La ilegalidad de Bono y la bandera republicana en el homenaje a los represaliados antifranquistas

Pascual Serrano

Rebelión

El presidente del Congreso, José Bono recibió en la Cámara Baja a unos 300 ex prisioneros o familiares de presos políticos que a lo largo de todo el día recibieron diversos homenajes -una comida en Rivas y un concierto en el Palacio de Vistalegre- organizados por la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas (AERP). El presidente del Congreso subrayó que, aunque la entrega de estas personas "no está olvidada, a veces es menester recordarla", y apuntó que precisamente una de las "paradojas" de la Transición fue que "el protagonista principal quedó olvidado".

Sin embargo, el presidente del Congreso no guardaba igual amabilidad para la causa democrática por la que lucharon los homenajeados: la II República. Cuando uno de ellos sacó una bandera republicana José Bono reaccionó indignado con estas palabras: “Con la misma fuerza con la que estoy defendiendo lo que pienso, en esta casa son invitados del Congreso de los Diputados y de la legalidad, y la legalidad es la que marca la Constitución y no otra, y por tanto no puedo aceptar manifestaciones que no son legales en este momento”.

El presidente del Congreso ha de saber que exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión, según una sentencia de la Sección Novena de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La sentencia, fechada el 15 de diciembre de 2003 y notificada el 14 de enero de 2004 a las partes, daba la razón a Izquierda Unida, que denunció una resolución del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), gobernado por el PP, que ordenó retirar la enseña tricolor de un chiringuito montado por la coalición de izquierdas durante las fiestas patronales de julio de 2002.

El tribunal estimó que la citada resolución municipal fue "contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto vulnera los derechos fundamentales previstos en los artículos 16.1 y 20.1,a de la Constitución Española".

Por tanto la ilegalidad corresponde a José Bono cuando afirmó “no puedo aceptar”. Más cínico todavía es el hecho de que se pretenda homenajear a un colectivo pero se le obligue al silencio respecto al mismo asunto por el que la institución dice estar ofreciéndoles el reconocimiento público. De ahí que los asistentes, con la dignidad y coherencia que han manifestado en toda su vida, aplaudieran y gritaron vivas a la República durante la exhibición de la bandera republicana y respondieran con despectivo silencio a los comentarios de Bono. Setenta años después los veteranos republicanos nos siguen dando lecciones.

La Permanente de IU aprobó una resolución donde muestra su ‘absoluto rechazo al tratado de Lisboa’

La Comisión Permanente de Izquierda Unida, órgano ejecutivo de la dirección de esta formación, ha aprobado ayer una resolución en la que muestra su “total rechazo al Tratado de Lisboa”, en el mismo día en que se ha confirmado oficialmente la oposición de los ciudadanos irlandeses a este mismo texto.

Tanto el coordinador general, Gaspar Llamazares, como el eurodiputado de esta formación, Willy Meyer, se han felicitado en nombre de IU por este resultado y han expresado “la satisfacción que a Izquierda Unida le produce la prudente y justificada decisión de la sociedad irlandesa al rechazar este nuevo intento de avanzar en la construcción europea a través de un Tratado hecho de espaldas a los trabajadores y trabajadoras de Europa”.

A juicio de Llamazares y de Meyer, “los gobiernos conservadores y socialdemócratas de la UE han tratado de primar sus intereses políticos y económicos particulares en lugar de la defensa en los derechos y las conquistas sociales y jurídicas, así como del respaldo de los intereses económicos de quienes más lo necesitan”.

“Ahora, lo mismo que pasó hace tres años con el anterior intento, los ciudadanos europeos frenan este proceso y demuestran que no consienten el intento de avanzar en la construcción de Europa a sus espaldas”, agregaron.

Para Llamazares, “la sociedad irlandesa han dado una lección, primero a sus gobernantes que apostaron por el ‘sí’, y luego a los demás ejecutivos de Europa, de cómo cuando se realiza una consulta limpia y clara a través de un referéndum en un tema trascendental los ciudadanos saben ir más allá que sus dirigentes”.

“Sana envidia”

Willy Meyer, por su parte, explica la “sana envidia que nos produce el que, independientemente del resultado final que pudiera darse, los irlandeses hayan podido acudir a las urnas para decir lo que piensan. Eso no es posible en el resto de estados, incluido España, que han intentado colar por la puerta de atrás este nuevo Tratado”.

“Qué lejos queda aquel lema de ‘Los primeros en Europa’ que aireó Rodríguez Zapatero en la primera consulta sobre la Constitución europea que sí fue afirmativa en nuestro país, pero que luego otros estados se encargaron de frenar –recordó Meyer-. El mismo sistema de referéndum que fue válido entonces debía haberlo sido ahora, aquí y en el resto de la UE, como en Irlanda”.

La resolución

La Resolución aprobada ayer por la Permanente de IU subraya su pronunciamiento “en contra de la ratificación del Tratado sobre el funcionamiento de la UE, más conocido como Tratado de Lisboa. Nuestra representación parlamentaria ya manifestó el 11 de junio su rechazo al dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y, en consecuencia, votará en contra de la ratificación del Tratado en el Pleno”.

IU recuerda en su documento que “el Tratado consta de 323 páginas, 12 Protocolos y 65 Declaraciones. Si el proyecto de Constitución era oscuro, este otro es impenetrable”. Añade que “son conocidas nuestras divergencias con partes fundamentales de sus contenidos y discrepamos tanto en el método seguido para su elaboración, como en el procedimiento de ratificación acordado por el Gobierno español”.

“Izquierda Unida –se señala- se opone frontalmente a las cláusulas en materia de Seguridad y Defensa, por las que los estados miembros se comprometen a aumentar progresivamente sus capacidades militares, y reafirman sus compromisos adquiridos en el marco de la OTAN”:

IU recuerda que el Tratado “sigue abriendo la puerta a la privatización de servicios públicos. Además, la referencia a la Carta de Derechos fundamentales queda debilitada por la exclusión voluntaria del Reino Unido y otros estados”.

La Europa de la confrontación

La Resolución señala que “la Europa del Tratado de Lisboa se anuncia no como una Europa del progreso social, sino como la Europa de la confrontación social. La directiva europea que pretende ampliar la semana laboral máxima de 48 horas hasta 60 –y en casos específicos, como los médicos y servicios de emergencia, hasta 65- es un claro ejemplo aberrante de la deriva antisocial que está experimentando la UE, que en este caso sería un retorno al siglo XIX y una vulneración de las normar de la Organización Internacional del Trabajo”.

“Creíamos que el Tratado supondría un avance en una política europea común en materia de inmigración. Pero estamos asistiendo a una deriva hacia la Europa fortaleza y un enfoque basado exclusivamente en la seguridad”, se constata sobre este tema.

Un teócrata nombra a la “virgen" alcaldesa honoraria del Ayuntamiento de Morón de la Frontera

FIdA

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera, ciudad de la provincia de Sevilla de casi 30.000 habitantes, nombró el pasado 24 de mayo alcaldesa honoraria de la localidad a la “virgen María Auxiliadora”.

