IU de Motril valora la falta de participación en el referéndum sobre el ferial
Para IU la poca participación ciudadana en el referéndum sobre la nueva ubicación del recinto ferial, refirma lo que denunciaron la pasada semana, que este era un debate artificial e innecesario y que poco interes tenía para la ciudadanía.
La formación de izquierdas, a través de su Portavoz Felipe Villa, ha recordado como su formación ya solicitó que lo que debería someterse a debate es el impacto que la creación de una gran superficie tendrá sobre la economía y el empleo en Motril y sobre la selección, en su caso, de una alternativa verdaderamente consensuada al nuevo recinto ferial, superando las dos ubicaciones propuestas situadas entre lo malo y lo peor”.
Para IU, el impacto económico y laboral que provocará la implantación de una gran superficie generará, repercutirá directamente sobre el pequeño comercio de Motril, que en la actualidad está conformado por casi 1300 establecimientos que ocupan a casi al 20% de la población activa del municipio. Los aspectos negativos que la implantación de una gran superficie puede generar en nuestro municipio, tanto en la economía local, como en el empleo y las condiciones de contratación laboral, ya que por lo general suelen ser contratos precarios y que conllevan una pérdida de derechos, son los aspectos sobre los que la ciudadanía debería debatir y participar.
Económicamente las grandes superficies ligadas a empresas transnacionales destinan los beneficios a inversión en los mercados financieros internacionales. Por el contrario, el pequeño comercio local invierte en productos financieros sólo después de haber cubierto sus necesidades a partir del intercambio comercial. Un estudio realizado por Friends of the Earth en el Reino Unido estimaba que el 50% de lo que gastamos en pequeños comercios retorna a la economía local mientras que la tasa de retorno del gasto en las grandes superficies es del 5% (La Trobbe, 2002).
En lo referente al impacto ambiental y urbanístico que puede suponer la reclasificación del suelo propuesto que actualmente se destina de forma prioritaria a la explotación agrícola o a actividades directamente vinculadas a la agricultura, supondrá la ruptura del modelo urbano desarrollado en el vigente PGOU que ordena los crecimientos, limitándolos al sur por el cierre de la circunvalación y protegiendo los suelos de vega. Asimismo, aboga por la localización de nuevos equipamientos lejos del borde sur para equilibrar la ciudad y evitar la concentración de servicios y desplazamientos hacia esta zona.
Villa ha resaltado como en la memoria del PGOU ya se establece que: Se está produciendo una importante transformación del paisaje, de carácter fuertemente antrópico y con ausencia de medidas de control debido a la implantación masiva de cultivos bajo invernadero….
En cuanto a la dinámica urbana específica, indica: La concentración de equipamientos y servicios en la zona Sur, próxima al centro urbano comercial, genera una estructura polarizada hacia esta zona, alimentando la tensión de crecimiento en torno a ella. Los bordes de la ciudad están inacabados, observándose una carencia de límites definidos y cualificados entre el casco urbano y el medio rural adyacente, situación que se repite de forma casi generalizada a lo largo de todo el perímetro de contacto entre ambos medios, esta indefinición y la existencia de caminos en relación directa con el medio rural, está permitiendo la ocupación de los suelos con construcciones semiurbanas que dificultará un desarrollo ordenado.
La ubicación elegida presenta además la particularidad de incluir áreas inundables de acuerdo con el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa de Granada, lo que imposibilita la construcción en esta zona. Hay que añadir además que la zona se encuentra muy cercana al barrio motrileño de Las Explanadas, en el que se promovió la declaración co0mo Zona Acústica Saturada debido al alto nivel de ruido que soporta debido a los locales existentes.
Para finalizar el edil ha mostrando la discrepancia de su formación política respecto al referéndum considerando que lo que el Gobierno Municipal ha pretendido con este artificial debate, ha sido desviar la atención de los graves problemas que sufre el municipio cuya actividad económica se encuentra paralizada y donde las capas más desfavorecidas de la población están sufriendo situaciones muy graves de desempleo y desamparo social.
´Más subsidiada es la Iglesia´
Europa Laica ha criticado este martes a través de un comunicado las palabras durante una homilía del arzobispo de Granada, Javier Martínez, en las que censuró la mentalidad española de "pueblo subsidiado", cuando realmente es la propia Iglesia católica la organización "más subsidiada" del país.
La Asociación Granada Laica, integrada en Europa Laica, ha expresado su "total repulsa" a las consideraciones del prelado, quien este pasado domingo abogó por un cambio en la mentalidad de la sociedad y cuestionó el amplio número de jóvenes que aspiran a ser funcionarios, lo que calificó como una "enfermedad social".
Por ello, la asociación laica ha recordado que es la Iglesia católica la organización "más subsidiada" y que, para el pago de salarios al clero, incluido Martínez y toda la Conferencia Episcopal, recibe del Estado más de 250 millones de euros al año, de los que mensualmente en 2012 se les adelantarán 13 millones según publicó el BOE el 31 de diciembre.
Todo ello se produce, recuerda el colectivo, habiendo sido "incapaces" de cumplir lo previsto en el Acuerdo de Asuntos Económicos y de buscar la autofinanciación de la Iglesia y su no dependencia del subsidio estatal.
Europa Laica añade que la Iglesia recibe además del Estado anualmente por diferentes conceptos subvenciones por importe de más de 10.000 millones de euros, con los que se paga a los catequistas en las escuelas, el mantenimiento del patrimonio o sus centros sociales y están exentos de impuestos que gravan a todos los ciudadanos como el IBI.
En el comunicado critica también que, ante la situación de crisis y los recortes impuestos por los sucesivos Gobiernos de uno u otro signo, la Iglesia no esté siendo afectada por esos recortes que sí generan paro, reducción de salarios, congelación de pensiones o subidas de impuestos.
