Felizmente, y tras la enérgica intervención de IU en este proceso, las 14 viviendas de Citalsol, que la promotora pretendía convertir en libres con la complicidad del ayuntamiento, van a ser adjudicadas a 14 familias almuñequeras que han tenido que esperar demasiado tiempo para entrar a su vivienda. Enhorabuena a estas familias. Y como dice el refrán, bien está lo que bien acaba.
Recordemos que el 6 de febrero de 2008, cuando ya estaban terminadas las viviendas de Citalsol, y tras un enredado cambio de escritos entre Comarex y el ayuntamiento, con la única intención de que las viviendas dejaran de ser de protección oficial, Comarex entrega en el ayuntamiento un escrito en el que pide: ’se insta a ese Ayuntamiento a rectificar el error material existente en el Contrato... eliminando cualquier referencia a régimen de protección oficial’.
Tras ese escrito de la promotora, el alcalde mete ese punto en el orden del día del Pleno que se iba a celebrar el 18 de febrero. El punto se titulaba ’Rectificación error material en concurso Vivienda Joven Citalsol’. La rápida intervención de IU, denunciando el delito en los medios de comunicación y en la Fiscalía, obligó al alcalde a retirar el punto del orden del día.
La nota de prensa de IU decía que:
Izquierda Unida denuncia una operación para convertir en libres 14 viviendas de VPO
Antonio Leyva, coordinador local de IU en Almuñécar, denuncia que se está tramitando un expediente para quitar a catorce viviendas el calificativo de VPO con el que han sido construidas. La excusa que utiliza el ayuntamiento es que ha habido un error en el expediente y que, en realidad, nunca debió poner vpo en los documentos.
La afirmación es sorprendente, en opinión del coordinador local de IU. Desde el principio, en todos los documentos e informes se establece con total claridad que allí se van a construir viviendas de protección oficial. No se trata de un error aislado sino de un dato repetido en todos y cada uno de los documentos: informe de Contratación, informe de Urbanismo, acta del Pleno de aprobación del Pliego de cláusulas, acta del pleno de adjudicación de la parcela, escrito de la empresa pidiendo licencia de obras, acta de la Junta de Gobierno concediendo licencia de obras...
Hay que tener mucha cara y pocos escrúpulos, sostiene Leyva, para decir que eso es un error. Estamos hablando de un auténtico pelotazo porque en el informe del señor Passolas, fechado el 16 de julio de 2004, se dice textualmente que Las viviendas a construir sobre las parcelas de las que se trata serán necesariamente acogidas a cualquier régimen de protección oficial de los existentes siendo su precio máximo de venta el correspondiente al módulo oficial vigente para dicha protección oficial, de ahí que los valores de estas fincas contemplen esta situación y condiciones’.
El señor Passolas, en su informe, habla siempre de protección oficial. El mismo título del informe es elocuente: Informe que se emite en relación con la valoración económica de las parcelas en Citalsol al objeto de que sobre las mismas se desarrollen actuaciones de construcción de viviendas de protección oficial’.
Passolas justifica el bajo precio de las parcelas ’Considerando las circunstancias especialísimas del destino de esta finca -construcción de viviendas acogidas a régimen de protección oficial-...’
En base a esos informes, el Pleno del 15 de noviembre de 2004 adjudica a Comarex las parcelas (que miden un total de 2.528 m2) por un precio ridículo: 34.858 €. más los gastos de urbanización.
No hay duda alguna. Cuando la ley permite rectificar una decisión en base a un error material no está hablando de barbaridades como esta. Si realmente el Pleno llegase a aprobar esta modificación tan importante como subsanación de un error, se habría perdido toda seguridad jurídica pues cualquier acuerdo, da igual cuál, podría ser anulado en base a esa misma excusa.
Para IU, está claro que no estamos ante un error. Si la misma empresa, después de haber conocido los informes y los acuerdos del Pleno, pide licencia para construir viviendas de protección oficial, cómo se puede argumentar que hay un error.
Lo que hay es un auténtico escándalo al que debería poner fin la Justicia cuanto antes, y que comienza el 27 de julio de 2007, tres años después de comenzar el proceso. Ese día, Comarex presenta un escrito diciendo: ’existe indefinición en el contrato acerca del régimen al que deben acogerse las viviendas a construir en dichas parcelas... solicito a ese organismo se sirva concretar y aclarar este último punto’.
La denuncia que IU presentó en Fiscalía, y que aún está pendiente de resolverse, decía textualmente:
Se han producido en el ayuntamiento de Almuñécar diversos informes y acuerdos que pueden concluir quitando el carácter de VPO a catorce viviendas construidas en la urbanización Citalsol.
La excusa utilizada para concluir que las viviendas no son de VPO ha sido la de que se ha producido un error. Esta excusa nos parece completamente fuera de lugar pues no se puede admitir con un mínimo de seriedad que ha habido un error cuando la expresión vpo aparece en todos y cada uno de los documentos: informe de Contratación que justifica el concurso en vez de las subasta, informe de Urbanismo que justifica el bajo precio de las parcelas, pliego de cláusulas, acta del Pleno que aprueba los Pliegos de Cláusulas para la venta de las parcelas, acta del Pleno que aprueba la venta de las parcelas, escrito de la empresa pidiendo licencia de obras, acta de la JGL en que se aprueba la licencia de obras... Realmente, suena a tomadura de pelo hablar de error para modificar un acuerdo de esa naturaleza.
La concatenación de escritos de la empresa, informes y acuerdos de la Junta de Gobierno tiene toda la impresión de formar parte de una operación bien orquestada para alterar un acuerdo tomado en 2004. La alteración del acuerdo supondría, además de una burla a la legalidad, un perjuicio evidente para los ciudadanos de Almuñécar y un beneficio espectacular para la empresa promotora de las viviendas al alterarse el precio de las mismas de manera significativa.
Entendemos que los hechos denunciados pueden ser tipificados como delitos previstos en el Código Penal, especialmente el de maquinación para alterar el precio de las cosas.
Consideramos especialmente grave la actuación del arquitecto municipal que aún continúa ejerciendo como tal a pesar de haber sido inhabilitado por el Colegio Profesional de Arquitectos. Sus informes contradictorios parecen hechos por encargo, cuestión esta que debería investigarse de manera especial a nuestro juicio.
