La Fiscalía pide al ayuntamiento que informe sobre los desequilibrios económicos denunciados por IU en dos aparcamientos y en la gasolinera del estadio

La Fiscalía ha pedido diversos documentos al ayuntamiento para aclarar qué hay de cierto en la denuncia presentada por IU hace unos meses acerca de tres denominados desequilibrios económicos. Son unos temas que consideramos graves porque alteran totalmente la igualdad entre las empresa a la hora de concurrir a un concurso cualquiera y porque están suponiendo un trasvase importante de dinero del bolsillo de los ciudadanos al bolsillo de algunos listillos.

Los casos denunciados son tres:

1. Cesión de un extra de suelo público a una empresa privada porque dice que las gradas del estadio le han salido más caras de lo previsto

2. Subida bestial del precio de las plazas para residentes y de la tarifa de aparcamiento por horas, así como pasar de 25 a 50 años el periodo de concesion en el aparcamiento del Paseo del Altillo y en el del hotel de la Avenida Juan Carlos que, por cierto, parece estar siempre lleno, con lo que se confirma que no es un aparcamiento de la ciudad sino del hotel, hecho en terreno público regalado.

La denuncia que presentó IU es la siguiente:

 

El ayuntamiento de Almuñécar está actuando, a nuestro juicio, de manera inadecuada y con grave perjuicio para el interés público en diversas contrataciones y concesiones de cierta importancia, recurriendo con excesiva frecuencia a la figura excepcional denominada ‘restablecer el desequilibrio financiero’ de una concesión o contratación.

La figura en cuestión está prevista para que, en el caso de un desvío importante del presupuesto de una obra, el ayuntamiento, o cualquier administración contratante, pueda modificar al alza la partida de gasto permitiendo pagar más al contratista o concesionario por unas obras que han resultado más gravosas de lo inicialmente previsto.

Esta figura es excepcional y se aplica cuando el contratista encuentra en el desarrollo de su trabajo unos imprevistos que encarecen el gasto previsto: huelgas, restos arqueológicos, paralizaciones de obras, modificaciones del proyecto inicial a petición de la parte contratante, etc.

Está claro que esta figura debe ser excepcional porque, de lo contrario, de nada servirían los concursos y subastas públicas. Bastaría con pujar temerariamente a la baja para obtener cualquier contratación o concesión y, posteriormente, modificar el presupuesto al alza, con la consiguiente burla del derecho que otras empresas tienen a concurrir.

Observo que el ayuntamiento de Almuñécar está recurriendo con demasiada frecuencia a esta figura excepcional, lo que significa, en mi opinión, que se pueden estar produciendo diversas irregularidades y delitos tipificados: vulneración del derecho a la libre competencia, malversación de caudales públicos, perjuicio al interés general, fraude en la contratación y prevaricación.

En concreto, pongo en su conocimiento algunos acuerdos adoptados por el ayuntamiento de Almuñécar en relación a tres concesiones:

·  Concesión de gradas en estadio municipal de deportes

·  Aparcamiento del Paseo del Altillo

·  Aparcamiento en Avenida Juan Carlos

 

El 15-05-07, el Pleno, en sesión extraordinaria (recordemos que las elecciones eran el 27-05-07), aprueba el punto 18 titulado: Modificación concesión gradas y locales Estadio.

‘Vista escrito presentado por D. Trinitario Betroret Parreño en nombre y representación de PROMOTORA SOCIAL DEL CERCADO DE LA SANTA CRUZ S.L. con C.I.F. B-18510677, adjudicataria de la concesión administrativa para la REDACCIÓN DEL PROYECTO, AMPLIACIÓN DE GRADAS Y EXPLOTACIÓN DE LOCALES EN ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL, solicitando restablecimiento del equilibrio económico financiero de la concesión… el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor de los concejales convergentes y Sr. Palacios y cinco votos en contra de los populares, acuerda:

PRIMERO. Reconocer la existencia del desequilibrio económico financiero de la concesión para la construcción y explotación de locales en el Estadio Municipal de Deportes por importe de 891.404 euros, de acuerdo con el informe técnico emitido.

SEGUNDO. Delegar en la Junta de Gobierno Local las competencias necesarias para que se lleven a cabo las modificaciones tendentes a conseguir el restablecimiento económico de la concesión administrativa…’

 

En el debate de este punto, el acta recoge algunas frases que considero interesantes para clarificar el asunto:

Portavoz Popular, Sr. González Montoro: ‘esa oferta se adjudica en el Pleno de 11 de abril de 2006… por un periodo de 25 años y un canon mensual de 368,57€… curiosamente, la empresa dos meses antes ya había pedido la licencia de obras, el seis de febrero de 2006… para construir la grada y hacer una gasolinera en los bajos de la grada… En toda la tramitación que se hace del expediente, en ningún sitio, jamás se habla de poner gasolinera en esa concesión… el 26 de octubre de 2006, cuando ya tenía la adjudicación, se hace la calificación ambiental favorable para una estación de Servicios, a ubicar en la calle Khan Jounes, junto al Estadio Municipal de Deportes, de la que es titular ‘Promotora Social Cercado de la Santa Cruz’. Y en la Comisión de Gobierno de 7 de Noviembre de 2006, da licencia para el proyecto… y en esta licencia de obras, va incluida la gasolinera…La Delegación de Obras Públicas de la Junta le pide al Ayuntamiento informe… y el Ayuntamiento le contesta…que ni dentro del ámbito del equipamiento deportivo del estadio municipal de deportes de Almuñécar, ni bajo su grada, está prevista la instalación de gasolinera alguna pero que hay una empresa que ha solicitado licencia de apertura para una estación de servicios que no se proyecta ni en recinto del estadio ni bajo su grada… Es decir, que bajo la grada del Estadio no se está haciendo la gasolinera, los depósitos que se han puesto allí, la licencia de apertura y obras, se la ha inventado alguien…¿bajo qué título o autorización o concesión hay una empresa que… está ocupando el subsuelo del Ayuntamiento y el vial público y la acera pública para poner una estación de servicio?... una de dos, o la gasolinera está fuera de la concesión y si lo está, cómo es que se está haciendo, o está dentro de la concesión y Vds. han engañado a la Delegación de Obras Públicas… no pasan ni tres meses desde que se inicia la obra y ya presenta la empresa un escrito diciendo que lo que iba a costar 721.000€, va a costar 851.000€ más… Y encima…lo que se trae a Pleno es que sea el pleno quien delegue en la Comisión de Gobierno, para que sea la C.G. la que acuerde cómo hacer la contraprestación económica… Y aquí yo voy a hacer de adivino… a lo mejor, a la C.G. lo que se le ocurre para compensar económicamente el mayor coste de las gradas, es ampliar la concesión administrativa al subsuelo y al vial público que están ocupando, con lo cual es lo mismo que lo del asfaltado, primero hacemos las obras, después las inauguramos y después las adjudicamos. Aquí primero pedimos la licencia, después nos adjudican el proyecto, luego ocupamos lo que no nos han adjudicado y luego nos lo adjudican. Creo que no es muy regular todo este procedimiento’

 

El señor Montoro acierta plenamente en lo que se refiere a la forma que va a tomar el restablecimiento del equilibrio económico. Siete días después, el acta de la la JGL de 22-5-07 dice: ‘Visto el informe de la Sra. Interventora… de 21 de mayo de 2007 en el que se señala que en el Presupuesto Municipal de Gastos para el ejercicio 2007 no existe dotación presupuestaria prevista… la JGL acuerda:

1. Restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión mediante la ampliación de la superficie concedida a la mercantil Promotora Social Cercado de la Santa Cruz S.L. en 190 m2 situados en la calle Khan Jounes, que se encuentran en la propia Zona de servicio o de influencia de la concesión…’

 

El mismo día, el 22-05-07, la Junta de Gobierno Local que resuelve el desequilibrio económico de la empresa concesionaria de las gradas, acuerda:

‘Reconocer la existencia del desequilibrio económico financiero de la concesión para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en Paseo del Altillo, en las condiciones establecidas en los informes aportados, y en concreto:

1. Aumento del periodo de concesión: 50 años.

2. Venta plazas a residentes: 30.000€/u.

3. Precio hora plazas de rotación: 1,16€

 

‘Reconocer la existencia del desequilibrio económico financiero de la concesión para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en Avda. Rey Juan Carlos I, estableciendo sobre la base de un periodo de concesión de 50 años lo siguiente:

1. Precio del uso de las plazas en rotación: 1,58€.

2. Precio de plazas en venta de: 30.240€

Estos acuerdos de la JGL son ratificados en un Pleno extraordinario celebrado el 12-06-07, dieciséis días después de haberse celebrado las elecciones municipales y cuatro antes de constituirse la nueva corporación.

