Impacto de la expansión urbanística en el litoral granadino

Fernando Alcalde Rodríguez 

05 de febrero de 2006

Decía Pío Baroja que si Dios existe, en los pueblos habita en los solares. Efectivamente, asistimos en nuestro país a una explosión inmobiliaria sin precedentes; en los dos últimos años el numero de viviendas construidas ha crecido en cifras cercanas a las 800.000 viviendas anuales, esto es, más que la suma de Francia, Alemania y Reino Unido.

En Andalucía este ritmo es aún mayor, con un crecimiento del 163% en el periodo 1992-2003 frente al 116 de España. En contraste con esta situación, y de acuerdo con los datos del INE, 3.106.422 viviendas están sin ocupar, con tres provincias andaluzas, entre ellas Granada, con casi 77.000 viviendas, entre las 10 primeras. 

No obstante, este ritmo de crecimiento no responde a ninguna necesidad demográfica. En el periodo 1990-2000, la población creció en un 5% mientras que el suelo urbanizado lo hizo en un 25,4%. Curiosamente, este sobredimensionamiento del parque de viviendas no ha repercutido en la bajada de precios; todo lo contrario, que para el periodo 1991-2004 se incrementó en un 207%. El litoral y las áreas metropolitanas son, sin duda, las más afectadas por esta situación.

De acuerdo con el ING, el 59% del litoral andaluz se encuentra urbanizado. Municipios como Torremolinos o Benalmádena han ocupado el 100% de su territorio y otros como Marbella lo hacen en el 95% . 

En términos de ecoeficiencia el sector no sale mejor parado. De acuerdo con los datos del Informe de Sostenibilidad de Andalucía 2005, el sector de la construcción es uno de los pero situados. Así, para el periodo 1996-2003, la superficie construida de nueva planta lo hizo en un 161% mientras que el consumo de cemento lo hacia en un 80% y el de áridos en un 87%. Por el contrario, el Valor Añadido Bruto lo hizo en un 51%, siendo el mayor contribuyente al descenso del índice de sostenibilidad del sector productivo andaluz.

Por otro lado, el sector turístico, ligado al desarrollo urbanístico costero, incrementó su consumo de agua en un 128% y la generación de residuos en un 162% mientras que el gasto turístico lo hizo en un 98% y el VAB tan sólo en el 29%. 

El caso de la Costa de Granada no se aparta de esta situación; antes bien es el campo actual de actuación de estas tendencias. El término municipal de Motril ha clasificado en su recientemente aprobado PGOU más de 4 millones de metros cuadrados, o lo que es lo mismo, el equivalente al suelo actualmente construido. 

Almuñecar ha propuesto 35.000 nuevas viviendas en su Aprobación Inicial y otros municipios como Salobreña o Molvizar revisan sus planeamientos en estos momentos. Un caso excepcional lo constituyen los municipios de la Contraviesa, con importantes restricciones de agua durante este verano y que, sin embargo, no cejan en solicitar la instalación de campos de golf con sus residenciales adosados, como es el caso de Rubite, con un población actual de 550 habitantes. 

En términos ambientales el crecimiento inmobiliario de la Costa de Granada se cobra su rédito en destrucción de suelo, pérdida de acuíferos, desaparición de espacios naturales, degradación de los servicios ambientales y deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Su impacto no sólo es local. La Huella ecológica de los andaluces es en este momento de 4,1 has., esto es, casi tres veces mayor que el territorio productivo del que dispone.

Para abastecer a las ciudades son necesarias importantes obras hidrológicas que no solo alteran los cursos de los cauces mediterráneos sino que afecta a la dinámica litoral y a la recarga de los acuíferos costeros. La producción de residuos, las infraestructuras de transporte y energéticas y la contaminación de las aguas litorales son también aspectos ligados al largo brazo de la sobrepoblación. 

En términos estrictos de sostenibilidad este es un sector precario en cualquiera de sus perspectivas. Desde lo ambiental, se ha demostrado el alto consumo de recursos, sus notables impactos sobre los ecosistemas y su elevada intensidad en la producción de residuos. Desde lo económico, se observa su creciente impacto sobre la economía cifrada en la alta tasa de endeudamiento familiar y la notable inmovilización financiera.

Desde lo social, el encarecimiento del precio de la vivienda la hace inaccesible para buena parte e la población a la vez que genera profundos abismos sociales, donde comparten territorio lujosos espacios acotados con vivienda que debe ser subsidiada.  ¿A quien interesa pues el auge de este sector? 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura en 2002 el precio medio del suelo agrícola en España se situaba en 0,8 e/m2; por otro lado, el Ministerio de Fomento cifraba el precio medio del m2 construido en 1402 euros. Restando costes de adquisición, construcción, cesiones, tasas e impuestos, etc., el diferencial netamente especulativo entre ambos procesos alcanza la cifra de 1.6 millones de euros/ha que multiplicados por las aproximadamente 20.200 has anuales que de media se han clasificado en nuestro país en los últimos cinco años, alcanza una cifra comprendida entre 100.000 y 150.000 millones anuales. Esta cifra adquiere sentido si se compara con el total de salarios anuales pagados en España que es de 347.000 millones de euros. 

La magnitud de estos datos contrasta con la discrecionalidad del sistema de clasificación de suelos, que he denominado alguna vez de Alcalde-Alquimista, capaz de transformar el suelo en oro por un simple acto voluntario.

Los mecanismos de control se manifiestan continuamente ineficientes como demuestra la realidad diaria de viviendas ilegales, planeamientos escandalosos y corrupción galopante, y los procedimientos ambientales como la Declaración de Impacto Ambiental claramente ineficaces ante el entramado político-financiero, tan bien estudiado en otras ámbitos como el de la obra pública. Se trata, por tanto, de empezar a operar con una Nueva Cultura del Suelo que, al igual que su homónima del Agua, incorpore sus principios: considerar el suelo como el soporte de complejos entramados ecosistémicos y no solo como soporte físico, la introducción real de la participación ciudadana en el procesos democráticos de toma de decisiones, mejorar el conocimiento y cambio de mentalidad para poder llevar a cabo todo lo anterior y una firme y decidida acción pública en la asignación de las plusvalías.