Noticias 2009

Chamizo encuentra responsabilidad en la Junta sobre el urbanismo en Almuñécar

 El último informe anual emitido por el Defensor del Pueblo Andaluz, institución que preside José Chamizo, informa sobre el requerimiento que hizo a la Junta sobre las inundaciones en el municipio granadino de Almuñécar; inundaciones que provocaron que no se pudiera evacuar de manera eficiente las avenidas de aguas provocadas por unas lluvias torrenciales.

El informe señala que tras la pregunta efectuada por la Institución la “respuesta que nos remitió la Agencia Andaluza del Agua, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente –ampliamente documentado- se desprendía que el fenómeno de Almuñécar no sería diferente de otros que concurren en otras zonas o comarcas, ni de mayor relevancia y parecía concluirse que, si no fuera por el proceso de disminución del crecimiento urbanístico debido a causas económicas, la situación se agravaría, por lo que justamente esta crisis era lo que podía dar un respiro a las Administraciones Públicas ” para planificar y acometer medidas concretas y paliativas de disminución del riesgo”.

En relación a esta respuesta Chamizo argumenta que “esta Institución no compartía esta posición inicial, pues, a nuestro juicio, la situación creada, en lo que concierne a la construcción de inmuebles de distinta naturaleza en zonas de inundación, riesgo o, incluso, a veces, ocupando cauces públicos, no es una realidad impuesta por la coyuntura económica, sino que se habría propiciado, a través del planeamiento urbanístico, un crecimiento desmesurado e insostenible de las poblaciones, fruto, en gran medida, de las acciones y omisiones en la tutela del territorio de aquellas Administraciones que poseen, desde hace mucho tiempo, competencias muy claras para emitir informes, ejercer acciones y, en su caso, desestimar acuerdos de aprobación de planeamiento que vulneren normas sectoriales o sean contrarios al principio de racionalidad técnica que debe estar siempre presente en la planificación territorial y urbanística”.

En cuanto al escenario económico aludido en el último parrafo de contestación por parte de Medio Ambiente, el defensor considera que “el escenario económico predetermina las posibilidades de inversión de los agentes privados, pero el Estado de Derecho exige que los poderes públicos velen por principios constitucionales tales como la función social de la propiedad (art. 33.2 CE); la protección del derecho al medio ambiente que obliga, entre otros fines, a una utilización racional de todos los recursos naturales (art. 45, aptdos. 1 y 2 CE); la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (art. 47 CE); la subordinación de toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad al interés general (art. 128 CE); los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación, que han de estar presentes en el régimen jurídico de los bienes de dominio público (art. 132 CE), etc”.

Para Chamizo con la normativa en vigor desde hace años, y mucho más dado que existe una seria preocupación por la cuestión ambiental, gran parte del desarrollo urbano del municipio de Almuñécar y de otros de la Comunidad Autónoma, no debió aprobarse en los términos en que se ha venido contemplando en los Planes Generales de Ordenación Territorial.


Chamizo, también considera, que las “actuaciones invasoras del litoral con generación de riesgos, invasión y desvío de cauces de ríos, ocupación de terrenos inundables, etc. se han desarrollado “ no sólo en los años 60”, pues no podemos olvidar que ello ha ocurrido también y masivamente, con posterioridad a la entrada en vigor de nuestra Constitución, durante los últimos 25 años”.

En este sentido señala que “llama aún más la atención si cabe, y debe ser motivo de reflexión, el hecho de que la Comunidad Autónoma de Andalucía lleva constituida más de 25 años y posee competencia exclusiva, desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1981, en materia de «Política territorial, ordenación del territorio y del litoral, urbanismo»

Antonio Romero y La Costa Nostra

Antonio Romero, ex diputado andaluz de IU estuvo en Almuñécar presentando su último libro titulado 'Costa Nostra'. Aprovechó la visita para pedir el voto a IU en las elecciones europeas. Presentó el acto Antonio Leyva, coordinador local. Intervino, junto a Romero, el concejal de IU, Fermín Tejero, que explicó, detalló y concretó el por qué decimos una y otra vez que este municipio se podría llamar Marbellécar.

Las últimas pifias (suponiendo que sean pifias) de la Junta en materia de control del urbanismo nos hacen dudar acerca de las verdaderas intenciones del gobierno andaluz acerca de la corrupción en este y en muchos otros municipios, bastantes de ellos gobernados por el mismo partido del señor Griñán.

Unas cincuenta personas estuvieron acompañándonos en el acto, y la verdad es que para el desinterés que existe acerca de estas elecciones, consideramos que la cifra de asistentes estuvo razonablemente bien.

¿Dura lex?

Apenas tres meses después de ser encarcelado, el ex Alcalde de Alcaucín (el que guarda el dinero bajo el colchón), ya está en libertad

Cohecho, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental, decenas de miles de euros escondidos en su casa sin poder justificar su procedencia... pero ya está entre nosotros. El que fuera 18 años alcalde de Alcaucín por el PSOE salió en libertad previó pago de 120.000 euros. Una minucia para el personaje.

La jueza del caso "Arcos" contra la corrupción urbanística ha dictado un auto de libertad bajo fianza de 120.000 euros para el ex alcalde de Alcaucín (Málaga) José Manuel Martín, elegido por el PSOE y único encarcelado que quedaba por esta causa tras salir de la prisión un arquitecto de Diputación. Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, aunque contó con el apoyo de buena parte de los vecinos que decían que al menos había creado empleo en el pueblo.

El ex alcalde imputado fue detenido el pasado 27 de febrero y se ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza cuatro días después por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vélez-Málaga, del que es titular la jueza Irene Urbón. Ahora tendrá prohibido salir del territorio nacional y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando se le reclame, mientras que el caso continúa bajo secreto sumarial.

Esta operación, que suma más de una veintena de imputados, destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía. Por su parte, el que era jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga José Francisco Mora, que ingresó en prisión junto al ex alcalde por su presunta implicación en este caso, quedó también en libertad tras pagar una fianza del mismo importe el mes pasado.

Benavides privatiza parte de los servicios económicos para encargar una auditoría encubierta y maquillar la bancarrota del Ayuntamiento de Almuñécar

En la Junta de Gobierno del 26 de mayo, el equipo de gobierno ha aprobado contratar a una empresa privada para poner al día las cuentas y el inventario del ayuntamiento.

