Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración en Motril

Del 21 al 23 de Abril se van a celebrar en la Casa de la Palma de Motril unas Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración. El coordinador de las Jornadas es Felipe Villa, abogado y Profesor de Derecho del Trabajo. En el marco de esas Jornadas, el jueves a las 12 de la mañana habrá una conferencia titulada 'Inmigración y Derechos Sindicales' en la que el relator será Felipe Villa, siendo los ponentes Antonio Baylos y Luis Triguero. Felipe Villa es en la actualidad concejal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Motril.

Fotos de la concentración de Granada en apoyo a Garzón

Concentraciones de apoyo a Baltasar Garzón en Granada y Motril

Entre las 400 personas que han acudido al acto de Granada se encontraban representantes de PSOE e IU, además de miembros de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica.

En Motril, un acto similar convocado por Izquierda Unida ha reunido a 300 personas en la Plaza de la Aurora. En el acto de Motril, el concejal de IU, Felipe Villa, leyó un comunicado.

EUROPA PRESS Unas 400 personas, según fuentes policiales, se han concentrado este viernes frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Granada, para mostrar su apoyo a las actuaciones del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, "el único que con valentía ha intentado abrir el camino hacia la dignificación de las víctimas y de sus familiares", según los sindicatos convocantes CCOO y UGT.

El acto, al que han acudido, además de sindicalistas y ciudadanos, representantes del PSOE e IU y de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha concluido con la lectura de un manifiesto, que ya pronunciaron los líderes sindicales de UGT y CCOO hace unos días en la Universidad Complutense de Madrid.

Antes de esa lectura, la secretaria provincial de UGT, Manuel Martínez, indicó a los periodistas que la concentración no se ha convocado "en apoyo a una persona", sino a sus actuaciones, porque Garzón "ha intentado hacer justicia". "Nosotros estamos convencidos de que la democracia tiene una deuda pendiente con los desaparecidos de la dictadura y no hay que tener miedo a la verdad", señaló Martínez, quien consideró además que la democracia se verá "fortalecida" si esa verdad se afronta "con valentía".

Asimismo, la sindicalista hizo referencia a la Ley de Memoria Histórica y, aunque incidió en que este tipo de concentraciones no pretende coaccionar al Tribunal Supremo ni al Consejo General del Poder Judicial --que tendrá que determinar si procede la suspensión del magistrado al haber sido procesado por investigar los crímenes del franquismo--, "no es de recibo", a su entender, que se le plantee una causa por prevaricación cuando aún el Alto Tribunal no ha decidido si la Audiencia Nacional es la competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil.

Preguntada por si considera que este tipo de concentraciones pueden perjudicar al juez, como ayer sostuvo su abogado en la causa sobre sus cursos en Nueva York, Enrique Molina, Martínez consideró que los sindicatos y la ciudadanía están "legitimados" para hacer una "defensa de sus actuaciones.

Por su parte, el secretario de CCOO en Granada, Ricardo Flores, incidió en que el acto de hoy, que estuvo amenazado por la lluvia, aunque débil, no es sólo de apoyo al juez "sino en defesa de las democracia y de las libertades en España".

Entre los asistentes a la concentración se encontraba la familia del maestro de Alhendín Ángel Matarán Muñoz, que fue "secuestrado y asesinado" junto a su hijo, estudiante de Magisterio, el 13 de agosto de 1936.

Su nieta, que portaba su foto, señaló que acude a la concentración como "acto de justicia" por Garzón, una de las pocas personas que se han preocupado por las víctimas de la Guerra Civil. "No se tiene que investigar para abrir heridas, sino para cicatrizarlas. Todo lo que no se cuenta queda abierto y nosotros queremos poder enterrar a mi abuelo", dijo la nieta del maestro desaparecido.

El Ayuntamiento de Granada subasta bienes de José Ávila Rojas por impago de impuestos

Los bienes del constructor Ávila Rojas han sido sacados a subasta por el Ayuntamiento de Granada por sus reiterados impagos de impuestos municipales. Según explicó ayer a IDEAL el concejal de Economía, Juan Antonio Mérida, el constructor, que cumple condena por un delito de fraude fiscal, mantiene una deuda superior al millón de euros acumulada de las 500 o 600 que se han sumado a lo largo de los años. Ante esa situación, el Ayuntamiento firmó tiempo atrás un convenio con él por el que éste se comprometía a realizar los pagos en sucesivas anualidades.

 

El primer año, Ávila Rojas abonó sus cantidades, pero en los sucesivos no hubo ningún pago. Como en el convenio se recogían los bienes que el constructor puso como garantía en caso de impagos, esos mismos se acaban de sacar a subasta pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP): son tres locales. Los dos primeros son un local semisótano y otro comercial ubicados en la cuarta fase de la urbanización los Rebites, dentro del término municipal de Huétor Vega, cada uno con una superficie de unos 350 metros cuadrados.

 

El tercer bien objeto de subasta pública se encuentra en Armilla, en el edificio San Miguel IV, en la avenida de la Diputación. Se trata de un local en semisótano destinado a utilizarse como almacén y con una superficie total de 326 metros cuadrados. La subasta de estos bienes se celebrará el próximo 26 de mayo en la sede de la Agencia Municipal Tributaria. El concejal de Economía cuenta con que, en la actual coyuntura de crisis, la subasta pueda quedarse sin falta de compradores, en cuyo caso el Ayuntamiento se guardaría la propiedad de los bienes esperando una ocasión mejor.

Izquierda Unida apoya la movilización contra los transgénicos y participará en la manifestación convocada el 17 de abril en Madrid

Izquierda Unida apoya la manifestación contra los cultivos transgénicos convocada en Madrid el próximo sábado 17 de abril y a la que asistirá con una amplia delegación de militantes y simpatizantes.
 
“Apoyamos, como siempre lo hemos hecho, cualquier iniciativa para que los cultivos transgénicos dejen de tener en toda la Unión Europea la puerta abierta a su implantación masiva”, señala Barrena. El secretario de medio ambiente de IU y coordinador de esta formación en Aragón, recuerda que la posición de Izquierda Unida es muy clara y contundente, “estamos totalmente en contra de los cultivos transgénicos, como hemos demostrado en todas las instituciones, y mantenemos una posición muy firme de lucha y oposición a los transgénicos, porque conocemos las negativas consecuencias de su cultivo en España, donde aproximadamente el 20% del maíz producido ha sido modificado genéticamente y que otra parte importante de la producción está contaminada por transgénicos, que llega a hacer imposible la coexistencia entre estos cultivos y los tradicionales”.
 
Por ello, la formación política de izquierdas ha denunciando continuadamente la falta de una política estratégica orientada a potenciar la agricultura ecológica. “La inacción de nuestro Gobierno en la materia impide el despegue de esta forma productiva beneficiosa para el medio ambiente y para la salud de la ciudadanía”, explica Barrena. “En su lugar, cada vez toman más protagonismo los cultivos transgénicos, demandantes de una gran cantidad de fertilizantes químicos y consecuentemente contaminantes que, por otra parte, están arrinconando a la agricultura orgánica, hasta el extremo de hacer desaparecer determinadas especialidades productivas de nuestro territorio, como el maíz ecológico, puesto que no es posible la coexistencia”.
 
Izquierda Unida continuará su trabajo hasta lograr que el Ejecutivo declare nuestro país territorio libre de cultivos transgénicos, promueva, en los ámbitos de su competencia, la extensión de la declaración a la totalidad del territorio español, realice las acciones necesarias para evaluar los impactos económicos, ambientales o de otra naturaleza que el cultivo de transgénicos esté ocasionando sobre el medio ambiente y sobre los cultivadores ecológicos y convencionales, y adopte todas las medidas necesarias para reducir la presencia de estos cultivos hasta su erradicación en nuestro territorio.
 
Adolfo Barrena concluye diciendo que “es responsabilidad de toda autoridad administrativa velar por la seguridad de los consumidores y los derechos de los agricultores cuyas producciones se ven contaminadas con variedades.
 
En la web de la campaña podreis encontrar toda la información además de los medios de transporte organizados para acudir a la manifestación: "No quiero transgénicos".

Egunkaria, una historia de terror

Óscar Rodríguez Criado

Rebelión

El caso Egunkaria no es un caso más en la historia judicial de la "democracia" española. La claridad y contundencia de la sentencia pone de manifiesto que es un asunto que sobrepasa los límites de la disputa entre la derecha y la izquierda y entre los nacionalismos vasco y español. Es, desde cualquier punto de vista, un tema que pone en entredicho la existencia de un estado de derecho y democrático de mínima calidad en España. Las distintas reacciones de los principales medios de comunicación también ponen de manifiesto la hipocresía y el extremo nacionalismo españolista reinante en la mayoría de los medios de comunicación españoles entre los que Público es una rara excepción.

Nos encontramos con una sentencia que afirma que no existe ningún elemento probatorio que demuestre vinculación de ningún tipo entre Egunkaria y ETA. Sin embargo, el periódico se cerró hace siete años, sus responsables fueron encarcelados durante meses (en algunos casos durante más de un año) y denunciaron maltratos y torturas durante su cautiverio, posibilidad más que probable si tenemos en cuenta que la sentencia afirma que sus denuncias sobre malos tratos son "compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención", añadiendo que "no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de incomunicación".

España es un Estado de Derecho, cuyo ordenamiento jurídico se basa en la Constitución Española, en cuyo Capítulo II, Derechos y Libertades, Sección 1ª, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, Artículo 15, Derecho a la Vida, podemos leer: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".

