Otra más de corrupción

El Club Náutico no tiene licencia de apertura. Esta mañana del lunes 5 de abril, al menos, no la tenía. Y, sin embargo, ha estado abierto en Semana Santa haciendo competencia desleal a otros establecimientos que sí cumplen con la ley. Pero no pasa nada. Es amigo del régimen. 

No le han hecho como al bar '¿por qué no te callas?' que fue precintado y estuvo cerrado varios meses hasta que le dieron la licencia de apertura. No le ha pasado lo mismo que al bar 'Sanzíbar' que estuvo precintado y bien cerrado hasta que los nuevos propietarios consiguieron el permiso del señor alcalde.

A este negocio del señor Betoret no se le aplica la normativa legal. No se la aplicaron cuando abrió Salud y Natura sin licencia. Para más inri, alí estaba el señor alcalde y su señora bebiendo buen vino en la inauguración. Inauguración sin licencia. Tiene perejiles.

Habrá motivos para que este señor pueda abrir sin licencia, pero seguro que no se pueden decir en público. 

Hace dieciocho años

En Abril de 1992, la revista de Benavides ya escribía las mismas demagogias que ahora: la paralización, el gobierno, la Junta... Hablaban entonces de esas barbaridades que ellos llaman progreso y que tienen uno de sus mejores exponentes en lo que algunos almuñequeros llaman ’Los Crímenes del Mar’.

 

Ahora que los Cármenes del Mar han quedado en una montón de chalets agrieteados, con rajas por las que cabe un puño, y sin que veamos por ningún lado los hoteles, los restaurantes o eso que llaman club... ahora, ¿quién devuelve a este municipio uno de los parajes más bonitos del litoral?

 

Esto es lo que decía la revista de Benavides hace ya dieciocho años:

 

Todos los proyectos que iban conformando a Almuñécar como una ciudad próspera y dinámica y con grandes expectativas de futuro, van pasando a convertirse en un recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue. Ahora le ha tocado el turno al importante proyecto urbanístico de los Cármenes del Mar en Cerro Gordo. Una inversión de más de seis mil millones para una oferta turística de lujo, con hoteles, restaurantes, club, villas turísticas, etc., ha sido rechazada por la Comisión Provincial de Urbanismo.

Claro que nos queda saber por qué motivos, por qué PODEROSOS motivos, finalmente Comarex (esto es, los Rodríguez Acosta de toda la vida) acabaron consiguiendo que la Junta desbloqueara todo y se hiciera aquel crímen del mar.

Anticorrupción pide 13 años a Del Nido por cobrar 6,7 millones de Marbella

La Fiscalía sostiene que Jesús Gil y Julián Muñoz le pagaron minutas desmesuradas sin atender a los procedimientos legales para que ocultara irregularidades al Tribunal de Cuentas

El abogado sevillano José María del Nido se sentará este martes en el banquillo de los acusados para responder por los 11 delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción porque supuestamente entre 1999 y 2003 cobró al Ayuntamiento de Marbella en concepto de honorarios profesionales más de 6,7 millones que el Ministerio Público considera que se facturaron gracias a un "concierto" previo con los ex alcaldes del municipio Jesús Gil y Julián Muñoz, que vulneraba de forma "grosera" las "más elementales normas de contratación".

Anticorrupción imputa al abogado y presidente del Sevilla FC los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude, falsedad documental continuada, tres delitos societarios, malversación de uso de bienes muebles, deslealtad profesional, falsedad en documento oficial y en documento privado. En conjunto le reclama 13 años y seis meses de prisión, cuatro de inhabilitación profesional para el ejercicio de la abogacía y otros siete para administrar sociedades o contratar con la Administración, así como 21 años de prohibición para desempeñar cargos públicos. Además, le solicita cuatro multas que suman 54 meses a 30 euros diarios.

Del Nido compartirá el banquillo con Julián Muñoz, nueve concejales de la era del gilismo, Juan Antonio Roca, el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y seis profesionales, la mayoría de ellos vinculados a la dirección de empresas municipales. La Fiscalía Anticorrupción precisa que la relación de José María del Nido con Jesús Gil arrancó hacia 1999, poco después del caso Camisetas y una vez que había roto relaciones con el abogado José Luis Sierra, el hombre que había creado el armazón político jurídico del gilismo. En aquella época el Tribunal de Cuentas había comenzado a elaborar un informe de fiscalización tanto del Ayuntamiento de Marbella como del enjambre de empresas municipales supuestamente utilizadas para desfalcar las arcas públicas y Gil necesitaba un profesional solvente que le ayudara a apagar el fuego.

Las investigaciones del Tribunal de Cuentas, con el paso del tiempo, dieron lugar a los conocidos casos Saqueo I y II, en la Audiencia Nacional, así como a 30 procedimientos judiciales en los juzgados de Marbella, entre ellos éste, conocido como caso Minutas. José María del Nido es un abogado de habilidad reconocida que a finales de los 90 mantenía "relaciones de confianza" con Jesús Gil fraguadas "en el contexto de sus quehaceres como directivos de clubes de la Liga española de fútbol" y afianzada tras su intervención en el caso Camisetas, de acuerdo con la versión del fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción arranca su escrito de acusación provisional detallando que los ex alcaldes Gil y Muñoz al frente de los equipos de gobierno que lideraron "omitieron voluntaria, consciente y de forma reiterada ajustarse a la legislación", para lo que contaron con la colaboración de los técnicos, entre ellos José María del Nido. De esta forma, "sin mediar expediente de contratación alguno, directamente por voluntad del alcalde, de la comisión de gobierno municipal o de los consejos de administración de las sociedades, sin especificar en los decretos o acuerdos la cuantía del servicio" se contrató al abogado sevillano, que entre 1999 y 2003 pasó al cobro honorarios profesionales valorados en 6,7 millones de euros, de los que la mitad aproximadamente corresponden al periodo fiscalizado por el Tribunal del Cuentas.

En junio de 2001, el interventor municipal dirigió al alcalde un informe en el que advertía que era obligatorio que el fichaje del jurista para hacer frente a los informes del Tribunal de Cuentas se hiciera previo expediente administrativo, más aún cuando en numerosas ocasiones las minutas excedían de los 12.000 euros en los que estaba fijado el tope para la contratación directa. La respuesta que obtuvo el interventor fue una suspensión de empleo y sueldo.

En definitiva, Anticorrupción subraya que la contratación de José María del Nido se basó "única y exclusivamente en la voluntad del alcalde", sin que en ningún caso mediara el "preceptivo expediente de contratación o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal competente a tal efecto". Tanto es así, que "el alcalde referido [Jesús Gil] le designó de hecho como jefe de los servicios jurídicos de la Corporación sin sujeción al ordenamiento jurídico" y le proporcionó una oficina y personal municipal.

La Fiscalía afirma que los honorarios que percibió Del Nido procedentes del Ayuntamiento de Marbella y sus empresas municipales llegaron a representar "al menos el 70% de la actividad desarrollada por su despacho colectivo de Sevilla".

Gil le adjudicó "verbalmente" a Del Nido encargos "tan relevantes y costosos para el erario público como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio informe de fiscalización relativo a los años 1990-1999", "como si se trataran de asuntos menores" y sin especificar cuantías. Según la acusación, las cantidades adelantadas a cuenta al letrado y las provisiones de fondos que se le aportaron "no fueron en ningún caso objeto de la correspondiente liquidación de honorarios profesionales".

Para el fiscal la función del abogado residía en "impedir y, en todo caso, retrasar y obstaculizar el inicio de la fiscalización" que la había aprobado la comisión mixta Congreso Senado, así como "controlar y filtrar la documentación a entregar a dicho Alto Tribunal a fin de amparar las irregularidades cometidas en contra de los intereses públicos".

La relación del letrado con Jesús Gil se extendió también a Julián Muñoz, que solía ejercer de alcalde accidental en ausencia de Gil y al que sucedió cuando abandonó la Alcaldía de Marbella poco antes de ser inhabilitado por el caso Camisetas. Anticorrupción precisa que esta relación fue más allá de la mera representación procesal para convertirse en una amistad "estrecha" que "se forjó y consolidó durante el periodo comprendido entre el año 1999 y 2003, principalmente en base a la pujanza de los intereses recíprocos derivados del ilícito enriquecimiento de recursos municipales, en un propósito deliberado, consciente, compartido y renovado en el tiempo" que ambos supuestamente llevaron a cabo "mediante el aprovechamiento y abuso de la posición que ocupaban y disfrutaban en uno de los municipios más ricos del territorio nacional".

Sin embargo, algo cambió en esa relación. Si durante el gobierno de Jesús Gil el asesoramiento que prestaba Del Nido supuestamente para hacer frente a las pesquisas del Tribunal de Cuentas se basaron en un acuerdo verbal, en julio de 2001 Julián Muñoz, a través de la sociedad Control de Servicios Locales, y José María del Nido firmaron un contrato de arrendamiento de servicios, sujeto a derecho privado, que implicaba una remuneración mensual de 48.080 euros, cantidad que el fiscal cataloga de "claramente abusiva e injustificada" y "prescindiendo completamente de la normativa vigente en materia de contratación por parte de las administraciones públicas".

