base de su libertad de expresión y de décadas de estudios, investigaciones y denuncias que ha puesto a disposición, una y otra vez, de las más altas instituciones del Estado.

SEXTA.- Mi, al parecer, demoníaco artículo, señor Juez, dejando de lado el estilo duro, bronco, intempestivo y, seguramente, impertinente, en el que ha podido ser redactado (cada escritor escribe como quiere ¡faltaría más! en un país libre, democrático y de derecho) solo refleja la verdad, una verdad a la que este escritor ha tratado de llegar con su esfuerzo y dedicación durante más de treinta años. Y que, repito una vez más, desde al año 1994 ha puesto numerosas veces, mucho antes de que este artículo “Por qué te callas” viera la luz digital, a disposición del pueblo español en general y de las más altas instituciones del Estado (Las Cortes y el Gobierno de la nación) en particular. Entrando en un apresurado análisis de autor debo decirle señor magistrado del JUCINAN 002 (perdone, señoría, pero es que los militares de Estado Mayor somos muy amigos de las siglas, seguramente porque en la guerra el enemigo nunca nos da el tiempo suficiente para escribir en román paladino todo lo que quisiéramos), por si no se ha leído despacio mi artículo, que me temo que no, dada la cédula de citación que ha tenido a bien enviarme, que éste presenta tres núcleos o almendras literarias bien diferenciadas:

1ª).- Un ataque, reconozco que inmisericorde y duro pero veraz y ajustado históricamente, contra la dinastía borbónica, de cuya muy baja catadura moral, profesional y social pocas personas en este país tienen dudas. ¿O acaso Felipe V no fue un loco y egoísta que para ceñir la corona española sumió a este país en una guerra cruel y despiadada que provocó miles de muertos y la perdida sensible de territorios patrios? ¿Y Fernando VII no fue un traidor de tamaño natural, un gran felón como, afortunadamente, reconoce la historia de España? ¿E Isabel II no tuvo bastante de ninfómana o meretriz regia, como propaló su propio pueblo? ¿Y su esposo oficial, Francisco de Asís de Borbón, alias el “Paquita” y “el Puntillas”, no fue toda su vida marital un cabrón consentido? ¿Y el nefasto rey Carlos IV, un cobarde y un traidor a su patria? ¿Y Alfonso XIII, el abuelo del actual titular de la dinastía, un putero de las noches madrileñas y un borracho perpetuo? ¿Y el conde de Barcelona, padre del Juan Carlos I al que le soltó aquella frase lapidaria de “Júrame que no lo has hecho a propósito” cuando lo encontró sobre el cadáver de su hermano Alfonso la tarde del fatídico 29 de marzo de 1956, no se pasó media vida a bordo de su yate trasegando ginebra a espuertas? Y el rey actual, que primero mata a su hermano, traiciona a su padre y besa el culo a Franco para conseguir ceñir la corona de España y después abandona a Adolfo Suárez a manos de los militares y borbonea con éstos para mantener como fuera su estatus regio ¿ha hecho algo aparte de preparar golpes de Estado, fornicar a destajo a cargo de los fondos reservados, navegar en el Fortuna y en el Bribón, cazar osos (borrachos o con tasa de alcoholemia legal), esquiar en Baqueira Beret, pasarse los veranos a cuerpo de rey en Marivent y labrarse un afortuna apañadita?

2ª).- Una revista rápida y fugaz de los presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, antes y después de subir al trono. Que, como ya le he expuesto, los he denunciado repetidas veces durante los últimos ocho años a las más altas instituciones del Estado y que no es cuestión de volver a repetir.

3ª).- Una clara y nueva acusación contra el monarca español por su actuación en el “caso Urdangarín” puesto que, conociendo desde el año 2006 (la misma Casa Real lo ha admitido) los oscuros manejos (presuntos delitos) de su famoso yerno, se calló (por eso titulé mi artículo” ¿Por qué te callas?). Señor Juez, usted seguramente sabe de esto más que yo, que para eso es un señor magistrado de la Audiencia Nacional (antes TOP), pero esta actuación de nuestro amado rey en defensa de su familia (¿de su corona, tal vez?) podría ser constitutiva de un nuevo presunto delito de encubrimiento. ¿O no?

SÉPTIMA.- De todo lo anterior se desprende, señor magistrado, que mi artículo titulado “¿Por qué te callas?” de delictivo no tiene nada de nada. Es un trabajo serio y profesional, aunque duro en las formas, que recoge una vez más y de forma un tanto airada (los tiempos no están para genuflexiones versallescas) lo que vengo diciendo desde hace años en multitud de libros, artículos y conferencias. Además, su señoría conoce mucho mejor que este antiguo uniformado, la “Exceptio veritatis”, el escudo jurídico que protege la verdad del ataque inmisericorde de los poderosos e impide que pueda ser considerada un delito. Sea quien sea el autor de los hechos denunciados. Y por otra parte ¿qué es eso de un delito CONTRA LA CORONA? Yo, personalmente, demócrata, progresista y republicano hasta la médula, no reconozco corona alguna. Ni española ni de ningún otro confín del mundo. En un Estado moderno, democrático y de derecho, todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos y ser iguales ante la ley. Sin privilegios de ninguna clase, como por otra parte santifica la muy mejorable constitución del 78. En España ya ha habido movimientos políticos y sociales para erradicar de nuestro ordenamiento jurídico estos anómalos y extemporáneos delitos contra la corona. Pero de momento siguen ahí esperando el momento propicio para defenestrarlos. Por cierto ¿Por qué no existen en nuestras leyes delitos similares contra la presidencia del Gobierno, contra el ministerio de industria o contra el defensor del pueblo, por referirme solo a algunas de nuestras muy numerosas instituciones democráticas? Todas las personas que representan al pueblo soberano (bien es verdad que el rey actual solo representa al dictador Franco, que fue quien lo puso en la jefatura del Estado con arreglo a su particular derecho testicular) pueden (y deben) ser objeto de crítica por parte de los ciudadanos (que no súbditos). Así que dejémonos, de una vez, de delitos “contra la corona”, señor magistrado. Por cierto, y perdone por la pequeña insolencia de la pregunta: ¿El señor Urdangarín, forma parte o no de la corona española contra la que yo, presuntamente, he delinquido? Porque, vamos, tendría bemoles la cosa…

