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Conil se declara Municipio contra los deshaucios
Tal acuerdo tomado por parte de la corporación municipal implica una serie de medidas a nivel local para poder frenar cualquier tipo de desahucio por parte de entidades bancarias a familias que por situaciones económicas y castigadas por la crisis no puedan hacer frente al pago de su hipoteca.
Desde el propio consistorio se pondrá en marcha a partir del mes de septiembre una oficina de asesoramiento para familias que se encuentren en dicha situación.
El Alcalde de la localidad, Juan Bermúdez, de IU, ha indicado que “desde el Ayuntamiento queremos manifestar nuestro rechazo a que cualquier familia de Conil debido a la crisis económica pueda ser desahuciada. El equipo de gobierno estará en primera línea defendiendo el derecho a la vivienda de los ciudadanos afectados”.
Ante la iniciativa lanzada desde el Ayuntamiento el propio concejal de Servicios Sociales, Ernesto Alba, ha manifestado que “en cualquier situación de amenaza por parte de una entidad bancaria a familias castigadas por una crisis que no han provocado se encontrarán con la oposición y resistencia del propio equipo de gobierno. La obligación del equipo de gobierno no es otra que proteger los derechos humanos en nuestra localidad, y los casos de desahucio, son una violación flagrante de los mismos”.
Según Ernesto Alba, la iniciativa comienza este lunes 13 de agosto a través de un acto público de información en el que se contará con Rafael Mayoral, actual asesor jurídico de la Plataforma de afetados por la Hipoteca de Madrid.
Un símbolo de dignidad
Alberto Garzón
El martes un grupo de trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entró de forma organizada en dos grandes superficies y se llevó sin pagar un importante número de productos de primera necesidad, con objeto de repartirlos entre los más necesitados. Como consecuencia, el ministerio del Interior ha ordenado ya la detención de los responsables. Varios días después podemos confirmar, a mi juicio, que la acción del SAT ha sido un completo éxito.
Comencemos por el contexto social. Según UNICEF en España un 17,1% de los niños están bajo el umbral de la pobreza, mientras que Acción contra el Hambre denuncia que un 25% están desnutridos. Al mismo tiempo dos millones de españoles se beneficiarán de las ayudas que la Comisión Europea ha enviado este año -con un total de 67 millones de kilos de comida- para combatir el hambre en nuestro país. A nadie se le escapa que las organizaciones solidarias han visto dispararse sus necesidades para poder atender con eficacia a una población crecientemente empobrecida.
A pesar de lo apuntado arriba es obvio también que en nuestro país no falta comida, ni tierras fértiles ni medios técnicos con los que paliar el hambre. Lo que sí falta es voluntad política que se atreva a enfrentar las desigualdades de riqueza y renta. Y lo que sobre todo falta es que se cumpla la Constitución española y su artículo 128.1, el cual declara que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Y la acción del SAT ha logrado precisamente poner esto de relieve, marcarlo en la agenda, y lo ha hecho siguiendo la máxima libertaria de Emna Goldman, que instigaba a los trabajadores con la siguiente proclama: "Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan".
Pero la acción del SAT ha ido más allá de lo concreto, es decir, del reparto de comida, y ha penetrado con fuerza en el mundo ideológico. Decía Guy Debord que vivimos en la sociedad del espectáculo y nos recordaba, citando a Feuerbach, que en nuestro tiempo "se prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser". No hay duda sobre ello: en la sociedad del espectáculo la imagen importa más que la sustancia y los símbolos se convierten en el arma más valiosa para las causas políticas y las causas empresariales. Y la acción del SAT no es una medida contra la crisis -porque su generalización no resuelve los problemas de raíz- sino una acción simbólica con un claro contenido político. Es sustancialmente distinto.
Efectivamente nadie, y los compañeros del SAT menos, tenían como intención que aquella acción del martes se convirtiera en un elemento clave del programa electoral. Lo del SAT ha sido una brillante táctica comunicativa para poner sobre la agenda política un grave problema social. Hablamos de un pensado golpe contra la ideología dominante, es decir, contra la concepción del mundo que tiene la gente acerca de cómo debe organizarse una sociedad. Esta acción ha servido para remover los cimientos ideológicos de la mayoría de la gente. Por supuesto que no ha convencido a muchos, quizá la mayoría, pero ha golpeado por primera vez y con contundencia su sistema de ideas y el cual estaba hasta ahora muy asentado y consolidado. Ha mermado sus defensas.
No olvidemos que vivimos una crisis ideológica que se manifiesta en el cambio de cómo la gente concibe e interpreta su realidad más cercana. La concepción del mundo que había sido dominante hasta ahora se resquebraja y todo está en duda. Se cuestiona que los políticos y economistas sepan qué hacer, que las instituciones políticas sean útiles para resolver los problemas, que las entidades financieras sean fundamentales, que haya democracia, que las empresas privadas sean superiores a las públicas, que la policía defienda al pueblo, y también -y es lo que aquí nos ocupa- que la propiedad privada sea sagrada y esté por encima de otros derechos como el de la vivienda o la alimentación.
