Razones para oponernos al golpe de Estado judicial...
Nadie debe escandalizarse cuando se apela a expresiones que pueden parecer, en un primer momento, como excesivas si éstas vienen a su vez avaladas por razones de peso. El escándalo internacional que se está desatando con la causa articulada contra el magistrado juez Baltasar Garzón ha levantado ya voces que claman por una siempre deseable independencia judicial y “hay que dejar que la Ley actúe”. Pero esos aparentes defensores de los procedimientos garantistas legales parecen empeñados en ignorar, se supone que de forma consciente, que al mismo tiempo se están cruzando con total impunidad múltiples líneas rojas legales que cualquiera puede percibir.
A estas alturas parece un principio aceptado que el régimen instaurado por los golpistas de 1936 era un régimen declaradamente totalitario (es una aspiración explícita que se repite de forma reiterada por los propios conmilitones y aceptada por su propia cabeza visible) y que buscó desde su planificación una verdadera limpieza que se disfrazó de étnica al identificar a los leales a la República Española como una raza a exterminar, los llamados rojos. ¿Existe alguna duda, por tanto, para que llamemos a esa limpieza como un genocidio asimilado? Hoy esos comportamientos se denominarían sin lugar a dudas como un régimen de terrorismo de Estado, mírense para esa asimilación semántica vías muchos más próximas y que se siguen utilizando en nuestro propio ordenamiento jurídico para condenar sin paliativos a los “exaltadores del terrorismo” para incluso borrar con todo merecimiento a los simpatizantes de unas siglas del panorama político. En este sentido se está siendo demasiado permisivo con actos y expresiones que entran de lleno en el delito de apología del terrorismo. Calificar como “un período de extraordinaria placidez” el capítulo más largo y negro de nuestra historia del terrorismo patrio es, no ya una ofensa gravísima para un número enorme de ciudadanos, sino directamente un delito de exaltación y encubrimiento cómplice del terrorismo de Estado. Connivencias implícitas e incluso explícitas con ideología fascista y genocida se dan en estamentos muy sensibles de nuestro estado de Derecho, y nadie se puede decir de sí mismo ni del ámbito jurisdiccional al que pertenece impune a estos graves delitos.
Se ha pretendido igualmente, por parte de esos garantistas de posiciones con las que simpatizan, que no se puede criticar al Tribunal Supremo por las actuaciones que ahora están en marcha, aduciendo que con esa crítica estamos socavando un pilar esencial de nuestra Justicia. Posiblemente se apunta con ese aviso que no son las instituciones y sí sólo las personas las que delinquen. En ese mismo paquete de objeciones se incluye el hecho penal asentado de que, una vez que el criminal ha muerto, el delito desaparece con él. Aquí reside probablemente la falacia sociológica que no está siendo considerada.
Cuando decimos que el franquismo sociológico sigue criminalmente vivo entre nosotros no se está afirmando un hecho sin base real. Falange Española fue una herramienta fundamental en el exterminio sistemático y planificado de cientos de miles de inocentes ciudadanos españoles, y sus botas, correajes y símbolos un referente básico del régimen de terror al que hemos aludido. Ese grupo perfectamente tipificado en su ideología es al que se ha dado amparo en la alta instancia judicial –“libre de toda sospecha” según su presidente el señor Dívar– para erigirse en acusador del magistrado Garzón con el inaceptable argumento de “haber atentado contra el honor de Franco”. ¿Se puede encontrar una prueba más contundente, de vinculación ideológica al terrorismo franquista, que pretender que se está ofendiendo la memoria de un criminal de guerra que debió sentarse con todo merecimiento en el banquillo de los acusados en el juicio de Nüremberg? Además de que ese deleznable grupo de fascistas de camisa azul no tienen vergüenza en seguir exaltando la misma ideología criminal y desfasada que les convirtió en ejecutores convictos y confesos de un crimen imprescriptible de lesa humanidad. Y el magistrado Varela y demás compañeros de procedimiento aceptan entusiasmados la personación de tan cualificados herederos del horror para proceder a una chapuza judicial de la que ahora daremos algunas claves.
Estamos ante un desprecio sistemático de los argumentos legales del Ministerio Público, algo que es esencial en cualquier procedimiento. La voz autorizada de la Fiscalía ha sido ignorada de forma contumaz por la Sala, cuando exigía el archivo de la causa. No se han admitido las pruebas para la defensa del ahora acusado. No se han admitido los testigos cualificados propuestos por la defensa, que demostraría la extemporaneidad de una Ley de Amnistía (invocada reiteradamente como referente último por tan peculiares acusadores) cuya nulidad ha sido reclamada hasta la saciedad por todas las instancias internacionales con responsabilidad legal en la defensa de los Derechos Humanos, como el Relator de Naciones Unidas. No se le ha dado la relevancia debida a la contaminación ideológica y de animadversión personal de algunos de los integrantes del Tribunal. Y, como resumen de estos graves defectos formales –que invalidarían cualquier otro procedimiento, pero no por lo visto este– no se considera que todo este cúmulo de evidentes irregularidades colocan al magistrado acusado injustamente en una situación de clara indefensión.
La coincidencia de todos elementos ideológicos, de vulneración de garantías procesales, la admisión de denunciantes inhabilitados por la Historia y el Derecho Internacional, unido a la propia vinculación de alguno de los miembros del Tribunal a posiciones claramente en la órbita ideológica del franquismo sociológico, convierten a algunos de los actores aquí mencionados (tanto en el rol de comparsas como de actores principales) en cómplices o encubridores de los crímenes del franquismo. Por estas poderosas razones no estén ustedes tan seguros de que todos los culpables están muertos desde 1975 y de que no habrá posibles acusados tipificados para sentarse en el banquillo de los acusados cuando se sustancien, y se hará sin duda, esos procedimientos de depuración de responsabilidades criminales internacionales que se han puesto en marcha fuera de nuestras fronteras, procedimiento tratados con desprecio por los involucrados en esto que sin duda, y a lo dicho me remito, como un Golpe de Estado Judicial. Veremos entonces quienes son los prevaricadores.
Francisco González de Tena. Doctor en Sociología e investigador
Fuente: http://lamemoriaviva.wordpress.com/2010/04/10/razones-para-oponernos-al-golpe-de-estado-judicial/
