IU traslada al PSOE “la seria preocupación por la evolución de la crisis y el paro” y logra el compromiso de “no dar por cerrada la reforma electoral”

El coordinador federal, Cayo Lara, junto a Miguel Reneses y Montserrat Muñoz, se reunieron durante cerca de hora y media con José Blanco y Leire Pajín en un encuentro celebrado “en tono positivo y con intercambio de opiniones constructivo”.
 
Una representación al máximo nivel de la dirección federal de Izquierda Unida ha mantenido hoy una reunión con una delegación del PSOE en la que les han trasladado la “seria preocupación por la evolución de la crisis económica y el incremento del desempleo en nuestro país”. Otro de los puntos tratados ha sido la necesidad largamente expresada por esta formación de acometer una “reforma electoral en profundidad que devuelva la representatividad y la justicia democrática a un sistema electoral cada vez más cuestionado”.
 
La reunión celebrada en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz “en tono positivo y dentro de un intercambio de opiniones constructivo”, se prolongó por espacio de más de una hora y media. La delegación de IU estuvo encabezada por su coordinador federal, Cayo Lara, a quien acompañaron el secretario de Organización, Miguel Reneses, y la responsable de Relaciones Institucionales, Montserrat Muñoz. Los interlocutores del PSOE fueron sus números dos y tres, José Blanco y Leire Pajín.
 
Los representantes de Izquierda Unida trasladaron a sus homólogos socialistas la “ineludible necesidad de abordar la lucha contra la crisis económica desde una perspectiva y una salida social que, en ningún caso, contemple el recorte de derechos que tanto ha costado conquistar y mantener a los trabajadores”. En este sentido, reiteraron la obligación de adoptar medidas que vayan dirigidas prioritariamente a combatir con decisión una tasa de paro que es el principal problema para la vida diaria de los españoles”.
 
En relación con la reforma electoral, la delegación de IU logró el compromiso de los representantes de la dirección de PSOE de “no dar por cerrada definitivamente en sede parlamentaria su postura de descartar modificaciones de calado a la Ley Electoral en la línea que viene reclamando Izquierda Unida desde hace muchos años y que ha sido avalada por el informe del Consejo de Estado de 2009, elaborado a requerimiento del propio Gobierno socialista”.
 
Los representantes de IU detallaron a los dos dirigentes socialistas que “existe una amplia baraja de posibilidades para adecuar el sistema electoral a formas más proporcionales y representativas que no necesitan ni una reforma constitucional, ni alterar de forma radical los procedimientos seguidos hasta ahora, ni suponen aumento del gasto para las cuentas públicas, todo lo contrario”, respondiendo así a algunos argumentos lanzados, incluso desde el propio seno del PSOE, para rechazar cualquier cambio.
 
En esta reunión, la primera que se produce al más alto nivel desde la llegada de Cayo Lara a la coordinación federal de IU y también de la asunción de sus nuevas competencias por parte de Blanco y Pajín, se acordó a su vez normalizar y actualizar los canales de comunicación y diálogo entre ambas formaciones para poder valorar en profundidad, cuando así lo estimen ambas partes, los principales temas de coyuntura política y económica.
 
En el orden interno de IU, sus representantes trasladaron a los interlocutores socialistas la decisión adoptada por su Consejo Político Federal (máximo órgano de decisión entre asambleas) de abordar las próximas citas electorales dejando claro que desde esta formación no se favorecerá ni por acción ni omisión que la derecha pueda ampliar su ámbito de poder y de control.
 
En el encuentro también se habló de la actual situación judicial y de la evolución que están teniendo determinados casos muy señalados, entre ellos algunos relacionados con la corrupción política que afecta a la pérdida de credibilidad en la acción pública y de las instituciones representadas por los cargos democráticamente elegidos.
 
Los representantes de IU no ocultaron a los dirigentes socialistas su “preocupación por la situación en que se encuentran algunos órganos judiciales” debido tanto a su pronunciamiento como a su inacción ante determinadas cuestiones importantes. Se habló detalladamente de todo lo que afecta a la situación del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y cómo pueden influir las decisiones que se tomen sobre él a la credibilidad no sólo del sistema judicial sino de la propia imagen y calidad de nuestro sistema democrático y de libertades.
 
En el encuentro se tocaron buena parte de los detalles que afectan a este juez en relación con las investigaciones emprendidas sobre los crímenes del franquismo y sus consecuencias, pero también las derivaciones de la instrucción que emprendió sobre el ‘caso Gürtel’ y las distintas ramificaciones que ha tenido la misma.
 
Se habló también de cómo afecta a la credibilidad del Tribunal Constitucional su incapacidad para pronunciarse sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña y la evolución que puede tener este decisivo órgano judicial a corto y medio plazo.

Europa Laica reclama la eliminación de las casillas de asignación tributaria a la Iglesia católica y a fines sociales en el IRPF: Cifra en más de 7.000 millones de euros la financiación pública anual de la Iglesia católica

La asociación estatal Europa Laica ha presentado hoy, en una rueda de prensa en Madrid, la campaña “En el IRPF, ninguna cruz”, con la que pide a los contribuyentes que no marquen la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica ni la de fines sociales en la declaración de la renta y reclama al Estado la eliminación de ambas. Esta asociación estatal impulsa esta iniciativa tras el inicio, por parte de la Agencia Tributaria, del proceso de declaración de la renta correspondiente al año 2009.

Europa Laica considera que el actual sistema impositivo supone una discriminación para los contribuyentes que no señalan ni la casilla de asignación tributaria para la Iglesia católica ni la de fines sociales, pues quienes marcan una o ambas casillas reducen su aportación al Estado en un 0,7% (o un 1,4% si marcan ambas marcan ambas). Con este sistema el Estado conculca el artículo 31 de la Constitución que indica todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en condiciones de igualdad.

Europa Laica rechaza la casilla de asignación tributaria para la Iglesia católica porque considera que el Estado fija para unos el privilegio de decidir a qué dedican el 0,7% de sus impuestos, mientras que otros no pueden decidir a qué entidad lo destinan. La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión católica y la discriminación para ateos, agnósticos, indiferentes y creyentes de otras religiones. El Estado vulnera así el artículo 14 de la Constitución, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna.

Europa Laica rechaza también la casilla de asignación tributaria a fines sociales porque aproximadamente un 40% de lo que se recauda por este concepto se entrega a organizaciones y fundaciones católicas; de ahí que la jerarquía católica anime a marcar ambas casillas.

Esta asociación cree que los fines sociales que puedan cubrir las ONG son de tal importancia que deben ser financiados directamente por el Estado, sujetos a control del Parlamento y sin depender de los vaivenes recaudatorios.

Tanto la jerarquía de la Iglesia católica, que gestiona directamente el 0,7% (252 millones de euros en 2009), como las organizaciones católicas financiadas con la casilla de 0,7% a fines sociales, dedican parte de sus recursos a sufragar costosas campañas para promover la represión sexual, la discriminación por razón de género u orientación sexual, contra la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, contra los avances científicos para mejorar las condiciones de vida y de salud, o contra la eutanasia y la muerte digna, muchas veces con agresivas acciones para deslegitimar leyes aprobadas por el Parlamento.

Europa Laica propone que los fieles financien de forma directa el culto y el clero de sus confesiones religiosas.  Por ello, rechaza incorporar cualquier nueva casilla para otras confesiones religiosas, pues el Estado no se debe convertir en recaudador, y menos aún detrayendo fondos de la “caja común” del Estado.

Sólo el 34,3% de los contribuyentes marcó la casilla de la Iglesia católica

Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 2009, el 21,7 % de los contribuyentes marcó sólo la casilla de la Iglesia católica, y el 12,6 % tanto la de la Iglesia católica como la de fines sociales. Así, el 65,3% de los contribuyentes no señaló la casilla de la Iglesia católica. No hay datos sobre el porcentaje que marcó sólo la de interés social o no marcó ninguna.

Más de 7.000 millones de euros

Por otro lado, con información recopilada de distintas Administraciones Públicas, Europa Laica ha presentado un informe en el que cifra en más de 7.000 millones de euros la financiación pública anual de la Iglesia católica, correspondiendo a cada ciudadano y ciudadana, sea o no creyente, sea o no católico, una dádiva o “cuota” anual de 167 euros. Las cifras desglosadas aproximadas son:

-3.900 millones de euros para subvencionar colegios religiosos concertados.

-2.000 millones a hospitales e instituciones de beneficencia religiosas.

-650 millones para sueldos de las personas que imparten religión en los centros escolares.

-400 millones para el sostenimiento del patrimonio inmobiliario, artístico, museos y catedrales.

-252 millones de euros por la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica en el IRPF.

-100 millones por la casilla de asignación tributaria a fines de interés social.

-20 millones a capellanías en cárceles, hospitales y cuarteles.

A ello hay que sumar el enorme costo para las arcas del Estado (central, autonómico y local) que suponen las cantidades que no se ingresan en concepto de IBI, licencias de obras, etc.

Tras 31 años de democracia y de vigencia de una Constitución que establece “que ninguna confesión tendrá carácter estatal”, las relaciones entre la Iglesia católica y el estado español no han cambiado sustancialmente, aunque la influencia de aquella sobre la sociedad sea mucho menor. El incremento de la financiación de la Iglesia católica por parte del Estado y los privilegios económicos, fiscales, simbólicos, jurídicos y políticos, de los que disfruta la iglesia católica, demuestra que estamos en un estado confesional encubierto, a juicio de Europa Laica.

Motril: Un comité internacional pide que no se derribe el edificio de la Alcoholera

TICCIH-España (Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial) ha manifestado su profundo rechazo a la demolición de la Casa de Administración de la antigua Fábrica Azucarera Nuestra Señora de la Cabeza de Motril por ser un «testimonio histórico de gran valor» del sistema azucarero puesto en marcha en la vega de Motril-Salobreña.

 

Esta organización asegura que el inmueble es un «referente de los cambios tecnológicos introducidos en la fabricación del azúcar que documenta el paso de la fase preindustrial a la industrial», por lo que defiende su valía y pide que no se derribe.