Si los informes médicos emitidos en los propios centros de detención coinciden con las torturas y malos tratos denunciados y no hubo elementos de control para impedir que éstos se realizaran, es inevitable concluir que existieron, salvo que creamos que cuando se tortura o se dan malos tratos a los detenidos es practica habitual de los torturadores grabar sus felonías para la posteridad. Ante esta conclusión se podría argumentar que los presos etarras siguen la consigna de la banda terrorista de autolesionarse para denunciar malos tratos y torturas. Pero esta excusa no podrá ser aplicada en este caso, puesto que la sentencia considera probado que los señores acusados ni pertenecían a ETA ni seguían en manera alguna sus consignas.

Ante un caso evidente de torturas, o incluso, ante la posibilidad abierta de que éstas se hubieran podido llevar a cabo ya que no hubo mecanismos de control judiciales para impedirlo, lo mínimo exigible sería que el Sr. Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, compareciera de urgencia en el Parlamento español para explicar porque no existieron esos mecanismos de control que abren la puerta a violar la integridad física y moral de las personas. Ni que decir tiene que en esta comparecencia debería garantizar la investigación profunda de lo sucedido, el castigo de los culpables y la reparación de las víctimas, como paso previo a su dimisión al ser el ministro el máximo responsable de que se garantice la integridad física y moral de los españoles consagrada por la citada Constitución.

También podría darse el caso de que el ministro considere que los encausados no son españoles, pero en este caso los acusados también estarían amparados por los convenios internacionales firmados por España relativos a la defensa de los derechos humanos. Si esto sucede en un caso de gran interés público, especialmente en Euskadi, no es de extrañar que Amnistía Internacional denuncie que en España no sólo hay presos políticos (que es lo que fueron los directivos de Egunkaria durante su reclusión), sino que los malos tratos, las palizas y las torturas cometidas por las fuerzas policiales son una práctica habitual en las comisarias españolas. Si esto le sucede al director de un periódico, mejor no imaginarse el trato que recibirá un yonqui que le robe el bolso a una anciana.

Si todo lo relatado es de una extrema gravedad, aún peor resultan el análisis y las conclusiones a las que llegan los principales medios de comunicación españoles. El título de la editorial que El País le dedica al caso difícilmente puede ser más demagógico "Egunkaría acaba bien". Si los Sres. Cebrián o Polanco Jr. fueran encarcelados, acusados de terroristas, torturados y su periódico fuera cerrado, despidiendo a sus empleados y privando a sus periodistas de ejercer la libertad de expresión y a sus lectores la libertad de información, dudo mucho que consideraran que este conjunto de situaciones se pueda resumir como un final feliz. En cualquier caso, se referirán al concepto de felicidad más breve jamás realizado en la historia de la humanidad.

Al inefable Pedro J. Ramírez, la sentencia le parece, según afirma en la sección El Mundo en 2' que "la absolución... es una buena prueba de que vivimos en un estado de derecho y de que incluso aquellos españoles que se creen no serlo están protegidos por las garantías constitucionales”.

En el mismo sentido se manifestaba el martes Esther Palomera, adjunta de la dirección de La Razón en Los Desayunos de TVE. A ABC el asunto ni tan siquiera le parece merecer un espacio en su portada, y publica una breve nota de la sentencia en su sección nacional.

Lo que se desprende de las informaciones de estos medios es que nunca unos pocos deberían ser tan felices por sufrir prisión, perder su empleo y ser vejados física y moralmente.

¿Se imaginan lo que habrían dicho estos medios si el caso hubiera sido en la Venezuela del Sr. Chávez? No hace falta imaginarlo. ABC anuncia en la portada de su edición digital una entrevista a Rodrigo Diamanti, conferenciante de FAES y coordinador de la organización "un mundo sin mordazas" de Venezuela. En el titular que en esta portada hace Virginia Ródenas se puede leer: "Diamanti quiere una Venezuela libre y ha decidido dar la batalla con la palabra porque sin la libertad de expresión es imposible colmar ningún otro derecho". Ojalá la Sra. Ródenas fuera tan sensible al respecto con el ejercicio libertad de expresión en su país.

La violación de los derechos fundamentales de los acusados reconocidos por la sacrosanta Constitución Española ha quedado claramente demostrada. Pero no son los únicos cuyos derechos también han sido violados. El artículo 35, apartado 1 de la Constitución establece que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo". También parece obvio que los 180 trabajadores de Egunkaria que perdieron su empleo por la histérica instrucción del caso por parte del juez Del Olmo y de la inquisitorial acusación popular llevada a cabo por las asociaciones Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo fueron gravemente perjudicados en el ejercicio del derecho y el deber al trabajo que la Constitución les otorga.

Pero la lista de afectados por esta locura es aún mayor. Me refiero de nuevo a la Constitución Española que en su artículo 3 del Titulo Preliminar, sobre El castellano y las demás lenguas españolas, apartado 3 dice: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección". Pues bien, el especial respeto y protección que de hecho ha recibido el diario Egunkaria, que era el único que se editaba en euskera en el País Vasco ha consistido en su cierre gracias a una acusación de terrorismo sin elemento probatorio alguno.

Y es conveniente señalar que en este punto del respeto a las distintas lenguas oficiales del Estado es donde se encuentra el meollo de todo este triste asunto. La criminalización que de hecho ha supuesto el uso del euskera, lengua oficial, junto a la española del País Vasco, asumiendo que su simple uso significa cooperación con el terrorismo, expresa una visión de España claramente preconstitucional. No es más que el penoso reflejo de la idea nacionalcatólica de España heredada del fascismo franquista defendida por todos aquellos que, tanto en el PP como en amplios sectores del PSOE, así como en la mayoría de los medios de comunicación, no dudan en calificarse como demócratas. Es una idea de España que no respeta ni la Constitución que ellos mismos promulgaron y que tanto dicen admirar y defender. Es una España monocultural y uniforme, despreciadora de las distintas lenguas y culturas de los pueblos que la componen.

Un excelente artículo del Dr. Vicenç Navarro afirma en su título que las derechas rompen España. Su afirmación no puede ser más cierta. El trato inhumano recibido por los acusados de Egunkaria, el desprecio a los trabajadores de la empresa, a los derechos fundamentales de expresión, al derecho de los lectores a informarse en la lengua que ellos libremente decidan, siendo ésta una lengua oficial y que merece, según la Constitución un especial respeto y protección muestra que no sólo los independentistas o nacionalistas moderados no pueden sentirse cómodos dentro de esa concepción de España.

En esa España tampoco nos podemos sentir cómodos los que aún siendo abiertamente antinacionalistas, como en mi caso, consideramos que España es una realidad plural, con diferentes sensibilidades nacionales y culturales, con diferentes lenguas y costumbres, todas ellas merecedoras del mismo respeto y protección, fuente de enriquecimiento mutuo de todos sus ciudadanos.

Sin embargo, resulta difícil creer que esta España multicultural y multinacional pueda existir en el actual marco institucional, con todos los símbolos nacionales (himno y bandera) heredados del régimen franquista, con un Jefe del Estado sucesor del dictador, al que él mismo le reconocía el origen de su legitimidad salida del 18 de Julio de 1936, que nunca ha sido capaz de dirigirse a sus "súbditos" en una lengua distinta al castellano y que jamás ha expresado, ni lo hará, una sola palabra de reconocimiento hacia los miles de españoles republicanos vilmente asesinados por el fascismo que aún yacen dolorosamente enterrados en las cunetas de nuestro país, negándoles a ellos y sus familias cualquier posibilidad de reparación histórica y de justicia.

Finalmente, ofrecerle todo mi apoyo y solidaridad a los acusados,a los trabajadores de Egunkaria y a todos los vascos, nacionalistas o no, que perdieron el derecho a leer e informarse en su lengua. No habrá indemnización que pueda reparar el daño causado. Además, esta indemnización, si se produce, consistirá en una cantidad económica proveniente de las arcas del Estado, es decir, de los bolsillos de todos los trabajadores. El juez Del Olmo y especialmente las asociaciones que han promovido la acusación popular deberían pagar el sueldo de los empleados durante esos siete años, las pérdidas de los ingresos por venta y publicidad de los periódicos, las pérdidas de los distribuidores y vendedores del mismo, así como las indemnizaciones por los daños físicos y morales que los acusados han sufrido durante su injusta estancia en prisión.

Asimismo, todos los que acusaron a Egunkaria de pertenecer a ETA en los medios de comunicación deberían responder de sus calumnias ante los tribunales. Si a los que han promovido esta inquisitorial cacería fascista sus excesos les salen gratis, no duden ni un momento que estas barbaridades se repetirán en el futuro.

Funerales de Estado

Rafael Cid

Ràdio Klara

Mientras el paro continúa su implacable guillotina, demostrando que la crisis la pagan las víctimas, y los bancos hacen su agosto, tomando dinero al 1% del Banco Central Europeo (nosotros) y prestando al Estado (nosotros) al 3,8%, institucionalizando la estafa legal como forma pía de negocio, la izquierda social está siendo conducida al burladero de la retórica política por la izquierda karaoke en el poder y su entorno, desviando el problema clave del saqueo económico hacia el debate partidista de los casos Gürtel y Garzón para acumular fuerzas que permitan al gobierno socialista revalidarse lampedusianamente en las urnas para que todo siga igual.