Muñoz, "en connivencia" con los directivos de los consejeros de las sociedades municipales "y su letrado de confianza utilizaron las sociedades para una renovada y mantenida facturación abusiva y fraudulenta de honorarios profesionales en base a genéricos conceptos no justificados e incluso, en ocasiones, no acordes con realidad alguna, aprovechando la ocasión de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, con propósito de ilícito enriquecimiento y en grave perjuicio del patrimonio municipal".

ZONA AZUL EN LA PLAYA DE SALOBREÑA: UN DEBATE FALSO Y DEMAGOGICO, QUE EN LUGAR DE BUSCAR SOLUCIONES EFICACES Y SOSTENIBLES PARA EVITAR LA SATURACIÓN DEL TRAFICO, PREMIARÁ A UNA EMPRESA PRIVADA PARA QUE SE BENEFICIE A COSTA DE L@S TURISTAS Y VISITANTES

Hace varios años que el Ministerio de Fomento incluyó en sus presupuestos anuales, casi 9 millones de Euros, para la construcción de un nuevo Paseo Marítimo en Salobreña, en cuyo proyecto incluía dos premisas: Ampliación de la zona de arena eliminando la calzada actual y Peatonalización del paseo.

Desde la oposición hicimos propuestas de modificación que mejoraban el proyecto, partiendo de una idea consensuada, para que el Paseo Marítimo fuese eso “Un Paseo Para Peatones y no para coches”.

Este Equipo de Gobierno, con su Alcalde a la cabeza, al igual que el anterior (ambos del P.P.) han sido incapaces de gestionar dicho consenso, para que el nuevo paseo marítimo,  fuese una realidad y para conseguir que las partidas presupuestadas  se ejecutaran en Salobreña.

Y cuando tendríamos que estar definiendo la estrategia y planificación del nuevo Paseo Marítimo!, las zonas alternativas de estacionamientos, estrategias de movilidad distintas al uso del vehículo que unan los estacionamientos y zonas urbanas con la playa mediante transporte colectivo (trenes-tranvías...etc.), mejora de la calidad de nuestra playa....NOS VIENEN CON ESTA OCURRENCIA DE LA ZONA AZUL COMO SOLUCIÓN DEL FUTURO.  “MANDA NARICES”

Según el Equipo de Gobierno, con la implantación de la Zona Azul, se persiguen TRES objetivos: 1º. Regular los aparcamientos existentes de forma equitativa mediante la rotación de los mismos. 2º. Mejorar la fluidez del tráfico rodado en esta zona, colapsada (según estos) con la apertura de la autovía. 3º. Vincular los ingresos obtenidos por esta tasa para: Inversiones en la playa y pagos atrasados a proveedores (Reconocimiento extrajudicial de crédito).

Izquierda Unida adelanta que esta será la Ordenanza de las TRES MENTIRAS.

1º: Rotación de los estacionamientos. La propia Ordenanza permite periodos de hasta 6 horas que se convertirán en el día completo, simplemente con cambiar y exhibir nuevos tickets, puesto que las empresas concesionarias en su afán recaudatorio es lo único que comprueban. Es decir que este objetivo de rotar los estacionamientos para dar cobertura a más vehículos es PURA RETÓRICA. Si a esta situación añadimos que los vehículos empadronados utilizarán estos estacionamientos como hasta hoy, de forma gratuita, nos encontraremos con un efecto rebote. Y quienes nos visitan estacionarán en las zonas urbanas fuera de la zona azul, por lo que tendremos saturado no solo la playa, sino también las zonas urbanas cercanas a ésta, así como caminos, humedal, puente, solares aledaños..etc.

2º: Mejora de la fluidez del tráfico. La Zona Azul no cuestiona, ni de lejos, el asfixiante, contaminante e incívico dominio del automóvil en la zona de la playa. En vez de promover el transporte público y de bajo impacto, ordenando definitivamente el caos circulatorio. Adecuando zonas alternativas de estacionamientos en los solares municipales cercanos, comunicadas mediante transporte colectivo que eviten la saturación y deshumanización de la playa; el Equipo de Gobierno opta por este peaje, que castigará los bolsillos de nuestros turistas y visitantes y en contra de lo dicho por el propio alcalde, perjudicará la actividad económica de los negocios. La experiencia demuestra que una Zona Azul, no genera por si sola nuevas plazas de aparcamiento, solo obliga a los usuarios a pagar por un derecho que antes era gratuito. Ni mucho menos reduce la congestión del tráfico en nuestro municipio.

3º: Los beneficios económicos derivados de la tasa ¿PARA QUIEN?

Conviene saber:

Que el Ayuntamiento obtendrá 50.000€ de canon fijo anual, para lo cual la empresa concesionaria cobrará a los visitantes y turistas 501.412€.

Que con estos 50.000€ el Ayuntamiento, tendrá que cuadriplicar la presencia de la Policía Local,  acompañando a la Grúa Municipal y, asumir el gasto necesario para la gestión de las sanciones. Es decir que dinero para inversiones en la playa y pago a proveedores. NADA DE NADA. Posiblemente nos cueste dinero.

Que es un secreto a voces y el preámbulo de UNA CACICADA, el que la empresa concesionaria será FCC (actual concesionaria de la basura y una parte de jardines) y casi seguro la futura concesionaria de la limpieza de edificios públicos por valor de 450.000€. Lo que sumaría la escandalosa cifra de 2 Millones de Euros anuales,  más los beneficios que le reporten la Zona Azul.

Que la Zona Azul, no se implanta por que sea necesaria, sino como una forma de compensar a la empresa FCC, a la que este Equipo de Gobierno “y no los/as salobreñeros/as” deben 6 Millones de Euros, por la limpieza y recogida de basura de varios años. Tasa de basura que pagamos escrupulosamente l@s ciudadan@s  año tras año (750.000€) y que este Equipo de Gobierno lo utiliza despilfarrando  y manteniendo un chiringuito que les permita a ellos y a sus clientes políticos (enchufes) vivir muy bien en tiempo de crisis del cuento y a nuestra costa.

Cayo Lara afirma que la inhabilitación de Garzón provocaría conmoción y una reacción popular masiva"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, aseguró hoy que desea que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no sea inhabilitado y "pueda continuar ejerciendo la acción que emprendió para sentar en el banquillo a los crímenes del franquismo", si bien vaticinó que en caso de que eso suceda habrá una "conmoción en la gente demócrata de este país", acompañada de una "reacción popular masiva".

   "Va a haber una conmoción en la gente demócrata de este país, no sólo la de izquierdas. Esta es una escena que la gente todavía no se la cree. yo no me la creo, pero vamos a ver los acontecimientos, aunque parece que la transición democrática todavía no ha llegado plenamente a determinados sectores de la judicatura", planteó el líder de IU en una entrevista con Europa Press.

   Según destacó, fue el franquismo el que "llevó a las cunetas a miles de personas que todavía siguen en ellas enterradas sin tener un entierro mínimamente digno". Añadió que los familiares de esas personas son los que "han pedido justicia, y lo que ha hecho Garzón ha sido hacerse eco de esa posición e intentar llevar adelante un proceso para sentar a los crímenes de ese franquismo en el banquillo y hacer una condena simbólica".

   A su juicio, la pretensión de algunos de intentar inhabilitar a Garzón tiene como causa de fondo que "quieren que se siga manteniendo la impunidad de los crímenes franquistas en España, contrariamente a lo que ha pasado en países como Argentina o Alemania, donde la opinión pública y sus democracias se han reconciliado perfectamente con su pasado".

   "En España espero que Garzón no sólo no sea inhabilitado, sino que pueda continuar con esa causa, ya que al Gobierno del PSOE le faltó fuelle para haber tomado una decisión y haber hecho una Ley de Memoria Histórica que realmente consiguiera los objetivos que reivindican las víctimas de aquel pasado y mucha gente que es solidaria con ellas: la verdad, la justicia y la reparación", señaló.

Escrito de protesta a la Junta contra las alegaciones presentadas de forma unilateral por Benavides

Consejería de Vivienda y Ord. Territorio

Avd Martínez Barrio, 10.  C.P. 41071 Sevilla

Plan de Ordenación del Territorio

 

D. Fermín Tejero Mesa, concejal de IU, con domicilio a efectos de notificaciones en Carretera Nacional 340 S/N, km 315, Apdº 496, 18690 en Almuñécar (Granada) y teléfono 619858408.

 

Mediante el presente escrito me persono como parte interesada en el trámite de exposición pública del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada  (Resolución de 12 de enero de 2010, BOJA nº 24, de 5 de febrero de 2010),  formulando al efecto, dentro del plazo conferido, las siguientes

 

ALEGACIONES

 

Habiendo tenido conocimiento del informe que formulan los técnicos municipales del Ayuntamiento de Almuñécar, y desconociendo en nombre de quien se van a presentar estas alegaciones, quiero manifestar a esa Consejería que dicho informe no responde a la postura del Ayuntamiento como institución. Es más, por parte del alcalde se ha impedido que se celebre el Pleno ordinario del mes de marzo, a fin de evitar que se discutan las alegaciones en el Pleno Municipal, entre otras, las presentadas por IU en tiempo y forma como moción.

