Pondrán una antena en tu terraza si les da la gana. El permiso se lo han dado el PSOE y el PP, cogidos de la mano para expropiarte en su beneficio
Valderas explica que se trata de evitar "disfunciones" en la prestación de los servicios hasta que se dirima el conflicto ante el Constitucional. Cree que la oferta de diálogo de Montoro llega tarde.
El Gobierno andaluz ha aprobado este martes un decreto ley para "blindar" las competencias de los ayuntamientos andaluces, sobre la base del Estatuto de Autonomía y de las normas autonómicas (Laula y Patrica), frente a las "graves" consecuencias de la reforma de la administración local emprendida por el Gobierno central.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha manifestado que con este decreto, el Ejecutivo andaluz "planta cara" a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, con la que la que el Gobierno central pretende "más tutelaje, menos democracia y menos participación".
Asimismo, ha indicado que se trata de que prevalezcan las leyes andaluzas tanto en el plano competencial como de los recursos, mientras el Tribunal Constitucional no dirima sobre el recurso de inconstitucionalidad que hay planteado contra la norma estatal.
En cuanto al anuncio del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la convocatoria de la comisión mixta con la Junta ante el "innecesario" decreto ley aprobado por el Gobierno andaluz, Valderas ha señalado que ese diálogo "llega tarde", pero "bienvenido sea" y ha criticado que el ministro solo muestre interés cuando el Ejecutivo autonómico ha "plantado cara en defensa del municipalismo". Ha recordado quedesde hace 15 meses, la Junta ha demandado diálogo al Gobierno sobre la reforma local y solo ha obtenido la "callada por respuesta". Para Valderas, el paso que ha dado ahora el ministro pone de manifiesto que la Junta tiene "razón".
Tras destacar que otras comunidades ya han aprobado una norma similar a la andaluza, como Castilla y León, País Vasco y Galicia, Valderas ha indicado -tras ser preguntado sobre si temen un recurso del Gobierno contra el decreto- que no tendría sentido que el ministro Montoro obviase esa realidad y se centrara en una "manía persecutoria" hacia Andalucía.
Para Diego Valderas, Andalucía vuelve a "poner un dique de contención al desmantelamiento" de los servicios públicos que pretende el Gobierno con la reforma local. Así, con este decreto, se permitirá que los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios municipales tan importantes como los sociales o los relacionados con la educación, salud o el consumo. Ha advertido de que ningún ayuntamiento ni diputación "podrá escudarse" ya en la Ley estatal "para dejar de prestar un servicio público trascendente" para sus vecinos.
Según ha explicado el vicepresidente, el decreto se dirige a preservar los 40.000 empleos públicos que la reforma local del Gobierno pone en riesgo en Andalucía y los casi 1.400 millones de euros que los ayuntamientos reciben anualmente de la Junta para que puedan seguir prestando servicios en ámbitos tan relevantes como los servicios sociales, la educación, la salud y el consumo.
El Decreto ley, que cuenta con el dictamen del Consejo Andaluz de Concertación Local, hará así prevalecer la normativa autonómica hasta que se resuelva el recurso presentado por la Junta ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de reforma local. En primer lugar, la regulación aprobada establece que siguen siendo competencias propias de los ayuntamientos las 29 que recoge el Estatuto andaluz y desarrolla la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula).
Asimismo, interpreta la aplicación de la reforma local en el sentido de acotar al máximo el concepto de duplicidad para no interferir en la capacidad de autogobierno. De este modo, se considera que sólo se dará esta circunstancia si las competencias que los municipios ejercen coinciden con las de la Junta en el mismo territorio y para la misma población, y si no son complementarias.
El Decreto ley aclara las incertidumbres jurídicas que plantea la aplicación de la ley estatal y evita los vacíos competenciales que pueden producirse hasta el pronunciamiento del TC sobre el recurso de la Junta, especialmente en servicios sociales, sanidad y educación.
En esta línea, se regula el procedimiento para el ejercicio de las competencias denominadas impropias o por delegación, así como el relativo a la adaptación de los convenios firmados entre las administraciones autonómica y local para la financiación de las mismas. Los informes preceptivos en ambos procedimientos no serán necesarios si las competencias se vienen ejerciendo desde antes de la entrada en vigor de la reforma local aprobada por el Gobierno, salvo que se detecte la ejecución simultánea de un mismo servicio público o el ayuntamiento no cuente con financiación.
