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Almuñécar contra la corrupción

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Mitos absurdos sobre el desempleo

Mitos absurdos sobre el desempleo

Pascual Serrano

Las reflexiones y argumentaciones en torno al paro por parte de políticos, prensa e incluso gran parte de la opinión pública suelen arrastrar algunos tópicos absurdos y faltos de lógica. Por ejemplo la argumentación de eliminar prestaciones sociales para que los beneficiarios no se acomoden en las ayudas y busquen trabajo.

Es uno de los razonamientos esgrimidos el pasado 1 de abril por el gobierno de David Cameron para justificar una de las grandes operaciones de recorte del Estado de bienestar en el Reino Unido que contempla la reducción de ayudas a pisos de protección oficial, la limitación de los subsidios y la redefinición de la incapacidad. El ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, y el de Economía, George Osborne, insistieron en que las medidas son "justas porque incentivan el trabajo en lugar de la dependencia social”.

El mismo día que se anunciaban estas decisiones, la oficina de estadística europea Eurostat hacia público el dato de que en la zona euro hay más de 19 millones de personas sin empleo. No hay que incentivar a la gente para que busque empleos, aunque muchos no lo estén buscando, una cifra de 19 millones muestra sencillamente que no lo hay. No es que existan millones de europeos que no tengan interés en trabajar. Si se les quitan ayudas vivirán peor pero no van a buscar trabajo con más ahinco, y aunque lo hicieran, seguirían encontrando los mismos puestos que ahora, ninguno.

El sistema capitalista no requiere de operarios que aumenten su interés en la búsqueda de trabajo, a este sistema le sobran miles y miles de trabajadores, la única función de su existencia es que sirvan para mantener una excesiva -y desesperada- oferta de mano de obra que permita disminuir sus condiciones para la contratación y esté dispuesta a aceptar cualquier propuesta, tanto por parte de los desempleados, como por los ya empleados que saben que no están en condiciones de exigir nada dada la oferta de trabajadores que está esperando para ocupar su puesto.

Otro mito es el de la creación de puestos de trabajo por algunas empresas. Por ejemplo se ha dicho que la llegada de Mercadona a Euskadi crearía 1000 empleos. Si así fuera es porque los ciudadanos vascos comprarían suficientes productos en esa cadena como para que se necesitara todo ese personal para distribuirlos y atenderles. Como de todos es sabido, los productos de Mercadona son de primera necesidad: alimentación, limpieza y aseo. Es decir, ya los están comprando los vascos sin que haya llegado la cadena valenciana. Y no van a comprar el doble cuando llegue. Esos puestos de trabajo ya existen y se encuentran en comercios que están vendiendo lo que pretende vender Mercadona. Si después los vende Mercadona es porque la población dejará de comprarlos donde lo hacía hasta ahora y se quedarán sin trabajo los que hoy los venden. De modo que lo único que sucederá es que, en el caso de que contraten a todo ese personal, un número similar de empleos se destruirán en otros comercios.

No se trata de negarle a Mercadona el derecho a instalarse en Euskadi o donde considere y competir con otros, pero que no nos mientan diciendo que crea puestos de trabajo. Quien sí puede crear empleo es el empresario que no reduce el sueldo de sus trabajadores o incluso que se lo suba, porque ahora ese trabajador podrá comprar más alimentos en Mercadona, ir más al cine o frecuentar más el restaurante.

En la mayoría de las ocasiones, los empresarios no crean puestos de trabajo, sólo se disputan el mercado de consumo y, por tanto, los empleos requeridos para atender ese consumo. De ahí que tampoco es válida la tesis de que el empresario debe pagar pocos impuestos, ahorrar en salarios y así lograr beneficios para reinvertir y crear puestos de trabajo. Si un fabricante de camisas gana mucho dinero y abre una nueva fábrica de camisas no estará creando más empleos porque la gente seguirá comprando las mismas camisas, la diferencia estará en si las fabricará un empresario u otro. Los ciudadanos compramos coches o muebles, nos alojamos en hoteles o estrenamos más ropa en función de nuestro poder adquisitivo, es decir, si nos pagan más en nuestros trabajos y si el Estado presta servicios públicos que nos permiten ahorrar ese gasto en nuestra economía familiar y destinarlo al consumo. La gran mayoría de las empresas privadas no aportan ningún empleo al ya existente, si lo hacen se lo están arrebatando a otro empresario.

No nos dejemos engañar. La función del mercado no es crear empleos, como no paran de repetirnos, sino de generar beneficios para un determinado grupo social. El empleo es un elemento secundario en la medida en que para algunas actividades que crean esos beneficios -no todas- necesitan operarios. Pero, además, ese hipotético empleo existiría siempre en la medida en que hubiera una demanda de consumo. Crean empleo cuando mejoran las condiciones de sus trabajadores y los destruyen cuando las empeoran. Pero nunca nos lo cuentan así.