Algunos denunciarán que la acción del SAT es ilegal. Efectivamente, lo es. Pero la cuestión no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae, sino en si es una acción legítima y digna o si por el contrario no lo es. Y cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden satisfacerse técnicamente pero el único obstáculo para conseguirlo es el propio marco institucional, diseñado en beneficio y garantía de la gran empresa y las grandes fortunas, es cuando acciones como las del SAT recobran toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese punto la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el plano ideológico.
Cayo Lara (IU) se pregunta por la cantidad de "dinero negro" que hay en Gibraltar
Europa Press
El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha visitado este martes La Línea de la Concepción (Cádiz) para mostrar su apoyo al exparlamentario Antonio Romero, que sigue con su huelga de hambre de 48 horas a las puertas de la frontera de Gibraltar para denunciar la existencia de paraísos fiscales.
Durante su atención a los medios de comunicación, Lara ha cifrado en "90.000 millones de euros" el fraude fiscal en España y ha abogado por "saber qué cantidad exacta" de "dinero negro" mueve en Gibraltar.
Lara ha expuesto que esas partidas económicas, que "no se conocen", deberían tributar a las haciendas públicas y con ellas "atender demandas como la sanidad, educación o las políticas sociales".
El máximo dirigente de IU ha incidido especialmente en la necesidad de luchar contra estas prácticas, "ya que estamos en un escenario de crisis que está afectando principalmente a los trabajadores".
Argumenta Lara que "los paraísos fiscales también matan a personas, estamos ante crímenes económicos", ya que si se lograse acabar con estos lugares "quitaríamos el hambre del mundo".
Ricardo Sixto pide al Ministro del Interior que deje de comportarse como un sheriff del Oeste en el tema de las acciones en dos supermercados
El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, ha pedido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que “deje de comportarse como un sheriff del Oeste” tras haber ordenado hoy personalmente que se detenga a todas las personas que participaron ayer en las acciones de protesta en dos supermercados en Andalucía, en las que se llevaron alimentos básicos que luego entregaron para su reparto a familias necesitadas.
Sixto reclama a Fernández Díaz que “en primer lugar, permita que se cumpla la legislación vigente, lo que todo un ministro de Interior se salta a la primeras de cambio al erigirse en juez, fiscal y policía ordenando detenciones algo que, al menos hasta la llegada del PP al poder, era competencia de los jueces a instancia de diligencias practicadas por la Policía o a petición del fiscal”.
Del mismo modo, el diputado de IU “agradece” al titular de Interior que “se haya tomado este caso de manera personalísima, lo que sin duda debe valorarse como se merece dada la ‘peligrosidad’ de los intervinientes y la gravedad de los hechos ocurridos”.
El parlamentario de Izquierda Unida aclara al ministro que “esté muy tranquilo y no tema lo más mínimo por el respeto que desde nuestra formación se tendrá con las acciones de carácter legal y judicial que se lleven a cabo, algo que no pueden decir ni todos los partidos ni en todos los casos, y no tiene que mirar muy lejos”.
En este sentido, Sixto exige a Fernández Díaz que sobre este caso “se aplique el procedimiento policial y judicial habitual, sin injerencias políticas de ningún tipo que tanto gustan al PP y sin la prepotencia mostrada hasta ahora al ordenar detenciones a discreción”.
Para el diputado por Valencia de IU, la situación social que se vive en nuestro país “era tan explosiva antes de las acciones de ayer como lo va a seguir siendo mañana mientras se mantenga un panorama tan complicado para mucha gente que carece ya de un mínimo para vivir con dignidad. Mientras, ese mismo Gobierno que tan preocupado parece ahora en la seguridad, sigue con los recortes de ayudas y de servicios sociales sin importarle tanto sus consecuencias”.
Del mismo modo, Ricardo Sixto precisa que lo ocurrido se enmarca entre los “actos testimoniales de denuncia de la situación de injusticia social y económica que viene realizando el SAT desde hace años”, en uno de los cuales se encontraba su dirigente y también de IU en Andalucía, Sánchez Gordillo. En todo caso, no se trataba de un acto organizado ni convocado por Izquierda Unida, como desde determinados partidos políticos y medios afines se está insistiendo en hacer creer.
Llamazares defiende a Gordillo y afirma que el Código Penal justifica esas acciones
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha defendido este miércoles al alcalde de Marinaleda y diputado autonómico de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, después de que participara en el asalto a un supermercado andaluz para dar productos a un banco de alimentos y ha manifestado que el Código Penal "justifica" este tipo de acciones "en situaciones dramáticas".
Llamazares ha manifestado que esto fue un acto "simbólico" que se hizo "a las claras, con la cara al descubierto y no en beneficio propio", sino para personas que tienen dificultades económicas.
