Por Juan Torres López (www.juantorreslopez.com / @juantorreslopez) y Alberto Garzón Espinosa (www.agarzon.net / @agarzon). Editores de Altereconomia.org
La reforma que proponen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, consistente en limitar desde la constitución el déficit y la deuda pública es una medida que impedirá salir de la crisis y que España elimine el déficit social que tiene respecto a los países de su entorno y, además, constituye un ataque frontal a los principios más elementales de la democracia que demuestra que el capitalismo neoliberal es cada vez más incompatible con esta última.
No sólo por la forma sugerida para aprobar la reforma de la constitución, sin que medie referéndum y pronunciamiento directo del pueblo, sino también porque su contenido mismo restringe el margen de maniobra que tienen los Estados para gestionar su economía. Por esa razón hemos decidido escribir este artículo, de ánimo divulgativo, en el que revelamos los enormes problemas económicos de una medida profundamente antidemocrática.
Los ingresos y gastos de un Estado
Un Estado, como cualquier otro agente económico, tiene una partida de ingresos y una partida de gastos.
Los ingresos pueden provenir de muchas fuentes, pero en la actualidad y como consecuencia de decisiones erróneas de política económica la gran mayoría se obtienen únicamente de los impuestos. En otro tiempo el Estado también obtenía cuantiosos ingresos de los beneficios de las empresas públicas, pero en las últimas décadas y debido a la avalancha de privatizaciones (más de 110 empresas en España) esta fuente de ingresos se ha agotado. Por otra parte, actualmente de todos los impuestos los más importantes son el de la renta (IRPF), el de sociedades (IS) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Hasta 2007 también existía el impuesto del patrimonio (IP), que afectaba únicamente a las personas con más riqueza, pero fue eliminado por el gobierno actual.
Los gastos también pueden ser de diferente naturaleza. Desde el mantenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar (como la sanidad pública, la educación pública o el transporte) y el pago de todo el personal asociado (médicos, profesores, bomberos…), hasta el simple despilfarro y la corrupción política.
Por lo tanto tenemos que los ingresos de un Estado dependen fundamentalmente de los impuestos, pero estos a su vez dependen de la actividad económica. El Estado recaudará más cuantos mayores salarios tengan los trabajadores (impuesto sobre renta), cuanto mayor sea el nivel de beneficios empresarial (impuesto sobre sociedades) y cuanto más consumo haya en la economía (impuesto sobre el valor añadido). Así que en momentos de bonanza económica los ingresos del Estado serán elevados. Y con ingresos elevados se permitirá gastar más, o incluso ahorrar.
Lo que ha ocurrido en España en los últimos años es que la economía ha estado creciendo a ritmos muy altos debido a una burbuja inmobiliaria, que tarde o temprano tenía que estallar. Pero mientras la burbuja duraba los ingresos del Estado han sido cuantiosos porque había muchos trabajadores cobrando sueldos, las empresas ganaban mucho dinero y el consumo era muy importante (ayudado por el crédito bancario, eso sí). Sin embargo, en lugar de modificar el patrón de crecimiento y promover un modelo productivo distinto que permitiera que el país no dependiera de la existencia de una burbuja, los partidos políticos en el gobierno prefirieron (PP y PSOE) dejar pasar el tiempo y aprovechar las ventajas de un ciclo económico positivo pero ilusorio.
Además, estos gobiernos aprovecharon las circunstancias de bonanza para beneficiar principalmente a los propietarios de capital y sobre todo a los del inmobiliario rebajándoles los impuestos. Redujeron los tramos del impuesto sobre la renta y rebajaron los tipos impositivos (el porcentaje de impuestos) tanto del impuesto sobre la renta como de el de sociedades. Y al mismo tiempo iniciaron un proceso de desgravaciones fiscales (también principalmente beneficiosas para los más ricos) que suponían que el Estado ingresara menos. Aún así, y debido a que el gasto público no crecía suficiente para acercarse a los estándares del resto de países europeos, existía capacidad para ahorrar. Por eso la economía española ha tenido superávits en las cuentas públicas, es decir, ha gastado menos de lo que ingresaba. A pesar, como hemos dicho, de que la capacidad recaudatoria había disminuido.