Un poco de humor no le hace mal a nadie
A un hombre de unos 73 años le está entrevistando un periodista de “Callejeros” en un jardín. El hombre entrevistado se expresa del siguiente modo:
- Soy hijo de exiliados. Hasta los 27 años y poco antes de la transición no pude volver a España por culpa de Franco. A mi padre, pobrecito, no sabíamos ni dónde enterrarlo. Mi madre estuvo muchos años en silla de ruedas.
- Ahora tengo 73 años. Hace meses me quitaron el 30 % de un pulmón.
- Mi mujer es inmigrante. Tengo tres hijos con ella. De los tres sólo trabaja una, la del medio,… pero no cobra nada. Todos, incluidos los nietos, viven de mi asignación.
- La mayor se acaba de divorciar. Mi yerno se daba a las drogas y al alcohol y la ha dejado con dos niños.
- El pequeño de mis hijos aún no se ha ido de casa y además se ha casado con una divorciada y la ha traído a vivir con nosotros. Esa señora antes trabajaba, tenía muy buen puesto, pero desde que vino a mi casa ya no hace nada. Ahora tienen dos niñas que también viven bajo nuestro techo.
- Este año, con lo de la crisis, casi no nos hemos podido ir de vacaciones y si me apuras… ni he podido celebrar que España ha ganado el Mundial.
- Para colmo, el marido de la mediana anda en líos con la justicia. Al enterarme me desmayé y casi pierdo un ojo al darme con una puerta…
El periodista pone cara de asombro y comenta: Majestad, no creo que su situación sea tan mala
Imágenes de la Desbandá tomadas de la Galería Fotográfica de Ideal (Juan Manuel de Haro)
Centenares de personas se manifiestan en homenaje a las víctimas de la Desbandá
Ideal. Varios centenares de personas han participado este domingo en una marcha por la N-340 entre Almuñécar y Salobreña como homenaje a las víctimas del episodio conocido como la "desbandá", la huida a pie de Málaga a Almería huyendo de las tropas franquistas en febrero de 1937.
Antes de comenzar la marcha, en la que han participado representantes de las asambleas comarcales de IU en la costa granadina y malagueña, se ha descubierto en Almuñécar un monolito con una placa de recuerdo de las víctimas.
El acto ha terminado en uno de los lugares más simbólicos de esta historia, la desembocadura del río Guadalfeo, entre Motril y Salobreña, donde miles de malagueños emprendieron en 1937 una marcha a través de la antigua carretera nacional 340, con el acoso constante de los bombardeos de la aviación italiana y de la marina del bando nacional.
En el recorrido de hoy han estado presentes miembros del foro por la recuperación de la Memoria Histórica, así como algunos supervivientes de este episodio.
La marcha coincide con el 75 aniversario de estos hechos, que se conmemora bajo el lema "El éxodo desde el interior", con el objetivo de homenajear a los vecinos de pueblos del interior de Málaga y de otras provincias limítrofes que se vieron obligados a abandonar sus localidades.
El Ayuntamiento de Almuñécar dice cumplir con la ley en referencia al camping El Carambolo
Costa Digital
El Decreto de la Alcadesa Trinidad Herrera Lorente (PP), de reanudación parcial de la actividad del “Camping El Carambolo” de final de julio, se dictó previos informes técnico y jurídico favorables, ya que el Tribunal Superior de Justicia en fecha 21 de septiembre de 2011 admitió a trámite un recurso de los abogados del campamento “Colibrí C.B.” y “Karanda S.L.” (el Concejal de IU Fermín Tejero es socio de esta última) en el cual solicitan que se mantenga la suspensión de los acuerdos de demolición de algunas instalaciones del recinto.
Los hechos se remontan al 28 de octubre de 2010, cuando el Ayuntamiento de Almuñécar dictó acuerdos de demolición de instalaciones y construcciones del “Camping El Carambolo”.
“Colibrí C.B. y Karanda S.L.”, comunidad de bienes y empresa que gestionan el Camping, formularon recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos de 28 de octubre, dando lugar al Procedimiento Ordinario nº. 960/2010 del Juzgado nº. 3 de Granada y pidieron la suspensión de esos actos de demolición. El Ayuntamiento de Almuñécar se opuso en el Juzgado a la suspensión que pedían los letrados del Camping.
El 14 de enero de 2011 se dictó Auto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 3 de Granada con la siguiente decisión: “Accedo a la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecutividad de las órdenes de demolición de las obras referidas en los acuerdos del Ayuntamiento de Almuñécar de 28 de octubre de 2010.” Auto que fue notificado al Procurador del Ayuntamiento Sra. Irene Ollero Robles en fecha 19 de enero de 2011.
Rafael Revelles, abogado del Ayuntamiento, una vez que conoció el auto lo mandó a éste en fecha 27 de enero de 2011, y formuló el recurso de apelación frente al mismo.
En fecha 26 de julio de 2011, después de una petición de “Colibrí C.B. y Karanda S.L.” para que se accediera a la reanudación parcial de la actividad, el Ingeniero Municipal Sr. González Antía emitió informe favorable.
El 26 de julio de 2011 el abogado defensor del Ayuntamiento, a la vista del informe del técnico y de las cuestiones jurídicas, emitió informe favorable.
La Alcaldía, sobre la base de los informes técnicos y jurídicos emitió Decreto de reanudación parcial de actividad en 29 de julio de 2011, perfectamente ajustado a derecho.
El recurso de apelación de los abogados de Camping y la oposición al recurso del Ayuntamiento fueron enviados para resolverse a la Sección 3ª de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía bajo el nº. 830/2011, y el Tribunal dictó sentencia estimando el recurso de apelación del Ayuntamiento, que fue notificada a la Procuradora Irene Ollero Robles el 27 de julio de 2011.