El informe sobre inexistencia de duplicidades o de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración, lo emitirá la consejería competente en la materia de que se trate. Si es favorable, se remitirá a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que a su vez elaborará el dictamen sobre sostenibilidad financiera.
Respecto a la adaptación de los convenios de cooperación y delegación de competencias, para los que la ley estatal exige también el filtro de la sostenibilidad financiera, el decreto de la Junta incluye una cláusula de garantía del cumplimiento de pago por parte de la administración autonómica. En virtud de ella, se autorizará a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que corresponden a la comunidad por aplicación de su sistema de financiación.
Como bases jurídicas, el decreto ley toma el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, que otorga a la comunidad competencias exclusivas sobre régimen local; la doctrina consolidada del TC, que encomienda a la legislación básica estatal la garantía de la autonomía local, y la propia Disposición Adicional Tercera de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que hace referencia expresa al respeto a las atribuciones exclusivas de las comunidades.
Arturo González
O Izquierda Plural si prefieren llamarlo así.
Porque es el menos imperfecto, el menos corrupto y el más audaz y novedoso en sus propuestas. A pesar de su, en mi opinión, decisión equivocada en Extremadura. El que más luchará por los débiles y contra las injusticias y desigualdades. Yo no soy comunista, pero me aflige que unos tengan, tengamos, tanto y otros no tengan nada.
Creo que este partido es el que más y mejor luchará contra esto en Europa y en España. Porque supone una aspiración razonable dentro de lo posible. Sin querer destruir ningún edificio, pero remodelando estructuras. El que más atenderá y consultará los deseos de los ciudadanos. Paradójicamente el menos dogmático, aunque muchos de sus seguidores lo sean. El más transparente, y por ello el más odiado. El que no permitirá que 50.000 familias pierdan sus hogares cada año, y que dos millones de niños españoles vivan en la pobreza. Un partido con peso específico consolidado, que no es una aventura ocasional o irresponsable. El más laico. El menos connivente con los intereses capitalistas. El que se enfrentará a Europa para suprimir o al menos atenuar el artículo 135 que nos hipoteca a perpetuidad. El que defiende mejor lo público. El que tiene menos casos en los tribunales. El que más ha tratado de identificarse con los jóvenes rebeldes indignados. El que discute la legalidad imperante y quiere cambiarla.
Lo ideal sería votar a un partido que estuviera entre el ala izquierda del PSOE y el ala derecha de IU. Pero ese partido no existe, y la elección no ofrece duda, varado como está el PSOE en sus contradicciones. El que defiende a España de una manera racional, permitiendo que los ciudadanos decidan su derecho a decidir, pero abogando por su unidad. El partido de los menos poderosos. El que quiere que los españoles sentencien si desean monarquía o república. El que no tiene miedo a los cambios constitucionales. El de integrantes menos enriquecidos, aun con alguna oveja negra en las Cajas. El que tenemos la certeza que denunciará los Acuerdos, actualmente inadmisibles, con la Santa Sede. El que se lo pensará dos veces antes de entrar en una guerra que decrete la OTAN. El inevitable árbitro de la España próxima. El menos disgregador, el más conciliador. El más digno. El que pretenderá parar la ola de derecha dura y extrema sobrevenida en Europa. El más humano con el drama de la inmigración. El que puede hacer que veamos a España desde una perspectiva distinta. El que no tiene trepas ni líderes carismáticos, ni falta que le hacen. El menos hipócrita En el que y con el que todos los españoles seremos menos desiguales. El menos hortera, el menos ambiguo y huidizo. El que aún podemos confiar en su palabra a prueba. El que atenderá razones. La mosca cojonera en Europa. El que, estoy seguro, creo, quiero pensar, que si no lo hacen bien dimitirán y se marcharán sin que nadie se lo exija. IU, la nueva resonancia magnética de España. Una posibilidad, una esperanza, un deseo.
Un total de 52 pensionistas de Almuñécar y La Herradura podrán disfrutar de unos dias de vacaciones en la Residencia de Tiempo Libre, en la localidad gaditana de Línea de la Concepción gracias al programa “Conoce tu tierra”.
