Andalucía abre un expediente al 'banco malo' por incumplir la función social de sus VPO

La Sareb se enfrenta a sanciones de hasta 109 millones de euros por no haber puesto a disposición de los registros municipales de demandantes sus 911 inmuebles protegidos.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como ’banco malo’, por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma.

Según indica la Junta en una nota, las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros, siempre que la Sareb no acredite ante la Consejería que dirige Elena Cortés haber puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida los al menos 911 inmuebles de esta tipología que posee en Andalucía.

Estos registros establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. La Consejería ha notificado a la Sareb el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.

La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes.

La Consejería que dirige Elena Cortés ha enviado a la Sareb un requerimiento oficial de información y documentación acreditativa de la puesta a disposición de sus viviendas protegidas en los Registros. Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros. Por lo tanto, los procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería podrían suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado que la Sareb no ha puesto sus 911 viviendas a disposición de los Registros.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha tenido conocimiento de la existencia de estas 911 viviendas protegidas titularidad de la Sareb que supuestamente incumplen su función social a través de información oficial de la propia sociedad de gestión.

La Presidencia del Gobierno de España recurrió ante el TC el 18 de diciembre de 2013 varios preceptos la Ley de Función Social de la Vivienda. En dicho recurso, así como en el anteriormente presentado el 9 de julio de 2013 contra el Decreto precedente, la Presidencia del Gobierno adjuntó entre su documentación un informe de la Sareb, titulado ’Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía’, que señala que "en torno a un 12 por ciento de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en el territorio andaluz", un total de 6.379 viviendas que desglosa en cuanto a vivienda libre primera residencia, 4.473; vivienda libre segunda residencia, 995; vivienda protegida, 911.

La Junta ha recordado que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda "no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social". Ha añadido que "los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes".

El acuerdo plenario sobre el Mercado prolonga la incertidumbre y aleja la posibilidad de resolver al problema

IU lamenta que no se aprobara en Pleno la resolución del contrato con la empresa que gestiona el aparcamiento. Si en el Pleno de septiembre, sólo un grupo se opuso a anular el contrato, en este han sido dos los grupos que han tomado ese camino, con un cambio de postura sorprendente del grupo socialista. Respecto al grupo que lleva dos años mintiendo y enredando en este tema, IU no espera nada nuevo. Sabemos que su único interés es bloquear la situación y que el problema dure, al menos, tanto como los hoyos de las playas.

La ciudadanía tiene que saber que hasta que no se acuerde la nulidad del contrato, nada se puede hacer en el aparcamiento y, por tanto, ninguna obra se puede acometer en el mercado. La actitud de los grupos que pidieron una negociación imposible sólo puede conducir a prolongar en el tiempo un problema que ya tenía que estar resuelto. No es razonable volver a defender en Pleno que la solución es una negociación entre ayuntamiento y empresa ya que esa negociación se ha intentado en varias ocasiones sin éxito. Y menos serio aún es que un grupo municipal diga que va a mediar entre ayuntamiento y empresa. Se supone que los grupos municipales somos ayuntamiento y tenemos que defender los intereses del municipio, no mediar entre ayuntamiento y empresa.

Los grupos que hablan de una negociación imposible deberían explicar sobre qué bases se sustentaría esa negociación, qué ofrece la empresa y, sobre todo, qué se pide al ayuntamiento, es decir, al contribuyente. Hasta ahora, lo único que sabemos es que la empresa ya pidió hace un año romper el contrato, pero siempre que se le indemnizara convenientemente. Cada vez que la empresa ha hablado de retomar las obras ha sido a cambio de unas cantidades desorbitadas que una administración municipal seria no puede aceptar. La alcaldesa no maneja su dinero, sino el de todos los ciudadanos, así que IU estará en contra de una solución que suponga malgastar el dinero público.

IU insiste en que el contrato hay que anularlo, no hay otra vía, pero demostrando que la empresa ha incumplido al no hacer las obras pactadas. Y esto sólo se puede hacer con permiso del Consejo Consultivo. Si se cierra este camino, el ayuntamiento lleva las de perder. La empresa quiere dejar el contrato, ya que se siente engañada por el ex alcalde, al que acusa de haberla metido en un berenjenal, pero pide para anularlo nada más y nada menos que 4.275.978,25€ en concepto de obra realizada, canon aportado, gastos diversos e indemnización. Somos todos los ciudadanos quienes tendríamos que pagar ese dinero, así que ya está bien de jugar alegremente con el dinero del contribuyente. No tenemos claro en qué lado están algunos en este conflicto entre empresa y ayuntamiento, pero el lugar de IU está de forma inequívoca a favor del ayuntamiento, a favor del contribuyente.