 

El acuerdo adoptado se basa en un informe elaborado por la Interventora y el Tesorero, y en el que se afirma que ‘debido a la acumulación de trabajo en los Servicios Económicos de este Ayuntamiento, la Contabilidad Municipal ofrece un considerable retraso en su puesta al día. En la actualidad se realizan las tareas de contabilización y cierre de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.’.

 

Es decir, hoy por hoy, nadie conoce la realidad contable y patrimonial del ayuntamiento. De hecho, además de la falta de algunos instrumentos contables, se reconoce que están sin cerrar las cuentas de los tres últimos ejercicios, lo que quiere decir que nadie sabe cuánto se debe o cuánto nos hemos gastado de más en los últimos años. Ni el gobierno ni la oposición tenemos los datos de una deuda que no ha parado de crecer pero que nadie se atreve a cuantificar.

 

Según se explica en el acta de la Junta de Gobierno, la segunda parte del trabajo a realizar por esta empresa estaría dedicada a cruzar la información recogida con la información que existe en los Servicios Económicos para realizar una depuración de los datos que forman en la actualidad el Balance de Situación del Ayuntamiento.

 

Esta decisión de Benavides demuestra que era procedente la petición que hizo la oposición en el último Pleno en el sentido de encargar una auditoría. La explicación de Benavides desautorizando la auditoría porque iba a suponer un gasto económico innecesario fue una burda maniobra ya que ahora es él mismo el que va a encargar en la práctica una auditoría externa que nos tememos será “a la carta” y con el resultado que mejor le convenga para justificar su política económica.

 

Con esta decisión, Benavides pone en manos de una empresa privada otra parte más de la gestión económica del municipio. Al igual que hizo con la recaudación, y ha hecho con el sistema informatizado de gestión de multas, ahora pretende que sea otra empresa privada la que haga un inventario real sobre el terreno de todos los bienes municipales que sirva de base para la confección del Inventario Contable de Bienes, la Cuenta de Patrimonio Público del Suelo y el Inventario General de Bienes.

 

Es decir, que en este ayuntamiento, según recoge el informe, no tenemos actualizado ninguno de esos elementos que forman parte de la contabilidad legal de los ayuntamientos. Es especialmente preocupante que no haya una relación del patrimonio de suelo, aunque este último elemento contable puede ser bastante simple de realizar dado que todo el suelo que correspondía al ayuntamiento por el planeamiento urbanístico se ha vendido de manera sistemática en los últimos años

 

La falta de personal, que se padece en el área económica desde siempre, se ha visto agravada este año al tener que asumir buena parte del trabajo que realizaba la APAT y que ahora no puede desempeñar la nueva empresa de recaudación. IU denunció que la operación para privatizar el servicio de recaudación de Almuñécar, además de ilegal, era antieconómica para los intereses municipales.

 

El ayuntamiento no puede seguir poniendo en manos de empresas privadas los asuntos económicos del municipio, sino que debe contratar el personal necesario para llevar a cabo estas tareas. La dimensión del descalabro económico originado por la privatización de la recaudación, el despilfarro en gastos innecesarios,  los contratos de los puestos de confianza o el aumento injustificado en el coste del servicio de limpieza, entre otros, va a ser maquillada por una empresa privada contratada al efecto.

 

IU va a reunir los informes necesarios para ponerlos en manos de la justicia a fin de que Almuñécar no quede en la bancarrota en el momento que el Sr. Benavides quede fuera del Ayuntamiento.

IU demanda que los contenedores de reciclaje vuelvan a Almuñécar

IDEAL

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almuñécar, Fermín Tejero, ha vuelto a pedir al equipo de gobierno de Juan Carlos Benavides que los contenedores de reciclaje vuelvan a instalarse en lugares accesibles y cercanos. Pretende que el Ayuntamiento lleve a cabo un estudio para decidir la ubicación y la periodicidad de retirada de los materiales reciclables, «de esta forma se daría un servicio de calidad».

En opinión del edil de IU, la actuación del Ayuntamiento con los contenedores de reciclaje de papel, cartón, vidrios y plásticos «es inadmisible».

Tejero denunció que hace unos años el equipo de gobierno sexitano decidió eliminar los contenedores para reciclaje de Almuñécar y La Herradura, «una actuación que demuestra la nula sensibilidad medioambiental del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar, que choca frontalmente con la política mantenida por todas las administraciones en el sentido de apoyar el reciclaje y favorecerlo con medidas positivas».

Tejero cree contradictorio el hecho de que el mismo Ayuntamiento que quita los contenedores «promueva campañas escolares y publicitarias para educar y fomentar los hábitos para reciclar materiales».

«Almuñécar tenía firmado convenio con la empresa Recisur, que se encargaba de la gestión de los contenedores, como muchos municipios mucho más pequeños que Almuñécar donde los ciudadanos sí pueden reciclar. Así que no es de recibo que el alcalde, excusándose en un supuesto incumplimiento de la empresa concesionaria, hace más de dos años, decidiera que en Almuñécar no se recicla», sentenció.

IU critica al equipo de gobierno por su nefasta actuación en la recogida de materiales reciclables

La actuación del ayuntamiento acerca de los contenedores de reciclaje de papel, cartón, vidrios y plásticos, es inadmisible. La decisión tomada por el Alcalde y sus concejales, hace un par de años,  en el sentido de eliminar los contenedores para reciclaje de Almuñécar y La Herradura, demuestra la nula sensibilidad medioambiental del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar que choca frontalmente con la política mantenida por todas las administraciones en el sentido de apoyar el reciclaje y favorecerlo con medidas positivas. Pero lo realmente contradictorio es que desde el Ayuntamiento se promovieran campañas escolares y publicitarios, entre otras, para educar y fomentar los hábitos para reciclar materiales.

La competencia para gestionar la retirada de materiales reciclables es del Ayuntamiento, si bien hay una empresa, Recisur, que es la que tiene convenios con la mayoría de los Ayuntamientos de la provincia. Hay algunos municipios que gestionan la retirada de los contenedores selectivos con sus propios medios. Almuñécar tenía firmado convenio con la empresa Recisur, como muchos municipios mucho más pequeños que Almuñécar donde los ciudadanos sí pueden reciclar. Así que no es de recibo que el Alcalde, excusándose en un supuesto incumplimiento de la empresa concesionaria, hace más de dos años, decidiera que en Almuñécar no se recicla. Esa decisión coincidió con las diferencias que surgieron entre el Ayuntamiento y la empresa de limpieza El Mirlo, que culminó con darle la concesión de la limpieza a FCC, por lo que hubo quien apuntó que la razón primera y última para retirar los contenedores de Almuñécar fue ponerle las cosas difíciles a la empresa El Mirlo.