 

Alertados ante el proyecto municipal que propone demoler este edificio para construir una pasarela que una el Parque de los Pueblos de América con las Explanadas, salvando la carretera, TICCIH-España demanda y propone al Ayuntamiento de Motril y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía «la inmediata protección y las garantías de conservación de este bien inmueble y de todo el conjunto fabril al que pertenece al amparo de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía».

 

Izquierda Unida ha mostrado su satisfacción por el apoyo de este comité internacional ya que «el respaldo de esta institución ha corroborado una vez más que nuestra posición ante el intento de la demolición la Casa de Administración de la Alcoholera, por parte del equipo de gobierno, es la correcta».

 

A IU le parece «lamentable que el gobierno una vez más haga lo fácil, que en este caso es eliminar los restos industriales del recinto de la Alcoholera, en lugar de mantener el poco patrimonio que nuestra ciudad conserva y adecuar el proyecto a éste, respetando la estética de los restos de la fábrica».

 

«No podemos ser ciudad cabecera del patrimonio de la caña de azúcar, y por otro lado dinamitar dicho patrimonio, una vez más estamos ante una de las muchas incongruencias del PP», dice la formación de izquierdas, totalmente contraria a la demolición.

Unas gradas vacías como siempre

Se está celebrando en Almuñécar un Campeonato de Fútbol Alevín. Como puede verse en las imágenes, las gradas primeras que se hicieron al construir el estadio tienen huecos más que suficientes para colocar todavía a varios centenares de espectadores.

Enfrente, unas gradas completamente vacías. Jamás se han abierto al público porque son completamente innecesarias.

Las gradas no hacían falta. Eran sólo la excusa para poder regalar a un promotor amigo una gasolinera, la única gasolinera española construida en suelo público bajo un estadio de deportes y junto al cauce de un río.

Esta es la política de nuestro ayuntamiento. Y mientras tanto, no hay dinero para construir el Centro de Día que se prometió hace ya cuatro años y que el municipio necesita para atender dignamente a las personas mayores.

Izquierda Unida apoya las movilizaciones contra la impunidad del franquismo y en defensa del juez Garzón

Cayo Lara, Coordinador Federal de IU, culpó de la situación actual "a la vinculación con raíces franquistas de una parte de la judicatura española" y al Gobierno socialista que "no hizo lo que tenía que hacer y claudicó ante la presión de la extrema derecha" en la Ley de Memoria Histórica.

Expresó su "esperanza de que no se inhabilite a un valor importantísimo de la judicatura española", al que se lleva " al banquillo por la acción de los herederos del brazo armado del franquismo, por la vinculación a raíces franquistas de una parte de la judicatura española, que todavía no se ha adaptado al pleno siglo XXI y la democracia española".
 
También es responsable el Gobierno del PSOE, que "claudicó" en el debate de la Ley de Memoria Histórica, "si el Gobierno no hubiera claudicado ante la presión de la extrema derecha y de la derecha del olvido que quiere olvidar el pasado, Garzón no estaría en la encrucijada actual". Izquierda Unida seguirá luchando por la recuperación de la memoria y la rehabilitación de las víctimas del franquismo, base de "una democracia de calidad que además se reencuentre plenamente con el pasado negro que nos tocó vivir, y que se resuelva definitivamente para que pase a ser únicamente una página en la memoria histórica de España".
 
Por esta razón, Izquierda Unida continúa apoyando la causa de Garzón, y la Comisión Ejecutiva Federal participará en pleno en la manifestación del día 24 para intentar impedir que se inhabilite a un juez que está cumpliendo con el rescate de lo mejor de la democracia en nuestro país. Cayo Lara hizo extensible el apoyo al ex Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y al Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, ante la denuncia presentada por Manos Limpias. La actuación de esta organización de extrema-derecha supone un ataque a la libertad de expresión y a la independencia de la universidad".

Más de 100 profesores, investigadores y docentes de EEUU apoyan al Juez Garzón y denuncian la perpetuación de la impunidad en el Estado español

Como profesores e investigadores de la Guerra Civil y la dictadura franquista de distintas universidades norteamericanas queremos expresar nuestro más profundo desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo de procesar al juez Baltasar Garzón.

Independientemente de la opinión que nos merezcan las actuaciones del Juez Garzón en otros ámbitos, estamos convencidos de que la decisión y los argumentos del Juez Luciano Varela contribuyen decisivamente a consolidar la impunidad y ampliar la situación de desamparo que sufren las víctimas de la represión franquista. Los sobrevivientes de la violencia exterminadora del franquismo y sus familiares llevan décadas esperando que la justicia española esclarezca y castigue a quienes sean responsables de delitos tan graves como la desaparición forzada, la tortura o el secuestro de niños.

La causa abierta contra el franquismo por el Juez Garzón era un primer paso para revertir una situación de impunidad y desamparo establecida durante la dictadura y consolidada durante la transición a la democracia. Por ello, invocar la ley de amnistía de 1977 como fundamento para procesar al Juez Garzón por carecer de competencias no es más que una fórmula legal para seguir perpetuando la impunidad dictada por el aparato legal del franquismo.

El propio Juez Garzón en su auto de procesamiento contra Pinochet y otros jueces de la Audiencia nacional en casos similares, han revocado leyes de amnistía por entender que el delito de desaparición forzada no prescribe y por considerar que el exterminio planificado y sistemático de un grupo (i.e. “los rojos”) constituye un delito de crímenes contra la humanidad y/o genocidio que, como tal, puede ser perseguido en cualquier juzgado del mundo. En este sentido, cabe señalar que estos argumentos legales aplicados a otros países (Chile, Argentina) se llevaron a cabo sin que ningún juez fuera procesado por ello y con el apoyo mayoritario de la sociedad civil española. Por tanto, exigimos al Tribunal Supremo y a la judicatura española que sea coherente con sus propias decisiones legales y que aplique en España las leyes del derecho internacional que con tanta vehemencia ha aplicado en otros países que han sufrido episodios similares de violencia política y exterminio

Asimismo, observamos con suma preocupación que se admita a trámite una denuncia presentada por un grupo, Manos Limpias , que es heredero directo de Falange Española y del más rancio fascismo español. En la mayoría de otros países Europeos (Alemania, Italia) estos grupos son simplemente ilegales, como lo son también las expresiones de exaltación y glorificación del pasado fascista. Admitir como legítimos participantes del Estado de Derecho a quiénes participaron en la destrucción violenta del primer período enteramente democrático que hubo en España –la II República—es una cruel ironía del destino y un sinsentido político.

Por todo ello, pedimos al Juez Varela que desista en su intento de juzgar al Juez Garzón o que, al menos, considere los testimonios y pruebas aducidos por especialistas en derecho internacional y por historiadores de la represión franquista como parte del proceso. Sin embargo, aún más importante que el proceso abierto contra Garzón es entender que en España las víctimas de la represión franquista siguen viviendo en una situación de desamparo legal sin parangón en el mundo.

A pesar de la Ley de Memoria Histórica y de otras medidas reparatorias en España la mayoría de las fosas comunes se exhuman sin la presencia de un juez y sin que se establezca ninguna responsabilidad penal por los presuntos delitos evidenciados en la exhumación. Ninguna democracia digna de ese nombre puede dejar en las cunetas a miles de ciudadanos e ignorar las posibles responsabilidades legales que se deriven de tan ignominiosos hallazgos. Si finalmente se condena al Juez Garzón y se le aparta de la judicatura, España no sólo no habrá habido reparación y justicia para las víctimas de la dictadura, sino que éstas además seguirán siendo silenciadas y juzgadas por sus verdugos.

Queremos, finalmente, expresar nuestra más absoluta solidaridad a todas las asociaciones cívicas que trabajan por la recuperación de la memoria histórica y exigir con ellas el fin de la impunidad y la reapertura de los procesos legales que sean necesarios para dar un decisivo paso adelante hacia el establecimiento de la justicia.