Al ser preguntado por si él haría lo mismo que Sánchez Gordillo ha manifestado que no lo sabía y que todo "depende de la situación". "Creo que nadie sabía de la situación actual hace tan solo unos años o meses y sin embargo estamos viendo ahora cosas que nos sorprenden, nos duelen y nos indignan. Por lo tanto, si fuera para una situación dramática para personas que están en una situación de necesidad incluso el Código Penal lo justifica", ha aclarado.
Es una protesta del SAT, no de IU
También ha precisado que la decisión de llevar a cabo esta acción no partió de IU, sino del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que la reacción que ha generado es, a su entender, "exagerada" y que serán los tribunales quienes decidan o no si ha sido un acto "afortunado o desafortunado".
Asimismo, Llamazares ha dicho que lo que le "escandaliza" de este asunto es que haya "más de un millón de familias que no tienen ni un euro para vivir, que haya cada vez más pobreza", destacando que durante el período de crisis económica el índice de pobreza ha subido "casi" tres puntos y que una parte de esa subida, la "más importante", la están sufriendo los niños.
"Este acto intenta poner en evidencia que eso ha llegado ya a un límite en el cual hay familias en Andalucía y en el resto del Estado que reducen su número de comidas durante el día", ha señalado.
Además, Llamazares ha manifestado en este sentido que "en estos momentos la situación social debe llevar a una respuesta", añadiendo que "sería preocupante que terminase en acciones de carácter individual que tuvieran un contexto violento" y es por eso, que según su opinión, las acciones llevadas a cabo deberían ser reacciones de carácter social y que actuar de forma contraria supondría una "degradación aún mayor del sistema político democrático".
Reacción ciudadana
En esta senda, el diputado de IU ha añadido que es "necesario" que se produzca una reacción ciudadana en "defensa" de derechos conquistados y de los servicios públicos, ya que esa reacción ciudadana supondría un fortalecimiento de una política "comprometida" con la ciudadanía y "no una política al servicio de unos pocos", ha aseverado.
Finalmente, Llamazares ha concluido diciendo que este acto "simbólico" pone en "evidencia" por un lado, "que estamos en una situación muy difícil, que hay gente que lo está pasando muy mal, incluso pasando hambre, y por otra parte, hay grandes focos de riqueza que no han responsabilizado para nada de la salida de la crisis".
Antonio Romero: "Denunciaremos a Rajoy por crímenes contra la humanidad"
Antonio Romero es la constatación de que hay vida política más allá del Congreso. Desde que abandonase su labor en las instituciones, este exparlamentario de Izquierda Unida no ha cesado su actividad en la calle. Ayer, comenzó una huelga simbólica de 48 horas para denunciar lo que considera uno de los grandes enemigos de los servicios públicos: los paraísos fiscales.
Desde la verja de Gibraltar, donde se encuentra, ha escrito además una carta abierta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que termina con un párrafo demoledor: "Le informo de que presentaremos una denuncia a través del Fiscal General del Estado al Tribunal Penal Internacional, para que se considere crimen contra la Humanidad por las miles de víctimas que produce esta política contra la crisis. La denuncia será dirigida a usted, a sus ministros económicos y a las autoridades de la UE".
¿Por qué ha elegido los paraísos fiscales como objetivo?
Estos lugares se vienen denunciando de palabra desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora no se había llevado a cabo ninguna acción directa contra ellos, y es importante denunciarlos, ya que son el escondite del dinero negro y criminal del capitalismo mundial. Hay 10 paraisos fiscales en Europa y unos 50 en todo el mundo, entre ellos Gibraltar. Ahora que estamos sufriendo recortes, que a los funcionarios les están quitando las pagas extra, que los pensionistas tienen que pagar los medicamentos o se eliminan ayudas a desempleados, es necesario señalar a estos lugares que, de no existir, nos ahorrarían todo esto. Según la ONU y el FMI, casi una cuarta parte de la riqueza mundial está escondida en estos paraísos fiscales.
¿De qué manera concreta afectan a la economía española que lugares como Gibraltar sean paraísos fiscales?
"Gibraltar es de los paraísos fiscales más opacos, y vive de las mafias que blanquean dinero"
A España le afectan mucho, porque por ahí se escapa una inmensa cantidad de dinero de empresas españolas que no tributan al Estado. Por otro lado, Gibraltar también ha servido para el blanqueo de toda la corrupción urbanística que ha habido en la Costa del Sol. En definitiva, se puede afirmar que Gibraltar vive de las mafias que blanquean su dinero.
Para que nos hagamos una idea del alcance de estos lugares, es significativo el dato de que el 74% de la inversion extranjera en el urbanismo criminal de la Costa del Sol y Marbella procedía de tres paraísos fiscales. En este caso, Gibraltar, uno de los paraísos fiscales más opacos, no colaboró en la operación Ballena blanca, la investigación más importante que se ha hecho contra el blanqueo de capitales en España.
