Manuel Morales. Coordinador Provincial de IU
El pueblo andaluz tiene 2 meses a partir de hoy para frenar el golpe de estado financiero con el que el PP pretende condenar a la pobreza a un pueblo de 8 millones de habitantes, como castigo por no votarle el pasado mes de marzo.El 31 de octubre se presentan los presupuestos. Para ese día, si el pueblo andaluz movilizado no reconquista su autonomía, sufrirá el recorte masivo de derechos sus derechos más básicos.
La vida diaria de toda la ciudadanía se encuentra condicionada por el actual contexto de paro, recesión, escasez de crédito, subida de impuestos indirectos, retrocesos en derechos laborales y recortes de los servicios públicos. En el origen de esta situación se encuentra la especulación financiera de la gran banca y la decisión política de endeudar hasta límites inéditos a los estados para evitar a la banca las consecuencias de su propia irresponsabilidad. Un endeudamiento que ha llevado a dispararse peligrosamente al déficit público de los estados para mantener a salvo a la banca.
El gobierno de España, al amparo de la necesidad de contener el déficit, establecíó para las comunidades autónomas un objetivo del 15,5% de endeudamiento sobre el total del PIB de cara al 2015. Para ello, las autonomías deben ser capaces de recortar su gasto hasta el punto de alcanzar un ligero superavit del 0,2% en 2015. Mientras tanto, para ese mismo 2015, el Estado en su conjunto llegará con un 1,9% de déficit. Es evidente que a las comunidades autónomas, que son las que pagan los médicos, los maestros, y las políticas sociales en general, se les está exigiendo un esfuerzo mayor que al gobierno de la nación que es el que se ocupa de cosas como el ejército, la casa real o el protocolo con la Iglesia Católica y, por supuesto, los pagos a la banca.
Debemos considerar atentamente, que el punto de partida de las diferentas comunidades autónomas es muy diverso. Así, mientras que la deuda autonómica de cada andaluz es de tan sólo 1.800 Euros, la de un valenciano, un balear o un catalán son de 4.000 ó 5.000 Euros, mientras las de los madrileños o castellano manchegos van de los 2.500 a los 3.000 Euros. Es decir, que no todas las autonomías han sido igual de responsables en el pasado, a la hora de gastar por encima de su capacidad de endeudamiento.
Ahora, llegado el momento de obligar (por decisión del gobierno central) a que la deuda de las comunidades autónomas alcance el 15,5% de su PIB, se establece un objetivo para cada una de las comunidades. Curiosamente, el criterio establecido por el gobierno central ha sido el de premiar, concediendo aún mayor capacidad de endeudamiento, a aquellas comunidades que más deuda tienen, mientras se recorta y se obliga a un ejercicio de virtuosismo financiero a las regiones que menos responsabilidad tienen del endeudamiento conjunto del estado.
Así, a Andalucía, que ya está en el objetivo del 15,5% de deuda sobre su PIB, y que por tanto ya ha alcanzado el nivel de “responsabilidad marcado” se le pretende obligar a que reduzca su endeudamiento hasta el 13,2%. Mientras tanto, comunidades claramente sobreendeudadas, como Valencia, Castilla la Mancha o Cataluña son premiadas, con la concesión de una capacidad de endeudamiento que crece del 22,8% al 23%, del 19,30% al 21,40% y del 20,4% al 23,6% respectivamente. También son castigadas comunidades como Asturias o Canarias que curiosamente no son gobernadas por el PP y que se han comportado con mayor responsabilidad financiera que la media en el pasado.
Se trata de una redistribución de la carga financiera del Estado de las Autonomías por la cual unas regiones, como Andalucía son obligadas a apretarse el cinturón más allá de lo soportable, para que otras mantengan el nivel de despilfarro irresponsable que ha generado espectáculos como el Aeropuerto de Castellón, el circuito de fórmula uno de Valencia o el enriquecimiento ilícito de los elegantes y la trama Gürtel.
Ese recorte del 2,3% del PIB en el presupuesto de la Junta de Andalucía es un recorte impuesto, porque se hace vulnerando el estatuto de autonomía; es injusto porque, como ya hemos demostrado, supone cargar sobre los andaluces el sobreendeudamiento de otras regiones. Pero es además un recorte irresponsable, porque equivale a 2700 millones de euros, que son el 12% de todo el presupuesto anual de Andalucía; el equivalente al 64% de todos los salarios del personal sanitario de Andalucía o el 77% de todo el gasto educativo. Su aplicación equivale a destruir 60,000 puestos de trabajo en la comunidad con más paro de España y representan un volumen del inversión que permitiría construir 900 Kilómetros de ferrocarril convencional.Finalmente, y sobre todo es un recorte inasumible, lo que quiere decir que el gobierno andaluz tiene la obligación política de declararse en rebeldía frente a tal abuso, sean cuales sean las consecuencias de dicha rebeldía.
Junto a su impacto directo sobre los servicios públicos, la aplicación de este recorte afectaría de forma dramática a las instituciones locales, con reducción de planes concertados, del mantenimiento de centros educativos, servicios sociales, actividades culturales, deportivas... cargando una vez más de forma injustificada sobre las espaldas de las víctimas de la crisis, los efectos de la irresponsabilidad de unos pocos que permanecen a salvo de las consecuencias de sus propios actos.
Es un golpe financiero con el que el PP, desde Madrid, pretende derrocar al gobierno legítimo de Andalucía, después de perder las elecciones del 25 de marzo. Una derrota que los señoritos no perdonan al pueblo andaluz.
Por todo ello, en Granada, vamos a presentar mociones en todos los Ayuntamientos, para que sus plenos se pronuncien en torno a los siguientes
ACUERDOS:
Transmitir al gobierno de la nación, a través de la subdelegación del Gobierno en Granada, el más absoluto rechazo hacia el acuerdo propuesto por el Ministerio de Economía en la última sesión del Consejo de Política Fiscal y Finanaciera, por el cual se establece un límite de endeudamiento a la comunidad autónoma de Andalucía del 13,2% del PIB
Reclamar para Andalucía la suficiencia financiera necesaria para mantener el actual nivel de calidad de los servicios públicos, así como para sufragar los gastos para iniciar una salida a la crisis a través de la reactivación de la economía productiva.
Respaldar activamente cuantas acciones de movilización y protesta se convoquen de forma pacífica en los próximos meses en defensa de la suficiencia financiera de Andalucía, de sus ayuntamientos y de sus servicios públicos.
Transmitir tanto al gobierno del estado como al de la comunidad autónoma la necesidad de avanzar en una financiación justa de las entidades locales a través de la mejora de su participación en los ingresos del estado que permita atender los servicios a la ciudadanía tal y como mandata la constitución.
Queremos que los alcaldes, sean del signo que sean, y especialmente los del PP, se mojen ante su ciudadanía, y digan claramente si están dispuestos a defender el interés general de los andaluces ante el gobierno del estado o si más bien, van a actuar como los viejos gobernadores del franquismo, poniendo por encima de todo la defensa del régimen, aunque fuera a costa del sufrimiento impuesto a su propio pueblo.
Pero sobre todo, queremos que el pueblo andaluz se vuelque en una movilización decidida, de aquí al 31 de octubre, para mostrar al PP de Mariano Rajoy que el coste político de cometer esta injusticia contra Andalucía es inasumible. Para que rectifique, y nos permita a los andaluces salir de este profundo pozo por nuestro propio pie. Por eso, el pueblo andaluz debe volcarse en las manifestaciones del 15S y en las sucesivas convocatorias que se produzcan, en el camino de un nuevo 28 de Febrero, el día que los andaluces conquistaron su autonomía.