La pésima actuación del ayuntamiento contrasta con la incorporación del municipio al programa de Ciudades Sostenibles y la hipócrita firma de la Agenda 21; además genera entre los ciudadanos la idea de que los que nos gobiernan son unos ineptos y unos caprichosos. Es incomprensible volver a una situación que creíamos ya superada en la que toda la basura se depositaba en el mismo contenedor.

Si cada vez un mayor número de ciudadanos se esfuerzan por reciclar a pesar de las molestias indudables que esta práctica conlleva, es imprescindible que desde las instituciones no se les defraude añadiendo aún más dificultades. IU ya solicitó que se volvieran a instalar los contenedores de reciclaje en lugares accesibles y cercanos, además de realizar un estudio para la ubicación y periodicidad de retirada de los materiales reciclables. De esta forma se daría un servicio de calidad. Hasta ahora, el Alcalde se niega a ello. En IU esperamos que los responsables municipales sean capaces de atender esta demanda social.

UGT denuncia al Ayuntamiento de Almuñécar ante la Inspección de Trabajo

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha presentado ante la Inspección Provincial de Trabajo una denuncia contra el Ayuntamiento de Almuñécar por considerar que infringe la normativa laboral, ya que, según el sindicato, aproximadamente un tercio de los empleados (80 trabajadores de un total de 250), "se encuentra en régimen de colaboración social pero realiza tareas que corresponden al personal de plantilla".

Para Óscar Martínez, del sector de administración local de FSP-UGT Granada, el Ayuntamiento actúa, supuestamente, de forma "no ajustada a derecho y en fraude de ley", ya que "está abusando" de una práctica que consiste en dar ocupación a trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo (colaboración social).

Según Martínez, las tareas que realizan actualmente estas ochenta personas deberían ser realizadas por personal laboral fijo, por lo que la administración debería cubrir mediante contratación temporal por convocatoria pública las vacantes que se produzcan, conforme establece la legislación vigente en materia de Función Pública.

Ayuntamiento y Junta compiten por ver quién tiene más contradicciones en materia de urbanismo

IU muestra su asombro por las recientes contradicciones de la Junta y el Ayuntamiento en materia urbanística. Las últimas tienen que ver con dos obras de La Herradura; el Hotel Fuerte y el pabellón.

IU considera no ajustada a la realidad la versión del alcalde respecto a la sentencia recaída en el tema del pabellón de La Herradura. No es cierto que los tribunales hayan dado la razón al ayuntamiento; lo que ha ocurrido es que la Sala que juzgaba no ha entrado en materia al entender que el recurso se había presentado fuera de plazo. Consideramos lamentable que los servicios jurídicos de la Junta hayan vuelto a presentar fuera de plazo un recurso, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones y que da que pensar porque no es lógico que estos supuestos  errores se den con tanta profusión.

Entrando al fondo de la cuestión, pensamos que es una incongruencia denunciar un pabellón deportivo de uso público y autorizar un hotel privado, y eso es lo que ha hecho la Junta. Si los terrenos son no urbanizables no caben una cosa ni la otra, pero puestos a elegir, deben tener preferencia los usos sociales y públicos frente a los privados.

En el origen de esta querella está la actuación ilegal del ayuntamiento, que construyó el pabellón sin esperar a que se tramitase adecuadamente la declaración de utilidad pública. Como es habitual, el alcalde se saltó a la torera los trámites previstos en la ley y construyó el pabellón de manera ilegal, pero con la fortuna, para él, de que los encargados de velar por la legalidad, la Comisión de Urbanismo de la Junta de Andalucía, se han vuelto a saltar los plazos.

No es razonable que la Junta espere dos años para recurrir una actuación irregular. Denunciar el polideportivo cuando ya estaba prácticamente terminado demuestra una gran torpeza o una voluntad encubierta de amagar y no dar, permitiendo en la práctica que se vaya construyendo todo aquello que Benavides se propone, con lo cual, la Junta le está haciendo el juego en realidad a Benavides ya que sus barrabasadas acaban siendo legalizadas, como ocurrió con la famosa Vivienda Joven. 

IU relaciona este tema del polideportivo con el del Hotel Fuerte, en el que tanto el ayuntamiento como la Junta están actuando de una manera totalmente contradictoria. IU está en contra de que se invada la vega y se permita construir en suelo no urbanizable mediante la figura excesivamente usada de la modificación puntual. No obstante, la legalidad hay que cumplirla y acatarla aunque no nos guste. Lo cierto es que la Junta, tras varios años de oposición al proyecto de Hoteles Fuerte, cambió de criterio y  desbloqueó este tema el 1 de marzo de 2007 dando su visto bueno a la modificación puntual 98. A partir de ese momento, ya no había ningún impedimento legal para construir el hotel, por lo que la Junta de Gobierno dio la licencia de obras en mayo de 2008.

Por motivos que no conocemos del todo y que pueden estar centrados en el pago parcial o completo de la licencia de obras, la empresa retrasó unos meses el inicio de las obras y, de manera sorpresiva, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar acordó el 8 de enero de 2008 iniciar los trámites para declarar la caducidad de la licencia. Ante esa sorprendente decisión, la empresa presentó sus alegaciones y un recurso ante los tribunales, lo que demuestra que sí hay un interés por hacer este hotel.

Después de tanto criticar a la Junta, a día de hoy es Benavides el que tiene paralizada la construcción del Hotel Fuerte por un problema de escasa relevancia, como es el que la empresa no pidiese por escrito la prórroga de la licencia o la bonificación del ICIO. En IU nos parece injusto que los hoteles tengan esa bonificación del impuesto de obras mientras otros negocios, o simples ciudadanos que igualmente contribuyen con sus iniciativas a crear empleo y riqueza, no la tienen, pero, al margen de lo que nos parezca a cada cual, esa norma está aprobada por el Ayuntamiento y debe ser aplicada a todos los hoteles sin discriminar a unos frente a otros.