No les gusta. No les gusta. No les gusta. No les gusta. No les gusta. Con tantos enemigos, con esos enemigos, será que lo estamos haciendo bien

Cayo Lara defiende a las víctimas (desahuciados) frente a los verdugos (los bancos)

Los gritos de las víctimas

Los gritos de las víctimas

Alberto Garzón

Publicado en La Opinión de Málaga

Recordaba el filósofo esloveno Žižek que es “mucho más difícil para nosotros torturar a un individuo que permitir desde lejos el lanzamiento de una bomba que puede causar una muerte mucho más dolorosa a miles de personas”. Y es que la clave de un acto violento no está tanto en el método con el que se ejerce como en sus efectos, que son los que verdaderamente permiten valorar el daño real causado a la víctima.

Estamos rodeados de actos violentos. No sólo de aquella violencia que vemos a través de imágenes en los telediarios y en las grandes producciones cinematográficas y que se refieren bien a eventos ficticios bien a eventos lejanos para nosotros. También nos rodea la violencia ejercida desde los despachos de los ejecutivos de las grandes empresas y desde las reuniones de los parlamentos nacionales. Esta segunda violencia no es que sea invisible, porque sus efectos son bien evidentes, pero sí que tiene la apariencia de estar desconectada.

A menudo no es fácil percibir que cuando un ejecutivo firma un despido está en realidad desposeyendo a un trabajador del único medio que tiene para sobrevivir y que, en consecuencia, está empujando al susodicho a un abismo del que quizás no pueda salir nunca. Similarmente, cuando los diputados del Partido Popular presionaron el botón verde para aprobar los recortes en sanidad, robando así a los inmigrantes su categoría de ciudadanos, el efecto real fue cerrarles las puertas de los ambulatorios y hospitales a miles de personas. Ejercieron, sin contacto físico, una violencia inigualable.

Es acertado afirmar que estamos padeciendo una estafa, pero no lo es menos añadir que ésta es también de carácter violento. En nuestro país se están saqueando las arcas públicas para salvar los beneficios de los bancos internacionales, y para ello se están dinamitando los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Y una de las manifestaciones más claras de todo este proceso ha sido la inacción de un Gobierno que ha permitido que las sagradas leyes del mercado expropiaran sus viviendas a personas que ya no podían seguir pagándolas. El Gobierno ha permitido, de esa forma, que miles de familias sufrieran que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado asaltaran sus viviendas y que con extraordinaria agresividad expulsaran a todos los miembros y solidarios vecinos del interior. Un acto, el del desahucio, que sólo tiene como objetivo transferir la propiedad efectiva de una vivienda a los bancos. Bancos, no lo olvidemos, que son los principales responsables de que nuestro país esté en bancarrota. Bancos, también, rescatados con el dinero fruto del esfuerzo de los trabajadores que pagamos impuestos honradamente y que no somos como los Bárcenas, Urdangarines y Borbones varios, cuyos corazones residen en Suiza.

Según las encuestas en nuestro país el apoyo a los escraches está por encima del 70%. Ese es uno de los rasgos de la solidaridad con las víctimas de los desahucios, y que son aquellos que sólo encuentran esta forma para expresar su desesperación ante la violencia ejercida por sus trajeadas señorías. Algunas de estas señorías disfrutan de varias viviendas y cobran 1.800 euros al mes para hacer frente a gastos de mantenimiento. Que ahora se enojen por escuchar los gritos de las víctimas de sus propias acciones es el colmo de la hipocresía y el cinismo. Que con la paz social dinamitada, con autoría en estas mismas señorías, exijan respeto a las instituciones que ellos mismos rompen e insultan, sólo puede servir para disfrutar del estruendo de una enorme carcajada colectiva. Es posible que a los diputados del PP no les guste expulsar a los trabajadores de sus casas, pero lo cierto es que lo promueven. Y, lo que es más importante, podrían evitarlo y no lo hacen.

No, manifestarse ante los diputados para exigir justicia no es un acto violento ni tampoco ilegítimo. Se trata de la reacción lógica de quienes aún desde el pacifismo responden a sus agresores y a quienes legalmente les arrebatan sus vidas.

Nuestra diputada De las Heras habla con el corazón y la verdad

Tres falsedades que circulan en el debate sobre el decreto de Vivienda

Tres falsedades que circulan en el debate sobre el decreto de Vivienda

Desde Izquierda Unida Andalucía ofrecemos una serie de informaciones, ante las falsedades que se vienen difundiendo por las redes sociales tras su publicación en ciertos medios de comunicación, en el debate abierto entorno al Decreto-ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda.

Estas falsedades aparecen tanto en el discurso del Partido Popular y de sus cargos públicos, como en la línea editorial de ciertos medios de comunicación conocidos por su tendencia reaccionaria y derechista,. Esta estrategia propagandística tiene la intención de desviar el foco del debate de la cuestión que nos ocupa, acabar con los desahucios y combatir a los especuladores, para centrarlo en cuestiones de procedimiento o sobre nuestra compañera Elena Cortés.