El caso Gürtel es una trama de corrupción política como la copa de un pino que debería llevar al desguace a todo el Partido Popular, a sus pompas y a sus honras, por varias generaciones. La caverna, como estaba profetizado dado sus espurios orígenes, ha devenido en una cueva de malhechores sin remisión. Y el intento de procesar a Baltasar Garzón por haber abierto un sumario sobre los crímenes del franquismo para impedir que la Ley de Memoria Histórica se convirtiera en la práctica en una Ley de Punto Final, es otra constatación de la pobre calidad de la democracia existente, fruto envenenado de una transición que sirvió de Arca de Noé para que los verdugos de la dictadura se blanquearan en las nuevas instituciones. Treinta y cinco años de consensos para extirpar de la conciencia popular la experiencia democrática de la legalidad republicana han convertido el actual Estado de Derecho en un simulacro sólo apto para catecúmenos.

Pero esas dos realidades incontestables no deberían convertirse en el único referente político, ni agotar todas las posibilidades de vitalización democrática. Hay que atacar los efectos pero si no se corrigen las causas estaremos haciendo un ejercicio de simulación a beneficio de inventario, aunque el aprovechado en este turno de oficio sea la sedicente izquierda. Y en el origen de los males de la patria, que diría un regeneracionista trasnochado, está el poder de la banca, que riega con su generosa financiación a los partidos políticos mayoritarios para que no se atropellen en casos cleptómanos tipo Gürtel o Filesa, y el mecanismo parasitario del paso de una dictadura a una democracia coronada con los mismos mimbres que la dictadura.

Lo que no puede ser es que la espuma de los días nos impida ver el bosque aunque estemos emboscados. Es decir, constatar que la defensa del caso Garzón se haga obviando que estos lodos proceden de los vendavales antidemocráticos de la transición, como por otra parte han señalado por todo lo alto instituciones como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, al exigir como reparación esencial la anulación de la Ley de Amnistía del 77. O, en el caso Gürtel y los 40 ladrones, que este atraco en toda regla no sea óbice ni valladar para que el PSOE mantenga acuerdos de calado con ese PP cleptómano o asimilados en Euskadi, Navarra (por partido interpuesto, UPN) y Baleares (la trincona Unió Mallorquina) o aborte los consensos con la banda de los gürtelianos en asuntos capitales como Educación, elección de Durao Barroso para la presidencia de la UE, pacto de directiva de la vergüenza sobre emigración, desregulación fusiones de televisiones privadas , limitación ley de Justicia Universal, pacto de Sanidad, etc., etc., etc.

La amenaza de berlusconización de la política española no es fenómeno sobrenatural, sino una consecuencia del descrédito de una clase política ganado a pulso por legislaturas garrapiñadas entre las cúpulas del duopolio partidista sin juego parlamentario real. La indiferencia ciudadana, el autismo vivencial, la pasividad venal y el abstencionismo ético es un caldo de cultivo que se condimenta en las cocinas de la política realmente existente para impedir que haya un cambio estructural que signifique algo nuevo para la sociedad civil. Por el eso, al margen de los movimientos pendulares que temas como la trama Gürtel procuran de tarde en tarde como pirotecnia ideológica, la percepción entre el pueblo soberano es que todo sigue atado y bien atado.

Invadido el espacio público por la representación partidista, que en última instancia obedece a intereses privados inconfesables, como demuestran las medidas adoptadas para capear la crisis drenando recursos públicos al sector privados, el conservadurismo atolondrado se convierte en un axioma para el común de los mortales. De hecho, con la que está cayendo (el fondo de reptiles Gürtel que es la madre de todas las corrupciones habidas y por haber, y el más difícil todavía de Falange Española y de las JONS, el banderín de enganche del Alzamiento Nacional, sentando en el banquillo al magistrado que osó investigar las responsabilidades del franquismo), el PP aventaja en seis puntos en intención de voto al PSOE. ¿Será por algo?

Fuente: http://www.radioklara.org/spip/spip.php?article3622

Adhara: otra empresa más que se ha cargado Benavides

En su obsesión por acabar con toda persona, negocio o partido discrepante, Benavides ha conseguido por fin arruinar a la empresa de Ayuda a Domicilio. No hace tanto que consiguió cargarse al Mirlo para que la limpieza quedara en manos de una multinacional como Fomento de Contratas y Construcciones. Ahora se ha cargado Adhara.

Adhara es una pequeña empresa local en la que todos los trabajadores y los empresarios (la gran mayoría mujeres) son de nuestro municipio. Tras obligarle a coger cada día más y más servicios, sin pagárselos a pesar de cobrar puntualmente de la Junta de Andalucía, Benavides ha conseguido acabar con la economía de esta empresa y, de camino, dejar sin servicio de ayuda a domicilio a decenas de personas mayores durante varios meses.

A cambio, el ayuntamiento se ahorra todo el dinero que no va a pagar a la empresa por los servicios que se han dejado de prestar por la huelga. Además, como debe varios meses, que sí los ha cobrado de la Junta, ha podido dedicar ese dinero a tapar otros agujeros. Finalmente, agobiada por las deudas, la empresa ha tenido que renunciar.

Pero ocurre que una nueva empresa se había presentado a un concurso para quedarse con este servicio y sustituir progresivamente a Adhara. Esta nueva empresa se llama Arquitempo y, como es lógico, se tenía que hacer cargo de la plantilla de Adhara. La ley así lo establece. Se llama mecanismo de sucesión de empresas. Sin que sepamos los motivos reales, esta nueva empresa se ha retirado y ahora mismo no hay ninguna empresa que lleve el servicio de ayuda a domicilio en la localidad.

De este desastre, de esta mala gestión y de esta despreocupación por los ciudadanos el mayor responsable es el alcalde, ese señor que vive en vacaciones permanentes y que dedica unas horas de vez en cuando para ver cómo van los aparcamientos y poca cosa más. A cambio cobra más de ochenta mil euros al año, algo que no llegan a cobrar ni cuatro mujeres juntas de esas que se hartan de trabajar ocho horas al día sin fallar para cuidar a los mayores que tanto lo necesitan.

Ahora dicen desde el ayuntamiento que este va a gestionar de forma directa el servicio. Y entonces, queremos que se nos responda por qué se mintió en el Pleno cuando se le dijo al concejal de IU que si el ayuntamiento se quedaba con el servicio de limpieza los trabajadores quedarían en la calle. La única respuesta es que son tan mentirosos como inútiles gestionando.

IU de Almuñécar conmemora el Día de la República

Cerca de un centenar de personas acudieron en la tarde del miércoles a los actos organizados por Izquierda Unida para conmemorar el Día de la República.

El Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Almuñécar quedó prácticamente lleno para contemplar un documental titulado “Memoria recuperada de la República”, con imágenes inéditas de los primeros días de la II República, oír una conferencia y participar en un animado coloquio. La presentación del acto corrió a cargo de Antonio Leyva, coordinador local.

Aunque estaba prevista la asistencia del escritor y dibujante Andrés Vázquez de Sola, problemas de última hora le impidieron desplazarse hasta Almuñécar. En su lugar, la conferencia corrió a cargo de Francisco Fernández, responsable de comunicación de IU de Almuñécar.

Francisco Fernández explicó la vinculación entre democracia y república ya que no puede existir democracia plena en una sociedad que no puede elegir al Jefe del Estado. El conferenciante justificó además la necesidad de implantar en este país una república en las evidentes carencias de la Casa Real en general y de Juan Carlos en particular.

Fernández criticó con variados argumentos la figura del monarca y explicó algunos de los hechos más relevantes y los logros democráticos conseguidos en los pocos años en que este país ha tenido la república como forma de organización del Estado.

Fernández explicó que, siendo esta una condición necesaria, no basta con elegir al Jefe del estado, sino que es necesario que la república se configure como una entidad de progreso que garantiza los derechos humanos en la práctica. De lo contrario, podríamos encontrarnos con problemas como los que se dan en una república italiana dirigida por Berlusconi o en la república de los Estados Unidos dirigida por el poder militar y personajes como Bush.

El conferenciante aludió a la situación del juez Garzón como un ejemplo de una mala transición en la que se organizó todo para que el franquismo quedara bien incrustado en la nueva estructura de dirección económica, política, militar o judicial. Hizo autocrítica acerca del papel desempeñado en esa etapa por la izquierda que, posiblemente por miedo, cedió en muchas cuestiones que hoy en día se revelan como una fuente de problemas cotidianos.

IU de Motril convoca una concentración de apoyo al juez Garzón

Los ciudadanos que quieran expresar su rechazo contra el procesamiento judicial abierto contra al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tienen una oportunidad de hacerlo mañana viernes día 16 a partir de las ocho de la tarde en la motrileña plaza de la Aurora. La convocatoria la realiza IU-LV en Motril.

 

La coordinadora de IU, Paqué, aprovechó la conmemoración, ayer del día de proclamación de la II República, para anunciar esta iniciativa que pretende dar «una respuesta, democrática y respetuosa con la independencia del poder judicial, a la campaña iniciada por sectores de la extrema derecha».

 

«Es algo inadmisible en democracia y lo que se pretende es minar la independencia judicial y enviar un mensaje a la sociedad de que todavía existen límites, no escritos, para la acción de la justicia y la democracia», declaró la coordinadora local.

 

«Vergüenza»

Izquierda Unida califica de «indignante» que no se anime a clarificar los delitos del franquismo y dar respuesta a los familiares de las víctimas desaparecidas, y por el contrario se persiga que a quienes tratan de contribuir con esta acción.

 

Paqué exigió al Consejo del Poder Judicial una actuación imparcial y no suspendan de sus funciones a Garzón hasta tanto no se produzca resoluciones judiciales definitivas sobre los hechos que se le imputan.