• Virgnia Adán-Lifante Foreign Language Coordinator, University of California, Merced.
• Carlos Aguirre, Associate Professor, History, University of Oregon
• Enrique Álvarez, Assistant Professor, Florida State University.
• Tabea Alexa Linhard, Assistant Professor, Washington University
• Emilia Alonso Marks, Associate Professor of Spanish, Ohio University.
• Ana María Amar Sánchez, Professor, University of California, Irvine.
• Pepa Anastasio, Hofstra University, Nueva York
• Reinhard Andress, Professor, Saint Louise University.
• Alicia Arribas, Department of Romance Languages, University of Georgia
• Daniel Arroyo-Rodríguez, Researcher and Graduate Student, University of Michigan
• Edward Baker, Professor Emeritus University of Florida
• Alda Blanco, Chair Departament of Spanish and Portuguese, San Diego State University
• Carlos Blanco Aguinaga, Profesor Emérito de la Universidad de California, San Diego
• Erick Blandón, PhD,Professor, University of Missouri-Columbia.
• Maria Bernath, Researcher, University of California, San Diego
• Aaron Boalick, Graduate Student, University of Michigan
• Scott Boehm, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Kristina L. Bonsager, Chair of Department of International Languages & Literatures, St. Catherine University
• José Antonio Cano, Director Overseas Program in Spain, University of Alabama
• Nuño Castellanos, Lecturer of Spanish, Department of Romance Languages, University of Georgia.
• Francie Cate-Arries, Professor of Hispanic Studie, The College of William & Mary
• Mary Coffey, Professor, Pomona College.
• Jaime Concha, Professor, University of California, San Diego.
• Helena Contreras-Chacel, Escritora, Los Angeles.
• Jessica Córdova, Researcher The Spanish Civil War Memory Project, UC, San Diego
• Lucile C. Charlebois, Asistant Professor, University of South Carolina
• Justin Crumbaugh, Associate Professor, Mountholyoke College.
• Nuria Cruz-Cámara, Associate Professor of Spanish, University of Tennessee
• Isabel Cuñado, Assistant Professor of Spanish, Bucknell University.
• Juan Carlos de los Santos, Spanish Lecturer and Language Coordinator, University of Michigan.
• Andrea Davis, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Thomas Deveny, Professor, McDaniel College
• Simon Doubleday, Associate Professor of History, Hofstra University.
• Jodi Eisenberg, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Cecilia Enjuto Rangel Assistant Professor, University of Oregon.
• Javier Entrambasaguas, Researcher, University of Michigan.
• Sebastiaan Faber, Professor and Chair, Dept of Hispanic Studies, Oberlin College
• Ofelia Ferrán, Associate Professor, University of Minnesota.
• Francisco Fernández Alba, Assistant Professor, Weathon College
• Joaquin Florido Berrocal, Assistant Professor of Spanish, Southern Illinois University Edwardsville
• Pedro García Caro, University of Oregon.
• José M. García-Sánchez, Professor of Spanish, Eastern Washington University
• Yvonne Gavela, Assistant Professor of Spanish, University of Miami.
• Anthony L. Geist, Chair, Division of Spanish and Portuguese, University of Washington
• David T. Gies, Commonwealth Professor of Spanish, University of Virginia.
• Juan M. Godoy Márquez, Associate Professor, San Diego State University.
• Luis M. González, Assistant Professor of Spanish, Connecticut College.
• Linda Gould Levine, Professor of Spanish, Montclair State University.
• Margarita Graetzer, Professor of Spanish and General Studies, Berea College
• Ginna Herrmann, Associate Professor of Spanish, University of Oregon.
• María Hernández-Ojeda, Associate Professor of Spanish, Hunter College-CUNY.
• Juli Highfill, Associate Professor, University of Michgan.
• Roberta Johnson, Professor Emerita, University of Kansas
• Santiago Juan-Navarro, Professor of Spanish, Florida International University
• Patricia Keller, Assistant Professor, Cornell University.
• Susan Kirkpatrick, Professor Emerita, University of California, San Diego
• Kathy Korcheck, Assitant Professor, Central College.
• Misha Kokotovic, Associate Professor, University of California, San Diego.
• Larry La Fountain-Stokes, Associate Professor, University of Michigan
• Margarita Lezcano, Professor Emerita, Eckerd College
• Ignacio López-Calvo, Chair of the World Cultures Graduate Group, University of California, Merced.
• Kern L. Lunsford, Professor of Spanish and Chair, Modern Languages, Lynchburg College.
• María Cristina C. Mabrey, Professor, University of South Carolina.
• Viviana Macmanus, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Shirley Mangini, Professor Emerita, Cal State, Long Beach.
• Monica Marcos-Llinas, Ph, Department of Romance Languages and Literature University of Missouri.
• Andreea Marinescu, Assistant Professor, Colorado College.
• Jorge Mariscal, Professor, University of California, San Diego
• Luis Martin-Cabrera, Assistant Professor and Director of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Eduardo Matos-Martín, Researcher, University of Arizona.
• Elize Mazadiego, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California San Diego.
• Nancy J. Membrez, Associate Professor of Spanish, University of Texas at San Antonio
• Hugo Moreno, Professor, University of Western Ontario
• Santiago Morales-Rivera, Assistant Professor, University of California, Irvine.
• Cristina Moreiras-Menor, Associate Professor, University of Michigan.
• Sara Nadal-Melsió, Assistant Professor, University of Pennsylvania.
• Nancy Newton, Department of World Languages & Cultures, Indiana University
• Janet Pérez, Miembro Numerario, Academia Norteamericana de la Lengua Española
• Cindy Pinhal, Graduate Student, University of California, San Diego.
• Beatriz Pita, Profesora, University of California, San Diego.
• Jonathan Pitcher, Associate Professor, Bennington College.
• Amanda Powel, Senior Instructor of Spanish, University of Oregon
• Michael P. Predmore, Professor, Stanford University.
• Alicia Ramos Jordán, University of California, Merced
• Ricardo Ramos-Tremolada, University of Richmond
• Christian M. Ricci. Assistant Professor, University of California, Merced.
• Brandon Rigby, University of Oregon.
• María Robles Gila, Graduate Student, University of Michigan.
• Rodney Rodríguez, Ph.D., Manhattan College
• Esperanza Roncero, Associate Professor of Spanish, Hartwick College
• Víctor Roncero-López, Dept. of Hispanic Languages and Lit. Stony Brook University
• Benita Sampedro Vizcaya, Associate Professor, Department of Romance Languages and Literatures, Hofstra University.
• Rosaura Sánchez. Professor, University of California, San Diego
• Cintia Santana, Lecturer, Division of Literature, Culture and Languages, Stanford University.
• John Snyder, Independent Scholar.
• Jose Schraibman, Profesor, Washington University, Romance Languages
• William Sherzer, Prof. Emérito, Brooklyn College y el Graduate Center (CUNY)
• Doris Sommer, Profesora, Harvard University.
• Juan Carlos Toledano Redondo, Associate Professor of Hispanic Studies Lewis & Clark College
• Sarah Thomas, Ph.D. Candidate, New York University
• Joan Torres-Pou, Associate Professor, Florida International University, Miami.
• Ángel T. Tuninetti Associate Professor of Spanish / Chair, Department of Foreign Languages, West Virginia University
• Michael Ugarte, Prof. de Literatura Castellana, Universidad de Missouri-Columbia
• Amanda Valenzuela, Estudiante de Doctorado e investigadora, UCLA
• Mabel Velasco, Profesora, Virginia Wesleyan College.
• Alejandro Yarza, Associate Professor of Spanish, Georgetown Universtiy.
• Barbara Zecchi, Assistant Professor, University of Massachusetts.

Izquierda Unida advierte que no apoyará el pacto educativo si el Gobierno mantiene sus concesiones al PP y a sus aliados de la patronal católica

Loles Dolz, responsable del Área de Educación, espera que el ministro Gabilondo concrete mañana un texto más avanzado que el presentado en febrero, del cual “IU no quiere ser cómplice ya que supondría una contrarreforma educativa”
 
Izquierda Unida ha advertido hoy que no apoyará el Pacto de Estado por la Educación cuya negociación mantiene abierta el Gobierno mientras el titular de esta cartera, Ángel Gabilondo, no varíe sustancialmente el contenido del mismo conocido hasta ahora el cual, en palabras de la responsable del Área de Educación de IU, Dolores Dolz, mantiene “concesiones clarísimas al PP y a sus aliados de la patronal católica”.
 
Dolz hizo esta valoración acompañada por el coordinador federal, Cayo Lara, en una rueda de prensa convocada 24 horas antes de que Gabilondo presente lo que se supone será el texto definitivo de propuestas para este acuerdo, con el que busca lograr los apoyos necesarios para la reforma del sistema de enseñanza tanto de las formaciones políticas como de los distintos representantes de la comunidad educativa.
 
Loles Dolz denunció que el Ejecutivo socialista ha pretendido “escenificar un pacto supuestamente abierto, pero en el que han primado los contactos bilaterales PSOE-PP, dado que el Gobierno ha buscado desde el principio el acuerdo con la derecha. No compartimos este proceso, ni compartimos gran parte de las medidas de la propuesta que el Gobierno nos trasladó en febrero”.
 
En su opinión, este último texto -a falta de conocer mañana las posibles modificaciones- “no presentaban ninguna novedad. Se hablaba de ‘propiciar’, de ‘fomentar’, pero sólo contenía intenciones que no se concretaban y, además, sin explicar nada sobre su financiación”.
 
La dirigente de IU señaló que esta formación “no quiere ser cómplice” de un acuerdo que supondría una “contrarreforma educativa” que cede a los planteamientos de la derecha. Dolz especificó que la propuesta del Ejecutivo “no establece como prioridad el impulso a la educación pública y laica, como nosotros venimos reclamando. Bien al contrario,  prima la educación concertada, mayoritariamente confesional y selectiva, y recupera los itinerarios del PP, que segregan al alumno en función de su origen social y sus medios económicos”.
 
Izquierda Unida acudirá a la reunión de mañana con el Gobierno con los deberes hechos y con una batería de propuestas entre las que se encuentra la exigencia de una Ley de Financiación del Sistema Educativo para garantizarle recursos suficientes o la creación de un Fondo de Compensación Interterritorial que elimine las desigualdades existentes entre comunidades.
 
Loles Dolz enumeró también que IU busca “un Pacto que signifique un claro impulso a la educación pública y en el que quede reflejado el carácter subsidiario de la enseñanza concertada”. Además, se apuesta por una educación laica en la que no tenga cabida el adoctrinamiento, que la educación pública sea completada hasta los 18 años y que el avance en su financiación alcance, al menos, hasta el 7% del PIB.

Garzón, ¿un héroe antifascista?

Carlos Taibo

Son muchos los amigos latinoamericanos que, comprometidos con la causa de la memoria de las víctimas de las dictaduras en sus países, muestran su extrañeza por los avatares que ha acabado por asumir el ‘caso Garzón’. No faltan entre esos amigos, por añadidura, los que se sorprenden ante los recelos que muchos -más de los que pudiera parecer- hemos mostrado a la hora de apoyar al juez que tanta tinta ha hecho correr en las últimas semanas.

Vaya por delante que no se me escapa que lo que ocurre en estas horas con Garzón tiene una dimensión que de forma inequívoca debe preocupar a quienes, entre nosotros, han tomado cartas en el asunto de recordar a la ciudadanía algo de singular relieve: la Transición política, treinta años atrás, canceló cualquier posibilidad de enjuiciamiento crítico público de lo que el franquismo supuso y, con ello, cerró las puertas que conducían a un deseable resarcimiento material y moral para las víctimas de la dictadura.

Tampoco quiero olvidar que en la trifulca que en estos días tiene al juez Garzón como centro se hacen valer muchas de las miserias del juego partidario que nos acosa, y ello de la mano de una regla que no parece tener excepciones: si los partidos apoyan a los jueces cuando las decisiones de éstos les benefician, bien que se encargan de denostarlos cuando aquéllas les perjudican.

Mucho me temo, sin embargo, y vuelvo al principio, que la honrosa tarea que debía conducir a rectificar lo que tres decenios atrás se hizo manifiestamente mal aparece hoy lastrada de la mano del mentado ‘caso Garzón’. Ello es así por dos razones que, en virtud de caminos distintos, rodean a la figura del juez. La primera de esas razones bebe de la condición del propio Garzón. Qué excelsa paradoja es que en estas horas se nos presente como abanderado de una reconsideración crítica de muchas de las miserias que rodearon a la Transición española un personaje que por muchos conceptos ha estado inmerso de lleno en esas miserias.

Y es que haríamos mal en olvidar que la misma persona que tuvo el coraje de encausar a Pinochet se nos ofrece a muchos con un rostro que no es el del héroe popular sometido al acoso de las fuerzas más oscuras.