IU critica de nuevo la lentitud y los errores administrativos del gobierno municipal en este tema, pero la obligación de unos concejales que se preocupan por su pueblo es la de colaborar a que esos defectos se subsanen en vez de ponerse del lado de la empresa, algo que se está haciendo de forma consciente o inconsciente.

IU espera que la cordura se imponga en el grupo socialista y el aliado que encontró Benavides en el Pleno reconsidere su actitud, ya que de persistir en la negativa a anular el contrato, se está bloqueando la situación, con lo que se impide dar una solución al mercado. Malo para los puestos del mercado, malo para la ciudad y malo para los contribuyentes

Benavides olvidó incluir en su comunicado sobre licencias en Crímenes del Mar algunas dadas por él mismo; estas, por ejemplo

Junta de Gobierno Local del 23 de noviembre de 2004 

 3) CERRO GORDO, S.L., representado por D. Manuel Rodríguez-Acosta Márquez, con domicilio en Gran Vía de Colón nº 14, Granada, solicita Licencia Municipal de Primera Ocupación de 90 Viviendas, 6 Duplex y Sótano-Garaje, situado en la Urbanización "Los Cármenes del Mar", Pacela ZHC9, del Plan Parcial P-10, Cerro Gordo, La Herradura.

   Visto el expediente de referencia e Informes Técnicos de Arquitectu­ra e Ingeniería y Jurídico Favorables, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó acceder a lo solicitado y conce­der Licencia Municipal de referencia.

Junta de Gobierno Local del 19 de agosto de 2004

2) Cerro Gordo, S.L., CIF B-28.523.363, representada por D. Manuel Rodríguez-Acosta Márquez, NIF 814.988-Y, C/ Gran Vía de Colón 14, Granada, solicita Licencia Municipal de Primera Ocupación Parcial de 2 Viviendas, núms. 4 y 5, del Proyecto de 5 viviendas unifamiliares situadas en Los Cármenes del Mar, 5ª Fase, Parcela ZRE-2, del Plan Parcial P-10, Cerro Gordo, La Herradura, y vistos informes favorables Técnico y Jurídico, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó conceder licencia Municipal de Primera Ocupación solicitada.

Qué hizo IU cuando el ayuntamiento tenía un problema con un concesionario que bloqueaba un aparcamiento

5º.- Concesión aparcamiento subterráneo en Plaza Abderramán.- Por Acuerdo de Pleno de fecha 16 de enero de 2007 se adjudicó a la empresa ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES UCOP S.A., el  contrato de concesión  para la redacción del proyecto, construcción, conservación y explotación de un aparcamiento subterráneo en Plaza de Abdherramán.

En el apartado cuarto del acuerdo citado, se establece que el adjudicatario tendrá que formalizar contrato administrativo en el plazo de 30 días contados a partir de la notificación, y en caso de no proceder según lo formulado en los apartados segundo y tercero el Ayuntamiento procederá a la resolución de la adjudicación.

En fecha 12 de febrero de 2007 se notificó a la empresa ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES UCOP S.A, el acuerdo de pleno de 16 de enero de 2007, sin que hasta la fecha se haya formalizado contrato administrativo.

Si el contrato no puede formalizarse dentro del plazo estipulado, por causa del contratista, la Administración puede bien compeler al cumplimiento, bien acordar la resolución del contrato perfeccionado por la adjudicación siguiendo el procedimiento que marca el artículo 54.3 del TRLCAP. (Audiencia al contratista y, cuando se formule oposición, informe del Consejo de Estado. Y si ello conllevara la ejecución del aval, igualmente habría que dar audiencia a la entidad avalista, para que alegue lo que estime a su derecho).

   El Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor de los concejales convergentes e IU y diez abstenciones de populares, socialistas y andalucista, acuerda:

Primero.- Acordar la resolución del contrato perfeccionado por la  adjudicación notificada el 12 de febrero de 2007, siguiendo el procedimiento que marca el artículo 54.3 del TRLCAP y art. 109 RD 1098/2001 de 12 de octubre RGLCAP.

Segundo.- Dar  audiencia al contratista por plazo de DIEZ DÍAS naturales, (art. 109 RD 1098/2001 de 12 de octubre RGLCAP), con indicación expresa de que si no presenta alegación alguna se entenderá que no manifiesta oposición a la resolución del contrato. El interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Tercero.- Proceder a la ejecución de la garantía provisional, dando previamente audiencia al avalista o asegurador por plazo de DIEZ DÍAS naturales.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Tesorería.