 

En todos estos acuerdos se dan unas circunstancias extrañas:

En lo que se refiere a la construcción de unas gradas, el tema ha sido objeto de una denuncia anterior y roza el esperpento. (Conviene aquí recordar que la empresa promotora ya está inmersa en varias actuaciones judiciales por la construcción del Hotel Cortijo de Andalucía, del Residencial Salud y Natura, y de una promoción denominada ‘Vivienda Joven’ en un terreno que no es residencial. Las viviendas ya están terminadas a pesar de varias órdenes de paralización. En la actualidad están ocupadas con el consentimiento de promotor y ayuntamiento y los inquilinos no tienen licencia de primera ocupación.) Las irregularidades cometidas en la construcción de estas gradas, con locales y gasolinera, son múltiples y evidentes:

·  Una empresa que pide licencia de obras antes de que el ayuntamiento saque a concurso la obra.

·  Una empresa que construye locales comerciales en suelo deportivo.

·  Una empresa que comienza a construir una gasolinera junto a un río en terrenos que no son suyos y que el ayuntamiento finalmente le regala ocupando la acera y parte de la calle, así como el subsuelo.

·  Una empresa que alega haber gastado más del doble de lo previsto en unas obras en las que no hay alteración alguna de proyecto, paralización, huelga… en un terreno blando que había sido movido pocos años antes para construir el estadio.

·  Un Pleno que acuerda algo tan insólito como que el restablecimiento del desequilibrio económico lo va a desarrollar la JGL en vez del propio pleno.

·  Un informe rapidísimo en el que se asegura que no hay partida presupuestaria y que se puede hacer modificación de créditos pero que ello ocasionaría problemas en otras partidas (como cualquier modificación de créditos, lógicamente)

·  Una JGL que acuerda dar suelo y subsuelo en lugar de dinero. Y casualmente, ese suelo y subsuelo son aquellos sobre los que la empresa lleva trabajando ilegalmente varios meses. (con posterioridad, el 26-6-07, la empresa solicita, ya sin tapujos, licencia de obras para ‘ejecución de línea subterránea de baja tensión para suministro estación de servicio/local comercial resultante de la ampliación de las gradas del Campo de Fútbol’. La JGL acuerda ‘conceder licencia de obras de referencia’.)

 

En lo que se refiere a la construcción del parking del Altillo, hay que hacer constar que las obras terminaron hace bastantes meses y no se entiende cómo es que ahora se solicita el restablecimiento económico de la concesión.

En mi opinión, la petición que formula la empresa viene motivada por un escrito de Izquierda Unida entregado en el ayuntamiento el 3-5-07. Dicho escrito decía que:

‘En nombre de Izquierda Unida, le pido que se cumpla el convenio firmado entre el ayuntamiento y la empresa adjudicataria del aparcamiento del Altillo.

En el pliego de cláusulas económico-administrativas que se planteaban en el concurso, en su punto 1 se decía: ‘El aparcamiento irá destinado a los siguientes tipos de usuarios:

a)     Usuarios de rotación

b)     Usuarios de rotación de abono

c)      Usuarios residentes, que con reserva de plaza podrán utilizar el aparcamiento permanentemente durante un tiempo de 30 años. La reserva de este tipo de plazas no superará el 50% del número total de aparcamientos.’

En su punto 2 se especificaba: ‘El precio de la transmisión de los derechos de uso de las plazas de aparcamiento para residentes será objeto de oferta con un máximo de 1.750.000 ptas más IVA.’

Según consta en la proposición efectuada por la empresa ganadora del concurso público, ‘se reserva un máximo del cincuenta por ciento del total del número de plazas del aparcamiento para destinar a uso de residentes. Esta empresa propone la posibilidad de ofertar plazas para residentes, contando siempre con la aprobación del Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar, y tras realizar un sondeo en la zona, por esta empresa, con el fin de determinar el número de propuestas que se recibieran. El precio de la transmisión de los derechos de uso de las plazas de aparcamiento para residentes se cifra en la expresada cantidad de 10.000 € más IVA.’

Dado que ha transcurrido un tiempo considerable desde que el aparcamiento fue abierto al público sin que se haya cumplido con ese compromiso de ofrecer a los residentes el 50% de las plazas, IU pide al alcalde que haga cumplir el acuerdo firmado el 8 de mayo de 2003 y se oferte por escrito esa posibilidad a todos los vecinos de la zona para que hagan valer su opción a reserva de plaza aquellos que lo deseen.’

 

Tengo la impresión que la empresa y el ayuntamiento ‘habían olvidado’ ese compromiso de ofertar el 50% de las plazas a los residentes a un precio de 10.000€. El escrito de IU ponía a empresa y ayuntamiento en un brete, así que es entonces, cuando ya el aparcamiento llevaba abierto varios meses sin ofertar esas plazas a residentes, cuando se toman dos decisiones complementarias: una, subir el precio de las plazas de una manera escandalosa, es decir, multiplicando su valor por tres, y otra, ofertar esas plazas a los residentes una vez aceptado por el ayuntamiento ese precio. Entendemos que esa subida abusiva, enmascarada bajo la forma de restablecimiento del desequilibrio, es totalmente injusta e ilegal, y que el ayuntamiento es cómplice de una estafa a los ciudadanos residentes en la zona.

 

Por otro lado, el acuerdo de compensar el desequilibrio económico pasa la concesión de 30 a 50 años, lo que significa en la práctica casi duplicar el beneficio de la empresa. Además, se fija el precio de la hora en 1,16€ frente al 0,90€ convenido inicialmente.

 

En lo que se refiere al aparcamiento de la Avenida Juan Carlos, construido por la sociedad Bahía de Almuñécar SL, el tratamiento es similar. Se concede un precio de plazas en rotación muy elevado (1,58€ por hora) y un precio de las plazas en venta altísimo (30.240€). Ambos precios están muy por encima de los pactados inicialmente. De nuevo nos encontramos con un fraude a los ciudadanos y con una violación frontal del derecho a la concurrencia y a la competencia pues con estas condiciones, es evidente que otras empresas habrían pujado más alto para conseguir la concesión.

 

En los tres casos, sorprende la celeridad que ha tenido el ayuntamiento para resolver estos expedientes. En un plazo de tiempo récord se presentan las solicitudes, se elaboran los informes y se toman los acuerdos de JGL y de Pleno, llegando al extremo de que los últimos acuerdos plenarios se toman ya por una corporación en funciones el 12 de junio, una corporación que ha perdido la mayoría que venía disfrutando y que tiene motivos fundados para sospechar que va a ser difícil adoptar tales acuerdos en el Pleno que se ha conformado en las últimas elecciones.

 

Por todos estos motivos, solicito que se abra una investigación al respecto para clarificar la existencia de irregularidades o delitos en estas actuaciones.

 

Almuñécar, 27 de marzo de 2008

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE GRANADA OTORGA SUS GALARDONES

Playa del Pozuelo: muy sucia, sobre todo por los vertidos de desechos agrícolas que provienen de la Rambla Huarea, a pesar de que con respecto a años anteriores se observa una disminución de los residuos, aún se merece una bandera negra.