Estamos hablando -no se olvide- del responsable de muchos de los desafueros legales que han marcado indeleblemente una lucha contra el terrorismo de la que han sido víctimas tantas gentes inocentes; no es casual que en el País Vasco el nombre de Garzón se identifique a menudo con prácticas judiciales y policiales nada edificantes, comúnmente ocultadas tras un universal y cómplice silencio. Hablamos también de quien, en un momento de singular podredumbre de la vida política española, no dudó en acudir al llamado de Felipe González para secundar a éste en una polémica, y luego fallida, operación electoral. Cerremos nuestro recorrido con el recordatorio de los nombres, no precisamente heterodoxos, de las personas -desde el propio González hasta José Bono, pasando por Rosa Díez- que Garzón tuvo a bien invitar, unos años atrás, a sus cursos de Nueva York. Parece que los tres hitos que acabamos de rescatar bastan para concluir que nuestro juez se ha movido con singular soltura en algunos de los teatros más deplorables que la Transición española ha acabado por forjar. La imagen de luchador antifascista que tantos han alimentado ingenuamente en América Latina y que hoy vemos refrendada, mal que bien, entre nosotros no es sino un mito interesado que el propio Garzón ha puesto todo el empeño en promover.

Mayor relieve tiene, con todo, la segunda de las razones que antes invocaba. Aunque los protagonistas bienintencionados de la solidaridad con Garzón parezcan ignorarlo, es muy grave que el debate sobre la memoria histórica haya quedado engullido por una discusión relativa a si un juez prevaricó o no. Lo diré de otra forma: ya no se discute, hablando en propiedad, sobre la memoria y sí sobre Garzón. Aunque las explicaciones conspiratorias me han gustado siempre poco, no me resisto a sugerir que algo hay, en la trastienda, de inteligentísima y ocultatoria operación. Y es que, al cabo, el Partido Socialista, que nada hizo durante tres décadas para restaurar una memoria pisoteada, y que en los últimos años ha promovido una timorata y corta ley que nada resuelve al respecto, ha conseguido que la mayoría de quienes se sintieron defraudados por esta última hayan olvidado hacia dónde deben lanzar muchos de sus tiros y rodeen hoy arrobados a un juez de equívoca trayectoria y ego desmesurado. Nadie sale mejor parado de esta trifulca que ese Partido Socialista, responsable evidente de las miserias que han rodeado -que rodean- a la ley de memoria histórica.

Qué triste es contemplar, en fin, cómo algunos de los segmentos de la izquierda que resiste han preferido cruzar en estos días una frontera delicada: la que lleva a adentrarse en un mundo que obliga por igual a aceptar las reglas que otros imponen y a defender a quienes, al cabo, no lo merecen.

IU se mira en 1986 para refundarse

La Izquierda Unida de 2010 quiere mirarse un poco en el espejo de 1986. Quiere reflexionar sobre su fundación, hace hoy 24 años, para pensar en su refundación. En su reinvención. En aquellos tiempos el Partido Comunista de España (PCE) lanzó un proceso de convergencia con otras fuerzas de izquierdas que culminó en la formación de una coalición electoral, IU.

Esa idea no ha muerto del todo. IU busca otro proceso de confluencia con partidos, colectivos y activistas para vertebrar una nueva fuerza política. El pegamento de 1986 fue la rebelión contra la OTAN y contra el Gobierno de Felipe González. En 2010, la amalgama es la crisis y la apuesta de una salida por la izquierda, preservando y reforzando los derechos sociales. También la contestación a un Ejecutivo socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, decidido a aplicar “el neoliberalismo” para escapar de la recesión.

IU lanzará su convocatoria hacia la sociedad en su Asamblea de Refundación, para la que ya hay fecha: los próximos 26 y 27 de junio, siempre que así lo rubrique el Consejo Político Federal, que se reunirá el 8 de mayo. El alma del cónclave, que se celebrará en Madrid –no está decidido el lugar– será precisamente una declaración que, “en el marco de la crisis, defienda la necesidad de convergencia política y social para la movilización”, sostiene la hoja de ruta de la asamblea, aprobada este lunes por la ejecutiva federal de IU y a la que ha tenido acceso Público. Ese texto actuará como motor de movilización de las fuerzas de izquierda. Igual que lo fue la OTAN.

Pero, ¿cómo será la asamblea? ¿De qué se discutirá?

1. Los asistentes. Un congreso "abierto"

IU no hará su congreso sola. Participarán entre 900 y mil personas. Se prevé que un 30% o 50% de ellas no tenga carné. “No es poco ese porcentaje. Si lo logramos, es un éxito. Queremos una asamblea de máxima participación, abierta, sin límites. Ojalá construyamos entre todos la casa común de la izquierda alternativa, transformadora y republicana”, relata Enrique Santiago, secretario federal de Refundación.

2. El instrumento. El bloque contra el neoliberalismo

El primer instrumento de discusión es la declaración política, una herramienta “para avanzar en la cohesión programática y la unidad de acción con otros movimientos reivindicativos y alternativos”, para conformar un bloque opuesto al “neoliberalismo”, asegura el texto aprobado por todas las familias de IU. “Hay que ligar refundación y realidad. No queremos pensar cómo debe ser la izquierda perfecta, en un plano teórico, sino mostrar que esta convergencia sirve a los ciudadanos”, explica Santiago.

IU pretende concertar con activistas y movimientos sociales una propuesta de Ley de Derechos Sociales y Económicos Fundamentales. Un nuevo y completo marco legal que garantice el “cumplimiento íntegro” de los avances sociales que recogió la Constitución y que han sido olvidados en democracia.

3. Un nuevo programa. Los puntos comunes

La declaración política responde sólo a la coyuntura, a la crisis. IU combinará ese instrumento con este otro: el debate de un nuevo programa en el que se sienta cómoda “la mayor parte de la izquierda alternativa”. La discusión se organizará en varios bloques: economía, derechos sociales y servicios públicos, derechos políticos, modelo de Estado, federalismo y III República; feminismo y política exterior.  

4. Otra maquinaria. Para un mejor funcionamiento

En el congreso de refundación no se renovará la cúpula de IU, para no “emponzoñar el debate”. Sí se reflexionará sobre cuál es “el mejor modelo de organización política”, que garantice una mayor democracia interna, y sin que se generen las tensiones que ha arrastrado IU desde 1986.

5. Siguientes pasos. Un calendario previsto hasta 2012

La asamblea de junio es sólo “un primer paso” en la construcción de la nueva IU. En octubre se acordará el programa para las elecciones autonómicas y municipales. En enero, se celebrará un foro con movimientos sociales.

Y hacia finales de 2011 o ya en 2012 –dependerá de si se adelantan o no los comicios generales–, otra asamblea de refundación. La definitiva. Ahí sí se elegirán otros órganos de dirección y se adoptará la nueva marca electoral, si llega el caso. Porque “todo” está sometido a revisión.

Íllora: Poesía y habas

Cayo Lara: Trabajamos para llegar al corazón de los problemas reales que tiene la gente; esa es la manera de ganar en credibilidad, con alternativas concretas

Durante el fin de semana pasado han tenido lugar en Córdoba, Montilla y Úbeda (Jaén) una serie de importantes actos públicos, así como ruedas de prensa.
 
En Córdoba, el sábado por la mañana, se celebró una rueda de prensa en la que estuvieron presentes Francisco Martínez, coordinador provincial de IULVCA, Diego Valderas, coordinador general de IULVCA, Andrés Ocaña, alcalde de Córdoba, y Cayo Lara, coordinador federal de IU.
 
Andrés Ocaña, puso en valor el trabajo de IU en el ayuntamiento de Córdoba. “Esa mano se nota. Se viene notando desde hace años, y queremos que se siga notando, estamos convencidos de que así será en el futuro.” El Alcalde de Córdoba se refirió también a la candidatura de Córdoba en aras de conseguir la `Capitalidad Cultural 2016´. “Son legítimas todas las candidaturas, pero desde Córdoba creemos sinceramente que nos lo merecemos”, dijo Ocaña.
 
Diego Valderas, por su parte, manifestó, “Córdoba marca la diferencia con otras ciudades, y por ello, nos vamos a dejar la piel a lado de  su equipo municipal”.  Refiriéndose a la visita del coordinador federal de IU, Valderas expreso, “esta es una visita al más alto nivel. Estamos todos a una. No hay ninguna duda sobre ello.”
 
Cayo Lara, coordinador federal de IU, se refirió al Pacto Local y a las dificultades que su ausencia entraña para los ayuntamientos, desde hace ya muchos, demasiados años”. Lara, volvió a expresar que, “con los votos de Izquierda Unida, no gobernara el PP, ni por activa ni por pasiva.”
 
En Úbeda (Jaén), Cayo Lara, manifestó, “en esta organización no sobra nadie, no sobran los independientes, ni sobran las personas que quieren construir una izquierda alternativa, y con toda esa gente, de manera democrática, de manera serena, queremos construir nuestro proyecto. Este es el camino, no más juzgados, no más guerras internas, porque eso sería nuestro final. Así las cosas, lo que toca ahora es trabajar de manera conjunta para llegar al corazón de los problemas reales que tiene la gente, esa es la manera de ganar en credibilidad, con alternativas concretas. Lo demás es humo que a la sociedad no le interesa”. 

Garzón como pretexto

María Toledano

Rebelión

“Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien”. Víctor Hugo

Cautivos y derrotados. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quieren que traguemos su aceite de ricino? No hablemos del famoso juez Garzón. Poco importa su persona o actividad judicial. No se trata de la defensa del magistrado: cada cual tiene su opinión al respecto. Reservo la mía para otros tiempos, quizá menos agitados por la barbarie.

La memoria histórica, es decir, la reivindicación de un pasado de miseria y asesinato (los cimientos de la actual democracia), está en juego. Cabalgan de nuevo y sus botas acharoladas resuenan por los prados y desmontes. Ganaron la contienda y ellos, vencedores, tampoco quieren que se olvide.

