El alcalde de Almuñécar ha acordado con fecha 22 de junio sacar a concurso la gestión de las guarderías del municipio. El pliego contempla la adjudicación a una empresa privada de diez aulas con un total de 161 alumnos como máximo.
El importe global anual de licitación de la totalidad de las guarderías infantiles es de 271.917´25 €. Esta cantidad es la que el ayuntamiento pagará a la empresa que se quede con el servicio. Se dice en el pliego que si el dinero que la Junta envía para este concepto aumenta o disminuye, el concesionario recibirá más o menos.
Las aulas que se privatizan son las siguientes: La Herradura, Los Marinos, La Carrera, Torrecuevas y la denominada Escuela Infantil Al-Andalus. Todas ellas estarán abiertas de 7,30 a 17 horas salvo en el mes de agosto.
Para IU, las condiciones en las que se privatiza el servicio son un ataque tremendo a las condiciones de trabajo de las trabajadoras y, consecuentemente, al servicio de guardería que, sin lugar a dudas, verá mermada su calidad. La plantilla incluye tres categorías: maestras, educadoras y monitoras, aunque en la mayoría de los centros sólo habrá una maestra y una monitora que se harán cargo de quince alumnos con edades mezcladas desde los cuatro meses hasta los tres años.
Al parecer, las actuales trabajadoras de las guarderías municipales que tienen contrato fijo van a ser agrupadas en el Centro Reina Sofía, que seguirá siendo de gestión municipal.
Según el pliego aprobado por Benavides, el salario bruto incluyendo IRPF, pagas extras, vacaciones y seguridad social de una maestra con once meses de trabajo y 35 horas semanales será de 22.094,49 €. Estas maestras ejercerán en la mayoría de los centros como tutoras, coordinadoras y directoras con un horario que va de 9 a 15 y de 16 a 17 horas.
Para las educadoras infantiles, el pliego no ha fijado el horario. El salario bruto anual es de 14.514,17€.
En el caso de las monitoras, el horario va de 7,30 a 9,30 y de 12 a 17 horas y el sueldo anual bruto es de 10.917,17 €. Si a un sueldo bruto de menos de once mil euros se le quita el IRPF, la Seguridad Social y las pagas extras, queda un salario mensual inferior a los 600 euros. Ese es el empleo que propone el alcalde para todos menos para él y su tropa de concejales y asesores.
Con los salarios fijados por Benavides, resulta que el sueldo del alcalde es igual a casi cuatro maestras, seis educadoras infantiles u ocho monitoras, con la diferencia de que estas trabajarán once meses mientras que él está once meses de vacaciones. Es una barbaridad el punto al que ha llegado este antiguo sindicalista al que no se le cae la cara de vergüenza cuando dice que hay que trabajar más y cobrar menos pero negándose a aplicar los salarios fijados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Además de pagar un salario de vergüenza, el alcalde se reserva el derecho de enchufar al personal. Para eso ha puesto en el convenio la siguiente cláusula: “El personal que la empresa adjudicataria ponga a disposición de los centros municipales de educación infantil deberá ser presentado al ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las actividades, para que éste dé el visto bueno y realice cuantas puntualizaciones considere oportunas.” En todos los contratos, adjudicaciones y privatizaciones que hace Benavides planea el tufo de la sumisión y su red de favores electorales: Benavides se ha equivocado de época, la suya es la época de la dictadura, de los caciques y del derecho de pernada.
Igualmente, el alcalde se reserva el derecho de despedir a aquellos trabajadores que se le hayan atravesado por algún motivo. La cláusula que lo permite dice que: “En caso de comportamiento indebido, faltas muy graves, faltas graves, faltas leves reiteradas o incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal contratado por la empresa adjudicataria, el ayuntamiento podrá exigir la sustitución de dicho personal, la cual deberá ser atendida por el adjudicatario.” Es decir, que un trabajador puede ser despedido, aunque el empresario no quiera, si comete varias faltas leves que no están tipificadas, o si tiene un comportamiento indebido, que es un cajón de sastre donde cabe todo.
La situación laboral es completamente precaria. Tal y como está redactado el pliego, serán contratados año por año o incluso mes por mes ya que si no, el empresario se arriesga a que el ayuntamiento le deje colgadas una o dos unidades cuando ya tenga a los trabajadores contratados. Dice el pliego textualmente que “Si las matrículas en cada uno de los módulos existentes, no se cubren en su totalidad, el ayuntamiento se reserva el derecho de la no apertura del centro que no cumpla con el presente requisito, sin perjuicio alguno para el mismo.” Es decir, que basta con que haya diecinueve niños en vez de veinte en un aula de dos a tres años, o catorce en vez de quince en un aula mixta de varias edades, para que ese centro no se abra y los trabajadores vayan a la calle.
Además de las penosas condiciones de trabajo y salariales de las personas que sean contratadas, el pliego está hecho sólo para que un empresario amigo pueda quedarse con este servicio ya que se dejan en manos del ayuntamiento tantas prerrogativas que sería un atrevimiento presentarse al concurso sabiendo que puedes acabar arruinado si se le cruzan los cables al alcalde.
Por último, es curioso que se obligue a los centros a prestar el servicio de comedor, pero sin embargo, no se les permite elaborar la comida o contratar el catering ya que eso es algo que se reserva el ayuntamiento para que lo siga prestando la misma empresa que ahora lleva ese servicio.
IU pide a las Delegaciones de Educación e Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía que hagan las alegaciones necesarias para evitar que este esperpento siga adelante.
