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Almuñécar contra la corrupción

Noticias 2008

IU pide una consulta sobre la zona azul

IU pide una consulta sobre la zona azul

Izquierda Unida considera necesario dar la palabra a los vecinos y comerciantes para que sean estos quienes decidan sobre la necesidad de establecer la zona azul en determinadas calles. El concejal de IU volverá a llevar a Pleno la moción de IU pidiendo que se haga una consulta calle por calle y que se respete la opinión mayoritaria de los vecinos.

IU respalda la petición de la Asociación de Comerciantes de la Herradura y pide a la Asociación de Comerciantes de Almuñécar que deje hablar a sus asociados porque hay una gran mayoría que no comparten la opinión que sobre este tema tienen los directivos.

Las excusas dadas en La Herradura por el equipo de gobierno en el sentido de que ahora no se puede quitar la zona azul porque la empresa ha hecho una importante inversión son una tomadura de pelo a unos comerciantes y a unos vecinos que también han hecho sus inversiones y que están viendo los perjuicios que día a día les causa el negocio de la zona azul. 

IU ya ha llevado diversas iniciativas al Pleno pidiendo que, dado que este es un tema polémico, sean los vecinos y comerciantes de cada calle los que democráticamente decidan si quieren o no quieren zona azul en su calle. Estas iniciativas no han salido adelante, en unos casos porque el alcalde no las ha querido ni pasar a votación, y en otros, porque ha contado con la inestimable ayuda del PP, que, a pesar de criticar en público la zona azul, a la hora de votar se ha negado a que las propuestas de IU salgan adelante.

Cuando el equipo de gobierno se llena la boca de consultas, referendums y democracia, en lugar de hacer consultas sobre complejos proyectos que ya no existen, le pedimos que organice una consulta democrática sobre un tema fácil de entender y de responder.

Este de la zona azul es un tema estrictamente municipal y, por tanto, no habría ningún problema legal en organizar esta consulta.

Los comerciantes de La Herradura siguen su lucha por quitar la zona azul

Los comerciantes de La Herradura siguen su lucha por quitar la zona azul

Pronto habrá un referéndum sobre la zona azul. IU ya lo pidió en pleno. Presentó una moción pidiendo que se consultara a los vecinos y comerciantes y que la zona azul quedara en aquellas calles en que tuviese apoyo mayoritario. Esa moción no fue votada por Benavides, pero tampoco la votó el PP. Ahora, dado que nuestro alcalde está dispuesto a preguntar a los vecinos por un PGOU que no existe, parece lógico pensar que también va a preguntar por las otras cosas que sí que nos importan de verdad, así que, tranquilos, porque en breve, conociendo el malestar de los herradureños, la zona azul desaparecerá. Lo dicen todos los días en la tele cuando hablan del referéndum: un gobernante no puede gobernar en contra de la opinión de los ciudadanos, ¡Anda que no!

La presidenta de la Asociación de Comerciantes de La Herradura, (ACOHE) Concepción Barbero, se muestra contraria a la zona azul en la localidad herradureña durante el invierno y aclara que dado que en su día pidieron que se instaurara este sistema, ahora, «con la misma intensidad, pedimos que la retire», según declaró a IDEAL.
Concepción Barbero se suma así a la demanda que hace unos días trasladaron un grupo de comerciantes herradureños a las responsables municipales de Tráfico y La Herradura, María Dolores Sánchez y María Victoria Ruiz, respectivamente «y a cuya reunión no me convocaron como responsable de ACOHE, a pesar de que fuimos en su día los que realizamos la petición», recuerda.
Y es que Barbero, con la documentación en la mano, indica que fue en el mes de abril de 2007 cuando pidieron que en los meses de verano se pusiera zona azul en las calles Alhambra y Prieto Moreno junto al entorno del Mercado Municipal. «Por ello, dice, se daba por hecho que comprendían que en los meses de invierno no era conveniente este servicio».
Sin embargo, la presidenta de los comerciantes herradureños manifiesta que el Ayuntamiento «ha hecho un contrato con una empresa por cuatro años y es lastimoso ver el mercado y comercios como están, no ya por que haya crisis, que también, sino que además con esta medida perjudica más al sector y por ello hay que retirar la zona azul», señala.
La representante de los comerciantes herradureños lamenta «profundamente, que no nos hayan tenido en cuenta a la hora de decidir si este servicio iba a estar activo durante todo el año, porque si lo hubiéramos sabido, automáticamente hubiéramos retirado la petición de zona azul».

Una Comisión del Parlamento Europeo aprueba crítica a urbanismo español pese a oposición de PP y PSOE

11/02/2009 - 12:27 - Noticias EFE

Bruselas, 11 feb (EFE).- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), con la oposición de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE, aprobó hoy un informe en el que critica con dureza la "urbanización masiva" en España y en el que sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se remedien los problemas.

El texto de la eurodiputada danesa Margrete Auken (Los Verdes) salió adelante con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención y pasará ahora al Pleno de la Eurocámara, que lo someterá a votación el próximo mes de marzo para su aprobación definitiva.

Finalmente, las principales enmiendas planteadas por el PP y el PSOE para suavizar el informe fueron rechazadas por el resto de parlamentarios, que sí aprobaron otras que hacen aún más contundente la crítica.

"El PSOE y el PP españoles se han quedado aislados, marginados. Sus argumentos no convencen a nadie, porque hay miles de ciudadanos que han visto los abusos urbanísticos, los impactos ecológicos de este modelo", destacó tras la votación el eurodiputado verde español David Hammerstein, compañero de grupo de la ponente Auken.

Las dos principales fuerzas españolas habían presentado un buen número de enmiendas similares para tratar de eliminar del informe algunos de los puntos más críticos, entre ellos el llamamiento a la Comisión Europea y al PE para que suspendan las ayudas a España procedentes de fondos regionales y de cohesión si el desarrollo urbanístico viola normas europeas.