Cayo Lara expresa en nombre de IU "nuestro más sentido dolor y pesar por la muerte de José Luis Sampredo, un hombre sabio, comprometido y solidarios con los más desfavorecidos"

Cayo Lara expresa en nombre de IU "nuestro más sentido dolor y pesar por la muerte de José Luis Sampredo, un hombre sabio, comprometido y solidarios con los más desfavorecidos"

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, tras conocer el fallecimiento del “magnífico escritor, economista y gran persona José Luis Sampedro" expresó en su nombre y en el de toda Izquierda Unida a su familia y a su seres queridos "nuestro más sentido dolor y pesar ante la pérdida de un ser humano extraordinario”.

“Con la marcha de José Luis se nos va un hombre sabio, comprometido y solidario con los más dasfavorecidos. Nos lega una extensa y rica obra intelectual y literaria, además de un patrimonio ético que hizo de la dignidad su bandera”, destaca Lara.

Para el máximo responsable de IU, “los más jóvenes han sido afortunados por tener en él a un referente moral, intelectual y político sólido, brillante y cercano. Las futuras generaciones nunca podrán agradecer lo suficiente su gran influencia  en el pensamiento de nuestro país del siglo XX y parte del XXI que deja la vida y obra de José Luis Sampedro, cuya magnitud, estoy seguro, que se engrandecerá con el tiempo”.

Izquierda Unida Andalucía felicita al Gobierno andaluz por la aprobación del Decreto Ley de Función Social de la Vivienda

Izquierda Unida Andalucía felicita al Gobierno andaluz por la aprobación del Decreto Ley de Función Social de la Vivienda

Desde Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía no podemos ocultar, ni queremos, nuestra felicidad en el día de hoy Andalucía marca el camino, lo marcó el pasado 25 de marzo de 2012 en las elecciones autonómicas y lo marca de nuevo, de la mano del pueblo trabajador, víctima de esta crisis

Ante la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del decreto Ley para la Función Social de la Vivienda, el conjunto de Izquierda Unida de Andalucía con su coordinador general a la cabeza, Diego Valderas, así como desde nuestro Grupo parlamentario y en nombre de nuestra militancia, queremos expresar nuestra satisfacción por esta medida histórica que viene a garantizar el derecho a la vivienda que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, acogiéndonos a nuestra Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Hoy merece mención aparte la labor que desarrolla el movimiento social, la movilización del pueblo andaluz reclamando políticas de justicia social, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios, el 15 M y tantos otros movimientos que han sido capaces de poner en la primera línea la problemática de los desahucios. Sólo faltaba la voluntad política y hoy el Gobierno andaluz ha demostrado tenerla.

Andalucía ha sido valiente. Lo fue ya el pasado 25 de marzo de 2012, cuando logramos frenar al Partido Popular y a todo lo que sus políticas representarían para Andalucía. Tal y como ha señalado la Consejera Elena Cortés en su comparecencia, nos comprometimos, con nuestra participación en el Consejo de Gobierno andaluz, a poner todas las competencias que nos otorga nuestro Estatuto de Autonomía al servicio de los y las trabajadoras, a frenar los desahucios, a parar las políticas neoliberales.

Y, humildemente, estamos ante un gran paso, por lo que hoy toca felicitarnos a quienes formamos parte de ese movimiento social y político que está convencido de que hay otra forma de hacer política.

#VIVIENDAPORDERECHO #SÍSEPUEDE

Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía
Y en su nombre, el coordinador general
Diego Valderas Sosa

La Junta aprueba la expropiación temporal de viviendas vacías

Efe

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que aspira a convertirse en un "plan de choque" para frenar la "sangría social" de los desahucios, y que incluye sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías. "Por primera vez, un gobierno de España legisla desde la consideración de la vivienda como un derecho", ha destacado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha agregado: "Con este decreto hacemos justicia, llegamos a la raíz del problema".

En Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, y desde 2007 se han producido unos 86.000 desahucios, según ha destacado la consejera, que ha enfatizado: "Hoy, en Andalucía, decimos ¡basta! y defendemos la vivienda como un derecho humano". El decreto-ley incluye una disposición que posibilitará a la Junta expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio, con lo que se pretende garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas con especiales circunstancias de emergencia social que se vean afectadas por procesos de ejecución hipotecaria. El decreto-ley, que se publicará el jueves en el BOJA y posteriormente será tramitado en el Parlamento como proyecto de ley, refuerza las ayudas al alquiler, que se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.

En cuanto al régimen disciplinario, la nueva norma incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su reserva residencial. "Hemos exprimido las competencias al máximo para cumplir el compromiso de que Andalucía sea ’insumisa’ a los desahucios y, modestamente, creo que algo hemos conseguido", ha destacado Cortés. Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley, casos en los que la penalización puede alcanzar los 9.000 euros, y cuya recaudación se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta.

Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitabilidad, y la nueva regulación establece la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento de control, al tiempo que dispondrá de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Junta en este ámbito. Respecto a la expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.

Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida excepcional destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente, que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social y que las condiciones económicas de los afectados suponga un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido. Según la consejera, con esta nueva regulación Andalucía avanza "hacia un horizonte más justo, en el que las víctimas de la crisis ven como su gobierno autonómico ofrece respuestas". "La actual situación no es soportable desde un punto de vista ético", ha enfatizado la consejera, que se ha mostrado convencida de que la solución al problema del derecho a la vivienda "no va a venir por la construcción de más vivienda".

Preguntada sobre si ha habido "dificultades" con los socios del PSOE, para sacar adelante el decreto, la consejera ha dicho que los cambios profundos "siempre generan dificultades", pero ha recalcado que el decreto aprobado es "el que esta consejera esperaba". Ha subrayado que la nueva norma cuenta con "garantía jurídica plena como la luna llena", y ha confiado en la paralización "inmediata" de los desahucios por parte del Gobierno central y de "las dos leyes que han provocado esta injusticia social".

La Junta sancionará las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias. La Consejería de Fomento ultima un decreto para sacar al mercado los pisos sin ocupar de entidades jurídicas e incentivará a los particulares

La Junta sancionará las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias. La Consejería de Fomento ultima un decreto para sacar al mercado los pisos sin ocupar de entidades jurídicas e incentivará a los particulares

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará previsiblemente el próximo martes un decreto social sobre la función social de la vivienda con el que el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU quiere dinamizar la iniciativa política tras un primer año pobre en iniciativas.

La principal novedad de este decreto, que se guarda entre algodones hasta el martes y del que poco ha transcendido, será la inclusión de un apartado sancionador para las entidades jurídicas que dispongan de viviendas vacías y no las hagan accesibles al mercado. Tras meses de tira y afloja entre los socios de Gobierno, no se contempla multar a particulares.

El decreto de la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), contará con un procedimiento sancionador para entidades financieras e inmobiliarias con stock de viviendas, aunque el detalle no se conocerá hasta el martes. Para los particulares, IU era la más interesada en aprobar algún tipo de medida, pero el PSOE puso muy alto (más de cinco) el número de viviendas por el que se podría empezar a sancionar. Finalmente IU ha desistido en la intención de gravar a los particulares con patrimonio inmobiliario. Para éstos se dispondrán incentivos para fomentar que pongan en carga las viviendas desocupadas, preferiblemente en alquiler. Estos incentivos serían generales y también podrán acogerse las entidades jurídicas.

Además, en una disposición adicional, el decreto declarará el carácter inembargable de la vivienda cuando se den una serie de circunstancias, como las que sufren la mayoría de las familias que están siendo desahuciadas, informó ayer la cadena Ser. En esos casos, no podrán ser desalojadas en tres años como mínimo hasta que se les ofrezca una alternativa.

IU crea una caja de resistencia para los "represaliados" en las protestas

IU crea una caja de resistencia para los "represaliados" en las protestas

Granada Hoy

La crisis económica y la actuación de los gobernantes ha llenado la calles de Granada de actos reivindicativos de protesta. Manifestaciones, concentraciones, caceroladas e incluso ocupaciones de edificios se han convertido en el pan de cada día de la ciudad. Como también lo han hecho las multas y sanciones a los manifestantes, cada vez más comunes.

Si hace apenas unas semanas el sindicato UGT criticaba la actuación de las fuerzas policiales del Estado contra los sindicalistas -a la famosa incautación de las octavillas para la manifestación del 28 de febrero le siguieron dos altercados con trabajadores de Santa Bárbara y la retirada de un coche del sindicato-, ahora es IU quien ha tomado partido.

El último consejo provincial de la formación de izquierdas ha aprobado la creación de una 'caja de resistencia' que, con aportaciones voluntarias de las asambleas y afiliados del partido, servirá para hacer frente a la multitud de multas "con las que las autoridades están sancionando a los participantes en las asambleas ciudadanas".

Esta es una consecuencia de la propuesta de resolución aprobada por unanimidad por la formación en la que muestra su apoyo incondicional "a todas aquellas personas que están siendo multadas y condenadas por participar en las huelgas, manifestaciones y acciones de protesta en las calles de la capital granadina".

Los miembros de IU ha vivido esta situación en carne propia. De hecho, el consejo provincial no contó con la presencia de uno de sus componentes, que cumple en la actualidad parte del arresto domiciliario impuesto por un juzgado de Granada por su participación en la huelga general. La formación de izquierdas que ya ha denunciado públicamente en varias ocasiones "el acoso y persecución política que vienen padeciendo algunos de sus miembros de forma reiterada, acumulando multas por importe de varios miles de euros por su participación en muchas de las acciones contra los desahucios, manifestaciones o su participación en las huelgas", anunció ayer que no se dejará "amedrentar" y continuará apoyando todo este tipo de protestas con más fuerzas si cabe "por ser justas y necesarias".