OCTAVA.- Y ya para terminar este largo escrito, señor magistrado-juez del JUCINAN 002, me permito significarle que así como su señoría, debido a su cargo, ostenta ese preeminente tratamiento de VS, el coronel, escritor e historiador que suscribe, debido fundamentalmente a su empleo en el Ejército español y a las múltiples condecoraciones que posee, algunas de ellas con categoría de gran cruz o placa, tiene también derecho al tratamiento de VE (excelentísimo señor), circunstancia ésta que le refiero sin un ápice de personal vanidad, muy dormida después de más de cincuenta años de luchar en este mundo cruel, pero con toda mi determinación de que sea respetado. Y mucho más después de la clamorosa falta de respeto por su parte al enviarme una cédula de citación que no es de recibo, propia más bien de Somalia o de cualquier otro país tercermundista. Y es que ese tratamiento y el empleo de coronel del Ejército español que poseo, señor magistrado, no llegaron a mí a través de una rifa. Ya en 1958 y con un poco más de 20 años de edad (cuando su señoría, con todos los respetos, seguramente se meaba todavía en sus pantalones) tuve que jugarme decenas de veces la vida luchando por defender este país de las huestes de Hassan II, que habían invadido la “provincia española” de Ifni, realizando misiones cuasi suicidas tras las líneas enemigas al frente de un puñado de soldados voluntarios de élite. Sin vanidad alguna, debo decírselo de nuevo, fui propuesto para la medalla al mérito militar y en mi hoja de servicios se reconoció mi valor en acción de guerra. Después, y a lo largo de casi cuarenta años, seguí arrostrando los claros peligros de mi profesión, tanto en unidades paracaidistas como en las nómadas del desierto del Sahara. He estudiado años y años sin parar estando en posesión de tres diplomas de Estado Mayor (uno de ellos extranjero) y de prácticamente todos los diplomas de especialización de mi Ejército. Y, buscando siempre “los puestos de mayor riesgo y fatiga” como recomiendan los reglamentos militares españoles, hasta pedí dos veces ir voluntario al País Vasco (cuando muy pocos compañeros lo hacían) donde, vestido con el uniforme de coronel, en un coche negro sin blindar y con matrícula ET, sin escoltas de ninguna clase (esas escoltas que sus señorías de los altos tribunales de justicia reclaman ahora con insistencia a un Gobierno cicatero que amenaza con quitárselas) tuve que atravesar centenares de veces las peligrosas calles de las ciudades vascas a solas con mi entrepierna y con un pequeño revólver en la mano derecha, bajo mi portafolios, listo para escupir plomo. Así durante años, sin quejarme lo más mínimo (mi profesión no me lo permitía) no sabiendo nunca, cuando cada mañana cogía el vehículo, si regresaría a mi despacho en el mismo o en otro, negro también, pero con una corona en el cristal trasero. Como le ocurriría finalmente a otro compañero mío, el único con categoría de coronel destinado en la misma ciudad que yo que, curiosamente, se desplazaba siempre de paisano y en coche camuflado y que murió ametrallado en un semáforo. Años después, por luchar por unas Fuerzas Armadas más modernas y profesionales, los generales franquistas ¡ojo, de 1990! me señalaron la puerta de la que había sido mi carrera (después de cinco meses en una prisión militar) y tuve que reciclarme a escritor e historiador. Así que figúrese, señor magistrado, y por eso le he contado una parte sustantiva de mi vida profesional, la preocupación o la angustia vital (la palabra “miedo” no la puede ni siquiera nombrar un militar, como les ocurre a ustedes los jueces con la de “prevaricación”) que ha podido generar en mi alma de soldado su cutre cédula de citación para que acuda a su Juzgado a declarar por un presunto delito contra la corona. Es que desde ese fatídico día vivo sin vivir en mí o, como diría el señor Rajoy, envuelto permanentemente en un lío emocional. Pero no se preocupe, señoría, que voy a ir. Sí, sí, voy a ir (si hay que ir se va…según el humorista Mota) pero no para perder ni un solo segundo de mi tiempo hablando de ese presunto delito que al parecer he cometido contra la panda sociofamiliar que habita en La Zarzuela sino para hablar, si VS quiere, de los presuntos delitos del rey Juan Carlos que es, en definitiva, el presunto delincuente y no yo. Para lo cual, obviamente, tendrá VS que leerse y estudiarse (si no, es imposible que nos entendamos) todos los libros, artículos y documentos que he parido (con perdón) durante los últimos veinte años. Y nada más, señor magistrado-juez del JUCINAN 002. En anexo aparte le señalo los libros y documentos que es preciso se lea previamente para la buena marcha de la futura entrevista así como los documentos de diferentes instituciones del Estado que ese Juzgado debería interesar de los organismos competentes para la buena marcha de las diligencias previas que acaba de emprender, instadas todavía no sé por quien. También le relaciono la lista de personas que, a mi juicio, deberían aportar testimonio en calidad de testigos.

Firmo el presente documento en Alcalá de Henares a 9 de abril de 2012

ANEXO Libros y documentos del autor del presente escrito

Libros:

  • La transición vigilada (Temas de Hoy 1994) - El golpe que nunca existió (Foca 2001) - Juan Carlos I el último Borbón (Styria 2008) - La Conspiración de Mayo (Styria 2009) Informes al Congreso, al Gobierno y a otras instituciones del Estado: - Informe al Congreso sobre responsabilidad del rey en el 23-F (23 de septiembre de 2005) - Informe al Gobierno, al Senado y a otras instituciones (25 de enero de 2006) - Informe al Congreso sobre el 23-F (12 de febrero de 2007) - Informe al Congreso presuntos delitos del rey (4 de abril de 2008) - Informe al Congreso presuntos delitos del rey (8 de octubre de 2008) - Informe al Congreso presuntos delitos del rey (13 de diciembre de 2011) - Informe a la Fiscalía General de Portugal para investigar homicidio imprudente o presunto asesinato rey de España. Artículos y escritos sobre el rey y sus presuntos delitos: Más de cien trabajos publicados en la prensa escrita y digital durante los últimos veinte años, en iguales o parecidos términos al “¡Por qué te callas” de diciembre de 2011 y que pueden ser descargados, de forma totalmente libre, de numerosas páginas web y periódicos de la red. Documentos a interesar de entes, instituciones u organismos del Estado Del ministerio de Defensa: - “Panorámica de las operaciones en marcha” (CESID, 1980) relativa a los golpes de Estado en preparación en otoño de 1980. - “Estado actual y perspectivas de la lucha antiterrorista” (CESID, julio de 1979) proponiendo al Gobierno de Adolfo Suárez la apertura de una guerra sucia contra ETA. Propuesta rechazada por el Gobierno. - “Acta fundacional de los GAL” (CESID 1983) proponiendo otra vez la apertura de una guerra sucia contra ETA. Definitivamente fue autorizada. - Documentos audiovisuales sobre las salidas extramaritales del rey de España (DIEME, División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, años 1984- 1996) - Documentos sobre la entrega del Sahara español a Marruecos y Mauritania (DOPEME, División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, año 1975 y posteriores).

  • Documentos y archivos sonoros grabados en la tarde/noche del 23-F relativos a conversaciones del rey con diversas autoridades del Cuartel General del Ejército y Capitanías Generales. - Grabaciones y documentos relativos al 23-F de las Capitanías Generales de Aragón, Valencia, Sevilla, Burgos, Valladolid, La Coruña, Madrid y Baleares. - Documentos de la Sección de Inteligencia de la Brigada DOT V (Zaragoza) relativos a la conspiración castrense lista para estallar el 2 de mayo de 1981 (Conspiración de Mayo). - Cartilla de tiro de la AGM (Academia General Militar) de Zaragoza, correspondiente a los años 1955 y 1956 a nombre del caballero cadete Don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Del ministerio de Asuntos Exteriores: - Escrito del embajador alemán en Madrid a su Gobierno, en febrero de 1981, en el que relata una conversación privada con el monarca español, que acaba de ser desclasificado por el Ejecutivo germano y que ha sido incluido en las “Actas de Historia Contemporánea” de ese país. De particulares: - Libro “El negocio de la libertad” del periodista Jesús Cacho (editorial Foca) - Vídeo “Juan Carlos I: 30 años a cuerpo de rey (Canarias- Semanal) Personas que se propone evacuen testimonio en el JUCINAN 002” en las diligencias abiertas por el artículo periodístico “¿Por qué te callas?” - Bárbara Rey (María García García), actriz, vedette y presentadora. - Antonio Tejero Molina (ex teniente coronel de la Guardia Civil) - Alfonso Armada y Comyn (ex general de División del Ejército de Tierra español) - Jesús Cacho (periodista) - José María Ruiz Mateos (empresario) - Mario Conde (ex banquero, político, escritor y periodista) Nota del autor: la relación de personas, libros, documentos, artículos y escritos relacionados en el presente anexo en ningún caso puede considerarse exhaustiva y excluyente ya que podría aumentarse substancialmente en el Juzgado dentro de las diligencias previas abiertas.

 

José A. García Rubio advierte que “podemos estar ante una falsa nacionalización de Bankia”

El responsable federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha advertido de que en el ‘caso Bankia’ “podemos estar ante una falsa nacionalización” y ha señalado que este proceso sólo podrá resultar positivo “si se hace de forma real y se mantiene a largo plazo. Esta es la única forma de que sirva como instrumento fundamental para que fluya el crédito y para que sea una auténtica palanca económica que ayude a salir de la crisis”.