La desbandá: salida desde el cementerio de La Herradura el domingo a las 10. Llegada al Parque Mediterráneo a las 13

La desbandá

IU Motril critica la gestión de gobierno en el caso de la Escuela de Música

La formación de izquierdas ha manifestado su firme apoyo a los 8 profesores despedidos de la Escuela Municipal de Música y Danza, que tras la firma de un preacuerdo demostrando su predisposición al dialogo y donde la principal petición de los músicos ha sido el restablecimiento del servicio como público. 

La formación de izquierdas ha alabado la profesionalidad de los profesores que con este preacuerdo han demostrado que su única pretensión era “la de mantener un servicio público difusor de la música y la cultura pero sobre todo que sea asequible para tod@s los ciudadan@s. Pero la actitud del Gobierno Municipal vuelve a ser burda y  falsaria, ya que han demostrado que son incapaces de gestionar de la misma forma que son incapaces de decir una verdad, a lo que debemos sumar las cantidades de dinero público que a los motrileños nos está costando,  en concepto de pago de indemnizaciones por despidos, todos ellos provocados por la actitud vengativa y revanchista de los miembros del PP Motrileño”. 

La Concejala de la formación, Daniela Paqué, además  ha rechazado con rotundidad los motivos que alegó en su momento el Gobierno Municipal para justificar el cierre de la misma: “Decir que le Escuela de Música era un servicio deficitario es faltar a la verdad, ya que se auto gestionaba prácticamente gracias el esfuerzo e ilusión de un grupo magnifico de profesionales, que lograron hacer de ella un referente a nivel provincial y andaluz, donde llegaron a estar matriculados más de 500 alumnos,  todo ello gracias al firme compromiso tanto de los profesionales del centro como al compromiso de los responsables políticos encargados de la gestión del servicio en aquellos años que eran de IU”. Ha explicado Paqué

Pero para Paqué,  el PP desde que llegó a la Alcaldía deterioró de manera intencionada las condiciones del servicio- “La falta de compromiso, la dejadez de funciones, la incompetencia manifiesta de las personas encargadas de la dirección política y gestión del servicio, pero sobre todo por el afán privatizador del PP, lograron hacer desparecer a la misma

Paqué además ha acusado al Gobierno Municipal del PP de no haber querido colaborar en ningún momento con los profesores que decidieron quedarse con el servicio: “No sólo no tenían garantías del pago de la subvención obligatoria y necesaria, sino que un porcentaje de las cuotas de los alumnos, que recordemos serian los únicos ingresos con los que contarían, iban obligatoriamente destinados al pago impuestos municipales por la concesión del servicio, lo que les podía llevar a la asfixia económica. En resumen la Sra. Chamorro y su Equipo de Gobierno querían acabar con la Escuela de Música si o si”.  

“No podemos olvidar- ha continuado la concejala- que los únicos responsables de la desaparición de la Escuela de Música como servicio público, son los miembros del Equipo de Gobierno, que con su manifiesta incapacidad para gestionar y mediante el obscurantismo están aprovechando la situación de crisis, para continuar privatizando, recortando derechos sociales en la misma medida que aumentan la presión fiscal y recaudatoria, sin importarles además el coste que para las arcas municipales tiene sus injustas e injustificadas decisiones. En este caso 105.000 €,  un coste muy superior, al que hubiera supuesto mantener a la Escuela Municipal de Música y Danza como servicio público desde un principio. Siendo paradójico que para los miembros del Gobierno Municipal, la cifra de 80.000 €, que era lo que le costaba anualmente al Ayuntamiento el mantenimiento de la Escuela, era la justificación para su cierre fulminante, pero pagar por sus caprichos 105.000 € no es motivo de dimisión alguna o por lo menos disculpa pública”.

Para finalizar la edil ha añadido que “esperamos que este preacuerdo firmado por parte del Equipo de Gobierno no sea una nuevo intento de dilatar en el tiempo el coste político que puede suponer perder este juicio a una año vista de la Elecciones Municipales, dada la falta de valor que tiene sus promesas y la poca sensibilidad que tiene hacia la educación pública”

El Pleno sexitano aprueba la propuesta de IU para que se garantice el agua a las familias más vulnerables

Aguas y Servicios no cortará el agua a aquellas familias que carezcan de recursos económicos para hacer frente al pago de su factura. Así lo ha decidido la corporación municipal en la sesión plenaria del martes. La coalición de izquierdas, al igual que hiciera en Motril, pedía a todos los grupos políticos que apoyaran la petición a la Mancomunidad de que no corte el suministro en los casos de exclusión social ni cuando estén en curso procedimientos de desahucio hipotecario.