Y para el ciudadano de a pie, ¿qué significaría todo esto?
El FMI calcula que si se pagaran los impuestos que les corresponden a los capitales alojados en paraísos fiscales, se cumplirían los Objetivos del Milenio y además no sería necesario hacer recortes sociales, ya que los gobiernos ingresarían miles de millones de euros. Cristóbal Montoro dice que en las arcas públicas no hay dinero para pagar los servicios públicos. Pues bien, con esta acción yo quiero decirle: aquí está el dinero.
Hoy ha anunciado que IU va a denunciar a Mariano Rajoy ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por "apoyar" estos paraísos fiscales. ¿Cuál es el delito que se le quiere imputar?
"Queremos que llevar a decenas de miles de personas a la miseria sea un crimen contra la humanidad"
No sólo denunciaremos a Rajoy. Acudiremos al Fiscal General del Estado para que, junto a él, sean juzgados en el TPI también sus ministros económicos y los responsables de la UE. Es inadmisible el avance de la exclusión social, que el 23% de los europeos se encuentren en la pobreza o en exclusión social y que los gobernantes no hagan nada, no muevan un dedo para cambiar esta situación. Lo que queremos es que se considere crimen contra la humanidad llevar a decenas de miles de personas a la miseria con las políticas que están aplicando.
En el caso de que Rajoy decidiera actuar contra los paraísos fiscales, ¿es posible hacer algo contra ellos desde el Gobierno?
Hay dos tipos de paraísos fiscales, todos muy opacos: los que colaboran algo y los que no colaboran nada. Aún así, existen varias medidas que podría tomar Rajoy, tal y como señalo en la carta que le he enviado. Por ejemplo, se puede hacer que un deportista de élite domiciliado en un paraíso fiscal no pueda ir en representación de España, ya que no es admisible que se les dé alojamiento, se les paguen los viajes y se sufraguen otros gastos a cargo del Estado cuando ellos no están tributando lo que deberían. Otra medida es retirar la licencia a todos los bancos que tengan filiales en paraísos fiscales, así como a otras entidades mercantiles, financieras o comerciales. De los siete mayores bancos en España, seis las tienen, y eso es el equivalente a tener un departamento para delinquir. Si se le quita el agua al pez, se muere el pez.
¿Qué tipo de personas o entidades suelen operar en estos lugares? ¿También se aprovechan dictadores?
En los paraísos fiscales operan deportistas de élite, bancos, compañías, junto a narcotraficantes, mafias de prostiución o venta de armas. Todos los dictadores del mundo —y en esto fue un maestro Pinochet, apoyado por el banco de Washington— los utilizan. Incluso Urdangarín y su círculo han recurrido a ellos. Los paraísos fiscales viven por tres blindajes. Por un lado, no hay impuestos, o si los hay son simbólicos. Por otro, la opacidad total y el secreto bancario. Por último, existe una falta de cooperación total con las organizaciones internacionales.
Una huelga de hambre es una acción contundente. ¿Cree que es hora de que la izquierda ponga intensidad a sus protestas?
La izquierda debe salir de lo políticamente correcto y debe ir al fondo. La derecha y los neoliberales están haciendo una política extremista, están cambiando los fundamentos del Estado de Derecho, y haciendo unas politicas filofascistas. Ante esto, la izquierda debe ponerse las pilas y conectar con los movimientos sociales. Y, por supuesto, apuntar directamente y con energía a los paraísos fiscales.
IU llama a la Junta y al pueblo andaluz a caminar juntos ante una declaración de guerra económico-financiera
El vicepresidente de la Junta y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha defendido este miércoles la necesidad de que la Junta y el pueblo andaluz "caminen juntos" para hacer frente a lo que considera una "declaración de guerra económico-financiera" contra la comunidad autónoma tras el aumento del límite de endeudamiento aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
En rueda de prensa ofrecida en Sevilla tras mantener una reunión con las y los militantes de IU que ocupan responsabilidades institucionales provinciales de la Junta de Andalucía, Valderas ha asegurado que los acuerdos adoptados en el CPFF en ausencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, constituyen un "chantaje inaceptable" a Andalucía que exige que "el pueblo y el Gobierno andaluz caminen juntos en defensa de los derechos de nuestra tierra".
Preguntado por si estaría dispuesto a convocar un referéndum al respecto, el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales ha comentado que aún no está "en esa fase" y sólo ha planteado la conveniencia de "consultar a las organizaciones progresistas" que dieron su apoyo a "otra forma de gobernar" en los comicios del 25M, aunque ha dejado claro que "no descarta nada".