El acuerdo se tomó en un pleno extraordinario en esa fecha, festividad de la citada advocación. El alcalde, don Manuel Morilla, que presidía el acto oficial, se burló repetidamente de los dos únicos representantes del pueblo (Izquierda Unida) que se opusieron a la adopción de tan estrafalaria medida, “le pese a quien le pese”.

Además intentó silbar, sin conseguirlo, a dichos representantes cuando abandonaban el salón de plenos del Ayuntamiento, esbozando un gesto patibulario y agresivo que disimuló al son de una tonadilla devota. Los miembros de su partido y el público asistente cantaban un himno dedicado a esa virgen salesiana, que comienza con el verso “Rendido a tus plantas”.

Por la tarde tuvo lugar una procesión, y durante ella, en la plaza del Ayuntamiento, el pío representante de todo el pueblo entregó el bastón de mando de la ciudad, sin rubor alguno, a una efigie barroca de madera.

En opinión del sociólogo Gerhard Steingress, el nombramiento de María Auxiliadora "es una devaluación de la democracia, una sinrazón y una forma de burlarse de las instituciones" (El País, 01.06.08).

A día de hoy, y ya han pasado dos semanas, el Partido Popular no ha expulsado de sus filas a ese fervoroso militante, ni le ha abierto expediente disciplinario, ni se ha pronunciado en un sentido o en otro. ¿A qué están esperando?

Hasta aquí los hechos. Los miembros de la Federación Internacional de Ateos (FIdA) -y estamos seguros de que con nosotros muchos ciudadanos del Estado-, ante este siniestro sainete, nos hacemos varias preguntas.

¿Cabe deducir de la ausencia de reacción del Partido Popular que acepta y comparte la conducta chulesca, antidemocrática, zafia, bárbara, ridícula y cateta de este miembro de su partido?

Con este peligroso precedente, ¿cualquier alcalde del Partido Popular podrá actuar a partir de ahora de igual manera? ¿Para ser ciudadano de Morón de la Frontera habrá que ser necesariamente católico y devoto de la Auxiliadora? ¿El Partido Popular se muestra entonces en contra de la aconfesionalidad que proclama la Constitución vigente?

¿Debemos deducir que su modelo de Estado, a partir de este momento, es el teocrático, habida cuenta de que las instituciones civiles se confunden de ese modo con las religiosas? ¿Es lícito imponer a todos, creyentes de esa confesión, de otras o de ninguna, una servidumbre mágica de ese tipo?

Si el día de mañana, en una ciudad española cualquiera, los musulmanes son mayoría y el alcalde adopta una medida similar, con Alá o con Mahoma o con el burro volador que le trasportó a Jerusalén, ¿el Partido Popular también estará a favor de esa medida? ¿Callará también, escudándose en el respeto debido a la irracionalidad surrealista de la devoción popular? ¿Secundará otras nuevas violaciones del principio de laicidad de las instituciones públicas? Y, por último: la ausencia de los concejales socialistas en el dichoso pleno, ¿responde quizá a un callado colaboracionismo?

Muchos ciudadanos de este país pensamos que un Ayuntamiento debe representar a todos sus vecinos, y que la religión es un asunto privado que no debe ser impuesto a la fuerza por nadie, y menos aún por las instituciones públicas. Incluso existen personas en este país que no ansían estar rendidas a las plantas de un icono de madera, y que desean vivir en un clima de convivencia donde impere la razón, el respeto al prójimo y la libertad de conciencia. Nosotros no queremos imponer nada a nadie. Sólo pedimos respeto y que se cumpla la ley.

¿Dónde se sitúa el Partido Popular, en la democracia o en la teocracia? El alucinado alcalde de Morón se ha incapacitado a sí mismo, por su delirante medida, para seguir ejerciendo el cargo. Expúlsenle. O fuércenle a dimitir. Y, por favor, no permitan que asuma la plaza vacante esa recién nombrada Auxiliadora, santísima honoraria de la Frontera. Demasiado olor a incienso tenemos ya en nuestra raquítica democracia.

El silencio de los sindicatos

Fermín Bocos

Diario Siglo XXI

Soplan malos vientos en la economía. La inflación -que roza el 5%- y el desempleo -que se acerca al 10%-, son los heraldos negros de una crisis que el Gobierno Zapatero ha decidido disimular echando mano del diccionario y coleccionando eufemismos. No está solo. Los sindicatos, antaño llamados de clase, le acompañan con su silencio.

Y es ese silencio el que se torna perplejidad si anotamos que en lo que llevamos de año: trescientos mil trabajadores han perdido el empleo; el sector de la construcción está parado: seiscientas mil casas tienen colgadas las llaves en la puerta y nadie pregunta por ellas; los bancos no dan créditos; los pescadores están en pie de guerra porque no pueden soportar la subida brutal del precio del gasóleo -más de un 40 % en un año-; otro tanto pasa con los camioneros y los taxistas, y, hablando de incremento de precios: las amas de casa se han convertido en expertas en el "sudoku" de los productos-oferta, el último invento de las grandes superficies para animar un poco las ventas.

Cuando está pasando todo eso y más: ¿qué decir del subidón -casi un 10%- de las tarifas eléctricas por parte de unas compañías que hace solo dos meses confesaban beneficios "históricos"...cuando, como digo, todo eso está pasando y el principal partido de la oposición (el PP del señor Rajoy) sigue ausente, lamiéndose las heridas de la "dulce derrota" del 9 M, la gente con la que hablo por la calle, la que llama a las emisoras, entre otras, se hace esta pregunta: ¿dónde están los sindicatos? ¿cómo hay que interpretar su clamoroso silencio? Los ciudadanos Mendez y Fidalgo, ¿no tienen nada que decir sobre la crisis que afecta y angustia a millones de trabajadores?

El Gobierno tiene que ceder a las reivindicaciones de los camioneros autónomos

Co.bas

Cuatro días de huelga de los camioneros, de bloqueos de carreteras, con dos camioneros muertos, cargas policiales... y el Gobierno sigue sin dar solución a las demandas.

Ya van cuatro días de huelga de los camioneros, de bloqueos de carreteras, con dos camioneros muertos, cargas policiales... y el Gobierno sigue sin dar solución a las demandas de quienes están haciendo la huelga, principalmente los camioneros autónomos.

La huelga de los camioneros es la expresión más sonada y de mayor repercusión social de un problema que estamos viviendo todos los trabajadores, la carestía de la vida que devora los ingresos mientras dispara los precios de los productos y servicios básicos.

Más allá de las dudas que pueda plantear que en la convocatoria legal esté involucrada una asociación patronal (Fenadismer), entendemos que las reivindicaciones planteadas y el hecho de que quien protagoniza la huelga y los piquetes sean camioneros autónomos le da un claro carácter progresivo a esta lucha.