Sin embargo, los votos de socialistas y populares de otros países decantaron la balanza a favor de la línea más crítica, que denuncia la "destrucción masiva" en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del "cemento y el hormigón" y las "ganancias excesivas" del sector de la construcción durante los años de expansión económica.

La Comisión de Peticiones considera que en España se "ha generado una forma endémica de corrupción" a causa de la falta de claridad y de aplicación adecuada de las normas sobre propiedad individual y respeto del medio ambiente.

Además, los eurodiputados expresan en el informe su "preocupación" por las "dificultades" que, a su juicio, han encontrado las autoridades judiciales para hacer frente a las repercusiones de la "urbanización masiva" y consideran "alarmante la falta de confianza generalizada" en el sistema legal expresada por los cientos de ciudadanos que han protestado ante el PE.

Finalmente, quedó fuera del texto la petición de una "moratoria" de los planes urbanísticos sin garantías, pero se llama a las autoridades españolas a que "revisen y controlen" todas las nuevas planificaciones que "no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".

La comisión de Peticiones no sólo rechazó las principales enmiendas del PP y el PSOE, sino que dio el visto bueno a otras en el sentido contrario. Entre ellas, varias del eurodiputado de IU Willy Meyer en las que se califica el modelo urbanístico español de "expoliador de los bienes culturales" y en las que se considera que las altas previsiones de desempleo y el aumento de la deuda pública son "consecuencias" de ese modelo.

A propuesta de Meyer, la Comisión de Peticiones insta también al Gobierno español a abrir un debate público con todas las administraciones para "tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible".

El de Auken será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos.

Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.

Comerciantes de La Herradura piden que se retire la zona azul porque «les perjudica»

Comerciantes de La Herradura piden que se retire la zona azul porque «les perjudica»
Los comerciantes de La Herradura han pedido al Ayuntamiento que retire la zona azul porque afirman que más que beneficiar a sus negocios, les perjudica. Así se lo han trasladado a la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana, María Dolores Sánchez y a la delegada de Servicios de La Herradura, María Victoria Ruiz en una reunión celebrada en las dependencias municipales del Centro Jate de La Herradura.
Los comerciantes y empresarios solicitaron a los representantes municipales que retiren la zona azul y que no renueven el contrato con la empresa adjudicataria del servicio «porque nos está dañando, con una situación económica como la que estamos viviendo», manifestó un comerciante.
Dicen los empresarios que no les valen argumentos «como que la empresa adjudicataria ha hecho una fuerte inversión porque más fuerte que realizamos nosotros día a día para poder salir adelante y pagar nuestros impuestos seguro que no es», sentenciaron.
Este pasado fin de semana aparecieron los parquímetros todos arrancados lo que ha hecho que esta semana apenas se pueda realizar el control de la zona azul.

IU critica el cierre del Horno de Cándida

IU critica el cierre del Horno de Cándida

Izquierda Unida pide explicaciones acerca del cierre del restaurante escuela Horno de Cándida. No parece que en un momento de aumento del paro, sea una buena medida cerrar el restaurante escuela en el que tanto dinero ha invertido el ayuntamiento.

A este cierre hay que sumar el retraso en abrir el hotel escuela del Palacete del Escamado, cuya apertura estaba prevista hace ya más de dos años. IU critica la ineficacia de un alcalde preocupado de todo menos de resolver los problemas ordinarios de gestión del municipio.

Es demencial que el equipo de gobierno apueste por el turismo como principal, y única, fuente de ingresos para el municipio y sin embargo cierran el restaurante escuela y no abre el hotel escuela.

El empresario que tenía la concesión del Horno de Cándida renunció a la concesión, entre otras razones, porque el ayuntamiento no había cumplido con el compromiso de abrir el Hotel Escuela del Palacete del Escamado, que iba en el mismo lote.

IU ha manifestado, no obstante, su sorpresa por la aceptación del cierre sin más a pesar de que la Junta de Gobierno había acordado en el mes de octubre anular la concesión pero no antes de que se hiciera un nuevo concurso y otro empresario se quedara con la gestión del restaurante.

Ignoramos el motivo por el cual el equipo de gobierno ha incumplido un acuerdo tomado por ellos mismos y permiten ahora que el Horno de Cándida esté cerrado por tiempo indefinido hasta que un nuevo empresario se haga cargo del mismo.

Con estas inexplicables maniobras, Benavides culmina la pésima gestión municipal en las escuelas de restauración, que comenzó con el acoso al primer empresario que se hizo cargo del restaurante escuela, ya que hizo lo imposible para rescindirle el contrato a pesar de haber realizado una buena gestión.

De nuevo están parados los parkings de Velilla y San Cristóbal

De nuevo están parados los parkings de Velilla y San Cristóbal

Los trabajadores de la empresa Goypesa, anterior subcontrata de las obras que vienen realizándose en los parquings de Velilla y San Cristóbal, han paralizado las dos obras. La antigua concesionaria les adeuda 40.000 euros desde hace diez meses, fecha en la que fueron despedidos, sin que hasta el momento se les haya abonado cualquier cantidad al respecto. Exigen el cobro de todo lo que se les debe para reanudar las obras.

El alcalde no contesta. está grabando vídeos para la campaña del referéndum.

Los papeles que Pacheco se dejó

En 28 años se pueden acumular muchos papeles en los cajones. Desde que el andalucista Pedro Pacheco abandonó en 2007 el Ayuntamiento de Jerez tras permanecer 24 años en la alcaldía y cuatro más como responsable del planeamiento de la ciudad, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, que el histórico político dirigió en su última etapa, se han levantado centenares de miles de papeles. Parte de esa ingente documentación llegó hasta la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz. Hace unos meses, la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), trasladó expedientes, facturas y contratos que implicaban a quien era su socio de gobierno en el anterior mandato.

