El juez del caso Malaya afirma que 'hay que dejar de ver la corrupción municipal como un mal necesario'

El juez instructor del ´caso Malaya´, Miguel Ángel Torres, aseguró ayer que la investigación de la trama de corrupción urbanística y municipal en Marbella le ha cambiado la vida.

Torres, que próximamente abandonará la instrucción del ´caso Malaya´ para regresar a su plaza en un juzgado de Granada, no quiso precisar en qué momento se encuentra la investigación y cuando será sustituido por el nuevo juez Oscar Pérez. En la conferencia, titulada ´La corrupción urbanística como forma de crimen organizado´, el magistrado aludió de forma velada al funcionamiento de la trama de corrupción marbellí como el uso de entramados societarios o la compra de inmuebles a través de testaferros.

Según Torres, "parece que los casos de corrupción urbanística se han puesto de moda en España, y existe la falsa creencia de que los hay en todos los ayuntamientos, pero con ese pensamiento solo se consigue quitar importancia al delito".

Explicó que estos grupos organizados se instalan "donde se den las condiciones favorables para que no se les persiga" y señaló que coincide que es normalmente donde los ayuntamientos "se relajan".

El magistrado entiende que "no se puede pensar que una persona aislada, por ejemplo un concejal, cometa determinados delitos solo", por lo que se mostró convencido de que se requiere de "una estructura o una cierta infraestructura", formada por técnicos, abogados asesores e intermediarios.

A su juicio, el desarrollo de un grupo organizado en una determinada zona no es casual ya que los criminales "se instalan en aquellos ambientes más favorables", indicó el magistrado.

En su opinión, podría haber mejores mecanismos de control por parte de las comunidades autónomas, si bien "los ayuntamientos son entidades autónomas que no pueden estar sometidas a un control absoluto".

El juez explicó que hasta ahora la actividad inmobiliaria se había aceptado "porque generaba riqueza para los municipios y cuando las cosas van bien la gente no se plantea qué hay detrás".

Por esta razón, insistió en que "hay que dejar de ver la corrupción municipal como un mal necesario porque, aunque siempre existirá, se pueden tomar medidas contra él".

No obstante, Torres lamentó que "en muchos casos la actividad criminal va por delante del legislador" ya que, según él, no existe una clara tipificación de los delitos, no hay unas leyes adaptadas a las nuevas conductas penales y muchas normativas sobre mecanismos necesarios como las escuchas telefónicas o los registros "están obsoletas".

Criticó que muchos de estos delitos se consideren "simples infracciones administrativas y no penales para no crear alarma social", ya que al final se consigue dar a los delincuentes una sensación de impunidad. Torres advirtió de que cada vez hay tramas de corrupción más complejas y difíciles de investigar porque se revisten de apariencia de licitud, y opinó que la mejor forma de hacerles frente es con una reforma del marco legislativo.

En este sentido, propuso que se regulen claramente los tipos de delitos y sus penas, mejore la cooperación jurídica internacional, se haga más accesible la información bancaria, se creen juzgados específicos para casos de corrupción o se adopten figuras ya utilizadas en otros países "como el testigo protegido o el agente encubierto".

Los delitos económicos, contra la ordenación del territorio, el blanqueo de capitales son figuras que para Torres "se buscan y acaban encontrándose", por lo que consideró apropiado luchar contra estos delitos "pensando que son un todo" y crear juzgados especializados y grupos multidisciplinares para la investigación, formados por policías, jueces, fiscales y Agencia Tributaria, a los que se podrían unir arquitectos para los casos específicos de delitos contra la ordenación del territorio.

El magistrado también se mostró partidario de endurecer las penas e investigar todos estos casos de corrupción por la vía penal.