García Rubio llama la atención en relación a que la forma en que se lleva a cabo este proceso de nacionalización “es extremadamente preocupante. El procedimiento ha sido, como mínimo, exótico”. El responsable económico de IU detalla que “se ha nombrado antes presidente de la filial –Bankia- que de la matriz –Banco Financiero de Ahorros (BFA)- y, además, se exige reducir a cero el capital del BFA, que hasta ahora estaba participado por las cajas de ahorro, con lo que, en la práctica son éstas las que pierden todos sus activos, para hacer que la transformación de créditos en acciones represente el 100% del capital del BFA”.

El dirigente federal critica también que “se haya nombrado como primer ejecutivo a un banquero procedente del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, cuyo mérito más conocido es haberse asegurado una indemnización por cese superior a 50 millones de euros y una pensión de 3 millones de euros anuales”.

“En lo inmediato -continúa García Rubio-, será preciso inyectar aún más dinero público, porque de no ser así estaremos sólo ante una operación virtual de ingeniería financiera. También será necesario gestionar los activos inmobiliarios, aunque sea a través de una sociedad inmobiliaria (por cierto, ya existente Bankia Habitat)”.

El secretario federal de Economía y Trabajo expone que nos enfrentamos a un panorama en el que “las cajas van a perder su participación, el contribuyente va a poner sus impuestos y los inversores privados ‘pondrán el cazo’, pero no los pequeños accionistas sino los fondos de inversión que controlan una parte importante del capital de Bankia”.

Ante esta situación, García Rubio explica que “Izquierda Unida exige que la cartera de participaciones industriales del BFA y de Bankia (Iberia, Indra, Iberdrola, NH, entre otras) pase a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Nuestra formación se opondrá firmemente a la reversión de la nacionalización y a cualquier división para la venta troceada de los activos rentables del grupo”.

“En cuanto a los activos inmobiliarios –indica-, existen formas de gestión sostenibles económica y socialmente mediante la creación de un parque de viviendas en alquiler a precios moderados”.

José Antonio García Rubio recuerda que desde hace tiempo “Izquierda Unida, a través de su Grupo Parlamentario tiene solicitada la constitución de una comisión parlamentaria de investigación sobre el sistema financiero. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que esa comisión pueda ser creada y entre en funcionamiento lo más rápidamente posible”

Banca pública, Bankia, especulación y banco malo

Alberto Garzón

Ayer pedimos la nacionalización total de Bankia. Hoy parece que el gobierno nos hará caso parcialmente, es decir, nacionalizará una parte de la entidad. ¿Quiere decir esto que tendremos por fin banca pública en España?, ¿significa que ya hemos dado por fin un paso adelante para salir de la crisis? Estas son las cuestiones que trataré de resolver en este post.

La banca pública

El sistema financiero es, en teoría, el conjunto de entidades que velan para que el ahorro de los sujetos económicos (empresas, Estados e individuos) pueda ser utilizado por aquellos otros sujetos económicos que deseen consumir o invertir. De ahí que hagan una labor de intermediación, por la cual evidentemente se cobra una comisión. El sistema financiero puede ser muy simple o muy complejo, dependiendo del grado de desarrollo, pero siempre se basa en la lógica de la rentabilidad. Ello quiere decir que el dinero siempre se mueve hacia donde es más rentable invertirlo.

Las entidades participantes en el sistema financiero (fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos, cajas, cooperativas de crédito, etc.) pueden ser, como cualquier entidad económica, tanto de naturaleza pública como de naturaleza privada. En el caso de ser entidades privadas significa que la gestión queda en mano de directivos que a su vez responden ante accionistas privados. En el caso de ser entidades públicas significa que la gestión queda en mano de directivos que a su vez responden ante accionistas públicos -el Estado-. Decir lo anterior parece una tontería, pero es muy importante.

Los propietarios de cualquier empresa (los accionistas en el caso de las grandes entidades) son los que mandan. Son los que deciden quién dirige la empresa (ponen y quitan a los directivos) y son quienes presionan para que la rentabilidad sea mayor o menor (de modo que condicionan las políticas estratégicas de las entidades). En el caso de entidades privadas la designación de la junta directiva se toma por la vía de la correlación de fuerza en la junta de accionistas. Si una gran fortuna tiene el 90% de las acciones de un banco privado, por ejemplo, es obvio que decidirá sin problemas quién es el presidente y la mayoría de consejeros. En el caso público, sin embargo, esas decisiones se toman a partir de criterios políticos que hay que definir.

Y hay muchos tipos de criterios diferentes. Voy a poner tres ejemplos posibles. En el primero, un consejo de dirección elegido por el partido dominante en el poder. Es obvio que estamos ante un riesgo de enchufismo y utilización partidista de las entidades públicas. En el segundo, un consejo de dirección elegido a partir de una ponderación definida de actores sociales (sindicatos, partidos, trabajadores, etc.), que era el modelo dominante en las cajas de ahorro. También hay espacio para la utilización partidista y en favor de las oligarquías provinciales (como explicamos aquí). En el tercero, un consejo de dirección elegido por el parlamento pero que esté compuesto por técnicos o personas con las manos atadas a partir de unos criterios muy delimitados de gestión. Un funcionamiento parecido al del BCE, por ejemplo. En este caso el problema pasa a ser el tipo de criterios para la gestión. Como se puede observar, diferentes opciones, combinables, que determinarán la eficacia y eficiencia de la entidad. Más allá de la naturaleza de su propiedad.

La diferencia fundamental entre una entidad privada y otra pública, más allá del mencionado control de la entidad, es la legitimidad de la apropiación de los beneficios. En el caso privado los beneficios son repartidos entre los accionistas (o por lo menos distribuidos de acuerdo a sus preferencias) y en el caso público es el Estado quien los ingresa para fortalecer sus presupuestos generales (o cualquier otra opción que considere).

La especulación financiera

A nivel internacional la banca privada no ha realizado las funciones que le correspondía como intermediario financiero porque ha preferido especular en los mercados financieros que prestar a las empresas de la economía real. En el caso español esto no ha sido tanto así, porque su especulación se realizaba, precisamente, en la economía real. A la banca y las cajas de ahorro les salía más rentable prestar a empresas constructoras e inmobiliarias que a cualquier pequeña y mediana empresa. Y como dijimos anteriormente, la lógica financiera es mover el dinero hacia donde es más rentable. También, por supuesto, la banca y las cajas especulaban en los mercados financieros con el uso de derivados y otros productos financieros que durante el boom financiero proporcionaron ingentes beneficios.

La clave está, por lo tanto, no en la propiedad de la empresa sino en el modelo de gestión.  Los bancos operan bajo el criterio financiero, su lógica, de modo que es normal que especularan en el mercado financiero internacional y en la construcción. Las cajas, en cambio, no tenían esa presión del mercado y si actuaron así fue debido a otros motivos (ya descritos en este artículo).

Quiere decir esto que si, por ejemplo, Bankia es completamente nacionalizada, no hay nada que asegure que se comportará de forma diferente a como se ha comportado de forma privada. Los mecanismos que pueden garantizar un comportamiento diferente han de ser aprobados con respecto a la forma de gestión.

Lo que necesita nuestra economía ahora es financiar la economía real -si bien no es ni de lejos el principal problema- y el dinero del sistema financiero no está fluyendo porque el flujo de crédito que llega del BCE se está destinando a la especulación con mercados de deuda pública o para esperar una tormenta (la aceptación de pérdidas).

El caso de Bankia y el banco malo

Durante el boom inmobiliario y financiero, cajas y bancos hicieron extraordinarios beneficios. En el caso de las entidades privadas se repartieron entre los accionistas y en el caso de las cajas se destinaron a la Obra Social y a impresionantes y aberrantes remuneraciones para sus directivos. Pero esos beneficios crecían gracias a la burbuja, de modo que al estallar esta todo cambió.