Pozoblanco: PSOE e IU dejan el Pleno al impedir el alcalde que se debatiera su reprobación

Las tropelías de Benavides tienen seguidores.

La expectación anoche era grande por ver el desarrollo del primer pleno de Benito García de Torres después de ser expulsado del PSOE, aunque durante la sesión él reiteró que aún no había recibido comunicación oficial de su partido de este extremo y, por tanto, continuaba considerándose miembro del grupo socialista. Paralelamente, el secretario de la Corporación municipal dijo no tener comunicación oficial de los órganos socialistas competentes acerca de esta expulsión, no reconociendo como interlocutores válidos a Serafín Pedraza, portavoz del grupo socialista, y a Manuel Llergo, secretario general del PSOE de Pozoblanco, quienes le habían comunicado por escrito esta expulsión.

La sesión, que tenía solo cuatro puntos, se inició con normalidad y sin ninguna alusión a este hecho. La polémica saltó, como sucedió en el pleno del mes de abril, cuando los concejales socialistas presentaron una moción de reprobación contra Benito García de Torres y el alcalde se negó a que se votara la urgencia de la misma y por tanto se entrara en debate, tras escuchar el informe que hizo el secretario de la Corporación municipal quien señaló que la propuesta socialista tenía visos de ilegalidad.

Antes, el portavoz socialista justificó la urgencia de la moción por la situación de debilidad y precariedad del Ayuntamiento, las tensiones que se están produciendo y la situación de parón absoluto que vive el municipio. La moción instaba entre otras cosas a reprobar al alcalde "porque su mantenimiento es un obstáculo para la gobernabilidad del municipio" y retirarle la dedicación exclusiva al primer edil con todos los efectos económicos y de Seguridad Social que resulten oportunos, para dar cumplimiento a los acuerdos del pacto antitransfuguismo con carácter inmediato.

El debate que se suscitó por este tema fue agrio y culminó con el abandono del mismo de los concejales de los grupos socialistas y de Izquierda Unida, como protesta por no haberse votado la urgencia de la moción. Los dos portavoces de estos grupos, Serafín Pedraza y Manuela Calero, respectivamente, lamentaron la situación y la actuación del secretario de la Corporación.

Pedraza expresó sus quejas porque el funcionario no le había respondido a su pregunta acerca de qué artículo impedía que se votara la urgencia de esa moción.

Emiliano Pozuelo, portavoz del PA, calificó de vergonzoso lo que estaba ocurriendo en el pleno, instó a los concejales socialistas y al alcalde a que se marcharan por el bien de Pozoblanco y lamentó que problemas internos de partido se llevaran al salón de plenos. Baldomero García, portavoz del PP, se expresó en similares términos.

IU denuncia un nuevo aumento de la zona azul

El ayuntamiento ha decidido en la Junta de Gobierno del 11 de mayo poner zona azul en la parte de la Avenida Europa que hasta ahora tenía libre aparcamiento. Se trata de la zona delimitada entre la calle Enrique Carrasco y el Paseo de San Cristóbal.

La voracidad recaudatoria del alcalde no tiene límites, en opinión de Fermín Tejero, concejal de IU. Tras haber puesto de zona azul casi todas las playas ahora el alcalde amplía la zona azul a otra calle más del centro, una de las pocas que aún quedan sin esta calificación.

Suponemos, dice Fermín Tejero, que colocar la zona azul en esta calle es una compensación a la empresa por las plazas perdidas en la Avenida de Andalucía, actualmente en obras.

Con este nuevo acuerdo, el Ayuntamiento reincide en poner las cosas difíciles a los vecinos y visitantes de Almuñécar, cuyo descontento va en aumento. La ampliación de la zona azul es un despropósito más que añadir a los paseos marítimos levantados y a la Avenida de Andalucía que sigue en obras hasta no se sabe cuándo porque ya nadie se cree que esta calle esté terminada para el verano como había prometido el alcalde al decir que había que elegir entre verano y semana santa. Los vecinos, comerciantes y empresarios de las zonas afectadas están teniendo una paciencia digna de elogio y una pasividad incomprensible.

Puestos a ampliar la zona azul, Fermín Tejero se pregunta por qué motivo aún se mantiene sin zona azul el tramo de la calle Guadix donde el ex-concejal de urbanismo tiene un hotel.

El concejal de IU sostiene que esta extensión de la zona azul no mejora en nada la situación de los aparcamientos pero supone otro ataque más a la economía de los almuñequeros y los turistas que cada vez nos visitan con menos asiduidad gracias a la política antiturística del alcalde.

Los Ayuntamientos no colaboran en la lucha contra el delito urbanístico

La crisis ha hecho que en algunas fiscalías disminuya el volumen de delitos urbanísticos, aunque suben las diligencias de investigaciones y los procedimientos abiertos durante el año pasado. También aumentan las sentencias condenatorias. Un 37% respecto a 2007. Suman 301 y contribuyen a que decrezca la sensación de impunidad. Lo que sí se mantiene es la escasez de medios materiales y humanos para perseguir los delitos, así como la falta de colaboración por parte de la administración pública, según la Memoria 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, a cuyo frente está el fiscal Antonio Vercher.

A pesar del paulatino aumento de medios, siguen faltando recursos materiales y humanos. En algún caso, carecen de fax y de escáner. También faltan fiscales y personal auxiliar. Pero en las fiscalías en que sí ha aumentado el número de fiscales especialistas no ha mejorado el sistema organizativo. "El problema informático y de unificación de sistema es un problema generalizado", según la memoria. Esto dificulta la coordinación entre fiscalías y juzgados. Cuando se trata de investigar grandes proyectos, además de consumir los escasos medios de que disponen, los responsables suelen quedar impunes.

A la falta de medios se suma la de colaboración de la administración pública. Algunos ayuntamientos "hacen absoluta dejación de sus funciones" y no trasladan a las fiscalías expedientes incoados cuando hay indicio de delito.

Las irregularidades que investigan las fiscalías se producen en clara connivencia con las autoridades municipales; en Salamanca, se cita entre otros, al municipio de Ciudad Rodrigo con múltiples irregularidades urbanísticas: chalés en suelo rústico, obras sin licencia y expedientes administrativos que acaban caducando por inacción de los ediles, tal como comprobó la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía. En Cáceres, se alude a concesión de licencia para edificar en zonas inundables del río, con el consiguiente riesgo; en Santa Brígida (Gran Canaria) es el propio ayuntamiento el que construye un velatorio en suelo rústico de protección ambiental. En Fuerteventura, habla de posible edificación dentro del Parque Natural de Jandía, en Pájara (Fuerteventura). Obras que se basaban en un plan parcial declarado nulo por sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia canario.