 

«Lo que está ocurriendo es la mayor vergüenza en la historia de la democracia y resulta penoso que tengan que intervenir los tribunales internacionales», declaró.

 

También pidió que se permita participar en este proceso judicial a los familiares de las víctimas del franquismo.

 

Por otro lado, un homenaje a los fusilados durante la dictadura en la tapia del cementerio de Motril y un recital de los versos de Miguel Hernández completaron ayer los actos en recuerdo a la II República.

Cayo Lara: Los que hoy están trabajando para que Garzón se siente en el banquillo, son quienes ayer estaban a favor de los que apretaban el gatillo

Izquierda Unida se solidariza con Berzosa y Villarejo, ante la denuncia de Manos Limpias. Para IU, el sindicato ultra-conservador Manos Limpias sólo busca notoriedad pública, a la vez que continúa la persecución contra las personas que apoyan al juez Garzón y la investigación y esclarecimiento de los crímenes del franquismo.
 
Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Madrid al rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, y al ex Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, por el acto celebrado ayer martes en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que ambos tuvieron una presencia muy significada.
 
A Berzosa le acusan de prevaricación y malversación de caudales públicos y a Jiménez Villarejo de injurias y calumnias. El presunto delito de malversación de caudales públicos de Berzosa, según el sindicato, implicaría, por un lado, que la cesión del aula para que se celebrase ayer el acto, convocado por CC.OO. y UGT, fue dictada por el rector de la Complutense.
 
En relación con la denuncia a Jiménez Villarejo, alude a que "acusó públicamente" a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de ser "cómplices de las torturas" en la época franquista. En concreto, Carlos Jiménez Villarejo, dijo, “el auto de Varela dice que la labor de jueces y fiscales a favor de las víctimas de la dictadura es encomiable. ¿Cómo puede decir eso? Pero si estuvieron formando parte del TOP (Tribunal de Orden Público) hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años. Esa fue la sensibilidad de los jueces con las víctimas de la dictadura.”
 
El sindicato Manos Limpias considera que el acto público de la Universidad Complutense, "supuso un ataque y subversión" del sistema democrático español y "una coacción a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, un llamamiento a la Sociedad Española de enfrentamientos, la comisión de delitos e injurias", es decir, "una incitación al golpismo" contra la democracia.
 
Izquierda Unida defiende el derecho a la libertad de expresión de los acusados y también la autonomía universitaria. En este sentido recuerda que el juez Garzón es profesor asociado de la Universidad Complutense. Para Cayo Lara, Coordinador Federal de Izquierda Unida, “esto es una prueba más de que, los que hoy están trabajando para que Garzón se siente en el banquillo, son quienes ayer estaban a favor de los que apretaban el gatillo.”

Se desvela un insólito patrimonio de José Bono y su familia

Tercera Información

El 23 de febrero de este 2010 José Bono convocó a los pezzi da novanta de los medios de comunicación españoles a una comida. El pretexto era la conmemoración del golpe del 23-f, la causa real resultó ser una desvergonzada petición de respeto por la omertà.

Según informó El Confidencial Digital, lo que Bono hizo fue solicitar a los jerifaltes mediáticos silencio sobre el sueldo y patrimonio de diputados y senadores: “José Bono —dice el citado confidencial— se mostró preocupado porque los periódicos, radios y televisiones están transmitiendo a la ciudadanía que sus señorías cobran mucho y trabajan poco. El tono que empleó, señalan las mismas fuentes, fue de gran inquietud por la imagen de la clase política que está calando entre la ciudadanía”.

La preocupación de Bono estaba muy justificada. Aunque no se conocía entonces, lo cierto es que para esas fechas, el Presidente del Congreso ya era propietario de una nueva vivienda en Madrid, en la C/ San Justo, número 1, en un edificio en el centro histórico de la ciudad.

La compraventa se formalizó en diciembre del pasado 2009 y el piso fue adquirido al Opus Dei —léase a una empresa ligada al Opus, pues la Obra, formalmente, carece de patrimonio— por una cantidad declarada de un millón de euros, si bien, como informa La Gaceta, el piso estaba puesto a la venta por 1.800.000 euros.

Hoy, se levanta el velo sobre una nueva propiedad inmobiliaria. Un chalet de 254 m2 en una parcela de otros 424 m2 más una cuota parte de la piscina de la urbanización. La casa, inscrita a nombre de la mercantil ATTACK 84, en la que figura como apoderado el hijo jinete de José Bono, está situada en la urbanización “El Vergel de Bargas”, en la localidad toledana del mismo nombre.

El promotor de la urbanización es uno de los constructores áulicos del presidente Barreda: Aurelio González Villarejo, de quien se ha hablado en Notitia Criminis en lo concerniente a su vinculación con Luis Portillo; con Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA 97, ligada a actuaciones en Los Alcázares donde se mezclan los nombres de Enrique Ventero, Roca, CCM y varios de los implicados en la operación Ninette; con Enrique Ortiz Selfa, cuyo nombre también ha salido a relucir en la trama valenciana del caso Gürtel; y por supuesto, con el aeropuerto de Ciudad Real, el PAU de las 25.000 viviendas de Illescas (Toledo) o los PAU de “Las Montanillas” en Carranque, también de la provincia de Toledo.

El chalet de Bono o del hijo de Bono, tiene suscrita una hipoteca por valor de 120.500euros pero su precio de venta es de 300.000 euros. Por otro lado, la cuota parte de la piscina comunitaria adquirida a nombre de la sociedad ATTACK 84, carga con otra hipoteca de 182.160 euros y, además, al decir de empleados de la propia promotora, las calidades y construcción interior de la vivienda en cuestión han tenido un tratamiento especial.

En este contexto, el pasado lunes 5 de abril de 2010 asistimos a un día mongráfico en TVE dedicado a Bono, por la mañana a una entrevista en “Los Desayunos de TVE” y por la noche a una risueña y rural vuelta a Salobre.

En el programa de la mañana Bono, indirectamente, dio respuesta a las informaciones que hasta ese día se habían publicado sobre la compra de la vivienda de la C/ San Justo y sobre la declaración omitida en el Congreso de su participación y beneficios en la mercantil Hípica Almenara. Esa respuesta fue hecha en la línea acostumbrada en Castilla-La Mancha: esto son calumnias de la extrema derecha y, cuando no son de los fascistas —esto se dijo en otra ocasión— son “del comunista” y aclaro que para Bono “el comunista” por antonomasia es Cayo Lara.

La reacción se veía venir. Las informaciones sobre sus nuevas adquisiciones han sido publicadas por La Gaceta, del Grupo Intereconomía, de forma que Bono ha despachado el asunto con un desdeñoso: son de extrema derecha; aunque también es cierto que de igual forma se veía venir la contestación de La Gaceta: “de extrema derecha será su padre”, lo cual en este caso es, dicho con todo el respeto, literalmente cierto, como parece que también es cierto que el propio Bono lo fue, al menos cuando realizó las pruebas para ingresar en la Guardia de Franco.

Ahora bien, no discutamos que La Gaceta es un medio de comunicación cercano al sector más derechista del PP o, incluso, si Bono lo prefiere, a la carcunda española. Pero una vez concedido eso:

¿No es cierto que Bono ha adquirido un piso en la C/ San Justo de Madrid por precio declarado de un millón de euros? Sí, es cierto.

¿No es cierto que ese piso de la C/ San Justo ha sido adquirido a una empresa ligada al Opus Dei? Sí, es cierto.

¿No es verdad que la vecina basílica pontificia de San Miguel, iglesia cedida al Opus Dei, ha autorizado el uso de su aparcamiento a las empresas que están trabajando en la reforma del piso de Bono? Sí, es verdad.

¿No es verdad que al menos una de las empresas que están haciendo los trabajos de reforma en esa vivienda, está ligada a Reyal Urbis, la constructora del íntimo amigo de Bono, Rafael Santamaría? Eso no lo puedo afirmar, pero sí es verdad que las cuadrillas de esas empresas se alojan en uno de los hoteles de Santamaría.

¿No es cierto que una sociedad de Bono o de su hijo ha comprado un chalet valorado en 300.000 euros a su amigo y constructor Aurelio González Villarejo? Sí, es cierto.

¿No es verdad que Bono es propietario de la mercantil Hípica Almenara y que la construcción de sus instalaciones fue hecha por el citado Rafael Santamaría? Si, es verdad

¿No es verdad que en los tres últimos ejercicios de los que se conocen cuentas, esa mercantil ha arrojado unos beneficios netos cercanos al millón de euros? Sí, es verdad.

¿No es verdad que “El Pocero” hizo trabajos en esa hípica cuando Bono era presidente de Castilla-La Mancha y, por tanto, tenía competencias e influencias sobre el PAU del Quiñón, el esperpento urbanístico de Francisco Hernando en Seseña? Sí es verdad.

¿No es verdad que “El Pocero” ha declarado a la prensa que esas obras no las pagó Bono, sino los patrocinadores de la Hípica, entre los que estaban Iberdrola y Reyal? Sí, es verdad.

¿No es verdad que Bono ha omitido incluir su participación y beneficios en la mercantil Hípica Almenara en la declaración de bienes rentas y actividades que está obligado a presentar en el Congreso de los Diputados? Sí, es verdad.