Lo que cambió fue su balance contable. Lo que estaba contabilizado como activos era suelo, viviendas y préstamos que tras la crisis nunca volverían a tener ese valor. Así pues, el suelo valorado en 1 millón de euros probablemente no valga ahora ni 0’2 millones de euros. La diferencia es lo que se considera una pérdida a declarar o un activo tóxico. Sin embargo las deudas, y pasivo contable en general, siguen valiendo lo mismo. En realidad las entidades están descapitalizadas, como se dice en la jerga de los economistas. Los bancos no reconocen sus pérdidas o sus activos tóxicos, porque si lo hacen tendrán que reconocer una quiebra técnica y el sistema se viene abajo.

En este punto los gobiernos salen a rescatar al sistema financiero. Inyectan liquidez y aprueban formas de ayuda para facilitar que bancos y cajas superen sus problemas (ver aquí una explicación de todos los tipos de ayuda). El objetivo de los gobiernos es dar tiempo a los bancos para que puedan hacer beneficios suficientes con los que compensar las pérdidas. Claro, casualidades de la vida esos beneficios se extraen de la llamada explotación financiera a las familias (cobro de comisiones, etc.) o del arbitraje con la deuda pública (me prestas al 1% y te presto al 5%, de modo que gano un 4%).

Cuando todo eso ha fallado, por lento e ineficaz, vienen las nacionalizaciones. Que quiere decir que el Estado se hace cargo directa y claramente. Pero hay varias formas. Está la nacionalización parcial, que es asumir sólo parte de la propiedad (y por lo tanto la parte proporcional de activo y pasivo). Está también la nacionalización total, que es asumir la totalidad de la empresa (todo el activo y el pasivo). Y finalmente está el miserable banco malo (para más detalle véase este artículo), que singifica asumir única y exclusivamente activo seleccionado, es decir, el activo más malo que exista. Por ejemplo, el suelo de 1 millón de euros del que hablábamos antes y del cual decíamos que ya no valía ni 0’2 millones.

El truco está en que el Estado compra a la entidad el suelo por 1 millón de euros, y luego es el Estado quien intenta venderlo o reconoce la pérdida de valor. De modo que se trata de la forma más fascinante y terrible de socializar pérdidas.

Las cajas de ahorro encharcadas con la basura de la burbuja inmobiliaria tuvieron que fusionarse para intentar sobrevivir. De siete de ellas nació Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que asumió todos los activos (buenos -por ejemplo acciones de Iberia- y malos -por ejemplo suelo-). Después, la empresa separó los activos y pasivos más buenos del resto y con ellos formó Bankia. Bankia salió a Bolsa, de modo que muchos inversores privados pudieron convertirse en propietarios (además, comprando a precio de saldo). Para ver toda la historia recomiendo esta lectura.

Eso significa que en BFA quedaron los activos y pasivos más malos, incluída la ayuda del Estado a través del FROB. Esto quiere decir que BFA tiene en su balance una gran cantidad de activos tóxicos -activos que no valen casi nada respecto a lo que dicen contablemente que valen- y además acciones de Bankia. Si BFA reconociera esas pérdidas, tendríamos una quiebra inmensa. Por eso hace falta tapar el agujero con dinero, y dado que el capital privado no está dispuesto… es obvio que sólo queda el capital público, esto es, el dinero de todos nosotros.

La nacionalización de BFA, y a falta de conocer el documento completo, no implica controlar Bankia. Aunque BFA es accionista de Bankia, el Estado puede comprar sólo una parte de BFA para que al final no llegue a controlar el 50% de Bankia. Eso sí, el dinero público se va a utilizar de todas formas para tapar agujeros.

Lo que necesitamos

El sistema financiero está de resaca. Dejar quebrar las entidades es una catástrofe como se comprobó con Lehman Brothers en EEUU. Así que hay que poner dinero público. La pregunta es ¿cómo y para qué?

El cómo ya lo respondimos ayer: nacionalizando la totalidad de las entidades afectadas. Nada de quedarnos sólo con la basura financiera y dejar los activos buenos a los accionistas privados. Eso es socializar pérdidas y privatizar ganancias, es una política de clase social alta -propia del PP- y no es admisible. Lo que hay que hacer es asumir toda la entidad; al completo.

Nacionalizando la totalidad de BFA y Bankia, por ejemplo, el Estado recupera instrumentos muy útiles para salir de la crisis. Por ejemplo, recupera participación en empresas industriales -como Iberia- y adquiere activos inmobiliarios que puede utilizar para crear un stock de viviendas públicas de alquiler barato (comenzando a resolver así el problema de la vivienda en España). Además, establece un polo fuerte de presión pública sobre las entidades privadas y puede ser utilizada para competir con éstas.

Obviamente eso requiere establecer y definir un modelo de gestión distinto al visto en las cajas de ahorro. Es decir, necesitamos establecer unos criterios sociales y de financiación de la economía productiva que sean eficaces para poner en marcha un plan estratégico de salida social a la crisis.

¿El problema? Que incluso aunque el sistema financiero sea público, no podrá mantenerse vivo si la economía no crece. El sistema financiero no crece en el aire sino que se alimenta de los ingresos que genera la actividad económica. Ni el Estado, ni las empresas ni las familias devuelven los préstamos si no reciben ingresos adecuadamente. De modo que el sistema financiero está condenado a ser un cáncer mientras a) sea privado y b) no crezca la economía.

Por eso incluso la nacionalización de la banca es insuficiente para salir de la crisis. Debe ser una medida imprescindible en un pack mucho más importante de reactivación económica que, entre otras medidas, conlleve medidas de redistribución de la renta y de la riqueza.

Valderas dice que gobernar no significa olvidar la movilización para defender Andalucía

Valderas dice que gobernar no significa olvidar la movilización para defender Andalucía

El vicepresidente de la Junta y Coordinador General de IU LV-CA, Diego Valderas ha expresado su oposición a la política de recortes sociales basada en la insolidaridad que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha criticado que se pretenda dar "miles de millones para favorecer que los sectores financieros se refuercen en función de una mala práctica política" y, en cambio, no haya para las políticas sociales, lo que es un "gran error" del actual Gobierno del PP que ya se empezó a mantener con el anterior de José Luis Rodríguez Zapatero.

El vicepresidente de la Junta se ha mostrado partidario de recurrir en el Tribunal Constitucional esos recortes del Gobierno de Rajoy si no se logra una solución a través del diálogo institucional.

Ha querido dejar claro además que estar "gobernando no significa olvidar la lucha", de manera que habrá movilizaciones sociales en contra de esos recortes a las que él mismo tendrá "que llamar o estar". Se tratará, según ha precisado, de movilizaciones justas y necesarias, que unirán al pueblo andaluz cuando haya ataques a nuestras autonomía y a nuestros derechos.

A su entender, puede haber muchos puntos de coincidencia en el tema de la movilización entre el Gobierno y la ciudadanía. Para Valderas, hay que luchar para que se vaya rebajando la intensidad de los recortes en los próximos meses.

Los retos de IU en el Gobierno de Andalucía

Los retos de IU en el Gobierno de Andalucía

El pueblo andaluz no nos dio fuerza suficiente para desarrollar todo nuestro programa, nos dio la suficiente para influir en la perspectiva de nuestro programa.

La negociación de IU y PSOE ha permitido cerrar un acuerdo programático que compromete la acción de Gobierno 2012-2016 con la participación de IU por primera vez en la historia de la democracia.

No fue sencillo alcanzar el acuerdo dadas las diferencias sustanciales entre las dos organizaciones en relación a las causas de la crisis, el papel de la política europea en la misma y la responsabilidad de los distintos Gobiernos de España en la aplicación dogmática de la desregulación del mercado, el pacto de estabilidad presupuestaria, las privatizaciones, y la ausencia de políticas fiscales progresivas para desarrollar el bienestar de las personas, políticas responsables de la actual recesión y de la lacra del paro.

Los resultados electorales de las presidenciales francesas y legislativas griegas significan una impugnación en toda regla a esa orientación económica pactada desde los años noventa por la socialdemocracia y la derecha europea.

