A Elena Cortés (Priego de Córdoba, 1973) no le molesta que le llamen la consejera roja. Lo lleva a gala. Licenciada en Sociología, formada políticamente en las Juventudes Comunistas y miembro de la dirección regional de Izquierda Unida, Cortés ha sido de los tres consejeros de su formación la más ortodoxa al halo izquierdista. Fue pionera en poner coto desde un gobierno a los desahucios. No le han dolido prendas despedir a directivos socialistas de la empresa pública EPSA y tampoco enmendarle la plana a sus antecesoras, entre ellas Rosa Aguilar, sobre la financiación privada en obra pública. Todo ello solo en siete meses. Los que ahora se cumplen de su entrada en el Gobierno y de la coalición de izquierdas en Andalucía.
-¿Qué balance hace de estos siete meses?
-Hemos demostrado cambios importantes en la política como la austeridad, el diálogo, la transparencia y poner la administración al servicio de las víctimas de la crisis. Hay un ejemplo claro de austeridad con la Empresa Pública de Suelo (EPSA), donde hemos pasado de diez a cinco altos directivos y de 107 a 67 directivos intermedios y se han eliminado cesantías y las indemnizaciones. Creo que hemos demostrado que la política hay que construirla con la gente, de ahí las oficinas de defensa de la vivienda para atender desahucios.
-¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de sobrellevar?
-No recuerdo un momento difícil en la Consejería, pero sí el momento de darme cuenta de las políticas tan tremendamente equivocadas que se estaban haciendo en materia de vivienda.
-¿Cómo qué?
-Algunas....
- Bueno, dígame qué, no me deje así.
-Esas políticas de haber alentado la vivienda como negocio y no como un derecho.
-¿Eso se estaba alentando desde la Administración andaluza?
-Bueno, es evidente, y que parte nos ha traído hasta aquí.
-¿Cree que la Junta tenía responsabilidad en no haber pinchado la burbuja inmobiliaria?
-Claro.
-¿Cree que se podría haber parado aquí en Andalucía?
-Creo que sí, en Andalucía y en el Gobierno central, porque era evidente, no solo lo denunciaba Izquierda Unida. Con el 'boom' inmobiliario había que haber tomado un cambio antes, y por ejemplo con el tema de los desahucios, ¿cómo no se había actuado antes, cómo no se había puesto a la administración al servicio de resolver los problemas de la gente? Para eso se constituye una administración.
-Usted sí lo ha hecho y ha causado sensación su decidida apuesta en defensa de los desahuciados con la creación de las oficinas en su ayuda. ¿Se siente satisfecha con el revulsivo que ha supuesto su iniciativa?
-Satisfecha no, me siento contenta de ver que IU es capaz de hacer la política diferente, somos de otra manera, hacemos las cosas de otra manera. Creo que era imprescindible trasladar en acción de gobierno, discurso y propuestas lo que los colectivos sociales llevaban demandando sobre este tema.
-¿Le resultó difícil convencer al PSOE sobre las oficinas? Hemos visto a Griñán abanderar la lucha contra los desahucios, algo que no ocurría hace un año.
-No, no me ha costado trabajo. Creo que la injusticia era tan evidente..., hacía falta que IU llegara al Gobierno para cambiar y dar un revulsivo ahí claro.
Vivienda como negocio
-¿Qué le quiere decir a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la reunión sectorial de vivienda que le ha pedido?
-No deja de sorprenderme que la ministra del ramo permanezca muda en este drama y quien salga aquí sea el ministro de Economía, Luis Guindos. Es el ejemplo claro de que lo que quieren seguir protegiendo son los intereses de los bancos frente a los de la mayoría social. Hay que cambiar una inercia en la política de vivienda que ha convertido esta durante mucho tiempo en un negocio y no en un derecho. Hay jóvenes que no pueden enmaciparse, familias que pierden sus viviendas...
-IU está en contra de la norma del Gobierno sobre desahucios, ¿no hay por donde cogerla o salvaría algo de ella?
-Yo creo que no hay por donde cogerla porque se ha construido de espaldas a los movimientos sociales y de espaldas a las familias que viven ese drama. Creo que la política del siglo XXI tiene que ser una política que se construya con la gente y para la gente. Creo que el Gobierno no sabe el terreno que pisa. Lo demostró cuando aprobó el decreto de Guindos de buenas prácticas de los bancos y sigue empeñado en el mismo error.
-Usted sí ha ido al terreno. ¿Cuál es la dimensión del problema en Andalucía?
-La dimensión es terrible, hablamos de una situación de emergencia social y habitacional. Si la población andaluza es el 20% de la estatal, lo que nos encontramos es el 20% de los 400.000 desahucios que hay en España. El problema es lo que va a seguir viniendo si no se paraliza de forma inmediata la ejecución de los desahucios. Los jueces advierten de que lo que vemos son aquellas personas que dejaron de pagar la hipoteca hace tres años.
-¿Cuál es el perfil de los afectados en Andalucía, es diferente al de otras comunidades por aquello del auxilio familiar?
-Estoy viajando por las provincias y visitando las oficinas y a los colectivos y lo que veo es un perfil muy heterodoxo, de personas jóvenes que adquirieron su primera vivienda, hasta familias mayores con niños a su cargo, de lo que se conocía por clase media a personas con peores perspectivas económicas. El problema dura ya tanto que esa red familiar que protege está cada vez más deteriorada.
-¿Puede impedir la oficina de la Junta que se haga un desahucio?
