POR UN URBANISMO SOLIDARIO

En esta hora en que el ruido de los escándalos suenan por todas partes con la corrupción ya cuasi estructural como fondo creo que es la hora de reivindicar para que se ponga en marcha el urbanismo solidario.

            Para profundizar en las causas de la corrupción urbanística galopante que nos rodea y nos ahoga por todas partes no sería malo recordar una verdad elemental que en estos momentos olvidamos con gran facilidad: cual es que el actual sistema económico y de desarrollo que genera el capitalismo sitúa en el altar supremo y como valor indiscutible el ganar el máximo de dinero en el mínimo de tiempo y, sea como sea, y a costa de lo que fuere.

            Cuando el Dios y el valor supremo es el ganar dinero ya no importa como este dinero se obtiene, ya sea mediante el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la guerra, la especulación del suelo o la pura y dura destrucción sistemática de la naturaleza.

            Por tanto habrá que sacar una consecuencia elemental: el sistema capitalista, en sí mismo, es una gran fábrica de corrupción puesto que su mandamiento primero es el beneficio privado sin límites y a cualquier medio. Por tanto, a nadie le debería sorprender que en el Estado Español suceda lo que está sucediendo: que las grandes constructoras con la ayuda o la acción directa del capital financiero está poniendo en marcha una corrupción escandalosa con una necesidad elemental del ser humano como es contar con el suelo donde poder edificar su propia vivienda.

            Creo que habría que subvertir radicalmente esta filosofía del actual orden establecido que en su afán por ganar dinero entra de lleno en el terreno de las necesidades humanas más elementales y las convierte en negocio: la cultura, el suelo y la vivienda, la tierra para comer o la medicina con la que nos tenemos que curar.

            Como hipócritas nos rajamos las vestiduras cuando oímos los escándalos realmente miserables que se producen en Marbella, la casi totalidad de la costa, los alrededores de las grandes ciudades, la sierra de Madrid, la huerta valenciana o el último pueblecito del último rincón de nuestra sociedad.

            No deberíamos sorprendernos cuando la tierra para edificar se ha convertido en una mercancía que se compra y que se vende y que, por lo tanto, se especula cuanto más mejor. Las condiciones están dadas para la corrupción urbanística, al igual que para otras muchas corrupciones que irán saliendo a la luz en la medida que a los caza-plusvalía millonaria les interese o huela la posibilidad.

            Las grandes constructoras lo tienen claro: el negocio consiste en comprar suelo rústico a 500 ptas. el metro cuadrado, buscar la recalificación de ese suelo y multiplicar no sé cuántas veces por 1.000 el valor de ese suelo una vez que lo hemos convertido en urbano o en urbanizable.

            Quienes piensan solo en ganar dinero no se van a parar en trabas legales. Basta forzar la ley mediante el soborno de unos ayuntamientos al borde de la bancarrota que están deseando encontrar un rey Midas que le permita hacer los grandes proyectos que por sus propios recursos financieros raquíticos les son imposibles.

            Eso en el mejor de los casos. También hay sin vergüenzas como la copa de un pino, que el dinero que le ofrecen las grandes constructoras no lo emplean para obras de interés general o mejoras de infraestructuras de su pueblo, sino que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se lo llevan a sus bolsillos a Andorra o a Suiza o se compran los grandes caprichos de su vida.

            Pero también hay que decir que todos los planes urbanísticos, modificaciones o PGOU's tienen que ser aprobados por las Comisiones Provinciales de urbanismo, que son competencia de la Junta de Andalucía, Extremadura o Cataluña. Y decir también que la corrupción ha sobrepasado con mucho estos entes a veces metidos a nivel de directores generales o consejeros hasta los tuétanos.

            ¿Qué hacer ante esta situación?

            Dejar de lamentarnos, de mirar para otro lado o poner en la picota única y exclusivamente a los ayunta-mientos con lo que de camino nos cargamos la pobrísima autonomía local, cosa que me parece un auténtico disparate. Lo que se debería hacer es:

            1.- Una nueva Ley del Suelo por la que todo el suelo urbanizable deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho, pongamos por caso, del pueblo andaluz o de la humanidad.

            El suelo rústico cuando en los PGOU´s pasen a ser urbanizables serán públicos, se pagarán a los antiguos propietarios como rústicos, puesto que así los cotizaba en hacienda y los ayuntamientos que dispongan de ese suelo barato tendrán que facilitar ese suelo al mismo precio que los compraron para la construcción de viviendas.

            Es decir, con el suelo nadie podrá hacer negocio, puesto que será un derecho ciudadano que venga a cubrir una necesidad humana básica como es la de disponer de un techo.

            De esta manera, no hay especulación que valga. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el Estado o las cooperativas podrán hacer viviendas públicas, baratas y dignas y sobre todo al alcance de las personas concretas que las demandan.

            2.-Nueva Ley de las Haciendas locales que permitan a los ayuntamientos disponer de la fuerza económica suficiente para no dejarse tentar por ningún especulador o corruptor, y atender a los servicios crecientes que han asumido su competencia absoluta pero sin un duro para llevarlas a cabo.

            Llevan muchos años los ayuntamientos solicitando una financiación equitativa al Estado del 33, 33, 33 que nos equipare a Europa, y sobre todo, que permita al poder municipal el más cercano al ciudadano realizar sus tareas con solidaridad, ética y eficacia.

            Hace falta una descentralización con competencias pero también con dineros para que los ayuntamientos puedan cumplir con su función, con la necesaria participación ciudadana para realizar los pro-yectos que los distintos pueblos y ciudades demandan, y demandan con justicia.

            Dos simples leyes son suficientes. Leyes audaces, valientes pero imprescindibles para que la ética llegue porque todo lo demás no son más que cuentos y zarandajas.

            Nosotros, desde Marinaleda, a pesar de no contar con esas dos leyes que hoy reclamamos más que nunca, hemos puesto en marcha un proyecto de urbanismo solidario que se viene realizando desde hace ya unos años y que ha consistido:
• El ayuntamiento mediante compra o expropiación se ha hecho con una gran bolsa de suelo.
• Ese suelo se le ofrece al auto constructor totalmente gratuito.
• El ayuntamiento mediante un convenio con la Junta de Andalucía le facilita al auto constructor los materiales también gratuitos.
• El ayuntamiento pone los técnicos y el arquitecto municipal al servicio de este proyecto de auto construcción.
• El auto constructor pone su trabajo desde que comienzan hasta que terminan las viviendas.
            De esta manera hemos construido 300 viviendas con 3 habitaciones, azotea, cuartos de baño y un patio de 100 metros cuadrados… y el auto constructor sólo tiene que pagar lo que él mismo mediante asamblea de vecinos ha decidido que en este instante es de 2.500 ptas. al mes.

            Esto demuestra que es posible que el urbanismo sea realmente solidario si se ponen la voluntad política, la ética y los medios que tengamos a nuestro alcance al servicio de las personas y no del beneficio egoísta de un puñado de desaprensivos.

            No es una utopía. No es un cuento de hadas. Es algo que se puede y se debe venir a comprobar, y que, desde luego, se puede hacer. Lo que me da una rabia infinita es que teniendo tantos medios a nuestro alcance los despilfarrmos tan disparatadamente. Y es que la economía debe estar al servicio del conjunto de los seres humanos y no al revés.

29-12-2006

J. Manuel Sánchez Gordillo