La izquierda real (¿acaso existe tal cosa?) insiste en la defensa de la verdad frente al silencio gris de la Transición: frente a tantas lecturas hijas de Prego y Salamina. Todos culpables, todos inocentes. Como el ser de Aristóteles, la guerra de España se dice de muchas formas. Casi todas, salvo las inspiradas en la Causa General, hablan de lucha de clases, pobres contra ricos, milicianos contra un ejército regular, buenas botas y alimentos, apoyado por Alemania e Italia.

Estuvieron en Gernika probando aviones y corrieron, asustados, con los penachos en la mano, por los secarrales de Guadalajara. Eran muchos y organizados. Y contaban con la ayuda de su Dios todopoderoso (los curas disparaban desde la ventanas de los seminarios). Ganaron. No podían perder. Las democracias europeas cerraron los ojos. Es su costumbre. No quisieron ver en Franco -como si vio el doctor Negrín, primavera del 1939- un antecedente de la guerra mundial. A partir de ahí se estableció un régimen de terror conocido que finalizó con la muerte natural del Caudillo de las Españas todas. Muerto el dictador, apoyado por EE.UU., las Cortes se inmolaron -un falso sacrificio ritual- dejando paso a un “atado y bien atado” que nos gusta llamar democracia: estado social y democrático de derecho. Palabras.

Primero UCD, Suárez, que bastante hizo con contener las hordas; luego González, ausente de los temas cruciales, empeñado en la reconversión industrial y en la incorporación de España a las instituciones europeas. Era su salvoconducto hacia la gloria: conseguida. Más tarde, Aznar: pequeño oficial victorioso. Cacique local con aspiraciones de atleta, intentó cerrar el debate sobre el franquismo: fracaso. Zapatero, fiel a sus principios, legisló el problema, Ley de Memoria Histórica, criticada por la mayoría de las asociaciones, de forma que todo quedara más o menos igual: Lampedusa provincial.

Garzón, el juez del helicóptero, quita el polvo al Código Penal y cita a los responsables (la mayoría muertos) del genocidio español (expresión de Paul Preston). Enterrados bajos elegantes lápidas de mármol pero atentos a la actualidad, las cornetas resuenan. En la superficie, grupos parafascistas, magistrados, jueces, periodistas, voceros del mal alzan su cáliz de sangre y agitan sus huestes. El resultado es conocido: Garzón procesado. Es necesario dar un escarmiento. ¿Todavía no sabe esta gentuza que ganamos la guerra? La cruzada acabó con los rojos y, transcurridos más de 70 años, los nietos, amparados en una democracia de superficie, inmersos en la dinámica estructural del Capitalismo 3.0, quieren ahora, a estas alturas, condenarnos. Es lo que tiene la democracia, su fuerza simbólica. Los pobres se creen con derechos: se creen ciudadanos. Pongamos de nuevo las cosas en su sitio: demos un golpe de mano. Garzón al banquillo: Garzón como excusa.

Las democracias débiles, inseguras e inestables, edificadas sobre los escombros (y vigas) de una dictadura militar de inspiración nacional-católica, son así. Hilvanadas con urgencia, las costuras saltan al mínimo esfuerzo. España está remendada con hilos de sangre que dejan traslucir las heridas abiertas (profundas como surcos en la tierra, en las manos) en cuanto se cuestiona cualquier poder, pasado o presente.

Pasamos del arado y el turismo de las suecas al centro comercial sin cuestionarnos qué (nos) estábamos dejando en el camino. La paz social y el consumo eran objetivos prioritarios. Las “leyes de punto final”, extendidas por el universo, España como modelo, pretenden acallar el clamor popular con indulgencias plenarias y miradas de soslayo. Dejemos escapar a Sánchez Mazas. No disparemos al enemigo. Al fin y al cabo, es un hombre. Barros y lodos. No recuerdo que ellos, cada vez que tuvieron oportunidad, hicieran lo mismo.

La izquierda moral, ligeramente exquisita, confunde “reconciliación nacional” con silencio cómplice. Zapatero es su adalid, su paje. Otra conclusión: ya que no se puede meter a todos los rojos denunciantes en la cárcel, ya que no se puede fusilar dos veces a las mismas personas y sus familias, acusemos a Garzón de prevaricación.

Dicen que cuestionando la Transición (y sus interesados olvidos) se pone el peligro el espíritu que inspiró el paso del franquismo a la democracia monárquica. ¿Espíritu? Confunden, creando un caos semántico, “consenso popular” (proceso constituyente) con “consenso cupular” (proceso político). Entre todos haremos de Garzón un mártir de la democracia. Quede fijada mi opinión al respecto: parece que tanto al PP (tradicional) como al PSOE (renovado) les molesta la figura del juez.

Recordemos que pasó de fustigador a diputado de González; de aburrido parlamentario (plato de lentejas) a buscar la “x”, de nuevo como juez, del GAL; de la persecución del narcotráfico a la corrupción política y la lucha contra ETA. Por lo que se ve, los partidos políticos no van a interceder (podrían, por supuesto, sin vulnerar el principio de separación de poderes) en el proceso. Estos días, todos somos argentinos en el exilio.

IU de Salobreña en contra del PGOU aprobado en el Pleno del lunes 19 de abril

El pgou de salobreña, es sin lugar a dudas, el instrumento más importante para la ordenación de nuestra ciudad, para el diseño y modelo de ciudad de futuro que queremos para hoy y para nuestros hijos/as mañana, para la plasmación de las propuestas ciudadanas y de las propuestas políticas sobre cómo entendemos nuestro municipio.

Y por lo tanto es de tal calado y transcendencia, que este ni ningún PGOU puede ser el modelo y la propuesta exclusiva del equipo de gobierno y mucho menos del responsable político del urbanismo. Pero tampoco puede ser un documento meramente técnico y economicista, que no aporte ningún rasgo de nuestra identidad o de cómo deseamos y entendemos colectivamente que ha de ser nuestro pueblo física, social y económicamente, más allá de los intereses privados.

1º No es un PGOU de consenso ni basado en la participación vecinal.

En este sentido, empezaré por calificar que este PGOU no es de todos los grupos políticos, no tiene nada que ver con el consenso necesario. Por no ser, no es ni tan siquiera del PP, mayoritario de este equipo de gobierno, el cual no obstante está dispuesto a pagar el precio necesario con su aprobación, para seguir ocupando la alcaldia, condición impuesta por el responsable  de urbanismo sr. Perez cobos (PSI).

El documento final no admite ni una sola propuesta de las sugerencias que hizo IU, no recoge ninguna de las alegaciones ni propuestas que hemos realizado en este proceso de exposición pública (50 propuestas). Asimismo sucede con el resto de los grupos políticos de la oposición, grupos políticos que sumando los votos obtenidos en las elecciones municipales representamos a más del 50% de la población. Eso sí, los técnicos consideran interesantes las propuestas, pero la dejan para la decisión política de la corporación.

Conclusión: este PGOU, esta propuesta de ciudad del futuro, es exclusiva y de la misma persona que ha definido y ha decidido durante los últimos 20 años,  cómo tiene que ser Salobreña, el sr. Pérez Cobos, pero curiosamente con la dirección técnica de la misma persona que con él ha diseñado el planeamiento, el señor Francisco Alcón. 

 “Paradigma de la democracia participativa y plena”

Aun siendo éstos responsables de algunos de los errores más evidentes en la ordenación: plan parcial playa, zona de servicios que limite el crecimiento por el este…, estando sin resolver 10 años después, las principales propuestas de desarrollo económico, como los hoteles (TH1 y TH2), Puerto de la Caleta, desarrollo de zonas residenciales de laderas (monte Almendros, costa Aguilera…) nuevas zonas residenciales, Ron Bermúdez, Portichuelo, rehabilitación de los núcleos antiguos, Castillo, inundaciones por aguas pluviales… desastres urbanísticos derivados de la especulación, como Casa Roja, entrada de Lobres, picado de piedra, macizamiento de parcelas en monte Almendros, Alminares…

Pero desde un punto de vista pragmático, coincide que el principal beneficiario de las propuestas de estas dos personas, un conocido promotor y constructor de Salobreña (c/Fábrica Nueva, Residencial Sol..), con este PGOU seguirá beneficiándose y enriqueciéndose, puesto que ha comprado a muy buen precio para sus intereses, a sus antiguos propietarios, los terrenos por donde se pretende ampliar la zona este.

Qué casualidad, y qué coincidencia de las mismas personas de siempre.

El sr. Alcalde debiera ser transparente y no ocultar que este promotor ofreció 1000 millones de las antiguas pts a cambio de recalificación de 77.000 m2. (vega protegida), donde construiría v.p.o., locales comerciales  y una residencia para mayores, gratuita para las personas sin recursos, además de los gastos de urbanización.  Ahora le calificamos 208.000 m2 de forma gratuita.

Pero tampoco ha tenido en cuenta las aportaciones y alegaciones vecinales. Como boton de muestra recordaré que hace varios años un grupo de 200 vecinos/as presentaron su indignación por los expedientes sancionadores, por cubrir las pérgolas con tablazón. En ese momento todos los grupos en el pleno les dieron la razón y el gobierno se comprometió a resolver este asunto en el nuevo PGOU. Pues todo sigue igual, según el técnico esto significa ampliar la superficie construida, es decir permitimos poner terrazas cubiertas en las vías públicas, pero en las azoteas y terrazas particulares no. “Manda narices”.

Especial mención merecen las alegaciones de la Comunidad de Regantes de la Taiba y de la Plataforma de Vecinos por la defensa de la Taiba, que trataré con mas detenimiento.

2º.- No resuelve el grave problema de vivienda pública de los salobreñeros/as.

Todos los grupos políticos, en nuestra propuesta electoral comprometimos tantas v.p.o, como fueran necesarias para cubrir la demanda de 1ª vivienda de nuestros jóvenes. Todos menos el PSI que dio un número similar al propuesto en este PGOU.  

Este PGOU aprueba la construcción de 376 v.p.o. para el periodo vigente de 8 años, el 30% de todas las previstas, que es el mínimo legal exigido por la LOUA, cuando en este mismo momento y no dentro de 8 años, hay una demanda en torno a las 700 personas que buscan 1ª vivienda.