La playa de la Rábita se corta hacia la rambla de Albuñol para soportar los invernaderos que ocupan la zona de dominio público marítimo terrestre hasta la misma orilla del mar. Aunque se observan menos vertidos que en años anteriores sí es de destacar los vertidos de aguas fecales sin depurar. PUNTO negro

Playas de Melicena y de los Yesos, puntos negros por el intento de construir en zonas tan cercanas al mar que el  mismo Ministerio de Medio Ambiente desaconseja ante los efectos previstos de retroceso de playas por el cambio climático.

La playa de Carchuna ocupada con invernaderos, lugar de aparcamiento de turistas y este años  se han metido tubos dentro de la zona de dominio marítimo terrestre para no romper la carretera que también esta en la zona de dominio público marítimo terrestre. Punto negro

La playa de la Chucha junto el cabo Sacratif por su zona este mantiene aún una interesante población de plantas marinas que, peso a los intentos de la Dirección de Costas, se siguen machacando por los aparcamientos sobre la arena. Punto negro mientras no se solucione este tema del acceso a esta playa.

Motril está empeñado en cargarse sus playas a pesar de los pelotazos urbanísticos de los últimos tiempos. Entre Torrenueva y la Playa de las Azucenas -de las pocas zonas del mediterráneo sin bloques en la playa- ya se avecina su urbanización. Punto Negro

Las Ramblas de Capuchinos y de los Álamos vierten al mar las aguas fecales en la playa de las Azucenas, cuando no son usadas para regar hortalizas en las vegas próximas. Por eso todos los años Sanidad prohíbe el baño en esta playa. Bandera negra.

El puerto de Motril sufre contaminación por metales pesados ya que  se descargan graneles con palas, sin ninguna protección y el aumento de partículas en el aire supera lo permitido. También la ampliación del puerto hace que se haya cerrado a la población una zona de playas y que se haya cortado el sendero de gran recorrido GR-92. Punto negro

En la Playa de Poniente desaguan varios balates (acequias) como el de la Culebra o el de camino Patria, que recogen las aguas residuales de muchas edificaciones ilegales de la vega, de las industrias del Polígono Alborán y de varios  almacenes. Se merece una bandera negra, no tanto la playa en sí como los gestores que llevan años permitiendo estos vertidos mientras van vendiendo otra cosa.

Playa Granada sigue con su empeño de poner puertas al mar, sin aceptar que el mar lleva y trae las arenas cuando le parece y que hay que aceptarlo así o pedir  responsabilidades a los constructores de la presa de Rules, que impide la llegada de arenas  a la costa y la posible regeneración natural de las playas. Los espigones que demandan supondría un daño colateral a otras playas de la comarca. Punto negro.

Salobreña ya ha conseguido perder la Playa de la Cagadilla y parte del delta del Guadalfeo. Bastante negro lo tiene ya. Lo único positivo es que en el TH2, proyecto de pelotazo urbanístico, a lo mejor tienen que cambiar de planes viendo el mar venirse encima. Punto Negro.

En Almuñecar la playa de Fuentepiedra frente las Góndolas ya ha tenido su punto negro con la rotura de los colectores. Se impone un análisis riguroso y continuo de la calidad de las arenas y de las aguas por riesgo para la salud pública. Punto negro.

La playa de Cotobro ha sido “regenerada” a base de tierra de marisma, aunque Costas diga que la parte de arenas y gravas es de un 90%, lo cierto es que se ha convertido en un vertedero de tierra que va a provocar problemas a los bañistas este verano. Punto negro.

La playa del Muerto sigue con su amenaza de la urbanización del Peñon del Lobo encima. Punto negro.

En la misma Punta de la Mona los chalés se siguen construyendo sobre el mismo acantilado. ¡La Ley de Costas al paredón.!

En Cantarrijan sólo se controlan los coches en verano, en invierno siguen bajando sin problemas ni impedimentos, y el paraje Maro Cerro Gordo, paraje natural marítimo terrestre, se encuentra rodeado por nuevas construcciones y proyectos varios. Punto negro por su gestión.

Uno de los puntos negros de la costa granadina, de oriente a occidente,  es el tema de la pesca de arrastre, que no cumple con la legislación vigente y es posible ver a los arrastreros  faenando en zonas de escasa profundidad y muy cerca de la orilla.

La Guardia Civil pone 36 denuncias en una noche a los 9 locales del Paseo del Altillo

En una espectacular operación realizada en la madrugada del domingo en los bajos del paseo del Altillo (la zona de ocio nocturno de Almuñécar), la Guardia Civil denunció por distintas infracciones a los nueve locales que registró, identificó a 130 personas e incautó droga.

En cuanto a los locales, todos fueron denunciados por una o más de una infracción, con un total de 36 quebrantamientos de la normativa. En concreto, siete de los nueve locales inspeccionados carecían del seguro obligatorio de responsabilidad civil, "lo que dejaba a los clientes indefensos ante cualquier tipo de accidente dentro del establecimiento". Asimismo, un local tenía bloqueada la salida de emergencia y otros dos no contaban con el alumbrado de emergencia obligatorio.

Además, en uno de los establecimientos, el personal del servicio de vigilancia no estaba integrado en ninguna empresa de seguridad autorizada; en tres de los nueve locales se denunciaron las condiciones higiénicas de los aseos; los nueve establecimientos carecían del documento de titularidad, del aforo del local y del horario de apertura; uno de ellos no contaba con la licencia de apertura; y otro no disponía del libro de hojas de reclamaciones obligatorio.

Tras identificar a los 58 trabajadores de estos establecimientos, se observaron ocho infracciones a la legislación del trabajo por estar empleados "de forma ilegal".

¿Cómo es que el Inspector de Actividades y el inspector de Medio Ambiente no detectaron ninguna irregularidad? ¿Quizá el alcalde había ordenado a la policía local quitar los cedés a los negritos? ¿Todo su tiempo lo dedican a vigilar a los enemigos políticos del alcalde?

El alcalde tiene que explicar a la Fiscalía cómo está el asunto de la Gasolinera

Entre los documentos que el ayuntamiento tiene que enviar de manera urgente a la Fiscalía está el expediente relativo a la gasolinera que están prácticamente terminando en el estadio. Aunque demasiado tarde para nuestro gusto, aquella denuncia que presentamos el 21 de diciembre de 2006, ampliada por otro escrito 20 de julio de 2007, parece que empieza a dar sus frutos. La denuncia presentada en 2007 era la siguiente:

Iván Sánchez Marcos, con DNI 74725296-K, en nombre y representación de Izquierda Unida de Almuñécar, con dirección a efectos de notificación en C/ Guadix. Residencial San Juan, bajo 2, de Almuñécar, EXPONE:

Con fecha 21 de diciembre, el que suscribe presentó escrito denunciando la construcción de unos locales comerciales en suelo deportivo, en concreto, en el Estadio de Deportes. Uno de estos locales, decía, se va a destinar al uso comercial de estación de servicio. En respuesta a este escrito se me comunicó por parte del Teniente Fiscal Don Guillermo Sena Medina, con fecha 3-1-07, que se habían incoado diligencias de investigación con el número 206/06. Con posterioridad se han producido diversos acontecimientos que considero de gran relevancia para la investigación y que paso a relatarle:

1. 18  de enero y el 1 de febrero, la Consejería de Obras Públicas envía sendos escritos al ayuntamiento pidiendo información al respecto. Con fecha 27 de marzo, entra en el registro de la Consejería la respuesta del ayuntamiento. El alcalde contesta a la Consejería de Obras Públicas que: ‘ni dentro del ámbito del equipamiento deportivo del Estadio Municipal de Deportes de Almuñécar, ni bajo su grada, está prevista la instalación de gasolinera alguna’. Asimismo, el alcalde afirma que ‘la Promotora Social Cercado de la Santa Cruz S.L. con fecha 6 de febrero de 2006 ha solicitado licencia de apertura para una Estación de Servicio que no se proyecta ni en el recinto del Estadio Municipal, ni bajo sus gradas’. Concluye el escrito afirmando que ‘no procede la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística’.