Conocida la sentencia favorable por el letrado Rafael Revelles tras el mes de agosto, que para este proceso no es hábil, la remitió al Ayuntamiento en fecha 5 de septiembre de 2011, que la recibió este día y no otro.
En fecha 21 de septiembre de 2011 el Tribunal Superior de Justicia, dicta Providencia por la cual admite a trámite un recurso de súplica de “Colibrí C.B. y Karanda S.L.” que solicita:
“dejar sin efecto la Sentencia dictada en el Rollo de Apelación 830/2011, seguido ante esa sección, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a la votación y fallo del presente asunto, dándosenos traslado de nuevo de la resolución que ha dado pie al presente recurso, a fin de poder ejercer nuestro derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, invocación que se hace, además, a efectos de amparo constitucional.”
Igualmente, los abogados del Camping piden en ese recurso de súplica, además: “ello ha de implicar lisa y llanamente que se impone la suspensión de las resoluciones administrativas recurridas […]. Solicito: … se acuerde mantener la suspensión cautelar impugnada hasta que se acuerde la definitiva solución extrajudicial del asunto objeto de demanda.”
Es decir, los defensores de Camping vuelven a pedir al Tribunal la suspensión de los acuerdos de demolición de 28 de octubre de 2010.
El Ayuntamiento de Almuñécar, cuando se resuelva por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, el recurso de los abogados del Camping que el propio Tribunal ha admitido a trámite, actuará conforme a derecho, concluye el comunicado.
la alcaldesa de Almuñécar niega las supuesta represalias contra empleados municipales
Costa Digital
La Alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, lamenta en un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación, que la acusen de adoptar represalias contra los despedidos y suspendidos por el Ayuntamiento cuando los mismos se basan en decisiones apoyadas en hechos y datos objetivos. En cuanto a la acusación de presunta “corrupción urbanística” formulada por ellos, la Alcaldía las califica de deleznables y exponer lo siguiente:
“Los aludidos Sres. son libres de acudir a las instancias que estimen convenientes para dilucidar cualquier cuestión. Tal como siempre lo ha manifestado, la Alcaldesa de Almuñécar lamenta que algunos ciudadanos pretendan instrumentalizar la Fiscalía con denuncias infundadas para intentar causar daño a regidores.
En todo caso, esta Alcaldía tiene tranquilidad absoluta respecto a las investigaciones que se produzcan, y facilitaremos los datos y documentación existentes a quién corresponda para demostrar que el Ayuntamiento de Almuñécar actúa con escrupuloso respeto a la legalidad. Igualmente por parte de la Alcaldía se ha de hacer público que no tiene conocimiento a la fecha de hoy de que se haya interpuesto por las indicadas personas denuncia o querella alguna contra la Alcaldesa, por lo que es igualmente incierto que las decisiones adoptadas en cada uno de sus casos se deba a ningún tipo de represalia.
La situación del Camping El Carambolo sito en la CN-340 regentado por Colibrí C.B. y Karanda S.L. no es una excepción a la regla que desde esta Alcaldía se impone día a día: cumplir las leyes y las resoluciones de los Tribunales. En el mes de enero de 2012 se ha dictado Decreto por el Sr. Secretario del Juzgado nº. 3 de Granada, estimando un recurso de los abogados del citado Camping, de forma que la Pieza Separada de Suspensión no se ha archivado al estar pendiente de resolver por el Tribunal Superior de Justicia, otro recurso de los letrados del Camping”.
La Junta de Andalucía, el Colegio Profesional de Arquitectos, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar... Todos contra Passolas, bien defendido por su cómplice Benavides
Otra historia: la venganza del arquitecto municipal contra el presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Arquitectos que acordó inhabilitarlo
9-12-2008. Benavides reabre un expediente urbanístico que él mismo había cerrado
Benavides ha reabierto un expediente urbanístico que él mismo había ordenado cerrar. El acuerdo ha sido tomado por la Junta Local el 3 de noviembre. Bajo un aspecto meramente técnico se oculta lo que podría ser una posible venganza.
El expediente urbanístico reabierto ahora de una manera sospechosa y claramente ilegal, se tramita contra un miembro del Colegio de Arquitectos. Curiosamente, este señor ha sido durante varios años presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Arquitectos y no podemos olvidar, cuenta Fermín, que fue este órgano el que acordó la inhabilitación del arquitecto municipal de Almuñécar por un periodo de cuatro años. El arquitecto municipal, señor Passolas recurrió ante el Colegio Andaluz esta condena impuesta por sus compañeros y también en Sevilla vieron procedente inhabilitar a Passolas, aunque reduciendo a dos años la sanción. En la actualidad, el tema está en los tribunales porque Passolas ha interpuesto un recurso contra la decisión del Colegio Oficial de Arquitectos.
Inmediatamente se abrieron tres expedientes urbanísticos sobre una vivienda que la familia de este directivo del Colegio de Arquitectos tiene en Almuñécar. Es imposible no vincular ambas decisiones, ya que estamos hablando de una vivienda con más de veinte años de antigüedad, a la que, por cierto, fue Passolas quien dio la licencia. Los expedientes son tan carentes de base y tan faltos de rigor que la abogada del ayuntamiento encargada de analizarlos, emitió informe negativo. En el mismo sentido iba el informe emitido por el Servicio de Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía.
Ante la contundencia de estos informes, Benavides, mediante sendos Decretos de Alcaldía, declaró caducados los expedientes urbanísticos de esta vivienda. Además de los dos informes anteriores, existe un tercero elaborado en julio de este mismo año por Gerardo Villén, jefe de la Sección Administrativa de Urbanismo. Este técnico municipal también da la razón a esta familia y declara sin lugar a dudas que no ha habido irregularidad urbanística de ningún tipo.