 

En cuanto al contenido de la propuesta que el ayuntamiento ha hecho, supuestamente basada en criterios técnicos, hago las siguientes consideraciones

 

PRIMERA

Se propone la reducción de las zonas inundables. Se plantea que se reduzcan prácticamente al limite de los muros del cauce de los ríos: Verde, Seco y Jate. Baste recordar los efectos de la tormenta del 21 de septiembre de 2007 para considerar descabellada esta propuesta. Creo que son datos objetivos suficientes para que permanezcan como zonas inundables las que aparecen en el documento del POTLG.

 

SEGUNDA

Se propone la construcción de la presa de Otívar. Aparte del enorme impacto ambiental que produciría en la cabecera de Río Verde, es un sinsentido y supondría el derroche innecesario de dinero público.

1.       Produciría, según el Instituto Geológico y Minero de España, intromisión marina en el acuífero de Río Verde hasta Cahicillos.

2.       Se cargaría desde la cola de la presa de Beznar, o de las lluvias en cabecera de la cuenca. Los años de pluviometría normal no es necesaria en absoluto. Los años de sequía no tiene posibilidad ninguna de almacenamiento de agua.

3.       Destruiría un espacio natural de incalculable valor.

En cambio, sería necesario adoptar medidas firmes para evitar el vaciado del acuífero en los años de grandes lluvias como es el actual. Ahora mismo se están tirando millones de litros de agua dulce al mar por haber permitido la construcción de plantas subterráneas sin adecuada impermeabilización.

 

TERCERA

Se propone una variante a la A-4050, para conectarla con la N-340 a través de Cahicillos por el paraje del Zahonado. Esta variante carece de sentido si se da un nuevo acceso a la autovía A7, lo que evitaría el flujo del tráfico por el casco urbano de Almuñécar.

 

CUARTA

Se propone que se reduzcan las zonas de Protección Paisajística dejándolas en las que contempla el actual PEPMF. Aceptar esta propuesta sería dar un paso atrás en la protección de las zonas que marcan la identidad de nuestro pueblo, y se incumpliría una resolución del Parlamento de Andalucía en cuanto a la protección de los cultivos subtropicales. Las zonas de interés paisajístico están bien delimitadas en el documento del POTLG, y no hay que reducirla ni excluir nada.

 

QUINTA

Se propone una nueva área de oportunidad, junto al termino municipal de Jete y se fundamenta en la necesidad de suelo para el sector agrícola. Opino que la ubicación propuesta no es la adecuada. En caso de ser tenida en cuenta la petición, tendría que estar ubicada fuera de la zona de protección paisajística.

 

SEXTA

Las necesidades hídricas para nuestro municipio están garantizadas, por lo que es innecesaria la instalación de una desaladora en la Vega de Río Seco.

 

SÉPTIMA

El área de oportunidad productiva P-2, invade la vega de Río Seco. Sería necesario buscar una ubicación distinta que no dañe la zona por ser de interés paisajístico.

 

Por todo lo expuesto,

 

SOLICITO A V.S.: Admita el presente escrito, teniendo por hechas las alegaciones que en el mismo se contienen y, en definitiva, acuerde estimarlas en el sentido interesado.

El alcalde impide que Almuñécar presente sus propuestas como municipio al Plan de Ordenación del Territorio

IU denuncia la actitud del alcalde al impedir que el Pleno del Ayuntamiento discuta el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada (POTLG) para enviar a la Junta de Andalucía las propuestas del municipio.

 

El lunes 5 de abril termina el plazo para presentar alegaciones al documento de planeamiento elaborado por la Junta. Todos los ayuntamientos han preparado sus alegaciones para que el Plan recoja la voluntad mayoritaria de los distintos municipios. En Almuñécar, el alcalde se ha negado a convocar un Pleno en marzo con lo que somos el único municipio que no va a presentar alegaciones a este Plan.

 

La razón de esta actitud del alcalde está en la incapacidad de Benavides para negociar unas alegaciones consensuadas, no ya con el conjunto de los grupos políticos que formamos el Pleno, sino con ninguno de ellos.

 

En el último pleno celebrado, IU presentó una moción de urgencia para que el Pleno se manifestara en contra del campo de golf de Río Verde previsto en el POTLG. El PP pidió que el tema se dejara para el pleno de marzo por su complejidad y el alcalde pidió también que se dejara para ser discutido en el Pleno de marzo junto al resto de propuestas que presentaran otros grupos.

 

Era evidente que el alcalde tenía miedo de que saliese apoyada la moción de IU pidiendo la retirada del campo de golf de Río Verde y, en esa tesitura, ha decidido no convocar Pleno, con lo que el municipio de Almuñécar no ha podido presentar sus propuestas ante la Junta.

 

Al mismo tiempo que Benavides niega a los representantes democráticos de los ciudadanos la discusión y aprobación de las propuestas que hubiéramos considerado de interés, ha ordenado a los servicios técnicos que elaboren un informe avalando las propuestas que Convergencia considera de interés.

 

Usurpando la representación institucional, que corresponde al Pleno, Benavides ha enviado a la Junta un documento que no representa a nadie en el que se pide la modificación del POTLG con diversas propuestas que no han sido aprobadas por el ayuntamiento.

 

Ante esta situación, el concejal de IU se ha dirigido por escrito a la Junta de Andalucía poniendo de manifiesto la irregularidad de este procedimiento y criticando a la vez el contenido de esas propuestas que insisten en llevar al municipio por un camino que ya se ha demostrado como equivocado.

¿Quién indemniza a un parque natural?: Los tribunales han ratificado hasta en 17 ocasiones la ilegalidad del hotel ubicado en El Algarrobico

Ferran Ramírez

Canal Solidario

Es lo que se pregunta Greenpeace respecto el hotel ubicado en El Algarrobico (Almería) y defiende que la construcción vulnera toda la normativa medioambiental. La ONG ha sido llevada a los tribunales por la promotora del hotel por una pintada en la fachada que hizo como acto de denuncia

Todo empezó en el año 2007, con una acción de denuncia pacífica de Greenpeace contra el hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, dentro de los límites del Parque Natural Cabo de Gata, en Almería. Dos claras y grandes palabras fueron pintadas en la fachada del edificio. Éstas eran “hotel ilegal” y hacían referencia a los 75.000 metros cúbicos de hormigón que habían mermado este patrimonio natural que es una de las últimas playas vírgenes del Mediterráneo.

El pasado mes de febrero, la coordinadora de campañas de la organización ecologista, Maria José Caballero, declaraba como imputada por el supuesto delito. La promotora del hotel, Azata del Sol, reclama a Greenpeace una indemnización de casi 200.00 euros por los daños, y para poder volver a pintar la fachada. También reclama al Estado, por otro lado, “millones de euros en compensación por su hotel, aún a sabiendas de la ilegalidad de las obras que inició en 2003”, afirma Caballero.

Según un informe de Greenpeace sobre la zona afectada, los tribunales han ratificado hasta en 17 ocasiones la ilegalidad de este edificio de 21 plantas que se encuentra a 28 metros de la orilla del mar y vulnera toda la normativa ambiental existente en el Estado, incluyendo la Ley de Costas. Precisamente esta semana se cumplen cuatro años desde que el juzgado de Almería dictaminaba la paralización cautelar de las obras del hotel y durante los cuales varias sentencias han subrayado que “un hotel de estas características supone un daño irreversible a los animales y plantas que viven en el Parque Natural”.

La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se ha defendido afirmando que no existe tal daño. “No perjudica medioambientalmente hablando” al espacio protegido, porque el “edificio en sí no está provocando ningún daño a ninguna especie, ni de flora ni de fauna”. Así lo mantiene la consejera Cinta Castillo, quien añade que, en el caso de que al final el hotel sea “ilegal”, habrá que “tirarlo y recuperar esa zona”. Y cuestiona que dañe el paisaje: “Si hubiera un daño paisajístico, visual, en todo el Mediterráneo tendríamos que derribar los edificios”.

Greenpeace, por el contrario, pide su derribo inmediato: “Si el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía fueran verdaderos líderes en gestión medioambiental, la demolición del hotel sería inmediata, sin dilación y sin excusas, sin embargo, se está haciendo todo lo contrario y Greenpeace está siendo partícipe de un gran teatro que sólo beneficia a aquellos que han conducido al país a una gran crisis económica”, concluye María José Caballero.

La cuestión social

Ignacio Ramonet

Le Monde Diplomatique

Bajo el lema "¡Alto a la miseria!", la Unión Europea (UE) ha declarado 2010 "Año de la pobreza y de la exclusión social". Y es que ya hay, en la Europa de los Veintisiete, unos 85 millones de pobres (1)... Un europeo de cada seis sobrevive en la penuria (2). Y la situación se sigue degradando a medida que se extiende la onda expansiva de la crisis.