Sin duda alguna, la agresión del Gobierno del PP a las conquistas sociales, a las competencias de Andalucía y su autogobierno, la mayor agresión conocida desde 1978, ayudó a explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que garantizase una acción de progreso desde el Gobierno andaluz para los próximos cuatro años.

Izquierda Unida puso todo su empeño en conseguir un acuerdo que superase desde Andalucía la imposición neoliberal de la Comisión y Consejo Europeo para condicionar el proyecto europeo y el bienestar de las personas sobre la base de impedir la intervención democrática de la economía, del Banco Central Europeo, y dejar en manos de los mercados el futuro de la Unión Europea.

Son momentos de enormes incertidumbres para las personas trabajadoras o en paro, para la economía social, para la actividad económica de Andalucía. No es exagerado decir que la desesperación ha llegado a miles y miles de familias que ven cómo no reciben ya ninguna ayuda, al haber agotado todos sus miembros las prestaciones por desempleo.

En ese contexto, Izquierda Unida puso su acento en la necesidad de contribuir a un cambio en la perspectiva de superar el actual modelo productivo insostenible para dar pasos en la defensa de la producción andaluza, en la planificación e intervención democrática de la economía con instrumentos financieros públicos, atendiendo y protegiendo los servicios de educación y salud frente a la corriente privatizadora que pretende desarrollarse en Andalucía, y la protección social a las personas sin empleo.

Un nuevo modelo que sea incompatible con actuaciones administrativas como las que permitieron construir la aberración del hotel El Algarrobico en contra de la ley de Costas que pretende garantizar entre otras cosas el uso público de nuestro litoral.

Frente a la contención del gasto público, la reducción salarial, la precarización de empleo, el aumento de la edad de jubilación, que contrae la demanda, Izquierda Unida sostiene que es el momento de activar la economía con un plan de empleo sin olvidar la atención a las personas más desprotegidas.

La dictadura de los mercados necesita democracias débiles y convive e impulsa la corrupción, y Andalucía no ha sido ajena a esa presión. Nuestra modesta contribución ha sido poner el acento en activar la participación ciudadana para hacer a la democracia más fuerte, en defender la ética civil en el ejercicio de los cargos electos y de gobierno desde la austeridad y la máxima dedicación.

Desde la vicepresidencia de la Junta de Andalucía y las otras dos consejerías que serán dirigidas por personas de IU, se tratará de poner en práctica lo acordado acompañados por la máxima participación ciudadana, desde la movilización si fuese preciso frente a cualquier ataque a la soberanía del autogobierno de Andalucía.

Fuimos muy conscientes de que el pueblo andaluz no nos dio fuerza suficiente para desarrollar todo nuestro programa electoral, nos dio la suficiente para influir en la perspectiva de nuestro programa, y desde esa realidad comenzamos este momento histórico para los hombres y mujeres de IU de garantizar un programa de gobierno acordado.

Nuestro norte en la negociación fue alcanzar un acuerdo programático, no de un simple reparto de sillones. Ahora se trata de gobernar pero muy pegados a la realidad social, a la participación ciudadana y a las movilizaciones populares, desde la seguridad de que nuestra presencia en el Gobierno no debe ser contradictoria con los principios y valores de IU.

Ese es el reto y esperamos no defraudar.

José Luis Centella, secretario de accción política, diputado y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso. Willy Meyer, secretario de política internacional y eurodiputado de IU.

IU se suma a las movilizaciones en defensa de la educación y la universidad públicas al servicio de la sociedad

IU se suma a las movilizaciones en defensa de la educación y la universidad públicas al servicio de la sociedad

El Área Federal de Educación manifiesta su total coincidencia con la Declaración “No a la destrucción de la Universidad pública”, suscrita por amplios sectores de la comunidad universitaria, donde expresan su rotundo rechazo ante los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno “que suponen un atentado gravísimo y sin precedentes a la supervivencia del servicio público de la enseñanza superior”.

Izquierda Unida coincide también en que las medidas “no son el resultado de un análisis detenido de los problemas que pudiera tener la universidad española”, sino que responden a la improvisación habitual en el Ministro, apoyada en datos falsos y tergiversados que ya han sido cuestionados públicamente por la propia CRUE, órgano de representación del conjunto de las universidades españolas.

IU concibe y defiende la Universidad como servicio público y denuncia que el propio Ministro la acuse de ineficaz, cara e inútil, siguiendo la estrategia habitual de desprestigiar los servicios públicos para desmantelarlos. Frente a semejantes acusaciones, todos los estudios internacionales muestran que nuestra docencia y productividad científica son equiparables a las de los países de la OCDE, a pesar de que la inversión anual en nuestro país es un 20% inferior. Y ello se consigue en la universidad pública, donde el coste por alumno es un 25% más bajo que el de la privada. Estos datos, recogidos en el citado manifiesto, muestran a las claras que el Ministro de Educación no sólo no defiende la educación pública y una Universidad de todos y para todos, como debería ser su función, sino que hace campaña para desacreditarla y desmantelarla, como corresponde a la ideología que representa, claramente marcada por el afán de privatización y mercantilización de lo público.

Izquierda Unida rechaza también el incremento de las tasas académicas que atenta contra el principio de igualdad de oportunidades e impide que los sectores sociales más desfavorecidos accedan a la Universidad. Asimismo se suma a la denuncia por el incremento de las obligaciones docentes, a la vez que se recortan recursos para la investigación, lo que supone un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad investigadora. IU denuncia que detrás de esta medida se esconde un despido masivo: al aumentar la carga docente al profesorado funcionario, buena parte del PDI contratado (investigadores y doctores en sus disciplinas) irá a la calle.

Por todo ello, Izquierda Unida secunda el manifiesto y la llamada a la movilización de la comunidad universitaria, y anima a todos los sectores de la Universidad y a la ciudadanía en general a suscribir dicho manifiesto y a  participar activamente en todas las movilizaciones que se convoquen en defensa de la educación pública, y contra las medidas impuestas por el gobierno, exigiendo la derogación del reciente Decreto que las establece, así como la dimisión del Ministro Wert cuyas actuaciones, como afirma el manifiesto, “destruyen la Universidad Pública que precisan los sectores de menor renta de nuestra sociedad”.

> Enlace a la Declaración "No a la destrucción de la universidad pública"

Izquierda Unida en apoyo al trabajador despedido por Torraspapel

El martes 8 de mayo se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Motril el juicio de Gonzalo Pulido, trabajador de Torraspapel que fue despedido en enero por la empresa mientras permanecia en excedencia.

Tras la reclamación del trabajador la justicia le dio la razón, pero la empresa no cejó en su empeño y procedió a despedirlo de manera injusta nuevamente.

Varios militantes de Izquierda Unida, en solidaridad con el trabajador despedido han acudido al juzgado para mostrar su apoyo al trabajador.

Esto no es sino otra muestra de lo injusta que es la nueva reforma laboral y del poder que da a los empresarios y a las grandes empresas frente a los trabajadores, a los que nos limita a ser mera mercancía en manos de personas que buscan beneficio a costa de lo que sea y de quien sea.

Izquierda Unida en el Gobierno andaluz. El compromiso debe ser con el pueblo

Izquierda Unida y el PSOE acaban de formar un gobierno de coalición en Andalucía. Los objetivos de una y otro al hacerlo no son los mismos. Para el PSOE el objetivo suficiente es electoral, evitar que el PP gobierne. Para Izquierda Unida éste no puede ser un objetivo suficiente.

