Francisco Fernández. Responsable de Comunicación. IU Almuñécar
‘En Granada no cabe ni un hotel más. Sobran casi la mitad de los hoteles. Es necesaria una moratoria en la construcción de plazas hoteleras.’
Quien así se expresaba en los medios de comunicación el 8 de abril de 2014 no era un izquierdista o un ecologista trasnochado, sino el Presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje de Granada. Gerardo Castilla explica que ‘lo que tenemos que hacer es rentabilizar las que tenemos, no abrir más plazas hoteleras.’
Seis días después, el Presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, hace la misma reflexión y señala la inconveniencia de construir nuevos hoteles cuando muchos de los que hay no son rentables.
Las palabras de estos dos representantes del sector ponen de relieve algo que, desde Izquierda Unida, venimos señalando hace bastante tiempo. No tiene ningún sentido abrir nuevos hoteles cuando muchos de los que ya tenemos cierran seis o siete meses al año y andan recortando plantillas o utilizando de forma abusiva los contratos por horas que ofrecen las Empresas de Trabajo Temporal.
En nuestro municipio, Almuñécar, el debate tiene especial relevancia. Gracias a una intoxicación tremenda por parte de algunos grupos ligados a la especulación, el conjunto de fuerzas políticas y sociales, con honrosas excepciones, ha conseguido que buena parte de la ciudadanía identifique progreso con construcción de más y más hoteles.
El debate es falso e interesado. En Izquierda Unida estamos completamente de acuerdo en favorecer la construcción de instalaciones hoteleras que atraigan turismo y creen empleo. Pero es una falacia afirmar que los problemas de paro que hay en el municipio son achacables a la falta de instalaciones hoteleras. Mirando a Marbella, por ejemplo, podemos ver cómo se pueden dar tasas elevadas de paro y una planta hotelera enorme, que permanece infrautilizada buena parte del año.
Por eso, tienen especial relevancia las declaraciones de los responsables empresariales del sector, que han puesto uno de los dedos en una de las llagas.
En el municipio sexitano hay cerca de dos mil plazas hoteleras que están cerradas medio año porque no tienen clientes. Mientras no acabemos con la estacionalidad, la situación seguirá igual. La obligación de las empresas hoteleras y de las administraciones es colaborar para que el municipio sea atractivo todo el año y no sólo en verano.
Pero es que, dejando a un lado el problema de los hoteles que cierran medio año por falta de negocio, hay un buen número de hoteles que sacan adelante el año con índices de ocupación que dejan mucho que desear y que sobreviven gracias al turismo bonificado de las personas mayores, un turismo que deja poco dinero pero que permite a ciertos hoteles seguir abiertos y mantener una parte importante de la plantilla.
Oyendo las declaraciones habituales de hoteleros y gobernantes, parecía haberse llegado a un curioso consenso en demandar el crecimiento ininterrumpido de la oferta hotelera. Siempre he creído que esta postura era contraproducente e irracional. No me imagino, es mi razonamiento, a un taxista pidiendo que se den más licencias, o al propietario de una farmacia, pidiendo que se abra la mano para establecer más negocios que le hagan competencia.
No es éste un sector regulado como el taxi o las farmacias. Y no debe serlo. Pero estas declaraciones de los máximos responsables del sector turístico han de ser tenidas en cuenta por las administraciones.
Como bien decía el Delegado Provincial de Turismo, no es competencia de la administración autonómica dar licencias de obras o de apertura, un terreno reservado a los ayuntamientos.
Quizá no se trate tampoco, como piden estos responsables del sector empresarial, de prohibir la apertura de nuevos establecimientos. Parece más lógico que sea el propio sector el que se autorregule invirtiendo o dejando de invertir en función de unas expectativas reales.
Pero sí podríamos estudiar la conveniencia de que, llegados a esta situación, las administraciones se plantearan si tiene sentido seguir dando incentivos y cuantiosas bonificaciones a la implantación de nuevos negocios hoteleros. Al fin y al cabo, esos incentivos, esas bonificaciones y subvenciones salen del bolsillo del contribuyente, por lo que cabría preguntarse si es lógico gastar dinero en la ampliación de un sector ya de por sí sobredimensionado.
Podríamos dedicar ese dinero a la mejora de lo que ya existe, ligando las ayudas a la creación de empleo estable y cualificado.
Podríamos dedicar ese dinero apoyando a las administraciones locales para que potencien la oferta turística mejorando la limpieza de los pueblos, aumentando la oferta cultural, cuidando el patrimonio artístico e histórico, mejorando los senderos peatonales… y un largo etcétera que está en la mente de todos.
Concluyendo, es hora de revisar viejos clichés y asumir que el desarrollo de nuestro turismo no pasa por aumentar el número de hoteles sino por conseguir que abran doce meses aquellos que tenemos cerrados medio año y por mejorar la calidad de nuestras instalaciones y equipamientos, tanto públicos como privados.