Todo eso es verdad, y a un servidor, que no es ni ha sido falangista, ni tiene padres, abuelos, tararabuelos, ni ascendiente, ni descendiente alguno que lo sea o haya sido, ni de cerca ni de lejos, y que no pretendió ser ni cura ni guardia de Franco, se le da un ardite en todas las tautologías, afirmaciones de principio o aporías que a Bono se le han ocurrido, se le ocurren o se le ocurran, porque ninguna de ellas elude los hechos que están aflorando y que van a seguir saliendo a la luz.

Después de que Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana presentara unas cuentas que le acreditan como indigente o que Manuel Chaves, ex presidente de la Comunidad Andaluza y ahora ministro de algo, declarara un patrimonio no menos paupérrimo, la utilidad de las «declaraciones de bienes, rentas y actividades» presentadas por los cargos públicos habrá que tomárselas en lo que valen, que es bien poco. No obstante, alguna pista pueden dar.

En 1998, José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha, y su señora esposa —la misma que últimamente recibía clases de golf en Estepona por gentileza, según presunción de la UDYCO, de Valle Romano, una de las empresas de la trama vasco-malaya— admitían los siguientes ingresos:

Bono declaró —la documentación citada se puede descargar desde aquí— 7.588.150 Pts anuales y netos como remuneración por su cargo de Presidente de la Junta de Comunidades más 1.800.000 Pts en dietas. 15.088 Pts. anuales pagados como intereses por el saldo mantenido en cuenta corriente, y 4.252.280 Pts. como rentas recibidas por alquileres y derechos de autor.

Para esas fechas su patrimonio inmobiliario, al jurar de D. José Bono, se reduce a la «casa de Salobre», la «casa de Olías», un piso en Madrid y un piso en Toledo. Hay dos fincas rústicas en Salobre que declara vendidas en el 95 para pagar la casa de más de 400 m2 de Olías y también declara vendidos en el 85 y el 94 otros dos pisos adquiridos, respectivamente en el 75 y el 79 —uno de los cuales, por cierto, se olvida de incluir en la relación de patrimonio previo a la toma de posesión de su cargo público—. Por otra parte, el saldo medio de su cuenta corriente en el Banco Popular, como todo el mundo sabe también del Opus Dei fue de 612.974 Pts.

Con esos ingresos y esos inmuebles, admitió ser deudor de 10 millones de Pts. «al constructor de la casa de Olías», constructor que atiende al nombre de Rafael Santamaría Trigo y que, como buen amigo que es de Bono, se ve que le trabajó al fiado. Además debía al Banco Popular un crédito personal de 2.400.000 Pts.

Por su parte, Ana Rodríguez Mosquera, además del 50% de los bienes y deudas declarados por su señor marido, como consecuencia de la participación de ésta en la sociedad conyugal de gananciales, admite unos ingresos de 2.347.306 Pts. anuales y netos pagados por el PSOE.

Ninguno de los dos cónyuges declara ningún otro ingreso, ningún otro inmueble y ni ninguna participación en sociedades. No existen, por tanto, las empresas en las que posteriormente aparecen como titulares él, su esposa y sus hijos. Hípica Almenara SL, se constituyó en 2001, Atalaya 52 SL en 2007, Attack 84 SL —por cierto, domiciliada en la C/ Concepción Arenal, 1 de Bargas, Toledo— fue creada en 2008, Opalo 81, en febrero de 2007 y Ahorros Familiares SAJA SL, está constituida en 2004.

Resumiendo, la familia, a esas fechas, dispone de unos ingresos anuales de, más o menos, 16 millones de Pts que aún no siendo poco, si nos creemos las informaciones aportadas en la declaración de bienes, rentas y actividades, no permiten a los Bono-Rodriguez ahorrar un ardite. Recordemos que el saldo medio de la cuenta corriente es de poco más de medio millón de Pts.

Demos ahora un corto salto en el tiempo, hasta el año 2004, último del que se conocen datos patrimoniales de José Bono. Seis años después de que la familia declarara un patrimonio relativamente magro, las cosas han cambiado un poco.

Ya no aparecen las deudas contraídas con el amigo Rafael Santamaría, ni con el Banco Popular. Bono declara como ingresos —seguimos en pesetas para que la comparación sea más fácil— 8.063.898 Pts más 1.830.246 Pts en concepto de remuneraciones y dietas por su cargo de Presidente de Castilla-La Mancha; 64.225 Pts como beneficios en su faceta de productor de aceite; 1.064.870 Pts de dividendos provenientes de Hípica Almenara SL; 13.144 Pts de intereses por los saldos en cuenta corriente; y 4.271.960 Pts por colaboraciones periodísticas y arrendamiento de dos viviendas.

Como al parecer, por entonces, el Sr Bono había disuelto la sociedad de gananciales con su esposa, según declara, «con el fin de no tener participación patrimonial ni intereses económicos en la tienda de su esposa denominada Tous Toledo», el patrimonio inmobiliario que reconoce se limita a la casa de Salobre y a una finca rústica de 2 hectáreas en esa misma localidad.

Estas dos hectáreas de suelo rústico en Salobre presentan graves dificultades de comprensión. Si nos volvemos a la declaración de 1998 veremos que Bono asegura haber vendido «varias fincas heredadas de su madre para financiar la casa de Olías» y como las únicas fincas que declara heredadas ese año y los demás son los dos terrenos rústicos de caber 1,97 Has. en Salobre adquiridas en 1981 por «herencia de padres» —dice— habrá que concluir que esas casi dos hectáreas fueron las vendidas.

Sin embargo, en 2004 hacen su repentina aparición otras 2 hectáreas que también se declaran adquiridas a título de herencia, pero esta vez en 1967, de forma que o bien se trata de las mismas 1,97 Has. que dice vendidas para pagar la casa de Olías, o bien, lo que es más probable, se trata de otra finca, también rústica, heredada a la muerte de su madre, en cuyo caso, Bono tuvo el descuido de no incluirla nunca en sus declaraciones hasta el año 2004

El resto de los inmuebles, siempre según Bono, pasó a formar parte del capital de Ahorros Familiares SAJA SL, el cual, a fecha de constitución era de 658.000 euros (109.481.988 Pts)

Esta es una sociedad muy curiosa y rentabilísima. Curiosa porque si bien se constituye como sociedad patrimonial para absorber los inmuebles del matrimonio después de la separación de bienes, su objeto social es el inmobiliario; y extraordinariamente rentable porque según sus cuentas los beneficios obtenidos en 2007 alcanzaron la cifra de 462.830 euros (77.008.432) es decir, casi el 100% de su capital social, cosa que asombra más si recordamos que se trata, supuestamente, de una sociedad patrimonial sin más actividad que la tenencia de los inmuebles familiares. De esta sociedad Bono tiene un total de 6.328 participaciones que representan un valor de 632.800 euros (105.289.061 Pts).

Pero si Ahorros Familiares Saja SL, llama la atención, el caso de Hípica Almenara hunde en la perplejidad. La parte de esa entidad que Bono declara poseer es de 40 participaciones por un valor de 6.000 tristes euros. Puesto que Bono es un hombre «familiar» pero no tonto, según los datos que obran en el Registro Mercantil, la cuota parte que éste se ha reservado para sí en la empresa es del 80% y como el capital suscrito, según las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, es de 15.000 euros, el dato confesado por Bono es falso.

Ello no tiene mucha importancia porque, en cualquier caso, estos números se refieren al «capital social» es decir a una suma para la que la legislación mercantil fija un mínimo en razón de la forma social y que actúa como garantía de acreedores, pero que no tiene nada que ver con el valor total de la entidad.

Por eso, en el capítulo de «Inmovilizaciones Materiales» (terrenos, edificaciones, etc) los números son algo más elevados: 1.022.879,46 euros, no obstante, cantidad demasiado magra, me da la impresión, para un complejo hípico de 110.000 m2 a tiro de piedra del centro de Toledo con pistas, graderíos, cuadras, picaderos cubiertos, habitaciones para mozos, etc.

Para adquirir el complejo hípico, Bono dice haber hipotecado dos viviendas a consecuencia de lo cual obtuvo un crédito de 899.857 euros, cosa que también llama la atención, porque si el patrimonio inmobiliario de la familia Bono-Rodriguez ha pasado a formar parte del capital de Ahorros Familiares SAJA SL, habrá que concluir que el valor de dicho patrimonio —completo (vivienda en Toledo, vivienda en Madrid y caso de Olías) y no sólo de las “dos viviendas” hipotecadas— es el del capital de esa sociedad, es decir, como se ha visto, 658.000 euros y eso dice mucho a favor de la largueza, seguramente, del Banco Popular, porque las cuentas que a esas fechas mantiene la familia en entidades bancarias sólo son dos: una en Caja Rural y otra en el banco del Opus, las dos, aquejadas de tanto raquitismo, que a Bono le faltaría liquidez para afrontar, siquiera, una avería grave de su automóvil.

Bono con el detenido por corrupción Antonio Barrientos, ex alcalde de Estepona

No obstante, al igual que Ahorros Familiares SAJA SL., el hipódromo también es extraordinariamente rentable. En tres años ya ha dado un millón de € de beneficios netos, aunque esto tampoco es tan raro teniendo en cuenta que, por ejemplo, las obras que Francisco “El Pocero” Hernando le hizo ahí, no las pagó Bono —al decir del propio Pocero— sino los «patrocinadores» y no hay que asombrarse de que los beneficios sean muchos cuando los gastos los pagan otros.