Esto será posible al haberle concedido la Junta al Ayuntamiento sexitano un turno de vacaciones, del 16 al 20 de junio, para mayores en la citada residencia, dependiente de la Junta de Andalucía. La estancia es gratuita incluyendo alojamiento y media pensión (desayuno y almuerzo). No se incluyen las cenas. El día de la entrada, 16 de junio, sólo se incluye el almuerzo y el de salida, 20 de junio, sólo el desayuno. El desplazamiento correrá por cuenta del Ayuntamiento de Almuñécar.
Las 52 plazas concedidas al Consistorio sexitano, 40 plazas para Almuñécar y 12 plazas para La Herradura, se otorgarán por sorteo para pensionistas empadronados en Almuñécar, mayores de 60 años, siempre que sus ingresos no superen el doble del salario mínimo interprofesional: 1.290,60 euros.
La solicitudes se podrán realizar desde este martes, día 20 y hasta el día 30, tanto en el Patronato de las Viviendas de la Tercera Edad, como en la Tenencia de Alcaldía de La Herradura situada en el Centro Cívico. Una vez finalizado el plazo, se procederá al sorteo público que tendrá lugar el día 2 de junio, a las 12 horas en el Centro de Servicios Sociales de La Paloma.
El último pleno aprobó, con el voto en contra de IU, rechazar la nulidad de la licencia de obras para la construcción de 9 viviendas unifamiliares en Las Palomas. Esta licencia había sido concedida el 8 de marzo de 2005. La administración autonómica solicitó su anulación, siendo desestimada esta petición por el Ayuntamiento.
En 2013 el asunto llegó al TSJA, que pidió al ayuntamiento que revisara la licencia, dando en parte la razón a la Junta. En junio del mismo año, el pleno acuerda iniciar los trámites de revisión de la licencia y los técnicos municipales argumentan en su informe que la construcción se ajusta a la normativa urbanística.
El Consejo Consultivo andaluz, en su dictamen, establece que procede la declaración de nulidad de pleno derecho de la licencia de obras, ya que no se cumple el requisito de parcela mínima fijado en la ordenanza, que es de 1.000 metros para cada vivienda. En realidad, en una parcela de 1.700 metros se han construido nueve viviendas.
Igualmente, el Consejo Consultivo afirma que se incumple otro requisito esencial ya que se supera con creces la densidad poblacional, fijada en cuatro habitantes por parcela.
Aunque ya sabemos que los dictámenes del Consejo Consultivo no son vinculantes, no es razonable que el Pleno acuerde hacer caso omiso a un dictamen más que razonado que no hace sino dar a la razón a un argumento coherente esgrimido por la Junta en decenas de procedimientos similares, y es que no tiene lógica, cuando la parcela mínima para construir es de 1.000 metros, deducir que en una parcela de 1.700 se pueden hacer nueve casas. Podríamos discutir si con ese tamaño se pueden hacer una o dos viviendas, pero todo lo que sea superar esa cifra es ir contra la letra y el espíritu de esa norma que el ayuntamiento había aprobado en 1987 con el fin de reservar ciertas zonas del municipio para edificación residencial.
IU lamenta que se continúen con las mismas prácticas del pasado, haciendo caso omiso a los requerimientos de otras administraciones para no cumplir con la legalidad urbanística, ya que esta práctica a la larga sale muy cara a los ciudadanos de este municipio.
IU se sorprende por la postura del resto de la corporación, ya que sólo los concejales de IU mostraron su oposición a esta medida.
El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ha supeditado la sentencia para depurar la responsabilidad civil en los desperfectos en 400 viviendas de La Herradura (Granada) a un informe del Ayuntamiento de Almuñécar, tras el que decidirá quién costea las obras para estabilizar la urbanización.
El juzgado aceptó en la última de las ocho sesiones fijadas para el juicio la admisión de un requerimiento al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) para que especifique su tramitación de licencias y permisos en la urbanización Cármenes del Mar.
Los propietarios han mantenido la petición de condena para los ocho acusados de participar en el diseño y construcción de la urbanización, un complejo de La Herradura dividido en varias promociones con 425 viviendas que sufren graves desperfectos.