La cuestión social vuelve a colocarse en el corazón del debate. La ira popular se manifiesta contra los Planes de austeridad en Grecia, Portugal, España, Irlanda, etc. Las huelgas y las protestas violentas se multiplican. Muchos ciudadanos expresan también un rechazo a la oferta política (crece la abstención y el voto en blanco) o una adhesión a diversos fanatismos (sube la extrema derecha y la xenofobia). Porque la pobreza y la desesperación social ponen en crisis al propio sistema democrático. ¿Asisteremos a una explosiva primavera del descontento europeo?

En España, el 20% de la población, o sea unos diez millones de personas, se hallan ya en la pobreza (3). Con casos particularmente indignantes como el de los hijos de extracomunitarios (más de la mitad de ellos viven en la indigencia), y el de las "personas sin hogar", nivel máximo de exclusión social (4). Hay más de 30.000 personas sin hogar (en Europa, cerca de medio millón). Centenares de ellas, cada invierno, mueren en la calle... ¿Quiénes son esos pobres de hoy? Campesinos explotados por las grandes distribuidoras, jubilados aislados, mujeres solas con hijos, jóvenes con empleos basura, parejas con hijos viviendo con un único sueldo, y obviamente la gran cohorte de activos que la crisis acaba de dejar sin empleo. Jamás hubo en la UE tantos parados: 23 millones (cinco más que hace un año). Lo peor es que la violencia del desempleo golpea sobre todo a los menores de 25 años. En materia de paro juvenil, España ostenta la tasa más catastrófica de Europa: 44,5% (la media europea: 20%).

Si la cuestión social se plantea hoy de modo tan espinoso es porque coincide con la crisis del Estado de bienestar. Desde los años 1970, con el auge de la globalización económica, salimos del capitalismo industrial para adentrarnos en una era de capitalismo salvaje cuya dinámica profunda es la desocialización, la destrucción del contrato social. Por eso se están respetando tan poco los conceptos de solidaridad y de justicia social.

La transformación principal se ha producido en el ámbito de la organización del trabajo. El estatuto profesional de los asalariados se ha degradado. En un contexto caracterizado por el desempleo masivo, la precariedad deja de ser un "mal momento transitorio" mientras se encuentra un empleo fijo, y se convierte en un estado permanente. Lo que el sociólogo francés Robert Castel llama: el "precariado" (5), una nueva condición infrasalarial que se ha extendido por toda Europa. En Portugal, por ejemplo, un asalariado de cada cinco tiene ya un contrato llamado "recibo verde". Aunque trabaje desde hace años en la misma oficina o la misma fábrica, con horarios fijos, su patrón es un simple cliente al que factura un servicio y quien puede, de la noche a la mañana, sin ninguna indemnización, romper el contrato.

Semejante degradación del estatuto de asalariado agrava las desigualdades porque excluye de hecho a un número cada vez mayor de personas (sobre todo jóvenes) del sistema de proteccion del Estado de bienestar. Las aísla, las margina, las rompe. ¿Cuántos suicidios de trabajadores en su lugar mismo de trabajo? Abandonados a sí mismos, en feroz competencia de todos contra todos, los individuos viven en una especie de jungla. Lo cual desconcierta a muchos sindicatos, otrora poderosos, y tentados hoy de colaborar con las patronales.

La eficacia económica se ha convertido en la preocupación central de las empresas, que descargan sobre el Estado sus obligaciones de solidaridad. A su vez, el Estado desvía estos imperativos hacia las Organizaciones no gubernamentales (ONG) o las redes humanitarias privadas. De ese modo, lo económico y lo social se van alejando permanentemente el uno del otro. Y el contraste entre los dos resulta cada vez más escandaloso.

Por ejemplo, en España, mientras el número de parados alcanzaba en 2009 la cifra de 4,5 millones (3,1 millones en 2008), las empresas cotizadas en Bolsa repartían 32.300 millones de euros a sus accionistas (19% más que en 2008). El año pasado, los beneficios de los diez principales bancos europeos superaron los 50.000 millones de euros...

En un continente castigado por la peor recesión desde 1929... ¿Cómo es posible? Porque a partir de la crisis del otoño de 2008, los Bancos centrales prestaron masivamente, con tipos de interés minimos, a la banca privada. Ésta utilizó ese dinero barato para prestar a su vez, con tipos más elevados, a las famlias, a las empresas... y a los propios Estados. Así ganó esas millonadas.

Ahora, la deuda soberana alcanza niveles excepcionales en varios países -Grecia, Irlanda, Portugal, España...- cuyos gobiernos han tenido que imponer drásticos Planes de austeridad a sus ciudadanos para satisfacer las exigencias de los actores financieros... causantes de la crisis del 2008. Una desvergüenza que exaspera y enfurece a millones de asalariados europeos.

Los ricos siguen enriqueciéndose mientras crece el número de personas sin empleo o en la precaridad, con un poder adquisitivo más reducido, en condiciones de trabajo degradadas, soportando la violencia física y simbólica de unas relaciones sociales endurecidas en una sociedad cada vez menos cohesionada. ¿Cuánto aguantará el hastío popular? ¿Acaso no advirtió el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), el pasado 17 de marzo, que si no se reforma el sistema financiero "habrá revuelta social"?


Notas:
(1) Es "pobre" la personas que vive con menos del 50% de la Renta media disponible neta (Rdn) del país correspondiente. En España, el ingreso medio mensual se sitúa en torno a los mil euros.
(2) Cf. The Social Situation in the European Union 2007, Bruselas, 2008 (http://ec.europa.eu/ employment_social/spsi/reports_social_situation_fr.htm).
(3) Léase Informe de la Inclusion social en España, Fundació Un sol mon, Caixa Catalunya, Barcelona, 2008.
(4) Consúltese: www.enredpsh.org
(5) Robert Castel, La Metamorfosis de la cuestión social, Paidós, Barcelona, 1997.

Fuente: http://www.mondiplo.com/isum/Main?ISUM_ID=Content&ISUM_SCR=serviceScr&ISUM_CIPH=FgYyqvgMyMfqWff0de3sHw__

El ex alcalde de Atarfe, a un paso de sentarse de nuevo en el banquillo por el caso Ilíberis

El ex alcalde de Atarfe, el socialista Víctor Sánchez, está de nuevo a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados como imputado en el 'caso Ilíberis', por el que se investiga la supuesta tramitación irregular del proyecto para la edificación de la urbanización Ronda Lindaraja y la construcción de un colegio en el interior del patio de un instituto de la localidad.

En una providencia de fecha 19 de marzo de 2010, a la que tuvo acceso Europa Press, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada da un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la transformación de diligencias en procedimiento abreviado o interesen la práctica de más pruebas para la instrucción o el sobreseimiento del caso, una vez que la magistrada ha analizado toda la información al respecto, que no sólo implica supuestamente al ex regidor, sino también al arquitecto municipal atarfeño.

La investigación se abrió a raíz de una denuncia interpuesta por IU, Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega y Adobe Arquitectura, que sostienen que el Ayuntamiento "pactó" con un promotor la venta de unos terrenos de suelo equipamental para levantar una urbanización que, gracias a dos estudios de detalle aprobados por el Consistorio, le permitía a éste construir más de lo fijado en las Normas Subsidiarias de Atarfe, doblando la edificabilidad de las parcelas y aumentando la densidad de viviendas por hectárea, superando el máximo de lo permitido por la Ley.

De esa manera, señalan los denunciantes, el promotor se quedó con suelo público sin ceder el 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos al Ayuntamiento. Además la "privatización" del suelo equipamental conllevó otra "grave irregularidad", ya que se construyó un colegio dentro del patio de un instituto, de manera que se han sustraído al segundo espacios deportivos, empeorando sus instalaciones e impidiéndole futuras ampliaciones.

Según consta en la denuncia de IU, a la que tuvo acceso Europa Press, los dos estudios de detalle aprobados para la construcción de la urbanización ubicada en la UER-10 permitieron la construcción de un 20 por ciento más en número de viviendas y un exceso de edificabilidad de más de 12.700 metros cuadrados, y no contemplaban los espacios libres preceptivos --de hecho ni siquiera llegaban en su conjunto ni al 50 por ciento mínimo exigido--, con lo que se vulneró la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).

Con respecto a la construcción del colegio dentro de un instituto, los denunciantes afirman que el IES Ilíberis, que fue uno de los primeros que hubo en los municipios de la Vega Norte, ha visto mermadas sus instalaciones, ya que ha desaparecido la casa del conserje y parte de los espacios libres "dificultando su ampliación". Asimismo, desde el primer día de su apertura el colegio ha demostrado su "incapacidad" para cubrir las necesidades de la zona.

Existen cercanas tres urbanizaciones con un total de 1.341 viviendas y no se ha proyectado ningún centro docente en ellas, pese a que está establecido por ley que por cada vivienda construida corresponde 10 metros cuadrados de suelo para centros docentes, así, "debía haber en la zona 13.410 metros cuadrados de suelo disponible para construir uno o dos colegios y no están", de manera que "cuando todas estas viviendas estén habitadas el déficit de plazas docentes en Atarfe se convertirá en un grave problema social".