La propuesta queda justificada porque ningún ser humano puede ser privado de un bien de primera necesidad como el agua, ni siquiera en las situaciones más adversas. Por eso, las administraciones competentes, en este caso Mancomunidad, tienen la obligación ética de actuar garantizando su suministro como derecho, no como una medida asistencialista.

“Cada vez más usuarios admiten dificultades graves para abonar el recibo del agua y mes tras mes ven cómo se acumulan las facturas impagadas, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. De nuevo, una vez más, asistimos impotentes a los colosales negocios que hacen las grandes compañías a costa del sufrimiento de las personas más desprotegidas. Izquierda Unida está convencida de que el corte del suministro del agua, sometido hoy a una gestión estrictamente mercantil y alejada de su naturaleza como bien público, aboca a quienes sufren el corte del suministro en sus hogares a la caída en la exclusión social y la pobreza” argumenta la moción.

Por ello el Ayuntamiento de Almuñécar pedirá a Mancomunidad que alcance un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio. Estos son los acuerdos que contenía la propuesta de IU y que han sido aprobados por el Pleno:

• El Pleno insta a la Mancomunidad a que alcance un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio para garantizar de manera ininterrumpida el suministro de agua a usuarios domésticos aún en caso de impagos por insolvencia económica o procedimiento de desahucio cuando ello pueda traducirse en la vulneración del derecho a un suministro mínimo vital de agua.

• El Pleno insta a la Junta y al Gobierno central para la puesta en marcha de medidas que garanticen el derecho a unos suministros mínimos vitales de agua y energía en caso de insolvencia económica o procedimiento de desahucio.

Además, IU también ha conseguido el apoyo del Pleno para exigir la retirada del anteproyecto de ley del aborto y para la implantación de una tasa a las grandes superficies en Andalucía.

IU llama embustero y cobarde a Benavides al eludir su responsabilidad en los Crímenes del Mar

 

La respuesta de Benavides a las afirmaciones de IU en torno a los Crímenes del Mar pone de relieve la cobardía de este individuo y la capacidad para enredar.

La nota de prensa del PA hablando de las licencias otorgadas por gobiernos municipales distintos al suyo es sólo un intento por enredar al ciudadano, que no tiene por qué conocer los pormenores de la legislación urbanística. Cuando un terreno es urbanizable, el alcalde tiene que dar licencia de obras siempre que el proyecto respete la normativa en lo referente a metros de construcción, altura del edificio, distancia a otras viviendas, etc. Por lo tanto, es una burda maniobra de enredo echar la culpa de este desaguisado al alcalde que da una licencia de obras.

Ponemos un ejemplo para que la ciudadanía sepa de qué se está hablando. IU está en contra de que se construya en La Sandovala. Pero puede ocurrir que mañana el Pleno apruebe declarar esa zona como urbanizable y la Junta le dé el visto bueno. En ese caso, cualquier vecino que quisiera construir ahí podría hacerlo siempre que su proyecto respetara las normas de altura, metros construidos, etc. Un alcalde de IU tendría que dar licencia de obras y licencia de primera ocupación si toda la obra se desarrolla de acuerdo a la legalidad.

En el caso de Crímenes del Mar, el primer paso decisivo que se dio fue el de aprobar el Plan de Urbanismo en 1.987. Todos los grupos, menos el Partido Comunista, aprobaron ese Plan, y la Junta le dio el visto bueno que la ley exige, así que no tiene sentido negar la responsabilidad de unos y otros en ese tema.

Pero como el tema de Cerro Gordo no había quedado suficientemente definido en ese PGOU, Benavides estuvo intentando una y otra vez que la Comisión Provincial de Urbanismo desbloqueara ese tema. Por fin, en 1990 logró que todas las trabas que la Junta ponía quedaran superadas y pudo firmar con los Rodríguez Acosta un convenio para desarrollar esa zona. La prensa del 15 de agosto de 1.990 lo recoge en estos términos: ‘Los hermanos Juan Miguel y Manuel Rodríguez Acosta, propietarios de la empresa constructora “Cerro Gordo S.A.”, formalizarán una inversión de seis mil millones de pesetas en la zona de Cerro Gordo de Almuñécar., según se desprende del convenio firmado ayer bajo las cámaras de Tele Tropical.’

La nota continúa realzando el protagonismo y la satisfacción del que ahora dice no saber nada a pesar de que cobró las cantidades millonarias que la promotora tuvo que aportar: ‘El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, en representación de la casa consistorial, firmó el acuerdo, considerado como el símbolo de la ciudad costera “que abrirá las puertas al turismo de alto standing, dada su calidad y estética’. 