La investigación ha dado ahora sus frutos. Anticorrupción ha denunciado a Pacheco. La tormenta política se ha desatado y con ella, la judicialización de la gestión municipal. En sólo siete días, dirigentes del PSA, PP y PSOE están denunciados en los juzgados.

Anticorrupción denunció a Pacheco, ex secretario general del PSA, por malversación de caudales públicos. Se le acusa de contratar supuestamente de manera irregular a dos compañeros de partido por más de 200.000 euros para realizar unos trabajos, que, según consta en el escueto documento de tres páginas, nunca llegaron a efectuarse.

La Fiscalía prepara una segunda denuncia que, según detallan fuentes judiciales, verá la luz en los próximos días. Salpica a Pacheco, como dirigente ejecutivo del área municipal de Urbanismo, y a un concejal del PSA del anterior mandato por desviar dinero público entre los meses de enero y marzo de 2007 a la promotora local Jerecom por obras que ni siquiera se llegaron a ejecutar.

La denuncia ha encolerizado a Pacheco. El andalucista advierte de que prepara toda una ofensiva judicial contra la alcaldesa socialista basada en la documentación que dice guardar, en los papeles que sí tiene en su poder.

Pacheco, que negocia su prejubilación en Cajasol, dice disponer de tiempo para dar forma jurídica a las prácticas de enchufismo y adjudicaciones sin concurso que, siempre según su versión, existen en el gobierno que preside Sánchez.

La munícipe, que contaba con la reacción de su ex socio cuando acudió a la Fiscalía de Cádiz, debe enfrentarse ahora a otros frentes judiciales derivados de esta presunta trama de corrupción destapada en la ciudad gracias a la documentación que ella misma trasladó con la máxima cautela. Tanta que ni su partido conocía bien sus intenciones.

El pasado viernes, los acreedores impagados por la ya desaparecida Jerecom, presentaron una denuncia en los juzgados contra Pedro Pacheco, la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP), el actual delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, y contra la regidora, Pilar Sánchez. Los acusan de ejecutar o consentir desde alcaldía un trato de favor hacia la constructora beneficiada de decenas de adjudicaciones a dedo. Se enfrentan a una inhabilitación especial de entre siete y 10 años.

Entre tanto, el PSA anuncia que también prepara documentación para presentar próximamente varias denuncias contra Sánchez, a la que achacan una práctica fraudulenta que afecta "a distintas facetas de su gestión". Desde el gobierno municipal guardan silencio para que la Fiscalía haga su trabajo, la tormenta política pase de largo y la tranquilidad vuelva a instalarse en esta ciudad gaditana. Sin embargo, en un ayuntamiento que, después de tres décadas, empieza a celebrar oposiciones para la contratación de personal muchos no pueden mantener la calma ante la ofensiva judicial que viene en camino y que amenaza con enrarecer más la gestión política.

"Ganamos 12.000 kilos. De mi 50%, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde"

El País

Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.

Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".

Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.

"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.

Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.

En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.

Los denunciantes de la trama también han investigado la supuesta relación de Francisco Correa con el actual consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La Comunidad de Madrid lo negó ayer a través de un portavoz.

El fiscal pide la demolición «total» del Nevada y cárcel para sus impulsores

El fiscal pide la demolición «total» del Nevada y cárcel para sus impulsores

El Tribunal Supremo sentenció en 2007 que el tamaño no importa cuando se trata de poner coto al urbanismo ilegal. La advertencia estaba incluida en una resolución que condenaba a un ciudadano almeriense a tres meses de prisión y a pagar una multa de 540 euros por invadir 1,82 metros cuadrados de una playa con la construcción de un voladizo ilegal en su casa cueva. También debía demoler el apéndice ilegal, una obra que, además, tenía que pagar de su bolsillo. Era una nimiedad, cierto, pero no por eso dejaba de ser delito.

La Fiscalía de Granada hizo público ayer un escrito de acusación que incorpora la doctrina del Supremo: a la hora de castigar una infracción urbanística, el tamaño es lo de menos. Da lo mismo que la construcción ocupe 1,82 metros cuadrados... o ¡123.000!, que es la superficie sobre la que se asienta el esqueleto de hormigón del futuro Centro Comercial Nevada, ubicado en el término municipal de Armilla.
En una decisión si precedentes en Andalucía y, seguramente, en toda España, el Ministerio Público reclama la «completa, íntegra y total demolición» del Nevada -que se extiende a lo largo y ancho de 123.000 metros cuadrados y «contiene 275.000 metros cuadrados construidos», unas dimensiones mareantes-.
El fiscal entiende que es tal el cúmulo de irregularidades, que no queda otra salida que derribar la mole. «(...) Procederá asimismo, y habida cuenta de la reiterada vulneración de los instrumentos de planeamiento que fueron defraudados, y de la gravísima ilicitud en que incurrieron todos los permisos y autorizaciones otorgadas, y en no menor medida, la insuficiencia de éstas últimas para amparar los sucesivos cambios y alteraciones que sufrió el proyecto inicialmente diseñado, acordar la completa, íntegra y total demolición de lo construido, incluyendo sus accesorios, entendiendo por tales hasta las obras de cimentación soterradas, y plataformas y viales sobre rasante, hasta reponer el terreno edificado o construido en todo su perímetro a su realidad física primigenia», refiere el escrito de acusación de la Fiscalía en el llamado 'caso Nevada'.
El párrafo es largo, pero merecía se reproducido por su nivel de detalle. No deja cabos sueltos. El Ministerio Público aboga por borrar del mapa al Nevada. El pago de 'La Cerraca' -que es como se denomina el paraje sobre el que se asienta la estructura del Nevada- debería quedar como si allí jamás hubiese habido nada. Ni más ni menos.
La descomunal demolición -según el criterio de la Fiscalía- debería ser financiada y ejecutada por el multimillonario murciano Tomás Olivo, a la sazón, promotor y dueño del Nevada.
A Olivo, uno de los principales acusados, el Ministerio Público le imputa la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave. En el supuesto de que el Juzgado de lo Penal que vea el caso -en Granada hay seis-, asuma las tesis del fiscal, Olivo se enfrentaría a 26 meses de cárcel y no podría poner un ladrillo «durante un tiempo de dos años».
El ex alcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara -otro de los encausados más conocidos- está acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos. En total, el fiscal reclama para él 16 años de inhabilitación para «el ejercicio de funciones públicas» y dos años de cárcel.
Idénticos son los cargos y la petición de penas del fiscal para Gabriel Cañavate, ex concejal de urbanismo de Armilla y ex vicepresidente de la Diputación.
Junto a ellos, se sentarán en el banquillo otros ocho imputados.