La urbanización se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros y desde su construcción, la ladera de Cerro Gordo (Almuñécar) en la que se ubica ha sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras 15 y desperfectos graves en la mayoría de las viviendas.
Durante el juicio, que se ha celebrado de manera intermitente desde el mes de febrero, los presidentes de las comunidades de vecinos aseguraron que al comprar las viviendas desconocían que el Ayuntamiento de Almuñécar no había recepcionado las obras del proyecto de urbanización general, un paso que una década después no se ha materializado.
Las defensas de los ocho demandados reiteraron durante el juicio que la urbanización ha sufrido averías y roturas, como la de un colector para los suministros de agua de todas las viviendas, que los propietarios no afrontaron en tiempo y forma para evitar filtraciones en la tierra y minimizar los daños.
Los afectados han pedido que los ocho acusados respondan de manera solidaria para costear los graves daños ocasionados en sus viviendas por el corrimiento de tierra y que paguen además el proyecto diseñado para estabilizar la ladera y evitar así nuevos desperfectos en sus casas.
Desde el inicio del proceso, los afectados se mostraron dispuestos a no percibir el total de la valoración de los daños pero sí la inversión suficiente para estabilizar la ladera.
La titular del juzgado de Primera Instancia 12 incluso paralizó temporalmente el juicio para ofrecer un plazo de negociación a las partes e instarles a firmar un acuerdo, sin que se materializara.
Un proyecto inicial con cifras ya desfasadas valoró en cerca de cuatro millones de euros la inversión necesaria para frenar el movimiento de tierras de Cerro Gordo y mejorar los daños estructurales de las viviendas, aunque sería necesario otro actualizado ya que desde el inicial se han incrementado los desperfectos.
La tesorería municipal ya está notando los efectos de la nueva tasa a cajeros aprobada a propuesta de IU. Hace un año, el Pleno debatió una propuesta del grupo municipal de IU para incrementar de forma notable la tasa que pagan los cajeros por ocupación de vía pública. La moción recibió los informes favorables de Rentas e Intervención, y fue apoyada por todos los grupos municipales, salvo CA, que no explicó en ningún momento el motivo de su oposición a esta medida.
En síntesis, esta moción proponia bajar la tasa por ocupación de vía pública a quioscos y puestos diversos mientras se multiplicaba por diez la tasa para los cajeros de los bancos. Con la nueva ordenanza, los quioscos pasaban a pagar 17€ por metro y mes, salvo aquellos que estuvieran situados en las calles de especial categoría, que pagarían 35€. En el caso de los cajeros de banco, que antes tenían la misma tarifa que un quiosko de chucherías, han pasado a pagar 300€ por metro y mes.
La situación anterior de esta tasa era tremendamente injusta. Un kiosco de chucherías, que necesita varios metros para obtener una venta escasa con la que a duras penas se mantiene una familia, pagaba más que un cajero que producía al banco importantes beneficios y apenas necesita ocupar un metro de vía pública.
Pasado un año de la implantación de la nueva tasa, ya podemos saber la repercusión que ha tenido la medida en la hacienda municipal. La aplicación de la nueva tarifa a los cajeros ha producido un incremento de 24.000 euros en los ingresos anuales. IU considera positivo este balance y defiende la necesidad de continuar avanzando en progresividad fiscal. Frente al incremento de impuestos que afectan por igual a unos y otros, IU defiende unos impuestos más justos y solidarios.
IU recuerda que existen otras iniciativas pendientes de desarrollar, como la subida del IBI a las viviendas vacías hasta el máximo legal establecido. Esta propuesta fue aprobada a iniciativa de Stop Desahucios y permitiría aumentar ingresos a la vez que estimular el mercado de alquiler.
El ayuntamiento sexitano necesita reducir gastos y aumentar ingresos para hacer frente a una importante deuda, pero esto no puede hacerse a costa del deterioro de los servicios públicos ni del aumento descontrolado de unas tasas e impuestos ya bastante elevados.
Maíllo: “¿A qué esperan el resto de empresas públicas para hacer lo que ha hecho AVRA?”
El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha abogado porque todas las agencias y empresas públicas de la Junta sigan el ejemplo de la reestructuración llevada a cabo por AVRA, la agencia pública de Vivienda y Rehabilitación dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda porque “es el ejemplo de lo que hay que hacer” en la administración andaluza.