Desde Izquierda Unida aprovecharon para lanzar un mensaje claro a los representantes del Gobierno en Granada, "si quieren acabar con las protestas en las calles, que escuchen y atiendan a los ciudadanos, pero sobre todo que cambien sus políticas. Que comiencen a tomar medidas a favor de las personas y que dejen de trabajar para los bancos, con la persecución y la represión lo único que conseguirán serán más protestas y malestar social".

El consejo provincial, que se celebró el pasado viernes por la tarde, es el último de la actual dirección de IU de Granada, ya que a partir de este momento da comienzo la XIX Asamblea Provincial y Andaluza, iniciando de esta forma un proceso de debate político interno que desembocará el 1 de junio en Granada con la elección de la nueva dirección provincial.

El Parlamento de Andalucía muestra su respaldo a la iniciativa de IU para apoyar la ILP sobre desahucios

El Parlamento de Andalucía acuerda mostrar su respaldo a la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y el alquiler social, pendiente de ser debatida en el Congreso de los Diputados, y que responde tanto a la “voluntad social claramente expresada” como a los requerimientos planteados por la Justicia europea en torno a los déficit democráticos de la legislación española vigente para regular estas cuestiones.

Se trata de una proposición no de ley que IULV-CA ha defendido en el Plano del Parlamento y por la que además del respaldo a la iniciativa legislativa popular se insta al Consejo de Gobierno andaluz a intensificar sus esfuerzos por dar a conocer las oficinas en defensa de la vivienda, y por extender los convenios de colaboración con los ayuntamientos para que puedan profundizar en su labor de asesoramiento y mediación en favor de las familias andaluzas con amenaza de desahucio. 

La portavoz de vivienda de IULV-CA en el Parlamento andaluz, ha defendido que la ILP “ha llegado al Congreso avalada por casi millón y medio de firmas” lo que supone que el respaldo a sus “demandas de mínimos es abrumadoramente apoyado por la ciudadanía, hayan firmado o no, y así lo recogen todos los sondeos de opinión que se han hecho al respecto”. Por tanto, para IULV-CA “no asumir las propuestas de la ILP quiebra el mandato representativo que la ciudadanía soberana deposita en las Instituciones y en los cargos públicos”, pero también “genera una gran frustración social en quienes ya lo han perdido todo, incluida la confianza en las instituciones”. A esto ha añadido Nieto que el PP “se vio obligado a asumir el debate de la ILP”, pero que todo parece indicar que “no está dispuesto a asumir sus contenidos”

La proposición no de ley aprobada hoy también insta al Consejo de Gobierno a utilizar todas sus competencias para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, “asegurando la protección de la ciudadanía frente a cláusulas abusivas tanto en la contratación de hipotecas como de otros productos financieros”. 

Por último, se insta también al Gobierno andaluz a realizar los cambios normativos necesarios para hacer efectiva la función social de la vivienda, lo que supone un preludio del Decreto Ley que la Consejería de vivienda prepara para los próximos días.

Israel dispara frente a la delegación de IU que visita Palestina

Cayo Lara lamenta que se haya preferido poner el foco sobre los 'escraches' más que en el "sufrimiento de los desahuciados"

Cayo Lara lamenta que se haya preferido poner el foco sobre los 'escraches' más que en el "sufrimiento de los desahuciados"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, respondió hoy a preguntas de los informadores sobre la posición que mantiene su formación ante los ‘escraches’ que llevan a cabo miembros de las asociaciones de afectados por las hipotecas con algunos dirigentes políticos que se oponen a sus demandas. Lo hizo después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiera poco antes a los partidos que condenen lo que consideró como ‘acoso’ hacia cargos del PP. Lara lamentó que se quiera poner el foco sólo en esta cuestión y no en el “sufrimiento de los desahuciados”.

“Nos tenemos que poner en la piel –dijo- de la gente que se queda sin casa. Con los desahucios sí se está ejerciendo una violencia permanente sobre mucha gente. Que nadie se extrañe luego de su reacción”.

El máximo responsable de IU negó que esta formación esté “instigando o impulsando” esta acciones de ‘escrache’ contra diputados del PP y denunció la “criminalización” que realizan dirigentes del Gobierno y de la formación que le apoya para equipararlas con la ‘kale borroka’ y asociar con ETA a quienes las realizan.

Explicó que “no se pueden resolver los problemas sociales con la criminalización de todo lo que se mueve en este país” y recalcó que Izquierda Unida prefiere “comprender ciertas actitudes personales” motivadas por la gravedad de las situaciones económicas por las que atraviesa mucha gente.

Para explicar lo desacertado de algunas opiniones que se están vertiendo sobre este asunto recurrió a un ejemplo ilustrativo: “los cobradores del frac hacen ‘escrache’ y van detrás de un señor que debe una deuda. Incluso le siguen hasta la playa si hace falta para cobrar, hay muchas fotos así. Y esto se hace de forma legal y nadie parece considerarlo como violencia”.