LOS POLÍTICOS DEBERÍAN EXPLICAR A LOS CIUDADANOS LO QUE SE TRAEN DE FITUR QUE SEA ÚTIL PARA LOS CONTRIBUYENTES

LOS POLÍTICOS DEBERÍAN EXPLICAR A LOS CIUDADANOS LO QUE SE TRAEN DE FITUR QUE SEA ÚTIL PARA LOS CONTRIBUYENTES

Ecologistas en Acción

Entre el cahondeo de la fantasmada del Milenario y la concesión de la "Q" de calidad a la playa de la Charca de Salobreña, lo granadinos no sabemos si reír o llorar.

Primero resulta que están vendiendo un Milenarium del que aún no se sabe nada y hacen el ridículo más espantoso y, después, le conceden  la Q de calidad a la playa de la Charca de Salobreña, situada  en el espacio comprendido entre el Peñón de Salobreña y la desembocadura del Río Guadalfeo.

Resulta que este galardón habrá que considerarlo a título póstumo, ya que después de los últimos temporales la playa no está para figurar decentemente  en ningún sitio.

Si la Q de calidad se concede por una serie de aspectos (seguridad, primeros auxilios, salvamento, limpieza y recogida selectiva de residuos, mantenimiento de instalaciones y equipamientos, accesos, servicios higiénicos, et.), habría que pedir  al Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, más seriedad a la hora de otorgar estos galardones y no los conceda con tan pocas vistas de futuro.

A día de hoy casi ni existe la playa de la Charca, y ésta va a ser la tónica habitual a partir de ahora, por mucho que nos empeñemos en regeneraciones costosas - pagadas por todos- que durarán hasta el próximo temporal.

De entrada, insistimos en que Costas debe volver a deslindar de nuevo el Dominio Público Marítimo Terrestre y, además, con previsiones de futuro de retroceso del litoral de bastantes metros, que ya se palpa en el delta del Guadalfeo, que ha retrocedido casi doscientos metros, a pesar de la monstruosa e inútil "regeneración" del año  2002, con tierras y pedruscos de Rules.

Después, habría que exigir a los promotores, a la hora de comprar un piso en la playa -o en cualquier lugar donde "las vistas o el entorno" vayan incluidas en el precio- la seguridad de que no se va a perder ese "valor" de nuestra propiedad, y exigir una cláusula  que recoja las indemnizaciones pertinentes por esta pérdida de valor.

Al Hotel Verdiales se le declara caducada la licencia de obras para ampliación y reforma

Al Hotel Verdiales se le declara caducada la licencia de obras para ampliación y reforma

No es la Junta. No son los ecologistas. No es Izquierda Unida. Es el alcalde el que impide a un hotel de este pueblo mejorar su oferta para seguir creando empleo y riqueza. Quizá el alcalde tenga sus razones. ¿Y los demás nunca las tienen? En la Junta de Gobierno del 19 de enero esto fue lo que se decidió respecto al Hotel Los Verdiales en La Herradura. Y como pueden apreciar por esta nota de prensa del PP de hace unos meses, no es esta la primera vez que ocurre. Ni la segunda. Ni la tercera. Ni la cuarta.

2.- Se da cuenta del informe jurídico emitido por D. Antonio Tastet, letrado de este Ayuntamiento, de fecha 29 de julio de 2008 e Informe del Arquitecto Municipal, sobre alegaciones presentadas por la Entidad Hotel Los Verdiales al acuerdo de la J.G.L. de 26 de mayo de 2008 e iniciaba expediente de caducidad de licencia y se concedía un plazo de 15 días a efectos de alegaciones.

  A la vista de los informes de referencia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes acordó declarar la caducidad de la licencia de obras otorgada a la entidad “Hotel los Verdiales, S.L.”. para el proyecto básico de ampliación y reforma en edificio existente a Hotel de dos estrellas “Hotel los Verdiales, CN. 340, Km. 308, La Herradura.

 

Cierran temporalmente el Horno de Cándida

Cierran temporalmente el Horno de Cándida

El Horno de Cándida queda cerrado tras el abandono de su anterior concesionario. J.R., tras renunciar a Peña Escrita y ahora al Horno de Cándida, se queda ’sólo’ con la concesión de Casa Morgan que, al parecer, es más rentable. Sigue también cerrado el Hotel Escuela del Palacete del Escamado. Es esta una forma curiosa de lucha contra la crisis por parte del equipo de gobierno que habla y habla de los proyectos que hay en el aire pero luego olvida mantener los que ya tenemos. Es curioso que en el acta de la Junta de Gobierno del 19 de enero se diga que el señor JR, concesionario del Horno de Cándida, presenta la renuncia en nombre de ’Onda Tropical’. Esta es la empresa que supuestamente dirige la tele que nos orienta por el camino de la virtud en el referéndum. ¿Esta misma empresa gestiona restaurantes? Por otro lado, si en el anterior acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando JR presentó su renuncia, le dijeron que tenía que esperar a que apareciera alguien para quedarse con la concesión, cómo se le cogen las llaves y se deja aquello cerrado...   