La nota añade los siguientes detalles, bastante ilustrativos de la importancia que se le dio al  convenio: ‘Al acto de inauguración asistieron Rosario González, el vicepresidente del Patronato de Turismo, Rafael Contreras, primer teniente de alcalde, Federico Molina Fajardo y miembros redactores del proyecto...’ Es decir, estaban todos ellos presumiento ante las cámaras del magnífico acuerdo que abriría las puertas al turismo de superlujo. La misma cantinela de Marina del Este, la misma cantinela del Hotel de 7 estrellas, la misma cantinela que la historia ha demostrado que era mentira.

Así pues, políticos de distintos colores colaboraron con los promotores para que se construyera en este paraje natural, pero las hemerotecas están ahí para demostrar que los acuerdos decisivos y las gestiones más relevantes las llevó a cabo Benavides, por más que ahora diga no saber nada de aquellas firmas y de aquellas declaraciones.

No nos extrañaría que si mañana hay algún tipo de problema en el hotel de 7 estrellas, este señor diga que él no tuvo nada que ver, que la licencia la dio el PP.

IU quiere llamar la atención sobre la abundante documentación aportada por el señor Benavides para rechazar las críticas de IU. Es cierto que ha olvidado aportar bastante documentación, en particular toda la que demuestra su indudable protagonismo en este tema, pero aún así, sorprende la imponente base de datos que maneja este partido. Contrasta esta abundancia de documentos con la situación de los servicios técnicos de Urbanismo. En numerosas ocasiones, al pedir determinada documentación acerca de proyectos, expedientes urbanísticos o licencias de obras, los técnicos municipales afirman que esa documentación ha desaparecido de las dependencias municipales. Viendo la abundante documentación que maneja Benavides, IU se está planteando si no sería más fácil pedir directamente los expedientes de Urbanismo al anterior alcalde. Quizá él sepa dónde están esos documentos que han desaparecido de las oficinas municipales.  

 

El montaje de Interior: lo que se ve y lo que no se ve en su vídeo sobre Ceuta

Lo que se ve:

1. Se ve cómo antes de que amanezca un grupo muy numeroso y coordinado de personas baja corriendo la loma en terreno marroquí que desemboca en la frontera de Ceuta y se dirige por un pasillo al puesto fronterizo con intenciones evidentes de cruzar a España. Caen objetos sobre ellos [entre el minuto 1’33" y 1’41"], justo cuando más entrecortada está la edición.

2. Se ve que los inmigrantes llevaban flotadores puestos en la cintura desde el primer momento. Esto desmonta otra mentira oficial: el director de la Guardia Civil dijo el pasado sábado que era imposible que sus agentes pincharan nada disparando al agua con bolas de goma, como han sostenido los inmigrantes, porque "los inmigrantes no llevaban ni manguitos ni flotadores".

3. Se ve cómo, una vez que es de día, y cuando los ánimos están claramente ya calmados y los inmigrantes se retiran, hay un grupo –en la imagen no son más de 10 de los 400 que había en la zona– que hace intentos de alcanzar lanzando piedras la zona española.

4. Se ve que hay al menos cierta coordinación entre la policía marroquí y la Guardia Civil. Los agentes marroquíes hacen señas desde su terreno hacia la parte española [2’26"].

Lo que no se ve:

1. No se ven los códigos de tiempo, ni las horas de grabación del vídeo. Es una información relevante para saber, por ejemplo, cuánto tiempo hay entre los planos de la llegada y los planos de las piedras.

2. No se ve el uso confirmado de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil . No se ve si sucede únicamente dentro de terreno español ni se ve qué tipo de material usaron, ni se ve si lo usaron contra el cuerpo de los inmigrantes o sólo dispararon al aire.

3. No se ve qué pasa en el minuto 1’33", cuando la policía marroquí (casco blanco, vestimenta verde, chaleco reflectante) comienza a cargar con porras contra los inmigrantes. La cámara, manejada manualmente desde el puesto de control fronterizo español, se desvía inmediatamente, pero hay un frame que se le escapa al montador del vídeo:

4. No se ve si los inmigrantes salen del pasillo fronterizo antes de que la policía marroquí cargue de nuevo contra ellos, como se ha publicado.

5. No se ve en qué momento ni cómo acceden los inmigrantes al agua (a la izquierda de las imágenes) ni en qué condiciones de hostigamiento o coordinación.

6. No se ve el momento en que más de 10 personas mueren ahogadas o aplastadas intentando cruzar.

7. No se ve de qué manera cumple la Guardia Civil los protocolos humanitarios que fija la ley. Tampoco cómo hacen las devoluciones inmediatas al terreno marroquí que muestran otros vídeos.