Cargos públicos de IU celebran el 34 aniversario de los ayuntamientos democráticos con una protesta contra la reforma de la administración local

Cargos públicos de IU celebran el 34 aniversario de los ayuntamientos democráticos con una protesta contra la reforma de la administración local
El coordinador Provincial de Izquierda Unida, Manuel Morales, junto a concejales, alcaldes y cargo públicos, se han concentrado en la Plaza del Carmen de Granada con motivo del trigésimo cuarto aniversario de las primeras elecciones municipales desde la vuelta de la democracia a nuestro país.
La formación de Izquierdas ha querido conmemorar este día en el que se cumplen 34 años de la constitución de los ayuntamientos escenificando la protesta de los dirigentes y cargos públicos de la formación, ante el escenario adverso, la merma de democracia y la más que posible desaparición de muchos de los ayuntamientos de la provincia con la pretendida reforma de la administración local que quiere llevar a cabo el Partido Popular.
Manuel Morales ha dicho que treinta y cuatro años después, “la democracia local que con tantas dificultades se construyó por todos y todas está en peligro por una reforma de la administración local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que quedan en manos públicas, es decir, de todos y todas”.

El responsable de IU, que ha calificado esta Ley de “Anti-Ayuntamientos” asegura que la pretensión de los populares pasa porque las Diputaciones asuman la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un “coste estándar”, fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, “que estará por debajo del coste real del servicios”. Esta reducción de costes tendrá consecuencias según IU, que augura privatizaciones, menos y peores servicios públicos y la pérdida de empleo municipal. “Además, la Diputación impondrá en ese caso los impuestos municipales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese coste estándar. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio” sentencia.

Izquierda Unida radicalmente opuesta a la pretendida reforma, se muestra como una fuerza municipalista, “que pone en práctica en los Ayuntamientos que dirige formas de gobernar diferentes, cercanas a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, con preocupaciones por los derechos sociales de sus vecinos y vecinas, aún más importantes en los momentos en que vivimos, donde el Ayuntamiento, como administración más cercana, realiza y debe seguir realizando un papel de atención mayor y más sensible a las personas que peor lo están pasando”. En este sentido los representantes de IU, en conmemoración de este aniversario, han realizado un llamamiento a la defensa de los pueblos y ciudades andaluzas, “para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos”.

La Audiencia Nacional rechaza (2 jueces frente a 1) la valoración de IU de no mezclar los ‘papeles de Bárcenas’ con el sumario Gürtel, que ya dura 4 años, y le da la investigación al juez Pablo Ruz

Enrique Santiago, abogado y dirigente de Izquierda Unida, advierte durante su turno en la vista pública que la conexión entre ambos casos se ha “forzado y buscado denodadamente”

Sin unanimidad, pero hubo decisión. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras deliberar poco menos de una hora, ha decidido dejar la investigación de los denominados ‘papeles de Bárcenas’ en manos del mismo juez que hace poco más de un mes no quería ni verlos, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5, Pablo Ruz.

Para ello, dos de los tres jueces de esta Sala desecharon la valoración expresada en la vista pública celebrada esta mañana por IU –a través de su abogado, Enrique Santiago- de no mezclar esta investigación con la de la ‘trama Gürtel’, que ya dura más de cuatro años. Esta conexión entre ambos casos se ha “forzado” y se ha “buscado denodadamente” se esforzó en denunciar Santiago, sobre todo a raíz de que IU y tres asociaciones presentaran su querella criminal el pasado 28 de febrero. No sirvió de nada.

Finalmente, el ‘ilustrísimo señor presidente’ del tribunal –como él mismo exigió hoy a las partes que le trataran-, Alfonso Guevara, y la recatada magistrada Ángeles Barreiro –tan celosa de su imagen que, pese a formar parte de una instancia pública de justicia, se pasó la vista ocultando su cara con un folio para que no se captara su imagen- votaron a favor de Ruz, en detrimento de su compañero en la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, el primero en interesarse por los famosos papeles del ex tesorero del PP. La tercera en discordia del tribunal, la magistrada Clara Bayarri, manifestó su oposición hacia la competencia de Ruz y anunció un voto particular, según informaron a los medios fuentes jurídicas.

De esta forma, se aceptan los deseos mostrados presencialmente hoy por la Fiscalía Anticorrupción, por los que sus integrantes han estado especialmente activos en el último mes, coincidentes del todo punto con los defendidos menos públicamente por el PP, aunque no con menor denuedo. 

En su turno de exposición durante la vista, Enrique Santiago se afanó en exponer la valoración de IU y defendió lo inconveniente de incorporar los ‘papeles de Bárcenas’ al “macroproceso de la Gürtel” para no mermar la agilidad de la investigación y aumentar el riesgo de impunidad de los presuntos responsables.