   4.- D. Juan José Rodríguez Pérez, c/ Paseo de Cotobro, Restaurante JR, en nombre de Onda Tropical, S.A., expone: Que habiendo renunciado a la explotación del restaurante escuela “Horno de Cándida”, hace entrega de la llave el día 12 de enero actual, acordando la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes dar traslado al negociado de contratación.

El pleno se opone a revisar las tasas para adaptarlas al IPC real, como propone IU

El pleno se opone a revisar las tasas para adaptarlas al IPC real, como propone IU

La Opinión B.G.C. El pleno de Almuñécar rechazó el lunes, con los votos en contra de Convergencia Andaluza y del Partido Popular, una moción presentada por IU para adaptar los impuestos y tasas municipales, que se han incrementado en un 5,3%, al descenso experimentado por el IPC real. El portavoz del IU, Fermín Tejero, señaló que los almuñequeros pagarán “casi un 400% más del incremento real del IPC”.

PP y PSOE ultiman una moción de censura contra el alcalde de Agrón

PP y PSOE ultiman una moción de censura contra el alcalde de Agrón

A pesar del titular de la noticia, aparecida en el diario La Opinión, la dirección provincial sigue en contra de una medida tan higiénica como necesaria. El caso no es ni la mitad de grave que en Almuñécar, pero aquí, la dirección provincial, los concejales y la ejecutiva local coinciden: antes dejar a Benavides que intentar cualquier otra cosa. Eso se llama política de altas miras. Desde aquí, ánimo a los concejales socialistas de Agrón. Frente a los alcaldes que no respetan la ley todos tenemos que unirnos por encima de consideraciones ideológicas.

PABLO MARISCAL. La imputación judicial del alcalde de Agrón, el independiente Guillermo López, por no paralizar una obra con numerosas irregularidades ha colmado la paciencia de los cuatro concejales de la oposición. Los ediles del PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para presentar una moción de censura contra el alcalde aprovechando que tienen mayoría frente a los tres miembros del grupo independiente. Sostienen que la situación de Agrón es “gravísima” por la actitud que mantiene “desde hace años” Guillermo López. Hace un mes dieron el primer paso para plantar cara al alcalde fuera del salón de plenos.

Lo hicieron poniendo en conocimiento de la Fiscalía una serie de presuntas irregularidades (incumplimientos de acuerdos plenarios) y supuestos delitos (amenazas y prevaricaciones) que han originado la apertura de una investigación. Los concejales del PP, José García y Antonio López, y los del PSOE, María del Pilar López y Antonio Ramírez, confirmaron a La Opinión su intención de presentar la moción de censura contra el alcalde de Agrón de forma “inminente”.

Han fijado la semana que viene como fecha tope ya que tienen la intención de que Guillermo López “acuda a declarar como imputado en el juzgado de Loja sin ser alcalde del municipio”. El regidor debe comparecer el próximo 10 de febrero ante el juez que investiga las presuntas irregularidades de un bloque de pisos edificado en el pueblo. Los concejales saben que una vez presentada la moción hay un plazo de diez días para que el alcalde convoque un pleno. En caso contrario será el secretario quien cite a los grupos políticos para votar la propuesta. Los cuatro ediles de la oposición ya han suscrito un pacto verbal entre ellos.Aseguran que la situación es “insostenible” y que no pueden permitir que lo que resta de legislatura “se siga incumpliendo la legislación en el pueblo y que el Ayuntamiento siga paralizado”.

La decisión de los ediles ha sido “muy meditada” y responde, según explicaron, “a la necesidad de solucionar la crisis institucional que se vive en el municipio”. Tienen claro que las siglas políticas “no serán un impedimento” para votar a favor de la destitución del alcalde y buscan desde hace días el asesoramiento de sus respectivos partidos para afrontar la moción de censura de la mejor forma posible.

La respuesta de las direcciones provinciales del PP y el PSOE ha sido radicalmente distintas. Mientras los populares apoyan a sus dos ediles para que planteen la moción de censura ante la “ingobernabilidad” del municipio, el PSOE zanja la cuestión afirmando que bajo ningún concepto tolerarán un pacto con el PP. Pase lo que pase.Los concejales socialistas de Agrón afirman que su obligación es la de “defender los intereses de los vecinos y del propio municipio”.

Por eso no comparten la prohibición de la dirección provincial y anuncian que están “decididos” a seguir adelante, con o sin el apoyo del partido. El diputado del PP, Francisco Maldonado, confirmó ayer que han autorizado a sus dos ediles en Agrón a pactar con el PSOE para presentar la moción de censura. “Ha sido una decisión que hemos reflexionado en profundidad y que ya cuenta con el respaldo de nuestro presidente provincial. Creemos que es lo mejor para el municipio y que por encima de los intereses partidistas está la demanda de los vecinos de Agrón, que piden una solución urgente ante la situación de ingobernabilidad y caos en la que se encuentran”.

El secretario de Política Municipal del PSOE, Francisco Cuenca, afirmó que su partido “nunca se va a juntar con el PP para sacar adelante una moción de censura”. El PSOE ha dado instrucciones a sus concejales en Agrón para que “prioricen los asuntos del municipio” pero asegura que el PP “no ofrece garantías” para crear una alianza de este tipo. El alcalde, Guillermo López, se mostró ayer muy sorprendido por este acuerdo de la oposición y añadió que a él le habían “prometido” que no habría una moción.