Para la instrucción del caso se han redactado varios informes periciales: el primero de ellos no detectó irregularidad alguna; otro de la Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía señala que con los convenios firmados el pueblo ha perdido 6.699 metros de suelo público que se ha quedado el promotor; y un tercero, de un perito judicial, de febrero de este año, que igualmente incide en que se incumplieron con las modificaciones incluidas en los estudios de detalle de la urbanización las normas subsidiarias y la LOUA.

La extracción de arena para regenerar Playa Granada se hizo sin permiso

Granada Hoy

La responsabilidad de que no se dé una solución definitiva al problema de erosión en Playa Granada ha sido hasta ahora tan escurridiza como la propia arena del mar cuando se coge entre las manos. Cultura ha descubierto, a través de la denuncia de un particular, que no se le ha pedido ninguna autorización para realizar actividades de regeneración en este lugar, como hubiera sido preceptivo, ya que se encuentra incluido dentro de la Zona de Servidumbre Arqueológica, ZSA, que se extiende desde Cerro Gordo hasta el Faro de Sacratif, según una Resolución de 17 de enero de 2008 de la Dirección General de Bienes Culturales, en vigor desde el 20 de abril de 2009.

 

El mismo delegado, Pedro Benzal, asegura que no han autorizado en su departamento ninguna actuación en este tramo que goza de especial protección. Sin embargo, no han emitido aún ninguna denuncia, aunque se encuentran investigando los hechos para determinar responsabilidades y posibles daños.

 

El asunto lo destapa un aficionado a los detectores de metales que solicita realizar esta actividad en las playas de Granada. Se lo deniegan, apelando a que "se ocasionaría daño al patrimonio" y "destrozos en la estratigrafía del suelo". Sin embargo, se queda impresionado cuando ve cómo "permiten el movimiento de 71.000 metros cúbicos de arena - el equivalente a 28 piscinas olímpicas o a un poco menos del volumen del cubo de CajaGranada- de una ZSA cuando a nosotros no nos dejan excavar 20 centímetros".

 

A partir de ahí, Francisco José Medina, que es presidente de la Asociación Granadina de Detectoaficionados Iliberri, presenta un escrito a Cultura solicitando que les reconozcan como parte interesada en el procedimiento para conocer el informe de Cultura que autorizaba el movimiento de tierras dentro de la zona protegida.

Tal y como asegura la propia Delegación de Cultura, nadie ha autorizado nada. Por tanto, dichas actuaciones se pueden haber realizado al margen de la legalidad. Desde Medio Ambiente se limitan a desviar el asunto hacia la Dirección General de Costas, dependiente de este Ministerio. Esta última se dedica a preguntar "¿quién sabe si estamos o no autorizados?". Desde luego, por Cultura no.

Esta última delegación, dependiente de la Junta de Andalucía, por su parte, dice estar en este momento verificando los hechos "para conocer si son reales o no. De serlo, se abriría un expediente sancionador, que aún no está abierto, ya que no se conoce quién es el responsable".

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino aprobó en octubre de 2009 la adjudicación del proyecto de regeneración de las playas de Playa Granada y La Cagaílla, situadas en los términos municipales de Motril y Salobreña, respectivamente. El proyecto de intervención, con un mes de plazo de ejecución, tuvo un presupuesto global de 429.963,86 euros y fue adjudicado el día 30 de octubre a la empresa Tragsa. En el mismo se decía que sería necesaria la aportación de 71.000 metros cúbicos de arena acumulada en la playa del Cable, junto al Dique de Poniente del Puerto de Motril, e incluso de otras zonas de la playa de Poniente si se considerara conveniente, a las zonas más dañadas por los temporales sufridos entre el 29 y el 30 de noviembre de 2008, es decir, a Playa Granada y La Cagaílla. Las obras afectaron a alrededor de 1,7 kilómetros.

Pero no ha sido la única actuación. Playa Granada recibió 50.000 metros cúbicos de arena entre el periodo comprendido entre el año 2004 y 2008. Posteriormente, se aprobó este otro de 70.000 m3. El volumen total supone un gasto de 780.000 euros que, sin embargo, se los lleva el mar. La prueba está en que el último aporte iniciado en noviembre y finalizado en diciembre de 2009 se evaporó en dos semanas.

Desde hace años, se está dando esta solución que -según todas las asociaciones de vecinos del anejo y el propio Ayuntamiento de Motril- no satisface a nadie, ya que piden espigones, una medida que creen que es más duradera y que ha funcionado en otras zonas, como Torrenueva, Castell o La Mamola.

También Ecologistas en Acción se une a las críticas: "Al ser tierra el componente mayoritario de los depósitos arrojados, sus finísimas partículas contribuyen a la turbiedad de las aguas, con consecuencias muy graves para toda la vida marina de la costa, ya que cambia la luminosidad, y al depositarse sobre los seres bentónicos los mata rompiendo un elemento esencial en la cadena trófica, de gravísimas consecuencias ecológicas y económicas para los pescadores de la zona", explica Javier Egea, presidente de la agrupación en Granada.

Un vecino de Almuñécar es condenado a prisión por continuar las obras de una finca sin autorización

Un hombre que no ha respetado la legalidad pagará por ello. Hasta ahí, todo correcto. La ley está para cumplirla. ¿Pero por qué en este pueblo sólo tienen que cumplir la ley algunos? ¿No tienen que ser derribados los grandes hoteles cuando el Tribunal Supremo ha dicho que son ilegales? ¿Es normal que el alcalde vaya a la 'inauguración' de un hotel que el Tribunal Supremo ha dicho que es ilegal? ¿Está sólo la justicia para cargar contra los débiles y que los poderosos se rían de ella? ¿Es normal que un arquitecto con una casa ilegal sea el que decida lo que es legal y lo que no lo es?

Un hombre ha sido condenado a seis meses de prisión en Almuñécar por un delito de desobediencia al continuar como promotor y constructor de las obras de una nave almacén en una finca de su propiedad pese a que el Ayuntamiento le había ordenado la paralización de los trabajos.

Según la sentencia de un juzgado de Motril, a la que ha tenido acceso Efe, queda demostrado que el acusado comenzó la construcción en 2006 de una nave almacén de 42 metros cuadrados, la ejecución de un muro de hormigón armado para la contención de tierras, una piscina, un depósito de agua, y la colocación de una alambrada de 100 metros lineales, todo ello sin licencia de obras.

El 10 de octubre de 2006 el consistorio le notificó la paralización y precinto de las obras, aunque no hizo caso de la orden, como queda demostrado por una inspección realizada el 2 de febrero del 2007.

Benavides y Teresa Jiménez

El 5 de abril de 2006 (pronto hará cuatro añitos), el alcalde de Almuñécar hacía unas interesantes declaraciones sobre la señora Teresa Jiménez, que va a ser elegida secretaria general del PSOE granadino en sustitución de Álvarez de la Chica. Estas eran sus palabras de hace cuatro años:

El alcalde terminó la intervención haciendo una amplia interpelación pública a la delegada del Gobierno de la Junta, Teresa Jiménez que este fin de semana anunciaba que “la Junta iba a poner coto a Benavides”.

Las manifestaciones de la delegada del Gobierno, Teresa Jiménez  “ponen en evidencia clara de que se ha quitado la careta institucional y nos ha mostrado con toda su crudeza el carácter sectario y antidemocrático del régimen socialista”. Y añadió: “ Tengo que decir a la señora delegada, que si Almuñécar  alguna vez ha tenido algún parecido con Marbella ha sido cuando el PSOE y sus compañeros de viaje, han estado al frente del gobierno municipal y también en  la aspiración de la señora (Rocío) Palacios en convertirse en la Isabel García Marcos de Almuñécar”.

“La señora delegada, a quien deben de conocer muy bien en su casa, debería de atender a los consejos que le ha dado el alcalde socialista de Armilla el cual le ha recriminado de forma pública el que utilice su cargo institucional para hacer una intromisión burda en la autonomía y las competencias municipales, pero incluso esta señora ha sido desautorizada por el secretario provincial del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, que ha manifestado que los ayuntamientos tienen pleno derecho las propuestas y el modelo de ordenación que estimen oportuno”, recordó  Benavides .

"Las acusaciones de la señora delegada carecen de la más mínima autoridad moral. Esta señora – en referencia a Teresa Jiménez-  no está en condiciones de dar lecciones a nadie, y por lo tanto, haría muy bien en poner orden en su propia casa dejando que sean los ciudadanos en las elecciones y los tribunales de justicia cuando correspondan las decisiones que estimen convenientes”.

Benavides también se preguntó: “¿cómo piensa la delegada de Gobierno ponerme coto. Me va a meter en la cárcel, me va a eliminar físicamente, como sería su deseo, o piensa que las campañas de difamación y pintadas que aparecen en el pueblo propiciadas y auspiciadas por el PSOE en una clara muestra de desvergüenza son los que van a conseguir cambiar la opinión de los ciudadanos de Almuñécar y La Herradura sobre mi persona y el gobierno municipal que presido?.