En la teoría de la comunicación audiovisual está bien descrito el Efecto Kuleshov: la percepción del público de cualquier imagen está condicionada por lo que sus ojos hayan visto justo antes, hasta el punto de que el significado cambia por completo.

En este caso, la imagen final del grupo de inmigrantes lanzando piedras no produce el mismo efecto sobre el que la mira si inmediatamente antes está la de la carrera de cientos de personas hacia la frontera, como es el caso, que si hubiera estado la de las condiciones en que murieron al menos 10 personas. Justo lo que el montaje de Interior no enseña.

30 años de oscuridad abre la I Muestra de Cine de la Memoria Motril

Con la proyección de la película 30 años de oscuridad , martes de 11 febrero, 18 horas, dará inicio la  I Muestra de Cine de la Memoria ‘La Desbandá’, que organiza la Asociación 14 de Abril para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Costa de Granada entre los próximos días 11 y 15 de febrero en el Centro Cultural Caja Granada de Motril.

30 años de oscuridad, dirigida por Manuel H. Martín en 2011, con Juan Diego y Ana Fernández, es la historia de uno de los topos de la posguerra, que tuvieron que sacrificar una vida entera para huir de la represión.

Argumento

Terminada la Guerra Civil (1936-1939), Manuel Cortés, antiguo alcalde de la localidad malagueña de Mijas, no tuvo ocasión de escapar de España. Tras recorrer un largo y peligroso camino, consiguió llegar a su casa sin ser descubierto. Juliana, su mujer, le advirtió de los numerosos fusilamientos que se estaban llevando a cabo en el pueblo. Entonces decidieron abrir un hueco en una pared para que Manuel pudiera esconderse. Aquel pequeño espacio tras la pared fue su cárcel durante 30 años. Esta es la historia de uno de los “topos de la posguerra”, que tuvieron que sacrificar una vida entera para huir de la represión.

La Muestra será inaugurada oficialmente por Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática y por Manuel Morales, delegado territorial de Fomento, Vivienda,  Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía.

Tras la proyección del film, Naranjo abrirá el primero de los debates-coloquio programados, La Memoria Silenciada.

La Muestra continuará el próximo miércoles con una nueva sesión en la que se proyectará el documental Nostalgia de la luz, del director chileno Patricio Guzmán.

No te pierdas el miércoles a Juan Pinilla. Merece la pena

IU pide a los responsables de Crímenes del Mar que no se escondan

Al comenzar el juicio de los Cármenes del Mar, IU ha querido mostrar su solidaridad con las víctimas de una política corrupta basada en la especulación y el dinero fácil. Sentimos una gran indignación al ver cómo los promotores de Cármenes del Mar pretenden culpar de la situación creada a los compradores de las viviendas.

Para IU, los Crímenes del Mar es el resultado de una colaboración estrecha entre políticos corruptos, promotores ansiosos de dinero fácil y técnicos que se venden al mejor postor. Es inadmisible que ahora todos los responsables políticos de aquellas obras escurran el bulto y digan, con una gran cobardía, que ellos no fueron. Es indecente que los promotores, una familia de multimillonarios, acuse a los compradores de las viviendas de no haber mantenido adecuadamente la urbanización. Y es una falta de vergüenza que los técnicos se pasen la pelota unos a otros reconociendo haber firmado documentos que no compartían.

IU sitúa la responsabilidad política máxima en los responsables de la Junta y del Ayuntamiento en aquellos años. La Junta es culpable por haber cedido a las presiones de unos y otros dando permiso finalmente en un paraje natural en el que no se debía haber puesto una piedra. El ayuntamiento, con su alcalde al frente, es culpable por haber presionado junto a la promotora para torcer el brazo a la Junta.

Aunque han colaborado en este esperpento políticos de todos los colores, IU señala directamente a Benavides como el alcalde que estuvo trabajando activamente varios años hasta conseguir vencer las resistencias de la Junta y poder así presumir de lo que él entendía como una inversión de lujo que nos traería la prosperidad.

IU insiste en que es la misma historia de siempre, la historia de la especulación con el señuelo de los puestos de trabajo que nunca llegan, la historia del engañar a la gente que necesita empleo, la historia embustera de una prosperidad que sólo han visto algunos y que ahora se convierte en ruina para los compradores.

IU espera que la justicia condene a los verdaderos responsables y obligue a la promotora a responder solidariamente junto a los políticos y técnicos que han colaborado en esta doble estafa: al medio ambiente y a los compradores de viviendas.

