En IU de Almuñécar se valora positivamente la iniciativa del PP para sumarse a esa moción de censura propuesta el viernes día 20 por IU. La decisión del PP muestra que esta moción es cada día más necesaria y parece indicar que hay una cierta reacción en este partido respecto a la política seguida en los dos últimos años. Todo el mundo conoce nuestra opinión acerca de la política reciente del PP local y nos congratulamos de un posible cambio de rumbo.

Echar a Benavides de la alcaldía es un ejercicio democrático imprescindible. IU no está enfrente de Benavides por las votaciones que se producen en los plenos sino por un modo de ejercer el poder que es incompatible con la democracia. IU confía en que cualquier persona que sustituya a Benavides lo mejore simplemente porque respete las reglas de juego y permita a los grupos municipales, a los ciudadanos y a los empresarios, trabajar en libertad y sin coacciones.

Respecto a las formas utilizadas por el PP al concretar su propuesta, no son las más adecuadas. No se trata de que los distintos partidos vayamos pasando por la sede del PP a firmarle un papel en blanco, sino de algo más serio que requiere un mínimo diálogo por parte de los cuatro grupos políticos.

Aunque IU no pone ninguna condición, es lógico pensar que la persona que se postula como futura alcaldesa debe contar con la opinión del resto de grupos y ofrecer algunas propuestas mínimas de consenso que ayuden a salir del agujero en que Benavides ha metido al ayuntamiento.

Las diferencias entre IU y PP son muchas e importantes. Cuando se han aliado con Benavides para subir la basura, aprobar el PGOU o privatizar la recaudación, nos han tenido en contra. Y si no hay un cambio radical de su política, en contra nos van a seguir teniendo al margen de que la moción de censura prospe

Ideal

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, autoriza la estación base para Telefonía Celular instalada en el edificio “Tranco del Mar”, en contra de la orden de desmontaje y retirada del Ayuntamiento de Almuñécar y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Con esta resolución, la Junta estima el recurso interpuesto por la empresa “Telefonía Móviles España S.A.” y autoriza su instalación.

En junio de 2007, los vecinos de la calle Cerrajeros y Baja del Mar de Almuñécar denunciaban ante la policía local y la guardia civil la instalación de una antena ilegal de telefonía móvil en la terraza de un edificio situado en el número 17 de la citada calle. Los denunciantes se personaron en la Policía Local y más tarde en la Guardia Civil para formalizar las pertinentes denuncias exigiendo a las autoridades que actuaran de inmediato para que la antena fuera retirada.

Desde IU se elaboró una ordenanza que dificultase la instalación de este tipo de antenas y llevó una moción a Pleno. Esta moción fue aprobada por unanimidad y se acordó elaborar, a partir de la propuesta de IU, una ordenanza que regulase el tema. Ha pasado el tiempo y la ordenanza elaborada por los servicios técnicos aún no ha ido a Pleno. Con esta nueva ordenanza se podría impedir la instalación de la antena.

El 19 de junio de 2007, el Ayuntamiento de Almuñécar enviaba a la delegación Provincial de Cultura una notificación por la cual acordaba el precinto de unas obras realizadas en la terraza del edificio situado en el número 17 de a calle Baja del mar, consistentes en la instalación de una estación de base pata telefonía celular, por carecer la empresa de la correspond

El Partido Popular de Almuñécar quiere presentar una moción de censura contra el alcalde Juan Carlos Benavides por la alarmante situción que ha colocado al municipio en un escenario de ingobernabilidad.

Para que prospere la moción necesita la firma de la mayoría de los concejales de Almuñécar. El PP ha explicado que la propuesta estará en su grupo a lo largo de los próximos tres días para quien se quiera sumar. Hay un matiz sustancial sobre la oferta que esta misma semana hizo IU y que no encontró respaldo ni en el PP ni en el PSOE. Y es que los populares pretenden gobernar en solitario sin prebendas politicas, pactos ni acuerdos previos.

"Estamos dando al PSOE la posibilidad de quitar la Alcaldía a Benavides si alguna vez ha tenido la intención de desbancarlo", ha sostenido la secretaria del PP de Granada Luisa García Chamorro, que ha emplazado a los socialistas a decidir entre un "Gobierno serio o mirar hacia otro lado y dejar que Benavides haga y deshaga a su antojo".

Ideal

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Granada HOY

El secretario de Ciudades de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Granada, José Antonio Aparicio, aseguró ayer que el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, "pretende pasarse a las filas del PP", tras la adjudicación del servicio de Recaudación del municipio a una empresa "cuyo gerente es un concejal del PP" sexitano. Mientras tanto, la Diputación se ha ofrecido a retomar la prestación del servicio bajo las mismas condiciones, e IU volvió plantear la idea de presentar una moción de censura en la localidad costera.

Para Aparicio, la suspensión de pagos anunciada por el primer edil es "un disparate y constituye el último acto de la tragicomedia del alcalde sexitano antes de integrarse en el Partido Popular". Afirmó que declarar un municipio "en suspensión de pagos o quiebra no es posible", y aseguró que "si Benavides no tiene para hacer frente a los gastos corrientes es porque ha gastado el dinero de todos los almuñequeros en un referéndum que no ha servido para nada", así como "en un ejército de abogados que lo defienden en incontables juicios".

En una comparecencia realizada ayer en Motril, José Antonio Aparicio indicó que la adjudicación del servicio de Recaudación "se ha paralizado por el juez porque no se ha hecho de forma transparente ni se ajusta a la ley". Tras afirmar que la APAT entregó los datos correspondientes a la nueva empresa, afirmó que "la precipitación de la concesión hecha por Benavides y la incapacidad de la adjudicataria del servicio, que no dispone del soporte informático necesario, ha provocado el caos de la Oficina de Recaudación".

"Benavides basa toda su estrategia en mantener un enfrentamiento constante con la Junta, y esta muestra de mediocridad política le acerca más que nunca al PP, en cuya formación ha anunciado se integrará en breve el alcalde sexitano, pasando a ser su penúltimo partido", concluyó

ROBERTO PÉREZ

En La Muela está en marcha el rodaje de un «culebrón» televisivo. Y justo ahora que arranca el trabajo se ha desencadenado la operación policial «Molinos», capaz de nutrir otro guión. La alcaldesa, María Victoria Pinilla, del PAR, su hijo, su marido, su primo, el arquitecto municipal, el secretario del Ayuntamiento, empresarios y funcionarios han sido detenidos por una presunta trama de corrupción urbanística en un pequeño pueblo en el que el dinero ha corrido con abundancia durante años.

Las unidades policiales contra los delitos económicos han desencadenado una operación que convierte a La Muela en algo así como la «Marbella» maña. Entre sus ingredientes, lo siguientes: una alcaldesa cuya familia, según cuentan en el pueblo, tiene intereses económicos en el Caribe, un patrimonio floreciente y un modo de vida en el que se ha relacionado con personalidades y famosos -ahí queda, por ejemplo, la fotografía del brindis con el ex-ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en Argentina-; unos empresarios inmobiliarios con negocios multimillonarios al alimón con el Ayuntamiento; una cascada de recalificaciones urbanísticas al calor del crecimiento experimentado por la localidad, estratégicamente situada al pie de la autovía Madrid-Zaragoza (A-2) y a 23 kilómetros de Zaragoza capital; un pueblo acostumbrado a la prosperidad, con múltiples obras públicas, viajes al extranjero para los vecinos y ayudas para estudiantes, todo con fondos municipales.

La lista de edificios construidos por el Ayuntamiento en pocos años es larga: Museo de la Vida, Museo del Viento, Museo del Aceite; un completísimo centro polideportivo en el que no faltan la sauna y el jacuzzi; plaza de toros inaugurada hace seis años y por cuyo ruedo, a golpe de talonario municipal, han hecho el paseíllo las primeras figuras del toreo y también de la canción. La alcaldesa no escatimó e hizo que Julio Iglesias actuara allí en 2002.

Pi

Eran las diez y media de la mañana cuando comenzaron a llegar cientos de vecinos de Maracena a la gasolinera situada en la entrada del municipio para pedir la agilización de las obras del metro ligero que provocarán -junto al problema añadido de la crisis- el cierre inminente de 18 comercios de la arteria principal de la localidad -dicen- porque no se puede acceder por unas obras que se les están haciendo eternas al vecindario.

La propuesta de atrasar las obras en la Avenida Andalucía que presentó el PP en el Pleno del lunes 16, fue aprobada por todos los grupos menos Convergencia. Eso significa aprobación por once concejales de los veinte presentes, lo que supone mayoría absoluta.

En opinión de IU, el alcalde debería haber mandado ya parar las obras, que apenas se han iniciado, dado que el Pleno así lo acordó.

En previsión de una negativa del alcalde a ejcutar el acuerdo plenario, el concejal de IU ha presentado el martes, a las 8,40 de la mañana en el resgistro municipal un escrito pidiendo al alcalde que retrase las obras hasta después de semana santa. Desde IU creemos que sería bueno que el resto de grupos hicieran lo propio.

Si el alcalde no ejecuta el acuerdo del Pleno, lo denunciaremos en los tribunales. Por último, creemos que sería conveniente que los comerciantes afectados hagan llegar las quejas que han trasladado a los grupos políticos hacia la Asociación de Comerciantes que los representa para que esta pueda intervenir en su defensa.

18 de marzo de 2.009

 COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO EN EL REGISTRO MUNICIPAL.

 Almuñécar 17-03-2009

Al Alcalde del Ayuntamiento de Almuñécar

Don Fermín Tejero, concejal de IU,

expongo lo siguiente:

El Pleno celebrado ayer, 16 de marzo, aprobó por mayoría absoluta que las obras de la Avenida Andalucía retrasen su inicio unas semanas para dejar libre la calle durante la Semana Santa. Dado que el equipo de gobierno había autorizado el comienzo de esas obras ayer mismo, y para evitar problemas importantes a la empresa y a los ciudadanos, 

Solicito que lo antes posible, se tomen por la alcaldía las medidas necesarias para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno.

Solicito igualmente que se me informe de las medidas adoptadas por la alcaldía en este sentido.

Las 14 VPO de Citalsol serán adjudicadas pronto gracias a la moción presentada por IU. El Pleno aprobó la moción y ahora sólo falta que el alcalde se dé prisa en ejecutarla, ya que el retraso que hasta ahora llevamos en este tema sólo se debe a él.

No podemos olvidar que durante un largo periodo la empresa y el equipo de gobierno han estado cruzándose escritos y acta de la Junta de Gobierno en los que se pretendía quitar a estas viviendas la calificación de VPO. Finalmente, la intervención de IU ante la Fiscalía ha conseguido frenar esta intentona y las viviendas tendrán que ser ofertadas como VPO y no como vivienda libre, que es lo que pretendía la empresa.

En su intervención ante el Pleno, el alcalde mintió descaradamente cuando dijo que desconocía las causas del retraso en el proceso de tramitación de estas viviendas.

Organizaciones sociales crean una campaña para denunciar a los agentes responsables de la crisis económica, social y ambiental que vivimos. Además, también señalarán las acciones positivas que están proponiendo los movimientos sociales para salir de la crisis.

Ecologistas en Acción, CGT, Baladre, la campaña ¿Quién debe a quién? Y Attac, impulsan una campaña de acciones directas no-violentas, descentralizada y con vocación de que sea asumida por otros colectivos sociales.

La propuesta consiste en señalar y denunciar algunas de las personas, instituciones, mecanismos, etc. directamente implicados en la generación de la crisis financiera, económica, ambiental y social en la que nos encontramos, así como la gestión, bajo parámetros neoliberales, que se está dando a esta situación.

La acción consistirá en marcar con un "punto negro" estos espacios o instituciones. Los puntos negros se fotografiarán y presentarán en la página www.lospuntosnegros.org.

Asimismo, los colectivos impulsores animan a cualquier persona y organización a denunciar sus "puntos negros" y subirlos a la web de la campaña.