El Pleno volverá debatir la subida de las tasas tras las alegaciones de IU

El Pleno volverá debatir la subida de las tasas tras las alegaciones de IU

Aunque el último Pleno de la Corporación sexitana ya aprobó, con el voto en contra de IU, PSOE y PA, subir un 5,3% las tasas e impuestos en el municipio, este acuerdo se volverá a debatir en el Pleno del lunes 26 de enero a raíz de las alegaciones presentadas por el grupo municipal de Izquierda Unida.

Según informa el concejal de IU, las alegaciones han sido informadas negativamente por los servicios técnicos argumentando que es una práctica habitual tomar como referencia el IPC de julio o agosto para fijar esta subida.

Fermín Tejero planteará en la sesión que, aunque el argumento de los servicios técnicos parece razonable, también parece lógico que, una vez que se sabe que el IPC ha pegado una bajada espectacular en los últimos seis meses, llegando a colocarse en el 1,4% a final de año, la subida de las tasas e impuestos en Almuñécar se revise de acuerdo a la nueva situación económica.

El concejal de IU argumenta que todos los gobiernos están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento y modificando sus cifras dado que no era previsible hace unos meses una situación tan preocupante como la actual. Por esos motivos, IU va a insistir en que el Pleno puede, y debe, revisar esa subida tan brutal de las tasas e impuestos ya que si no lo hacemos, resultará que los almuñequeros vamos a pagar casi un cuatrocientos por ciento más de la subida real del IPC.

Con un fuerte descenso de la ocupación en las terrazas de bares y restaurantes no parece razonable aplicar a estos negocios una subida del 5,3% por las mesas que colocan en la calle. Igualmente, es desproporcionado subir un 5,3% por aparcar en una zona azul cada vez más extendida o por el impuesto de circulación de vehículos, que ya es el más caro de la provincia de Granada.

El concejal de IU va a plantear que, si no la congelación total, que sería lo aconsejable en una situación de paro creciente y estancamiento del consumo, el Pleno anule la subida del 5,3% y se consensúe una subida del 1,4%, igual al IPC de diciembre.

El concejal de IU espera que su propuesta sea respaldada por la mayoría de la corporación, máxime viendo la alegría con que el equipo de gobierno derrocha el dinero de los almuñequeros en esa impresionante campaña de referéndum que parece encargada por un gobierno al que le sobra el dinero.

Benavides tira la casa por la ventana con su campaña para el referéndum del PGOU

Benavides tira la casa por la ventana con su campaña para el referéndum del PGOU
Ideal
«Nos jugamos mucho, creo que nunca nos hemos jugado tanto». «Frente a quienes han intentado callar nuestra voz y ahora nos incitan a no participar en el futuro de Almuñécar y La Herradura, el 28 de febrero, vota». Así de trascendental se ha puesto el alcalde almuñequero, Juan Carlos Benavides, con la consulta popular sobre su plan de urbanismo... Y no hay más que darse una vuelta por el pueblo estos días para comprobar que, efectivamente, se lo ha tomado a pecho.
La precampaña publicitaria con un despliegue de auténtico lujo digno de las grandes citas electorales da fe de que el Ayuntamiento de Almuñécar está en crisis económica para todo, excepto para animar a sus vecinos a participar en el referéndum. Tres empresas especializadas y creativos publicitarios para el diseño y ejecución de la campaña, más de 300 banderolas, unas 90 vallas y lonas (de seis y ocho metros de altura) realizadas en calidades máximas, buzoneo, puesta en marcha de la televisión local expresamente para la ocasión... El equipo de gobierno está quemando las naves con el referéndum y esto no ha hecho más que empezar, ya que la campaña oficial arrancará tan sólo dos semanas antes de la gran cita.
La decisión del Tribunal Supremo que dio la razón al equipo de gobierno almuñequero sobre su derecho de celebrar la consulta popular en supuso una auténtica victoria en el pulso que el gobierno local de Convergencia Andaluza mantiene con las Administraciones socialistas. El alcalde de Almuñécar va a poder así celebrar al fin la primera consulta popular de estas características en España, que además de preguntar a sus vecinos si apoyan el modelo urbanístico que han diseñado para la ciudad del futuro le va a permitir volver a pulsar su poder en Almuñécar. Por eso la participación va a ser la clave. Y es que el alcalde podrá preguntar a su pueblo qué opina sobre la aprobación inicial del PGOU, pero la consulta no será vinculante ni tendrá validez legal. Aún así, Benavides está tan seguro de su éxito que ha garantizado que retirará el Plan si no cuenta con el respaldo de los vecinos.
Para los partidos de la oposición, salvo el PP que lo apoya, el referéndum tampoco tiene validez moral ya que los ciudadanos se pronunciarán sobre un Plan de Urbanismo que ya tiene poco que ver con el que se aprobó inicialmente en 2005. Las papeletas que los ciudadanos depositen en las urnas contestarán a la pregunta «¿Respalda usted el acuerdo del Ayuntamiento, pleno de fecha 17 de agosto de 2005, aprobando inicialmente el PGOU de Almuñécar?». Pero, efectivamente, tres años después, ese documento inicial se ha limado y ha sufrido sucesivos recortes para allanar el camino hacia su aprobación definitiva por la Junta de Andalucía.
De hecho, en su aprobación provisional, del PGOU de Benavides ya se cayeron más de nueve mil viviendas además de los proyectos más emblemáticos, como el campo de golf en plena vega de Río Verde –que jamás iba a aprobar la Junta– y que salieron del documento para tramitarse como planes especiales independientes.
Siguiendo los pasos de la última campaña electoral municipal que le llevó a la Alcaldía –la más espectacular de la provincia, sin duda– Convergencia Andaluza ha puesto en marcha una maquinaria de auténtico lujo y ha movilizado toda su artillería pesada, volviendo a ocupar sus espectaculares vallas –en los lugares más estratégicos del municipio– con la campaña publicitaria del referéndum.
Ni la propia oposición municipal –no digamos ya la prensa, a la que dijo que aún no tenía los datos– tiene acceso a los gastos totales que va a suponer la campaña. Oficialmente se había previsto una partida de 6.000 euros para gastos electorales que nada más empezar ya se ha quedado muy corta.
Y es que para diseñar a lo grande y cuidando hasta el más mínimo detalle la campaña, el alcalde echó mano de tres empresas sevillanas especializadas que se llevarán, entre las tres, más de 41.000 euros de las arcas municipales. ‘Es por ti, es por todos’ y ‘Este sí es tu referéndum’ son los lemas ideados por creativos publicitarios para una campaña en la que los trabajadores almuñequeros son los protagonistas.
Los carteles –que han quedado espectaculares– muestran a los empleados de un hotel, a trabajadores del mercado municipal, a envasadoras de una corrida de frutas, a albañiles sexitanos y hasta a los actores de un grupo de teatro posando como auténticos modelos para animar a sus vecinos a participar en el referéndum. En total son unos 90, entre carteles y lonas de diversos formatos, y más 300 banderolas de lona repartidas por las farolas de entrada a La Herradura, Almuñécar o los paseos marítimos. Los gastos de colocación los ha asumido el Ayuntamiento, a lo que habrá que sumar todos los costes de logística que conllevan unas elecciones: desde pagar dietas a los interventores de las mesas electorales hasta la impresión de las papeletas.
A la cuenta final habrá que añadir también las campañas publicitarias en los medios afines y cuñas de radio. Pero es que, además, desde el pasado 16 de enero, cuando arrancó la precampaña, el equipo de gobierno ha vuelto a poner en marcha su televisión, Canal Tropical, que se cerró tras la campaña electoral municipal.
El objetivo de todas estas acciones es que todos los ciudadanos «tengan criterios necesarios para poder saber qué votar, animándoles a la participación el día 28». Este periódico ha consultado a colaboradores de Benavides en campañas electorales anteriores y estiman que la cifra final de la campaña del referéndum puede costar a los almuñequeros «entre 90.000 y 120.000 euros tirando por lo bajo».