El Gobierno con la gran patronal del transporte

El Gobierno Zapatero, sin embargo,muestra su “talante” tendiendo la mano a la gran patronal del transporte, mientras que con la estrecha colaboración de los Gobiernos autónomos, envía a la Guardia Civil, Policía antidisturbios y los Mossos a apalear miserablemente a los trabajadores autónomos.

El mismo Gobierno que se llenó la boca de “progresismo” con el vergonzoso Estatuto de los Autónomos, vuelve a mostrar en este conflicto que gobierna para las grandes empresas del transporte, las distribuidoras y las grandes superficies comerciales como el Corte Inglés, Carrefour o Mercadona.

Las 54 medidas acordadas con la gran patronal del sector (Confederación Nacional del Transporte de Carreteras, CTNC) muestra quiénes son los beneficiarios. Por ejemplo, la bonificación del 50% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que sólo favorece a la gran patronal porque este impuesto sólo se aplica a quien factura por encima del millón de euros al año. Las rebajas del 4% de la cotización a la Seguridad Social o el aplazamiento de su pago hasta un año son parte de la permanente lógica del Gobierno del PSOE (como antes lo fue del PP) de hacer concesiones a la patronal sacrificando las cuotas de la Seguridad Social, lo que luego redunda en el recorte de los fondos del seguro del desempleo o en el constante deterioro de la sanidad pública.

Las reivindicaciones de los camioneros autónomos

La única medida directa y exclusivamente dedicada a los autónomos son las llamadas “ayudas al abandono”, que sirven para incentivar que dejen el camión, en beneficiode las grandes empresas del transporte. En cambio, las dos reivindicaciones básicas de los camioneros autónomos, la tarifa mínima y el gasoil profesional, no son contempladas en forma alguna en el acuerdo.

Decir que no se puede decretar una tarifa mínima porque es una injerencia en el mercado es puro cinismo. Sacar dinero del Estado para que los autónomos dejen el camión ¿no es acaso injerencia en el mercado para favorecer la concentración empresarial? Sacrificar dinero público para abaratar costes de seguridad social y fiscales a las empresas ¿no es injerencia?.

La propia cláusula de actualización acordada con los grandes transportistas en una clara intromisión a favor de estos y contra los autónomos y los consumidores. Esa cláusula les permite la negociación con las grades distribuidoras y superficies comerciales, pero a los autónomos, que en la mayoría de los casos trabajan subcontratados para esas grandes empresas del transporte, nadie les garantiza subida alguna si no existe una tarifa mínima de obligado cumplimiento.

A la ruina, al paro o en el “mejor” de los casos, como asalariados en precario, con salarios de miseria que solo se “estiran” con jornadas agotadoras jugándose perder el carnet y la vida. Esa es la oferta del Gobierno a los camioneros autónomos.

Es simple cinismo decir que el establecimiento de una tarifa mínima repercutiría en los precios al consumidor, como si lo que han acordado con los grandes transportistas no lo hiciera ¿Dónde está escrito que las actualizaciones de tarifas no podrán repercutirse en los precios? Sólo hay una medida que garantiza que no se repercutirá en los consumidores: la congelación y control de los precios.

Más allá del problema de las reservas mundiales del petróleo, es algo reconocido que entre el 30% y el 50% de los precios vigentes se debe a la actual especulación, eso sin contar la enorme carga de impuestos indirectos que los gobiernos incluyen en el precio. En lugar de grabar a las grandes fortunas y los beneficios récord de las multinacionales del petróleo, los gobiernos imponen las cargas fiscales a los consumidores, que acabamos cargando con todo.

Al igual que existe el gasoil profesional para sectores como el de la aviación ¡que el gobierno haga igual para los transportistas autónomos!

Merecen especial mención las declaraciones de José María Fidalgo, Secretario general de CCOO, que ha calificado de “ilegal” el paro de los transportistas, argumentadoque "no es una huelga" sino un "cierre patronal", y ha exigido al Gobierno que "asegure la garantía de suministro" y se aplique con contundencia contra los piquetes, que “atacan a trabajadores asalariados” que cubren sus rutas. Dice también Fidalgo que la petición de tarifa mínima "es imposible" porque "no lo permite la legislación europea".

¿Es ésta la defensa de los trabajadores autónomos de la que habla la dirección de CCOO?. ¿Por qué se calla Fidalgo sobre la posición de la gran patronal, las distribuidorasy las grandes superficies comerciales, abiertamente contrarias a esta huelga? ¿Por qué no dice que su postura es la misma que la de la de la gran patronal, el Gobierno o la del propio Rajoy? ¿Por qué se suma de nuevo a las campañas patronales contra el derecho a la huelga?

Y si tanto repelús le da que legalmente la convocatoria proceda de una asociación patronal como Fenadismer ¿por qué no convocó CCOO para defender a los trabajadores autónomos? ¿Por qué no propone una plataforma reivindicativa que una a los trabajadores asalariados del sector y a los autónomos? ¿Por qué no han movido un dedo contra la carestía de la vida?

Desde Cobas llamamos a los trabajadores a apoyar la justa lucha de los camioneros autónomos. Rechazamos la infame campaña actual contra el derecho a la huelga y los piquetes. Nos solidarizamos con la familia de Julio, el trabajador muerto atropellado en un piquete en Granada. Responsabilizamos de cualquier muerte en esta huelga, así como del desabastecimiento y el paro en algunas fábricas al Gobierno Zapatero y a la gran patronal del transporte.

Llamamos a los trabajadores, comenzando por los del transporte y de las industrias del automóvil, a no hacer de carne de cañón del Gobierno o la patronal contra los camioneros autónomos en huelga.

Exigimos asimismo la congelación de los precios de los productos y servicios básicos. ¡La crisis que la paguen los que se han forrado en todos estos años!

Llamamos a todos los trabajadores a exigir de las centrales sindicales, comenzado por CCOO y UGT una respuesta de movilización general contra la carestía de la vida.

Di no a la directiva de la vergüenza

El blog Otromundoesposible ha habilitado una herramienta que permite con un sólo click escribir a todos los parlamentarios y parlamentarias europeos para expresar nuestro rechazo a la directiva europea de inmigración que, como la mayoría sabréis, se votará en las próximas semanas. Tardáis menos de un minuto. http://www.otromundoesposible.com/?p=1683

CORPORATIVOS DE ALMUÑÉCAR DE DOS LEGISLATURAS DIFERENTES DECLARAN EN EL JUZGADO POR UN ASUNTO URBANÍSTICO

El otorgamiento de licencia y aprobación en pleno de una casa en la Vega de Almuñécar en el 2003, ha llevado a que las dos corporaciones que gobernaron en el periodo comprendido entre 2002 y 2003 tengan que comparecer ante el juez desde hoy miércoles 11 de junio hasta el lunes 16.

Los ediles de los grupos municipales del Partido Popular, PSOE, PILH y Partido Andalucista que conformaron la corporación saliente de la legislatura 1999-2003 y la entrante del 2003-2007 irán compareciendo sucesivamente en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Almuñécar, para responder a la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal y la Federación Ecologistas en Acción, contra María Arellano Ruiz, Juan Carlos Benavides Yanguas, Gerardo García Villen y Jose Luis Rodríguez Pasolas, por la presunta edificación de una edificación ilegal en la Vega.