La campaña comenzó ayer con el señalamiento de puntos negros en varias localidades del Estado español, como Madrid, Cuenca, Valencia, Málaga o Logroño. En Madrid se ha colocado un gran punto negro en las sedes de los dos principales bancos españoles: Santander y BBVA.

El grupo Santander obtuvo un beneficio total de 8.876 millones de euros en el 2008, lo que supone un descenso del 2% respecto al registrado en 2007, pese a la crisis económica. Para las organizaciones convocantes, es inmoral que el banco present

Fermín Tejero, concejal de IU, ha presentado en el registro del ayuntamiento un escrito dirigido al alcalde en el que le pide que explique las cuentas del referéndum. La pregunta se va a realizar asimismo en el pleno que se va a celebrar el lunes, 16 de marzo, a las 6 de la tarde.

Según el escrito del concejal de IU, una vez celebrado el referéndum sobre el PGOU sin que se haya facilitado informacion alguna ni a los medios de comunicación ni a lo concejales acerca del coste de esta consulta, es necesario que el alcalde aclare este tema ya que en el presupuesto vigente existe una pequeña partida de 6.000 euros para gastos de propaganda electoral, insuficiente a todas luces para cubrir estos gastos.

El escrito solicita que se informe de manera pormenorizada acerca de los gastos desglosados de la consulta en sus diferentes apartados:

• Cartelería
• Televisión
• Protocolo
• Dietas
• Horas extras de empleados municipales
• Otra propaganda
• Colocación y distribución de la propaganda
• Junta electoral
• Mesas electorales
• Otros gastos no contemplados en los apartados anteriores, como por ejemplo, los honorarios, que suponemos elevados, de la asesoría jurídica del señor Tastet.

Asimismo, IU pide que se le informe acerca de las partidas a las que se han imputado tales gastos pues es bueno que la ciudadanía conozca qué actividades o inversiones se van a dejar de realizar para poder afrontar este gasto extraordinario que no estaba presupuestado. El concejal de IU solicita igualmente, copia de los informes de Intervención, Secretaría y Tesorería que avalen tales operaciones, así como una copia de las resoluciones de alcaldía que se han tomado a este respecto.

Desde IU confiamos en que, si no hay nada que ocultar y las cuentas están claras, se pongan lo antes posible a disposición de los grupos políticos y los medios de comunicación para que ya nadie pueda especular con el coste de esta campaña.

Por último, IU pregunta quién ha colocado las vallas publicitari

Anoche se presentó en Salobreña “La asamblea de las mujeres”, una nueva producción de SKS Teatro. La obra es una sátira del poder, que Antonio Cantudo y los jóvenes actores de SKS han puesto al día sin abandonar el espíritu de la comedia clásica.

El público que llenó el Auditorio se divirtió con las peripecias de los personajes de Aristófanes, interpretados con gracia y soltura y arropados por una escenografía simple pero cuidada al detalle.

El grupo sexitano estrenó “La asamblea de las mujeres” en Motril el pasado mes de febrero. Además de en Salobreña, se presentará también en Tarancón (Cuenca) y Osuna (Sevilla), dentro de la gira que SKS tiene prevista para el año 2009.

No obstante, y pese a que el grupo está integrado por jóvenes actores de Almuñécar estos siguen sin acceder al teatro municipal de la Casa de la Cultura desde que se suspendiera el festival de Teatro Clásico que se celebraba en la localidad.

Argumento

Las mujeres de Atenas deciden tirar por la calle de en medio y dar un golpe de estado en la ciudad. Praxágora, la esposa del anciano Blépiro, comanda la rebelión. El modo no puede ser más divertido: las esposas, disfrazadas con la ropa de sus maridos, acuden en masa a la asamblea de la ciudad y, haciéndose pasar por ellos, aprueban traspasar el gobierno de la ciudad a las mujeres y conceder a Praxágora el poder. La nueva ley comienza a regir y a los hombres no les queda más remedio que cumplir…

“Woman Power”

Por supuesto que Arist&oac

En marzo de 2008 se conoció un informe de 35 páginas elaborado por la Policía Nacional en el que se daba cuenta al juez de la ingente cantidad de cuentas bancarias de las que disponían los principales acusados en la trama de corrupción urbanística presuntamente organizada por el ex alcalde del PP José Guerrero y su concejal de Urbanismo, Manuel Fernández.

El primero llegó a manejar 30 cuentas, y Fernández 20, durante la ´dulce´ etapa en la que desembarcaron en Alhendín las grandes constructoras. La investigación de los datos fiscales de los principales imputados en el ´caso Marchelo´ evidenció numerosos pagos de empresas (FRAi, entre ellas) al ex edil de Urbanismo, operaciones de compra y venta de terrenos y participaciones en sociedades. Las pesquisas alcanzaron a la madre de Manuel Fernández, una mujer que cobra su pensión de viudedaz que tenía siete cuentas a su nombre.

Manuel Fernández llegó a adquirir siete inmuebles en siete años, según la propia Policía, y en un solo año se quitó de encima un préstamo de 30.050,61 euros de CajaGranada.

El Ayuntamiento de Alhendín ha solicitado al juez instructor que ordene al ex concejal del PP y a su mujer que justifiquen sus movimientos económicos, mercantiles y patrimoniales, según han confirmado fuentes del caso. El municipio solicita al instructor que ordene a la mujer de Fernández la entrega de documentación que justifique sus declaraciones de IRPF entre los años 2003 y 2007 y los extractos bancarios de las 11 cuentas de las que era titular en CajaGranada, Caja Rural y La Caixa en ese mismo período.

También le pide que aporte pruebas documentales de la procedencia de un solar en Alhendín que vendió a una pareja por 24.000 euros -incluido el contrato público o privado de esa operación- y que envíe al juzgado las escrituras públicas de los créditos concertados con CajaGranada en 2003 por valor de 42.000 y 30.0

Levante

El departamento de Presidencia de la Generalitat durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente del Consell ejerció como una suerte de oficina de empleo en la fase de comienzo de actividad de Terra Mítica. Documentación a la que ha tenido acceso este diario refleja que tanto la secretaria personal del propio Zaplana, Mitsouko Henríquez, como el que fue secretario general de Presidencia, Vicente Gomis, recomendaron y controlaron numerosas contrataciones de personal al entonces director general del parque temático de Benidorm, Miguel Navarro, entre los años 1999 y 2000, cuando el complejo abrió sus puertas. El sistema de control de las contrataciones estuvo perfectamente organizado y registrados en listados procesados por ordenadores.

Tanto Zaplana como responsables del Partido Popular y el Consell han insistido siempre en que Terra Mítica era una empresa privada y que no influía en su gestión, algo que se contradice con muchas de las decisiones adoptadas, incluyendo la política de contratación de personal en la que los responsables de Presidencia jugaron un papel relevante.

La documentación que obra en poder de este periódico refleja numerosas recomendaciones con origen en la secretaria de Zaplana y Gomis que incluyen desde maquilladoras hasta almaceneros, una labor un tanto prosaica y extraña para quienes auxiliaban en su gestión diaria al que era presidente de la Generalitat. Los nombres de numerosos fontaneros, contables o recepcionistas también salieron de la plaza de Manises.Entre las personas recomendadas figuran familiares de cargos del segundo escalón de Presidencia.

No obstante, no fueron los únicos que desde su elevado rango y poder pudieron influir en la política de personal del parque temático de Benidorm. La misma documentación refleja que responsables del Partido Popular como el presidente de las Corts en funciones, Julio de España, el diputado en el Congreso Vicente Martínez Pujalte, el ex parlamentario Martín Quirós o el ex conseller Fernando Modrego también recomendaron personas para fo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió de una parte de la investigación sobre el ´caso Gurtel´ al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al encontrar indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del de PP valenciano y diputado autonómico, Ricardo Costa, informaron fuentes jurídicas. El juez apunta a la cúpula del PPCV.

En un auto hecho público, Garzón imputa también al que fuera vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, y al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño. El magistrado tiene previsto notificar a lo largo de la tarde otros dos autos sobre otros aforados que podrían estar imputados.

Cabe recordar que Garzón está basando parte de su investigación en la relación de Orange Market, empresa organizadora de eventos, con el PPCV y el Gobierno valenciano.

De hecho, hace un par de semanas el presidente de la Generalitat tuvo que salir al paso de una supuesta implicación que le relacionaba con una de las grabaciones en las que una imputada hablaba sobre la compra de trajes para él. Esta información fue desmentida de plano por Camps y anunció querellas. A su vez, la propia imputada, luego negó los hechos.

Ricardo Costa, hermano del exministro de Ciencia y Tecnología, es el número dos del PP y jefe de la dirección regional. Costa ha sido el encargado de organizar y supervisar los actos del partido. A él se le atribuye la llamada “profesionalización” de la formación con sede en la calle Quart.

Por lo que respecta a Víctor Campos fue el número dos del gobierno de Camps durante la pasada legislatura. Campos anunció de forma sorprendente su retirada de la escena política en abril de 2007, a pocas semanas de las elecciones autonómicas. En octubre de 2007, el exvicepresidente de la Generalitat se incorporó como consejero independiente a la empresa Aguas de Valencia (AVSA). Posterio

Granada Hoy

Benavides culpó hoy a la "tibia campaña del PP" de la alta abstención en el referéndum sobre el PGOU celebrado el pasado 28 de febrero, en el que tan sólo votaron el 32,4 por ciento de los más de 18.000 ciudadanos que podían pronunciarse.

En declaraciones a los periodistas, el regidor sexitano manifestó que el PP, la otra formación política que apostaba por la aprobación del PGOU en el referéndum, "no hizo todo lo posible para animar al electorado".

La presidenta local del PP, Trinidad Herrera, lamentó las declaraciones del primer edil y recordó que su formación hizo todo lo que estaba en su mano, "pero no contábamos con los medios necesarios para hacer una campaña institucional como la realizada por Convergencia", el partido al que pertenece Benavides.

Sobre la cuantía de los gastos ocasionados por los comicios Benavides recordó "que el dinero es lo de menos". El alcalde no pudo precisar "si han sido 90.000 o 120.000 euros, pero si alguien tiene interés se lo diremos cuando lo sepamos". Mantuvo así que la inversión de la campaña institucional "es lo de menos", ya que "lo más importante es que ocho de cada diez ciudadanos han dicho en las urnas que quieren que se apruebe el PGOU de una vez".

Granada Hoy

Efectivos de la Guardia Civil de la UCO (Unidad Central de Operaciones) desarrollan desde primera hora de la jornada una operación policial por presuntos delitos urbanísticos en el Ayuntamiento de Alcaucín. Según han confirmado fuentes de la investigación, la Guardia Civil ha detenido a trece personas, entre las que se encuentra el alcalde socialista de la localidad José Manuel Martín Alba (PSOE), sus dos hijas, el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación Provincial de Málaga, José María Mora, promotores inmobiliarios y gestores.

El alcalde José Manuel Martín ha sido trasladado por la Guardia Civil al Ayuntamiento tras terminar el registro en su vivienda. Previamente, los agentes han sacado de la casa del regidor varias cajas con documentación, tras lo cual han conducido a Martín al edificio consistorial, donde ha llegado sobre las 12.15 en un vehículo del instituto armado. Tanto a la salida de su vivienda como a la llegada al Ayuntamiento, el alcalde ha recibido gritos de ánimo y apoyo por parte de los vecinos, que han insistido a los periodistas en que "es muy bueno" y en su inocencia.

El concejal del PSOE José Luis Guerrero ha explicado que se han enterado de la operación policial cuando han llegado esta mañana al Ayuntamiento a trabajar y se ha impedido la entrada a ediles y funcionarios. Guerrero, que es sobrino del alcalde, ha manifestado: "no sabemos de lo que se nos acusa, por lo que no podemos pronunciarnos". Además, ha indicado que están a la espera de que un dirigente provincial de su partido llegue a Alcaucín. Martín, nacido en 1953 y albañil de profesión, es alcalde de Alcaucín y secretario general del PSOE en el municipio desde 1991.