IU ha propuesto elevar el mínimo exigido al 50 %, en la zona este. Puesto que sacrificamos la vega protegida, que sea por una muy justificada razón, y la contestación del los técnicos redactores ha sido: que no resulta viable económicamente para los promotores. Evidentemente no podemos aceptar esta justificación, puesto que sacrificamos la vega, abrimos la puerta y condenamos su expansión hasta el río, a cambio de una propuesta inútil para solucionar el problema de la vivienda, cuando hace pocos años ofrecían grandes cantidades por bastante menos superficie calificada y un buen número de v.p.o.

3º.- Modelo de ciudad sin definir, seguidista, sin planificación ni diseño economico, basado en el monocultivo del residencialismo y turismo sol playa

El crecimiento por la zona este, no solo ocupa la vega protegida, sino que condena a que la expansión futura haga desaparecer esta bolsa de suelo protegido.  La expansión no solo puede hacerse por la zona este y la vega protegida. IU propone que podría hacerse  como continuación del suelo desarrollado en Lobres, en forma de corona.

La agricultura es una actividad que no puede desaparecer de nuestro municipio, pero es necesario proteger el suelo agrícola, para desarrolar nuevos cultivos, que sean viables económicamente y, que siguan aportando el grado de excelencia paisajística y mciroclima ambiental.  IU propone un parque agrario, cuyos costes y sistemas generales se repercutan  en los desarrollos urbanísticos (Bajo LLobregat).

El campo de golf de los Palmares, aunque no sea motivo de discusión de este PGOU, es una maniobra táctica, antidemocrática, que hurta el debate a los ciudadanos y sus representantes políticos, que  despilfarra los recursos de agua previstos para usos agrícolas, que modifica el uso agrícola  de cultivos intensivos (unica zona donde estarían permitidos), que no resuelve ninguno de los objetivos pretendidos (reducir la estacionalidad turística), puesto que todos conocemos el verdadero propósito de este proyecto, que no es otro que construir un número insostenible de viviendas residenciales, creando un núcleo de población nuevo, totalmente insostenible, inviable economicamente y falso. 

No podemos estar impasivos mientras el promotor utiliza sus influencias para que la Junta de Andalucía, sin pedirnos opinión decrete que este proyecto es de interés estratégico, especial y supramunicipal, cuando hay un campo de golf pendiente de desarrollar a pocos kms. (Playa Granada) y sobre todo, que elude las limitaciones impuestas por el POTA en cuanto a crecimiento de superficie y población.  No se justifican de ninguna forma los nuevos usos residenciales cuando están pendientes de desarrollar un gran volumen de suelo para estos usos.

Este modelo sigue reincidiendo en la construcción de grandes hoteles de alta calidad, algo que empieza a verse muy complicado, por el mercado turístico, por la falta de financiación y subvención, por la falta de especialización del  producto mayorista (tour operator) y sin embargo olvida el desarrollo de turismo interior: zona de casas rurales, albergues juveniles y campings, así como el turismo cultural (parque de yacimientos arqueológicos), con el incentivo y protección del paisaje, sistema integral de gestión de playas con parámetros de calidad ambiental.

Desde el punto de vista económico, no contempla la playa y el mar más que como un recurso turismo para el vector de “sol y playa”. Explotación de los recursos submarinos, nuevos sistemas de  producción acuicola. Protección de los caladeros con arrecifes artificiales.

Este PGOU reproduce un modelo que no resuelve: la exageración de las alturas del SUT 1 (Fábrica-La Caleta)  mientras exige a los hoteles del TH1 sacrificios. O protege los bajos del Salambina. No da soluciones a la movilidad, a la peatonalización del casco antiguo o del paseo maritimo. No resuelve definitivamente  la eliminación de las antenas de telefonía movil y mapa de posible ubicación para las comunicaciones. La autoproducción energética fotovoltaica en los edificios públicos. La protección y delimitación de los acuiferos. No resuelve la recogida neumática de r.s.u.  o la exigencia de fosas aséticas en los cortijos “aperos de labranza”. No tiene en cuenta los deslizamientos e inestabilidades. Obvia la presencia de especies protegidas.

4º.- suelo industrial en la Taiba.

No consideramos necesario ni oportuno, la dotación de un suelo previsto en la Taiba para industria, con la simple espectativa de “por si acaso fuera necesario” (822.000m2).

En este momento que la comarca oferta varios millones de m2 en la Gorgoracha (plan subregional) varios millones de m2 en Puerto de Motril, en suelos bien comunicados, desarrollados por la Junta de Andalucía con precios sujetos a financiación y subvención y en suelos mas llanos que el previsto, es incongruente esta oferta de suelo, sin que haya nadie interesado previamente.

IU hizo propuestas de pequeños polígonos industriales, ligados a los núcleos urbanos, de actividades inocuas y compatibles con los usos urbanos (almacenes, pequeñas superficies comerciales…) tal y como el existente en la gasolinera, impidiendo actividades molestas y nocivas. Nada que ver con la propuesta.

IU propuso que la ubicación de estos pequeños polígonos, fuera junto a las industrias al sur de Lobres (alcoholera y suelos consolidados como industriales) y que se expecializase este suelo en zona de desarrollo comercial, puesto que estaba previsto la cercanía de la Khasba.

 

Alegaciones plataforma de la Taiba.

Han sido malintencionadas, mentirosas e injustificadas las explicaciones que el responsable de Urbanismo nos ha facilitado respecto de las alegaciones de los vecinos de la Taiba: “son vecinos/as de otros municipios, solo defienden  sus intereses para no perder los “superchalés” que tienen construidos, son un pequeño colectivo elitista”. Resulta que el colectivo no es tan pequeño (71 alegaciones) y que son totalmente rigurosas y ajustadas a derecho, tal y como establece lo regulado para la ordenación urbanística que en resumen dice:

“terrenos calificados en el POTA como de interés agrícola y paisajístico. Cultivos subtropicales protegidos. Orografía abrupta con un barranco no urbanizable del 11%. Desmontes, nivelaciones y terraplenados muy exagerados que formarán cortes superiores a 20 mts. Necesario el uso de explosivos como ha quedado demostrado para el movimiento de tierras. La memoria no justifica la elección de la ubicación, con grandes indemnizaciones, grandes desniveles que supondrá un elevado coste y repercusión en la urbanización. No tiene en cuenta el interés paisajístico y la lejanía a núcleos urbanos. Provocará un espacio altamente degradado, en zona muy visible paisajísticamente. Hacen inviable cualquier modificación del trazado de la vía pecuaria Colada de la costa a la sierra. Error en el trazado de esta vía pecuaria que discurre por el camino de la Palmera y no por el camino asfaltado adyacente a la Rambla de Molvizar. Existencia de otra zona cercana que cuenta con accesos y está consolidada como suelo industrial, junto Azucarera Montero, entre el rio y la rambla, son terrenos llanos e improductivos para la agricultura. En esta zona hay servicios e infraestructuras de residuos hacia la Edar de motril, líneas de alta tensión, no hay cortijos.”

Estas alegaciones resultan totalmente adecuadas y  justificadas, por lo que desde IU no entendemos la negativa a aceptarlas, si no es como consecuencia de un ejercicio de despotismo y soberbia por parte del gobierno del PP y del PSI.

 

Alegaciones presentadas por comunidad de regantes “Nuestra sra. del Rosario”.

Sr. Pérez cobos, cuando he leido la alegación presentada por estos, he sentido vergüenza ajena, al pensar que estos ciudadanos/as supongan que todos los politicos somos iguales. Lo que ud. hace es el colmo del cinismo y de la desverguenza, ante este colectivo que supone una parte importante de trabajadores agrícolas.

No hay nada que justifique su cambio de postura y menos la del ayuntamiento pleno que el 15 de enero de 2007, a instancias suyas, acuerda por unanimidad, apoyar el proyecto de modernización del sistema de regadios de los terrenos de la cota 100, asumiendo incorporar en el planeamiento “una carga compensatoria” para el supuesto de que los terrenos afectados mantuvieran la clasificación de urbanizables, de forma que los afectados puedan resacirse de la inversión” y ahora provoca la pérdida de subvención y suspensión del proyecto por pretender sustituir esta zona productiva agrícola por un polígono industrial.

Dicho proyecto y dichas obras dentro del “plan coordinado de nuevos riegos de Motril Salobreña”, cuentan de antiguo con la declaración de “alto interés nacional”, la siguiente de utilidad pública, y la reciente de “interés general”, impulsada por el gobierno municipal, en materia de conducciones secundarias de agua y mejora y modernización de regadios. Precisamente el proyecto de estas últimas obras, que iba a ser costeado por el Ministerio de Agricultura, está suspendido indefinidamente, así como la pérdida de subvención, a causa del “tejer y destejer” del equipo de gobierno en materia urbanistica, por unas u otras causas. Un grave perjuicio que ha recaido sobre la comunidad de regantes en cuanto al importe de redacción del proyecto.

 

Resumen:

Voto en contra de este pgou por:

1. La falta de consenso y dialogo sincero que permita definir un modelo de ciudad de todos/as y para todos/as y no nos imponga el mismo modelo exclusivo del sr. Pérez Cobos y reiterado durante los últimos 20 años.

2. Este PGOU es un trágala del sr. Pérez Cobos, no solo a sus socios de gobierno, sino al resto de los grupos y a la sociedad en general.

3. Beneficia descaradamente intereses privados, que resultan ser los de la misma persona, que se ha beneficiado históricamente con todos los PGOU del sr. Pérez Cobos.

4. No resuelve el grave problema y derecho constitucional de acceso a la primera vivienda, para nuestros hijos/as y jóvenes de Salobreña, porque perjudica los intereses de los promotores y constructores.

5. Renuncia a la planificación económica y no prevee otros vectores económicos que no sea el monocultivo del ladrillo residencial y turismo sol playa y en especial la agricultura.

6. No desbloquea ni avanza propuestas alternativas a la supuesta construcción de grandes hoteles (TH1 y TH2) que no llegan nunca y al paso que vamos no llegarán jamas.

7. Roba el debate sobre la conveniencia o no, el interés estratégico o la demagogia del campo de golf, y lo mete por puerta trasera a través del plan subregional, pero siendo cómplice el equipo de gobierno y el promotor.