Volviendo a la declaración de 2004, la consorte de Bono reconoce unos ingresos por su trabajo en la nomenclatura del PSOE de 16.606 euros (2.763.005 Pts.) otros 6.400 en concepto de dividendos por su participación en Hípica Almenara, y 13.912 por ingresos derivados de inmuebles arrendados. En el resto de conceptos se repiten las cantidades declaradas por su marido por lo que habrá que entender que le corresponde el 50% de esas cantidades aunque la sociedad conyugal de gananciales estuviera disuelta desde marzo de ese mismo año 2004.

Lo que sí declara como propias Ana Rodríguez Mosquera son 420 participaciones de la «franquicia de Tous» —una cadena de joyerías que vende figurillas de simpáticos oseznos para colgar del cuello— por un valor total de 25.684 euros.

En conclusión, que sin entrar a analizar detalladamente las inconsistencias de unas declaraciones que nadie se toma muy en serio, incluidos los propios declarantes, entre 1998 y 2004 la familia Bono-Rodríguez ya ha recorrido el camino que separa la vida acomodada de la riqueza y, desde entonces hasta la fecha, han aparecido entre cinco o seis —dependiendo de las fuentes de información— joyerías franquiciadas por la firma Tous; cinco sociedades mercantiles: Hipica Almenara, SAJA, Attack 84, Atalaya 52 y Opalo 8; posee un patrimonio inmobiliario un tanto protéico pero que incluye la finca de 110.000 m2 en que está instalado el negocio de la hípica; el nuevo piso de la C/ San Justo de Madrid; el nuevo chalet de Bargas; tiene otra vivienda de considerables proporciones en Toledo; la soberbia casa de Olías; otro piso más en Madrid, etc. etc. y dejo esto en suspenso porque tengo la viva sospecha de que los descubrimientos relativos a la riqueza de José Bono y familia no han terminado.

Todo esto se ha forjado, si nos creemos los dicho por Bono en sus declaraciones, con la venta de 20.000 m2 suelo rústico en Salobre, cuyo precio no pudo ser superior a unos 20.000 euros (algo más de 3 millones de Pts.) porque a fecha de hoy el suelo rústico en Alcaraz, localidad relativamente cercana a Salobre, pero de mucha mayor importancia y mucho más próxima a Albacete, oscila entre el Euro y los cincuenta céntimos el m2; un crédito de 899.857 euros y la venta en los años 85 y 94 de dos pisos adquiridos respectivamente en el 75 y el 79 por lo que, evidentemente, no debían tener ningún parecido con la vivienda de la C/ San Justo de Madrid o con las casas de Bargas y Olías.

Me resulta realmente difícil pensar en alguien que supere en industria y tino inversor a José Bono, pero, para acabar, conviene recordar una información aparecida en el libro de Alejandra Ramón y Ruth Ugalde: El Pocero de Seseña, un texto imprescindible para comprender la historia nocturna de Castilla-La Mancha. En su página 160 se lee lo siguiente:

«Verano de 2006. A las puertas del despacho de la ministra de Vivienda, un consejero de una de las mayores inmobiliarias españolas esperaba reunirse con María Antonia Trujillo… Tras las formalidades de turno, Trujillo empezó a contarle una extraña trama de intereses inmobiliarios y supuestos favores políticos en Seseña que salpicaba directamente a José Bono. Moncloa no tenía pruebas, pero sospechaba que las acusaciones eran ciertas y esa podía ser la gran oportunidad para desterrar definitivamente al ministro de Defensa de la política”.

Nadie ha desmentido esto.

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article14298

Otro barquito para que el Borbón luzca palmito

J.M. Álvarez

Rebelión

El rey, como Capitán General del Ejército español, está de fiesta. No es para menos. Se pone en servicio activo el buque de proyección estratégica L61, Juan Carlos I, el más grande en la historia de la Armada. Dicen los expertos que técnicamente no se puede considerar un portaaviones al estilo clásico, pues es un buque de asalto anfibio multifuncional que lleva aviones de despegue vertical.

Ahora nos venderán la moto (estamos en tiempos de crisis) de que está fabricado con un metal especial muy ligero, de poco peso; por tanto consumirá menos combustible que el portaaviones Príncipe de Asturias. El Juan Carlos I ha costado oficialmente 360 millones de euros, cifra que debe estar desinflada si tenemos en cuenta que una fragata del tipo F-105, anda por los 750 millones, pero hay que disimular el descaro.

También dirán que ha generado puestos de trabajo, pero con esa inversión (la auténtica, la que nunca sabremos) podrían haberse construido escuelas y hospitales que habrían generado muchísimo más empleo. Además un mastodonte como ese, sólo genera gastos. Cuando no se use en guerras contra el Tercer Mundo (que engordan los bolsillos de los oligarcas) será un trozo de acero amarrado a un pantalán que, de vez en cuando, sacarán al mar para orearlo.

Al buque le han puesto el nombre del Borbón y como éste es muy caprichoso, no sería descartable que, en una de las suyas, le diera por pilotarlo en la bahía de Palma de Mallorca, mientras disfruta de sus “vacaciones” veraniegas. Camarotes hay de sobra para hijos; nietos; yernos; nueras; cortesanos; cortesanas, parásitos y aduladores.

(En la imagen, el Príncipe de Asturias (izquierda) junto a una recreación del Juan Carlos I)

España, un circo repugnante

Andres Sorel

Ni risas ni lágrimas. Ni payasos ni equilibristas. El espectáculo de la política española es el de una ciénaga de la que ha desaparecido la vida fundamentada en la ética, el pensamiento, la razón.

La ley existe: pero es la ley creada, impulsada, inspirada en los fascismos. Fascismos en la justicia. Fascismos en la economía. Fascismos en la cultura. Nos preguntamos: escribir, ¿dónde, para qué, para quiénes?

Retiran estatuas de Franco y algunas, no todas, de quienes le acompañaron en su organización criminal, pero muchos de aquellos que hoy aparecen hablando, escribiendo, siendo entrevistados en los medios de comunicación, no son sino sus descendientes, trajeados y adaptados a las nuevas circunstancias sociales e históricas.

Pueden sentirse satisfechos quienes protagonizaron las leyes de la traición de la transición. Muertos o vivos consiguieron que el franquismo no desapareciera nunca. Hoy las hienas se ríen, aúllan los lobos, y balan débiles y patéticos los corderos. Y los mendigos se lamentan de que sean tan "malos" quienes roban miles de millones de euros un día sí y otro también, o se sientan en los lugares que santifican las tablas de la ley, de la Iglesia, del llamado Derecho.

Y mientras, huecos, vacuos, necios, todos hablan de Democracia. La democracia que pretenden imponer como ejemplo para los pueblos sometidos y expoliados de América Latina, de África, de otros lugares del mundo: la democracia occidental. ¿Cómo no van a pedir que desaparezcan para siempre los castristas, bolivarianos, evomorelianos, si no aceptan entrar en su ciénaga, en la que ellos chapotean como amos?

Fuente: http://andressorel.blogspot.com/2010/04/espana-un-circo-repugnante.html

Caminando hacia la República. Manifiesto 14 de Abril 2010

En 2010 se cumplen 79 años de la proclamación de la II República por un pueblo que irrumpió en la historia reclamando y ejerciendo su soberanía. El movimiento republicano, tiene hoy la doble responsabilidad de ser portavoz de la memoria histórica y cauce de las amplias aspiraciones democráticas, así como la responsabilidad del cambio social anhelado por sectores populares cada vez más amplios, muy especialmente de los jóvenes.

IU es muy sensible a esta aspiración. Los republicanos y las republicanas de toda condición herederos y herederas del legado social, cultural y emancipador brutalmente truncado por el golpe fascista de 1936, llamamos a la ciudadanía a avanzar en la legítima aspiración de la III República. La monarquía es la negación de la igualdad ante la ley al considerarla inviolable e irresponsable, y con privilegios y derechos por razones de nacimiento. No habrá democracia plena, si aún existen ámbitos del Estado al margen de la elección popular.
 
La casa Real española recibe anualmente de los presupuestos generales del estado cerca de 9 millones de euros, que gestiona con total falta de transparencia actuando como un verdadero paraíso fiscal. Tratándose de dinero público ninguna institución debería gestionarlo sin transparencia y sin control.
 
La bandera republicana, como símbolo de rebeldía y resistencia, expresa el rechazo a un orden social en el que la desvergüenza, la impunidad y la corrupción parecen avanzar sin freno. En este contexto, que algunos pretenden convertir en un lodazal, los espacios de libertad se restringen, y el contenido de los derechos laborales y sociales no se cumplen ni respetan; ese es el precario futuro que se ofrece al conjunto de las trabajadoras y trabajadores. En medio de una crisis devastadora, la mayor deslegitimación del sistema proviene de la percepción del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, consecuencia implacable de las políticas especulativas y neoliberales.
 
Los beneficios insultantes de la banca y demás agentes responsables de la crisis, contrastan con las sangrantes cifras de parados que no cesan de aumentar. Crece el miedo, la preocupación lógica de las familias, crece el número de situaciones de ajuste empresarial descaradamente oportunistas y, en definitiva, crecen la precariedad y la temporalidad. También conocemos, los casos de desahucio de familias que son desposeídas de sus viviendas por no poder hacer frente a créditos hipotecarios otorgados en fraude de ley, y que suponen verdaderos atropellos a la ciudadanía. Para el republicanismo, los valores de justicia, libertad, igualdad y solidaridad son incompatibles con una política económica, tan cicatera con los trabajadores como consentidora con los poderosos, que el actual Gobierno lleva a efecto. El capitalismo es la negación de la democracia.
 