El Partido Popular gobierna ya en España, sus políticas son las que se imponen y van a seguir imponiéndose desde Europa, y en el terreno de la correlación de fuerzas sociales y simbólicas es hoy la opción que dispone de la hegemonía. A esa tendencia no ha sido ajena Andalucía, en donde se ha conformado una amplia mayoría social en torno al consenso neoliberal y en la que se alinean, no sólo la mayoría nominal de los votantes del PP sino también aquella parte de los sectores que apoyan al PSOE y que creen en el carácter inevitable de los recortes orientados a terminar, aunque no se quiera reconocer, con el régimen del trabajo y el modelo social pactados en la Transición. Esto pasa, necesariamente, por el adelgazamiento del bienestar, la educación, la sanidad y los servicios públicos y su transferencia al sector privado.

El que finalmente el rechazo acumulado al PSOE en Andalucía no diese la mayoría al PP fue consecuencia directa de la aprobación por éste de la reforma laboral y del miedo extendido entre los trabajadores a que una victoria del PP acelerara despidos y reducción de servicios públicos esenciales. No debe olvidarse que las elecciones se celebraron con el horizonte de una inmediata huelga general y que los trabajadores sí han percibido ya, porque lo están sufriendo en primera persona, el carácter netamente antisocial, de clase, de las políticas del PP. La intensificación de la explotación y el deterioro de las condiciones de trabajo, el miedo al despido seguido de la perspectiva de un desempleo permanente, el temor a perder la vivienda, el horizonte de subproletarización para los hijos como consecuencia del deterioro de la educación pública y de la exclusión por razones económicas de la educación superior son realidades compartidas cada vez más por sectores sociales que vuelven a ver aparecer los privilegios de clase a golpe de decreto ley.

La necesidad de frenar, de obstaculizar, de resistirse, a las medidas concretas que componen estas políticas es una convicción real de la gente. Se espera que se haga lo necesario para que la vida concreta inmediata de las personas no empeore en esos aspectos elementales. No se espera mucho, pero probablemente la gente no está en condiciones de esperar menos. No es fácil, porque en estas circunstancias la economía se ha instalado en el corazón mismo de lo más básico para la subsistencia. El capitalismo ha entrado a saco en la vida de la gente, convirtiendo el trabajo en una servidumbre que se vuelve independiente de las personas que lo desarrollan y a éstas, en sí mismas, en sustituibles y desentendiéndose por completo de las condiciones vitales de reproducción, no sólo de la mano de obra sino de la propia vida.

En Andalucía esto no es teoría sino una realidad palpable. El intento de salir de la crisis a base de hundir la demanda interna y fomentar las exportaciones impuesto desde la Unión Europea está provocando que el peso del ajuste recaiga sobre el trabajo en un intento imposible por competir con las condiciones de trabajo y salariales de los países emergentes, especialmente de China. Esto, que antes era una predicción teórica, es en el último año la experiencia personal de muchas mujeres y hombres.

Sabemos que en el pasado reciente el atraso crónico de Andalucía ha servido de coartada a sus sucesivos gobiernos para aceptar modelos económicos propios de territorios dependientes en lugar de buscar una senda propia de desarrollo. Modelos que han apostado por el sector servicios, especialmente el turismo, como palanca de crecimiento y que se encuentran, en estos momentos, enfrentados a sus propias contradicciones y limitaciones, sin perspectivas de salida. No sería extraño que existiera, incluso en sectores políticos y sociales de la izquierda, la tentación de asumir “como inevitable” que Andalucía está condenada a ser una región dependiente de los servicios que, para ser competitivos, deberán sustentarse en unos bajos salarios. Impedir que Andalucía sea entregada a un modelo de trabajo-miseria de esas características es la tarea principal de Izquierda Unida en el Gobierno andaluz. Pero esto sólo podrá hacerse si su papel no es sólo de resistencia sino que va acompañada de una propuesta alternativa.

En el caso de Andalucía esa alternativa podría estar ya escrita: la puesta en marcha, con todas sus consecuencias, de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales que el Estatuto de Autonomía estableció en su momento. Es cierto que en el actual contexto esa aplicación podría poner en evidencia y, por ello, confrontar con el marco de las políticas impuestas desde la Unión Europea y que el propio Estatuto reconoce; pero debemos suponer que, llegado ese momento, el pueblo andaluz optará por la defensa de sus derechos frente a cualquier intento de desmantelarlos.

Como será también probable que la aplicación de los derechos del Estatuto entre en conflicto con la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución pactada por el PSOE y el PP y con sus desarrollos previstos de cara a la intervención del gasto público. Pero entonces el Gobierno andaluz tendrá que sostener su legitimidad convocando directamente a la voluntad originaria de los andaluces y andaluzas por encima de imposiciones externas. En la práctica, el nuevo Estatuto se encuentra tan inédito como olvidado y el intento de ponerlo en marcha necesariamente entrará en conflicto con la ofensiva del capital contra los trabajadores, lo que requiere una dinámica de movilización del conjunto de la sociedad andaluza. Pero es que, sin esa dinámica, el Gobierno andaluz recién formado será inviable más temprano que tarde.

Porque Izquierda Unida no era necesaria para frenar al PP en Despeñaperros. Eso podía hacerse de otras maneras. Existe un acuerdo bastante general en que el hecho de que las andaluzas y andaluces lo hicieran precisamente otorgando un papel determinante a Izquierda Unida tiene dos motivos. El primero, la identificación, asumida como una especie de constatación natural, de IU con la adopción de medidas favorables a los trabajadores, con la garantía de que no se aplicarán en Andalucía los recortes y la reforma laboral. Y, el segundo, la convicción de que para tener un Gobierno que hiciera eso no era suficiente garantía con una mayoría del PSOE.

En este sentido, el voto a IU expresaba también la desconfianza y el rechazo a los Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía y la expectativa de que IU imprimiera un cambio en las políticas y la forma de hacerlas en el conjunto del nuevo Gobierno andaluz y de la Junta de Andalucía. De esto, y no sólo de que lo haga mejor o peor en las escasas parcelas gubernamentales que, en base a criterios estrictamente cuantitativos, se le han concedido a Izquierda Unida, va a depender el que IU pueda mantenerse en el Gobierno con la comprensión y el apoyo a esa participación de su electorado y de los trabajadores andaluces.

Desde luego IU no es responsable de las políticas de ajuste ni de los recortes en el presupuesto, pero el amparo del “imperativo legal”, que podrá valerle en el plano institucional, de nada le va a servir a la gente despedida, desahuciada, o sometida a nuevas condiciones de explotación, de cuya adhesión efectiva (que, en esta situación de crisis, hay que renovar día a día) depende la viabilidad del mantenimiento de IU en el Gobierno andaluz.

Para que se siga haciendo responsable al PP de los recortes y las reformas no basta con decirlo así, sino que hay que negarse a aplicarlas en Andalucía. IU debe dejar claro que, por encima de todo, está su compromiso con las personas. IU debe trabajar el instrumental ético y jurídico necesario para no aplicar en Andalucía y amparar a quienes se nieguen a aplicar leyes que vulneren los derechos humanos, que conduzcan al desamparo o al empobrecimiento directo de las personas. Debe elaborar el instrumental alternativo ético, jurídico y económico para dar soluciones a quienes se vean ante esas agresiones y despojos. Y debe establecer los mecanismos públicos de solidaridad para facilitar a quienes finalmente se vean en esas situaciones las garantías vitales en condiciones de dignidad y derechos. Se trata de tejer un entramado de resistencia que haga posible condiciones de lucha para una alternativa democrática a la crisis, que, en estos momentos, el capitalismo no parece dispuesto a tolerar.

Para empezar parece obvio que, en Andalucía y con IU en el Gobierno, más aún con la responsabilidad de Vivienda en su haber, no se puede seguir desahuciando a la gente. El derecho a la vivienda de las personas está por encima de la propiedad de los bancos sobre las viviendas hipotecadas de las familias andaluzas. Por tanto, todos los mecanismos de resistencia civil, toda nuestra responsabilidad institucional, nuestra capacidad legislativa y nuestros nuevas Consejerías tienen que servir para que detengamos los desahucios en Andalucía.