El día después

Rafael Calero

Como todo el mundo debe saber ya a estas alturas hasta en el más recóndito rincón del estado español, ayer, ocho de febrero de dos mil catorce, la infanta Cristina de Borbón y Grecia, la segunda hija del Juan Carlos de Borbón, Rey de España por la gracia del general Franco y de la CIA, séptima en la línea de sucesión al trono, Duquesa de Palma, esposa del ex jugador de balonmano  y crack de las finanzas, Iñaki Urdangarín, y “trabajadora” de la Fundación La Caixa, pasó por los Juzgados de Palma de Mallorca —sin duda, los juzgados más famosos de este país, desbancando del ranking a los de Marbella— citada por el juez José Castro.

La infanta Cristina asistió al Juzgado como imputada por tejemanejes varios, entre otros, diversos delitos relacionados con la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, delitos que supuestamente habría cometido en su condición de copropietaria de la sociedad Aizoon, de la que es dueña al cincuenta por cierto, con su marido, el ex jugador de balonmano, quien, como ya he señalado unas líneas más arriba, en su calidad de crack financiero, presuntamente se encargaba de desviar dinero público hacia dicha empresa, pensando que nadie se iba a enterar de la movida y que ese dinerito, le iba a permitir vivir, nunca mejor dicho, como un Duque.

Hoy, nueve de febrero, pasará a la historia de España como el día después. El día de la resaca. El día de los titulares en la prensa. El interrogatorio duró cinco horas y se formularon cuatrocientas preguntas. Y todo transcurrió según el guión previsto. Sabemos, por las declaraciones de algunos de los abogados que estuvieron allí dentro, que la Infanta se mostró esquiva, poco concreta, eludiendo dar respuestas tajantes a preguntas que, a priori, planteaban pocas dudas. Sabemos que el Fiscal Anticorrupción, de quien uno no sabe muy bien de qué parte está, parecía por momentos, miembro del equipo de abogados defensores. Y sabemos que estos, los abogados defensores, quedaron satisfechos con el resultado del interrogatorio y piensan que la infanta fue “taxativa, firme, serena” en sus respuestas al juez Castro.  Como digo, todo según el guión previsto.

A todo esto, la movilización de policías para salvaguardar la seguridad de la Infanta —había más de doscientos agentes, algunos de ellos llegados de fuera de Palma— le costó al erario público una buena pasta. Así que además de cornudos, apaleados, como reza el refrán.

A mí, personalmente, lo que más me jode de todo el asunto de la Infanta, de su marido, de Noos y de Aizoon, aparte de que hayan chorizado todo lo que presuntamente han chorizado, es la ambición sin límites que demuestra tener esta gentuza. No se conforman con vivir de puta madre, ellos y sus hijos, sin pegar un palo al agua, a costa de todos los españoles. Parece que eso no es suficiente para ellos. Mientras que en los tiempos asesinos que nos han tocado en suerte, la mayoría de la gente va sobreviviendo a duras penas, ellos siguen con sus carísimos viajes, con sus restaurantes de lujo, con sus viviendas de nueve millones de euros, por poner sólo algún ejemplo ilustrativo. Mientras que la mayoría de los españoles vivimos hipotecados hasta las cejas, estrangulados por bancos que nos roban inmisericordemente, la infanta Cristina recibe un préstamo de 1’2 millones de euros de su papaíto, el Rey del Reino de España. Y entonces a mí, al conocer ese dato, me asalta esta duda: si el papaíto está en disposición de prestar a la hija 1’2 millones de euros, ¿a cuánto asciende su riqueza?  

http://mimargenizquierda.blogspot.com.es/

IU sigue subiendo en las encuestas

A propósito de los escraches

FFC

Hace tiempo, el señor Bono decidió asistir a una mani de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Eso no gustó a ciertos manifestantes que gritaron algunas cosas fuera de lugar y acosaron a este ministro y a algunos manifestantes más que no eran de su agrado. No contentos con eso, dos militantes del PP fueron más lejos y golpearon con una bandera española a José Bono, ministro del gobierno.

Cuando estos dos fachas violentos fueron detenidos, Mariano Rajoy dijo que se trataba de unas detenciones políticas. Para mostrar su falta de memoria dijo que eran las primeras en la democracia.

María Dolores de Cospedal fue más allá y dijo que había un Estado policial montado especialmente contra su partido.

Ahora dicen que no les gusta la sentencia sobre los escraches.

La cultura muestra su perfil más solidario en Almuñécar

Granada Hoy

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar ha acordado destinar el 10% del aforo de los espectáculos que se organizan en el auditorio José Martín Recuerda a los desempleados del municipio sexitano.