Defendemos la laicidad del Estado, de forma que las creencias religiosas queden en el seno de la conciencia personal de las gentes. Igualmente afirmamos que la educación pública debe ser laica, sin asignaturas de religión, ni privilegios para ninguna confesión religiosa. No se puede seguir argumentando que los Acuerdos con la Santa Sede, de 1976 y 1979, son un muro insalvable para avanzar hacia una sociedad y una escuela laica. Exigimos su denuncia y derogación.

La condena de la Dictadura de Franco, que en su momento aprobó el Consejo de Europa y que aún no ha realizado el rey Juan Carlos, sólo tendrá credibilidad si se declara la nulidad plena de todos los juicios militares sumarísimos por los que fueron asesinados, torturados y encarcelados cientos de miles de personas.

La restitución de su memoria exigiría romper el pacto de silencio que desde la Transición opera como una gigantesca "Ley de Punto Final". Pero, lejos de dar ese paso, la judicatura –a la que no sabíamos que se estaba refiriendo Franco cuando sancionó aquello de que “todo queda atado y bien atado”- sentará en el banquillo de los acusados al juez Garzón, es el mundo al revés. La administración de Justicia en España no se ha adecuado a los valores democráticos y a la defensa de los derechos humanos, la parcela de la justicia no sufrió modificación de fondo en la transición. Para IU, la clave de bóveda de la persistencia de toda la estructura de dominación económica, jurídica, social y militar heredera del franquismo, es la monarquía.
 
¡Y cómo pasar por alto, cuando de salud democrática estamos hablando, a esa malformación que supone el vigente sistema electoral español!. La Ley electoral no garantiza la igualdad de voto, primando al bipartidismo y castigando e ignorando el valor del voto a formaciones como IU, necesita cuatro veces más votos para obtener representación parlamentaria. Que la Ley sea injusta, en un contexto de descrédito generalizado de la política; de la evidencia de la existencia de casos espectaculares de corrupción; de la evidencia de un uso fraudulento de la representación a partir de la minusvaloración del programa electoral; de la pérdida de sentido en la confrontación política cuando se constata que los dos partidos mayoritarios comparten aspectos sustanciales de la política económica, por ejemplo, que la ley sea injusta, decimos, es un baldón para nuestro sistema democrático y su reforma, entonces, aparece como una urgencia democrática.
  
Mientras la Constitución de 1931 establecía la renuncia a la guerra para intervenir en conflictos internacionales, se nos mantiene en la OTAN y, casi veinticinco años después del Referéndum, estamos en la cúspide de su estructura militar, ocupando países como Afganistán. Estamos dando soporte a todo tipo de agresiones imperialistas a otros pueblos, al atropello de los derechos humanos, a las constantes matanzas de civiles. Se nos arroja a la cara el nombre de ¡Cuba!, mientras se nos silencia que la ONU ha establecido que el triángulo de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) es la zona más violenta del planeta; se nos grita ¡Cuba!, mientras esas mismas voces convierten en invisibles a los 7.500 presos políticos en Colombia: sindicalistas, activistas de los derechos humanos, maestros, campesinos, ecologistas…; ¡Cuba!, insisten, mientras la comunidad internacional permanece impasible ante el feminicidio ya generalizado en todo México. Es el doble rasero de los más media y los poderes fácticos.
 
Llamamos a la ciudadanía a extender la movilización por la III República, vinculándola con las luchas concretas de las trabajadoras y trabajadores, de los movimientos sociales, de los jóvenes, del movimiento vecinal y, en general, con la fuerza de la memoria de uno de los más destacados ejemplos de rebeldía, de resistencia y de internacionalismo: el de las generaciones que en la Guerra Civil y la lucha contra la Dictadura dieron su vida y su juventud por la libertad, contra el fascismo.
 
Por la recuperación de la memoria y la historia
Por la solidaridad con la labor  representada por dignas personas como el juez Garzón
Por un proceso constituyente hacia  la III República

Actos en Motril para el 14 de abril

Como cada año, nuestra organización, la gente que conformamos Izquierda Unida Los Verdes, queremos dedicarle una serie de actos y actividades con tal motivo, como ya viene siendo habitual.

Desde IULV-CA consideramos una necesidad histórica que las organizaciones políticas democráticas, sobre todo las que conforman la izquierda ideológica, reconozcan y difundan lo que representó en un contexto histórico, la II República Española y lo que puede representar aún hoy día dentro del legado político, social y cultural que dejó.

Nosotros no vemos esa época con nostalgia y con anhelo de volver al pasado, sino todo lo contrario, con una vocación de presente y de futuro. La organización local de Izquierda Unida- Los Verdes quiere, por tanto, un año más, recordar y reivindicar ese periodo de nuestra historia y esos valores.

Las actividades comenzarán con un acto simbólico a las doce de la mañana en la calle Ancha, donde se repartirán unos claveles con la bandera republicana.

A las 18:30, acudiremos, un año más, al cementerio de Motril donde se colocará una bandera republicana confeccionada con flores en reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil.

Para finalizar a las 19:30 horas en el Salón de actos de la Palma, y en conmemoración del centenario del nacimiento de Miguel Hernández, símbolo de la defensa de los ideales republicanos, se celebrará un recital de sus poemas y como gran final la actuación del cantautor granadino de reconocidísimo prestigio Raúl Alcover.

Multitudinario acto en Madrid contra la persecución a Garzón

UGT y CCOO han movilizado a varios miles de personas en un acto celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para denunciar "la persecución" contra Baltasar Garzón y pedir que el juez no sea una nueva víctima del franquismo y "de los hijos de la dictadura".

En el homenaje, que ha contado con la presencia de sindicalistas, intelectuales, actores y representantes del mundo de la política como el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Pasqual Maragall, han intervenido el rector de la UCM, Carlos Berzosa, el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, así como los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Méndez ha calificado la apertura de la investigación contra Garzón en el Tribunal Supremo como una auténtica "vergüenza histórica" instigada por los "hijos de la dictadura", que pretenden que el franquismo "siga impune" y que el juez se convierta en otra víctima del franquismo.

Un grupo de madres y abuelas de la Plaza de Mayo, representantes de las asociaciones de Memoria Histórica, políticos como el socialista Pedro Zerolo o el coordinador general de IU, Cayo Lara, y profesores universitarios, han arropado a los sindicatos en este acto de apoyo y solidaridad con Garzón.

Ante ese auditorio también ha intervenido Fernández Toxo, que ha añadido que UGT y CCOO no están cuestionando la Transición, pero sí pretenden "restablecer y recuperar" la memoria de las víctimas, y ha subrayado que "la Ley de Amnistía no puede amparar el genocidio". De esta forma aludía a las declaraciones de la secretaria secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha calificado este acto de los sindicatos como un "atentado" contra la democracia y ha dicho que es "una barbaridad" poner "en tela de juicio" la Transición.

Jiménez Villarejo se ha llevado los mayores aplausos del numeroso auditorio tras un discurso en el que ha denunciado "el atropello impropio de un Estado democrático" y ha acusado a los magistrados del Supremo de constituirse en un instrumento de la "actual expresión del fascismo español" por admitir las querellas de Falange Española y Manos Limpias. Villarejo ha criticado que el magistrado Luciano Varela, en el auto en el que anticipa la decisión de juzgar a Garzón, hable de "encomiable sensibilidad" de los jueces durante la dictadura, cuando "fueron cómplices hasta el último día de las torturas".

El ex fiscal ha coincido con los líderes sindicales en que es "absolutamente incompatible" con los tribunales democráticos "ponerse en manos" de Falange y de "los corruptos", que han denunciado a Garzón por investigar el "caso Gürtel". Asimismo ha denunciado que estamos viendo "las sombras de la dictadura" sobre los tribunales y ha pedido al TS que archive las querellas contra Garzón atendiendo así la demanda de "todo el pueblo español", que está "indignado, soliviantado y perplejo" ante la persecución de un "juez justo".

Por su parte, el rector de la UCM, Carlos Berzosa, que recientemente sufrió un intento de agresión por parte de un grupo de estudiantes, ha agradecido la gran acogida del auditorio porque "en estos momentos complicados, realmente necesito un apoyo moral como este", ha dicho. Berzosa ha salido al paso de las críticas que ha recibido por ofrecer las instalaciones de la Complutense, en la que Garzón es profesor asociado, como escenario para este acto de los sindicatos, y ha asegurado que la Universidad, que defiende la libertad y la democracia, no es "una institución autista".

Uno de los momentos más emotivos del acto ha tenido lugar cuando Cándido Méndez ha agradecido la presencia del ex presidente catalán Pasqual Maragall, ya retirado de la vida política por padecer la enfermedad de Alzheimer, así como su contribución a la rebelión cívica y democrática "contra el olvido". Por último, Cayo Lara, al termino del homenaje, ha defendido el trabajo de "un juez ejemplar", que a su juicio, "se ha jugado la vida por la democracia y la libertad" investigando los crímenes de lesa humanidad.

51 viviendas de Ávila Rojas en Los Pinos: la licencia de primera ocupación la dio Benavides

En un comunicado de prensa, el PP ha informado que las licencias de primera ocupación de las 51 viviendas de Los Pinos las concedió el equipo de gobierno  de Juan Carlos Benavides (agosto y septiembre de 2.003 y diciembre de 2.004), por lo que también ellos podrían “haber avisado a los compradores de los problemas que podrían tener, si es que creían que iban a tener algún problema”.

