La consejera de Fomento reitera la constitucionalidad de la norma y destaca que se ha aplicado con “eficacia, diligencia y utilidad social para Andalucía” y denuncia “la falta de fundamentación jurídica del recurso del Gobierno” a la vez que señala que “para presentarlo ha tenido que meter por medio a la Comisión Europea”.
La portavoz de IU en el Parlamento andaluz en materia de vivienda, Inma Nieto señala que el proyecto de Ley, aunque haya sido recurrido el decreto, seguirá su trámite y se aprobará con incorporaciones de organizaciones sociales como La PAH.
La consejera de Fomento, Elena Cortés, ha destacado en Pleno Parlamentario que con la suspensión del Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda las familias en riesgo de desahucio “vuelven a estar en manos de la voluntad de bancos y jueces”, por ello ha reiterado su reclamación a las entidades financieras de paralizar los desahucios hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Cortés también ha hecho extensible esa petición al Partido Popular, formación a la que también ha exigido que “se sume públicamente a esta petición, que es de justicia”.
En su intervención, la consejera de Fomento y Vivienda ha alertado de algunos de los efectos negativos que está ya teniendo la decisión del Constitucional como consecuencia del recurso del PP. A su juicio, “la suspensión ha anulado el efecto disuasorio de la norma”, asegurando que “no sólo afecta a las 18 personas que antes de la suspensión se habían acogido, afecta a las cientos de personas que pretendían beneficiarse de la expropiación temporal y perjudica a todos los desahucios que hay en marcha o están por venir”.
El objetivo de esta normativa no es, tal y como ha aclarado la consejera, “recaudatorio, sino que persigue modificar el comportamiento del mercado y provocar que el stock de vivienda deshabitada se ponga en arrendamiento a precios asequibles”, un fin –añade- que “ningún Gobierno ha logrado hasta ahora”.
La consejera Elena Cortés ha querido reiterar que “desde la entrada en vigor del Decreto Ley hasta su suspensión casi tres meses después, “la norma se desplegó con eficacia, diligencia y utilidad social para toda Andalucía”. Entre otros aspectos, ha recordado que su departamento ha aprobado un plan extraordinario de inspección con el cual ya se estaban detectando inmuebles vacías que iban a pasar a formar parte del primer registro de este tipo. Además, ha explicado que una veintena de entidades financieras ya habían comunicado las viviendas protegidas que tienen en sus balances y que la Junta trabajaba en el momento de la suspensión en la orden de fomento de medidas en materia de alquiler y en el decreto de traspaso de funciones a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en materia de fianzas de arrendamientos y suministros.
Cortés ha vuelto a reiterar que el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es “plenamente constitucional y está sustentado perfectamente en nuestro ordenamiento jurídico”, aludiendo al artículo 47 de la Constitución, a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 dictada sobre la Ley de Reforma Agraria Andaluza o la sentencia del alto Tribunal de 1997, que refuerza la idea de que los límites al derecho de propiedad pueden ser establecidos en una ley autonómica. La consejera ha denunciado “la falta de fundamentación jurídica del recurso del Gobierno” y ha criticado que “para presentarlo ha tenido que meter por medio a la Comisión Europea”. “El Gobierno hace un uso perverso de su potestad para paralizar normas autonómicas con el objetivo de laminar cualquier alternativa política, lanzar el mensaje de que no hay más que un camino y defender los intereses de la élite financiera”, ha aclarado.
En su discurso, la titular de Fomento y Vivienda ha negado que “este Decreto afecte negativamente al sistema financiero”. “Todo lo contrario”, ha añadido, ya que a su juicio “al promover el alquiler y fomentar una menor acumulación de riesgo crediticio, favorece su consolidación”. “Lo que ha arruinado al sistema financiero, obligando a rescatarlo con dinero público, ha sido la especulación, ante la cual este Decreto Ley actúa precisamente como antídoto en una línea que es la que marca el Memorando de rescate financiero y el BCE en todas sus comunicaciones”, ha puntualizado.
Precisamente, Cortés también se ha referido al ofrecimiento de diálogo informal por parte del Gobierno para abordar las consecuencias de la norma aprobada por el Ejecutivo andaluz, respondiendo que “queremos hablar en el seno de la Comisión Bilateral puesto que somos un Gobierno democrático”.
Por otro lado, la titular de Fomento también ha defendido que “en Andalucía hay un Gobierno diferente, que hace las cosas distintas, que se rebela contra los dictados de la Troika”, a quien ha recordado que “las personas viven en casas, en viviendas, no en cédulas hipotecarias”. “No queremos gobernar igual que el PP, no queremos la venta masiva de vivienda pública, ni el banco malo, ni ayudas públicas a la banca de 200.000 millones de euros, ni desahucios exprés para los alquileres”, ha reiterado Elena Cortés, quien ha subrayado que “frente a esas políticas de vivienda, en Andalucía hemos aplicado la paralización de los desahucios en el parque público de vivienda hace ya un año, hemos contribuido a que más de 2.000 personas amenazadas de desalojo continúen en sus viviendas gracias al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, y hemos aprobado un Decreto Ley para Asegurar la Función de la Vivienda”.
Cortés ha concluido su intervención, asegurando que “el plan de la Junta es defender a la gente común que está pasando un quinario como consecuencia de una estafa”, a lo que ha añadido que “como servidores de la ciudadanía, tenemos la obligación de defender el interés general y estar junto a las víctimas de la crisis, cumpliendo el compromiso de exprimir todas las competencias de la comunidad autónoma”.
“El ministro Gallardón decía que el gobierno tenía cosas más importantes que hacer que recurrir el decreto andaluz”
“El PP aseguró que la escasa incidencia del decreto, su carácter meramente propagandístico y sus evidentes semejanzas con las normas aprobadas por el gobierno central, hacían del mismo un elemento demagógico y sin recorrido” ha querido recordar la diputada portavoz de vivienda del Grupo parlamentario de IULV-CA, Inma Nieto, quien ha aprovechado su intervención para poner de relieve las contradicciones del PP con el Decreto-ley.
Así Inma Nieto ha señalado que “esto no se para por un recurso” y que mañana se aprobará en Comisión la ponencia de la Ley para la función social de la vivienda que recogerá propuestas de la Plataforma de afectados por la hipoteca, de la asociación proderechos humanos y de las asociaciones de consumidores y usuarios “para amparar y evitar el desahucio de avalistas, autónomos y víctimas de las hipotecas puente”.
Para IU, la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, “defendió ante el Parlamento un decreto sobre la función social de la vivienda, un decreto para proteger a quienes a consecuencia de esta crisis estafa lo han perdido casi todo, para avanzar y dar pasos hacia delante” y por ello “el Parlamento devolverá una ley andaluza sobre la función social de la vivienda, mejorada sin tribunal, ni grupo de presión, ni lobby mediático o económico que impida que el parlamento legisle en Andalucía en desarrollo de nuestro Estatuto y de la Constitución”.
Por último ha criticado que se use el argumento por el que la norma desestabiliza el sistema financiero y “afirmar que garantizar la función social de la vivienda le quita el apetito inversor al empresariado inmobiliario” lo que lleva a IU a preguntarse sobre “quién se atreve a asegurar que el recurso del gobierno no es más que la consecuencia de una llamada a la cúpula del PP de algún empresario o de algún miembro de consejo de administración de un banco, los mismos que les pagan los sobres para que trabajen por sus intereses”