Lo escandaloso es la gestión, no la instrucción del juez, afirma Llamazares

El diputado de IU Gaspar Llamazares dijo ayer en Oviedo que lo que le escandaliza del «caso Palma Arena» no es la instrucción realizada por el juez José Castro, sino la gestión de Jaume Matas al frente del Gobierno balear, «que, teniendo una responsabilidad pública, se ha enriquecido con ella».

Llamazares llamó a los populares a no seguir mirando «para otro lado» y a investigar a los dirigentes que tiene incursos en procedimientos judiciales por corrupción, así como a poner en marcha «medidas de limpieza».

Por qué las propuestas del gobierno alemán para salvar al euro están equivocadas

Vicenç Navarro

El Plural

El gobierno conservador-liberal alemán está proponiendo que todos los países de la Unión Europea, para salir de la crisis, hagan lo mismo que han estado haciendo en su país, es decir, que se concentren en aumentar las exportaciones, lo cual requiere –según portavoces de aquel gobierno- una moderación salarial (la manera amable de decir una reducción salarial) a fin de hacer que la economía alemana sea más competitiva y poder exportar más (Alemania ha sido el país de la UE-15 donde los salarios han crecido menos durante estos últimos quince años, seguido de cerca por España).

Consecuencia del enorme poder que el gobierno alemán tiene en configurar las políticas europeas, esta postura se está convirtiendo en la nueva sabiduría convencional, promovida efusivamente por los mayores medios de información financiera, desde el Financial Times hasta el The Economist, que siguiendo a los portavoces del establishment financiero europeo están acentuando la necesidad de apretarse el cinturón (que quiere decir bajar los salarios y los beneficios sociales y laborales) a fin de hacernos más competitivos y exportar más.

Y, como no, se está presionando al gobierno español y a los otros gobiernos del sur de Europa (y muy en especial Grecia) que tomen la medicina de austeridad para poder salir de la crisis. Tal receta de solución económica recuerda aquella imagen tan extendida de que si estás enfermo, para ponerte mejor tienes que tomar una medicina amarga. Según tal mensaje, no pueden estos países del sur de Europa continuar con la exuberancia de gasto público y elevados salarios que les está llevando a las ruina y les imposibilita la recuperación. Hasta aquí el dogma liberal, trasmitido por portavoces de tal dogma, algunos con chaquetas llamativas y otros con chaqueta normal. El problema es que este dogma se basa en la fe y no en la evidencia, evidencia que es fácil de recoger y mostrar el error de cada uno de sus postulados. Veamos los datos.

Pero antes hay que entender que una condición sine qua non para que un país exporte es que haya otro país que importe. Sin este último, no hay exportación posible. Aclarado esto, miremos donde van las exportaciones alemanas, dato fácil de ver. Tal como ha señalado el economista George Irvin en un reciente artículo en el The Guardian, dos terceras partes del comercio exterior (es decir, de las exportaciones) de Alemania, es con países de la eurozona, incluyendo los países del sur de Europa. Sólo una tercera parte de tal comercio exterior es en zonas distintas a la eurozona. Las exportaciones van, pues, en su gran mayoría a los países de la eurozona.

Ahí está el problema para Alemania y para los países de la eurozona. La austeridad que el gobierno alemán está predicando está dañando no sólo a todos los países de la UE (pues ven su capacidad de consumo dramáticamente reducida) sino a la propia Alemania, pues no se está recuperando la capacidad adquisitiva de la población (y muy en particular de las clases populares) en los países donde se están aplicando tales políticas de austeridad (que son la mayoría) y, con ello, no pueden consumir los productos alemanes. De ahí que la recuperación de las economías de la eurozona, incluida la alemana, vaya tan lenta (y se vea tan problemática). Querer basar la recuperación en incrementar las exportaciones sin que haya capacidad importadora en otros países es un error garrafal. Pero es lo que se está haciendo.

China entendió esto rápidamente. No podía salir de la crisis aumentando las exportaciones. Tenía que salir de la crisis con un aumento muy notable del consumo interno, con un enorme estímulo económico basado en creación de empleo y reducción de las enormes desigualdades (creadas precisamente por las políticas de crecimiento económico basadas en las exportaciones). Hoy China tendrá una tasa de crecimiento de un 9% del PIB.

Alemania es el eje de la eurozona. A no ser que intente salir de la crisis a base de aumentar su consumo doméstico, rompiendo con las políticas de austeridad, la eurozona no saldrá de al crisis. Las críticas de la Ministra de Economía francesa a Alemania en este sentido llevan toda la razón.

Lo que se requiere ahora, más que nunca es un crecimiento de la demanda y capacidad de consumo, incluyendo los sectores sociales que crean gran cantidad de puestos de trabajo, donde el déficit de empleo es sustancial en los países del sur de Europa (incluyendo España). En este sentido, el problema en estos países no es ni el déficit ni la deuda pública sino su escasa capacidad de consumo que estimule el crecimiento económico.

Contribuyendo a esta escasez está el bajo nivel de gasto público. En tales países el gasto público es muy bajo, resultado de un enorme poder de clase que explica la magnitud del fraude fiscal, del mercado negro y la regresividad fiscal. Hablar de exuberancia en este aspecto es hiperbólico y frívolo. Ni que decir tiene que pueden encontrarse casos de mal uso del gasto (que los liberales utilizan para justificar la reducción de todo el gasto público) en aquellos países. Pero este no es el problema El problema es que los países de la eurozona, incluyendo España, continúan estancados en el liberalismo.

Sobre España, Venezuela y la instrumentalización política del terrorismo: La mentira como oficio e ideología

Jónatham F. Moriche

Rebelión

A lo largo de los últimos seis años hemos sido testigos en España de sucesivos episodios de manipulación política y mediática del fenómeno terrorista, promovidos por el Partido Popular y sus satélites propagandísticos. Una estrategia de alto riesgo que, con el evidentísimo fin de socavar el prestigio y la operatividad del gobierno socialista, no ha tenido reparos en poner en cuestión las instituciones del Estado y la convivencia cívica entre los españoles.

El primero de estos episodios fue la demencial e ignominiosa campaña de intoxicación informativa en torno a los atentados del 11 de marzo de 2004. Una campaña orquestada al alimón por comunicadores sensacionalistas y ultraderechistas (como Federico Jiménez Losantos, César Vidal, Gabriel Albiac o Pedro J. Ramírez) y políticos del ala más radical del PP (entre ellos los ex-ministros Ángel Acebes o Eduardo Zaplana, sin olvidar al propio ex-presidente José María Aznar y su fundación FAES). A lo largo de estos seis años, y a despecho de las nítidas conclusiones de la Comisión de Investigación parlamentaria y de la sentencia de la Audiencia Nacional, los llamados "agujeros negros del 11-M" se han convertido en una industria tan macabra como rentable. Un repaso por el kiosko de prensa o el dial radifónico nos permite comprobar, a medio camino entre la incredulidad y el espanto, cómo todavía hoy siguen estos "conspiranoicos" erre que erre con sus malsanos desvaríos, desmintiendo la autoría de Al-Qaeda y cualquier relación de los atentados con nuestra participación en la guerra de Iraq, y señalando en cambio, de forma más o menos explícita, hacia ETA, hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado, hacia el Partido Socialista, hacia los servicios secretos marroquíes, hacia todos ellos a la vez...

Un segundo ejemplo de esta manipulación interesada del terrorismo se produjo durante la última tregua de ETA. La oposición neoconservadora y sus satélites cívicos y mediáticos falsearon concienzudamente la naturaleza y la agenda de las conversaciones mantenidas entre el gobierno y la banda (celebradas con la autorización expresa del Parlamento, y con la más que loable finalidad de obtener una definitiva entrega de las armas por parte de ETA), presentándolas como "la rendición del Estado ante el terrorismo". Durante meses, el PP mantuvo su actitud mendaz e incendiaria en las instituciones y movilizó a sus bases más radicalizadas en sucesivas manifestaciones callejeras, en las que se menoscabó gravísimamente la verdad de los hechos y el honor de nuestras instituciones democráticas: se habló, entre otras infamias de gran calado, de un gobierno "encamado con la ETA", que "traiciona a los muertos"...

No es muy distinta la metodología que el PP y su entorno mediático están empleando en la actualidad al respecto de las supuestas vinculaciones entre ETA y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. No es ninguna novedad esta satanización del presidente Hugo Chávez, que la derecha española practica con insistente entusiasmo desde hace años, y que la izquierda (por desgracia tantas veces atrapada en la lógica perversa que impone la arrolladora hegemonía mediática de la derecha), sólo es capaz de desmentir con la boca pequeña y miedosa. Pero no es tiempo de medias tintas ni de disculpas en voz baja, sino de aferrarse a la verdad con uñas y dientes y defenderla de quienes han hecho de la mentira un oficio y una ideología.