La responsable del área, Olga Ruano, manifestó que la medida, que entra en vigor hoy, con el espectáculo de danza, "ya se viene aplicando también en los conciertos que organiza Juventudes Musicales de Almuñécar, tras el acuerdo alcanzado, y ahora queremos hacerlo extensible a los que directamente organiza esta Concejalía", dijo.

La edil sexitana explicó que para acceder los desempleados a los espectáculos sólo tendrán que presentar la documentación correspondiente en la Concejalía de Cultura, "con ello queremos contribuir a que la cultura llegue a todos y no sea impedimento la situación económico-laboral de nuestros vecinos", explicó Ruano, quien aclaró que, junto a esta medida, que puede repercutir en casi medio centenar de personas, se ha creado una entrada joven que, en el caso de la danza, solo será de 5 euros.

El portavoz sexitano de IU, Fermín Tejero, felicitó al Ayuntamiento por esta iniciativa, y cree que podría ser completada acabando con "esa práctica habitual de muchas administraciones de regalar entradas a concejales y amigos". El concejal de la formación de izquierdas afirmó que "es normal que las personas que trabajan en la Concejalía de Cultura, así como la alcaldesa o los medios de comunicación, asistan de forma gratuita a estos espectáculos, ya que en la mayoría de las ocasiones su asistencia supone un trabajo más que un momento de ocio, pero el resto de concejales o allegados que quieren disfrutar de un concierto o una obra de teatro pueden y deber pagar su entrada, como el resto de la ciudadanía".

En desacuerdo con esta práctica tan extendida, IU renunció a principio de legislatura a las invitaciones que desde el Ayuntamiento se entregaban antes.

Los dueños de las casas y los promotores se culpan de los daños

El juzgado ha iniciado el juicio contra ocho acusados de participar en el diseño y construcción de la urbanización Cármenes del Mar

Ideal 

El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ha celebrado este viernes la primera de las ocho sesiones previstas para aclarar la responsabilidad civil en los desperfectos en 400 viviendas de La Herradura (Granada), en la que los demandados han culpado a los vecinos de no cuidar la urbanización.

El juzgado ha iniciado el juicio contra ocho acusados de participar en el diseño y construcción de la urbanización Cármenes del Mar, un complejo de La Herradura dividido en varias promociones con 425 viviendas que sufren graves desperfectos que no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento una década después.

Esta urbanización se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros y desde su construcción, la ladera de Cerro Gordo (Almuñécar) en la que se ubica ha sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras 15 y desperfectos graves en la mayoría de las viviendas.

Los presidentes de las comunidades de vecinos de la urbanización han detallado que cuando compraron las viviendas desconocían que el Ayuntamiento de Almuñécar no había recepcionado las obras del proyecto de urbanización general, un paso que una década después no se ha materializado.

"Las casas tenían licencia de primera ocupación, pagamos el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), la basura y la luz. Pensamos que los desperfectos iniciales eran por defectos constructivos", ha detallado uno de los afectados.

Las defensas de los ocho demandados han insistido en que la urbanización ha sufrido averías y roturas, como la de un colector para los suministros de agua de todas las viviendas, que los propietarios no han afrontado en tiempo y forma para evitar filtraciones en la tierra y minimizar los daños.

"Hemos reparado todo lo que está en nuestras manos, con avisos a la constructora, al seguro, con personal contratado. No sé quién tiene que hacer esos arreglos ni si se pueden hacer ahora con un proceso judicial", ha defendido uno de los propietarios.

Los afectados han detallado que desde que adquirieron las viviendas han cerrado piscinas, cambiado tuberías, sustituido colectores y reparado suministros, todo pagado entre los vecinos, para reducir las filtraciones sin que esto haya paralizado los daños.

El arquitecto de la urbanización, demandado por los desperfectos, ha declarado que diseñó una parte pero se limitó a "maquillar" el trabajo de un compañero en la fase de los Altos, tras lo que asumió la firma del proyecto final.

Ha subrayado además que la constructora no escatimó ni recortó costes en la fase de obras y que no supo de los desperfectos hasta años después.

"El estudio geotécnico decía que no se hicieran grandes construcciones, por lo que se hicieron casitas unifamiliares. Se hizo la cimentación como se debía hacer y aunque se advertía del problema de agua, nadie desaconsejó edificar", ha recalcado el arquitecto.

Durante esta primera sesión del juicio han declarado los demandantes y demandados y en las siete sesiones restantes, que se celebrarán en viernes alternos hasta el próximo 25 de abril, se presentarán informes y peritajes, entre otras cuestiones.

Domingo, 16: La Desbandá. De La Herradura a Almuñécar

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