También destaca la memoria diligencias informativas incoadas a raíz de las quejas y denuncias formuladas por instituciones culturales por el polígono industrial proyectado en las inmediaciones de Bienes de Interés Cultural, como Numancia o el casco antiguo de la Ciudad de Soria, entre otros emplazamientos.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía se lleva la palma en lo que se refiere a la actuación de las fiscalías en delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo: más del 50% del total de las diligencias de investigación; el 62% de los procedimientos abiertos en toda España; el 78% de las sentencias condenatorias y el 72% de las absolutorias.

Al recoger la actuación de las fiscalías la memoria de 2008 incorpora los diferentes criterios de actuación en la lucha contra el delito urbanístico. Destaca que la Fiscalía de Granada extiende la acción penal a las empresas de gestión de publicidad o asesoría inmobiliaria en promociones ilegales, compañías que antes se quedaban al margen de la investigación penal como imputados. Abre el abanico a quienes parcelan suelo no urbanizable ya sean constructoras, promotoras o agencias inmobiliarias mediadoras que tendrán que responder como responsables de la posible demolición o indemnizaciones a los terceros de buena fe.

Y, mientras las fiscalías de Córdoba y de Sevilla son alabadas, la memoria pone en evidencia a las de Cáceres y Elche que dejan actuar con total impunidad al promotor cuando se trata de un particular por una "interpretación anómala" y restrictiva del concepto de promotor en el Código Penal.

Contrasta la falta de colaboración de la administración, con la de los ciudadanos. El grueso de las denuncias de infracción de normativa ambiental y urbanística se debe a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones vecinales. Aunque no siempre es una colaboración desinteresada cuando se trata de particulares y aparecen motivaciones revanchistas e, incluso, colectivos que ejercen presión para pedir la regularización, con cargo a fondos públicos, de urbanizaciones ilegales, según denuncian algunas fiscalías.

Vecinos de la provincia podrán invertir en placas solares públicas

Los ayuntamientos aportarán el suelo y quien ponga dinero obtendrá beneficios de hasta el 10%

Los vecinos de diversos municipios granadinos podrán hacer dinero al invertir en sistemas de generación de energías limpias -como placas solares- que sus ayuntamientos instalarán en espacios municipales. Cobrarán los beneficios que se obtengan de la venta de la luz que se haya creado y en base a la inversión que cada uno de ellos haga.

Es como meter dinero en bolsa, pero en este caso se hace en la compra e instalación de las placas fotovoltaicas del ayuntamiento, que serán propiedad de cada vecino que ponga su dinero.

El vicepresidente segundo de la Diputación, Julio Bernardo, ha explicado las bases del futuro Consorcio Provincial de Ayuntamientos Productores de Energía 'Granada Renova', una iniciativa por la que hasta ahora se han interesado unas 70 localidades de la provincia.

Los ayuntamientos pondrán a disposición inmuebles públicos de titularidad municipal, tales como la sede del consistorio, centros cívicos, pabellones o casas de cultura, para la implantación de fuentes de generación de energía renovable, principalmente paneles solares fotovoltaicos.

Los vecinos, por su parte, financiarán estos proyectos con inversiones que oscilarán entre 3.000 y 30.000 euros, cantidades que se depositarán en las denominadas sociedades populares de inversión, que los consistorios crearán con el apoyo de la Diputación para la gestión de estos fondos.

Bernardo sitúa el margen de beneficio para los inversores aproximadamente entre un 8 y un 10 por ciento, dado que la generación de electricidad con fuentes alternativas recibe una subvención del Gobierno central en forma de primas a los productores.

Ingresos fijos

El vicepresidente segundo de la Diputación confía en que los vecinos se involucren en esta idea ya que, según asegura, «los ingresos son fijos y están asegurados» en un negocio que servirá para «democratizar» la energía, ya que «el beneficio que se queda en el pueblo es mucho mayor que el que puede dejar una empresa».

«Queremos que los ayuntamientos formen parte de la ganancia y que ese beneficio se quede en los pueblos», recalca, y define las instalaciones de energía solar fotovoltaica como las más viables para su ubicación en los edificios públicos de los pueblos, dado que otros tipos de proyectos tienen más problemas de instalación.

El ex interventor de Castro Urdiales, Fernando Urruticoechea dice que la "trama de corrupción" afecta a más ayuntamientos

El ex interventor de Castro Urdiales, Fernando Urruticoechea, que ejerce la acusación particular en el proceso judicial abierto en el municipio, afirmó hoy que "la trama de corrupción" de Castro "no está aislada del mundo político de Cantabria", pues "muchos" de los beneficios obtenidos por los partidos castreños "han ido a las direcciones de los partidos políticos correspondientes", además de que la corrupción "afecta a otros ayuntamientos".

En una rueda de prensa con motivo de su despedida como interventor-tesorero en Cantabria, Urruticoechea, que fue responsable de la fiscalización interna de la gestión económica del Ayuntamiento de Castro Urdiales de abril de 2001 a marzo de 2006, subrayó que la corrupción en el municipio "ha sido tremebunda desde 1992, un saqueo directo y total al patrimonio público y a los fondos del Ayuntamiento"

En este sentido, observó que la corrupción es "algo bien visible para cualquiera que quiera ver", pues tras la construcción de más de 10.000 viviendas en los últimos años, el Ayuntamiento debería contar con "un patrimonio público ingente" pero "no hay nada de nada: ni equipamientos, jardines, ni zonas de ocio".

 Tras señalar que "las bases" de la "mezcla fatal" de la corrupción son "un nepotismo y caciquismo exacerbados" y "una corriente de dinero público", afirmó que lo sucedido en Castro "no son cosas aisladas, de la misma forma que tampoco lo que sucede en Castro es una cosa aislada con respecto al contexto de lo que sucede en los municipios".

Al respecto, aseguró que lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Castro "no es una cosa de tres o cuatro malos, sino que es toda una trama de corrupción; una trama de corrupción de que no está aislada del mundo político de Cantabria".