Así, en su visita a Huelva en el día de hoy y tras conocerse la noticia de la reducción de 81 directivos de AVRA, el coordinador de IU Andalucía ha celebrado esta medida de reordenación porque es una demanda social “que las empresas públicas funcionen, que el que haya entrado a dedo se vaya a dedo, cero indemnizaciones y cero retiros dorados”, ha valorado.
Maíllo, que ha preguntado que a qué esperan el resto de agencias públicas y empresas para poner en marcha y acelerar medidas de este calado, ha recordado que el proceso de reestructuración de AVRA ha sido progresivo, tras la entrada de IU al gobierno con el que “se han quitado coroneles y se ha mantenido la intendencia, fundamental para el funcionamiento”. “No es solo voluntad política sino que son hechos que se convierten en ejemplo a seguir por el resto de las agencias y empresas de la administración andaluza” ha finalizado.
En concreto, la Consejería de Fomento ha anunciado hoy la supresión esta semana de 39 puestos directivos, los altos cargos de AVRA (antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA) han pasado de ser 107 al inicio de la legislatura a 26, lo que supone tres cuartas partes menos (75,7%). El porcentaje de directivos sobre el total de la plantilla ha pasado del 15,2% al 3,9%.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha culminado así su proceso de reestructuración interna, que ha supuesto un reforzamiento de su función social y una drástica reducción de su escalafón directivo.
La supresión de cargos directivos comenzó en 2012, tras detectar la Consejería que dirige Elena Cortés un claro sobredimensionamiento del alto escalafón de la Agencia, innecesario para la prestación de sus servicios. La eliminación de puestos de dirección ha sido gradual, si bien ésta ha tenido dos episodios fundamentales en octubre de 2012, con la eliminación de 30 directivos, y ahora con la culminación del proceso, cuando han sido suprimidos otros 39 cargos (de 65 a 26). El proceso se ha realizado tras la eliminación, en agosto de 2012, de las cesantías e indemnizaciones de los directivos cesados, consideradas por la Consejería privilegios injustificados e impropios de una empresa pública.
La estructura de alta dirección ha pasado de ocho áreas a cuatro, además del director y el subdirector. Las cuatro áreas de la actual estructura son Vivienda y Rehabilitación; Administración General; Gestión Financiera; y Fianzas. Las rebajas salariales han sido del 6,65% en el caso del director, del 13,35% en el del subdirector y del 6,48% en el de los directores de área. A ello se suma la rebaja salarial del 10,02% de los ocho gerentes provinciales.
El mayor sobredimensionamiento se encontraba en el escalafón de los directivos intermedios, que totalizaban 89 al inicio de la legislatura. Esta figura desaparece con la nueva ordenación, siendo sustituida por 12 jefes de unidad: Coordinación; Auditoría, Control y Evaluación; Gestión de Activos; Vivienda Pública; Rehabilitación; Alquiler; Asesoría Jurídica; Servicios Generales; Recursos Humanos; Informática; Gestión Presupuestaria y Contabilidad; y Tesorería. El gasto anual se reduce un 81,92% con respecto al antiguo esquema de dirección intermedia.
Reducción del gasto
La reducción del gasto en el apartado directivo de AVRA es de 2,6 millones anuales. Ello ha de añadirse a la reducción del gasto en alquileres de sedes, 2,3 millones de euros anuales, y a la lograda mediante internalizaciones de servicios (fundamentalmente de trabajo en el parque público de vivienda e informática), de 7,2 millones al año. En total, la reducción de gasto anual en estos tres conceptos alcanza los 12,1 millones de euros.
“AVRA ha demostrado que la empresa pública puede gestionarse y hacerse viable en tiempos de estrechez económica mediante la elevación de las exigencias éticas, anteponiendo siempre criterios de eficiencia y utilidad pública y poniéndose al servicio de la mayoría social”, ha señalado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, que ha destacado que AVRA “ha reforzado su función social, abandonando las inercias de los años del boom inmobiliario y centrándose en la promoción del alquiler, la rehabilitación, la eficiencia energética, la renovación urbana y las políticas de intervención física y social en las más de 80.000 viviendas del parque público”.