En esos años, los afectados por los expedientes han interpuesto tres contenciosos contra el ayuntamiento y una demanda penal contra Passolas. Los tres contenciosos han sido contrarios a Passolas. En el penal, el juez ha imputado a Passolas y aún no hay sentencia. Una vez perdidos por el ayuntamiento los tres contenciosos, da la impresión de que estos expedientes se han reabierto con el único fin de proporcionar una defensa al señor Passolas en la causa penal que contra él se está tramitando.
El acuerdo de reabrir los expedientes se ha tomado en base a un informe de Tastet. IU pregunta quién ha pedido el informe porque es importante saber si lo ha pedido el alcalde o lo ha pedido el arquitecto municipal. La reapertura, ahora, de estos expedientes es completamente irregular desde el punto de vista legal, pero sobre todo, es preocupante porque pone de manifiesto un juego perverso en el ayuntamiento en el que ya no se sabe si es Benavides el que manda sobre Passolas o es Passolas el que manda sobre Benavides.
En cualquier caso, hay que ir al fondo del asunto y es que esta contradicción hay que explicarla y justificarla. Suponiendo que haya base jurídica para reabrir los expedientes, habría que preguntarse entonces por qué motivo se cerraron. ¿Acaso eran erróneos los informes concluyentes de la Junta y de Mari Luz Antequera (la abogada del ayuntamiento para estos temas)? ¿Cometió una arbitrariedad Benavides entonces al cerrarlos o ahora al reabrirlos? ¿No tiene valor el informe de Gerardo Villén, jefe de la sección administratriva de Urbanismo?
Desde IU pedimos a la Administración y a la Justicia que intervengan para acabar con un estado de cosas que deja a los ciudadanos indefensos ante la arbitrariedad y el despotismo.
La misma triste historia contada de otra manera. Gerardo se come el marrón mientras su jefe disfruta de su ilegal vivienda
La Justicia expulsa de la función pública al aparejador de Almuñécar por delinquir
Atentó contra la ordenación del territorio al autorizar irregularidades en el chalé de la esposa de Rodríguez Passolas, el arquitecto municipal El acusado alegó en su defensa que su «interpretación de la normativa urbanística» es la que se aplica en la ciudad desde hace dos décadas
Ideal. Carlos Morán
Se supone que una de las prioridades de un aparejador que cobra una nómina municipal es velar a por una buena ordenación del territorio. Pues bien, el técnico que ejerce esa función en el Ayuntamiento de Almuñécar ha sido condenado por hacer justamente lo contrario, esto es, atentar contra la ordenación del territorio.
La sentencia dictada por un juzgado de Motril -que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial- es clara al respecto: Gerardo García Vilent, que así se llama el ahora condenado, consintió diversas irregularidades en la construcción de un chalé -casi una mansión- que es propiedad de la esposa de José Luis Rodríguez Passolas, a la sazón, arquitecto municipal de Almuñécar, un detalle que está recogido en el apartado de hechos probados de la resolución judicial y que, por razones obvias, resulta muy llamativo.
La pena prácticamente coincide con la que solicitó la Fiscalía de Granada: inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años, multa de 4.320 euros -en caso de impago, debería ingresar en prisión- y, además, debe pagar las costas del proceso -el Ministerio Público había reclamado un año más de inhabilitación para el encausado y una sanción económica algo más elevada-.
Uno de los argumento defensivos del aparejador, seguramente el principal, fue el siguiente: su «interpretación de la normativa urbanística» -la que se tradujo en las infracciones que dieron origen al pleito- es la que se ha venido aplicando en la ciudad sexitana durante las dos últimas décadas. Y ya se sabe que veinte años no son nada...
La sentencia recalca, por contra, que la actuación del aparejador no era el fruto «de una interpretación de la normativa, sino una creación de la misma por parte del acusado que cumple los requisitos del tipo penal».
De esta forma rebate el juzgado la sorprendente alegación de que en Almuñécar se venían haciendo las cosas como las hizo el aparejador desde hace «más de veinte años»... O quizá no sea tan sorprendente. No constituye un secreto para nadie que el urbanismo de Almuñécar está bajo sospecha desde hace bastante tiempo. Incluso hay quien piensa que demasiado.
Más historia. Un compañero de trabajo pierde su empleo por hacer la vista gorda ante la construcción claramente ilegal de la casa del arquitecto
Publicado el 9 enero 2009 por webmaster
El juzgago lo considera culpable de un delito urbanístico por permitir irregularidades en la casa de la esposa del arquitecto municipal
Un Juzgado de Motril ha condenado al aparejador municipal de Almuñécar a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público y a una multa por permitir el desarrollo de una vivienda de la esposa del arquitecto municipal pese a que incumplía normas urbanísticas.
El fallo del Juzgado de lo Penal 1 de Motril, al que hoy ha tenido acceso Efe y contra el que cabe recurso de apelación, condena a Gerardo G.V. como autor de un delito contra la ordenación del territorio a la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros (4.230 euros) e inhabilitación por tiempo de siete años.
El Juzgado considera como hechos probados que la esposa del arquitecto municipal de Almuñécar solicitó en el año 2000 licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar en la localidad y presentó para ello un proyecto, que le fue concedida previo informe favorable del acusado en su calidad de aparejador municipal.
Finalizada la obra en el mes de agosto de 2002, indica la sentencia, el procesado emitió informe favorable a la concesión de licencia de primera ocupación.