IU denuncia que el PP quiere robar a Andalucía 2.700 millones de euros para gastarlos en las comunidades donde ellos gobiernan
Manuel Morales considera que es injusto “porque pretende quitar a los andaluces 2.700 millones para seguir alimentando el despilfarro de otras comunidades como la valenciana, que tienen menos paro y por tanto mayor cuota de responsabilidad en el endeudamiento público. Irresponsable, porque pone en peligro servicios y derechos básicos de la ciudadanía, como la sanidad. Sectaria, porque el PP desangra a Andalucía, castigado a los andaluces porque no le han dado la mayoría absoluta que quería”.
El coordinador de IU, que no ocultaba su indignación, ha calificado de “inmoral” las pretensiones del gobierno del PP “que quiere quitarnos dinero a los andaluces para llevarlo a las comunidades donde ellos gobiernan. Es un robo, un acto de piratería política el plan que pretenden llevar a cabo” ha declarado.
Para el responsable provincial de la formación de izquierdas en Granada, ha llegado la hora de “la insumisión política, institucional y social”. Por lo que ha emplazado al gobierno andaluz, con IU al frente, “a estar junto a su pueblo haciendo frente común contra al ataque canalla del PP a los andaluces y Andalucía”.
Con este nuevo planteamiento del Ministerio de Hacienda, la comunidad tendría que hacer el año que viene un presupuesto con unos 3.000 millones de euros menos, lo equivalente a dos puntos del PIB andaluz, o lo que es lo mismo “imponer” al gobierno de la comunidad autónoma la “obligación de tener que hacer un recorte indiscriminado y absolutamente ilógico en servicios y prestaciones como educación y sanidad, algo a lo que los izquierdistas no están dispuestos.
Valderas llama a movilizarse contra la tortura financiera del PP, que nos arrebata los derechos y el Estatuto
Europa Press
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha hecho un llamamiento este martes a la "movilización" del pueblo andaluz contra la "tortura financiera" a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por parte del Gobierno central, al que acusa de "arrebatar" a los andaluces "los derechos y el Estatuto de Autonomía".
Valderas se ha pronunciado de este modo en varios comentarios publicados en su cuenta en la red social Twitter coincidiendo con la decisión de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, de abandonar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como muestra de su "desacuerdo" por el límite de endeudamiento establecido por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, que obligaría a la Junta a elaborar sus presupuestos para 2013 con unos 3.000 millones de euros menos.
"Esto se hace cada día menos soportable. ’Rajoy-recortador’ acorrala y asfixia a Andalucía. Caminamos hacia un nuevo 28-F", apunta el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, que añade que el CPFF "es un lugar de tortura financiera para las comunidades autónomas".
A su juicio, "el PP ha decidido acabar con las autonomías y la democracia y asfixiar Andalucía", por lo que advierte a los andaluces de que "solo nos dejan el camino de la movilización". "El PP nos arrebata los derechos y el Estatuto, asfixia nuestra economía. Rebélate", concluye Valderas.
Universidades: Dirigentes de IU piden acabar con cargos de confianza para evitar el 'hachazo' presupuestario
El Mundo
El coordinador provincial en Granada de Izquierda Unida de Granada, Manuel Morales, ha pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía que recorte en "gastos innecesarios" eliminando "cargos de confianza" que "aumentan el gasto en salarios sin necesidad" para evitar otro "hachazo" en Educación, en concreto los 130 millones previstos para el recorte en los presupuestos del conjunto de la universidades de Andalucía.
El dirigente provincial de IU pide que si los recortes tienen que producirse "como consecuencia de la actuación del Gobierno del PP", se produzca "una redistribución justa de las cargas" y "sobre todo que no se aplique simplemente una reducción de un 5% lineal" a todo el personal.
Considera la coalición de izquierdas, al dirigirse al Gobierno andaluz, del que forma parte, que "la preocupación en el conjunto de los trabajadores" universitarios está "subiendo por momentos" y "ven con incertidumbre el futuro más inmediato". En el plan de reducción de gastos "no dice a los órganos de gobierno de los centros universitarios cómo tiene que realizar esta reducción", sino que son sus direcciones quienes decidirán por donde y "a quiénes" reducen.
En este contexto, "cree que en cuestión de salarios la reducción debe hacerse con criterios de progresividad donde sea necesario", principalmente "en la eliminación de gastos innecesarios y por supuesto sin despidos".
En este sentido el coordinador de IU destaca "el esfuerzo realizado por la Universidad de Granada" en la política de austeridad que "está llevando a cabo con la eliminación de gastos innecesarios, mientras otras universidades han sido menos disciplinadas en este sentido".
Desde Izquierda Unida reclaman que tanto en las universidades como en los entes y agencias instrumentales de la Junta, "el necesario ajuste del presupuesto se haga con un criterio socialmente justo y de progresividad". El ajuste andaluz exige que haya una reducción de un 5% de la masa salarial en las agencias y demás entes instrumentales de la Junta, además de la reducción en las universidades antes mencionada.