Considero que esa respuesta es una burla, dado que en fechas anteriores, el ayuntamiento que él preside había acordado dar informe ambiental favorable a una estación de servicio en la calle Khan Jounes, y en esa calle sólo existen dos construcciones: el Centro de Salud y el Estadio de Deportes. Además, en el mes de diciembre ya se habían producido excavaciones en el subsuelo y en el mes de marzo se hallaban tan avanzadas las obras que el día 25 aparecen en los medios de comunicación fotos de una grúa colocando los depósitos de combustible a varios metros de profundidad. Por otro lado, si la gasolinera no iba bajo las gradas, ¿qué dirección figuraba en la licencia de apertura solicitada?

2. El 10 de abril de 2007, el ayuntamiento abre expediente de disciplina urbanística a unas obras que ya están terminadas en su primera fase: la instalación de depósitos. Estas obras se han hecho a la vista de todo el mundo por lo que sólo cabe hablar de complicidad del ayuntamiento. Este expediente sólo puede entenderse como una medida para intentar frenar otro tipo de actuaciones por administraciones u organismos distintos, a la vez que camuflar una actuación cómplice destinada a instalar la estación de servicio pasando por encima de toda la legislación.

3. El 15 de mayo, el Pleno aprueba ‘Reconocer la existencia del desequilibrio económico financiero de la concesión para la construcción y explotación de locales en el Estadio Municipal de Deportes por importe de 891.404€, de acuerdo con el informe técnico emitido’.

Curiosamente, el acuerdo dice locales en vez de gradas cuando el objeto de la concesión era construir unas gradas y los locales sólo eran la contraprestación que recibía la empresa. La cantidad en que supuestamente se han desviado los gastos es exorbitada toda vez que la empresa presentó un presupuesto inicial de 721.000€. Es decir, según la empresa, y según los informes técnicos, los gastos son del doble de lo presupuestado. La situación es curiosa porque en la zona en la que se está trabajando sólo hay tierra movida no hace mucho por la construcción del estadio. No se ha encontrado ningún obstáculo imprevisto: restos arqueológicos, paralizaciones ajenas a la empresa, huelgas, deslizamientos de terreno, etc. Así pues, no se encuentra argumento alguno para justificar este incremento tan desproporcionado del gasto dado que tampoco ha habido cambio alguno en el proyecto de obras.

El Pleno toma otro acuerdo, además de reconocer el desequilibrio económico. En otros casos de desequilibrio económico, el acuerdo suele ser (siempre ha sido) el de que el Pleno acuerda resarcir a la empresa afectada con la cantidad económica y ahí se acaba todo. Pero en este caso, el acuerdo que toma el Pleno incluye otro apartado: ‘Delegar en la Junta de Gobierno Local las competencias necesarias para que se lleven a cabo las modificaciones tendentes a conseguir el restablecimiento económico de la Concesión administrativa para la Redacción del proyecto, ampliación de gradas y explotación de locales en Estadio municipal de fútbol.’

Este segundo punto del acuerdo, extraño a todas luces, y, desde luego, novedoso, hace que pensemos que lo que ocurre a continuación estaba perfectamente planificado.

4. El 22 de mayo se reúne la Junta Local de Gobierno para tratar el tema y se da cuenta de un informe de la Interventora del día anterior (21-5-07) según el cual no existe dotación presupuestaria para hacer frente al restablecimiento del equilibrio económico de la citada concesión. En consecuencia, la Junta de Gobierno Local acuerda ‘restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión mediante la ampliación de la superficie concedida a la mercantil Promotora Social Cercado de la Santa Cruz S.L. en 190 m²  situados en la calle Khan Jounes…’

Es decir, que el ayuntamiento cede a la empresa la acera y la calle sobre (y bajo) la que ya había estado trabajando, de forma ilegal, para colocar los depósitos de combustible, que es, curiosamente, la misma dirección que aparece en la calificación ambiental favorable que se emite el 26 de octubre de 2006, casi un año antes.

5. El 26 de junio de 2007, la nueva Junta de Gobierno Local surgida de las elecciones, presidida por el mismo alcalde, cierra el círculo concediendo licencia de obras para ‘ejecución de línea subterránea de baja tensión para suministro estación de servicio/local comercial resultante de la ampliación de las gradas’.

Resumiendo:

·   La empresa pide licencia de obras para gasolinera y gradas con fecha 6-2-06.

·   El 11-4-06, dos meses después, el Pleno aprueba conceder las obras de las gradas a esta empresa.

·   El 26-10-06, el ayuntamiento da informe ambiental favorable a una estación de servicio en la calle Khan Jounes. En esta calle sólo hay dos construcciones: el Estadio de Deportes y el Centro de Salud. Y no hay solar alguno.

·   El 7-11-06, la Junta de Gobierno da licencia de obras para las gradas y los locales.

·   El 27-3-07, el alcalde dice a Obras Públicas que sí hay gasolinera pero no bajo las gradas. No dice dónde.

·   El 10-4-07,el ayuntamiento abre expediente de disciplina urbanística a unas obras que ya están casi terminadas.

·   El 15-5-07, el Pleno reconoce un desequilibrio económico en la concesión por importe de 891.404€, y delega en la Junta de Gobierno para resolver el tema

·   El 21-5-07, la Interventora dice que no hay partida presupuestaria para pagar.

·   El 22-5-07, la Junta de Gobierno acuerda compensar en vez de con dinero con la cesión extra de 190 m²  situados en la calle Khan Jounes, es decir, la calle del estadio en la que se han instalado ya los depósitos de combustible.

·   Por último, el 26-6-07, la Junta de Gobierno aprueba licencia de obras para enganchar la luz a una gasolinera que no existe en el papel pero que ya tiene los depósitos enterrados.

Entiendo que este conjunto de hechos reviste una gravedad extrema y que tanto los concejales implicados como los responsables de la empresa pueden haber incurrido en diversos delitos que espero sean investigados con prontitud.

Por todo lo expuesto, le SOLICITO que tome las medidas necesarias en caso de apreciar indicios de ilegalidad en las actuaciones denunciadas.

 

Dios los cría

El Papa ha destacado esta mañana, durante su intervención en la Asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana, la importancia que para el futuro de Italia representan las señales actuales de un clima nuevo, más confiado y constructivo entre las fuerzas políticas y las instituciones. Mefisto, que la próxima semana recibirá al neofascista jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, ha llamado a iniciar una nueva era de crecimiento económico, civil y moral en el país.

Benedicto XVI dijo que advierte con particular alegría un favorable clima político que repercutirá en una percepción más aguda de las responsabilidades comunes. El Papa, que la próxima semana recibirá al flamante jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, llamó a resolver juntos los asuntos más urgentes y graves, y a iniciar una nueva era de crecimiento económico, civil y moral en el país. De acuerdo con un comunicado divulgado hoy jueves, el Sumo Pontífice se encontrará con Berlusconi el 6 de junio venidero, en lo que constituirá su segundo encuentro oficial, tras una primera audiencia en 2005. Dios los cría y ellos se juntan.

Zaplana somos todos

José María Grandas Menéndez

Ha sido fiel, eso sí, y hasta el final, a su lema de haber entrado en la política para “forrarse”. Pero también es verdad que el que a pocas semanas de ser elegido el diputado Zaplana haya abandonado a sus votantes, comprado por Telefónica por un millón de euros al año, muestra la podredumbre de un sistema montado por unos políticos para poder robarnos tanto y tan legalmente a todos. Y, en particular, la de un PP que durante tanto tiempo no sólo ha apoyado a ese sujeto en su progresivo enriquecimiento a costa nuestra, sino que lo ha ascendido a los más altos cargos directivos, mostrando ser los demás jefes de parecido nivel de conciencia moral. Una vergüenza para todos los españoles, porque, votándole o aguantándolo tantos años sin rebelarnos eficazmente, es decir, por activa o por pasiva, en mayor o menor grado, Zaplana somos todos, y seguiremos siéndolo mientras no lo pongamos en el sitio que se merece

La secretaria de Almuñécar obliga a Benavides a colaborar con la Justicia

Era un secreto a voces que ahora ya es una evidencia: el Ayuntamiento de Almuñécar, que preside Juan Carlos Benavides, no pone demasiado entusiasmo a la hora de colaborar con la Fiscalía de Motril y los juzgados sexitanos. De hecho, la secretaria del Consistorio almuñequero -la funcionaria sobre la que recae la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legalidad- expresó recientemente su «malestar» por ese estado de cosas.