Pero cuando llegó la crisis, primero por la vía del contagio financiero internacional y luego como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, las cosas se pusieron feas. Los bancos dejaron de prestar dinero a empresas y hogares, y se dejó de invertir y de consumir. Cayeron entonces los beneficios y el consumo, lo que llevó a la baja la recaudación por impuestos y, por lo tanto, los ingresos públicos. Pero por el contrario los gastos se incrementaron. Y se incrementaron porque el Estado tuvo que salir a ayudar a la banca, pero sobre todo porque para intentar frenar la crisis tuvo que comenzar proyectos de estímulo económico que suponían un importante gasto. Además, el Estado tiene medidas llamadas anticíclicas, como las prestaciones por desempleo, que hicieron aumentar el gasto. En definitiva, como consecuencia de la crisis el Estado vio cómo sus gastos se disparaban y sus ingresos se reducían. El Estado entraba, por lo tanto, en déficit.
Cómo pagar el déficit
Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ingresa necesita obtener el dinero de algún lado. Existen diferentes herramientas económicas para conseguir ese dinero, pero algunas han sido delegadas a instituciones independientes y de la Unión Europea (como la potestad de imprimir dinero, ahora dominio del Banco Central Europeo). Por lo tanto lo común es que el Estado se endeude en el mercado de deuda pública, donde pide prestado a los inversores financieros. Y estos inversores financieros son aquellos que tienen dinero de “sobra”, como los bancos y las grandes fortunas que hacen anualmente millones de beneficios y que cada vez pagan menos impuestos. Así, al final la paradoja emergió cuando los propios bancos culpables de la crisis y las grandes fortunas beneficiadas de las rebajas de impuestos en todo el mundo eran las que finalmente prestaban dinero al Estado para que éste enjugara los déficits que habían surgido por su culpa.
En cualquier caso, es obvio que la deuda contraída deberá ser pagada de alguna forma, y en una situación en la que los gastos superan a los ingresos eso parece difícil. Por esa razón los economistas neoliberales –que son los que dominan las instituciones europeas y los que han asesorado a los distintos gobiernos españoles- proponen lo que se llaman “planes de ajuste”. Estos planes tienen como objetivo prioritario reducir el gasto público hasta el punto en el que se equilibran de nuevo los ingresos y gastos o incluso, si es posible, hasta que los ingresos vuelven a ser superiores a los gastos. Por eso se llaman “políticas de austeridad”.
Las políticas de austeridad no funcionan
El problema es que lo que parece muy intuitivo a nivel doméstico (por ejemplo de una familia) no lo es tanto para la economía en su conjunto. Es lo que en economía se llama “falacia de la composición” y que significa que aunque haya medidas que individualmente sean buenas en realidad si se aplican colectivamente pueden ser catastróficas. Por eso rebajar los gastos en un momento en el que los gastos superan a los ingresos puede ser fatal para la economía.
La razón es que el gasto público es un estimulante del crecimiento económico, como a continuación explicaremos. Eso significa que si se rebaja el gasto público se reduce la capacidad de crecimiento económico de una economía, y eso conlleva que habrá menos beneficios empresariales y menos consumo. Dado que como hemos visto antes los ingresos dependen de esas variables (beneficios y consumo) al final tenemos que los ingresos también caen. Así, aunque bajemos el gasto público lo que conseguiremos será deprimir la economía (que entrará en recesión) y por lo tanto también los ingresos públicos, lo que significa que la relación ingresos-gastos se mantendrá igual. O, lo que es lo mismo, tendremos los mismos problemas de deuda que antes de comenzar a rebajar el gasto pero, además de ello a una población que en conjunto será más pobre (porque verá cómo los servicios públicos se deterioran y se pierden puestos de trabajo y caen los salarios).
Se necesita más gasto público, pero más eficiente
En realidad, y aunque sea contraintuitivo, lo que se requiere es precisamente más gasto público. Porque lo que se necesita es recuperar los ingresos, no rebajar los gastos, y eso puede hacerse bien subiendo los impuestos (medida recomendable y necesaria, como recordaremos) bien incrementando la recaudación vía beneficios y consumo. O, dicho de otra forma, lo que necesitamos es crecimiento económico. Aunque no de cualquier tipo.