8. No resuelve los pequeños y grandes problemas de siempre en Salobreña (peatonalización, movilidad, antenas de telefonía móvil, aguas residuales de cortijos, protección de acuíferos, recogida neumática de basura, protección de caladeros, parkin de casco antiguo, rehabilitación integral de los cascos antiguos…)

9. Este PGOU y ud. Sr. Pérez Cobos, no ha sido legal ni leal con la propuesta de suelo industrial en la Taiba. Se ha quedado ud. más solo que la una con esta propuesta, y esta propuesta jamas se verá cumplida, no hay la menor garantia.

10.  Sr. Perez Cobos y sr. Avelino, uds. agreden los intereses de la comunidad de regantes de forma incomprensible e injustificada.

La censura política en los medios españoles

Vicenç Navarro

Público

Durante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Gran Bretaña) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, como es de esperar en cualquier país democrático.

No así en España. Cuando me integré de nuevo a mi país vi una situación muy distinta. La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al Rey y a la Monarquía, frente a cualquier tipo de crítica.

En realidad, tales medios promocionaban al Rey y a la Monarquía en una campaña propagandística, presentando la Monarquía como un elemento de estabilidad, la manera cortesana de definir el orden profundamente conservador heredado del régimen dictatorial anterior. En tal propaganda, el Rey se presentaba como un demócrata, camuflado durante la dictadura, que nos había traído la democracia. Criticar al Rey se veía como criticar la transición y el establecimiento de la democracia.

Es fácilmente demostrable que esta imagen del Monarca es profundamente falsa. El Rey era un producto del régimen anterior y su comportamiento durante la dictadura y la transición así lo demostró. Su supuesta vocación democrática quedó falseada en las primeras propuestas que el primer gobierno monárquico hizo para establecer la democracia.

Tanto en las reglas del proceso democrático como en la limitación en las ofertas políticas al electorado, las propuestas del Rey eran escasamente democráticas. Fueron las movilizaciones populares, y muy en especial las huelgas políticas de la clase trabajadora, las que forzaron una apertura y democratización de aquellas propuestas.

La debilidad de las izquierdas, recién salidas de la clandestinidad, y el dominio de las derechas en el aparato del Estado, así como en la sociedad civil, incluidos sus medios de información y persuasión explican, sin embargo, que aquella transición nada modélica diera lugar a una democracia vigilada y enormemente limitada, en la que la cultura promovida por los medios era profundamente conservadora y excluyente de las voces republicanas. El orden profundamente conservador establecido tenía a la Monarquía como su eje, lo cual explica su blindaje mediático.

No fue hasta hace poco que la televisión (el mayor medio de difusión en España) mostró un documental “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del fascismo), que mostró el nivel de represión y horror que representó aquella dictadura. Este documental vio la luz en la televisión pública catalana, documentando que el robo de niños de las familias represaliadas, que se estaba denunciando en Argentina, había ocurrido con creces bajo la dictadura de Franco.

En realidad, tal documental causó la integración del caso de los niños robados por el fascismo en la investigación del Juez Garzón sobre los crímenes del régimen anterior. Este documental, que recibió gran número de galardones en el extranjero, tuvo escasa difusión fuera de Cataluña, y las autonomías gobernadas por el PP nunca lo mostraron en sus medios televisivos públicos.

Tal resistencia a conocer aquel pasado fue lo que determinó el caso Garzón. El Tribunal Supremo, presidido por una persona profundamente conservadora, que había jurado lealtad al movimiento fascista, admitió la denuncia del partido fascista, la Falange, en contra del único juez en España, el juez Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de aquellas atrocidades, siendo su causa supervisada por otro miembro del Tribunal, Adolfo Prego (que será el que redactará la sentencia final), admirador del mayor ideólogo que tiene el fascismo en España, Pío Moa.

Mientras, a los autores de aquel documental “Els nens perduts del franquisme” (Montserrat Armengou y Ricard Belis), se les ha prohibido, en la práctica, emitir su nuevo documental, “Monarquía o República”, en el que se daba voz a personas republicanas, críticas del sistema monárquico (algo bastante inédito en los canales públicos), así como partidarios de la Monarquía.

Mònica Terribas, directora de TV3, vetó el documental aduciendo, sorprendentemente, que lo hacía para proteger la libertad de los ciudadanos, asumiendo que su prohibición venía motivada por el interés de proteger a la ciudadanía de un posible sesgo republicano en el programa. Tal motivación no impidió, sin embargo, que tal directora aprobara un documental (presentado como ficción), “23F: el día más difícil del Rey”, que era una mera propaganda de la Monarquía y del papel del Rey en el fallido golpe militar del 23 de febrero de 1981.

No hay duda de que los portavoces de TV3 y sus apologistas en el mundo mediático negarán que haya habido un veto político, señalando –como hizo Mònica Terribas- que es una mera suspensión temporal hasta que se haya corregido su orientación. Tales declaraciones ignoran que el documental, tal como lo han hecho sus autores, ha sido prohibido, y nunca se mostrará su versión original, a no ser que se modifique. Esto, en una sociedad democrática, se llama censura.

La Vanguardia, el diario monárquico de Cataluña, propiedad de la familia del Conde Godó (uno de los mayores colaboradores que el régimen anterior tuvo en Cataluña), felicitó a Mònica Terribas por su suspensión (el término que se utilizó para definir el veto), indicando que “la objetividad y el rigor que deben ofrecer la actuación de toda la televisión pública, han llevado a suspender la emisión de un documental sobre la República y la Monarquía, que requería un enfoque distinto” (10-04-10), lo cual significa que se desea que se diluyan todavía más las voces republicanas, dilución que, en el caso de La Vanguardia alcanza su máxima expresión, equivalente a eliminación, pues tal rotativo nunca ha publicado un artículo favorable al establecimiento de la República en España. Esto es lo que el establishment mediático define como libertad de expresión.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1956/la-censura-politica-en-los-medios/

Elecciones en Cuba: Hasta la BBC lo reconoce

Pascual Serrano

Correo del Orinoco

Décadas escuchando que no hay elecciones en Cuba o que hace falta ser miembro del Partido Comunista para ser candidato y el 13 de marzo leemos una información en la web de la BBC titulada “Disidentes cubanos en campaña electoral”.

En ella se dice que: “Sectores de la disidencia cubana han iniciado un nuevo camino tratando de ganar fuerza social para poder ser electos en al Poder Popular , sistema de gobierno que va desde los municipios hasta el parlamento y la misma Presidencia de la República. Durante los últimos meses han hecho campaña electoral con el fin de postularse como delegados de circunscripción, una especie de edil municipal encargado de solucionar los problemas de la comunidad. Son además potenciales candidatos a diputados”.

El corresponsal de la cadena británica afirma que “BBC Mundo estuvo presente durante la reunión que convocó a unos 120 vecinos, que debieron decidir entre un candidato disidente y una del Partido Comunista. A pesar de que nos aseguraron que en otras asambleas de nominación existieron presiones contra los disidentes que se presentaron, en esta ocasión todo transcurrió con total normalidad. Hubo cuestionamientos pero sin agresiones ni insultos”. Recoge también declaraciones de algún opositor, quien afirma: “Somos parte de la Plataforma de Candidatos. Realizamos una acción masiva en todo el país postulándonos para ser electos como delegados (…), es la mejor forma de demostrar que tenemos apoyo en la población”.

El periodista relata lo que vio: “Cuando llegó la hora de postular candidatos, dos personas propusieron que continuara la actual delegada, una medico, miembro del Partido Comunista y jefa de salud pública regional. El otro que levantó la mano fue Silvio (el opositor) para auto proponerse, algo totalmente legal”. También recuerda que “las postulaciones de delegados son a mano alzada pero la elección posterior es secreta, en urnas custodiadas por escolares”.

De forma que mientras los medios internacionales denuncian una dictadura, se están celebrando elecciones, los opositores se presentan de candidatos, la votación es secreta y los corresponsales internacionales que lo deseen pueden estar presentes en las asambleas vecinales.

Www.pascualserrano.net

Pascual Serrano es periodista. Acaba de publicar el libro “El periodismo es noticia” Icaria, abril 2010

IU denuncia al alcalde por comprar parcelas muy por encima del precio de mercado

El Pleno del 19 de abril estudiará dos propuestas del equipo de gobierno para ratificar unos polémicos contratos firmados por el alcalde con dos vecinos de este pueblo.

El origen de esta polémica está en la decisión del alcalde de construir una pista polideportiva en Torrecuevas y otra en La Herradura por métodos poco ortodoxos. Dado que el ayuntamiento ha adquirido la costumbre de vender todo el suelo que consigue por los desarrollos urbanísticos en lugar de reservarlo para pistas deportivas o colegios, cuando se plantea una necesidad de este tipo, hay que comprar una parcela. La compra se puede hacer expropiando a precio de mercado o pagando cuatro o cinco veces el precio de mercado. Da la impresión de que se elige una u otra fórmula en función de criterios que no están nada claros.

En el asunto de Torrecuevas, el alcalde firmó un convenio con el propietario de los terrenos por el cual este cedía al ayuntamiento tres mil metros. A cambio el ayuntamiento modificaría el PGOU para permitirle edificar en una zona que está catalogada como no urbanizable de alta protección.

Además, le permitía pasar toda la edificabilidad de esos tres mil metros a la parcela que le quedaba, con lo cual todo era beneficio. En el caso de que el ayuntamiento no pudiera modificar el PGOU en el plazo de tres años, le pagaría la parcela al propietario. Esa parte del acuerdo es completamente razonable. Lo que no es razonable es que una parcela de suelo rústico se haya valorado a 100 euros el metro, casi 17.000 pesetas.

El plazo fijado en el convenio para que el ayuntamiento pudiera modificar el planeamiento en esa parcela acabó el 12 de febrero, así que ahora tocaba pagar. Como no hay dinero, el alcalde lleva a Pleno una propuesta para prorrogar el convenio dos años más con lo que se traslada una deuda de 300.000 euros a la corporación siguiente.

Dado que el suelo del que hablamos es de especial protección, va a resultar imposible hacer ahí el polideportivo con lo cual tendremos una parcela de tres mil metros abandonada varios años, con los chirimoyos ya cortados y con una deuda de 50 millones de pesetas. Total, un mal negocio para el ayuntamiento.

En La Herradura, el convenio era parecido. La propietaria cedía 2.300 metros de suelo urbanizable no programado para construir una pista deportiva en La Rambla del Espinar a cambio de que el resto de la finca se pasara a suelo urbano y se le permitiera edificar con una edificabilidad de 0,80.