Los atentados del 11-M fueron cometidos por una célula de Al-Qaeda en represalia por nuestra participación en la guerra de Iraq. Las conversaciones entre el gobierno y ETA desafortunadamente fracasaron en sus ambiciosas expectativas, pero no por eso dejaron de ser perfectamente legales, legítimas y oportunas. Y las acusaciones de connivencia entre el gobierno venezolano y ETA son una inmundicia sin el menor fundamento material, que no hace sino reiterar la misma pauta inquisitorial de los ejemplos anteriores: "terrorista, cómplice del terrorismo o amigo de los terroristas es todo aquel que no me aplaude y no se me somete". Un cedazo tramposo que, a capricho del pequeño aspirante a Metternich que desde la presidencia de la FAES aspira a presidir el universo, se abre de par en par para dejar pasar un genocidio en Iraq, un golpe de Estado en Honduras o una mafiocracia en Italia, pero se cierra como una soga corrediza sobre el pescuezo erguido de la Venezuela bolivariana.

No soportemos ni una mentira más, y a cambio tendamos la verdad al sol a la vista de todo el vecindario. Hugo Chávez no es ningún terrorista, ni un cómplice del terrorismo, ni un amigo de los terroristas, sino un gobernante con toda la legitimidad democrática emanada de unas urnas limpias, y cuyos únicos delitos son el haber roto con una larga y dolorosa tradición de sumisión de los gobiernos de su país a los Estados Unidos, el haberse enfrentado con valentía a las oligarquías locales y globales que expoliaban a su pueblo y el haber puesto la soberanía nacional y la justicia social en primer plano de su acción de gobierno. Motivos más que suficientes para que, hoy más que nunca, con orgullo y con gallardía, aún nadando contra corriente de los ríos de mierda que nuestra montaraz derecha escupe un día tras otro sobre ellos, la izquierda española reafirme sin vacilaciones su abrazo fraterno con el pueblo de Venezuela, con el movimiento popular bolivariano que encarna su ejemplar empeño de progreso y emancipación, y con el gobierno y el presidente que con tan envidiables lealtad, dignidad y firmeza de espíritu los representan.

La izquierda de karaoke trae en su morral a la extrema derecha

Rafael Cid

Radio Klara

Con su permanente ejercicio de pensamiento único, la izquierda ni-ni, que ni transforma cuando está en el poder ni se opone cuando pasa a la oposición, es el mejor abono para la irrupción de la extrema derecha.

Las elecciones como canon democrático en el sistema capitalista de mercado suponen entronizar un péndulo político que siempre vuelve a su estado de reposo. El ciudadano de los países más desarrollados tiene una opinión estomagante de esa democracia-tipo sustentada sobre un insulso e interminable tobogán de comicios.

Urna va, urna viene, entre elecciones de todos los pelajes -municipales, regionales, nacionales y supranacionales (caso Unión Europea)-, la democracia se ritualiza como una carrera de desgaste, un viaje a ninguna parte. De la derecha a la izquierda y vuelta de la izquierda a la derecha, las ruedas de molino con que comulga el menos malo de los regímenes posibles giran como un Sísifo redivivo. Y así, cansinamente, con una jibarizada democracia de karaoke, la rutina representacional carcome vidas, proyectos e ilusiones en forma de hastío político e indiferencia ciudadana… hasta que llega el lobo.

Es un disco rayado, un dèjá vu. De esta guisa, todo vuelve donde solía. Cambia algo para que todo siga igual. La derecha y la izquierda se suceden como las estaciones del año sin alternar los principios económicos en que basan su dominio. Los vicios privados, un fecundo tópico con varios siglos de herrumbre, se siguen utilizando para incubar virtudes públicas.

El ocio del amo, la opulencia del rico, la explotación de los poderosos y el derroche de los agraciados crean trabajo y riqueza a manos llenas de manera altruista. Así se justifica el sistema circunvalatorio realmente existente. ¡Qué sería de nosotros si los jefes quebraran! O los bancos. O las multinacionales. Por eso hay que rescatarlos con la propia sangre si fuera preciso. A caballo regalado no le mires el diente. Una fábrica de minas antipersonas, una radioactiva central nuclear, el presupuesto para el mortífero ejército, no son armas de destrucción masiva sino oportunidades laborales que no hay que dejar escapar.

Todo este vaivén de máscaras y ventrílocuos pomposamente intercambiadas cada 4 años conduce de la nada a la más absoluta miseria. A veces se ensayan caballos de refresco, que a modo de “terceras vías”, “operaciones reformistas” o “upeydes” buscan dinamizar el mercado político en momentos de agobio y hartazgo con la introducción de esas “marcas blancas”. Pero son ilusiones, espejismos, que no aguantan dos asaltos. Luego, agostado el ciclo y revelado que el rey está desnudo y no tiene nada que ofrecer sino más de lo mismo, surge el tercero en discordia.

La extrema derecha siempre vuelve porque huele el barbecho que ni la derecha ni la izquierda cubren. La derecha simple por carecer de prospectiva y la izquierda formal porque en su afán para mantenerse en el pódium promueve una cultura conservadora que acuna su tumba. Así, el único terreno para el cambio y el antagonismo que dejan los vectores hegemónicos es el abonado para los demiurgos de la extrema derecha, como ha sabido ver la politóloga Chantal Mouffe. La extrema derecha es hija de la canonización del consenso y del oportunismo moral.

Los resultados de las regionales francesas cumplen a carta cabal este designio. Una derecha clásica tocada por la crisis, una izquierda nominal parapetada en la política espectáculo que se mira el ombligo por el espejo retrovisor de la historia y una izquierda radical incomprendida por el gran público mediocratizado, han coronado a las huestes xenófobas de Le Pen al tercer puesto de la cosecha electoral. Mientras la izquierda transformadora se hundía y los restos del otrora poderoso Partido Comunista Francés (PCF) consumaban su liquidación, el frente de la exclusión racial y el patrioterismo redentor lograba el 11,42% de los votos (el 22% en sus feudos), paragonándose con aquel sorpasso de las presidenciales del 2002, donde captó el 17,9% de los sufragios.

La extrema derecha nace de las renuncias de la izquierda y de la impotencia de la derecha. Nunca viene sola. Llega a lomos de los fracasos mancomunados de sus mentores en el sistema. La extrema derecha siempre está convocada. Es un eterno déjà vu. Y es así y siempre lo será porque los raíles sobre los que se prospera están en el adn del modelo capitalista y depredador de mercado que dicta la estrategia de los partidos políticos y de las ideologías simulacro que usan para legitimarse. Es la propia axiología del sistema, acatada sin refutación por derecha e izquierda al alimón, la que condiciona de manera inexorable la ley del péndulo de las democracias de karaoke que nos gobiernan.

El populismo fascista es un fenómeno moderno, propio del gregarismo de una sociedad de masas con el individuo en retirada y el declive de lo público-social, lo que Arístóteles llamó zoon politikon, a manos de lo privado competitivo. Un magma que los medios de comunicación de masas, auténticas extensiones del hombre (Mc Luhan) / órganos del hombre (Santiago Alba), ha agigantado hasta proyectar un solipsismo multitudinario que busca su redención en líderes providenciales que eviten el trago de tener que pensar y decidir por sí mismos.

Un miedo congénito a la libertad, a la autodeterminación, vitaminado de espíritu competitivo, autoritarismo, materialismo, servilismo voluntario, autismo ético y aldeanismo mental son los parámetros de esa axiología dominante de la clase dominante que arroja todo atisbo democrático del imaginario social. Con esta mutación se propicia la levadura que precisa la deshumanizada masa para asumir el desembarco de los “nuevos bárbaros”, sólos o a la berlusconiana manera.

El ritornello de la extrema derecha no tiene mérito. Está en el ambiente cultural y ético empobrecido que el capitalismo y sus atributos de consumo, insolidaridad, mediación, mediocridad y darwinismo social procuran cíclicamente. Aunque los momentos estelares suelen coincidir con las etapas de reflujo democrático y de Estado de Derecho que el propio sistema impulsa en su fuga hacia delante. Cuando, como ahora, una crisis desatada por el sistema financiero (la metáfora reencarnada de los Protocolos de los sabios de Sión)) saquea el patrimonio cívico y los partidos establecidos pactan todo lo pactable al margen del parlamento (teórica sede de la soberanía) por “interés general”. A nivel político y nivel laboral, donde las cúpulas de patronal y sindicatos suelen alcanzar un “diálogo social” que precariza a los representados a cambio de reforzar las posiciones de las representantes hasta convertirlos en casta., contribuyendo así al descrédito de todo lo que suene a democracia entre la base social.

Quemadas las naves que han servido durante años de arcas de Noé a derecha e izquierda, el camino para la insurgencia ultra está expedito. Aunque hay teóricos, como Carl Amery en Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI?, que incluso sostienen que el bacilo totalitario no es una cepa del pasado sino una constante de la civilización occidental. Una extrema derecha, ¡ojo al parche!, con pátina anticapitalista y revolucionaria porque se nutre sobre todo de los estratos proletarios que han desertado del movimiento obrero y las clases damnificadas a las que disciplina en la nueva obediencia debida. Ninguna frase explica mejor el efecto llamada del pensamiento único a favor de la extrema derecha que lo dicho por el numero dos del PSOE orensano al fichar por el Partido Popular: “voy a ser tan fiel al PP como lo fui con el PSOE”.