La operación Arcos ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de Axarquía. La trama, en la

Volvemos a repetir que el aumento del 5,3% en los impuestos y tasas municipales es un robo a mano armada. El IPC sigue bajando y ya está en el 0,7%. Pero el PP y Convergencia insisten en que los almuñequeros paguemos como si la economía siguiera el ritmo de hace un año. Lo cierto es que el ayuntamiento no va a pagar un 5,3% más los salarios de los trabajadores ni la gasolina de los coches de la policía ni las contratas con las empresas de transporte, limpiezas o jardinería.

El Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España bajó una décima en febrero, hasta situar su tasa anual en el 0,7%, prosiguiendo así la senda de moderación de los precios iniciada en julio de 2008, según el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En toda la serie histórica de este indicador, que arranca en enero de 1997, no se ha registrado nunca una tasa anual tan baja. Se trata además del séptimo descenso consecutivo que experimenta el IPCA anual, si bien la caída de febrero se ha moderado con respecto a las fuertes reducciones de los últimos meses.

La tasa anual del IPC armonizado suele coincidir -apenas varía en alguna décima- con la del IPC general, cuya evolución del mes de febrero se publicará el próximo 12 de marzo.

De situarse el IPC general en el 0,7%, la inflación se mantendría en niveles de hace 40 años y registraría su séptimo descenso consecutivo. En concreto, no se lograba una tasa tan baja en el crecimiento de los precios desde junio de 1969, cuando alcanzó el 0,5%.

Desde julio de 2008, cuando 'tocó un techo' del 5,3%, el IPCA ha descendido 4,6 puntos, coincidiendo con la tendencia a la baja del precio del petróleo y con el abaratamiento de algunos alimentos.

La Promotora del Cercado de la Santa Cruz debe al ayuntamiento cerca de 500.000 euros correspondientes a licencias de obras concedidas en 2006, hace ya tres años. Aunque el ayuntamiento es exigente con los ciudadanos y pequeños empresarios en el pago de sus deudas, el alcalde ha permitido a esta empresa retrasar los pagos año tras año.

En junio de 2007, el alcalde firmó una Resolución de Alcaldía autorizando el fraccionamiento de pago a esta empresa permitiendo retrasar aún más la liquidación de 872.408€ más intereses que la empresa no había pagado en 2006 y seguía sin pagar a mediados de 2007.

La empresa pagó el primer plazo de esta deuda y ya no volvió a pagar ni un euro más. Los dueños de esta empresa son los señores Ureña y Bethoret, que están al frente de esa plataforma que culpa a los jueces y a la Junta de la paralización del sector en la localidad.

IU considera lamentable que unos empresarios que han realizado diversas promociones en el pueblo incumplan con su deber ciudadano de pagar los impuestos que todos los vecinos pagan cuando piden su licencia de obras y pide al alcalde que explique el por qué de tantas facilidades a unos y tanta rigidez para otros vecinos humildes con problemas económicos y sin embargo tienen que pagar sus impuestos.

A fecha de hoy, la deuda de esta empresa por ese concepto es cercana a los 500.000 euros, según consta en el acta de la Junta de Gobierno del día 16 de febrero.

Sorprendentemente, cuando el ayuntamiento ha intentado cobrar esa deuda ejecutando el aval que los empresarios habían presentado, se ha encontrado con que la entidad financiera que dio el aval ahora se niega a pagar y los empresarios no afrontan la deuda.

IU no entiende cómo este tema aún no

Este tema que aborda la Junta Local en su reunión del 16 de febrero es alucinante. Tigres, panteras, hienas y osos. Vamos, resolviendo los problemas del municipio. No se discutirán en el próximo pleno algunas mociones propuestas por IU hace varios meses y que el alcalde considera de poco interés, pero, en cambio, discutiremos si los nuevos chalets de Peña Escrita se adaptan a las y a las tigres porque no han podido llegar los osos y las panteras que estaban previstos:

10. PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO (PFEA 2008).-  En relación a las obras previstas en el PFEA 2008 “Tareas en la finca de Peña Escrita”, se ha modificado el destino de las mismas, sustituyéndose el recinto para osos negros por un recinto para Hienas. Estas variaciones no suponen modificación en el objeto del programa y se deben a la imposibilidad material de la llegada de osos negros. Asimismo, el recinto para panteras, al

Ya no sabe nadie la hora que es con la tele de Benavides. ¿Quién es el titular? ¿Quién contrata a los trabajadores? ¿Quién firma los contratos de publicidad? ¿Quién compra los documentales? ¿Quién paga el IVA y declara el Impuesto de Sociedades?  Sería de agradecer que el que tuviese información sobre este tema nos la hiciera llegar.

Y otra más: ¿Qué hace la Junta que permita que una tele ilegal emita cada vez que le da la gana al alcalde?

En el acta de la JGL del 16 de febrero se dice que:

   6.- D. Juan José Rodríguez Pérez, C/ Paseo de Cotobro, Restaurante JR, en nombre de Onda Tropical, S.A., expone: Que habiendo dejado de emitir la Televisión Tropical perteneciente a la sociedad que representa, solicita se anulen las liquidaciones por cierre de la emisora de referencia.

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

1)           Anular las liq

Después de oír tantas majaderías a promotores que culpan de la crisis a quien lo tiene culpa y a un alcalde que ha dado lugar a la enorme inseguridad en que se mueve el mundo de la construcción en este municipio, vean un ejemplo de una de las múltiples obras que no se han comenzado en este municipio porque el promotor no ha querido o no ha podido. Y el que declara la licencia caducada no es Chaves ni un juez ni los ecologistas, sino la junta de gobierno presidida por el señor alcalde. Como ejemplo, este trozo del acta de la Junta de Gobierno Local del 16 de febrero:

   2º.- LICENCIAS DE OBRAS.-

   1.- Se da cuenta de informe del Encargado del Servicio de Inspección de Obras en relación con la Licencia Municipal de Obras concedida a la mercantil ARRUPAL, S.L., representada por D Rogelio Vilches Jordán, con domicilio en C/ Isabel Manoja nº 18-10ºB, 29620-Torremolinos, Málaga, por la J.G.L. de 1.10.07, notificada el 20.10.07, para la construcción de un edificio compuesto de 14 viviendas, aparcamientos y locales en la C.N. 340, La Herradura, (rectificado en la J.G.L. de 3.12.07, de 14 a 13 viviendas).

Granada Hoy. Guadalupe S. Maldonado

La Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada guarda en un cajón 44 proyectos de apertura de nuevos establecimientos hoteleros, que sumarían más de 2.350 nuevas camas a las plazas del parque de alojamientos de la provincia. Sin embargo, la crisis podría hacer que alrededor de una treintena de esas iniciativas privadas no salieran nunca de la Delegación.

El secretario y portavoz de la Asociación Empresarial de Alojamientos Turísticos de Granada y Provincia, Rafael Piñar, asegura que, de los 44 promotores de esos nuevos proyectos, "apenas 12 siguen estando firmemente decididos a seguir adelante", mientras que el resto espera a que vengan tiempos mejores para el negocio turístico. La razón es simple. A los hoteles de la provincia ya les cuesta llenar sus habitaciones y en 2008 apenas han logrado superar una ocupación media del 48,23%, lo que significa que las perspectivas de negocio de los nuevos establecimientos, en caso de que finalmente se abrieran, no serían precisamente halagüeñas.

"La mayoría de esos proyectos se han quedado muy parados. Tal y como están las cosas, no es el mejor momento para abrir un nuevo hotel", explica Piñar, que apunta que el sector turístico granadino no volverá a la normalidad por lo menos hasta dentro de dos años.

El presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada y Provincia, Julián Martín, apuntó también que la apertura de nuevos establecimientos hoteleros "complicaría aún más la ya difícil situación" por la que están pasando los alojamientos que existen en toda la provincia. "La Administración tiene que ser cauta a la hora de autorizar la apertura de nuevos hoteles porque no es el momento más adecuado. Además, los establecimientos que hay ahora cubren las necesidades turísticas de Granada", asegura el presidente d

Ecologistas en Acción

Si resulta que ya está demostrado que Zújar, Baza y Caniles NO necesitan agua para abastecimiento, esperamos la respuesta de la ministra que aclare el destino de unas aguas que pueden acabar para siempre con uno de los ríos con más biodiversidad del país.

El Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2006 acordó la aprobación del  proyecto de "Obras de Emergencia" para el abastecimiento de agua a las poblaciones de Zújar, Baza y Caniles -en la provincia de Granada- aguas abajo del embalse del Portillo, en el río Castril, a 36 km de distancia.

Estas obras nunca han demostrado su carácter de emergencia, ya que no se da ninguno de los supuestos contemplados en la legislación competente- a saber, desastre natural, peligro para la población o defensa nacional- y nunca ha faltado el agua en las poblaciones receptoras.

No sólo eso, sino que el municipio de Zújar, a los pocos meses de aprobado el proyecto -concretamente en marzo de 2008- aprueba la construcción de un complejo turístico ligado a un campo de golf.

"El proyecto arquitectónico supondrá la creación de 450 viviendas y 50 alojamientos en cuevas. La edificación conllevará la realización de un hotel restaurante de cuatro estrellas, un aparta-hotel, un club de golf, apartamentos, torres y un club de golf. Y en una fase posterior, un club de tenis, uno náutico y un centro comercial. También un vivero botánico y un quiosco. En la última fase se construirán un embarcadero, un spa y unas cuadras"

Baza, que extrae de su acuífero  6 Hm³ para  consumo humano y regadíos, presenta, según datos oficiales,  una recarga anual de 35 Hm³.

No sólo eso. Desde que se aprobó el proyecto de obras de emergencia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha autorizado concesiones en firme, por más de 300.00

Carlos Fernández Liria lo arguyó recientemente al escribir un comentario sobre “Camino”: sea cual sea el concepto que tengamos de sociedad buena, razonable y justa, acaso con discrepancias en algunos vértices de la definición, es fácil acordar que en ninguna de esas concepciones cabría la existencia de una asociación sexista, turbia, sectaria, oscura, similar a la del Opus Dei. No parece compatible la presencia social, con sus inevitables derivadas políticas, de una asociación con sus finalidades, y con procedimientos como los suyos, y la permanencia no falsaria del Estado de Derecho.

Varias asociaciones sin ánimo de lucro se han dirigido a Izquierda Unida pidiendo apoyo ante la actitud del equipo de gobierno que se niega a pagarles las subvenciones aprobadas para 2008. Se trata de asociaciones que hacen una buena labor en todos los sectores de la sociedad (jóvenes, ancianos, discapacitados, personas con problemáticas médicas importantes, etc).

Estas asociaciones dependen exclusivamente de las escasas cuotas de los socios y de las subvenciones que cada año aprueba el ayuntamiento.

Aunque una parte de las asociaciones sí que han cobrado estas subvenciones, hay aún una cantidad importante de asociaciones que siguen sin cobrar la ayuda del año pasado estando ya en febrero. Estas asociaciones han desarrollado unas actividades y han tenido unos gastos a los que han hecho frente asumiendo deudas o adelantando su dinero particular algunos asociados. En muchos casos, sus voluntarios y voluntarias trabajan de manera altruista y generosa para conseguir sacar pequeñas cantidades de dinero que les permitan sufragar sus gastos de teléfono, propaganda, materiales e incluso personal, pues algunas de ellas, confiadas en la subvención, han llegado a efectuar unos contratos que ahora no saben cómo afrontar.

La actitud del equipo de gobierno derrochando en propaganda para el referéndum un dinero que ni siquiera estaba presupuestado y negando a las asociaciones un dinero que sí estaba presupuestado es una muestra más de la poca importancia que da el señor alcalde a las asociaciones.Sólo le interesan aquellas que están dispuestas a respaldar cualquier propuesta partidista y le molestan aquellas que se atienen a sus estautos y realizan su actividad al margen de ideologías partidarias.

Izquierda Unida considera necesario dar la palabra a los vecinos y comerciantes para que sean estos quienes decidan sobre la necesidad de establecer la zona azul en determinadas calles. El concejal de IU volverá a llevar a Pleno la moción de IU pidiendo que se haga una consulta calle por calle y que se respete la opinión mayoritaria de los vecinos.