-Lo hemos conseguido. Hemos paralizado desahucios y hemos conseguido dación en pago y alquiler social. Claro que se puede, se puede cambiar. También forma parte de ese tran tran que nos ha traído hasta aquí, que parece que las cosas no se pueden cambiar y nos ha venido una maldición divina. Sí se puede y el trabajo de los funcionarios ha demostrado que las cosas se pueden paralizar. Sobre todo la movilización social, que es la que nos da cuenta siempre que hay alternativas. Las oficinas funcionan en un primer momento como asesoramiento y lo más importante es la intermediación.
-Llevan abiertas justo dos meses. ¿Qué balance hay en datos?
-Hasta el 23 de noviembre se han abierto 650 expedientes de familias que han acudido a esas oficinas.
-¿Cómo van las negociaciones con las entidades bancarias y qué le piden?
-Estamos avanzando en un acuerdo con Unicaja y explorando con otras entidades financieras. Lo que le pedimos es que reconozcan a la administración autonómica como intermediaria y saldar la deuda bien a través de la dación en pago, el alquiler social, la reestructuración de la deuda privada; en cualquier caso paralizar el desahucio.
-¿No teme que la picaresca perjudique la buena voluntad de la Junta en intermediar?
-Creo que la picaresca es la de Díaz Ferrán, no la de los trabajadores. Esa es la menor de las preocupaciones. La mayor de las preocupaciones de la Consejería es atender una demanda a una injusticia social clara que abarca a toda la clase trabajadora. Hay un problema muy serio con los avales. Hay padres que avalaron a sus hijos con un piso ya pagado desde hace mucho tiempo y que están siendo desahuciados. Aquí no hay picaresca, aquí hay injusticia social que se ceba con la clase trabajadora, cuando la gente lo que quiere es pagar.
No a la inversión privada
-Esta semana afirmó en el Parlamento que la obra público privada, programa estrella del PSOE años atrás, no está entre sus objetivos. ¿Le ha enmendado la plana a sus antecesoras?
-Hemos tomado decisiones conforme a una situación económica de crisis como la que tenemos. Andalucía tiene más autovías por habitante que Alemania, Francia y Dinamarca. Las prioridades pasan por el mantenimiento de lo que hay y por acabar aquello que esté en un alto grado de ejecución.
-Pero cuando se planteó hace varios años también fue por la crisis, porque la Junta empezaba a no tener dinero. ¿Qué ha pasado para cambiar de criterio?
-Lo que ponemos encima de la mesa es que esa es una hipoteca para los andaluces que creemos que no es asumible, no que no puedan ser necesarias esas infraestructuras, sino el cómo se financian y cómo se llevan a cabo. Creemos que no es asumible llevar una hipoteca de media 30 años de pago de una infraestructura que convierte lo que vale uno en cuatro.
-¿Y eso no cree que no es enmendarle la plana a sus antecesoras? La anterior consejera, Josefina Cruz, puso la primera piedra de la Iznalloz-Darro, la primera autovía por la financiación público-privada, un mes antes de las elecciones y ahora no se hará.
-Eso significa que hay un nuevo gobierno y que Izquierda Unida ha llegado al Gobierno para hacer cambios que respondan a las demandas de la mayoría social y vengan contenidas en el acuerdo entre el PSOE e IU. Lo que ha habido es un cambio radical y es que Izquierda Unida es gobierno y lógicamente para hacer cambios en la toma de decisiones. Ya he dicho que la Iznalloz-Darro se hará, pero no consideramos que la manera sea la colaboración público-privada.
Roces con el PSOE
-Antes hablaba de los despidos de directivos en EPSA ¿No ha habido malas caras en el PSOE por ello? Algunos afectados son del PSOE.
-No, no... Izquierda Unida ha venido a cambiar cosas. Ese es nuestro compromiso con los ciudadanos y con el acuerdo de gobierno que es lo que hay que llevar hacia adelante y es lo que estamos haciendo en la consejería.
-¿Hay roces con el PSOE?
-En la vida nada es perfecto, pero yo creo que hay un proceso razonable de equilibrio y de armonía.
-¿Le molesta que le llamen la consejera roja?
-No, no, en absoluto. Lo que si me molestaría es no haber sido capaz de que Izquierda Unida se note que está en el Gobierno. Considero que el capitalismo es un problema que ha generado pobreza, desempleo y una sociedad dual.
-¿Le ve larga vida al pacto PSOE-IU? ¿Cuáles son las líneas rojas por las que IU rompería el acuerdo con los socialistas?
-Yo creo que sí. Las líneas rojas son el cumplimiento del acuerdo: 250 medidas y 25 leyes. No es cualquier cosa.
-¿Qué le dice a esa parte de IU crítica que teme que sea fagocitada por el PSOE?
-La unanimidad es muy aburrida y la diversidad de opinión es necesaria. No hay que tenerle miedo a tomar decisiones y a tener responsabilidades de gobierno, a organizar la rebelión del pueblo formando parte también de un gobierno.
Sustitución de Valderas
-Después de la asamblea federal viene la regional. Hay un sector en el que creo que esta usted que defiende cambios en la dirección y otro que desea la continuidad de Diego Valderas, ¿es así?
-La renovación siempre es positiva. Si Diego va a seguir o no, ahora no toca ese debate. El debate es hacer una buena asamblea general y cuando llegue ya se verá, los olivos se cavan uno a uno.
-Sé que le han propuesto ser candidata a coordinadora de IU en Andalucía. Y que ha dicho que no. ¿es cierto?
-(Se ríe) Eso es cierto y público, que no, que no voy a serlo.
-¿Tiene candidato?
-Tengo la intención de hacer la asamblea mejor en IU. Primero las ideas y el proyecto, después vendrán las personas, me parecen más importantes las ideas que las personas.
-No me va a decir qué persona tiene in mente, ¿pero tiene una?
-(Asiente con la cabeza y sonríe...) Tengo no una persona, sino una idea de un equipo potente.