La construcción de la vivienda fue aprobada en el Pleno de 8 de octubre de 2002, durante el mandato PP-PSOE-PILH, mientras que fue la Junta de Gobierno Local del mandato del PA, la que otorgó la licencia el 25 de agosto de 2003, fue justo la primera Junta de Gobierno con Juan Carlos Benavides como alcalde en esa legislatura.

Con posterioridad, el ayuntamiento promovió la declaración de lesividad de la licencia por interés público, y en este momento se encuentra, por ese motivo, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Granada, donde está en tramitación.

Las relaciones del señor alcalde

En una entrevista, el señor alcalde aclara a la ciudadanía cómo están sus relaciones. Dice el hombre que con el PA son cordiales. Es por eso que tiene al concejal puteado y al partido sin local. Con los otros depende. Si votan lo que él quiere, se lleva bien. Si no, pues se lleva mal. Con IU no se lleva. Y nosotros, con él, pues tampoco. Más que nada porque no lo vemos. Como está siempre de viaje.  

Infc. ¿Qué relación mantiene el alcalde de Almuñécar con la oposición?

PP- Depende del interlocutor.
PSOE- Depende de su situación geográfica.
PA- Cordialmente, como no podía ser de otra manera.
IU- No me llevo.

190 veces más gasto en armas que en luchar contra el hambre

Los gobiernos destinaron casi 850.000 millones de euros a gasto militar. En la pasada cumbre de la FAO se comprometieron a aportar 4.500 millones para luchar contra las hambrunas.

El gasto militar en el mundo alcanzó en 2007 la cifra de 847.500 millones de euros, un seis por ciento superior a la del año anterior y un 45 por ciento superior a 1998, según revela el informe anual de 2008 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI), con sede en Estocolmo. Esta cantidad supone casi 190 veces las ayudas comprometidas por los gobiernos en la última cumbre de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para paliar la actual crisis alimentaria.

Estados Unidos, por sí solo, representó el año pasado el 45% del gasto militar en todo el mundo, muy por encima de países como Reino Unido, China (37,8 millones) o Francia (33,9). España ocupa el decimoquinto lugar de la lista de quince países con más gasto militar del mundo. El informe del SIPRI destaca también que las ventas de armas aumentaron un 8% entre 2005 y 2006. El gasto militar ha aumentado un 45% en todo el mundo en los últimos diez años.

Estas cifras contrastan con las cantidades aprobadas la semana pasada en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, celebrada en Roma bajo el patrocinio de la FAO, en la que los delegados anunciaron un incremento en 4.500 millones de euros de sus donaciones para combatir el hambre, promover el desarrollo agrícola y paliar la situación generada en gran parte del mundo, especialmente en los países pobres, por el auge del precio de los alimentos.

El impuesto religioso

Juan Francisco Martín Seco

Los obispos están estos días de campaña; no se trata de ninguna misión ideológica, sino tan sólo de una operación publicitaria. Han descubierto el marketing. Tratan de convencer al personal de que ponga la cruz en la casilla correspondiente a la Iglesia en la declaración de la renta. Hasta el embajador español en la Santa Sede se ha puesto a la tarea. El empeño se basa, por una parte, en persuadir del gran servicio que la Iglesia presta a la sociedad —¿será por la COPE?—, y, por otra, en transmitir la creencia de que al contribuyente no le cuesta nada.

El obispo de Alcalá de Henares ha afirmado que, desde enero, el Estado no aporta ni un euro a la Iglesia, y para mayor aclaración insiste: “La Iglesia no está pidiendo a la gente un euro más, tan sólo que ponga una cruz, y no por eso les va a suponer más dinero”. Todo este tema se basa en una gran mentira y en cierto espejismo. Es la misma confusión que subyace en casi todos los sofismas que se utilizan en economía: olvidarse del coste de oportunidad, es decir, de que los recursos empleados en una finalidad no podrán ser utilizados en otro objetivo.

La aportación a la Iglesia, sea por el procedimiento que sea, consume fondos que no podrán destinarse a otras aplicaciones. Al final, el Estado precisará crear nuevos impuestos o elevar los existentes si quiere acometer tales gastos. En definitiva, todos, hayamos o no hayamos puesto la cruz, terminaremos afrontando un mayor gravamen. Aquí precisamente se encuentra la trampa del actual procedimiento: en que no sólo van a pagar más aquellos que señalen la casilla de la Iglesia, sino todos los contribuyentes, ya sean católicos o infieles. Una minoría dispone de lo que es de la totalidad. Cosa muy distinta sería si la aportación, aun cuando el Estado hiciera de recaudador, fuese adicional a la cuota del impuesto sobre la renta, y recayese exclusivamente sobre los que la aceptasen voluntariamente.

El mismo razonamiento se podría aplicar a la casilla de las ONG. La aportación tampoco es gratuita y los recursos canalizados hacia ellas no podrán utilizarse en aplicaciones alternativas.

Se argumenta que tanto la Iglesia como las ONG acometen obras benéficas de gran valor social. Aquí también existe una confusión, al menos en cuanto a la Iglesia, porque es mínima la parte de la aportación que se dedica a estos menesteres. La casi totalidad de los recursos se destina a lo que en otros tiempos se llamaba “sostenimiento de culto y clero”. Las obras sociales o las asociaciones eclesiales dirigidas a esta finalidad, incluyendo Cáritas, tienen otras fuentes de financiación y reciben otras subvenciones del Estado, entre las que se encuentran las procedentes de la casilla del impuesto sobre la renta dirigida a las ONG de las que ahora estamos hablando.

Habría que preguntarse, además, por qué tareas sociales que van a financiarse por el Estado deben ser gestionadas por asociaciones y organizaciones, entre ellas la Iglesia, privadas, a las que se está concediendo un poder delegado difícil de controlar.

El colmo de la distorsión sucede cuando monseñor Catalá, prelado de la diócesis de Alcalá, desconfiando de las cuentas públicas, se queja de que no existen controles para conocer con certeza y objetividad la cantidad que resulta de las señales realizadas en las declaraciones del IRPF, y que debe aportarse a los obispos. Monseñor Catalá considera tal cantidad como recursos propios de la Iglesia, cuando, se disfrace como se disfrace, es una donación que la Hacienda Pública, y por tanto todos los españoles, realizan a aquélla, lo cual no parece muy acorde con un Estado aconfesional. En todo caso, es el Estado el que debería controlar de qué modo utilizan, tanto la Iglesia como las ONG, dichos recursos.