IU respalda la petición de la Asociación de Comerciantes de la Herradura y pide a la Asociación de Comerciantes de Almuñécar que deje hablar a sus asociados porque hay una gran mayoría que no comparten la opinión que sobre este tema tienen los directivos.

Las excusas dadas en La Herradura por el equipo de gobierno en el sentido de que ahora no se puede quitar la zona azul porque la empresa ha hecho una importante inversión son una tomadura de pelo a unos comerciantes y a unos vecinos que también han hecho sus inversiones y que están viendo los perjuicios que día a día les causa el negocio de la zona azul. 

IU ya ha llevado diversas iniciativas al Pleno pidiendo que, dado que este es un tema polémico, sean los vecinos y comerciantes de cada calle los que democráticamente decidan si quieren o no quieren zona azul en su calle. Estas iniciativas no han salido adelante, en unos casos porque el alcalde no las ha querido ni pasar a votación, y en otros, porque ha contado con la inestimable ayuda del PP, que, a pesar de criticar en público la zona azul, a la hora de votar se ha negado a que las propuestas de IU salgan adelante.

Cuando el equipo de gobierno se llena la boca de consultas, referendums y democracia, en lugar de hacer consultas sobre complejos proyectos que ya no existen, le pedimos que organice una consulta democrática sobre un tema fácil de entender y de responder.

Este de la zona azul es un tema estrictamente municipal y, por tanto, no habría ningún problema legal en organizar esta consulta.

Pronto habrá un referéndum sobre la zona azul. IU ya lo pidió en pleno. Presentó una moción pidiendo que se consultara a los vecinos y comerciantes y que la zona azul quedara en aquellas calles en que tuviese apoyo mayoritario. Esa moción no fue votada por Benavides, pero tampoco la votó el PP. Ahora, dado que nuestro alcalde está dispuesto a preguntar a los vecinos por un PGOU que no existe, parece lógico pensar que también va a preguntar por las otras cosas que sí que nos importan de verdad, así que, tranquilos, porque en breve, conociendo el malestar de los herradureños, la zona azul desaparecerá. Lo dicen todos los días en la tele cuando hablan del referéndum: un gobernante no puede gobernar en contra de la opinión de los ciudadanos, ¡Anda que no!

Además de los 8,9 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado tienen adjudicados a la Casa del Rey para el 2009, el Ministerio de Presidencia empleará otros 3,3 millones en pagar las obras, adjudicadas ya a varias empresas, que remodelaran los jardines y la piscina de la Zarzuela.

Sección sindical de CGT en la Apat

El Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar ha tenido que dar la razón al sindicato CGT por las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial del pliego de condiciones para privatizar el servicio de recaudación, quedando de manifiesto que se incumplía flagrantemente lo dispuesto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

El pliego contemplaba que se adjudicaría la gestión por "15 años", cuando la Ley permite un máximo de cuatro años prorrogables por dos si no se denuncia por las partes.

CGT, a pesar de contar con medios modestos, ha dado un vuelco a la intención del Ayuntamiento de Almuñécar de privatizar ilegalmente un servicio público por un periodo superior al permitido por la Ley

Otras alegaciones incluidas en el recurso de CGT han sido rechazadas por el Pleno del Ayuntamiento por los votos de los concejales del partido gobernante (dirigido por el polémico Juan  Carlos Benavides) y los concejales del Partido Popular. Es bochornoso que la aprobación inicial, a pesar de ser ilegal, fue votada igualmente por esos mismos concejales, lo que nos induce a pensar que tienen gran interés para que a toda costa se privatice la recaudación de Almuñécar.

CGT está estudiando continuar con sus gestiones para impedir la privatización encubierta de un servicio que "por su naturaleza es público, debe ser prestado por la administración y que conlleva poner datos de carácter económico y personal en manos de una empresa privada", amén de ser costosa para los vecinos de Almuñécar y sin que cuente siquiera con informes concluyentes de la interventora, de la secretaria y tesorería del Ayuntamiento que den el visto bueno a esta operación.

De igual manera, examinado el pliego de condiciones se han advertido una serie de irregularidades y aspectos que quedan en el aire: en efecto el pliego de condiciones es ambiguo, no concreta las funciones precisas que deberá realizar la empresa adjudicataria ni qu&

Es de vergüenza. Es para llorar. Delincuentes de guante blanco que siempre caen de pie. Chorizos que cuando el juez o el fiscal no encuentra por dónde meterles mano salen sacando pecho y diciendo que son inocentes. Corruptos que juran por su honor y su decencia escondidos tras una legión de abogados. Esta es la justicia en el capitalismo. Ávila Rojas es sólo un ejemplo. Uno más en esta larga y vomitiva lista.

Ávila Rojas es insolvente. Así lo ha reconocido hace unas semanas el juzgado de lo Mercantil de Málaga donde presentó el concurso voluntario de acreedores, no como empresa, sino como persona física. De este modo, ya no es gestor de sus bienes. Ahora se encarga de ello un administrador nombrado a tal efecto por el juzgado malagueño. El trámite fue presentado y admitido en la capital malagueña debido a que el domicilio oficial del constructor figura en la localidad de Marbella, en la Costa del Sol.

Lo habitual es que el concurso de acreedores sea presentado para que un juez admita la situación de quiebra de las empresas con el objetivo de intentar reflotarlas o poner orden en la prioridad de los acreedores al ahora de cobrar. No obstante, una de las novedades de la ley es que a esta misma medida podían acogerse personas físicas, es decir, a título individual. En la actualidad este tipo de supuestos escasos, si la cifra se compara con la de las empresas. Aunque, según los últimos datos estadísticos del INE, 119 españoles se acogieron a esta medida en el tercer trimestre del año.

En el caso de Ávila Rojas, la presentación del concurso de acreedores como persona física para formalizar su insolvencia ante un juzgado no quiere decir que no tenga dinero. Más bien significa que, con lo que dispone, no puede hacer frente a los pagos que tiene que afrontar a título personal, no como empresa.

Multas millonarias

Según confirmaron fuentes judiciales consultadas por IDEAL, el concurso paraliza, temporalmente, las ejecuciones de sentencias y embargos judiciales que el con

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, contra la primera sentencia que venía a dar la razón al PSOE en la votación realizada con motivo de la conformación del gobierno de la institución comarcal costera. Tras las elecciones municipales, y a la hora de la votación para el gobierno de la Mancomunidad, en una primera votación el concejal socialista de Salobreña Gonzalo Fernández Pulido se alzó con un voto de diferencia sobre Carlos Rojas, candidato presentado por el PP.

Las protestas de los populares por el presunto uso indebido de alguna papeleta no normalizada, hizo que, a criterio del secretario, se reiterara la votación que, esta vez sí, sin voto disidente hizo presidente a Carlos Rojas, alcalde de Motril. El PSOE no se conformó y presentó una denuncia que, en primera instancia vino a darle la razón, aunque abría posibilidad de recurso.

Así lo hizo el PP ante el TSJA, que acaba de pronunciarse sin posibilidad de apelar: La primera votación es válida; el presidente de la Mancomunidad debe ser Fernández Pulido y ahora se abre un nuevo abanico de posibilidades. Por el momento, ante esta inesperada situación, el secretario deberá ser quien convoque a la junta general para que tome posesión el nuevo presidente.

Al PP, junto con la actual conformación de gobierno, le queda el recurso de la moción de censura para dejar de nuevo al PSOE en la oposición. Para ello deberá contar con los mismos socios actuales. El escenario no ha cambiado teóricamente, pero de nuevo el PSOE aspira a tomar posesión y abrir una ronda de negociaciones para lograr un gobierno estable hasta el final del mandato. Contra la sentencia no cabe recurso y, además, la Mancomunidad deberá correr con las costas.

Ya nos extrañaba una orden tan rara como la que se aprobó en la Junta Local de Gobierno del 22 de septiembre según la cual iban a ser cerrados todos los locales de los bajos. Nos parecía tan extraña como excesiva. Al fin y al cabo, si se había producido alguna alteración del horario de cierre, lo razonable era establecer una multa. Sin embargo, se ordenaba el cierre de TODOS los negocios. Durante días y días hemos podido comprobar que el cierre no se llevaba a cabo. Ahora, en la Junta de Gobierno del 27 de octubre se anula el acuerdo anterior ante las alegaciones de ciertos establecimientos. Las cosas de este pueblo.

   6.- Se da cuenta de escrito de alegaciones presentado por Jaime Trainera Playa, S.L., Rosario Jiménez Sierra, José Manuel Prados Rodríguez y Juan José Guerrero Fajardo, al acuerdo de la J.G.L. de 22 de septiembre de 2008 que ordenaba el cese en la actividad de los establecimientos sitos en bajos el Paseo del Altillo y Bajos del Fenicio.

   A la vista de los mismos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

   1) Aceptar las alegaciones presentadas y dejar sin efecto el acuer

El alcalde de Polopos-La Mamola, Pedro García, que se declaró en huelga de hambre durante 14 días para exigir más financiación para los ayuntamientos, mostró ayer su apoyo a las movilizaciones emprendidas por alcaldes y altos cargos de IULV-CA por este motivo y aseguró que se unirá a ellos si se mantiene la situación.

García mostró su «apoyo incondicional a estas personas», entre los que se encuentran los primeros ediles de las localidades gaditanas de Espera y Trebujena, Pedro Romero y Manuel Cárdenas, y el parlamentario de la formación por Sevilla Juan Manuel Sánchez Gordillo, que «dieron una tregua» a las movilizaciones tras acordar reunirse con la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez, y con la consejera de Gobernación, Clara Aguilera.

El regidor de Polopos, de la Agrupación Socialista Independiente, les tildó de «valientes» y les animó a «seguir luchando», al considerar que «es la única forma» de poner de manifiesto la situación de los Ayuntamientos, «que estamos encadenados como lo han hecho ellos en el Parlamento». Consideró que el uso de estos medios «es necesario» para llamar la atención sobre la actual situación de los Consistorios, «que no cuentan con la autonomía financiera suficiente para dar los servicios que demandan los ciudadanos».

Opinó que «este es el mejor momento» para que el Gobierno central se siente con los implicados y «haga el libro blanco de la autonomía local», ya que, según señaló, «se lleva prometiendo muchos años y la actual situación de crisis lo requiere». Así, insistió en que si la situación no mejora tras las reuniones previstas con dirigentes de la Junta, se trasladará a Sevilla para adherirse a las movilizaciones de los ediles y altos de IULV-CA, ya que, según añadió, los cauces habituales «no sirven, puesto que a IU no le van a aceptar sus propu

Cerradas las posiciones negociadoras entre los trabajadores municipales y el equipo de gobierno, los representantes sindicales amenazan con subir el tono de sus protestas para obtener mejoras económicas. Así lo señalaron en la nueva concentración que ayer protagonizaron un grupo de ellos en la Casa Consistorial.

El representante de la UGT, José López Cañete, señalaba que el conflicto no tiene visos de una solución a corto plazo, dado que el concejal de Personal, José García Fuentes, «ni habla ni cumple con lo negociado». Es por ello que los trabajadores barajan dejar las concentraciones a 'la hora del bocadillo' y estudian nuevas formas para mostrar su descontento con el equipo de gobierno, «posiblemente ir a los actos que organice el Partido Popular. Lo haremos porque no quieren escucharnos», afirma López Cañete, quien no espera ver que en los presupuestos municipales se refleje un cambio de postura respecto a sus demandas.

Por su parte, el portavoz de CGT, Ángel Coello, resaltó el hecho de que en año y medio de negociación no haya habido un pronunciamiento del alcalde de Motril. «Si quieren estaremos tres años señalándolos con el dedo», afirma Coello, quien explica que no se trata de un problema de dinero como lo demuestra el gasto en productividad a unos pocos trabajadores o el pago de sentencias por el despido de otros, y que podría ser destinado a atender las demandas planteadas.