En los últimos años, el Gobierno y la Administración pública andaluza han sufrido un desgaste enorme que ha promovido un desapego profundo de la ciudadanía. Las políticas públicas se han desfondado. En la práctica, el desarrollo y la aplicación efectiva de los nuevos derechos y políticas del Estatuto de Autonomía están bloqueados. Los servicios públicos que conformaban el mínimo “estado del bienestar” del modelo andaluz (sanidad, educación, servicios sociales) se han ido reduciendo y deteriorando a través de medidas concretas, aplicadas sin ruido a la par que se hacían discursos en otro sentido.

El nivel directivo político-administrativo central de la Junta ha sido errático, ha actuado sin impulso político hacia la ciudadanía, con unos grados de falta de rigor y de irresponsabilidad que posiblemente hayan desorientado incluso al propio aparato administrativo y a los sectores sociales más cercanos a las políticas gubernamentales. Los empleados públicos han acusado el impacto de las campañas interesadas y sostenidas de desprestigio de lo público. El deterioro del trabajo de los empleados públicos ha sido consentido, cuando no fomentado, por los propios responsables políticos de la Junta, con dos intenciones: por un lado, tapar la ausencia de atención a necesidades sociales y la puesta en marcha de las correspondientes nuevas políticas y derechos (dejando que cunda la propaganda contra el funcionariado y la idea de que sobran) y, por otro lado, facilitar la adopción de las medidas de reducción y recortes que han adoptado. Cuando hacía falta avanzar hacia una nueva cultura de profesionalidad, responsabilidad, compromiso y autonomía del empleado público (quizá también con el desarrollo en esta dirección de Estatuto Básico del Empleado Público), nos hemos encontrado, en la práctica, con la cancelación de las ofertas de empleo público y una reordenación del sector público andaluz que traspasa servicios públicos en los que se decide sobre derechos ciudadanos a la gestión empresarial.

La Junta y su Administración necesitan volver a aliarse con una ciudadanía hoy abiertamente defraudada. La alianza debiera tener tres ejes esenciales. El primero, recuperar el empleo público como la opción preferente para la dedicación de los jóvenes profesionales que egresan del sistema educativo. Tenemos una Administración pequeña, en riesgo de convertirse en la propia de una país subdesarrollado. Y, pese a toda la propaganda reciente vertida desde el ministerio de Educación, tenemos niveles de población con formación universitaria insuficientes en cualquier índice que se mida. La Universidad y la educación no pueden volver a ser un privilegio de casta. Y la Administración tiene que retomar la renovación y democratización en la extracción social de su funcionariado que en alguna medida supuso la creación de la nueva Administración de la Junta de Andalucía en la década de los 80s y 90s, para luego estancarse.

Sin quitar la importancia inmediata a otras medida y planes, no cabe duda de que éste sería el principal “plan de empleo” y, a la par, de aumento de la capacidad de demanda económica interna que el nuevo Gobierno andaluz debe implementar. Ciertamente precisa de una fiscalidad suficiente adaptada a las nuevas circunstancias y de políticas de austeridad administrativa, pero tanto como el resto del desarrollo estatutario.

El segundo eje, más claro para todos, son los servicios públicos esenciales: educación, sanidad, vivienda, pensiones y dependencia. Y el tercero es la garantía con dignidad y derechos de las necesidades vitales básicas a toda persona que viva en Andalucía. Que la gente sepa que, frente al mecanismo depredador que el capitalismo ha puesto en marcha y que ya sabe que puede alcanzar a cualquiera en todo momento, no se verá desamparada ante la indiferencia de su Gobierno. Es el mínimo que evite la ineludibilidad de tener que aceptar la servidumbre en el trabajo y que nos permita recomponer la dignidad, la organización y la lucha.

Izquierda Unida sabe que en la actual situación económica y social los escenarios son muy variables (y quizás impredecibles). Esta vez se trata de política real, la gente está pendiente porque en esta ocasión son aspectos esenciales de su vida los que nos estamos jugando. Sabe que, lo quiera o no, necesitará esta adhesión real para seguir cada mañana, y cada tarde, en el Gobierno. Puede también dedicarse a evitar conflictos para ir ganando un día más, pero sabe que eso conduce de nuevo a la alternancia o, en el mejor de los casos, a un precario bipartidismo imperfecto. En condiciones de movilización social como las que se plantean en un futuro inmediato esto sería malversar un capital de esperanza que vale hoy y va a valer en el futuro próximo mucho más que tres consejerías.

* El Observatorio de Políticas Públicas en Andalucía, pretende ser un Observatorio analítico y evaluativo de las políticas públicas andaluzas, que permita dar una visión cualitativa y cuantitativa de las respuestas a las necesidades formuladas por la Junta de Andalucía para la sociedad a quien van dirigidas general y específicamente las políticas públicas.

El Observatorio de Políticas Públicas en Andalucía se acoge a la definición de Políticas Públicas como el conjunto de decisiones formales que se hallan interrelacionadas, que dependen de la intención y decisión de un grupo de individuos e instituciones; pero que también pueden consistir en la inacción por parte de los poderes públicos, es decir, en la decisión de no actuar respecto de un tema o situación problemática que requeriría de su intervención. Consideraremos a las políticas públicas como responsabilidad de los poderes públicos, es decir, aquellos que han sido investidos legal y legítimamente de poder para tomar decisiones obligatorias para el conjunto de la sociedad y actuar en favor del bien común.

El Objetivo del Observatorio de Políticas Públicas en Andalucía es constituirse en un centro de análisis y evaluación de la formulación y/o la ejecución de las Políticas Públicas andaluzas, a partir de IX legislatura que ha arrancado con la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía tras el pacto de gobierno entre Izquierda Unida y el PSOE, comprendiendo la identidad y la diferencia, dejando de lado categorías construidas que han delimitado aspectos que se vinculan con nuestra identidad; pretendiendo con ello ser un centro de análisis desde la participación, la inclusión, el reconocimiento de la diversidad de nuestros grupos humanos, como eje transversal de la comprensión e interpretación de nuestra realidad social.

El Observatorio de Políticas Públicas en Andalucía en una iniciativa ciudadana de reciente creación que cuenta con un Consejo Científico compuesto por Pedro Moreno Brenes, Fabián García Calero, Cristina Ruiz Cortina, David Arrabalí Campos, Eva Nieto Aragón, Pedro García Calero y Salvador Arijo Andrade, que pretende ser el impulsor de la actividad científica y social del mismo.

El agujero de Bankia en cinco cifras que se entienden

7.000 millones de euros. Es lo que el Gobierno calcula que tendrá que prestar a Bankia para empezar a hablar. No está claro si hará falta más dinero y ni siquiera que vayamos a cobrar. Tampoco es el primer cheque: el Estado ya había prestado antes otros 4.465 millones, hace dos años, como regalo de bodas por la fusión entre Bancaja y Caja Madrid. En total, son 11.465 millones: más que todo el hachazo en educación y sanidad (10.000 millones), casi seis veces más que los recortes en Ciencia e I+D (2.000 millones), tres veces lo que se ahorró con la bajada de sueldos de los funcionarios (4.000 millones) o más de siete veces lo que se recortó al congelar las pensiones (1.500 millones).

12.992 millones de euros. Es lo que se supone que valía Bankia según su propia contabilidad, su valor en libros hace algo menos de un año. Para la salida a bolsa, el 20 de julio de 2011, se ofreció un descuento del 60% sobre esta cantidad para motivar a inversores a entrar en este pastel. Ni aún así: desde que cotiza, el valor de Bankia (el de la bolsa, no el de los libros) se ha reducido un 38% más.

4.600 millones de euros. Es lo que vale Bankia, según su capitalización bursátil de ayer. Es decir: los mercados valoran a esta entidad financiera en un tercio de lo que el Estado tendrá que poner para reflotarla a ella y a su matriz, el BFA, que es una especie de banco malo donde el genio financiero de Rodrigo Rato –aconsejado por MAFO– dejó toda la basura del ladrillo para ver si así podía aguantar. En ese almacén nuclear se guardan 30.000 millones en activos tóxicos, un 3% del PIB nacional o todo el recorte del gasto público de este año. Dentro de esa cifra hay también 5.000 millones en suelo, un patrimonio que se ha devaluado aún más. Es obvio que el dinero público prestado difícilmente va a regresar.