Monseñor Catalá se ha jactado de que los obispos y sacerdotes son mileuristas, y puede ser que tenga razón, pero la causa habrá que buscarla seguramente en su reticencia a incorporarse a la vida civil con una actividad profesional normal y a que los creyentes parecen no estar dispuestos a financiar sus servicios, con lo que es preciso interrogarse sobre si el número de fieles de verdad no es mucho más reducido que el de las estadísticas oficiales. La jerarquía eclesiástica quiere vivir en una ficción, la de que la mayoría de los españoles son católicos; son tan católicos que los obispos saben que sólo mediante la coacción del impuesto religioso están dispuestos a sostener económicamente a la Iglesia, por eso recurren al Estado.

El capitalismo, estúpidos

Julio Anguita

Los bancos y las cajas piden al Gobierno que use el Fondo de Reserva de las pensiones contra la crisis crediticia. Los jefes de gobierno de la UE han pedido recientemente y de manera unánime que las demandas salariales se atemperen a fin de combatir la inflación. Desde todos los foros y ámbitos de análisis económico se viene advirtiendo que esta crisis es de una extraordinaria dimensión y tendrá consecuencias muy negativas, especialmente en España.

Por lo pronto algunas cajas de ahorros comienzan a sentir el dogal de la falta de liquidez, producto de sus alegrías inversionistas en el ladrillo y la subsiguiente especulación urbanística. En Diciembre del año pasado Javier Gómez- Navarro antiguo Ministro de Felipe González y actual Presiente de las Cámaras de Comercio de España declaraba sin ambages que los recursos del Estado deberían provenir en su mayoría de los impuestos indirectos (fundamentalmente el IVA) porque los pudientes tenían mecanismos de sobra para burlar a la Hacienda española en lo concerniente a sus rentas de capital.

Los impuestos sobre Patrimonio, Transmisiones y Beneficios empresariales comienzan a ser eliminados del horizonte impositivo español alegando que esas medidas promoverán la inversión y la "consecuente creación de empleo". El Gasto fiscal representado en deducciones, exenciones y bonificaciones al capital no sólo se mantiene sino que aumenta "a fin de que se creen riqueza y puestos de trabajo". El crecimiento económico medido a través del PIB (siglas mágicas para los gurús de la economía capitalista) sigue en un constante declinar previsión tras previsión. La precariedad avanza, el paro aumenta, las hipotecas siguen ahorcando a las economías familiares y los mileuristas son ya considerados unos privilegiados por colectivos cada vez más numerosos; es el cuento del hombre pobre que comía altramuces.

Las mujeres, en situación de paridad en los Consejos de Ministros y otras administraciones no perciben en infinidad de casos el mismo salario que los hombres en condiciones laborales semejantes.

Sobre los inmigrantes sin papeles se ha decretado desde toda la UE la caza, captura y deportación consecuente tras internamientos o confinamientos ante el silencio total de la inmensa mayoría.

La crisis es triple: económico-financiera, energética y alimentaria. El monto monetario global multiplica por cinco el valor de los bienes que se supone debe representar. La inflación en estos y en los demás pagos tiene como componente fundamental el auge desmesurado de los beneficios empresariales y no los incrementos salariales. Sentencias de tribunales ya dan por buena y aplicable la directiva Bolkenstein. Y así casi hasta el infinito.

Las explicaciones que se están dando abundan en la idea de que el aumento del nivel de consumo de China e India está produciendo el desfase energético y alimentario. Ese argumento expresa, por otra parte, que el concepto de calidad de vida instalado por el capitalismo es incompatible con los Derechos Humanos aplicados a los 6.300 millones de habitantes del planeta Tierra.

El propio concepto del PIB como medidor universal de lo que llamamos crecimiento sostenido comienza a ser cuestionado y en algunos trabajos de prospectiva se plantea ya el concepto de Decrecimiento aplicado a determinadas variables en la producción de bienes y servicios.

Ante este panorama la izquierda no puede realizar sus análisis en función de los espacios electorales y sus techos máximos. El lenguaje edulcorado obvia una realidad en la que la radicalización del conflicto Capital - Trabajo viene expresada por la realidad insoslayable y también por las descarnadas declaraciones y propuestas de los administradores gubernativos de la Globalización.

Ante la Asamblea Federal de IU estas son las cuestiones que deben centrar el debate y la voluntad de organizar la respuesta. No hagamos más brindis al sol; el Capitalismo, estúpidos.

CENA LAICISTA

Como en años anteriores hemos pensado en tener un encuentro, más informal y relajado que las reuniones mensuales, entre los laicistas granadinos con una cena. Este encuentro permitiría contactar con compañeras y compañeros que no pueden asistir a las reuniones, y aprovechar para compartir unos momentos entre nosotros.

La convocatoria de este año es la siguiente

CENA en el HOTEL ALIXARES, frente al aparcamiento de la Alhambra
DÍA: viernes 20 de junio a las 21:30
Precio del menú 35 euros

Es necesario que confirmen la asistencia por correo electrónico  antes del 18 por correo electrónico a [e-mail] o por teléfono o fax [phone]) dejando un mensaje con el nombre y número de personas que asistirían.

El juez cita en julio a Benavides como imputado para aclarar sus bienes

El Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar ha citado a declarar como imputado el próximo mes de julio a Benavides, a Rafael Contreras y a las mujeres de ambos por un supuesto caso de alzamiento de bienes.

A instancias de la Fiscalía, la juez de instrucción levantó hace unos días el secreto de las actuaciones para iniciar la ronda de declaraciones a los cuatro implicados por el supuesto delito de insolvencias punibles ante la posibilidad de que acordaran una separación ficticia en el momento en el que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril les condenó a pagar 3,4 millones de euros por la bancarrota de Tropical Fruits. 

La juez, en su día, solicitó una investigación a las autoridades policiales para tratar de conocer los bienes y el patrimonio de  Benavides y el secretario local de Convergencia Andaluza, Rafael Contreras, que llegaron a declararse insolventes tras iniciar un proceso de separación  supestamente ficticio. 

Se supo entonces que el alcalde sólo había hecho constar una motocicleta en la declaración de bienes que entregó en el Ayuntamiento de Almuñécar y cedía a su ex esposa, como pensión compensatoria, buena parte del sueldo como alcalde, lo que le impedía hacer frente a un embargo. La citación ahora en calidad de imputados supone un paso más en la instrucción de un caso que se remonta a 2006 y que se ha llevado con suma discreción.

En dicha decisión judicial, sin duda, han tenido que ser determinantes los resultados de la investigación patrimonial que han llevado a cabo los distintos Cuerpos de Seguridad que a lo largo de este tiempo han tratado de averiguar la existencia de posibles propiedades a nombres de terceros o en el extranjero

IUN-NEB presenta una moción para que el parlamento de navarra manifieste su rechazo a la ampliación de la semana laboral hasta las 65 horas

Los ministros de Trabajo de la Unión Europea han aprobado una propuesta de la presidencia eslovena que permitirá a cada Estado miembro modificar su legislación para elevar la semana laboral vigente de 48 horas hasta 60 horas en casos generales y a 65 para ciertos colectivos como los médicos.

La semana laboral máxima de 48 horas es un derecho social consagrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace 91 años.