Convergencia Andaluza ha dado a los medios de comunicación una información parcial que, sin faltar a la verdad, oculta ciertos elementos que es interesante conocer para valorar en sus justos términos los decretos de Fiscalía acerca de dos denuncias interpuestas por Izquierda Unida.

Como consideración global, la decisión de Fiscalía de no interponer denuncia por estos hechos no supone en absoluto una legitimación de los hechos cuestionados ni una deslegitimación de los denunciantes. Supone, simple y llanamente, que la Fiscalía entiende que no hay suficientes datos como para acreditar las irregularidades y que, en consecuencia, no se ve viable una acción penal.

Las discrepancias entre la Fiscalía y los ciudadanos, o entre la Fiscalía y los jueces, son tan cotidianas que, esta misma semana, todos hemos podido ver la pugna entre el juez Garzón y la Fiscalía acerca de la procedencia o no de una acción judicial. Suponemos que la iniciativa del fiscal general no implica la legitimación del franquismo y sus crímenes sino una discrepancia jurídica acerca del criterio seguido, en este caso, por el juez.

De igual manera, los dos decretos de Fiscalía a los que alude Convergencia en su comunicado, no valoran ni legitiman nada. Se limitan a considerar inapropiada la denuncia penal que proponía Izquierda Unida. Lamentamos esta decisión del fiscal, porque estamos convencidos de que hay bastantes irregularidades en estos temas, pero respetamos, lógicamente, su criterio y ahora estudiaremos si Izquierda Unida directamente interpone las demandas que pedíamos a Fiscalía que interpusiera.

La primera denuncia se refiere al restablecimiento del desequilibrio económico en tres grandes obras del municipio, que son la gasolinera del estadio y los aparcamientos del Altillo y la Avenida Juan Carlos. El criterio sostenido por IU en su escrito a Fiscalía es que, al admitir las pretensiones de las empresas, el ayuntamiento ha hecho un flaco favor a los ciudadanos.

En relación a la gasolinera, la empresa ar

La Policía ha detenido en Huelva a José María Mellado Romero, presunto testaferro del ex asesor de Urbanismo del ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca y que en la actualidad regentaba, en nombre del cerebro de la trama, un hotel de lujo en la aldea onubense de El Rocío.

Según han confirmado fuentes de la investigación, el arresto se ha producido tras confirmarse que Mellado actuaba a las órdenes del ex asesor de urbanismo de Marbella y dirigía en su nombre, el Hotel 'La Malvasía', situado a los pies del Parque de Doñana y a unos 200 metros de la ermita de la Virgen de El Rocío.

El que fuera instructor del "caso Malaya" Miguel Ángel Torres acordó en julio de 2007 abrir una causa separada por la supuesta concesión irregular de la licencia de obras y apertura del establecimiento hotelero, en las que estarían implicados responsables políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Almonte.

Además, la Fiscalía estudió la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública por parte de los vendedores de la finca donde se asentaba el hotel originario, al haber obtenido con ella un precio superior al reconocido en escritura, cifrándose en 895.000 euros el dinero que presuntamente se ocultó a la administración tributaria.

El Pleno del lunes va a debatir una propuesta del equipo de gobierno para pasar 278.430€ de unas partidas a otras. El concejal de IU votará en contra de esta modificación presupuestaria porque no está de acuerdo con el trasvase de fondos desde unas partidas sociales a otras que no lo son en absoluto.

Se detraen 40.000€ de la partida denominada Actividades de la Tercera Edad mientras se incrementa en algo más de 46.000 € la partida de gastos postales y mensajería. Asimismo, se recortan 12.000€ de los Talleres de Mayores, otros 12.000 de ONGs, así como 10.000€ del Centro de Mujeres Maltratadas. También se reducen los gastos en educación de adultos, teatro y un largo etcétera (hasta 20 partidas en total).

La partida más beneficiada por este trasvase de fondos es la de consumo de agua de ejercicios anteriores. A este fin se destinan 148.532€.

IU considera inadecuado que, entre las partidas que crecen, se incluya una denominada gastos imprevistos con una cuantía de 48.926€. Consideramos que es una cantidad excesiva para figurar como gastos imprevistos.

El dinero necesario para pagar la deuda del agua o el resto de partidas que se han quedado cortas debería haber salido de otras partidas menos necesarias y con menos contenido social. Por ejemplo, hay un presupuesto de 95.000€ en protocolo, que bien podría haberse disminuido. También podría haberse disminuido algo el gasto en Publicidad y Propaganda, que tiene un presupuesto de 191.000€.

O quizá habría bastado con eliminar la partida de 483.243€ que se incluyó para gastos de una desaladora que tampoco se va a realizar, evidentemente, en 2008.

Por último, IU quiere desmontar aquellos argumentos catastrofistas que lanzaba el equipo de gobierno cuando la oposición se negaba a aprobarle los presupuestos. Este

Vaya panda. Estos son los empresarios que se esfuerzan por crear riqueza, empleo y bienestar. Venden el mismo piso dos veces. Eso sí que es ser listos, según alguna gente entiende la palabra 'listos'. Lean la noticia porque es importante conocer todas las sinvergonzonerías de estos ilustres personajes que son asiduos visitantes de concejales, alcaldes y arquitectos con mando.

Nueva condena al empresario granadino Ávila Rojas. La Audiencia de Granada ha condenado al constructor, y a Andrés Liétor -ambos imputados en la operación Malaya- como autor y cooperador necesario, respectivamente, de un delito de defraudación mediante la doble venta de un piso de Marbella.

La sentencia impone la misma pena al empresario Paulino Gómez Lucio por defraudación mediante otorgamiento de una compraventa simulada sobre el inmueble en cuestión, mientras que absuelve a Liétor del delito de otorgamiento de contrato simulado que también le imputaba la acusación particular, ejercida por el comprador inicial del piso referido, E.F.N.

La Fiscalía sólo acusaba a Liétor -para el que pedía tres años de cárcel por un delito de estafa-, si bien el tribunal ha apreciado también la responsabilidad en los hechos de Ávila Rojas y Gómez Lucio que les atribuía la acusación particular, representada por la letrada Arancha Ferrín.

Según el fallo, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, queda probado que mediante contrato privado de fecha 11 de julio de 1998, Liétor, actuando en nombre de una empresa del granadino Ávila Rojas (INCAR S.A.), vendió al querellante un apartamento ubicado en el residencial El Dorado de Marbella.

En el contrato constaba que la parte vendedora tendría que cancelar un embargo a favor de la Agencia Tributaria que pesaba contra el citado inmueble, y que si en octubre de ese año aún no había sido cancelado, el comprador, que a la firma del contrato privado tomó posesión de la finca, podría exigir la obligaci&oa

Aparece en lo medios de comunicación que se requiere al Ayuntamiento para que arregle las deficiencias en seguridad pública y bienestar animal, que han sido detectadas tras varias inspecciones al establecimiento.

Resulta chocante esta decisión cuando, desde Granada, los servicios técnicos solicitan a la Dirección General de Gestión del Medio Ambiente de Sevilla, el cierre por las numerosas deficiencias de todo tipo que presenta el complejo, entre otras cosas su total ilegalidad.

El recinto no reúne las condiciones exigible por la  Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, en cuanto a profilaxis y bienestar animal, y además se han construido vallas ilegalmente y se han introducido especies extrañas sin autorización,  que encima se han escapado del recinto, lo que constituye una infracción muy grave según la legislación andaluza.

A pesar de que existe un expediente sancionador abierto desde mayo de 2006, la Consejería de Medio Ambiente, haciendo gala de un "interés elogiable", ha permitido que durante este tiempo se sigan introduciendo especies alóctonas sin ningún control, pese a las continuas denuncias presentadas por estos hechos.

La tardanza en el cierre de estas instalaciones podrían estar, según confesiones de un técnico de Medio Ambiente, en que no sabrían qué hacer con los animales si se procede a la clausura. Pero esta respuesta es similar a la de no encerrar a los criminales porque no hay sitio en las cárceles. No tiene justificación ninguna.

Exigimos a la Junta que cumpla con sus obligaciones y acabe con ese "engendro zoológico" injustificable, que en cualquier país normal nunca se hubiera llegado ni a iniciar.

Y encima esta broma ilegal le cuesta un dineral a los almuñequeros, ya que sólo en el año 2006, se gastaron más de un millón y medio de euros en el complejo (300 millones de pesetas)

El personal del Centro de Salud de Almuñécar denunció a través de una carta abierta a los ciudadanos la decisión del Servicio Andaluz de Salud de no renovar los contratos de los profesionales y trabajadores sustitutos, con lo que vaticinan la escasez de plantilla para atender la demanda. Previendo situaciones de enfado por parte de los usuarios que podrían derivar en agresiones, han rechazado responsabilidades y han pedido "comprensión".

Los trabajadores del centro sanitario exponen en su escrito: "Los responsables sanitarios han decidido no renovar los contratos del personal sustituto y eventual y, por lo tanto, no sustituir a los profesionales que faltan en nuestro centro, por lo que vamos a ser muchos menos para atenderos". Y añaden: "si tenéis problemas de salud, a partir de ahora no sabemos muy bien dónde ni quién os podrá atender".

Los autores del escrito piden a los usuarios que entiendan que ellos no son los culpables de la situación por la que pasa el centro, sino que la sufren junto a ellos. "Nos veremos obligados a renunciar a las vacaciones, a disfrutarlas cuando no nos interese o convenga, a tener que ver pacientes de otros compañeros y a asumir tareas y funciones que no nos corresponden, porque no hay personal para hacerlas", señala el personal en su carta, y asegura que "los verdaderos culpables descansan plácidamente en sus sillones de cuero, en sus bonitos despachos".

Hoy venía esta noticia en Ideal y nosotros la reproducimos por el interés que tiene para nuestro municipio ya que Comarex tiene numerosos negocios en esta zona. Por ejemplo, Comarex es la propietaria de 14 viviendas terminadas en Citalsol, catorce viviendas que se construyeron con la calificación de VPO y que aún no se han ofertado a los cientos de solicitantes de VPO que hay en Almuñécar. Recordemos que en el último año se han cruzado entre ayuntamiento y empresa diversos documentos que pretendían allanar el camino para calificar como libres estas viviendas. El tema está denunciado en Fiscalía y, al parecer, el Fiscal ha decidido imputar al arquitecto del ayuntamiento como autor de un supuesto delito de usurpación de funciones.

El grupo empresarial Comarex ha liquidado en poco más dos meses las sociedades inmobiliarias que compartía con Caixa Galicia y CajaGranada. Ambas entidades financieras le exigieron esta alternativa para encauzar convenientemente su deuda y hacer frente a la misma, incluso, con su propio patrimonio. El riesgo asumido por ambas compañías crediticias les empujaba a abandonar como socios a una firma a la que habían prestado mucho dinero y con la que también hubieran ganado mucho más de no estallar la crisis inmobiliaria actual.

Por partes. CajaGranada y Comarex cerraron días pasados la liquidación notarial de la firma inmobiliaria que compartían al 60% y 40%, respectivamente. Se trata de la empresa Vegas del Guadaira, cuyos activos -terrenos en las ciudades de Tarragona, Sevilla, Motril y Granada- se repartieron en función de la participación accionarial. Comarex y CajaGranada pusieron punto y final a una empresa de la que la entidad financiera granadina llevaba tiempo deseando salir, ante la complicada situación por la que atravesaba su socio y el importante volumen de deuda contraído por éste y por la empresa Frai, cuyo administrador es también socio de Comarex, con la firma crediticia granadina.

La Secretaria del ayuntamiento ha dado como buena una de las alegaciones presentadas por IU al pliego de condiciones para adjudicar la recaudación a una empresa privada. El plazo fijado en el pliego para la concesión habrá de reducirse a cuatro años porque el anterior plazo fijado de quince años es ilegal. Se da la circunstancia de que el Pleno, con los votos en contra de IU y PSOE, aprobó un pliego de condiciones ilegal.