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN APOYA TOTALMENTE LA DECISIÓN DEL JUEZ DEL ARCO DE ENVIAR A JUICIO YA EL CASO NEVADA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN APOYA TOTALMENTE LA DECISIÓN DEL JUEZ DEL ARCO DE ENVIAR A JUICIO YA EL CASO NEVADA

Es incomprensible la pataleta del Ayuntamiento de Armilla que debería ser el más interesado que que el asunto se aclare y resuelva cuanto antes.

La resolución adoptada   por el Ayuntamiento de Armilla, con fecha 17 de diciembre de 2008, de autorizar a la empresa General de Galerías Comerciales, promotora del Nevada,  para que realice tareas  de "mantenimiento", con vistas a garantizar las debidas condiciones de seguridad del edificio y de las viviendas circundantes, nos parece una maniobra barriobajera, buscando los hechos consumados y pillar al Sr. Juez en fuera de juego.

No hace ninguna falta arreglar nada en el Nevada, ya que no hay peligro para nadie porque nadie debe entrar allí - a no ser que se trate ahora de una futura zona peatonal- . Y cuando se resuelva el litigio, todos esperamos que los que entren sea para echarlo abajo.  Es algo que nos debe el ladrillo a todos los ciudadanos.

La Ley está para cumplirla, todos, también los ayuntamientos, y los jueces para aplicarla con justicia y rigor, aunque en este país parezca otra cosa, a pesar de las cada vez más condenas por delitos urbanísticos que se van produciendo.

Apoyamos -como gran parte de la ciudadanía de Granada, harta ya de pelotazos, irregularidades, ladrillazos y destrucción de la vega- la decisión del juez y su determinación primero, de ordenar al SEPRONA la vigilancia del cumplimiento de la legalidad y, después, a la vista de la "colaboración" del Ayuntamiento de Armilla, enviando el caso a juicio.

Echamos de menos que otros jueces tengan la misma resolución ante los innumerables casos de delitos urbanísticos que nos rodean y que, paralizados a su tiempo, ahorrarían problemas  y dineros de los contribuyentes que, casi siempre, acabamos pagando las "alegrías" de nuestros administradores.

Ante la última sentencia para el Sr. Roca y compañeros, la ciudadanía aguarda, esperanzada, que no pare la música. 

Una plataforma recoge 4.000 firmas para pedir la apertura del Parque Nevada

Una plataforma recoge 4.000 firmas para pedir la apertura del Parque Nevada

El mismo estilo mafioso y las mismas mentiras que lanzan los convergentes almuñqueros las lanzan los socialistas armillenses. Y es que cuando los especuladores se meten por medio y la corrupción inunda la política, al final las formas son las mismas y el objetivo también: engañar a la gente para hacerles creer que sus intereses coinciden con los de aquellos que llevan la cartera llena de billetes de 500.

La recién constituida Plataforma Ciudadana en Defensa del Centro Comercial Nevada ha recabado en un mes 4.000 firmas que abogan por su apertura como "revulsivo" ante la crisis económica, dado que está paralizado judicialmente por presuntas irregularidades urbanísticas.

Para esta asociación, la puesta en funcionamiento del complejo comercial, ubicado en Armilla (Granada), supondría para la provincia la creación de más de 5.000 empleos directos e indirectos, la creación de empresas y la visita semanal de más de 100.000 clientes, lo que lo convertiría en un "poderoso motor para el despegue económico y social que beneficiaría a miles de familias que están en el paro".

Por ello piden a los partidos políticos que abandonen sus "contiendas partidistas" y apuesten "decididamente" por su inmediata apertura y a las Administraciones implicadas que desbloqueen la actual situación y trabajen "denodadamente" para su inauguración.