Durante la crisis los economistas neoliberales proponen medidas aparentemente orientadas a facilitar que las empresas creen empleo. Para eso reducen los tipos de interés y facilitan préstamos baratos a los bancos, siempre con el objetivo de promover que las empresas se endeuden para que inviertan (contratando trabajadores y mejorando la capacidad productiva). Pero sucede que en un contexto de crisis todas esas medidas no funcionan debido a lo que se llama “trampa de liquidez”, y que se explica porque las empresas no quieren invertir porque saben que nadie va a comprar sus productos. Y como no pueden vender, lo que hacen es despedir trabajadores, y dado que esos trabajadores son también los consumidores de los productos de otras empresas, al final la economía profundiza su crisis. Es decir, por más facilidades monetarias que se les de a bancos y empresas no se saldrá de la crisis en ningún momento.
Lo que se requiere, entonces, es que el Estado empuje la economía a través del gasto público y de lo que se llama el “multiplicador keynesiano”. Cuando el Estado gasta dinero en, por ejemplo, construir una carretera, lo que está haciendo es pagar sueldos a trabajadores que antes estaban en paro y pagar a empresas del sector que antes estaban desocupadas. Eso pondrá dinero en la economía, ya que esos trabajadores gastarán ese dinero en otras empresas, y esas otras empresas contrataran más trabajadores que a su vez gastarán también el dinero en más consumo, y sucesivamente. Si el impulso inicial del gasto público está bien planificado y es suficientemente poderoso, puede salirse de la crisis. Y además eso permitirá que el Estado recaude mucho más y por lo tanto que sus ingresos crezcan. Ese crecimiento de los ingresos reducirá la brecha con los gastos e incluso podrá conseguir que sean superiores.
Lo que importa es, por supuesto, que el gasto público tenga sentido y esté programado. El llamado “Plan E” tuvo un efecto muy temporal porque la economía estaba atrapada en los restos de la burbuja inmobiliaria y el plan lo único que hizo fue intentar resucitar esos restos. Lo que se requiere, por el contrario, es planificar un programa de gasto público potente encaminado a cambiar el modelo productivo y promover sectores como las energías renovables y las nuevas tecnologías, teniendo presente también el reciclaje del sector de la construcción.
Es importante remarcar que no cualquier gasto público es bueno, y por eso es necesario incrementar la eficiencia de dicho gasto. Eso quiere decir que hay que iniciar programas destinados a mejorar la eficiencia en la administración pública, a racionalizar mejor el dinero público y también a perseguir todos los casos de corrupción y de privilegios desorbitados de la clase política (amén del gasto militar).
La recaudación de los ingresos
Si bien los gastos, como hemos dicho ya, deben ser eficientes y bien planificados (y no basados en el derroche), a su vez los ingresos deben ser suficientes y estar igualmente bien planificados.
Los impuestos no son todos iguales ni afectan a todos los sectores y personas por igual, de modo que cualquier modificación impositiva tendrá consecuencias variadas. Por eso conviene planificar un sistema de incentivos adecuado que organice qué tipo de impuestos y qué nivel para los mismos tienen que existir.
En unos momentos como los actuales, en los que la desigualdad se ha incrementado extraordinariamente y la financiación del Estado del Bienestar depende de facto de los ingresos de las clases medias (porque las grandes fortunas evaden impuestos en paraísos fiscales) se requieren medidas de shock.
Hay que incrementar los impuestos a las rentas altas, lo que significa incrementar los tipos impositivos y también crear nuevos tramos. Simultáneamente hay que incrementar los impuestos a las rentas del capital y a las empresas, amén de recuperar el impuesto de patrimonio. Pero todo eso será insuficiente si no se combate con firmeza el sistema financiero especulativo que permite la existencia de paraísos fiscales. En definitiva y sin ánimo de profundizar en un programa detallado, hay que incrementar los impuestos a las rentas altas (que consumen menos pero especulan más) sin modificar mucho la presión fiscal de las rentas populares. Eso permitirá incrementar los ingresos del Estado sin que el consumo privado se vea mermado.