Lo cierto es que, finalmente, el gobierno municipal de Almuñécar se ha dado por aludido y, en una comisión que celebraron el pasado 26 de mayo, tomó «conocimiento del malestar de la secretaria» porque no se cumplían los plazos dados por tribunales y fiscales para aportar documentación sobre operaciones urbanísticas del propio Ayuntamiento que están bajo sospecha.

El «malestar» de la funcionaria debía ser elevado porque el gobierno de Benavides se autoimpuso un ultimátum, improrrogable, de un 24 horas para ponerse al día. Las fotocopiadoras echaron humo y más de uno tuvo que ir a trabajar por las tardes para localizar los papeles y ponerlos a disposición de la Justicia.

Entre la documentación requerida por la Fiscalía y los juzgados, y que no acababa de ser entregada, había expedientes referidos a la Urbanización Citalsol, un complejo hotelero situado en el paseo de Cotobro, la concesión de las gradas para el estadio municipal, la construcción de los aparcamiento del Altillo y la Avenida Rey Juan Carlos, la licencia concedida al hotel Bahía de Almuñécar o sobre la infinidad de modificaciones 'puntuales' del Plan General acordadas por Benavides y su equipo.

¿Será verdad que la vicepresidenta del Gobierno fue quien salvó de ir a la cárcel al banquero más rico de España?

Juan Torres López

Hace unos meses escribí un artículo (El Ministerio Fiscal trata de evitar que el banquero más rico de España se siente en el banquillo) en el que explicaba que el Ministerio Fiscal estaba tratando de evitar que el banquero más rico de España, Emilio Botín, diera cuenta de “un presunto delito fiscal derivado de la comercialización de un producto de ahorro llamado cesiones de crédito, de carácter opaco” (Cinco días, 23-11-2006).

Lo que ocurrió fue que “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes [...]

El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y, al mismo tiempo, puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera” (El Confidencial, 21 de septiembre 2006) ”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Santander “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública” (El Confidencial, 21 de septiembre 2006).

En mi artículo, informaba de que la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, había pedido el sobreseimiento de la causa en siete ocasiones y el Ministerio Fiscal en quince (El País, 23 de noviembre de 2006). En el artículo de entonces, yo me preguntaba si el Ministerio Fiscal estaría siguiendo órdenes del Gobierno y ahora puede que ya sepamos la respuesta.

Resulta que el ex Ministro de Economía del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, está imputado junto a su hermano Ramón Rato, el presidente del Santander, Emilio Botín, el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, y otros directivos del grupo (¡Dios santo, qué tropa!) en el caso de la compra de Aguas de Fuensanta, por la que Banesto pagó unos 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) a la familia Rato, un precio considerado desorbitado por la acusación particular por tratarse de una sociedad en "quiebra técnica" (El País, 27 de mayo de 2008).

Y, para defenderse, lo que se le ha ocurrido a Rato no es otra cosa que decir que los favores políticos al banquero más rico de España no comenzaron con él, sino que venían de antes, más exactamente de cuando desde el gobierno se dio órdenes al Abogado del fiscal para que no actuara contra el banquero en el caso de las “cesiones de crédito”.

Lo bueno es que, al parecer, aporta un escrito de la entonces Secretaria de Estado de Justicia y ahora Vicepresidente del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado 'instrucciones' sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito".

En este sentido, pidió que no se dirigiera "acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes" por las retenciones "no practicadas o no ingresadas" por el banco, basándose en un informe de la Agencia Tributaria.

Además, exigió al Abogado del Estado que solicitara la remisión a los Juzgados de Instrucción que en cada caso correspondieran de las actuaciones contra los clientes que se hubieran beneficiado de la fiscalidad opaca de las cesiones de crédito, "sin exigencia de responsabilidad en las presentes diligencias al Banco Santander o a sus representantes" “(El País 27 de mayo de 2008).

¿Será esto así?

¿Fue realmente la actual vicepresidenta del Gobierno la que impidió que se juzgara al banquero más rico de España por unos hechos que, de haberse probado (si es que necesitaran ser probados), le hubieran costado docenas de años de cárcel por los perjuicios millonarios que causó al Estado?

¿Alguien le dio órdenes a ella o actuó por propia iniciativa?

Y, con independencia de todo ello, ¿qué tendrá que ver que antes de Rato le hubieran hecho favores a Botín con los 6 millones de euros que logró cobrar de Botín y su gente por una empresa en “quiebra técnica”?

Es evidente que lo que ha hecho es poner el ventilador, pero lo que hay que procurar es pedir responsabilidades a todos y que la porquería les salte solo a ellos.

¿Hacia una “confesionalidad progresiva”?

Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Ateos (FIdA)

Nada nuevo bajo el sol

. Nada extraño. Nada que contradiga el histórico temor reverencial del Partido Socialista hacia la Iglesia católica. Nada que objetar, por otra parte, cuando se nos acostumbra a interpretaciones del laicismo y de las libertades falseadas, mutiladas o forzadas hasta el extremo. Nada que deba sorprender, si recordamos las simplezas interesadas del empresario Vázquez o las beaterías mojigatas del beato Bono o del beato Ibarra. O los latinajos agustinianos de la Vicepresidenta Fernández, en su romano encuentro con la cúpula vaticana. O el caldito solidario del “compañero” Presidente con el nuncio papal.

La votación del PSOE en contra de una ley que obligue a retirar los símbolos religiosos en las ceremonias constitucionales responde a una estrategia conocida: propaganda pseudolaicista a grandes voces, y consolidación programada de los privilegios eclesiásticos y de la financiación multiconfesional. Pánico a la pérdida de un dudoso porcentaje electoral. Socialismo de confesionario. Laicismo de opereta.

Habló Ramón Jáuregui de “prácticas aconfesionales progresivas”, como intentando colocar a la ciudadanía unos anteojos de oferta, en seráfico ejemplo de manipulación lingüística. El experimento laicista del Gobierno ha muerto antes de iniciarse, porque eliminar una Biblia y un crucifijo no era más que un avance simbólico hacia la restauración de una normalidad democrática que se rompió en el 39, hacia la derogación del Concordato franquista y hacia el pluralismo como herramienta de disuasión frente al avance fundamentalista. No han dado este tímido paso, lo que implica que no darán ninguno más, o que seguirán la estela de un juego político encaminado a engañar a los imbéciles y a tranquilizar a los devotos de la romanidad católica. Un juego con el que quiere demostrar, el PSOE, su independencia frente a la izquierda social, recurriendo a la prudencia jesuítica que les caracteriza.

Seguirá la religión institucionalizada, las llamadas a misa en los aeropuertos, el catecismo en la escuela, la financiación pública del anacronismo, los curas en los hospitales y en el ejército, la recaudación confesional por los impuestos, los alcaldes que reciben reliquias alborozados, los presidentes que exaltan llorosos a la Virgen, la censura ideológica sobre el arte, la Constitución arrodillada ante la cruz, los obispos terroristas y las mafias subvencionadas. Todo un modelo de Estado socialista, plural y democrático.

Un buen motivo para movilizarse. Una buena excusa para revisar nuestro compromiso con las libertades públicas. El PSOE, esta tarde, se ha hundido en la pura gloria. Cayó, finalmente, del caballo mucho antes de llegar a Damasco. Extra ecclesiam nula salus ...

¿Y ahora, qué?