Las obras fueron denunciadas ante la Unidad de Gestión y Disciplina Urbanística de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, iniciándose un expediente en el que se instó al Ayuntamiento para que procediera a la revisión de la licencia concedida, sin que por el Consistorio se haya procedido a la revisión interesada.
Asimismo Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Fiscalía contra el arquitecto municipal de Almuñécar, su esposa y el acusado entendiendo “ilegales” los actos administrativos que habían dado lugar a la concesión de las licencias oportunas por infracción de la legalidad vigente en materia urbanística en el municipio.
Según precisa la resolución judicial, el terreno sobre el que se llevó a cabo la construcción está calificado por el Plan General de Ordenación Urbana como suelo urbano, si bien la obra realizada excede, en aplicación de la normativa, el número de plantas permitidas.
Incumple además la obligación de quedar la edificación por debajo de una plano paralelo a la rasante natural del terreno y situado a seis metros de altura y excede del máximo permitido de edificabilidad.
La sentencia indica que el acusado, conocedor de la normativa urbanística que regía para la zona donde se levanta la edificación, así como de la “contravención” de la misma con dicha normativa, informó favorablemente la concesión de las licencias.
Recordando una vieja historia. Un arquitecto inhabilitado por su propio Colegio Profesional que sigue pendiente de una resolución definitiva en vía judicial
Diario Granada Hoy. 2 de enero de 2007
El Colegio de Arquitectos sanciona al jefe de Urbanismo de Almuñécar
Sevilla. M. E. Khattat.
El comité de ética del Colegio de Arquitectos de Granada ha propuesto una sanción de inhabilitación profesional al jefe de Arquitectura y Urbanismo de Almuñécar, José Luis Rodríguez- Passolas, por vulnerar artículos del código de deontología colegial a raíz de su participación como socio en un estudio de arquitectura que entre 1998 y 2003 desarrolló una intensa actividad mercantil en Almuñécar.
Rodríguez-Passolas es el máximo responsable técnico del área que debe informar de la legalidad de esos proyectos, y todos los que se presenten en el municipio solicitando licencia de construcción en Almuñécar y La Herradura.
Según ha podido saber Granada Hoy, el expediente tramitado por el comité de deontología de Granada acabó en una propuesta de 4 años de inhabilitación para Rodríguez-Passolas, si bien dicha sanción está siendo revisada actualmente por el comité andaluz, que podría rebajarla a la mitad. Junto a Rodríguez-Passolas ha sido expedientado su antiguo socio en la sociedad Poflogest, un estudio de arquitectura que tuvo sede social en Almuñécar hasta 2003 y que entonces, coincidiendo con salida de Rodríguez-Passolas de la sociedad, se trasladó a Granada.
Los antiguos socios, según el dictamen del consejo de deontología de los arquitectos granadinos, han vulnerado preceptos éticos que aluden a supuesto enriquecimiento injusto.
La actuación disciplinaria se ha producido tras una investigación de oficio realizada por el Colegio de Arquitectos de Granada que concluyó en verano y que aún no es firme, toda vez que ambos recurrieron ante el comité andaluz de deontología, que hace unos días se reunió para examinar las alegaciones de los dos arquitectos.
En todo caso, la eventual sanción para el jefe de Urbanismo de Almuñécar y su socio deberá ser refrendada finalmente por el consejo de decanos de Andalucía, que podría reunirse este mes. Si los recursos de los antiguos socios en el estudio en Poflogest no prosperan, ambos quedarán inhabilitados para visar proyectos en todos los colegios de arquitectos de España durante el tiempo que estime el comité andaluz de deontología y los decanos de la comunidad autónoma.
La investigación sobre la sociedad Poflogest es antigua. Antes del actual expediente, el estudio de arquitectura ya fue expedientado por denuncias privadas sobre el supuesto bloqueo profesional que producía en Almuñécar la fluida relación entre Poflogest y el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar.
Sin embargo, aquellos dos expedientes fueron archivados porque el comité de deontología no llegó a emitir una resolución antes de los seis meses que el colegio tiene de plazo para concluir una investigación interna.
Si finalmente la sanción es firme, además de aplicar la pena disciplinaria de inhabilitación, el Colegio de Arquitectos estaría obligado estatutariamente a poner en manos de la Justicia ordinaria el expediente disciplinario si considera que los hechos que declaran probados pueden tener alcance penal.
Hasta ahora eso no ha ocurrido. La Fiscalía de Granada ha archivado en dos ocasiones las denuncias que Ecologistas en Acción han presentado en idéntico sentido que la resolución del comité de deontología de los arquitectos de Granada.
El movimiento ecologista, convertido en uno de los ‘azotes’ del urbanismo en Almuñécar, también se dirigió en su momento al colegio de arquitectos para denunciar la supuesta incompatibilidad de Rodríguez-Passolas.
El conflicto ético, a juicio de Ecologistas en Acción, se deriva del hecho de que Rodríguez-Passolas dirija un departamento clave en la gestión urbanística de Almuñécar, en la que su estudio de arquitectura hasta 2003 –y de su socio– desarrollase una destacada actividad, que atraía gran parte de los proyectos que se firmaban en Almuñécar (99 proyectos durante 5 años), lo que supuestamente perjudicaba a otros profesionales del sector de la arquitectura.
Rodríguez-Passolas, cuya vivienda particular está siendo investigada por la Justicia ordinaria, es arquitecto municipal de Almuñécar desde hace veinte años y es el responsable de la oficina que ha elaborado para el gobierno de Juan Carlos Benavides el controvertido PGOU almuñequero.
