Javier Terriente
Presidente de Izquierda y Futuro
Desde finales de los años ochenta, la fiebre de la privatización de los servicios públicos afecta a toda clase de gobiernos e instancias de poder. Su justificación doctrinal resulta familiar: el sector público es ineficiente, opaco, anticuado y corrupto, mientras el mundo de la empresa es sinónimo de capacidad, transparencia, responsabilidad social y modernidad.
El caso de la privatización del ciclo del agua en el área metropolitana de Granada es paradigmático. Dos empresas: Emasagra y Aguasvira, controladas por Aguas de Barcelona (Agbar) explotan en régimen de monopolio el mercado del agua. Emasagra, a pesar de que era la empresa municipal más rentable de Granada capital, fue privatizada en 1997; gestiona el agua de la ciudad y de los municipios del consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, y abastece a 337.811 hb.
El Ayuntamiento de la capital es propietario del 51% de las acciones y el resto, el 49%, pertenece a Aquagest Sur, una empresa formada al 50% por Agbar (Aguas de Barcelona) e Hidrocartera, que su vez, es propiedad de Unicaja (70%) y Caja Granada (30%).
Aguasvira, constituida en 1999, repite este mismo esquema societario: el 51% pertenece al consorcio de la Vega Sierra Elvira y presta sus servicios a unos 130.000 hb, y el 49% a Aquagest Sur, con igual reparto accionarial que en Emasagra. Por tanto, a través de Aquagest Sur, Aguas de Barcelona es la empresa matriz de la que depende la estrategia, el modelo de gestión y la contratación del personal directivo de ambas empresas.
Pero si se asciende por la pirámide empresarial del Grupo Agbar, ¿qué nos encontramos?: un holding multiservicios de dimensiones mundiales: Suez, el gigante francés del agua y de la energía, recientemente fusionada con Gaz de France, que junto con Veolia (la antigua Vivendi, restructurada tras la monumental estafa de su presidente, Messier, en 2004) se reparten el 70/80% del mercado mundial del agua. Suez controla a Agbar a través del 51% de Hisusa, que es propietaria del 47% del Grupo, y, aparte tiene un 1.45%. El 49% restante de Hisusa pertenece a la Caixa Holding. Los demás accionistas de Agbar son Juan Abelló (6.6%) y Amancio Ortega dueño de Inditex (5.10%); el resto (39.9%) sale a Bolsa.
El hecho de que el agua esté bajo el dominio monopolístico de estas grandes empresas es decisivo en el establecimiento del precio, la calidad del servicio y en la situación laboral de sus empleados, pero sobre todo: a) añade dificultades a las administraciones y usuarios para controlar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos; b) debilita a la democracia municipal frente a las presiones corporativas de estas empresas; y c) es determinante en el modelo de ordenación del territorio.
No es casual que el historial de servicios de Suez y Agbar, esté plagado de un sin fin de irregularidades, sobornos, escándalos financieros, cajas B, contrataciones de amigos y familiares de responsables políticos, alianzas para el reparto del mercado, protestas ciudadanas, que llegan desde todos los puntos del planeta, incluida España.
Llama la atención la durísima hipoteca que le supone a los ayuntamientos la duración desmesurada de las concesiones: Aguasvira, 25 años, y Emasagra, prorrogada hasta 2047, en tanto los mandatos municipales son de cuatro años. Al mismo tiempo, dichas concesiones refrendan un claro desequilibrio de poder, reflejado en un sustancioso “reparto de tareas”: los ayuntamientos son propietarios de las redes e instalaciones de agua; la Junta, el Estado y la UE realizan las inversiones importantes en obras e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, a veces encargadas a ACSA, la constructora del Grupo; y Agbar, por último, obtiene unos abultados beneficios sólo por gestionar el agua y administrar el recibo.
Una muestra de ello es el Convenio entre la Junta de Andalucía (Agencia del Agua), los consorcios Vega Sierra Elvira, Sierra Nevada-Vega Sur y los ayuntamientos de la zona para la creación de las infraestructuras del ciclo integral del agua en el área metropolitana de Granada a partir de 2006 (¿), con una inversión prevista de 161.838.113 euros, financiada en su totalidad por las instituciones y/o ciudadanos: 60%, Junta de Andalucía, 40%, consorcios y municipios, vía presupuestos (ayuntamientos) o canon especial (vecinos). ¿Duración del Convenio?: 25 años.
Es evidente que el futuro de este tipo de empresas depende del desarrollo de economías de escala, por lo que necesitan influir sobre los planeamientos urbanísticos locales con el fin de expandir el mercado del suelo y de la vivienda “ad infinitun”. De ahí que, por pura lógica de política hidráulica empresarial, la vía que conduce a generar más mercado, más clientes, o más contadores, pasa por presionar y modificar las normas de ordenación del territorio más allá de lo sostenible y socialmente necesario.
La respuesta a este modelo de desarrollo se encuentra en la localización de las previsiones del Plan integral de Abastecimiento y Saneamiento antes señalado, cuyo trazado de ramales de abastecimiento, instalaciones de bombeo y depuración está diseñado en función de unas expectativas de crecimiento urbanístico desordenado e ilimitado, amparado en los nuevos PGOU aún sin aprobar: por ejemplo, el proyecto de construcción de Ciudad Ilíberis, una macrourbanización de más de 9878 viviendas y campo de golf de 18 hoyos promovida por Aifos (recordemos que su presidente y otros directivos están imputados en la Operación Malaya, así como en numerosas causas pendientes en los Juzgados de Málaga), y Medina Elvira Golf: 3.500 viviendas y campo de golf de 18 hoyos (se le concedió licencia para un proyecto de 9 hoyos), ambas en Atarfe.
Jamás se ha visto tanta afición al golf en el área metropolitana. Quizá por eso, hay previstos, al menos, otros seis campos, con otras tantas grandes urbanizaciones, en Albolote (junto a los antes mencionados de Atarfe), Santa Fe, Otura (además del Club de Golf el Green), las Gabias, Gojar y Dilar (dos campos interconectados y el Parque temático Milenarium), etc. Reseñar que un campo de 18 hoyos consume tanta agua como una población de 12000 hab.
Paradójicamente, sólo Granada ciudad y otras cinco pequeñas localidades próximas depuran sus aguas residuales, y 43 núcleos de población y los polígonos empresariales, salvo el de Cijuela y Fuente Vaqueros, carecen de EDAR y vierten a la red general o directamente al exterior, actuando como último receptor el acuífero de la Vega.
En conclusión, el 41% de estas aguas residuales va a las acequias, y el 58% a los ríos; el 1% restante, al capítulo de “varios”. Sobran comentarios.