El PSOE vota en contra de una ley que obligue a retirar los símbolos religiosos en actos y ceremonias institucionales

Nueve votos a favor, seis abstenciones y 309 votos en contra. Con este resultado, el Congreso ha rechazado la pretensión de Izquierda Unida de poner en marcha un "protocolo aconfesional" para los actos y ceremonias institucionales, como la toma de posesión de miembros del Gobierno y altos cargos. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, rechazó hoy la propuesta porque, aunque considera que en esas ocasiones "el crucifijo está de más, no haremos una ley para prohibirlo".

El PSOE se opone a elaborar "una norma que prohibiera a la Casa Real la colocación de un crucifijo en la que los ministros juran o prometen", e insistió en que deben hacerse esfuerzos para ahondar en la laicidad y "normalizar la aconfesionalidad", pero "sin producir tensiones, no hacen falta leyes prohibitivistas, sino prácticas aconfesionales y progresivas".

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, en defensa de su propuesta, emplazó al Gobierno a garantizar que en un Estado democrático y aconfesional "se cumpla la Constitución en la toma de posesión de sus miembros, sin presencia de símbolos religiosos. "No pretendemos prohibir, pero no queremos que se imponga", defiende Llamazares.

El líder de IU explicó que se pretende evitar "paradojas como la modernidad de un Gobierno y el anacronismo de imponer los símbolos religiosos" en los actos de acatamiento de cargos públicos, como los que se celebran en el Palacio de la Zarzuela, porque supone un "incumplimiento flagrante de esos criterios constitucionales".

"Se acepta por inercia el sometimiento del Gobierno, no solamente a la Constitución, como es obligado, sino a la Iglesia católica", prosiguió Llamazares, para quien se mantiene así una "vinculación entre monarquía e Iglesia católica que es preconstitucional".

Denunció el "mantenimiento de la religión institucionalizada en el Ejército, en los comités de ética de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, en AENA, o en los funerales de Estado", y reclamó "avanzar pluralismo moral frente a la resistencia que pretende el monopolio de la moral para la Iglesia católica".

"El Gobierno ha anunciado la presentación de una ley de libertad religiosa", agregó LLamazares, "pero en este caso, también, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Con buenas intenciones se ha mantenido la religión escuelas, y a cambio se ha introducido la Educación para la Ciudadanía".

También con buenas intenciones, prosiguió, "se ha mejorado la financiación, el privilegio de la Iglesia católica, a través de la Declaración de la Renta, y con buenas intenciones se ha mantenido la letra y el espíritu del Concordato con el intercambio de cartas entre el Gobierno y el Vaticano, o con el nombramiento de embajadores, no sabemos si nuncios o agentes dobles".

Para concluir, indicó que si el PSOE no apoya este "protocolo civil" difícilmente será capaz de aprobar una ley de libertad religiosa, y advirtió de que el "espejismo degrada y oculta realidad.

SALOBREÑA NO SE MERECE LOS RESPONSABLES MUNICIPALES QUE TIENE EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE SU PUEBLO

Ecologistas en Acción

 

Alardean que van a hacer una maravilla en el entorno del río y su desembocadura cuando llevan años de abandono y se ha perdido lo más valioso.

 

Da risa, por no llorar de pena, cuando anuncian que van a recuperar el humedal de la desembocadura, cuando las últimas actuaciones municipales en el entorno del puente han drenado con grandes zanjas el humedal y han enterrado la parte más valiosa para dar acceso al puente a ninguna parte.

 

Hablan de muchos miles de euros (383.804,80) y por las noticias y fotos que aparecen en los medios parece que ya está hecha la obra, cuando lo único realizado es el encargo de la redacción del proyecto para la “Puesta en valor de los márgenes del río Guadalfeo” de la zona de Lobres, por un importe de 16.000 euros.

 

Lo que no sabemos es qué ha pasado con el proyecto cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Feder, de Obras de Emergencia para la Limpieza y Acondicionamiento de Cauces 2005, que estaba presupuestado en  7.627.584 €, y que iba a realizar la Agencia Andaluza del Agua.

Mucho nos tememos que, con estos gobernantes municipales y autonómicos, todo se quede en un bluf, se gasten 16.000 € en la elaboración del proyecto y el paseo siga presentando el pésimo aspecto que tiene hoy y el río siga siendo el vertedero preferido de la población ante la pasividad de los responsables.

De todas formas apoyamos iniciativas como ésta, siempre y cuando no se quede en agua de borrajas para darse un barniz de ambientalistas de cara al verano.

 

Desde Ecologistas en Acción vamos a hacer un seguimiento de este proyecto, y ojalá al final, por el bien de la gente de Salobreña, tengamos que felicitar al Ayuntamiento.

Los tribunales anulan el pucherazo que se produjo en la Mancomunidad

La presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical se encuentra en manos de Benavides al anular un tribunal la elcción de carlos Rojas. En tanto se ejecuta la sentencia, y es nombrado presidente el candidato del PSOE, sustituye a Carlos Rojas el vicepresidente. Ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada el que ha dado por buena la primera votación que se produjo en la constitución de la Mancomunidad, anulando la segunda.

En la primera votación ganó Fernández Pulido por 20 votos a 19, pero el secretario municipal declaró nula una papeleta por no ser una papeleta oficial, y estar escrito el nombre a bolígrafo. Tras este hecho, y a petición de Benavides, el secretario ordenó una segunda votación en la que resultó elegido Rojas por un voto a favor.

Votaron a favor de Carlos Rojas el PP, Convergencia Andaluza, Partido Socialista Independiente de Salobreña y los dos ediles del PAPICC. 

Fernández Pulido impugnó la elección de Carlos Rojas y ahora la juez señala que el voto que fue declarado nulo es válido porque aparece "con claridad" el nombre del candidato, sin que presentase "defectos o enmiendas que pudieran inducir a confusión". También indica que la voluntad del elector fue "inequívoca" en una ronda en la que fue amparado por "el deber y el derecho del secreto, previsto en los Estatutos", que sin embargo fue "obviado" en la segunda votación.

Según la juez, la nueva votación no revestía las mismas garantías que la primera al vulnerarse el deber del secreto, lo que "presumiblemente provocó el cambio de voto, dados los pactos previos alcanzados entre los distintos partidos políticos".

Todo ello produjo, según apunta el fallo, una "distorsión de la verdad material del resultado electoral" y, con ella, la lesión del derecho fundamental de participación política del demandante "al privarle de hecho de un resultado victorioso que le habían atribuido los votantes".

¿Y para esto tuvimos que aprobar la tasa de basura? se preguntarán algunos.

IU ve "con normalidad democrática la consulta a los ciudadanos vascos", pero reclama que incluya "una condena expresa a ETA y el compromiso de que el ejercicio del derecho a decidir sólo se pueda hacer en ausencia de violencia"

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, lamenta en nombre de esta organización "el desencuentro que provocan entre los ciudadanos vascos, en lugar de concitar una mayor unidad en la lucha unitaria contra la violencia terrorista, las distintas propuestas políticas planteadas en los últimos días desde distintas formaciones e instituciones políticas democráticas vascas".

En este sentido, el máximo responsable de esta formación explica que "desde Izquierda Unida vemos con normalidad democrática la consulta no vinculante que el lehendakari pretende hacer a los ciudadanos. Sin embargo, esta normalidad con la que se debería discutir y llegar a conclusiones en el desarrollo de cualquier propuesta política queda indudablemente condicionada por el momento actual en el que los terroristas de ETA vuelven a querer imponer sus planteamientos por la fuerza de los asesinatos y las bombas. Y eso no puede eludirse y debe ser tenido muy en cuenta".

"Por ello -añade Llamazares-, planteamos que la propuesta de consulta hecha por Juan José Ibarretxe no debe obviar esta situación actual, que se traslada tanto a la vida en Euskadi como a la del conjunto del Estado, y debe incorporar dos cuestiones importantes:

1. La condena expresa y directa al terrorismo de ETA. Esta será la mejor manera de que EHAK deba pronunciarse sobre esta cuestión y que no reciba en este debate un protagonismo democrático del que carece. Es la mjor manera de que EHAK no manche un debate que debe ser claro y democrático.