La licencia de primera ocupación es el último acto administrativo necesario para la venta de las viviendas, y sin ella no se puede hacer la escritura pública. Si al momento de conceder dichas licencias de primera ocupación, los miembros de Convergencia Andaluza creían que el procedimiento judicial (que llevaba en marcha año y medio), podía perjudicar a los compradores “tenían que haberles avisado, o haberlas denegado, simple y llanamente”.

Pero si las concedieron, es porque saben perfectamente que dichas licencias de obra se concedieron con todos los informes favorables, y en cumplimiento de los términos del Plan General de 1.987, por lo que ellos también estaban convencidos de que los procedimientos judiciales los iba a ganar el Ayuntamiento. Desde luego, si pensaban que la Junta y los otros demandantes tenían razón, no debían haber permitido que las viviendas se vendieran”.

La “ilegalización” legal de la izquierda

Pascual Serrano

Rebelión

Se sigue delimitando la frontera entre dictadura y democracia por una línea perfectamente definida, pero se trata de un gran error. El límite entre democracia y dictadura puede ser más nebuloso de lo que se piensa. Por ejemplo, todos coincidiremos en que si se ilegalizara a los partidos que existen en España más a la izquierda del PSOE sería un clara muestra de régimen dictatorial. Esa era una de las características que poseía el franquismo.

Pero los tiempos cambian y las técnicas se perfeccionan. Hoy existen modos de “ilegalizar” mucho más sutiles, imperceptibles. Pensemos para qué quieren unos ciudadanos un partido político. Pues, por ejemplo, para presentarse a unas elecciones y lograr representantes en consonancia ideológica con los principios de ese partido.

El sistema moderno adjudica unos fondos públicos desproporcionados y desiguales para cada partido. En marzo se hizo público el informe del Tribunal de Cuentas referido a la fiscalización de los partidos políticos durante 2006. Se supo que entre todos recibieron ese año 193,1 millones de euros en ayudas públicas. Pero casi todo se lo quedaron los dos mayoritarios: PSOE (junto con PSC) que recibió 74'7 millones, y PP con 64,8. Y por si fuera poco los bancos les condonan las deudas, el informe también señala que al PSOE y PSC varias entidades financieras le condonaron 40 millones.

Pero hay más vías para que los grandes consigan dinero. Ahí está la trama de financiación ilegal del Partido Popular, donde el auto del juez que investiga el caso afirma que el tesorero de ese partido recibió 1.353.000 euros de la trama de corrupción. El PP se defiende recordando el caso Filesa de financiación ilegal del PSOE, pero la verdad es que, terminen como terminen estos juicios, nunca se plantea que si los dos grandes partidos utilizan financiación ilegal para sus campañas electorales, no puede ser legal el resultado de esa elecciones.

Para asegurar mejor el funcionamiento del sistema también está la legislación electoral. Según ella, en las elecciones municipales de 2007, IU con 1.216.443 votos consiguió 2.033 concejales; pero PSOE con 7.758.093 consigue 24.026 y PP con 7.914.084 consigue 23.347 concejales. Es decir, con seis veces más votos los partidos mayoritarios consiguen doce veces más concejales.

Al año siguiente, en las elecciones generales, Izquierda Unida necesitó medio millón de votos para cada diputado, mientras otros partidos con esos votos alcanzaban diez diputados. A los dos partidos mayoritarios les bastaban 67.000 votantes para cada diputado. En realidad tampoco es que IU necesitara medio millón de votos por diputado, fue mucho peor, los diputados los consiguió, uno con 163.633 votos en Madrid y otro con 154.300. El resto, 745.008 votos, no sirvieron para nada según establece la legislación electoral gracias a la circunscripción provincial.

Tras dos años de discusión de posibles modificaciones de la ley electoral para terminar con esa injusticia, los partidos mayoritarios -PSOE y PP- deciden el pasado mes de marzo en la subcomisión del Congreso no corregir esa desproporcionalidad, incluso en contra del criterio del Consejo de Estado. Todo queda igual.

Pero un partido no sólo existe para lograr cargos públicos, también puede servir para hacer llegar a la sociedad determinadas ideas, propuestas, valores o movilizaciones. Para ello parece lógico que los medios de comunicación, en especial los públicos, cumplan con su responsabilidad de pluralidad. En el pasado mes de marzo, ni un solo representante de Izquierda Unida, ni un solo segundo, apareció en los informativos de TVE de Madrid. Y ello a pesar de que la coalición generó más de cincuenta notas en las que recogía sus valoraciones políticas, las denuncias constantes sobre el estado de los distritos y los barrios de la capital o sus propuestas alternativas.

Podría, por último, quedarnos el consuelo de que al menos la democracia sirva para poder hacer justicia con la represión que sufrió la izquierda durante la dictadura. Pero ahí tenemos al juez que lo ha intentado sentado en el banquillo.

En conclusión, que no hace falta ilegalizar a nadie, el modelo funciona con la precisión de un reloj para garantizar la ilegalización mediante la legalidad. Ni Tejero lo hubiera hecho mejor.

Www.pascualserrano.net

La necesidad de la ruptura republicana

Amanda Meyer. Secretaria de Comunicación Interna de IU

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna.
(Art. 46 Constitución republicana 1931) 
 
Cuando se cumple, este próximo 14 de abril, el aniversario de la 2ª República, no nos queda más que hacer balance del proceso democrático de nuestra sociedad y preguntarnos cuál es el alcance del sistema democrático en el que vivimos y cuán profundo puede y debe llegar a ser.
 
Y la respuesta es que es necesario e imperioso que se de en nuestro país un proceso constituyente, radicalmente democrático, que tenga como objetivo la constitución de una sociedad republicana y federal, sustentada sobre la base de una democracia participativa, en la que la ciudadanía sea el principal sujeto de intervención política.
 
Porque, como dicen nuestros documentos, “la monarquía es la negación de la igualdad ante la ley al considerarla inviolable e irresponsable, y con privilegios y derechos por razones de nacimiento. No habrá democracia plena, si aún existen ámbitos del Estado al margen de la elección popular”. 
 
Porque nuestro sistema político ha llegado a un punto de inflexión y de retroceso democrático. Un sistema que no interviene directamente en la economía y que deja sin asistencia a 4 millones de personas que se encuentran en el paro, 1 millón sin ningún tipo de prestación, familias desahuciadas por la banca, jóvenes que no encuentran su primer empleo o que ven cómo sus condiciones de trabajo son 5 veces peores que la de la anterior generación, mujeres que viven una situación estructural de empobrecimiento sin que desde las administraciones se intervenga para cambiar la situación.
 
Un sistema que asiste impasible a los casos de corrupción política mientras se produce un proceso de desafectación democrática entre la ciudadanía que no se siente identificada con la clase política y que ve como reina la impunidad y los dobles raseros de la justicia entre los poderosos.
 
En la semana en que se conmemora el 79 aniversario de la promulgación de la IIª República española, las gentes de IU vemos con estupefacción los acontecimientos que se suceden en nuestro país.
 
No deja de sorprender que dos años y medio después de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007), no exista una voluntad política clara y definitiva de hacer efectivo su cumplimiento por parte de las administraciones del PSOE, ni que decir tiene que es una Ley tramposa e insuficiente que ni siquiera recoge la principal aspiración de las víctimas de la Dictadura, esto es, la nulidad plena de todos los juicios militares sumarísimos por los que fueron asesinadas, torturadas y encarceladas cientos de miles de personas. No sólo no se está cumpliendo con el objetivo de utilizarla como herramienta para el conocimiento de nuestra historia, para que la sociedad española y las nuevas generaciones conozcan la realidad de los y las que padecieron la persecución por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, durante los años de la guerra civil y de la posterior dictadura fascista, para que se les honre, en definitiva, para fomentar la memoria democrática, sino que, además, no se están cumpliendo los protocolos normativos que contiene la ley para reparar y hacer justicia con los afectados directos de la represión franquista.
 
En este contexto, dos años y medio después de la promulgación de la Ley de Memoria, 32 años después de la promulgación de la Constitución de 1978, asistimos al enjuiciamiento del Juez Garzón, por parte del Tribunal Supremo, por instruir, desde la Audiencia Nacional, la causa de las desapariciones de la dictadura fascista, a instancia de la denuncia de algunas de las asociaciones de defensa de la memoria, porque en pleno Siglo XXI, en España, aún existen desaparecidos y desaparecidas de la guerra civil y la dictadura en fosas comunes. Y todo ello, pese a que la ley internacional impide amnistiar los crímenes más graves en derecho internacional, crímenes de lesa humanidad como los cometidos por los franquistas, por mucho que así lo decidieran normas nacionales.
 
En una sociedad verdaderamente democrática nunca puede quedar por encima del ordenamiento jurídico una ley como la de la amnistía de 1977, nuestra particular ley de punto final, y situar por debajo la propia Constitución de 1978, los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la legislación de Derecho Penal Internacional. No podremos avanzar en nuestra democracia hasta que no se haga un verdadero ejercicio de justicia y verdad con las víctimas del franquismo y sus verdugos y mucho menos cuando esos intentos de reparación sean contestados desde las altas instancias jurídicas de la manera en que el Tribunal Supremo ha intervenido en el caso Garzón.
 
En este contexto, desde IU decimos alto y claro que urge un proceso constituyente para la regeneración democrática, que amplíe y garantice el contenido de derechos sociales de la Constitución de 1978, que apueste por la intervención de los poderes públicos en la economía para que ésta se sitúe al servicio de los hombres y mujeres de nuestra sociedad, y no al revés.
 
Hoy, más que nunca, las gentes de Izquierda Unida abogamos por un proceso constituyente, que desemboque en la IIIª República.