Hoy esta directiva europea, abanderada por Gran Bretaña y Alemania, amenaza con terminar con una conquista laboral de casi un siglo de duración.

Es un hecho que empresas transnacionales y numerosos gobiernos europeos están empeñados en liquidar el ya recortado y devaluado modelo social europeo.

Pero esta liquidación, si se consuma, no podrá dejar de tener importantes consecuencias negativas para la estabilidad social e institucional en la Unión Europea.

La directiva de tiempo de trabajo aprobada, y pendiente de votación definitiva en el Parlamento Europeo, autoriza un alargamiento de la jornada laboral muy por encima de las 48 horas semanales mediante el único acuerdo entre el empresario y el trabajador individual.

Los Estados miembros podrán modificar su legislación y permitir que los trabajadores alcancen acuerdos individuales con sus empresarios sobre la duración de la jornada, hasta un máximo de 60 horas semanales en los casos generales y de 65 en los casos especiales como los médicos. Este tiempo se computa como promedio durante tres meses, lo cual significa que las jornadas podrán alcanzar hasta las 78 horas.

Lo aprobado atenta contra el derecho constitucional a la negociación colectiva e introduce la posibilidad de que el trabajador renuncie a sus derechos.

En definitiva, lo cierto es que una medida de esta importancia supone una agresión muy grave a lo que queda del ya muy devaluado modelo social europeo.

Por todo ello IUN-NEB ha presentado una Moción en el Parlamento de Navarra para que se acuerde el rechazo a esta Directiva y se exija su no aplicación.

Llamazares califica de “vergüenza y escándalo inadmisible” la ampliación de la jornada laboral hasta 65 y 60 horas semanales aprobada por los gobiernos europeos

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha tachado hoy de “escándalo inadmisible al que desde IU nos opondremos radicalmente” la ampliación de los límites de la jornada laboral aprobada la pasada madrugada por los ministros de Trabajo de la UE, tumbando la jornada laboral máxima de 48 horas existente en estos momentos.

Llamazares valora que “esta decisión vergonzosa tomada con nocturnidad y alevosía supone dar el tiro de gracia al modelo social que tanto ha costado construir en Europa, pese a las muchas carencias e imperfecciones de las que adolece. El que un empleado de cualquier sector se vea obligado a trabajar un máximo de 60 horas a la semana e, incluso, hasta 65 para colectivos determinados como el de los médicos, y que esto pueda ser negociado individualmente por el empresario, es el mayor ataque a los trabajadores en décadas. Niega la propia historia política y social seguida hasta ahora por la Unión Europea".

El máximo dirigente de IU señala que “los gobiernos europeos, capitaneados por los reaccionarios ministros de la derecha hacen que Europa se niegue a sí misma niegue las luchas de los trabajadores del siglo XX y volvamos a la Europa del siglo XIX en la que primaba los beneficios empresariales a costa de la explotación de la mano de obra”.

Gaspar Llamazares adelantó que IU “no reparará en esfuerzos, iniciativas y movilizaciones para frenar la vuelta de tuerca neoliberal neoliberal y ultraconservadora que se nos viene encima".

Al tiempo, exigió al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que “se ponga en contacto de inmediato con los sindicatos, los agentes sociales y con todas las organizaciones que tengan algo que decir y demuestre que representa a una formación progresista empezando a elaborar una posición crítica y alternativa que vaya más allá de las declaraciones más o menos grandilocuentes de algunos dirigentes socialistas”.

Vecinos denuncian a Benavides por incumplir una sentencia del TSJA

La comunidad de propietarios Marina del Este Primera Fase A interpondrá una querella por "delito de desobediencia" contra el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, al no haber cumplido con la sentencia del TSJA que obliga a demoler por exceso de edificabilidad parte de la urbanización El Faro, situada en el entorno del puerto deportivo de la Punta de la Mona.

Los demandantes aseguran que "ni el Ayuntamiento ha hecho el más mínimo caso al fallo y a los cuatro requerimientos que al efecto le ha remitido el juzgado, ni la sociedad promotora o su responsable máximo han dado señales de vida".

La Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada Sección Segunda del TSJA emitió el 12 de marzo de 2007 una sentencia firme que obligaba al Ayuntamiento a demoler el exceso de edificación en el conjunto de 32 viviendas que compone la urbanización El Faro, en Marina del Este. El tribunal anulaba las licencias de obra concedidas en marzo de 1997 a la empresa Doble Cote SL por considerar que los 4.000 metros cuadrados construidos de la parcela exceden en unos 1.400 a la edificabilidad permitida en el Plan de Urbanismo, además de que la obra no respetaba el retranqueo obligatorio de tres metros.

La resolución rechazaba la actitud del Ayuntamiento al no haber dado respuesta a los escritos presentados por la comunidad de propietarios, denunciando la situación cuando las viviendas aún no estaban construidas.

Según ésta, las irregularidades se cometen desde que se concedió la licencia, pero el Consistorio hizo caso omiso y las obras siguieron adelante. Entre otras medidas, impugnó la capacidad del presidente de la comunidad para presentar la denuncia, luego argumentó que la demanda estaba fuera de plazo y finalmente invocó hasta tres razones técnicas para que no prospere. No obstante, el TSJA terminó desestimando todas las objeciones y falló en su contra.

IU pide al gobierno que use los impuestos indirectos para atender las demandas de los sectores en crisis pese a “haberse atado las manos con las rebajas fiscales y los 400 euros”

El coordinador general y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, junto al responsable económico de IU, Javier Alcázar, han criticado hoy duramente la “inacción del Gobierno” frente a la grave crisis que éste sigue negando. Ambos dirigentes reclamaron a José Luis Rodríguez Zapatero y a su equipo económico que sean "flexibles y permeables" ante las demandas desesperadas que realizan distintos sectores -como el agrícola, el pesquero o el de transportes- ante las dificultades económicas que atraviesan a causa de la subida de los combustibles.

Llamazares planteó a los responsables socialistas la posibilidad de que utilicen fórmulas temporales a partir de los impuestos indirectos, como el IVA superreducido y reducido, porque no se entendería que, por ejemplo, tras atender la mayoría de exigencias de las grandes eléctricas en la desproporcionada subida de la luz “no sepan ser igual de sensibles a las peticiones de sectores más débiles".

Eso sí, tanto el máximo dirigente de IU como el coordinador ejecutivo de Economía exigieron que se dé marcha atrás a medidas como la supresión del Impuestos sobre el Patrimonio, que obligará a compensar a las CC.AA. por la pérdida de cerca de 2.000 millones de euros de recaudación.

Llamazares censuró en tono irónico el desfase de las previsiones del Gobierno sobre la economía. "Cuando advertíamos en campaña de un estancamiento, ellos lo negaban. Ahora que hablamos de crisis, ellos hablan de ralentización, y cuando todos hablen de recesión, estoy seguro de que ellos empezarán a reconocer la crisis".