El centro comercial, promovido por el empresario Tomás Olivo y proyectado como uno de los mayores de Andalucía, tiene sendas causas abiertas en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 y el de Instrucción 6 de Granada, y se haya paralizado judicialmente.

Por su presunta tramitación irregular están imputados, además del promotor, el ex alcalde de Armilla Antonio Morales Cara y su ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate (PSOE), entre otros.

LA APAT OBTIENE EN 2008 UN NUEVO RÉCORD DE RECAUDACIÓN

LA APAT OBTIENE EN 2008 UN NUEVO RÉCORD DE RECAUDACIÓN

Esta notica se ha hecho posible gracias al trabajo diario de cientos de trabajadores como estos que vemos aquí en la fotografía el día del Pleno en que el PP y el partido de Benavides decidieron echarlos de Almuñécar, obligarles a reestructurar su vida por completo para satisfacer las ansias de poder de Benavides, el ridículo afán de no se sabe bien qué del señor Ledesma, la estrategia política del PP provincial y llenar las arcas de una empresa cuyos mayores dirigentes están imputados, encausados y condenados por asuntos más que turbios.

Al cierre del último periodo voluntario de cobranza del año y tomando como fecha de referencia el día 15 de diciembre de 2008, la Agencia Provincial de Administración Tributaria ha recaudado en 2008 un total de 104.902.103,03 €, incluyendo tanto la recaudación en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.

Para el Diputado de Economía y Hacienda, José María Aponte la apuesta por la modernización y potenciación de la Agencia Provincial superando al extinto Servicio Provincial de Recaudación “ha hecho posible que año tras año se rompan barreras y que la evolución en cuanto a la recaudación de la APAT en 2008 pueda nuevamente catalogarse de histórica”

En este sentido Aponte ha destacado que el trabajo de ordenación de la gestión recaudatoria llevado a cabo en la APAT así como la reorganización y utilización eficiente de sus recursos y la decidida inversión en infraestructura y nuevas tecnologías junto al modelo de relación y gestión con los Ayuntamientos en un plano de igualdad muy similar a la concertación, han hecho posibles estos datos. “Todas estas mejoras se han podido llevar a cabo gracias a los beneficios que genera la Agencia que no se obtienen para repartir dividendos sino que revierten directamente en el mejor servicio que ofrecemos a los ayuntamientos”

En el pasado ejercicio se ha producido un notable incremento en la recaudación voluntaria y un aumento aún mayor en la recaudación ejecutiva. En total se ha producido un aumento de un 11,2% respecto a 2007, año que marcó un record en lo que ha cifras de recaudación se refiere. Respecto a 2004, las cifras obtenidas en 2008 suponen un aumento del 81,33%, lo que en buena medida se ha debido precisamente al espectacular incremento correspondiente a la recaudación en vía ejecutiva, que se ha triplicado desde hace cuatro años.

El diputado ha puesto de manifiesto como observando las cifras es “incontestable y no admite crítica” el buen servicio y la buena gestión que se está llevando a cabo por parte de Diputación a la hora de de cobrar los impuestos y las tasas que los ayuntamientos le tienen delegadas a la APAT. “Esta recaudación significa subir un 11.2% los recursos que ponemos a disposición de los alcaldes y alcaldesas de la de la provincia para que puedan llevar a cabo las políticas que les son propias”

Por último José María Aponte ha asegurado que cuando por parte del PP se ha echado en cara, para no estar y salirse de la APAT que los grados de ejecución no son suficientes, “los datos demuestran que estamos trabajando para recaudar cada más y poner lo recaudado al servicio de los ciudadanos, por eso pido al Partido Popular que lleve a cabo una política responsable con la provincia ya que hay muchos ayuntamientos gobernados por los populares que están viendo y comprobando los buenos resultados”.

Berlusconi prohíbe desconectar a cualquier enfermo terminal ingresado en el país

Berlusconi prohíbe desconectar a cualquier enfermo terminal ingresado en el país

Berlusconi lo tiene claro: si esa familia quiere que su hija muera, que la lleven a Gaza. Allí no hay tantos problemas de conciencia. Ni al Papa, ni a Berlusconi, ni a la mayoría de los dirigentes les preocupa excesivamente que mueran cientos de niños y haya miles de mutilados. Esas muertes preocupan poco. Ahora bien, que muera una chica que lleva media vida enganchada a una máquina sin poder sentir nada de nada... eso es inmoral, eso es pecado. ¡Qué asco y qué vergüenza para qué asuntos tan indignos se utiliza la religión católica!

El Ministerio de Sanidad italiano ha enviado una circular a todas las regiones en la que prohíbe a cualquier centro medico público o privado que se interrumpa la alimentación a pacientes en estado vegetativo, lo que impide así ejecutar la sentencia que autorizó desconectar a Eluana Englaro.

En la circular, el ministro Maurizio Sacconi advierte de que interrumpir la nutrición e hidratación de las personas en estado vegetativo "no es legal" tanto para las estructuras públicas como privadas.

El Ministerio explica que así se especifica en un estudio de 2005 del comité italiano de bioética y en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

En el citado artículo de la Convención se pide "impedir que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad".

Eulana lleva 16 años en estado vegetativa

Hasta ahora, el padre de Eluana Englaro, la mujer de 38 años y en estado vegetativo desde 1992 tras un accidente de tráfico, no ha encontrado ninguna estructura sanitaria que se ofreciese a desconectar la sonda.

La sentencia del Supremo, la primera que autoriza en Italia a desconectar la sonda alimenticia a una persona con un coma irreversible, sigue causando polémica en el país y las asociaciones católicas y los políticos conservadores continúan su campaña para evitar que esto suceda.

El abogado de la familia Englaro, Vittorio Angiolini, comunicó tras conocer la circular que "ésta no tiene algún valor legal, porque la ley no la hacen los ministerios".