En primer lugar, "con la reducción de altos cargos innecesarios como directivos y demás que se han ido colocando durante años atrás sin ningún tipo de criterio de selección" y que "han aumentado el gasto de salarios sin necesidad".
Como segundo elemento a tener en cuenta, Morales considera que "hay que salvaguardar los ingresos y el salario de los escalones inferiores de dichas agencias", especialmente todos aquellos trabajadores que "ganan escasamente 1.000 euros mensuales". "Nadie por debajo de esta cantidad debe ver recortado su salario", sostiene.
En tercer y último lugar, salvaguardar los puestos de trabajo, "no se debe reducir la masa salarial a base de despidos, sino a base de una reducción progresiva en la que quienes más tengan, los escalones más altos de esa administración puedan ver reducido un 10% su salario, y que a los escalones más bajos se les respete al máximo sus ingresos".
Sánchez Gordillo: "Los recortes consisten básicamente en que los ricos roban a los pobres"
Nadie diría que ya tiene 63 años y que resultó elegido alcalde de Marinaleda (Sevilla), con treinta, allá por el año 79 cuando era profesor de historia en un Instituto. Juan Manuel Sánchez Gordillo participó en la creación del Sindicato de Obreros del Campo o de la Candidatura Unitaria de Trabajadores. Sigue siendo alcalde y parlamentario de Izquierda Unida, aunque mantenga cierta distancia respecto a la dirección actual de la coalición.
También forma parte, en la actualidad, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que promovió esta semana la ocupación de la finca Las Turquillas, que viene utilizando el ministerio de Defensa como yeguada militar: "La ocupamos con una representación bastante grande de gente llegada de toda Andalucía. Se ha hecho un campamento allí, con un grupo y mañana se empieza a labrar la tierra en un huerto pegado al cuartel de los militares".
"La idea es mantenernos ahí. No tiene sentido que en siglo XXI el Ejército ocupe tanta tierra, 1200 hectáreas, cuando con diez fanegas tendría suficiente. El Ejército no es buen agricultor, ni tiene capacidad para labrarla".
El propósito de los jornaleros es aprovecharla "para el turismo, la agricultura ecológica y ofrecer empleo de forma parecida a como hicimos en Marinaleda, a través de la industria agroalimentaria, con la transformación de productos ecológicos". También a Marinaleda, aquel antiguo confín de campesinos reconvertido en ayuntamiento y en utopía asamblearia, está llegando la crisis: "Se nota un poco en los precios de los productos agrícolas y en la financiación -afirma Sánchez Gordillo, quien mantiene la apariencia y la actitud que lo convirtieron en referente de un cierto sector de la izquierda española, pero que ha compaginado dicha estampa con la de la gestión municipal-. Tenemos problemas de liquidez pero estamos vendiendo bien los productos. En términos generales, en la agricultura y en la alimentación se ha notado menos en la crisis. Lo que ocurre es que la gente que se había ido del campo para trabajar en la construcción está volviendo en demanda del empleo. Así que no sólo hay que mantener el empleo que existe sino que hay que incrementarlo. La agricultura ecológica da más empleo que la tradicional, eso es cierto. Claro que para salvarla de la situación de la crisis y del encarecimiento de los productos agrarios, estamos intentado un comercio horizontal, con un diálogo de cooperativa a cooperativa y estableciendo relaciones con otros países donde haya experiencias de este tipo. Queremos crear riqueza y empleo con un comercio más justo".
Durante el actual conflicto de la minería, los jornaleros andaluces han visto las barbas del vecino puestas a remojo, cuando en Andalucía y en Extremadura existe una forma de subsidio agrario, conocida popularmente como el Plan de Empleo Rural (PER) aunque haya recibido otras denominaciones, que recuerda en parte a las subvenciones mineras. En el caso extremeño-andaluz los subsidios europeos beneficiaron más a los grandes terratenientes que a los campesinos pero al menos permitió cierta dignidad de vida a este último colectivo.
Ahora, hay quien piensa que esa paz social está en peligro: "Se rumoreó que determinadas prestaciones agrícolas iban a eliminarse, pero no se les ha tocado. En el campo, a los mayores de 52 años, por ejemplo, se les da un pequeño subsidio para que no tengan que buscar peonadas como los jornaleros más jóvenes. Algo así como una jubilación prematura. Ahora se ha dicho que va a pasar a los 55 años, pero lo que no se dan cuenta es que esos mayores de 52 son los que están alimentando a la familia, porque apenas hay trabajo. Si quitamos ese subsidio o lo postergamos, llegamos al hambre física. Así que creo que, al paso que vamos, el movimiento jornalero se va a radicalizar".