Así, afirmó que si bien en Castro la corrupción ha sido "muchísimo mayor" porque el municipio fue "número uno en cuanto a construcción y urbanismo", y por tanto ha dispuesto de grandes fondos públicos, la corrupción "también afecta a otros ayuntamientos en los que se han cometido graves barbaridades de saqueo: no hay más que preguntar cuál es el patrimonio municipal del suelo en los ayuntamientos donde más se ha construido", remitió.

Además, dijo que muchos de los beneficios obtenidos por los partidos políticos en Castro "no han sido para financiar sólo las campañas" de los partidos de esta localidad sino que "han ido a las direcciones de los partidos políticos correspondientes". "Hay que preguntar por qué Muguruza sigue teniendo el apoyo que tiene, tal vez por el dinero", apuntó.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Por otra parte, Urruticoechea aclaró que la trama de corrupción de Castro Urdiales "no ha sido descubierta" por el Tribunal de Cuentas, "ni siquiera" por él cuando era interventor.        Por ello, consideró que "nadie se puede llamar a escándalo por lo que dice el Tribunal de Cuentas". "Son escándalos hipócritas, de fariseos, cuando lo que hace el Tribunal es cuantificar de forma rigurosa parte de lo que ha podido averiguar, porque otra parte es imposible ya que han destruido documentación", declaró.

Pero, insistió, la corrupción era "perfectamente conocida" y desde el año 2000 "todas estas cosas ya estaban en los periódicos y en los plenos".

En este sentido, recordó que cuando era interventor, sus informes se conocieron no a través de él sino de los partidos de la oposición, que los utilizaban "políticamente". "Así es como se conocieron mis informes en los años 2001, 2002, 2003, 2004; nunca se pasaron directamente sino a través de los partidos de la oposición. Pero ahora ya no los pasa nadie porque todos ellos están implicados", denunció.

UN TRAJE DE PRESO

Urruticoechea agradeció al pueblo de Castro su actitud frente a la corrupción pues en las dos elecciones municipales de 2003 y 2007 "ha castigado significativamente a los partidos corruptos", en lo que calificó como un "contraejemplo" de la "indiferencia" o "inhibición" que provoca la corrupción en la sociedad española.

Precisamente la rueda de prensa concluyó con el ex interventor regalando al pueblo de Castro un traje a rayas de preso, "para ver quién lo ocupa primero, si Fernando Muguruza, Salvador Hierro, José Miguel Rodríguez, Rufino Díaz Helguera o yo", en alusión a las "graves acusaciones" que han dirigido contra él "últimamente".

En la comparecencia también intervino el abogado que lleva la acusación particular de Urruticoechea, Josu Samaniego, quien se refirió a las "maniobras" de los imputados contra su defendido. "Intentan quitarme como acusación particular para que pase sólo a acusación popular y no les pueda acusar", opinó el ex interventor.

Las eternas obras de los parking

La Opinión

BALTASAR G. CANO. Las obras de dos aparcamientos subterráneos en los paseos marítimos de las playas de Velilla y San Cristóbal, en Almuñécar, tienen a los vecinos y a los comerciantes en pie de guerra. Pocos quieren hablar del tema "por miedo a represalias" y, los que se deciden a hacerlo, solicitan expresamente que su nombre o su negocio "no aparezcan ni en foto".

Las obras comenzaron en octubre de 2007 y su finalización estaba prevista para el verano de 2008, pero la empresa concesionaria se quedó sin dinero "debido a la crisis", lo que retrasó los trabajos. El Ayuntamiento tuvo que buscar una nueva sociedad que se hiciera cargo de continuar la actuación. La promotora del Grupo San José Cartuja Inmobiliaria asumió la continuidad de los trabajos en octubre, aunque la intervención no comenzó hasta principios de este año.

El aparcamiento subterráneo de Velilla tendrá una capacidad de 421 plazas, de las que un porcentaje será rotativo y el resto se arrendará a particulares por un período de 50 años. La inversión supera los cinco millones de euros, una cifra algo inferior a la del subterráneo de San Cristóbal, que ofrece 300 plazas, de las que buena parte tenían la venta o alquiler asegurados, ya que un hotel de la zona se comprometió a quedarse con 80 estacionamientos para sus clientes y otras tantas más se repartirían entre los vecinos.

Todo apunta a que este verano las zanjas seguirán abiertas, con el perjuicio que ello ocasionará a los vecinos y visitantes. Una agencia que se dedica al alquiler de apartamentos para turistas manifestó a este periódico que "de las pocas solicitudes que se hacen debido a la crisis, el 80% exige que el apartamento no esté cerca de la zona de obras", y es que nadie quiere pasar quince días de descanso estival "escuchando un martillo pilón desde las ocho de la mañana".

El tráfico, además, está interrumpido desde enero. En el caso de playa Velilla, esta zona residencial ya no se comunica con el municipio a través del litoral, por lo que otro de los perjudicados será el parque acuático, el único de la Costa Tropical, que sólo tendrá una vía de acceso y ha perdido muchos aparcamientos.

En el sector de la hostelería, el malestar es evidente y algunos comentan que, después de que el turista llegue, "tras varias horas de colas en la carretera, más que cobrarle las raciones, tendríamos que disculparnos primero y después invitarlos a comer".

Al descenso de la recaudación en el sector servicios se añade la restricción del tráfico en algunas zonas, que ahora sólo tienen acceso peatonal, "lo que además de frenar la llegada de clientes, dificulta que los repartidores puedan servirnos sus productos", lamenta el propietario de un restaurante.

Precedentes. No es la primera vez que las obras de los aparcamientos dan problemas en Almuñécar. En el verano de 2006, la construcción del subterráneo del Paseo del Altillo también crispó los ánimos de los comerciantes de la zona. La propietaria de una cafetería explica a este periódico que aquella época "ya por fin se ha olvidado y la mejora es considerable, ya que los clientes vienen tranquilos porque saben que pueden aparcar con comodidad".

Antonio Carrascosa, un vecino de Velilla, no duda en admitir que si hubiera más interés por parte del Ayuntamiento "las obras ya estaría terminadas, pero seguro que el alcalde busca otro culpable, siempre se repite la misma canción en este pueblo". Carrascosa huye de Almuñécar durante el período estival y alquila su piso a veraneantes que eligen como destino la costa sexitana. "Con ese dinero puedo vivir el resto del año y, además, me alejo del bullicio, pero este año parece que vamos a pinchar en hueso". A su apartamento sólo se puede llegar andando y los escasos aparcamientos que hay cerca "son de pago, quién inventaría la zona azul", declara. El sentir general se traduce en malestar por el atraso de unas obras que ya deberían estar terminadas y en resignación por parte de los afectados, que temen, incluso, pagar las consecuencias de sus declaraciones públicas.