Según el informe de la Secretaria, el pliego habrá de modificarse y, si es aprobado por el pleno del lunes, tendrá que ser publicado de nuevo en el BOP porque esta modificación del pliego es sustancial. Este informe de la Secretaria se tenía que haber entregado a los concejales antes del Pleno, tal y como habíamos solicitado desde IU. Izquierda Unida solicitó igualmente informes económicos y jurídicos concluyentes sobre los costes de la privatización y la oficina municipal de recaudación que, paralelamente a la empresa privada, deberá ponerse en marcha, pero todavía no los han emitido. Son imprescindibles esos informes técnicos para poder pronunciarse con garantías.

Si se nos hubiese hecho caso antes del Pleno, este pliego ilegal no se habría sometido a votación. Contrasta esta actuación del alcalde con la mantenida en el tema de la tasa de basura o la zona azul. En un pleno reciente, el alcalde y el PP decían que no se podía votar la propuesta de IU, PSOE y PA de paralizar los dos últimos recibos de la basura. Argumentaban que era una propuesta ilegal aunque el informe de Secretaría explicase claramente que era una competencia del Pleno. Sorprende que ni el alcalde ni los servicios técnicos, ni el PP, ni nadie, se hubiera dado cuenta de que el pliego para adjudicar la recaudación no cumplía con la Ley de Contratos. Por ello, siguiendo la curiosa argumentación del alcalde en el último pleno, tendría que dec

El detallado informe pericial aportado a la investigación judicial pone de relieve que falló el control de la Junta de Andalucía sobre el proceso urbanístico del centro comercial Nevada que promovieron los hombres fuertes del anterior gobierno de Armilla, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, todos ellos imputados en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 6 de Granada.

Pese a que los informes jurídicos y técnicos emitidos por la Delegación de Obras Públicas observaban irregularidades en la tramitación del proyecto y ponían serios reparos a las pretensiones del Ayuntamiento de Armilla, los expertos consultados por el juez Miguel Ángel del Arco consideran que "el control de un proceso administrativo de esta envergadura resultó insuficiente y las advertencias de los informes fueron desoídas".

Se refiere, en este caso, a dos informes sobre la tramitación del plan parcial B donde los técnicos de la Junta detectaron que se incumplían las normas subsidiarias en cuanto a ubicación y estructura de los espacios libres y equipamientos, no se respetaba la edificabilidad, ni existían estudios sobre el tráfico. Para dar apariencia de legalidad, el Ayuntamiento recurría a informes externos, "a instancias de parte", con el fin de "desvirtuar" los dictámenes negativos de la Junta de Andalucía. Las infracciones se producían tanto en suelo urbano como en no urbanizable.

Si bien los peritos están de acuerdo en la totalidad de las observaciones realizadas, se echa en falta la exigencia de un estudio de actividad y de informe ambiental, así como la observación sobre el incumplimiento de un instrumento de ordenación detallada. "Está claro que este expediente debió exigirse con la mayor energía, no sólo en su control sino en su orientación procedimental y de objetivos en el marco de una colaboración

El promotor Fernando Martín llevó en julio a la inmobiliaria Martinsa Fadesa al mayor concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de la historia de la economía española. Ese mismo mes, pidió al juez, también voluntariamente, permitirle suspender pagos en sus tres empresas patrimoniales, Femaral, Almarfe y FT Castellana Consultores Inmobiliarios, con las que controla el 44,5% de Martinsa Fadesa. Pero siete meses antes, el 31 de diciembre, el ex presidente del Real Madrid firmó el acta general de la junta de accionistas de Femaral y Almarfe para repartirse a sí mismo y a su familia dividendos por valor de 138,8 millones de euros.

Tras admitir los juzgados el pasado septiembre el concurso de acreedores de Fernando Martín como persona física y de las tres sociedades en las que tiene gran parte de su patrimonio, los administradores concursales nombrados tendrán que revisar las cuentas de los dos años anteriores a la suspensión de pagos.

En opinión de IU, la sentencia del Tribunal Supremo autorizando la consulta sobre el documento de aprobación inicial del PGOU es la respuesta a una pregunta mal planteada

Los referendos y las consultas se diferencian en el carácter decisorio o no, y se parecen en que ambos métodos de participación pretenden conocer la opinión del pueblo respecto a un documento. En todas las consultas y referendos habidos en este país siempre se le ha pedido a la gente su opinión acerca de un texto concreto y cerrado.

Cuando se preguntó a los españoles si les parecía bien la constitución, no se les preguntó sobre el primer o el segundo borrador que habían manejado los diputados sino sobre un texto definitivo que había que aprobar o rechazar.

Cuando se preguntó hace poco a los andaluces si queríamos el Estatuto, no se nos preguntó por un proyecto de los muchos que estuvieron discutiendo en el Parlamento andaluz. Cuando fuimos a votar lo hicimos sabiendo que ese texto al que debíamos dar un sí o un no era un documento definitivo que saldría en el Boletin Oficial de la Junta en caso de ser aprobado, sin ponerle ni quitarle una coma.

Nada tendríamos que objetar si, una vez perfilado el texto definitivo, se nos pregunta a los almuñequeros si nos gusta o desagrada el PGOU definitivo. Es más, nos parecería un sano ejercicio democrático.

Pero nos parece una pérdida de tiempo y un gasto inútil el que se nos pregunte a los ciudadanos por un proyecto que tendrá que ser modificado del principio al final.

¿De qué sirve que digamos sí a un documento que habla de cuatro campos de golf si a lo mejor el definitivo tiene tres, o dos, o ninguno? ¿De qué sirve que se nos pregunte si nos gusta un PGOU que pretende construir una marina seca en la Sandovala si a lo mejor el documento final ya no incluye esa propuesta?

Preguntar a los ciudadanos por el documento de aprobación inicial del PGOU sabiendo que despué

La Junta de Andalucía está todavía a la espera de que el Ayuntamiento de Almuñécar, al que ha hecho dos requerimientos desde el pasado marzo, le remita documentación clave para poder avanzar en la tramitación del planeamiento.

En un primer requerimiento, realizado el pasado 19 de marzo, la Junta pidió al Ayuntamiento seis documentos administrativos, 13 técnicos y dos gráficos que consideraba claves para poder avanzar en la tramitación del plan.

La documentación que el Ayuntamiento aún tiene que remitir es indispensable para avanzar en la tramitación del planeamiento. El plazo para la tramitación del PGOU no empezará a contar hasta que no se cierre el expediente una vez se disponga de toda la información requerida. Entre la documentación pendiente de cumplimentar figuran documentos cuya elaboración, de no haber sido acometida, no es inmediata y requiere de cierto tiempo, lo que podría alargar más el proceso.

En un periódico digital de la comarca aparece esta protesta que nos parece de interés y por eso la reproducimos

Desde este año todos los propietarios de cortijos estamos recibiendo recibos del servicio de basuras, cuando nunca hemos recibido ningún servicio de recogida de basuras.

El ayuntamiento en su afán de recaudar un dinero que no tenía y que se gastó antes de las elecciones para arañar cuatro votos, ha empezado a cobrar servicios que nunca ha prestado, como el servicio de basura a los cortijos.

Por este motivo, los vecinos de Rescate, Rio Jate Alto, Rio Seco Alto, Los Escobales, Las Majadas, Cortijo medina, Los Mateos y el resto de cortijadas de la zona, hacemos saber que dejaremos nuestra basura al pie de la carretera para que esta sea recogida por el servicio de limpieza, el cual estamos pagando todos religiosamente.

Igualmente invitamos al resto de propietarios de cortijos que no estén al tanto, a dejar su basura al pie de la carretera para que esta sea recogida.

El Pleno de hoy ha enmendado el acuerdo del anterior. Se ha decidido, con los votos de Convergencia y PP, quitar la concesión de la limpieza a la empresa Servicios Integrales El Mirlo y dársela a Fomento de Contratas y Construcciones, la misma que debe más de dos mil euros a cada trabajador de los vertederos, la misma que está incumpliendo el acuerdo que puso fin hace unos meses a la huelga de 53 días de los trabajadores de los vertederos.

La votación del Pleno ha vuelto a reproducir algo que ya se ha convertido en habitual. Cuando los grupos de la oposición mantienen posturas discordantes con el equipo de gobierno (algo que debería ser habitual), Benavides sólo tiene que hacer un par de llamadas y esperar una semana para que el tema se reconduzca.

En estas circunstancias, ¿para qué quiere Benavides un pacto formal si ya lo tiene de hecho?

En nombre de la asamblea de IU, Fermín ha pedido que, una vez consumada la ruptura con El Mirlo, los trabajadores y la gestión del servicio pasaran a depender directamente del ayuntamiento. Esta propuesta sólo ha contado con el apoyo del PA. De nuevo el PSOE ha demostrado que las empresas públicas no son lo suyo.

Esperamos que la decisión adoptada por el Pleno no sea una fuente inagotable de problemas a medio plazo. Fermín Tejero, concejal de IU, ha advertido de la irresponsabilidad de tomar un acuerdo de estas características sin tener informe jurídico que avale la legalidad de la decisión. Recordemos que lo que se ha aprobado hoy es, sencillamente, romper un contrato con una empresa y firmarlo con otra sin seguir los procedimientos legales.

Y ahora, a esperar un plazo prudencial para comprobar si es verdad que los trabajdores cobran puntualmente y de acuerdo al convenio sin que el ayuntamiento suba su aportación a la empresa, si es verdad que estos mismos trabajadores, con estos mismos camiones y estas mismas escobas van a dejar el pueblo más limpio que antes, si es verdad que todo el problema estaba en que el dueño del Mirlo era un incompetente y un indigno.

Izquierda Unida, ante la convocatoria del Pleno en el que va a discutirse sobre la rescisión del contrato suscrito con la empresa Servicios Integrales el Mirlo para recogida de residuos sólidos, limpieza y otros servicios, considera de gran importancia la decisión que el Pleno pueda adoptar en torno a este tema. Dado que la empresa ha ofrecido abandonar de forma voluntaria el servicio, se presentan a los concejales dos alternativas ciertamente complejas como son la aceptación de esa retirada o el inicio de un expediente de rescisión.

 Al parecer, la propuesta del equipo de gobierno consiste en iniciar el expediente de rescisión y, sin esperar a que éste concluya, adjudicar el contrato a una nueva empresa. Esta decisión es de dudosa legalidad porque el contrato entre dos partes sólo se puede romper por mutuo acuerdo o una vez que concluyan los trámites necesarios del expediente. Es por ese motivo que IU defiende como más favorable para los intereses del municipio aceptar la propuesta de retirada de la empresa y dejar para un arbitraje posterior la resolución económica del conflicto entre ambas partes.

 Si se rescinde el contrato de forma unilateral por el ayuntamiento antes de la finalización del expediente, podríamos encontrarnos con problemas económicos, jurídicos y sindicales de importancia en caso de que la empresa recurra y gane.

 El escrito presentado por el concejal de IU el 26 de septiembre a las 19 horas en el Registro del Ayuntamiento indica textualmente que ‘La adopción de una decisión u otra puede tener, a mi juicio, importantes consecuencias económicas, aparte de la repercusión lógica en la calidad de la prestación concreta del servicio. Por ello, creo necesario que, antes de su pronunciamiento, y para que la decisión sea lo más beneficiosa posible para el interés general del municipio, los concejales tengan un Informe de Secretaría que aclare las implicaciones legales y prácticas que pueden tener las dos opciones siguientes:

1. Iniciar expediente de r

La actuación de Benavides en el último año ha sido una estrategia diseñada para quitar al Mirlo la concesión de la limpieza. Convencidos de ello, todos los grupos votaron en contra de la propuesta de rescindir el contrato.

Las declaraciones de Benavides en el Pleno y después del mismo han convencido a la empresa de que el acoso se iba a intensificar y que les esperaban meses y meses sin cobrar. Aunque la empresa esté segura de ganar en los tribunales al ayuntamiento, también sabe que eso no sirve de nada porque estamos hablando de una empresa que irá a la quiebra y que de poco le va a servir ganar los recursos dentro de cuatro o cinco años. En esa tesitura, la empresa se ha rendido y ha pedido la rescisión del contrato. La empresa dice que se va. Ya tiene el ayuntamiento las manos libres. Y sin embargo, el alcalde no acepta la propuesta sino que insiste en que el Pleno apruebe iniciar un expediente de rescisión.