El arquitecto municipal pone en venta una casa ilegal sin informar de que la Junta ha pedido la revisión de su licencia
Ya sabíamos que el arquitecto tenía una casa ilegal. Por dar el visto bueno a esa casa, su compañero de trabajo Gerardo García Villén perdió el empleo al ser condenado por la Justicia. Ya sabíamos que el arquitecto municipal estaba inhabilitado por el Colegio de Arquitectos pese a lo cual Benavides lo mantenía al frente del Urbanismo. Ya sabíamos que el arquitecto municipal emitía informes contradictorios en función de quién fuese el afectado. Y de lo penúltimo que nos habíamos enterado es de que al ser juzgado por el feo asunto del Colegio Inglés, había argumentado en su defensa que no podía haber delito en esa construcción puesto que el PGOU de Almuñécar no estaba publicado por completo en el boletín oficial.
Después de saber todo eso, ahora nos hemos enterado por una página inmobiliaria de que tiene en venta su casa ilegal al módico precio de 1.300.000 euros. Es de suponer que advertirá a los compradores del hecho de que la Junta de Andalucía ha pedido la revisión de su licencia.
Esta es su mansión, y si quieren verla con más detalle, pueden pinchar en el siguiente enlace. http://www.cumbrevillas.com/buy/villa-almunecar-for-sale/163074
IU de Vélez Benaudalla critica la actitud incomprensible del PSOE
Izquierda Unida de Vélez de Benaudalla interpuso el pasado 18 de diciembre una denuncia ante la Inspección de Trabajo, por los supuestos abusos laborales que estaba cometiendo la empresa concesionaria en la construcción de un nuevo colegio. De igual forma puso estos hechos en conocimiento de la Junta de Andalucía para que actuara de forma inmediata en aras de aclarar estas sospechas y actuara con contundencia como responsable de la concesión de la obra.
Cuál es nuestra sorpresa, cuando unos días después nos encontramos con unas declaraciones en prensa realizadas por la agrupación local del PSOE, en las que nos llaman ruines. ¿Ruines? ¿Por qué? ¿Por defender los derechos de los trabajadores?, ¿por defender la “O” de obrero que ellos llevan en sus siglas y que hace años han olvidado?
El Partido Socialista de Vélez de Benaudalla lleva todo lo que va de legislatura anclado en una campaña de desprestigio hacia Izquierda Unida, llegando a insinuar en este último pleno que existe un pacto secreto con el partido que gobierna en el municipio en la actualidad, llegando incluso a preguntar cuáles son las funciones que tiene el concejal de IU dentro del equipo de gobierno actual del PP.
Izquierda Unida está en la oposición, realizando una labor constructiva y de trabajo por y para el pueblo, no pudiendo decir lo mismo del PSOE, que parece no haber asimilado que ha perdido las elecciones y que no puede culpar a Izquierda Unida de no haber hecho pacto, sino que deberían buscar dónde están sus errores.
Izquierda Unida no busca la foto. Izquierda Unida lucha y trabaja por los trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio. Por ello en el pleno celebrado en pasado día 31 nuestro concejal José Antonio Castro rompió las conversaciones, negociaciones y cualquier tipo de acercamiento con el PSOE hasta que su actitud con nuestra coalición cambie radicalmente.
Los grupos políticos sexitanos cuentan con oficina municipal en La Herradura
Costadigital
Los grupos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Almuñécar (PP, PA, PSOE, IU y CA) cuentan desde esta semana con una oficina para atender a los vecinos de La Herradura, situada en las dependencias municipales del Centro Jate, junto al mercado municipal, según informó el Teniente de alcalde, Juan José Ruiz Joya.
La oficina de atención al público en La Herradura fue una reivindicación de los grupos desde la pasada legislatura y en las últimas semanas se volvió a recordar, por lo que, desde la Tenencia de Alcaldía se urgió a realizar los trámites oportunos y habilitar este espacio con el fin de atender a los vecinos en una oficina y no en la calle directamente como se ha venido realizando antes.
Ruiz Joya, explicó que la nueva oficina estará ocupada cada día de la semana, en horario matinal que disponga cada uno, por un grupo distinto: los lunes será el PP; los martes, por el PSOE; los miércoles, por IU; los jueves, por CA y, los viernes, por el PA.
“Este es un paso más para facilitar la relación de los vecinos con los representantes municipales sin tener que trasladarse hasta Almuñécar. Era algo que ya demandamos cuando estábamos en la oposición y que ahora en el gobierno, ponemos en servicio”, sentenció el teniente alcalde de La Herradura que también cuenta con despacho en las mismas dependencias municipales.
Hace cuatro años anuncié lo de Urdangarin
Iñaki Anasagasti
Cuando Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se casaron en Barcelona, el Lehendakari Ardanza les hizo un buen regalo. La actuación del Orfeón Donostiarra en la vistosa ceremonia de su catedral gótica. El padre del novio era un afiliado del PNV, el joven se llamaba Iñaki, Jose Mari Gerenabarrena era amigo de la familia y todo el mundo estaba encantado. Fue el clásico espectáculo de masas del que nunca supimos su costo, pero como los cuentos de hadas no tienen valor, pues todos les deseamos fueran felices y comieran perdices.
A mí me supuso que me vasquizaran el nombre en el ABC. Bautizado y registrado como Iñaki Mirena, Luis María Ansón la tenía emprendida contra al nombre sabiniano. A raíz de aquella boda, recuperé mi nombre original en el periódico de la derecha española. No tengo pues la menor animadversión contra esta pareja sino mucho respeto y solidaridad hacia los padres del ex jugador de balonmano, al que acaban de bautizar como "talón-mano ".
Con éste antecedente la pregunta que uno se hace es como un chaval bien parecido, deportista y con una vistosa familia, se haya metido en semejante barrizal que ha destrozado su vida y le ha clavado a la monarquía española un rejón de fuego. ¿Un submarino republicano para dinamitar desde dentro la Institución?. No parece. ¿Una incursión en los negocios con la misma mentalidad de lo que veía a su alrededor? Quizás ésta puede ser la explicación, pues es difícil haya otra.