Sigue siendo un verso libre en Izquierda Unida, aunque no faltó quien apostara porque Sánchez Gordillo abandonaría la coalición cuando se negó a secundar el pacto de gobierno entre dichas siglas y el PSOE de Andalucía, durante el pasado mes de mayo: "Yo hice un discurso durante las elecciones en el sentido de que no nos íbamos a rendir a los mercados. Y los mercados lo que han hecho ha sido apretar su dictadura y hay que rebelarse mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, con más ganas. No estoy de acuerdo con el pacto de gobierno en Andalucía porque se veía venir lo que está viniendo, esto es, que estamos comulgando con ruedas de molinos. Una fuerza anticapitalista no puede aceptar recortes, sencillamente. No se trata de aliviarlos, es que no puedes aceptarlos. Los recortes consisten básicamente en que los ricos roban a los pobres. Aquí estamos trabajando para los bancos alemanes. La deuda, además de ilegítima es impagable. Y, por ella, estamos desmantelando el Estado del bienestar y servicios tan esenciales como la salud y la educación. Desde Andalucía hace falta mostrar una clara rebeldía contra Madrid, contra Bruselas, contra todo lo que está ocurriendo. Hay que salirse del gobierno o provocar otro cuatro de diciembre".
Sánchez Gordillo hace alusión a una fecha emblemática del andalucismo reciente, cuando toda Andalucía salió a la calle un 4 de diciembre de 1977, con banderas blanquiverdes, para exigir la autonomía plena y el estatuto autonómico que no pudo promulgarse en su día por el estallido de la guerra civil. En un momento histórico en el que las autonomías parecía que iban a reducirse a las históricas, los andaluces fueron movilizándose hasta conseguir el café para todos que hizo posible el estado actual, que ahora también el neoliberalismo pone en cuestión.
"Si el Gobierno no gobierna, los de Izquierda Unida desapareceremos del mapa. Claro que esa actitud mía provoca que esté un poquito castigado de puertas para adentro. Antes, yo llevaba la portavocía de Agricultura, de Sanidad y Vivienda y ahora no tengo ninguna. No puedo intervenir en la tribuna de oradores porque no soy portavoz de nada. Pero sigo siendo un diputado de la calle, estoy en las manifestaciones, en los desahucios; estoy con el 15-M cuando ocupan viviendas vacías y ahora estoy ocupando fincas. También voy a buscar la forma legal para sin salirme de Izquierda Unida, porque creo que es un buen punto de partida y las bases están cada vez más rebeldes, saber qué iniciativas puedo afrontar por mi cuenta y qué puedo decir o no en la tribuna de oradores".
En los últimos tiempos, Sánchez Gordillo se mantiene en contacto permanente con Julio Anguita, con quien ahora se reúne "periódica y sistemáticamente".
"Él ha estado siempre muy en contra del pacto y mucho más, después de la aplicación de los recortes. Él dice que hemos pasado la raya y que Izquierda Unida ha cavado su propia tumba. Él plantea una alternativa global contra todo esto porque entiende que el problema ya no sólo estriba en que pueda desaparecer el Estado del bienestar sino el propio estado o la civilización occidental. O sacamos la crisis en clave democrática, o lo único que lograremos es que haya más miseria para los pobres, con más recortes. O no sé si acaso una tercera crisis mundial porque la depresión de 1929 se resolvió con la Segunda Guerra. Aquí y ahora, Estados Unidos ha aumentado los gastos militares en un 67%, Rusia en un 81%, y China en un 195%, casi ha triplicado dichos presupuestos. Vamos a ver si al final la crisis no se resuelve con la típica válvula de escape de destruir para construir. La invasión de Libia, lo que ocurre en Siria y lo que pueda ocurrir en Irán, solamente persigue controlar las energías. En estos momentos, existe más inestabilidad para la paz que hace quince años. Las salidas que hasta ahora han planteado para la actual crisis han fracasado. Los problemas de mercado, decían, hay que resolverlos con más mercado. Lo de más mercado nos lleva al desastre, nos lleva a regresar cincuenta años atrás desde el punto de vista social".
Sánchez Gordillo cree de firme en una plataforma amplia que buscara respuestas comunes más allá de las recetas del capitalismo, que se han revelado como poco eficaces en estos momentos cruciales: "Lo que sería bueno -afirma- es que Izquierda Unida despertara y si despierta una parte del PSOE también sería bueno, pero de alguna manera eso de pasar a sentirnos parte del Estado para paliar la crisis es caer en la trampa de hacer el recorte más pasable. Yo no quiero que me maten cruenta o incruentamente, lo que quiero es que no me maten. Esto es terrorismo económico de primera magnitud".
El alcalde de Marinaleda se encuentra a diario con el rostro de la desesperación: "A mí me vienen los casos más desesperados, los de familias trabajadoras normales que lo ganaban bien en la construcción, y que ahora se encuentran sin empleo, sin casa y para ir al psiquiatra, que es terrible".