Limitar por ley el gasto y la deuda es una aberración económica
Por todo lo expuesto debe quedar claro que limitar por ley el gasto es una verdadera barbaridad, que no sólo afecta al carácter democrático del sistema político (al restringir el margen de maniobra) sino también al propio funcionamiento del sistema económico.
Los déficits son necesarios y una herramienta “extra” en el ámbito económico. Es cierto que no pueden sostenerse indefinidamente, pero precisamente para combatir la crisis y los déficits crónicos es necesario que en determinadas fases del ciclo económico se incurra en déficits importantes. Y sin esa herramienta es más que evidente que no se podrá salir de la crisis.
Y en economía como la española que tiene un gran déficit social respecto a los países de nuestro entorno, los déficits presupuestarios serán imprescindibles incluso en etapas de bonanza. Las infraestructuras públicas, los servicios educativos y sanitarios (hospitales, colegios, universidades, centros de investigación…) y en general la inversión a largo plazo necesaria no solo para el bienestar de los grupos de población de menos renta que no se podrían pagar los proporcionados por el mercado sino también para las empresas obtengan beneficios no se pueden pagar al contado. Sin endeudamiento es muy probable que no se puedan crear y al no crearse se perderá empleo y riqueza en el futuro.
¿Por qué se proponen entonces este tipo de medidas que van a ser tan negativas para el conjunto de la población?
Sencillamente porque favorecen al capital privado. Por un lado, menos posibilidades de financiar servicios públicos abrirá la puerta al negocio privado en salud, educación, servicios de dependencia… Y, por otro lado, todos ellos, serán financiados por los bancos privados.
Porque lo que pone de relieve el cinismo de la propuesta que hacen PP y PSOE es que limitar el endeudamiento del Estado para financiar la provisión de los bienes y servicios púbicos que se requieren para que haya suficiente y buena actividad económica y empleo, no va a evitar que haya más deuda. No la habrá pública pero sí privada como consecuencia de la financiación de los mercados, mucho menos eficiente además, y del mayor endeudamiento familiar como consecuencia de la pérdida de nivel de vida.
Obstáculos importantes
Para terminar debemos reconocer que España tiene dificultades añadidas porque está especialmente endeudada a nivel privado y porque tiene una camisa de fuerzas muy incómoda en la Unión Europea. Para superar estas dificultades España necesita que la Unión Europea cambie su política de actuación y comience a desarrollar un programa similar al aquí apuntado pero en el marco de la Unión Europea. Además, ninguna de estas medidas será efectiva si no se regula masiva y estrictamente el sistema financiero internacional que sirve para que las grandes fortunas y las grandes empresas especulen sin fin a costa de las arcas públicas de todos los Estados y, por lo tanto, del bienestar de todos los ciudadanos. Eso supone establecer prohibiciones de prácticas como las operaciones a corto, operaciones al descubierto, el uso de instrumentos financieros altamente especulativos (como los hedge funds y los Credit Default Swap) y el establecimiento de controles de capitales en toda la Unión Europea.
En lo que a nivel privado se refiere, el endeudamiento privado puede resolverse promoviendo mayores ingresos (en este caso salarios). Por eso es necesario promover un pacto capital-trabajo basado en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, el refortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores y en la regulación de los beneficios empresariales (para que se destinen a la creación de empleo). Entramos así de lleno en el mundo de la política y las relaciones de fuerza, lo que requerirá el uso de herramientas económicas como las nacionalizaciones para imponer las condiciones a los empresarios reticentes. Con un pacto capital-trabajo y con una estrategia de coordinación salarial a nivel europeo España puede superar su alto nivel de endeudamiento privado y acabar con los desequilibrios comerciales que arrastra desde hace tanto tiempo, y sin salir del euro.
Por el contrario, aplicando el recetario neoliberal del Partido Popular y del gobierno de Rodríguez Zapatero es completamente seguro que nuestra economía se resentirá. Se crearán más oportunidades de beneficio para el capital privado y las clases más ricas pagarán menos impuestos aún, pudiendo adquirir sus servicios de bienestar en el mercado, pero las clases populares perderán cada vez más calidad de vida.