(A José Vidal-Beneyto, que denunció la “modélica transición” como la causa de nuestro pensamiento único y tuvo la gallardía de proclamar que en España solo un periódico alternativo como Diagonal y el que suscribe habían investigado el “tenebroso pozo” de los fondos financieros del capitalismo criminal).

Fuente: http://www.radioklara.org/spip/spip.php?article3563

Sin vivienda, pero con una hipoteca a cuestas: La legislación española es de las pocas que permiten a la banca quedarse una casa por impago y seguir reclamando el 50% de la deuda

Glòria Ayuso

Público

Que el banco o la caja se quede con tu piso es un gran descalabro, pero el summun se alcanza cuando, además, te sigue reclamando el pago de la hipoteca. España es uno de los pocos países en Europa donde la ley permite que se mantenga la deuda contraída, en vez de aceptar la dación en pago, como se permite también en Estados Unidos. Muchas personas sufren ahora esta situación desesperada.

Segundo Zapata y su familia son un ejemplo. Firmaron una hipoteca por valor de 263.000 euros con Caja del Mediterráneo. Un año después, llegó la crisis, y Zapata y su hijo, empleados en el sector inmobiliario, se quedaron sin trabajo. Y empezaron a no poder afrontar el pago del crédito.

El banco no quiso dar una alternativa a la familia y envió el expediente al juzgado. El 11 de enero de 2009, el piso se subastó. Pero no hubo ningún comprador interesado por su elevado precio. El juez dio la potestad al banco para adjudicarse el inmueble por el 50% de la tasación. La otra mitad la sigue debiendo Zapata a la entidad financiera. Además, debe pagar el perito y los costes judiciales, muy elevados. "No sólo no tengo vivienda, sino que me ha quedado una deuda de casi 200.000 euros", afirma Zapata.

A Magin Ximenis lo deshauciaron el día 1. Su piso estaba tasado en 164.000 euros y se ha quedado con una deuda de 38.900 euros. Estefanía, con una hipoteca de 257.000 euros, también se ha visto en la calle. El banco, además de quedarse con su piso, puede incluso ejecutar la casa de sus padres si quiere cobrar el aval, ya que le ofrecieron garantías por 50.000 euros.

Subastas desiertas

La ley lo permite. Los casos se multiplican ahora como consecuencia de las abultadas hipotecas que concedió la banca en los años del boom. Hasta el momento, eran habituales las subastas en las que las viviendas se adjudicaban sin problemas por la cantidad que faltaba por cubrir de la deuda, normalmente no muy elevada. Un piso de 300.000 euros se podía subastar por 60.000. Pero nadie puja por las viviendas adquiridas en plena burbuja inmobiliaria. El comprador sólo ha tenido tiempo de pagar una pequeña parte de los intereses y esa misma vivienda puede salir a subasta por 290.000 euros.

La Ley de Enjuiciamento Civil (LEC) protege a la banca: cuando el precio en la subasta baja hasta el 50% del valor de la deuda, permite a la entidad financiera adjudicarse el piso. El banco, entonces, puede reclamar la otra mitad al ex propietario. "Antes de ejecutar la hipoteca, los bancos intentan llegar a acuerdos con los propietarios. Pero, alcanzado un cupo y si no hay posibilidad de cobro, acostumbran a adjudicárselo", explica la abogada experta en el sector inmobiliario Marta Legarreta.

El problema para los afectados es mayor, ya que, debido a la caída de los precios de la vivienda, el perito designado por el juez valora el piso por una cuantía menor. Además, el ex propietario tiene que asumir los costes de abogado y perito. Los trámites judiciales suelen suponer unos 27.800 euros en el caso de un piso valorado en 300.000 euros. Por eso, la actual deuda de Zapata es mucho mayor del 50% de la hipoteca que se le concedió en su momento.

Los afectados se movilizan

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca nació hace sólo un año en Barcelona y ya cuenta con 700 familias asociadas. Plataformas similares se están creando en otros lugares de España.

Ante el alud de afectados, la organización ha iniciado una campaña para reclamar la reforma de la LEC en el Congreso. Propone que, como en los países europeos, se incorpore la dación en pago, que supone que la entrega de la vivienda a la banca es suficiente para liquidar la deuda contraída, siempre y cuando se trate de la residencia habitual y se demuestre que el deudor no tiene ninguna otra opción para hacer frente a sus obligaciones.

ICV y ERC apoyan esta iniciativa. Los republicanos ya lo plantearon en el pleno monográfico sobre la crisis en el Parlament catalán en febrero. La situación lo requiere: según el Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2010 más de 350.000 familias se habrán quedado sin vivienda.

Fuente: http://www.publico.es/dinero/303547/vivienda/hipoteca/cuestas

Este hotel tampoco lo ha parado la Junta

Viene en todos los medios de la comunicación una información acerca de una nueva victoria jurídica del ayuntamiento. La victoria es una simple escaramuza en el terreno de lo técnico y en cuanto al fondo pues una cosa podemos ya tener clara. Hay una empresa que denuncia al ayuntamiento porque este le anula una licencia de obras y le bloquea la construcción de un Hotel en la zona del Gallo, en la Punta de la Mona. Se trata del Apartahotel Los Berengueles.

Es importante resaltar este hecho porque este es un caso más de una obra que ha sido paralizada por el ayuntamiento. Sus razones tendrá, es de suponer. Como es de suponer que también tiene sus razones la Junta cuando pide al ayuntamiento que pare alguna licencia mal dada.

Además, lo que la Audiencia Provincial ha dicho es que este tema debe llevarse por la jurisdicción contenciosa y no por la penal.  Se trata sólo de juzgar los hechos por otra vía.

Esta es la noticia tal y como viene en varios medios de comunicación:

La Audiencia anula una querella contra el ayuntamiento sexitano

El Centro de Inversiones de Granada interpuso una demanda en junio de 2009 por la suspensión de unas obras que le habían sido otorgadas

La Audiencia Provincial de Granada ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar y ha declarado nulo un procedimiento penal que se había iniciado por la suspensión de unas obras en la localidad.

El recurso de apelación se presentó en junio de 2009 contra un auto que convertía en procedimiento abreviado las diligencias previas originadas por una querella interpuesta por el Centro de Inversiones de Granada (CEINGRA S.L.), ya que el equipo de gobierno decidió suspender unas obras que se le habían otorgado.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Almuñécar dictó un auto en enero de 2009 por el que se estipulaba el procedimiento abreviado, aunque el Ayuntamiento recurrió al considerar que la materia discutida era objeto de procesos contencioso-administrativos y no podía analizarse por el ordenamiento penal.

La Audiencia Provincial ha estimado este recurso en nombre de los concejales de la formación y del alcalde, José Antonio Benavides (CA), y declara nulo el auto de la jueza de Almuñécar.

La querella la interpuso CEINGRA por la decisión de la Junta de Gobierno Local de suspender las obras iniciadas por la promotora al considerar que no se había acreditado el cumplimiento exacto de las condiciones de la licencia y se inició un proceso de lesividad, lo que fue atacado penalmente por la querella de la empresa.

El contratista que exige el pago de 155.000 euros vuelve a encadenarse a la constructora morosa

España está llena de obreros despedidos y de pequeños empresarios que han trabajado años enteros a cambio de unos pagarés que no tenían detrás más que números vacíos. Mientras, las grandes promotoras esconden su dinero en paraísos fiscales

El contratista Antonio Malpica no ha logrado alcanzar un acuerdo con la constructora Garasa Esñeco para que le pague los 155.000 euros que le adeuda desde marzo del año pasado por la construcción de unas viviendas. La empresa le pidió el pasado viernes "un par de días de margen" para estudiar una solución pero el afectado no ha obtenido respuesta y esta mañana ha decidido encadenarse de nuevo ante las oficinas de la empresa.

Malpica, de 59 años y con cuatro hijos a su cargo, asegura no tener más opción que retomar su protesta ante la actitud "poco negociadora" de la constructora, que se encuentra inmersa en un concurso de acreedores y con cuyos responsables se reunió sin éxito el pasado viernes.

"No tengo trabajo ni dinero y dentro de poco tampoco tendré casa porque no puedo pagar la hipoteca", relató en declaraciones a Europa Press el afectado, que pese a su delicado estado de salud --es diabético, hipertenso y padece apnea-- volverá a ponerse en huelga de hambre desde hoy para obtener su objetivo.

La empresa le ha dicho que "no puede" afrontar el pago porque él es un acreedor más y hay un proceso abierto para atender todas las reclamaciones que existen, sin embargo Malpica cree que "siempre se hace puede hacer algo", asegurando que no le importaría que le abonaran "poco a poco" la deuda de 150.000 euros si fuera necesario, ya que su situación es "desesperada".

De hecho, y aunque está acogido al concurso de acreedores que solicitó la empresa hace unos meses, Malpica no confía demasiado en recuperar el dinero por esta vía y por eso ha asegurado que no abandonará la protesta hasta que le den una solución para que él y su familia puedan "salir adelante".