Bien es cierto que el status de la familia real no está contemplado en la Constitución. No existe. Y tan es así que el heredero solo aparece a efectos sucesorios. Para nada más. Toda esa ridícula parafernalia de reverencias de las señoras, besamanos, lectura de pregones, presidencia de actos de todo tipo, entrega de premios, tiene el mismo valor que si usted, con su hijo se ponen a hacer lo mismo, pues ese papel no les está asignado en ningún artículo de la Constitución. En ella solo habla del rey. De nadie más.
De ahí que todas esas presidencias de organismos y de la credibilidad que se le atribuía a sus negocios "pues detrás está la Casa Real", no es más que la evidencia de una Corte corrupta, de la idiotez del español a la hora de hacer la pelota a un ciudadano normal y sobre todo de las falta de control político hacia una Institución a la que el erario público mantiene porque su acción ha de basarse en la ejemplaridad. ¿Ejemplaridad la de Juan Carlos de Borbón? ¡Vamos hombre!.
Yo rompí con todo ese mundo de mentiras a raíz de la guerra de Irak. Hasta entonces habíamos seguido con esa ficción del Pacto con la Corona que jamás percibí, pero tras mantener con el rey un diálogo duro en el que me dijo que él era militar y le gustaban las guerras y yo contestarle que se fuera él y le mandara a su hijo, revisé la Constitución y vi que el artículo 63 le daba un papel como jefe de las Fuerzas Armadas. Y tras negarnos una audiencia a los Grupos de la Cámara, salvo al sumiso Zapatero, en una de las sesiones, bajé a la tribuna del hemiciclo del Congreso y denuncié al rey por su pasividad, su falta de coraje, la dejación de sus funciones y su poca personalidad ante un Aznar que se había reunido en las Azores con Bush, Barroso y Blair y quería mandar tropas a una guerra "para sacar a España del rincón de la historia".
Se armó la de Dios es Cristo
Aún recuerdo el abucheo de Rajoy, Acebes, Rato, Mayor Oreja y Arenas. Era la primera vez que desde aquella tribuna Pulgarcito se atrevía a meterse contra Goliat, el gigante de la transición y además desde un partido nacionalista. Eran tiempos de mayoría absoluta de Aznar y en aquella Cámara solo había rodillo y tente tieso.
Tras esto y puestas las cosas en su sitio me dediqué a preguntar sobre las cacerías con osos borrachos, viajes extraños, gastos inútiles, uso de aviones sin ton ni son, cambio constitucional para que no exista primacía del varón sobre la mujer en la actual y muy machista Constitución española, los Premios Príncipes de Asturias a mayor gloria del heredero, costo de la boda de Felipe y Letizia, presupuesto de la casa Real, papel del Rey el 23-F, y cosas así.
El gobierno jamás me contestó. Respondían con dos líneas diciendo que el rey es irresponsable, es decir no responde ni ante los jueces, ni ante Dios, ni ante la historia y que haría mejor en condenar a ETA. Curiosamente los más beligerantes eran los socialistas a los que todo esto les incomodaba y dejaba patente su poco respeto al republicanismo de su historia.. ¿Y en casa?. "Cosas de Iñaki". Pero a la gente le gustaba se fuera contra éste abuso continuo de poder.
Pero no eran cosas mías. Independientemente de que el rey Juan Carlos está ahí porque nos lo dejó un dictador cruel y sanguinario y él jamás ha condenado aquella dictadura sino se ha beneficiado de ella, e independientemente de que en la Constitución se metiera de matute la monarquía parlamentaria sin referéndum como hubo en Italia, la actual Jefatura del Estado no puede ser irresponsable ante la ley y no puede usar fondos públicos sin que haya un ojo público para vigilar sus gastos. Y estas evidencias no pueden ser "cosas de Iñaki" sino de algo tan simple como la salud democrática de un país. Yo no soy el Peñafiel vasco como alguno ha querido describirme para anular mis denuncias, sino un parlamentario que tiene la obligación de controlar al gobierno y a ser posible, a la Jefatura de un estado, que permite se viva en la corrupción mientras se le orla con el premio a la virtud.
Mi denuncia fue la única y la primera. Luego vino Tardá de ERC y ahora IU, pero a efectos de notaría, fue el PNV, porque yo hablaba en nombre del PNV, quien puso el dedo en la llaga. Que Amaiur tome el dato.
A raíz de toda ésta tormenta, la editorial "La Esfera de los Libros" me pidió en 2007 escribiera un libro con mis experiencias en este campo. Y lo hice y titulé "Una monarquía protegida por la censura". En ella hablaba de mis vivencias con ese mundo de ficción, desde dentro del sistema, y denunciaba los negocios de Iñaki Urdangarín desde la página 101 a 104 en el capítulo "La Familia sí recibe". Pero a mí no me recibieron. Torpemente la editorial envió el libro a la Casa Real y ésta negó su publicación. Pero al poco el libro se editó. Lo hizo Javier Ortiz pero la sordina que le pusieron como para escribir otro libro con lo que había supuesto superar aquella carrera de obstáculos.
Curiosamente el libro se publicó un año después de que la pareja y sus niños fueran enviados a Washington en 2006, nombrándole al duque de Palma, consejero de Telefónica. ¿No sabían en que negocios andaba el yerno?. Por supuesto. Pero el Rey quiso encubrirle sacándolo de circulación. Y el encubrimiento, para la gente normal, es un delito tipificado en el Código penal. Pero el rey es "irresponsable".