2. Como IU ha reiterado desde hace años, debe haber un compromiso explícito y nítido de que cualquier ejercicio para el derecho a decidir se realizará en completa ausencia de violencia, es decir, sin que haya la más mínima amenaza ni condicionante de la organización terrorista ETA, y previo acuerdo entre las instituciones democráticas y gobiernos de Euskadi y España".

Para Gaspar Llamazares, "sólo así se podrán sentar las bases para el fin definitivo de la violencia terrorista y para la normalización y el entendimiento de la sociedad vasca y de las fuerzas políticas democráticas que la representan"

Dimite un concejal de IU en Cuenca

Publicamos esta noticia por su parecido con la situación que vivimos en Almuñécar. Los intentos de marginación hacia IU se multiplican por aquí y por allá. Nuestros concejales las pasan canutas, nuestros grupos municipales se quedan sin local o sin secretario de grupo. Todos se ponen de acuerdo para aislarnos porque les molesta nuestra política, pero ahí seguimos, en la brecha.

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Cuenca, Ángel Luis Castellano Bobillo, anunció hoy que se ve obligado a renunciar a su cargo al no poder compatibilizarlo con su trabajo. 

Presentará su cese tras el pleno ordinario del mes de junio, para que sea aprobado en la sesión plenaria de julio y para que la concejal que le sustituirá, Ana Cruz, pueda tomar posesión en septiembre. La comunicación de su cese se produce con mucha antelación para, según dijo en rueda de prensa, evitar especulaciones y dejar claro a la opinión pública que no se marcha por diferencias internas o discrepancias con su partido.

Tiene que abandonarlo porque no está liberado en el Ayuntamiento, y el contrato de trabajo que tiene en la actualidad acaba en agosto. Bobillo ha recibido una oferta laboral en otra provincia y no le parece coherente seguir defendiendo a los conquenses viviendo a 150 kilómetros de la ciudad. De cualquier manera, seguirá vinculado a Izquierda Unida y, según aseguró, a partir de ahora se considerará un "emigrante político".

Seguirá trabajando "por todos los ciudadanos"

Asimismo, Bobillo insistió en que este anuncio no significa una despedida porque seguirá trabajando por todos los ciudadanos que le votaron en las últimas elecciones. Sí pretende dar un relevo tranquilo a la persona que le seguía en las listas al Ayuntamiento conquense y que también fue candidata al Senado en los últimos comicios, Ana Cruz. Ella por su parte aseguró que la coalición seguirá promoviendo en el ayuntamiento políticas justas que sirvan a todos los ciudadanos.

Relevo tranquilo el que se producirá en el grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, pero no exento de malestar hacia los otros dos grupos con representación en el consistorio. Bobillo criticó que nunca contaron con Izquierda Unida para liberar a un concejal, y ni siquiera a un administrativo. Según él, el reparto de concejales liberados se hizo a sus espaldas, y sólo entre populares y socialistas.

También recordó que su grupo se opuso, no a la liberación de concejales, sino a los elevados sueldos que cobran. Dice que en ningún ayuntamiento de Castilla-La Mancha los no liberados cobran 500 euros como perciben en Cuenca y también dejó claro que la aportación asignada a cada grupo, de 1.160 euros, nunca la ha cobrado él personalmente porque ha ido a parar a las pobres arcas de la coalición a nivel local.

"Lo que queríamos era hacer política con dignidad, y con recursos, como querían los 1.300 electores que nos votaron en los comicios. Somos de izquierdas, pero no somos gilipollas", aseveró.

IU presenta una decena de alegaciones contra la "privatización encubierta" de San Luis

La concejala de Izquierda Unida (IU) en Motril, Daniela Paqué, ha anunciado que desde su partido se ha presentado en el Registro Municipal un documento con una decena de alegaciones contra el estudio de viabilidad para la remodelación de la residencia San Luis, lo que Paqué ha calificado de "privatización encubierta".

De este modo, desde IU piensan que se está tratando el tema de manera poco clara "puesto que una decisión así debiera pasar por pleno". Asimismo, ha destacado la importancia del asunto para los trabajadores "con los cuales, a través de sus representantes sindicales, no se ha contado". Ha hecho espaciel hincapié, además, en el imcumplimiento que está privatización supondría en el documento firmado por Carlo Rojas -actual alcalde- el 17 de mayo del pasado año con el que se comprometía a no privatizar ningun servicio. Por otro lado, y en el ámbito económico, las cuotas de estancia en San Luis subirían hasta los 1.500 euros, lo que dejaría fuera a muchos mayores con ingresos escasos.

Paqué ha continuado hablando de la merma en los servicios públicos que supondrá la privatización puesto que "una empresa privada siempre mira por su propio beneficio, teniendo un claro ejemplo en Aguas y Servicios". "Decir que se está haciendo mala gestión es echarse tierra encima puesto que ellos son los responsables del asilo", ha puntualizado la izquierdista quien, por otro lado, ha asegurado que la cesión a un tercero del solar donde se ubica la residencia sería ilegal puesto que está destinado a actividades sanitarias y sin ánimo de lucro.

Para terminar, Paqúe ha instado al equipo de Gobierno a que "se eche hacia atrás en la aceptación del estudio". "Nunca se había tenido en cuenta una medida como tal", ha concluido la edil quien ha aconsejado que se busque financiación a través de entidades financieras. "Rojas lo niega tímidamente pero no llega a decir un no rotundo".

Guantánamos europeos

Rafael Fernando Navarro

La Unión Europea quiere expulsar de su territorio a ocho millones de inmigrantes ilegales. No importa el ser humano. No importan las causas de su venida. No importa el trauma que significa la lejanía. No importa la nostalgia, el recuerdo negro de una Africa cercana o el calor de un poncho americano. Está por encima de todo la ilegalidad. El hombre tiene una unión hipostática con sus papeles.

No es fácil repatriar ocho millones de inmigrantes. Y mientras esa meta se alcanza, hay que legislar en el Parlamento europeo (para darle visos de legalidad a lo inhumano del gesto) la forma de aglutinarlos en recintos donde permanezcan aislados sin contaminar la elegancia europea, sin que a nadie le roce el hedor que produce el hambre, sin que nuestra posición de aventajados economicamente se vea perturbada por la presencia siempre incómoda de los sin techo. Nosotros sabemos fabricar nuestra propia miseria sin necesidad de importarla. Vamos a encarcelarlos (aglutinar le llaman ahora) sin derechos, sin concesiones al grito, sin oportunidad a la autodefensa. Vamos a construir nuestros guantánamos europeos.

España -dice el Gobierno- va a votar a favor de la medida, pero no va a aplicarla nunca. Ultimamente se da un paso adelante: "aunque tengamos que acudir a esa reclusión, siempre respetaremos los derechos humanos" ha dicho Rubalcaba.

Europa siempre cristiana. Defensora siempre de los valores de Occidente. Madre y maestra de pueblos conquistados, convertidos al cristianismo, tatuadora de cruces. A esta Europa, vividora de esas conquistas y parásito frecuente de sus colonias, le estorban los inmigrantes. Superamos nuestros campos de concentración tan recientes y ya estamos añorando el modelo de Guantánamos americanos.

Deberíamos recobrar la memoria. Hemos olvidado las alpargatas de esparto, ahora que calzamos mocasines italianos. Delante de nuestros platos mediterráneos nos repugna el calor de la sopa de castañas que comíamos ayer. Ante las grandes catedrales del consumo preferimos sacudirnos el auxilio social, y las cartillas de racionamiento y el estraperlo. ¿Hace tanto que fuimos pobres? ¿Hace tanto de Alemania, de Bélgica, de Suiza, de Argentina, de México? ¿Fuimos siempre "legales"? Rotundamente no. Pero teníamos que huir de una guerra, de una dictadura atroz. Y eso justificaba la fuga -legal o ilegal- de nuestros poetas (Alberti, Machado), de nuestros albañiles, de nuestros campesinos. Y cuando viajábamos nos encontrábamos lágrimas españolas, morriña española, añoranza de sevillanas y jazmines. Algunos volvieron con el sudor chorreado de su frente. Otros sembraron Galicia, Cantabria o Guadalajara bajo la sombra de un quebracho.