El PP denuncia el gasto «exagerado» que el alcalde destina a Peña Escrita

Más vale tarde que nunca. Ya son varios años los que llevamos denunciando esa desmesura en el gasto, ese pozo sin fondo del que parece haberse dado cuenta ahora el PP. Estupendo. Esperemos que a partir de ahora ya no le aprueben al alcalde todas las propuestas de gasto en ese cortijo porque lo cierto es que, hasta ahora, todos los gastos de Peña Escrita que han ido a Pleno han sido aprobados por el PP.

El Partido Popular de Almuñécar ha criticado al equipo de gobierno de Juan Carlos Benavides (CA) por «el gasto desmesurado destinado en los últimos meses al parque municipal de Peña Escrita y que ha llegado a cuantificarse, incluido el plan de fomento al empleo del gobierno central, en 480.000 euros, equivalentes a 80 millones de las antiguas pesetas».

Así lo han manifestado a través de un escrito donde en opinión de los populares sexitanos éste hecho es «indignante», ya que «en la época de crisis que estamos soportando hay que priorizar los recursos municipales, ya que existen infinidad de familias y negocios que tienen muchísimas dificultades para llegar a fin de mes y no es aceptable que mientras que esto ocurre el Ayuntamiento se gaste 80 millones de pesetas en Peña Escrita».

Entre estos gastos, denunciados por el PP, llaman la atención los 6.068 euros que va a costar la instalación eléctrica en las leoneras del citado parque, los casi 16.000 euros que de la contratación de horas de trabajo con máquina retro giratoria y martillo para la extracción de plantas en Fuente-Vaqueros y ponerlas en Peña Escrita o los 30.618 euros en el forjado del mirador para recinto o edificio para albergar los tigres, según enumeran los populares.

En opinión del PP sexitano, el parque Peña Escrita se está convirtiendo «en un pozo sin fondo, que año tras año, tiene unos gastos de cientos de millones de pesetas, mientras tanto proyectos necesarios para el municipio, siguen paralizados por falta de recursos económicos».

«Lo que debería estar haciendo el Ayuntamiento es incentivar la creación de empleo, hecho éste que sacaría del paro a muchos almuñequeros y herradureños que actualmente no están incorporados al mundo laboral, en vez de seguir gastándose el dinero en miradores para tigres o en trasladar palmeras de un sitio a otro», añadieron los populares.

Un nuevo parón en las obras dejará los paseos sexitanos 'patas arriba' por segundo verano

Los paseos de San Cristóbal y Velilla van camino de pasar su segundo verano 'patas arriba' y a este paso, los retrasos y despropósitos del parking del paseo del Altillo se van a quedar cortos porque las obras de Velilla y San Cristóbal vuelven a estar paralizadas. Y ya es la segunda vez. La empresa concesionaria ha retirado las máquinas en estos últimos días y ha dejado las obras, por lo que el compromiso de tener los parkings cubiertos para este verano de 2009 va a resultar imposible de cumplir.

La empresa adjudicataria, Cartuja Inmobiliaria, consultada por este periódico, no ha ofrecido los motivos de la paralización de las obras. El verano pasado, con los paseos cortados y sin plazas de aparcamiento, fue caótico en San Cristóbal y Velilla. El agua estancada provocó mosquitos y molestias y el negocio turístico cayó en picado. Para colmo de males, en agosto, las obras se paralizaron por «motivos económicos». La crisis cogió de lleno a la empresa constructora Goypesa que comenzó a retirar el material y dejó colgado el proyecto y a muchos de los trabajadores, que se manifestaron en las obras para que les pagasen las deudas.

Los parkings estuvieron paralizados y abandonados cuatro meses, hasta diciembre, cuando el Ayuntamiento anunciaba a bombo y platillo la salvación. La cooperativa concesionaria de los proyectos, Los Gladiolos, encargaba las obras a una nueva empresa, Cartuja Inmobiliaria, perteneciente al Grupo San José, que se comprometía a acabar con los despropósitos de las obras y a agilizarlas. La empresa, una constructora con solvencia perteneciente a un gran grupo empresarial, infundió confianza y dio garantías. Incluso tranquilizó a los vecinos asegurando que ya había pasado lo peor y prometió que, esta vez sí, los dos parkings estarían cubiertos para este próximo verano.

Pero la historia se repite y ahora es Cartuja Inmobiliaria la que ha paralizado las obras para desesperación de vecinos y de todo el sector turístico almuñequero, que se enfrenta a su segundo verano con sus paseos más emblemáticos 'patas arriba'. Un auténtico desastre económico que ha hecho caer las ganancias hasta más de un 50% en la zona.

Desde Semana Santa en los parkings no se trabaja y la empresa ha ido retirando la maquinaria de la zona.

IU denuncia la modificación ilegal del periodo de cobro de los vados y valora positivamente la ampliación del plazo para el pago del impuesto de vehículos

IU valora positivamente la ampliación del plazo de cobro del impuesto de vehículos en quince días. Aunque esta ampliación no satisface plenamente la petición planteada por IU en las alegaciones presentadas, supone un reconocimiento implícito de que el plazo fijado estaba fuera de la realidad.

IU critica que, sin embargo, el Alcalde vuelva a actuar de la misma manera en la tasa de vados, modificando el periodo de cobro de la tasa de Vados. Es por ello que el concejal de IU ha presentado alegaciones también contra esa nueva medida ya que ha modificado el periodo de pago respecto al fijado en años anteriores y sin haber publicado previamente la exposición pública del padrón de Vados para examen y/o reclamaciones.

IU califica de ilegal la modificación del plazo de cobro sin aportar los informes técnicos que justifiquen y hagan necesario ese cambio. En el 2008, y en años anteriores, el plazo de cobro iba del 1 de Septiembre al 20 de Noviembre. Sin embargo, para este año, el alcalde ha adelantado esas fechas fijando el plazo desde el 16 de abril al 15 de junio de 2009, ambos inclusive

Según la legislación, el alcalde no puede modificar arbitrariamente los periodos de cobranza de los recibos de exacción periódica. Este cambio de fechas, reduciendo además el número de días para pagar, necesita de un informe previo elaborado por los servicios técnicos municipales que avale la necesidad y las razones de tal cambio y la posterior comunicación individual a los contribuyentes.