Por ello, anunció que IU apoyará "todas las movilizaciones" de los pescadores, agricultores y transportistas afectados por el aumento del precio del petróleo y la falta de respuesta de Rodríguez Zapatero.

Llamazares detalló que ahora se demuestra que “un Gobierno que se dice de izquierdas tiene las manos atadas para defender a los que más lo necesitan, entre otras cosas por las rebajas del IRPF realizadas y porque se ha gastado el dinero con la electoralista propuestas de devolver los 400 euros de forma indiscriminada”.

En este sentido, Javier Alcázar denunció que el Gobierno socialista trata de recuperar buena parte del coste “de su compromiso electoral de devolver 400 euros con los impuestos que recaudará con la subida de las tarifas eléctricas. Ahora va a hacer caja". Según los cálculos que maneja IU, la desproporcionada subida de la luz en 2008 “va a suponer para los responsables económicos del Ejecutivo un sobreingreso a través de IVA y del impuesto de la electricidad cercano a los 2.800 millones de euros que pagaremos todos, desde parados a jubilados y trabajadores con menos ingresos”.

El coordinador general de Izquierda Unida acusó al Ejecutivo y, en particular, al ministro de Industria, Miguel Sebastián, de "arrodillarse ante las grandes compañías eléctricas en perjuicio de los consumidores con una subida expropiatoria e inaceptable. Esto consolida el giro a la derecha del Gobierno. Los que han tenido beneficios en la época de bonanza los quieren seguir teniendo ahora a costa de los ciudadanos y, a juzgar por las medidas que se han presentado, lo van a conseguir".

Javier Alcázar exigió al Ejecutivo que el sector eléctrico recupere su condición de servicio público, tal y como se reconoce en buena parte de países de la UE para garantizar su calidad. El responsable económico de IU denunció “las mentiras lanzadas por Sebastián para tapar con cortinas de humo la subida eléctrica. En primer lugar, el recibo no subirá entorno al IPC como dijo Zapatero. A la subida de entre el 5% y el 6% de dentro de un mes hay que sumarle el 3,3 que ya aumentó en enero. Es decir, ese 9% cuadruplica el IPC previsto para todo el año y duplica el IPC real que habrá en diciembre. Es un engaño inaceptable para los ciudadanos”.

“La segunda mentira –detalló el dirigente de IU- es la demagogia de tratar de ‘vestir’ de social y de verde esta subida. La rebaja a quienes tengan una potencia de menos de 3 kilovatios se hace a 4,5 millones de contadores no de familias. Pocas familias pueden tener menos de 3 kilovatios porque eso da para poner el frigorífico, la cocina y poco más".

Por último, incidió en que la supresión de la tarifa nocturna a partir del 1 de julio “supondrá el incremento del precio de la luz del 40% para más de un millón de usuarios, afectados por una decisión unilateral del Ejecutivo a la que debe dar marcha atrás o, al menos, establecer un periodo de transición para que los consumidores se adapten”.

Javier Alcázar solicitó, entre las medidas que IU plantea, “que el Ejecutivo establezca una tramificación de la tarifa en función de la renta media de los usuarios la eliminación de la cláusula para interrumpir el servicio que abarata el coste sólo a las grandes compañías y consumidores, así como la puesta en marcha de un ‘plan Renove’ de electrodomésticos de más de 10 años por otros de menor consumo”.

Gaspar Llamazares insistió en que esta subida “sólo responde a los intereses de las eléctricas, que únicamente están dispuestas a dar beneficios para sus accionistas y muy pocas inversiones para los ciudadanos". Además, denunció, el Gobierno ni siquiera les exige que cumplan con su obligación de promover la competencia tras la liberalización del mercado.

La Fiscalía investiga un presunto delito en la modificación de la concesión de las gradas del estadio municipal y la construcción de una gasolinera debajo del mismo

La Fiscalía ha pedido al ayuntamiento de Almuñécar que le remita información diversa acerca de tres expedientes de desequilibrio económico que han sido denunciados por IU el 27 de marzo. El ayuntamiento de Almuñécar está actuando, a juicio del concejal de IU, de manera inadecuada y con grave perjuicio para el interés público en diversas contrataciones y concesiones de cierta importancia, recurriendo con excesiva frecuencia a la figura excepcional denominada ‘restablecer el desequilibrio financiero’ de una concesión o contratación.

La figura en cuestión, en opinión de Fermín Tejero, está prevista para que, en el caso de un desvío importante del presupuesto de una obra, el ayuntamiento, o cualquier administración contratante, pueda modificar al alza la partida de gasto permitiendo pagar más al contratista o concesionario por unas obras que han resultado más gravosas de lo inicialmente previsto.

Esta figura es excepcional y se aplica cuando el contratista encuentra en el desarrollo de su trabajo unos imprevistos que encarecen el gasto previsto: huelgas, restos arqueológicos, paralizaciones de obras, modificaciones del proyecto inicial a petición de la parte contratante, etc. Está claro que esta figura debe ser excepcional porque, de lo contrario, de nada servirían los concursos y subastas públicas. Bastaría con pujar temerariamente a la baja para obtener cualquier contratación o concesión y, posteriormente, modificar el presupuesto al alza, con la consiguiente burla del derecho que otras empresas tienen a concurrir.

En IU observamos que el ayuntamiento de Almuñécar está recurriendo con demasiada frecuencia a esta figura excepcional, lo que significa, en nuestra opinión, que se pueden estar produciendo diversas irregularidades y delitos tipificados: vulneración del derecho a la libre competencia, malversación de caudales públicos, perjuicio al interés general, fraude en la contratación, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación.

Por estos motivos, la asamblea local de IU acordó poner en conocimiento de la Fiscalía algunos acuerdos adoptados por el ayuntamiento de Almuñécar en relación a diversos expedientes de desequilibrio, siendo uno de ellos la concesión de gradas en el estadio municipal de deportes

Según el escrito de IU, el 15-05-07, el Pleno, en sesión extraordinaria (recordemos que las elecciones eran el 27-05-07), aprueba reconocer la existencia del desequilibrio económico financiero de la concesión para la construcción y explotación de locales en el Estadio Municipal de Deportes por importe de 891.404 euros, de acuerdo con el informe técnico emitido. Asimismo, el Pleno acordó delegar en la Junta de Gobierno Local las competencias necesarias para que se lleven a cabo las modificaciones tendentes a conseguir el citado restablecimiento económico.

La denuncia de IU califica de sorprendente este acuerdo por varios motivos:

1. La concesión se había adjudicado el 11 de abril de 2006, y, sin embargo, la licencia de obras se había pedido dos meses antes, el 6 de febrero, cuando nadie sabía que el ayuntamiento iba a construir unas segundas gradas. La licencia de obras que se concede a la Promotora Cercado de la Santa Cruz es para unas gradas y una gasolinera, pero el ayuntamiento niega, incluso a Obras Públicas, que allí se vaya a construir una gasolinera. Como muestra del estilo de los gobernantes que padecemos en Almuñécar, hasta el propio concejal de deportes, Jesús García, negaba públicamente que se fuese a instalar gasolinera alguna en las gradas del estadio. Conviene aquí recordar que la empresa promotora está inmersa en varias actuaciones judiciales por la construcción del Hotel Cortijo de Andalucía, del Residencial Salud y Natura, y de una promoción denominada ‘Vivienda Joven’ en un terreno que no es residencial

2. Tres meses después de empezar la obra, el señor Trinitario Bethoret presenta un escrito en nombre de la empresa, en el que dice que la obra está saliendo más cara de lo previsto, y que en vez de costar 721.000€, el precio se dispara por encima del millón y medio de euros.