La apertura del expediente para rescindir el contrato era necesaria cuando la empresa no quería irse. Tenía que haber un permiso del Pleno para abrir un expediente complejo en el que tenía que intervenir hasta el Consejo Consultivo de Andalucía. Si el Consejo Consultivo daba la razón a la empresa, no había nada que hablar. Si el Consejo Consultivo daba la razón al ayuntamiento porque se demostraba que la empresa no cumplía, entonces se daba vía libre a la rescisión del contrato.

Nuestra propuesta es que, una vez que la empresa se retire, el ayuntamiento se haga cargo de la plantilla del Mirlo respetando su antigüedad, que pague a los trabajadores de acuerdo al convenio, que nombre un buen encargado de limpieza, y que nos demuestre a todos los almuñequeros si es verdad que, además de cobrar y hacer vacaciones todos los meses, el alcalde sabe gestionar.

Nos parece fuera de lugar que ahora le demos la limpieza a otra empresa para tener que estar dentro de un año con la misma historia, que si la empresa cobra, que si no cobra, que si me debes tanto

El hostelero del régimen, harto quizá de perder dinero en ese negocio tan brillante que se llama Peña Escrita, ha presentado su renuncia según se refleja en el acta de la JGL del 15 de septiembre. ¿Quién será el sustituto?

Por cierto que el acta no dice, aunque parece evidente, que el acuerdo se haya tomado, sólo dice que se propone ese acuerdo. Suponemos que es un problema de mala redacción.

   6.- Por Resolución de Alcaldía  de 29-11-2005 se acordó adjudicar a D. JUAN RODRÍGUEZ PEREZ en representación de Promociones Turísticas Costa Tropical C.B., el contrato de Concesión del servicio de explotación turística, limpieza y mantenimiento de las instalaciones del complejo turístico de Peña Escrita, por el canon ofertado de 1.500 euros y por un periodo de CUATRO AÑOS.

   En fecha 8 de agosto de 2008, por el Sr. Rodríguez Pérez en representación de PROMOCIONES TURÍSTICAS COSTA TROPICAL C.B., se solicita que por motivos de remodelación de la sociedad se hace casi imposible mantener los servicios del citado complejo, se proceda a finalizar el contrato de concesión, indicándole la fecha má

El acta de la Junta de Gobierno Local del 15 de septiembre nos cuenta que al PGOU le falta un documento (otro más) que estudie la evolución de la población en la localidad para justificar la necesidad de un determinado crecimiento. Le encargan el estudio a una persona ajena al ayuntamiento. ¿No hay nadie que pueda hacer ese estudio? Sin hablar de los funcionarios del ayuntamiento, ¿no hay nadie entre los contratados a dedo que pueda hacer ese estudio? Pavesio, Doña Rosa, Rafael Conteras... ¿Una persona ajena al ayuntamiento puede hacer ese estudio mejor que quienes llevan años en esto y dicen conocer al dedillo la realidad del municipio?

   1.- Se informa por el Arquitecto Municipal que al objeto de dar cumplimiento a los reparos puestos de manifiesto en el informe de fecha 4 de junio de 2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre el documento de Aprobación Provisional del PGOU de fecha 16 de enero de 2007, se hace necesario realizar un Estudio de Población y Vivienda, para su incorporación al documento del PGOU. Se ha solicitado presupuesto para la realización de dicho estudio a Dª Herminia Mena Freire (geóloga redactora del Estudio de Impacto Ambiental), facilitándonos el siguiente detalle:

   ESTUDIO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA.

(... continúa)

Por motivos que desconocemos, Benavides ha decidido no llevarse bien con la Asociación de Amigos Cueva 7 Palacios. En la Junta de Gobierno Local del 8 de septiembre han tomado estos dos acuerdos. Por uno se les quita la organización, ya tradicional, de la Cabalgata y se le da a una asociación totalmente desconocida hasta la fecha. Por el otro, se les echa del local que tenían cedido. Si alguien tiene más información podría aportarla escribiendo un comentario.

   2.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, sobre subvención económica por importe de 18.000 € para la realización de la Cabalgata de Reyes de 2009, y de propuestas presentadas por las siguientes Asociaciones:

   -Asociación Amigos Cueva Siete Palacios.

   -Asociación de Mujeres Sexitanas del Mundo.

   -Asociación Hada Madrina.

(... continúa)

El grupo municipal de IU en el ayuntamiento de Almuñécar denuncia la utilización masiva de la figura denominada contratatos de colaboración social. Según IU, el número de contratos de este tipo supera ya el centenar, olvidando que ésta es una figura de contratación prevista como residual y no para ser utilizada de forma masiva.

Esta situación, junto a la concesión de una buena parte de los servicios a empresas privadas, ha hecho que la plantilla de laborales del ayuntamiento sea bastante inferior a la que era hace unos años. Desde IU defendemos que los puestos de trabajo estables estén a cargo de personas con contratos estables y con sueldos dignos.

La penúltima remesa de nuevos contratos de colaboración social se ha dado al quitar la concesión de la oficina de Turismo. Queremos recordar que este servicio estaba antes a cargo de personal de plantilla del ayuntamiento, que luego se privatizó y que ahora, se lleva a cargo por personal con contrato de colaboración.

Según nuestras informaciones, lo mismo se ha hecho con la piscina municipal. La empresa que llevaba ese servicio ha terminado su concesión y se ha decidido desde el ayuntamiento que, en vez de renovar la concesión o hacer una convocatoria para crear esos puestos en la plantilla municipal, también sean llevados mediante contratos de colaboración social.

Los contratos de colaboración social están pensados para afrontar tareas eventuales y nunca como método habitual de contratación prolongado en el tiempo. Tanto la oficina de Turismo como la piscina son dos servicios permanentes que ha de prestar el ayuntamiento y que tendrían que estar a cargo de personal laboral fijo de plantilla.

 Es urgente aprobar la Relacion de Puestos de Trabajo de Laborales para regular satisfactoriamente la situación y evitar que puestos que deben ser de plantilla se oferten en estas condiciones.

 El bajo

El dirigente cívico, Nelson Valdez, declaró a los medios que si no se reconocía el carácter autonómico del departamento de Tarija este podría separarse del país y aseguró que los cívicos están listos para una guerra civil.

Luego del frustrado intento de toma de los medios de comunicación estatales y las instalaciones del FDUC, Valdez exigió la salida del Ejército y la Policía del departamento al calificarlos como "un sindicato del MAS" y aseguró que no habría ningún inconveniente en disparar contra las fuerzas del orden.

Valdez expresó también que ellos (los cívicos) habían sido subestimados por el gobierno y que estaban listos para una guerra civil, para ello pidió al gobierno que retire a la Policía y al Ejercito de modo que el enfrentamiento se de solamente entre civiles.

“Queremos guerra civil y van a tener guerra civil", exclamó el dirigente cívico y luego recordó que Tarija había pasado a ser parte del territorio boliviano por decisión de su pueblo y que si el gobierno no aceptaba al departamento chaqueño como autónomo este se vería obligado a “revisar” y “revocar” su anexión al país.

Luego declaró a Tarija como "libre, soberano e independiente" y calificó a los hechos de violencia y racismo como un desborde social organizado para defender la soberanía del departamento.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), del PSOE, ignoraron la Ley de Costas y su propio plan del parque natural del Cabo de Gata al autorizar el hotel del Algarrobico, de 20 plantas a 28 metros del mar. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, Jesús Rivera, declaró ayer nula la licencia del hotel y pidió al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos porque ve indicios de corrupción.

La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, a la que luego se sumó la Junta. La resolución, contra la que cabe recurso, cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.

El juez ordena a la Fiscalía que investigue al Ayuntamiento y a la Junta al advertir presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio en su actuación.

Para el magistrado, la Administración autonómica no solamente "no ejerció" sus potestades y facultades en defensa del interés general sino que modificó los planos del parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal.

Esta conclusión, mantenida por Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar desde que en 2005 empezó la lucha judicial contra el proyecto de la empresa Azata del Sol, lleva al magistrado a acusar de "abulia y desidia" tanto a la Administración autonómica como al Ayuntamiento de Carboneras en la defensa del medio ambiente.

En relación con la Ley de Costas, el magistrado atribuye a la Corporación local, presidida por el socialista Cristóbal Fernández, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros en esa zona. La Corporación local siempre defend

Izquierda Unida recurrirá los acuerdos sobre recaudación tomados por el Pleno al entender que era obligación del alcalde poner a disposición de los concejales informes técnicos que avalaran las dos propuestas.

En lo referente a la conveniencia de rescindir el contrato con la Diputación, el concejal de IU pidió un informe de Intervención y otro de Tesorería en los que se analizara la recaudación en los últimos años, se pusieran de manifiesto las supuestas deficiencias y se explicaran los motivos de dar por finalizado el contrato ya que, hasta hace un par de meses, justo hasta el mismo día en que se conoció que había un relevo en la dirección de la Oficina de la APAT, nadie había dudado de que el contrato era positivo para el municipio pues se había logrado incrementar de manera importante el porcentaje de recaudación en voluntaria y en ejecutiva.

En su escrito, Fermín Tejero pedía que el informe de Intervención y Tesorería respondiera explícitamente a los siguientes extremos:

• Cantidades recaudadas en los últimos años por cada uno de los tributos y tasas en voluntaria y en ejecutiva
• Porcentajes alcanzados en el cobro de los distintos tributos y tasas en voluntaria y en ejecutiva
• Embargos producidos en los últimos años
• Relación de tareas que hasta ahora están desempeñando los funcionarios de la Diputación y que no podrán realizar los empleados de una empresa privada
• Estimación de funcionarios del ayuntamiento que tendrían que dedicarse a realizar estas tareas que ahora realiza la APAT
• Estimación del coste añadido que esto supone para poder valorar en su justa medida las ventajas e inconvenientes que tiene abandonar el convenio con Diputación para adjudicar el servicio a una empresa privada
• Valoración acerca de si en los pliegos de condiciones están claramente delimitadas las tareas a realizar por la empresa privada y las que tendrían que realizar los funciona

Si nadie lo remedia, Almuñécar tendrá otra huelga de basura mientras su alcalde no deja de viajar gastando unas dietas y un sueldo que se supone que es para estar aquí al pie del cañón resolviendo los problemas del municipio. Los empleados de Servicios Integrales El Mirlo llevan dos meses sin cobrar el sueldo y esa situación se viene repitiendo todo el año. Cansados ya de ver que no se da una solución a su problema, estos trabajadores han presentado preaviso de huelga para el 13 de septiembre.

A juicio de IU, esta situación de falta de cobro y de posible huelga está provocada por Benavides, ya que, a pesar de habernos subido la basura un 28%, el ayuntamiento no ha trasladado este incremento a la empresa que recoge la basura y limpia las calles. Ha pasado ya medio año desde que PP y Convergencia Andaluza aprobaran la subida de la basura alegando que era la única forma de que los trabajadores tuvieran garantizada la subida pactada en el convenio provincial.

El ayuntamiento está cobrando los recibos de la basura, con esa subida que calificamos de brutal, y a la empresa y a los trabajadores no llega nada de esa subida. Es más, desde agosto de 2007, el ayuntamiento no ha parado de imponer multas a la empresa acumulando un total de 499.580 euros. Medio millón de euros que el ayuntamiento ha dejado de pagar a la empresa más todo aquello que debía haberle pagado para que aplicara el convenio ha colocado a la empresa en una situación financiera delicada.

Este es el fondo de la cuestión. Benavides pretende que la empresa abandone voluntariamente la concesión para poder ofrecerle el negocio a una empresa amiga. En caso de que El Mirlo aguante el tirón y no se retire, Benavides pretende argumentar todas estas sanciones como muestra de que la empresa no cumple bien su labor y retirarle la concesión.