Santiago, responsable de la querella criminal de IU contra los ex tesoreros ‘populares’ Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, tres altos cargos del PP y ocho empresarios que habrían dado presuntamente jugosos donativos, también presuntamente irregulares, a este partido coincidiendo con importantes contrataciones públicas a sus empresas, alegó que tan sólo un apunte contable de la Gürtel -referido al pago de Pablo Crespo a Francisco Correa por valor de 21 millones de pesetas para la organización de un acto de las elecciones gallegas- coincide con datos incluidos en los ‘papeles de Bárcenas’.

El letrado y dirigente federal de IU recordó que desde el comienzo del ‘caso Gürtel’ en 2009 hasta ahora no se vieron estas coincidencias aunque los “hechos estuvieran encima de la mesa”. Ratificó que “sólo uno de estos movimientos en un mar de actuaciones de 700.000 folios puede coincidir con los apuntes de Bárcenas”.

Enrique Santiago, provisto de abundante documentación, dirigió la atención sobre la sentencia del Tribunal Supremo en el denominado ‘caso Banesto’ para destacar las dificultades que pueden producirse en la instrucción de la causa y para buscar a los verdaderos responsables. Advirtió también que, a día de hoy y tras cuatro años de instrucción, sólo hay un condenado en lo que tiene que ver con la Gürtel, en referencia al magistrado que inició la investigación, Baltasar Garzón. También recordó los antecedentes y lo ocurrido en el ‘caso Naseiro’, que también afectó a otro responsable de las cuentas del PP, y la anulación final de pruebas en ese caso que derivaron en una total impunidad.

El abogado de IU no dejó de señalar la paradoja que se va a producir ahora al hacerse cargo Ruz de los ‘papeles de Bárcenas’ de que al investigar la supuesta ‘contabilidad B’ del PP, el partido que lidera Mariano Rajoy va a ser al mismo tiempo acusación popular y responsable civil subsidiario.

Santiago tampoco eludió advertir durante la vista que al entregar la causa al magistrado Pablo Ruz se vulnera el fundamental derecho al juez predeterminado por la ley y se puede dar pábulo a quienes opinan que aquellos que sostienen que la Audiencia Nacional no es ajena a las presiones políticas.

Izquierda Unida pide que García-Margallo acuda al Congreso para explicar sus reuniones con Corinna y registra una batería de preguntas para conocer los negocios y contactos de la amiga del Rey

Tercera Información

Izquierda Unida ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso en relación al caso de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Entre ellas está la solicitud de comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en la comisión correspondiente de la Cámara Baja y una relación de preguntas sobre los últimos datos conocidos en relación a esta persona que supuestamente ostenta el título de princesa y la actividad desplegada en nuestro país.

IU plantea estas propuestas para completar las informaciones aportadas ayer por el director del CNI en la comisión de Secretos Oficiales, ante la limitación de los datos aportados y que sólo tenían que ver con lo que afecta este caso a los servicios secretos españoles a nivel práctico.

Tras conocerse a través de los medios de comunicación que García-Margallo había tenido al menos dos encuentros con la amiga y colaboradora del rey, el portavoz parlamentario de IU, José Luis Centella, pide que el ministro acuda al Congreso para que “informe sobre estas reuniones”, además de “los temas que trataron y la información que le ha suministrado”.

Por su parte, el diputado de IU por Málaga, Alberto Garzón, plantea en la batería de preguntas registradas para su respuesta por escrito distintas cuestiones a fin de que el Ejecutivo del PP detalle si Corinna zu Sayn-Wittgenstein cobró por beneficiar a empresas españolas, si le consta alguna relación entre ella y el gestor de fondos Arturo Fassana, a quien se ha vinculado con supuestas relaciones comerciales con personas relacionadas con la denominada ‘trama Gürtel’, entre otras cuestiones.

En concreto, tras distintos datos hechos públicos en los últimos días, Garzón inquiere si “¿Tiene conocimiento el Gobierno sobre si la ciudadana alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, conocida como princesa Corinna, actúa como intermediaria en operaciones comerciales en el extranjero que afectan a empresas españolas? Si es así, ¿recibe alguna remuneración por la intermediación?

También pide información directa sobre si “¿Tiene conocimiento el Gobierno sobre si el Rey D. Juan Carlos actúa como intermediario en operaciones comerciales en el extranjero que afectan a empresas españolas? Si es así, ¿recibe alguna remuneración por la intermediación?”

“La princesa Corinna –se indica en otra pregunta- ha declarado en diversos medios de comunicación que ha realizado ‘trabajos gratis, pro bono, para el Gobierno español y remunerado para el sector privado, para algunas empresas’. ¿Tiene el Gobierno esa información? Si es falsa, ¿piensa el Gobierno tomar algún tipo de medida judicial contra esta persona?

La batería de cuestiones planteadas al Ejecutivo por el parlamentario de Izquierda Unida se completa con las siguientes cuestiones:

“Según se afirma, la princesa Corinna presta sus servicios de forma gratuita. Si es así, ¿qué opina el Gobierno sobre esta actitud?

¿Ha abierto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuentas en territorios offshore o paraísos fiscales a nombre de identidades operativas?

¿Ha abierto el CNI cuentas en Suiza?