2,34 millones de euros. Es lo que cobró Rodrigo Rato el año pasado (más el variable) por su excelente gestión. Equivale a 260 salarios mínimos interprofesionales. Es decir, un trabajador que cobre el SMI tardaría dos siglos y seis décadas en ganar lo que Rato se levantó en 2011.

1,2 millones de euros. Es la indemnización máxima a la que tiene derecho Rodrigo Rato por su amable dimisión. En realidad, poco dinero: su sustituto como presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se llevó 68,7 millones de euros tras jubilarse con 55 años del BBVA. Para que un empleado con el SMI pudiese cobrar una cantidad así, necesitaría 7.600 años de trabajo.

Actualizació, 12:31. Por si fuera poco, el Estado también ha comprometido 27.500 millones más en avales de Bankia.

Izquierda Unida exige la intervención y nacionalización de Bankia

Izquierda Unida exige la intervención y nacionalización de Bankia

Declaración de la Comisión Ejecutiva Federal de IU sobre la situación del sistema financiero español

- Izquierda Unida pide al Gobierno un Plan negociado para la reestructuración del sistema financiero español que prescinda de cualquier ayuda pública

- Izquierda Unida exige la intervención y nacionalización de Bankia

- Pide la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España y del ministro de Economía

La Comisión Ejecutiva Federal de IU ha analizado durante su reunión del día 7 de mayo la situación en el sistema financiero español.

La Ejecutiva de IU considera que es inadmisible dedicar un solo euro público más a ayudar a las entidades financieras españolas, máxime cuando se ha recortado por importe de 10.000 millones de euros el gasto público en Sanidad y Educación.

Los bancos y cajas de ahorros han recibido hasta finales de 2011 ayudas públicas por importe de 115.046 millones de euros, desde ayudas directas con cargo al FROB hasta avales. A principios de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros y en los meses transcurridos de 2012 el BCE ha concedido a los bancos españoles créditos a tres años con un interés del 1% y un importe superior a los 300.000 millones de euros.

Si solamente una parte de esos recursos se hubieran destinado a crear empleo y apoyar las pequeñas empresas hoy no existirían graves problemas de desempleo y de deuda en nuestro país.

Todas las medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos del PSOE y del PP con la excusa de “tomar medidas frente a la crisis” han ido destinadas a mejorar de forma directa o indirecta el balance de los bancos. Han fracasado como medidas anticrisis y no han servido para mejorar la situación financiera.

La Ejecutiva de Izquierda Unida exige que el Gobierno, a través de su presidente, presente en el Congreso de los Diputados un Plan de Reforma del Sistema Financiero claro y trasparente, y que lo discuta con el conjunto de las fuerzas parlamentarias. Este Plan debe partir de la reducción de activos en los casos en los que así sea necesario y de la exigencia de un programa concreto, con objetivos inmediatos, de créditos para las empresas y las familias, y debe excluir como norma general cualquier nueva utilización de fondos públicos.

El caso de Bankia

En concreto, y ante la preocupante situación que afecta al Grupo BFA-Bankia, la Ejecutiva Federal de IU exige del Gobierno:

1.- Que proceda a la intervención inmediata de Bankia y a su nacionalización.

2.-Que en función de la garantía que produce esta intervención haga una declaración pública al más alto nivel, tranquilizando a quienes tienen sus ahorros en Bankia.

3.- Que entre los objetivos de la nacionalización esté la conservación de la Obra Social de las siete Cajas que configuran el capital social de Bankia y de los puestos de trabajo de todas las entidades.

4.- Que la decisión de nacionalización se considere como una opción a largo plazo que permita construir un polo de Banca Pública al que deben incorporarse el resto de las Cajas de Ahorro, comenzando por aquéllas que están ya intervenidas de hecho o cuentan con ayudas de capital público.

5.- La Ejecutiva Federal de IU va a trasladar a su Grupo Parlamentario la propuesta de que solicite la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad y del gobernador del Banco de España para que expliquen el proceso que ha llevado a esta situación, incluida la explicación sobre las responsabilidades de todo orden que puedan derivarse.

6.- Así mismo, la Ejecutiva Federal de IU considera inaceptable el nombramiento del Sr. Goirigolzarri a partir de una propuesta formal del Sr. Rato y actuará en consecuencia.

En el caso de Bankia, ya se han utilizado todos los recursos contenidos en las reformas financieras aprobadas tanto por el Gobierno del PSOE como por el del PP, y el resultado ha sido un fracaso.

Bankia ha separado activos dudosos en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), a partir del 5 de abril del 2011; el 15 de julio de 2011 superó las llamadas pruebas de resistencia y el 30 de abril constituye una sociedad para gestionar los activos inmobiliarios del Grupo.

Bankia ha recibido importantes ayudas públicas. El 4 de mayo, el grupo BFA reconoce una exposición en activos inmobiliarios de 37.517 millones de euros. De ellos, más del 50% son activos con nulas o escasas garantía de recobro.

Ahora, Mariano Rajoy anuncia una nueva reforma financiera a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Mucho nos tememos que si no se tienen en cuenta las necesidades de crédito de las empresas y no se acompaña de una negociación política con el conjunto de las fuerzas parlamentarias, el resultado será, de nuevo, negativo.

Izquierda Unida considera que la nacionalización de Bankia podría así mismo contribuir a la creación con sus activos de un parque de viviendas en alquiler moderado, que sería una interesante salida desde el punto de vista económico a viviendas de difícil venta en los momentos actuales y una propuesta justa para atender las necesidades de vivienda actuales.

Asímismo, la Ejecutiva de Izquierda Unida considera necesario acompañar nuestras propuestas de acciones e iniciativas de movilización que permitan situar el problema de Bankia y de la necesidad de una Banca Pública en el contexto de la actual lucha social.

Cayo Lara valora que los franceses "han condenado las políticas de Sarkozy" y pide a Rajoy que "tome nota porque son las mismas que aplica aquí"

Cayo Lara valora que los franceses "han condenado las políticas de Sarkozy" y pide a Rajoy que "tome nota porque son las mismas que aplica aquí"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha valorado hoy que las elecciones presidenciales en Francia “han condenado las políticas negativas” de Nicolás Sarkozy, por lo que ha aconsejado al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que “tome buena nota” debido a que “son las mismas que está aplicando en nuestro país”.

Lara respondió a los medios de comunicación durante su asistencia a la toma de posesión en Sevilla de los consejeros del nuevo Gobierno andaluz, entre ellos los tres de IU -Diego Valderas, Elena Cortés y Rafael Rodríguez-, y señaló que los resultados franceses abren “una puerta a la esperanza para que pueda llegar un cambio a Francia con apoyo de la izquierda”.

Recordó que Hollande ha alcanzado la presidencia de la República francesa, entre otras razones, por el apoyo mostrado por el líder del Front de Gauche (Frente de Izquierdas),  Jean-Luc Melechon, “que desde el minuto uno, después de la primera vuelta, se ha volcado de una manera inmensa pidiendo el voto para Hollande. Gracias a eso es posible que empiece a haber un inicio de cambio en Francia”.

Cayo Lara explicó que las promesas planteadas por Hollande en su programa “distan mucho de las políticas que aplicó en un momento dado el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en España y las que está aplicando ahora Rajoy”.

Indicó, no obstante, que lo que pase en Francia va a depender también de lo que ocurra en las próximas elecciones legislativas, en las que espera que haya “un cambio en la correlación de fuerzas en el Parlamento que puedan hacer posible un cambio de rumbo a esas políticas que se han demostrado tan negativas para los franceses y para los españoles cuando han sido aplicadas aquí”.