3. Aunque el ayuntamiento tiene sus técnicos, el informe clave que da la razón a la empresa está elaborado por una persona ajena al ayuntamiento, el señor Martín Recuerda, un economista que ya ha sido encargado en varias ocasiones de asuntos similares. Recordemos que no hace mucho el ayuntamiento ha despedido a la abogada que emitía informes sobre expediente de urbanismo porque la ley exige que este tipo de informes los hagan funcionarios. Estamos ante un caso idéntico.

4. Es increíble que una obra que se ejecuta en un suelo removido hace poco tiempo, sin restos arqueológicos, sin huelgas, sin incidentes imprevistos, cueste más del doble de lo previsto.

5. Curiosamente, el Pleno acuerda dejar en manos de la Junta de Gobierno la forma en que se va a compensar a la empresa por el supuesto encarecimiento de la obra. Creemos que es la primera vez que ocurre algo similar.

6. En vez de dar dinero a la empresa, la Junta de Gobierno acuerda darle 190 m² de suelo y otros tantos de subsuelo. Y casualmente, ese suelo y subsuelo son aquellos sobre los que la empresa lleva trabajando ilegalmente varios meses. Este acuerdo es claramente ilegal porque la Junta de Gobierno no tiene competencias para ceder suelo.

7. Con posterioridad, el 26-6-07, la empresa solicita, ya sin tapujos, licencia de obras para ‘ejecución de línea subterránea de baja tensión para suministro estación de servicio/local comercial resultante de la ampliación de las gradas del Campo de Fútbol’. Por supuesto, esta licencia es concedida.

El concejal de IU confía en la acción de la Justicia y pide la mayor celeridad para evitar que una política de hechos consumados permita abrir una gasolinera en el mismo sitio que nuestros hijos hacen deporte, al lado del Centro de Salud de Almuñécar y junto al cauce de Río Verde. Igualmente, Fermín Tejero pide que se castigue a los responsables de esta operación de regalo de suelo público a promotores privados

La reducción de un 1% del gasto militar mundial serviría para acabar con el problema del hambre en el mundo

En  el pleno del Parlamento Europeo en Bruselas ha tenido hoy lugar un debate sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa en vista de la próxima elaboración por parte de la Comisión Europea de un Libro Blanco sobre la materia.

El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha denunciado el aumento del gasto militar a nivel mundial, que "responde a la escalada militarista en la que la Unión Europea también se encuentra inmersa". Meyer ha recordado que "en el año 2006 se registró el gasto militar mundial más alto de toda la historia, superando incluso el de la Guerra Fría, 17 veces más que lo que se gasta en cooperación internacional." Recordando las palabras de Mohamed ElBaradei, Director General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Meyer constató que "la simple reducción de un 1% del presupuesto armamentístico mundial sería suficiente para acabar con el problema del hambre en el mundo".

En su intervención el eurodiputado ha explicado cómo la militarización de la seguridad ha provocado más injusticia y más inseguridad: "con la invasión de Irak nos quisieron convencer de que se solucionaría el problema de Oriente Medio y que bajaría el precio del crudo: la realidad está a la vista."

Y prosiguió: "¿realmente queremos una vinculación de la seguridad europea a la de los Estados Unidos? ¿Vinculada a una administración que es responsable de los vuelos de la CIA?, ¿que mantiene abierto Guantánamo y que viola sistemáticamente los derechos humanos? Meyer exigió una seguridad europea autónoma y desmilitarizada y "la puesta en marcha -como ya propusieron Willy Brandt y Olof Palme- de políticas programáticas que lleven el gasto militar al punto 0".

Optimismo para vacas flacas

Una anónima mano escribió en una pared un noche de lúcida inspiración: «Dejemos el pesimismo para tiempos mejores». La frase es del escritor uruguayo Eduardo Galeano y es un alegato a la continuidad de un postura: la de la constante crítica. En especial cuando las cosas van realmente mal.

Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) la hizo suya el viernes. El filósofo, escritor y guionista del famoso programa de televisión 'La bola de Cristal' ofreció una charla en la asociación Cambalache titulada 'Capitalismo, democracia y Estado de Derecho'. «Europa vive un momento de crisis insospechada», analizó. Si no son tiempos sencillos para nadie, tampoco iban a serlo para el capital.

A la crisis inmobiliaria y al desasosiego de los partidos políticos se suman las incoherencias propias de un sistema que compagina hambre con excedentes alimentarios. Ejemplificó que «tanto en Cuba como en España, los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, pero las lógicas son diferentes». La primera es «razonable» si se piensa que no hay suficientes casas para todos. La segunda es la que habría que replantearse teniendo en cuenta el medio millón de viviendas vacías que existen solamente en Madrid. Este filósofo expuso ayer una visión del capitalismo como un sistema «incompatible» con la democracia y con el Estado de Derecho. Discordancias que ha quedado en evidencia, en particular tras el 11-S en 2001, dijo

El recorte de libertades justificado por la lucha contra el terrorismo y la «agresión» de este sistema a principios tan básicos de las relaciones humanas como «la solidaridad o la idea de comunidad», son algunos de los argumentos que esgrimió este madrileño -que actualmente vive en Túnez- para ilustrar su postura. «Las concesiones que se hicieron al Estado de Derecho tras la Guerra Fría fueron una ilusión que se desmaterializa ante una política de privatizaciones», continuó el editor de Rebelión.org, una de las plataforma de contrainformación con mayor peso de la red.

Esta misma tendencia a privatizarlo todo fue la que acabó con unos Electroduendes que, al grito de '¿Viva el mal! ¿Viva el capital!', despertaron la conciencia de una sociedad voraz de cambios. «Fue un programa chapucero que hicimos pensando en que continuaría», recordó su guionista. Pero no lo hizo. Y no tuvo descendencia porque en el pacto del país con la Europa de mercado «no había sitio para algo parecido». No hay revulsivo como aquel en una sociedad a la que la realidad encontrará dormida cuando llegue. Tampoco ninguna posibilidad de redención para una televisión que Alba aconseja apagar directamente. Pero como los malos tiempos no permiten pesimismos, el autor de 'Volver a pensar' y 'Leer con niños' (Caballo de Troya, 2007) ve «ganas de ruptura aunque fragmentadas». La alternativa está en un modelo que integre sostenibilidad y desarrollo, «con el nombre que sea». En boca de Alba, socialismo.