"Estuve en Grecia y había colas para la comida. Se te ponen los vellos tiesos y esos tíos que viven bien nos dicen que hay que apretar. Apriete a quienes tengan donde apretarle, no al que no tiene donde vivir. Frente a eso hay que movilizarse, desde Andalucía, desde el Estado español y el sur de Europa, desde la periferia. He visto en Grecia cosas dantescas, en Portugal, en Irlanda, en Italia también están las cosas mal. Algo habrá que hacer. Hay condiciones objetivas casi revolucionarias, pero no hay organizaciones políticas ni sindicatos anticapitalistas que sirvan como bandera. La gente no encuentra instrumentos, referentes, herramientas para decir ya se acabó. Pero también estoy convencido de que la gente va a salir a la calle y va a aumentar la represión. No sé donde va a acabar esto. En cualquier momento se producirá un muerto. Será un accidente, como siempre, pero tienen que meter miedo de alguna forma".
Sánchez Gordillo, de hecho, pensaba que la primera baja en las filas de los trabajadores iba a producirse durante la reciente marcha de los mineros: "Pensaba que iba a terminar ocurriendo ahí, porque la minería es gente recia en la pelea y estos quieren asustar, así que cualquier día se les escapa la mano o se produce un accidente entre comillas. Siempre, con la crisis ha aumentado la represión. O reaparece el fascismo como en Grecia, o el Estado represor".
IU apoya la bajada salarial de los altos directivos de RTVA
Juan de Dios Villanueva, consejero de Izquierda Unida en RTVA ha valorado positivamente las medidas recogidas en el Decreto de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía relativas a los salarios de los altos directivos de las empresas públicas.
Según el decreto a estos directivos se les aplicará la misma rebaja salarial que al conjunto de los cargos políticos de la Junta de Andalucía, como viene reflejado en el artículo 17 del decreto.
También ha destacado que se impida que ninguno de estos directivos cobre más que un viceconsejero. Para Villanueva esto acaba con situaciones “escandalosas” como la que suponía que el director general de RTVA cobrara “casi el doble que el presidente de la Junta”.
El consejero de IU también ha recordado que hasta el momento otros diecisiete altos cargos del ente público y otros cargos intermedios cobraban salarios superiores al del presidente de la Junta. “Con estas medidas será más fácil comenzar una nueva etapa de diálogo en la que se ponga encima de la mesa una propuesta de plan de viabilidad de la RTVA que no cargue los recortes sobre las trabajadoras y los trabajadores”, reivindicó Villanueva.
El Parlamento andaluz rechaza las reformas y los recortes del Gobierno central a instancia de IU
El Parlamento de Andalucía ha aprobado una serie de resoluciones presentadas por Izquierda Unida que muestran el rechazo del pleno a las medidas de recortes sociales, ajustes presupuestarios y reformas aprobadas mediante decreto-ley por el Gobierno central, con la oposición del Partido Popular. Las resoluciones, defendidas ante el pleno por la portavoz adjunta de IU en el Parlamento, Alba Doblas plantean la oposición al decreto en tanto que este “solo garantiza la transferencia de rentas del trabajo al capital”.
En las mismas se plantea la “desproporción” existente entre el rescate bancario y los “sacrificios impuestos” al conjunto de la ciudadanía, al tiempo que “se mostrarán absolutamente ineficaces”, ante “la insaciable voracidad especulativa de los mercados”. En este sentido las resoluciones rechazan “el recorte estructural” a la atención a la dependencia, el copago sanitario, el aumento del IVA o el fin de las ayudas para el acceso a la vivienda.
En su intervención, Alba Doblas insistió especialmente en que la “criminalización y culpabilización” de las trabajadoras y trabajadores desempleados, planteando que “estas medidas lejos de incentivar la búsqueda de empleo, solo persiguen endurecer las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad”.
Las resoluciones denuncian que el decreto supone la “invasión de competencias” en referencia a la liberalización de horarios comerciales y la discriminación de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos al imponerles un techo de déficit más duro que el que se aplica al Gobierno central. Igualmente exigen que se tenga en cuenta el criterio de población a la hora de distribuir el déficit público entre las diferentes autonomías.
Igualmente las resoluciones plantean una batería de propuestas para aumentar los ingresos públicos y evitar que “el coste de la crisis recaiga sobre las trabajadoras y los trabajadores”. Entre ellas destacan la imposición de una tasa del 33% a los bienes de lujo, la creación de un régimen de alquiler social público, el aumento del Impuesto de Sociedades al 35% a las empresas con beneficios superiores al millón de euros, la lucha contra el fraude fiscal o el endurecimiento de la regulación de las SICAV.
Sin embargo dos resoluciones presentadas por IU no han sido aprobadas por el voto contrario de PP y PSOE. Ante ello el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro ha expresado que “parece incomprensible que el PSOE declare querer incrementar los recursos del estado y desprecie recortar o anular gastos de nula utilidad social como los que genera la Casa Real, las grandes eventos deportivos, las subvenciones a la Iglesia Católica y la participación en la OTAN y en sus guerras”.
Almuñécar estuvo en la Asamblea Abierta Provincial convocada por IU en Cúllar