Pero lo hemos olvidado. Nos hemos construido un presente prometedor de futuro. Somos ricos. Lo tenemos todo. Dentro de poco incluso -qué alegría- hasta disfrutaremos de nuestros propios guantánamos.

La tortura y la ficción

Javier Ortiz

¿Quieren acabar de raíz con estas polémicas? Lo tienen fácil. Legislen que todos los interrogatorios sean grabados en vídeo y que sólo lo grabado y firmado por el detenido pueda ser remitido al juez correspondiente.

Son ganas (y muchas) de enredar. El Parlamento vasco no ha apoyado ninguna denuncia falsa de torturas. Lo que el Parlamento vasco ha constatado, porque es así, y no tiene vuelta de hoja, es que ningún gobierno español, ni éste, ni el anterior, ni ninguno de sus antepasados, ha aceptado jamás que en algunas comisarías y cuartelillos de España se producen torturas. Y no lo ha aceptado no ya cuando lo han señalado taxativamente los informes anuales de Amnistía Internacional, poco sospechosa de connivencia con ETA, ni cuando lo ha constatado el relator de la ONU, sino ni siquiera cuando los propios tribunales españoles han pronunciado sentencias firmes contra tales o cuales policías torturadores.

No sólo los agentes condenados han sido mantenidos en su empleo y se las han arreglado para no ingresar en prisión, sino que, en algunas ocasiones y para más recochineo, han sido condecorados. O ascendidos, como Rodríguez Galindo (astuta idea de Belloch). Pasó un corto periodo entre rejas, pero ya está también en la calle.

Claman con aire ofendido nuestros gobernantes y sus acólitos que hablar de torturas es hacer el juego a ETA. En primer lugar: las denuncias de torturas no se refieren sólo a miembros de ETA. Según los informes existentes, la mayoría de los malos tratos afectan a detenidos por presuntos delitos de derecho común. En segundo término: es el encubrimiento de las torturas lo que más beneficia a ETA, porque la rabia resultante nutre sus filas.

¿Quieren acabar de raíz con estas polémicas? Lo tienen fácil. Legislen que todos los interrogatorios sean grabados en vídeo y que sólo lo grabado y firmado por el detenido pueda ser remitido al juez correspondiente.

¿No les dice nada que haya habido detenidos que se han confesado autores de crímenes que luego se ha sabido que habían sido cometidos por otros? A lo peor fueron sutilmente animados a ello. En tiempos del franquismo se decía: “Tras un hábil interrogatorio…”. Pregunten en la Audiencia Nacional: allí sí que lo saben, aunque no les guste hablar de ello.

Es todo un juego de imposturas y ficciones. Aquí hay mucha gente que engaña, pero nadie se engaña.

En plena alianza con la extrema derecha, la jerarquía católica dice que en España no hay libertad religiosa

Juan Torres

El cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, ha vuelto a realizar manifestaciones completamente estrambóticas y reaccionarias, a las que se suma el jefe de la jerarquía eclesiástica, el cardenal Rouco Varela. En la fiesta del Corpus Christi ha declarado que en España “no hay libertad religiosa” y una vez más se ha vuelto a quedar tan tranquilo.

Estos poderosos mitrados olvidan que su Iglesia goza desde hace decenios (gracias a su connivencia con un régimen que anuló las libertades y que asesinó y encarceló a cientos de miles de ciudadanos) de privilegios financieros e institucionales que son radicalmente impropios de cualquier estado democrático.

Aquí, en contra del más mínimo respecto a los ciudadanos que no tienen creencias religiosas, los ministros toman posesión de sus cargos delante de un crucifijo y de los Presupuestos Generales del Estado se destinan más de 5.000 millones de euros anuales a financiar a la Iglesia Católica:

- 170 millones de euros en aplicación de la opción de los contribuyentes al hacer la declaración de la renta.

- 517 millones de euros para pagar los sueldos de los más de 15.000 profesores de religión en la enseñanza pública.

- 3.200 millones de euros para la financiación de la enseñanza concertada religiosa.

- 800 millones de euros en concepto de cesiones de terrenos, exenciones y bonificaciones fiscales.

- 200 millones de euros para mantenimiento del patrimonio inmobiliario eclesiástico.

- 30 millones de euros para sueldos de capellanes en el ejército, hospitales y prisiones.

De modo vergonzoso, y paralelamente a esta financiación privilegiada, trece organizaciones religiosas participaron en actividades financieras ilegales destapadas en el llamado “caso Gescartera” y la jerarquía controla la empresa SICAV para invertir en acciones de empresas como Pfizer, que fabrica anticonceptivos de los que luego impide utilizar a sus fieles, en fabricantes de licores o en las que explotan o en otras que han explotado a mujeres y niños o el medio ambiente como Inditex o Endesa.

Y por si todo eso es poco, los jerarcas de la Iglesia católica española financian con el dinero de todos los ciudadanos una cadena de radio en la que insultan a los gobernantes que no sean de extrema derecha (como incluso ahora está pasando con Mariano Rajoy), se difunden mensajes racistas y xenófobos, se lanzan proclamas ultraderechistas y se crea un clima de maniqueísmo totalitario que no hace sino dividir a la población y crear odio y enfrentamiento.

Dirigentes católicos como Calizañes y Rouco son los responsables de todo esto, creo yo que en contra de millones de fieles católicos que viven sus creencias al margen de esta deriva hacia la extrema derecha de sus jerarcas pero que desgraciadamente permanecen demasiado callados.

Yo no creo que tengamos que permanecer en silencio. No podemos hacerlo. Es preciso levantar la voz y exigir a la jerarquía católica respeto a los valores constitucionales y sometimiento estricto a los principios de la democracia, siquiera sean tan débil como la nuestra. Ni Cañizares, ni Rouco y compañía son más que los demás, ni los demás debemos estar dispuestos a aceptar que ellos actúen y disfruten de privilegios como si fueran portadores de derechos vedados al común de los ciudadanos. Ya está bien. Están en su derecho de organizarse y actuar en las filas de la extrema derecha más radical pero deberán entonces someterse a la misma prueba de representatividad que otros políticos y partidos. El Estado democrático debería ser rotundo y decirle muy claramente a estos dirigentes de la extrema derecha que hasta aquí hemos llegado.

Miles de litros de agua dulce se tiran al mar en San Cristóbal

Comerciantes y hoteleros están molestos por la extracción de agua del mar que están provocando las obras del aparcamiento subterráneo de San Cristóbal.

Se están tirando miles de litros de agua dulce al mar mediante tuberías enterradas en la arena. Estamos ante un auténtico atentado ecológico. Según hemos podido comprobar, el nivel freático ha subido de una manera preocupante. La zona se ha convertido en una piscina de agua dulce que se está yendo al mar. Si el acuífero sigue perdiendo agua, existe el riesgo cierto de que se mezcle el agua dulce de la vega con la salada del mar.

GRANADA LAICA: REUNIÓN DE JUNIO

DIA: JUEVES, 5 de JUNIO    

HORA: De 18 a 20 horas

Después seguirá una tertulia en las Bodegas 3M (Calle Santa Bárbara)

 

LUGAR: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Aula  Seminario 2ª planta

 

ORDEN DEL DÍA:

Lectura de actas anteriores (abril y mayo)

TEMA DEL MES: ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN EN LOS CENTROS (Ponente Pepe Aguilar)

Resumen Debate Rituales laicos

Campaña SEPARACIÓN IGLESIAS-ESTADO

Campaña OBJECIÓN FISCAL

Campaña “Religión fuera de la escuela” 

Propuestas y aportaciones: Apostasía, Propuestas para el Día del Laicismo 2008, ...

Ruegos y preguntas