Cuando nadie sabe el presupuestos exacto de la Casa del Rey, cuando nadie controla sus gastos como ocurre con otras monarquías, cuando el rey recibe regalos de todo tipo y no pasan a la contabilidad del Patrimonio del Estado, cuando la opacidad es total y los medios aplauden semejante corrupción, cuando primeros coches, primeras motos, comisiones de jeques petrolíferos han hecho de Juan Carlos de Borbón uno de los hombres más ricos de Europa, cuando nada de todo esto se podía investigar, llegó a semejante patio de monipodio un chaval al que lisonjearon, reverenciaron, tentaron y el hombre y su gentil esposa cayeron en el pozo hasta el punto que incluso metieron a sus hijos menores en empresas y enjuagues impropios de una familia respetable. Se creían inmunes, impunes y protegidos por la censura y la bobaliconería de la Villa y Corte. Y eso, es para mí, lo que ha pasado. Porque en La Zarzuela si alguien se atrevía a decir algo, seguramente responderían: "Cosas de Iñaki". Pero de Iñaki Urdangarin, Duque de Palma.
La pregunta es... ¿Por qué Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, socia en todo este montaje, no están todavía imputados si ya lo está Diego Torre, el socio y los responsables de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia que firmaron esos contratos con esa ONG con ánimo de lucro?.
Me imagino que el PP, Trillo y la Casa Real estarán metiendo horas extras para tratar de salvar algún mueble que otro, sobre todo a la Infanta.
Lo malo es que quien creó el microclima para que ésto sucediera seguirá ahí felicitando las Pascuas en su mensaje de Navidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero quien de verdad está desnudo, es el propio rey. No solo su yerno y su hija. Y quien está tocada de verdad, es esta monarquía heredera de un dictador.
El Ayuntamiento de Almuñécar calcula una deuda de 45 millones
Ideal
El nuevo equipo de gobierno se ha echado las manos a la cabeza al conocer la deuda del Consistorio y ya planea acciones para afrontar la ‘herencia’ de los anteriores gobernantes. «Una vez cerradas las cuentas, tenemos un Ayuntamiento que debe más de 45 millones de euros a fecha 31 de diciembre de 2010. Esa es la lamentable situación que nos hemos encontrado», ha expresado el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Laborda.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar trabaja estos días en los presupuestos del ejercicio 2012, tras hacer un «duro esfuerzo» en el cierre de los ejercicios contables que, desde 2007 hasta la fecha, se encontraban pendientes. Dicho retraso en los cierres contables ha supuesto que el Ayuntamiento de Almuñécar «haya sido sancionado por la Administración Tributaria con el bloqueo en el ingreso de los tributos del Estado que asciende a 1.546.011 euros, que están bloqueados y que el Ayuntamiento ha dejado de percibir, con los consiguientes perjuicios que eso conlleva», según explica el concejal de Economía.
Laborda cuenta que esta cantidad retenida será ingresada en breve, por lo que se está trabajando en un calendario de pagos para que los proveedores puedan ir cobrando con más asiduidad.
IU denuncia una estafa al ayuntamiento
IU piensa que se pueden haber cometido varios delitos que tendrá que calificar quien corresponda y que habría que poner en conocimiento de la justicia. A primera vista. podríamos estar ante un delito de estafa al ayuntamiento y otro de malversación de fondos, además de un tercero de prevaricación.
El ayuntamiento pagó en 2010 un total de 49.829 euros a la empresa Viales Plata por unas obras que la empresa no llegó a terminar. Las obras fueron contratadas con el título de “Red de Hidrantes en Peña Escrita”, y su objetivo era mejorar la protección contra incendios con una red de tuberías bajo tierra. Según un informe técnico del 23 de enero de 2012, estas obras se han quedado a medio hacer, aunque se han pagado en su totalidad ya que había un certificado del ingeniero municipal asegurando que se habían terminado.
Según los datos de que dispone IU, las tuberías no se colocaron bajo tierra como exigía el proyecto y además sólo se han colocado 16 hidratantes de los 21 que figuraban en el contrato. Además, 7 hidrantes no tienen arquetas ni tapas. Aparte de la estafa, esta situación es peligrosa porque en el ayuntamiento se tenía la certeza de tener un sistema contra incendios que no existía.
Es decir, los contribuyentes almuñequeros hemos pagado más de ocho millones de pesetas por un sistema contraincendios que no existe. Benavides ordenó que las obras se pagaran porque el ingeniero municipal había certificado la conclusión de las mismas. Las certificaciones de obra se realizaron en cuatro fases: 17 de junio, 30 de junio, 11 de agosto y 13 de diciembre de 2010. Al amparo de esas certificaciones, la obra se pagó en cuatro plazos. El último se abonó el 21 de diciembre de 2010.
Al margen de las medidas disciplinarias en el orden interno, es necesario que este tema se aclare en los tribunales y la empresa explique por qué dejó la obra a medio hacer y se marchó cobrando el total. Esta conducta no es lógica en una empresa que ha trabajado en varias ocasiones para el ayuntamiento. El incumplimiento del contrato era tan evidente que cuando la empresa dejó la obra a medias debía tener la certeza de que nada le iba a pasar. Y eso lleva a la pregunta siguiente, que es dónde ha ido a parar ese dinero que se pagó por un trabajo no realizado.
IU espera que el anterior alcalde y la alcaldesa ejerzan la acción penal contra la empresa que cobró sin hacer la obra y contra el técnico municipal que certificó que la obra se había terminado.
Si el ingeniero certificó la obra como acabada y el alcalde desconocía esta situación, es evidente que el ingeniero, además de cometer un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, engañó al anterior alcalde y éste debería proceder judicialmente contra él. Si, por el contrario, Benavides ampara y defiende a este señor, hay que considerarlo conocedor de la estafa que se ha cometido a la hacienda municipal y cómplice de la misma.