Según se ha publicado, la princesa Corinna utiliza dos cuentas corrientes en Suiza, en los bancos Bank of Scotland de Zurich y en Private Bank en Ginebra, en las que recibe dinero como pago por la intermediación entre empresas españolas y extranjeras. ¿Conoce el Gobierno este hecho? ¿Sabe el Gobierno quién más tiene acceso a esas cuentas corrientes?

¿Conoce el Gobierno si existe relación entre la compañía Rhone Gestion, registrada en Suiza, y la princesa Corinna?

¿Conoce el Gobierno si existe relación entre el gestor de fondos Arturo Fassana y la princesa Corinna?

¿Viajaba el Rey D. Juan Carlos en los vuelos privados que salían desde la base de Torrejón y en transporte propiedad de la compañía NetJets, según han indicado fuentes periodísticas?

¿A cargo de qué cuenta corriente se abonaba el coste del transporte en el que viajaba la princesa Corinna y otros pasajeros, en las misiones de intermediación entre empresas españolas y empresas extranjeras?

¿Es cierto que el Gobierno, a través del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se ha reunido recientemente con la princesa Corinna? Si es así, ¿con qué fin? ¿Tiene relación con la mediación entre el Gobierno y algunos inversores extranjeros?”

Proposición de Ley contra la corrupción

La reforma de las pensiones: un crimen

José Antonio castro: Preferimos mil veces el chándal de los trabajadores que las corbatas y los puños en blanco manchados de corrupción

El portavoz de IULVCA resalta la apuesta por las consultas populares como expresión de la “democracia con mayúsculas” que se busca en Andalucía

“Hablar de transparencia implica hablar de democracia”. Así ha comenzado su intervención el portavoz del grupo parlamentario de IULVCA, José Antonio Castro, quien, interesado por la opinión del Gobierno andaluz sobre el proceso de regeneración democrática que se intenta emprender desde el ejecutivo, ha aprovechado para expresar su preocupación por el “cómo se está matando el concepto transparencia” y citando a Cesar Calderón se ha referido al PP para denunciar “de tanto usarlo en vano”. Así, Castro ha advertido del peligro que supone hablar de transparencia sin hablar de Bárcenas, de “corruptos amnistiados” o de amnistías fiscales que “favorecen el lavado de dinero negro en nuestro país”.

Un ejemplo que Castro ha señalado como “preocupante” de lo que “algunos entienden por transparencia” lo representa el alcalde de Málaga, del PP, a quien le ha afeado que etiquete en redes sociales su agenda institucional como ejemplo de transparencia a lo que ha denominado “gestitos” y ha añadido, en tono de ironía “imaginamos que la ciudadanía se queda muy tranquila ante tal gesto”. Más preocupante para Castro es el “contraste” entre las medidas que se están ejerciendo en Andalucía donde “se trabaja para ver cómo acercamos el poder al pueblo” a través de lo que ha nombrado como “democracia protagónica” mientras el PP da “pasos de gigante” con la reforma local que, a su juicio, “nos devuelve a un pasado no deseable”.

CONSULTAS POPULARES

“Y si de transparencia y participación se trata no puedo hoy dejar de hablar de lo transparente y participativo que resulta para cualquier gobierno democrático el someterse a la consulta popular” y por esto Castro ha apelado a la “democracia con mayúsculas” para señalar que los procesos de consulta legitiman las acciones de un gobierno.

Al hilo de esta cuestión y ante las declaraciones del PP en días anteriores sobre el “carácter bolivariano” de IULVCA en referencia a la defensa de estas consultas, Castro ha preguntado a la bancada derecha por “el temor a la opinión de la ciudadanía” y ha apelado a la consulta planteada por la Cumbre Social sobre las medidas de ajuste emprendidas por el Gobierno de la Nación ante el incumplimiento del programa con el que el PP se presentó a las elecciones.

Por ello, y ante las críticas vertidas por el PP, Castro ha señalado que IU va a defender que Andalucía cuente con “ese instrumento” en referencia a las consultas para “gobernar con la opinión de la gente” y ha afeado al PP que califique estas propuestas democráticas como “populistas” o “políticas de los que les gusta ir en chándal” a la vez que ha criticado al PP que les mueva únicamente “la voluntad de ridiculizar a quienes defienden la democracia con mayúsculas”.

Por ello Castro ha querido dejar clara la posición de IULVCA y ha afirmado que “esta fuerza política prefiere mil veces el chándal de los trabajadores que las corbatas y los puños en blanco manchados de corrupción y cuentas en paraísos fiscales”.

Por estas razones, Castro ha instando al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán a trabajar con “diligencia y compromiso” para transformar con políticas “tangibles” y “demostrar con hechos” que Andalucía “ni está ni estará en un sistema aislado de la sociedad” a la vez que solicita un nuevo tiempo de participación y acceso a la información que deje patente que la democracia “no se verá atenazada por ninguna pinza entre tecnócratas y populistas”.