Al tratarse de suelo urbanizable no programado, la pista se pudo construir, pero el alcalde no fue capaz de aprobar el planeamiento de la zona en el plazo previsto. Desde que venció el convenio, han pasado varios años en que la propietaria del terreno se quejaba de que ella había cumplido su parte pero el ayuntamiento no. Ahora el alcalde lleva a Pleno otra nueva prórroga del convenio para que sea igualmente la siguiente corporación la que se haga cargo de una deuda cercana a los 140.000 euros.

Así que Benavides coge las parcelas, acuerda pagar un precio muy elevado por ellas y luego que venga otro detrás a pagar.

Curiosamente, en el caso de La Herradura el precio pactado para la parcela es muy inferior al que se ha firmado para la de Torrecuevas. Mientras en Torrecuevas se ha acordado pagar cien euros el metro, en La Herradura se acordó pagar a sesenta. Es cierto que el convenio de La Herradura se hizo tres años antes, pero también es cierto que la parcela de La Herradura era urbanizable y la de Torrecuevas no.

En el caso de La Herradura hay un informe del arquitecto justificando que, aunque el valor del suelo en los alrededores es de 40 euros el metro, se valora a 60 por las expectativas creadas. En el caso de Torrecuevas ni siquiera hay una explicación. Simplemente se decide pagar el metro a cien euros y ya está.

Moción de apoyo a Baltasar Garzón presentada en los ayuntamientos de Almuñécar y Salobreña

Muchos ciudadanos/as estamos siguiendo con extraordinaria preocupación la situación que se está produciendo en relación con la actuación del Tribunal Supremo con motivo de las acusaciones por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón.

 

Al margen de otras consideraciones sobre el trabajo del juez Baltasar Garzón, parece sorprendente que se le abra un expediente de suspensión en base a la admisión a trámite  de una querella criminal interpuesta contra el mismo por su actuación judicial para intentar investigar los crímenes imprescriptibles del franquismo, y otra dirigida a intentar dejar sin valor las pruebas obtenidas en la investigación del ‘caso Gürtel’.

 

Produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo contra muchos ciudadanos de nuestro país, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia. Es increíble que se ampare a los verdugos y se abandone una vez más a las víctimas.

 

Es igualmente sorprendente que se pretenda, mediante querellas criminales constantes, minar el esfuerzo judicial por intentar esclarecer casos de corrupción como el ‘caso Gürtel’, intentando amparar las prácticas corruptas, limitando la posibilidad de investigación. De continuarse la tramitación contra el juez Garzón se estaría poniendo en peligro la investigación del ‘caso Gürtel’ y sembrado el camino de impunidad para los actualmente implicados

 

Estas actuaciones judiciales iniciadas por los ámbitos de la derecha y la extrema derecha de nuestro país, autores de las querellas criminales admitidas a trámite, suponen un pulso inadmisible a la democracia y la justicia en nuestro país que no debe ser amparado por el órgano de gobierno de los jueces.

 

Lo que está ocurriendo en el presente caso no es sólo una actuación contra un juez que,  en el ejercicio de sus funciones, inicia actuaciones judiciales en el ámbito de su competencia y en el marco de las atribuciones que tiene encomendadas sino que lo que se traslada a toda la ciudadanía es que en este país hay asuntos y personas que son intocables y que actuar contra ellos supone, aún hoy, consecuencias graves para quienes lo realizan.

 

Creemos que la campaña de acoso y derribo que se está llevando a cabo por sectores de la extrema derecha y la derecha de nuestro país es realmente inadmisible en democracia, intenta minar la independencia judicial y pretende enviar un mensaje al conjunto de la ciudadanía de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia.

 

No es de extrañar que demócratas de todo el mundo y organizaciones judiciales nacionales e internacionales de derechos humanos se hayan escandalizado ante esta campaña y hayan mostrado su solidaridad con el juez Baltasar Garzón.

 

Por todo ello, y en tanto se resuelvan los procedimientos judiciales contra el juez Garzón, éste no debería ser suspendido de sus funciones, ni se deben continuar tomando decisiones que pongan en entredicho la imparcialidad del órgano de Gobierno de los jueces y del propio Tribunal Supremo.

 

Por todo lo anterior se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes

 

ACUERDOS

 

1º Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido.

 

2º Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta imparcialidad en el presente asunto sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón en tanto en cuanto no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le imputan .

 

3º Exigir que las víctimas del franquismo que instaron el inicio del procedimiento judicial abierto por los crímenes del franquismo puedan ser parte en el procedimiento judicial contra el juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo.

 

4º Garantizar que los procedimientos por corrupción investigados hasta el momento por el juez Garzón continúen y amplíen el ámbito de investigación con objeto de esclarecer las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

Moción acerca de Miguel Hernández presentada en los ayuntamientos de Salobreña y Almuñécar

El poeta Miguel Hernández, nacido en Orihuela (Alicante), fue condenado a muerte por su compromiso con el pueblo y con los ideales de progreso y cultura de la Segunda República Española; por hacer de la poesía su mejor arma revolucionaria. Miguel Hernández es un ejemplo de poeta comprometido con los valores de la persona, con el mundo del trabajo, con la libertad y la justicia.

 

Cuando terminó la guerra, fue detenido, encarcelado y condenado a muerte por un Tribunal Militar de la dictadura franquista en el Consejo Sumarísimo 21001, el 18 de enero de 1940, por los delitos de “chivato traidor” y “ser el poeta del pueblo”, penas conmutadas por treinta años de cárcel, que fue cumpliendo por varias de ellas. Hasta que gravemente enfermo, murió en el Reformatorio de Adultos de Alicante el 28 de marzo de 1942.

Miguel Hernández forma parte del patrimonio cultural de la humanidad; su poesía, sigue siendo palabra en el tiempo para denunciar la injusticia y luchar por la libertad; él no entendía el papel del poeta y del intelectual si no estaba arraigado en un compromiso social y político; no desertó nunca de su clase social, de su condición de campesino pobre, ni del poder transformador de la palabra.

 

Desde IU se está impulsando y promoviendo desde distintos ámbitos, de manera conjunta o en colaboración con otras iniciativas institucionales y académicas, intelectuales y artistas; la revisión y anulación total de la sentencia de pena de muerte, y la reparación y reconocimiento personal del poeta injustamente condenado por defender al gobierno legítimo de la Segunda República.

En este sentido apoyamos y defendemos de manera incondicional a la familia de tan insigne poeta, así como a otras instituciones; en todas aquellas propuestas que se programen o realicen sobre Miguel Hernández, encaminadas a la reparación y reconocimiento personal de dicho poeta.

Al respecto y en similares términos, ya se ha pronunciado la Sra. Vicepresidenta del gobierno, Dña. María Teresa Fernández de la Vega.

 

Por todo ello IULV-CA solicita que se tomen los siguientes ACUERDOS

 

Primero:

Apoyar la petición formal ante el Gobierno de España de la familia de Miguel Hernández, para que públicamente se repare y reconozca la injusta condena franquista al poeta.

Segundo:

Apoyar igualmente a la familia del poeta, en su petición ante el Tribunal Supremo para que se revise y anule definitivamente su condena a muerte.

Tercero:

Dar traslado de estos acuerdos al Parlamento Andaluz y al Congreso de los Diputados; así como a la Presidencia del Gobierno.

Llamazares considera urgente la renovación del Tribunal Constitucional

El portavoz parlamentario de IU ve “imprescindible que el Constitucional se dote de una credibilidad, legitimidad y autoridad a las que PP y PSOE se han encargado de minar en los últimos años y que desde dentro del propio tribunal tampoco han hecho mucho por salvaguardar”
 
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, considera que “ante el ‘vía crucis’ en el que se ha convertido la adopción de una sentencia sobre el Estatut de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional” y el enorme retraso que acarrea la decisión que han tomado hoy sus reducidos componentes “lo que pasa a ser una prioridad es una urgente renovación del mismo que le dote de una legitimidad que por razones internas y externas ha perdido a pasos agigantados”.
 
El Constitucional ha rechazado por seis votos a cuatro el quinto borrador presentado por la magistrada Elisa Pérez Vera, que anulaba una quincena de artículos y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena de ellos a la interpretación que se les de en las leyes que lo desarrollen.
 
Llamazares considera “incomprensible” que la elaboración de la nueva ponencia de la sentencia pase a manos del vicepresidente de la máxima instancia constitucional, el conservador Guillermo Jiménez, “que es un experto en Derecho Mercantil y uno de los cuatro magistrados designados por el Senado cuyo mandato expiró a finales de 2007”.
 
Para el diputado de IU, “es imprescindible que el Constitucional se dote de una credibilidad, legitimidad y autoridad a las que PP y PSOE se han encargado de minar en los últimos años y que desde dentro del propio tribunal tampoco han hecho mucho por salvaguardar”.
 
“Estamos –afirma Llamazares- ante un deterioro que es consecuencia, por un lado, del juego de recusaciones de magistrados para buscar decisiones que se adecuen a intereses de todo tipo menos jurídicos tras el recurso del PP y, por otro, de los intereses de los dos grandes partidos que han bloqueado una necesaria y ya casi arqueológica renovación”.
 
Gaspar Llamazares señala que “lo más importante en estos momentos es que las fuerzas políticas tratemos de convencer a PP y PSOE de que se replantee de una vez las funciones y composición del Tribunal Constitucional ante su evidente degradación y que, por lo menos, pueda volver a emitir sentencias, ya que la del Estatut, sea cuál sea con la composición actual, no se la creerá nadie”.

La pedofilia y sus argumentos

“Ante la actual invasión de erotismo no es fácil mantenerse fiel en el celibato ni en el respeto a los niños”.

Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, México.

“Puede haber menores que sí lo consientan (el abuso sexual) y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan”.

Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, Islas Canarias.

“Han demostrado muchos psicólogos y psiquiatras que no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, y me han dicho recientemente, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia”.

Tarciso Bertone, secretario de Estado Vaticano, de visita en Santiago.

Para los más curiosos, la leyenda de la foto dice en finlandés: “Revelaciones en importante periódico americano: Papa envuelto en escándalo de pedofilia”.