Estas decisiones del alcalde están provocando la indefensión de los contribuyentes. De igual manera, el Alcalde comete una falta grave por retirar el importe de los recibos domiciliados en cuenta corriente en un periodo distinto del habitual sin haberlo comunicado debidamente. Esta actuación puede provocar el que algunas cuentas queden en descubierto al no contar el titular con este gasto imprevisto.

En el caso de modificación motivada del periodo de pago, deberá notificarse individualmente a todos los contribuyentes esta modificación. El incumplimiento por parte del alcalde de la legislación tributaria, administrativa y procedimental, algo ya habitual en él, puede provocar que los contribuyentes, ajenos a  esos cambios caprichosos de fechas, vean como sus impuestos son gravados con un recargo por cobrarse en vía ejecutiva.

Esta decisión del alcalde provocará sin lugar a dudas una importante disminución del cobro en voluntaria y un aumento del número de vecinos sancionados con recargos totalmente injustos. Es decir, se está perjudicando la liquidez del ayuntamiento y la economía de los vecinos, y quizá aquí la única beneficiada sea la empresa de recaudación que aumentará sus ingresos con el cobro en ejecutiva de un buen número de recibos.

Nuevamente IU denuncia que el ayuntamiento está incumpliendo el auto del juez que suspendió la adjudicación, ya que la misma empresa que obtuvo la adjudicación provisional, está repartiendo estos recibos, dando duplicados de recibos y manejando los datos bancarios, confidenciales y privados de los contribuyentes.

Estos datos sólo deben estar manejados por funcionarios públicos de acuerdo a la legislación. Es completamente ilegal que se estén manejando así los datos confidenciales de los contribuyentes, que además se reparten de forma tardía y chapucera en impresos abiertos que cualquiera puede curiosear y se depositan en cualquier sitio. Por todo ello, Izquierda Unida anima a que los contribuyentes denuncien este proceder ante la Agencia de Protección de Datos.

LA UNIÓN EUROPEA ADMITE A TRÁMITE LA DENUNCIA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SOBRE LAS CONDUCCIONES DE AGUA A BAZA DESDE EL CASTRIL

Esta denuncia se ha presentado  por el incumplimiento de la Directiva Comunitaria y la aplicación fraudulenta de los fondos FEDER. Así mismo se ha impugnado  la resolución del ministerio de medio ambiente por incumplir la legislación vigente.

La Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto Conducción de abastecimiento a Baza desde aguas abajo del embalse de El Portillo, está llena de inexactitudes y de medias verdades.

Independientemente de la ilegalidad de partida en la justificación del proyecto (la inexistente falta de agua potable en Baza) en la calificación como obra de emergencia (sin que haya habido desastre natural, peligro para la población o sea causa de defensa nacional), - ¡que ya se ve la emergencia después de más de dos años de la adjudicación de las obras y no ha habido ningún daño para nadie por su paralización!- el Ministerio decide en julio de 2007 -a la vista de la chapuza de la tramitación inicial- que va a iniciar la fase de consultas previas a instituciones previsiblemente interesadas (como manda la Ley)

Da la casualidad que entre esas instituciones deberían haber estado el Excmo. Ayuntamiento de Cortes de Baza y Ecologistas en Acción, que no han recibido nunca, al menos la Organización Ecologista, ningún documento sobre este proyecto, a pesar de haberlo solicitado oficialmente en Granada y en Madrid.

A esto hay que añadir la postura cobarde de la Junta de Andalucía, que a pesar de que la Ley Andaluza sí exige un Informe Ambiental, en vez de realizar la correspondiente exposición pública, se descuelga con un condicionado a la medida del proyecto.

Es absolutamente aberrante la actitud de los responsables de estas administraciones que todavía no han respondido, después de más de dos meses -incumpliendo totalmente la Ley que ellos mismos han aprobado- a la pregunta de ¿para quién y para qué es el agua que se quiere llevar a Baza?

A lo mejor tienen mucho que decir los megalómanos planes del Ayuntamiento de Baza respecto a su futuro residencial e industrial, pero para eso no había que mentir diciendo que no hay agua potable para la población, cuando hay agua para todo tipo de especulación.

EL PP EXIGE A BENAVIDES LA RESTITUCION DE LAS SECRETARIAS DE GRUPO

El Partido Popular de Almuñécar ha exigido al Alcalde del Municipio, Juan Carlos Benavides, la inmediata restitución de las Secretarias de Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almuñécar, que Benavides cesó recientemente, justificándose en una “supuesta ruptura de acuerdos por parte del PP”.

El PP ha recordado al equipo de gobierno que la propuesta relativa al Régimen de Dedicación, Indemnizaciones y Asistencias a miembros de la Corporación Municipal aprobada por el Pleno de Julio de 2.007 fue suscrita por tres grupos políticos, Convergencia Andaluza, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español.

Dicho acuerdo está siendo respetado por el PP en todas sus cláusulas y apartados, de forma que Convergencia Andaluza dispone de 9 concejales con dedicación exclusiva, 4 cargos de confianza y 1 secretario de grupo, y el PSOE de un concejal con dedicación exclusiva, otro en régimen de media dedicación y dos secretarios de grupo.

El grupo de teatro SKS actúa en Otívar

El próximo 19 de abril SKS TEATRO actúa en Otívar representando La Asamblea de las Mujeres. Tres días antes comienzan una gira que les lleva por Cuenca y Sevilla los días 16 y 17.

Hace pocas semanas los vimos actuando en Salobreña. El espectáculo fue fabuloso y la asistencia de público, estupenda. A pesar de que la mayoría de componentes son almuñequeros y almuñequeras, por alguna razón se le ha atragantado a nuestro alcalde este grupo y no hay un hueco en la Casa de la Cultura para ellos.

El grupo sigue sin representar sus obras en Almuñécar porque desde el equipo de gobierno no se considera ésta una actividad digna de ser subvencionada. Por lo visto, el teatro clásico no es nada importante para este equipo de gobierno. El que un grupo importante de jóvenes dedique sus horas de ocio a ensayar teatro en vez de hacer botellón no es digno de reconocimiento y apoyo institucional.