Esta actitud perfectamente calculada de Benavides no tiene otro fin que el de volver a controlar directamente, como a él le gusta, la red empresarial que opera en Almuñéca

La Diputación denuncia una campaña de desprestigio de la Agencia Provincial de Administración Tributaria. El portavoz de la Diputación denuncia que el PP ha orquestado una estrategia de desprestigio de los servicios públicos provinciales, y en particular de la APAT.

Tras presentar la APAT los mejores resultados de su historia el PP sale criticándola. Esto es absolutamente insólito en sí y más en épocas de crisis económica como esta. Lo único que conseguirán con este ataque constante es empeorar los niveles de recaudación y así la situación económica de los ayuntamientos de la provincia.

Ante esta situación de crítica constante y sostenida el portavoz de la Diputación ha realizado un llamamiento al presidente del PP para que cese en esta irresponsable estrategia que está orquestando y que se sume al trabajo de mejorar la provincia. En política hay que ser responsable y en algunos asuntos especialmente responsable.

Lo ocurrido en el pleno celebrado en Almuñecar vendría a reforzar las tesis de que el PP pretende dañar la APAT ya que se adoptó una decisión de una enorme trascendencia, salir de la APAT, sin la suficiente información, sin los informes ni del Secretario ni del Interventor que avalaran las mejoras que el ayuntamiento pretende obtener con el cambio en la gestión de los impuestos. Detrás de todo esto está la orden directa de Sebastián Pérez para boicotear el servicio de la APAT y esperamos que no haya nada más. Estaremos vigilantes para que no suceda nada más.

Los resultados de la gestión de la APAT han ido mejorando desde 2003 consiguiendo los mejores resultados de su historia en el último ejercicio cerrado el de 2007. Esto ha sido reconocido por alcaldes de toda la provincia por escrito,

IU critica el acuerdo de la Junta de Gobierno del 11 de agosto de contratar un servicio externo de asesoramiento en comunicación, publicidad, imagen, relaciones públicas y protocolo.

 En nuestra opinión, lo que se ha hecho es cargar sobre los almuñequeros un nuevo gasto de 28.988 euros. Creemos que este gasto es innecesario, máxime en una época de crisis en la que los ingresos de los ciudadanos han de gastarse con sumo cuidado limitándose a lo imprescindible.

 Cuando se contesta a los vecinos que tal reforma o tal obra no se puede acometer porque no hay dinero, nos parece un derroche gastar cinco millones de las antiguas pesetas en imagen y protocolo. En lugar de contratar nuevos servicios superfluos, lo que debería hacer el ayuntamiento, en opinión de IU, es recortar gastos en liberados y personal de confianza, dedicando más esfuerzos a mejorar la limpieza del pueblo, las guarderías o los servicios sociales por ejemplo.

 Por último, en IU estamos convencidos de las intenciones perversas del alcalde al colocar como responsable de protocolo a una persona que se ha destacado en los últimos años por su defensa de un periodismo independiente y crítico con el equipo de gobierno. Esperamos, por el bien de la libertad de expresión, que estas intenciones de Benavides queden frustradas.

Benavides pretende controlar directamente el servicio de recaudación anulando el convenio establecido entre el ayuntamiento y la Diputación. El convenio ha funcionado muy bien llegándose a un porcentaje del 83% en el cobro de la recaudación voluntaria y garantizando liquidez al ayuntamiento gracias al compromiso adquirido por la Diputación de adelantar al ayuntamiento un 75% de la recaudación prevista.

Queremos recordar que la última prórrpga del convenio se firmó en mayo de 2003 entre el presidente de la Diputación, señor Tabasco, y el alcalde de Almuñécar, Juan Luis González Montoro. Sería conveniente que en estos momentos, el PP explicase por qué ese convenio, firmado por ellos, ha dejado de ser adecuado para los intereses del municipio.

En ningún momento se ha explicado qué ha funcionado mal del actual convenio y por qué habría que anularlo. Lo único que ha salido a la luz es unas declaraciones del PP y Benavides mostrando su malestar por una remodelación interna de las jefaturas comarcales de la Agencia Provincial de Administración Tributaria. Fruto de esta remodelación, el concejal del PP Francisco Ledesma, ha dejado de dirigir la oficina de recaudación de Almuñécar.

Utilizando este hecho como pretexto, Benavides amenazó a la Diputación con quitarle el servicio de recaudación. Durante todo el verano ha estado preparando los informes y la documentación, y ahora, con cierta premura porque el acuerdo ha de tomarse antes del 31 de septiembre, Benavides plantea al Pleno la denuncia del convenio y la firma de uno similar con una empresa privada.

Nos parece una grave irresponsabilidad que una decisión de esta importancia se tome poniendo como único motivo el relevo que se ha producido en la Oficina de Recaudación. Si el Pleno toma una decisión equivocada a partir de una rabieta, el municipio podría tener graves problemas económicos en los próximos años. Ahora se apr

Gran variedad de peces extraños en ríos y embalses, un sin fin de  reptiles ex mascotas liberados en el medio, pasando por especies cinegéticas soltadas en cotos, ponen en peligro la fauna autóctona.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción pregunta a Medio Ambiente sobre los permisos que ha concedido en la sierra de Albuñuelas para introducir jabalíes exóticos.

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En el lugar conocido como Prados de Lopera, se encuentran en régimen de semilibertad unos ejemplares de jabalí (creemos que su procedencia es el sudeste asiático), al parecer como especies cinegéticas..

Si no hay autorización, nos encontramos ante una infracción MUY GRAVE según

Aparentemente, las obras se han paralizado en los aparcamientos de San Cristóbal y Velilla y no da la impresión  de que sea una paralización pequeña sino que va para largo.

En el caso de San Cristóbal, hemos podido comprobar que efectivamente las empresas contratistas están procediendo a retirar el material de obra. Ya se han retirado las grúas, se están retirando las vallas y demás elementos metálicos de obra y hace pocos días que se retiraron las bombas de extracción del agua.

La retirada de estas bombas de extracción del agua ha vuelto a poner de manifiesto que la obra no está adecuadamente impermeabilizada, motivo por el cual el agua ha vuelto a invadir el agujero y ha socavado el paso provisional de tierra que se había colocado hacia la mitad del paseo.

Actualmente, los vecinos han quedado sin paso con lo que tienen que dar un rodeo de gran importancia para acceder a la playa. A mediodía de hoy martes, un camión trabajaba aportando tierra con el propósito de restablecer el paso de peatones por esa zona.

Desde IU queremo

La manifestación convocada por la Plataforma por la Defensa del Río Castril reunió ayer a unas ochocientas personas según la Guardia Civil (1.200 según los convocantes), para protestar por el trasvase de agua que el Gobierno ha aprobado para abastecer a varias poblaciones de la zona Norte, informa la agencia Efe.

Los manifestantes se oponen a las obras que se pretenden realizar, aprobadas en el Consejo de Ministros en diciembre de 2006, para la conducción y abastecimiento a Baza desde el embalse del Portillo hasta la desembocadura del río Castril.

El acto comenzó en la plaza del Árbol Gordo de Castril, desde donde los manifestantes, con pancartas con lemas como 'No al trasvase' o 'Por un río vivo', se dirigieron hasta el cruce que hay a la entrada de la localidad, para regresar hasta la plaza Hernando de Zafra, lugar donde se encuentra el ayuntamiento, donde se leyeron varios manifiestos de rechazo al trasvase.

El presidente de la plataforma, Miguel Ortiz, fue el primero en proclamar la negativa de los presentes a la ejecución de las obras de emergencia, «que no tiene una justificación real, ya que en ningún momento las poblaciones de Baza, Caniles y Zújar han sufrido restricciones de agua potable, no ha habido expediente que así lo justifique y no ha sido solicitada por dichas poblaciones». Otra de las personas que intervino fue la concejal independiente del Ayuntamiento, Belén Iruela.

Entre los participantes en el acto estaba el coordinador provincial de IU, Pedro Vaquero, y el eurodiputado de esta formación Willy Meyer, quien informó de que el Parlamento europeo está investigando el caso del trasvase, tras haber recibido una queja por parte de la Plataforma en la que se aludía que las obras vulnerarían varias directivas de la UE.

La manifestación transcurrió sin ninguna incidencia y de una manera «totalmente respetuosa», señaló Ortiz a Efe.

Los más responsables caminan de aquí para allá, con el bañador y el periódico bajo el brazo y con las llaves del coche en la mano. Buscan máquinas de zona azul que funcionen para poder pagar el ticket de la ORA. Son veraneantes de Almuñécar que rugen como leones cuando se les pregunta qué opinión les merece tener que gastarse unos euros por aparcar, y que ahora están más enfadados -si cabe- por la situación de caos que provocan los parquímetros apagados, estropeados o fuera de servicio.

Ayer cientos de coches estaban aparcados en la zona azul del paseo marítimo de Almuñécar y ninguno tenía pagado el ticket. El motivo, que desde Reina Sofía hasta las obras del parking de Velilla no había ni un sólo parquímetro funcionando: tres fuera de servicio y otro boicoteado, con un tornillo en la ranura y con los botones pegados.

«Estoy buscando una máquina para pagar. Me paso el día viniendo a poner el ticket. Me parece mal esta medida, no sé qué hacer con el coche porque por mucha vueltas que dé no voy a encontrar sitio», expresó ayer Miguel Casero que ha llegado a Almuñécar desde Alcázar de San Juan a pasar una semana.

A él le han ofrecido una cochera por diez euros al día y se lo está pensando. El que sí la tiene es Moisés Ruiz, un granadino indignadísimo con la zona azul, que prefiere pagar más a darle el dinero a la empresa que controla este sistema. «La playa está para aparcar tranquilamente y descansar y aquí no se puede. Almuñécar está como para no venir más», explicó enfadado.

En la zona de La Herradura ayer funcionaban tres máquinas expendedoras de cuatro y cerca de las obras del parking de San Cristóbal tampoco están encendidas.

Según indicaron fuentes próximas a la empresa que gestiona este servicio, hay partes del paseo en las que la zona azul todavía no funciona al 100%. Pero claro, no hay carteles inform

El constructor y promotor granadino José Ávila Rojas, convencido ante el público de su inocencia, siempre ha defendido tener «las cuentas claras» con Hacienda. Desde que en el año 2004 la Fiscalía de Granada lo denunciara y lo llevase al juzgado por fraude, ha repetido el mensaje incansablemente una y otra vez. Pero a los magistrados que han estudiado las dos operaciones millonarias de venta de terrenos que hizo en Marbella en 2001 y 2002 no le han salido las cuentas. ¿Consecuencia? Una sentencia que lo condena a ocho años de prisión, dos por cada uno de los cuatro delitos de fraude a la Hacienda Pública que la Audiencia Provincial considera cometidos y probados. Además, fija una multa de más de diez millones de euros y una indemnización a Hacienda de otros cinco. Los que defraudó.

Ésta es la primera resolución judicial con una condena de prisión a Ávila Rojas, a pesar de sus numerosos 'escarceos' con los tribunales. Pero significa algo más: se convierte en la antesala de los tiempos amargos que se avecinan para el empresario granadino.

El promotor volverá a probar las hieles del banquillo de los acusados de forma inevitable cuando se desarrolle el juicio por el 'caso Malaya', contra la corrupción en Marbella, en el que se encuentra imputado por un presunto delito de cohecho. Más aún, fue comparado con Juan Antonio Roca por el juez del caso, en lo que a peso en la trama se refiere.

La sentencia dictada ahora fija dos años de prisión por cada uno de los cuatro delitos que se le imputan, aunque los magistrados señalan que el tiempo máximo de cumplimiento de esta condena de prisión será de seis. La pregunta inevitable que queda en el aire ahora es: ¿Entra Ávila Rojas en prisión?

El fallo del tribunal granadino puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo. Y hasta que éste no se pronuncie la sentencia no será firme. Si no se pide la ejecución de la sentencia