Un empleado de Aguas y Servicios, en la UCI «por el acoso laboral» que sufre

La plaza de la Aurora sirvió una vez más para expresar las protestas de los trabajadores de Aguas y Servicios contra las determinaciones que toma en esta empresa. En esta ocasión un grupo de operarios con la presidenta del comité de empresa, Mari Carmen Ruiz, al frente, expresaron su apoyo a Francisco Benegas, un trabajador ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Motril.

Reunidos condenaron, públicamente, el acoso laboral que sufre este trabajador por boca de la presidenta del comité de empresa de Aguas, quien declaró que dicho operario padece esta situación desde hace tiempo. «Se encuentra en la UCI -afirmó- porque de una manera congénita tiene un problema cardiaco y tras los reiterados acosos que está teniendo desde 2004 al 2007, sufría unos síncopes en su corazón que desembocaron en un episodio».

Más adelante Ruiz declaró que tras los últimos despidos producidos entre 2007 y 2008 se aceleró el deterioro en la salud del trabajador. «La última consecuencia es que esté enganchado a un marcapasos en el hospital, aunque la Inspección de Trabajo ha multado a Aguas y Servicios». La sanción es de 300.000 euros y está recurrida por la compañía.

El correctivo impuesto por Trabajo se produce por atentar contra derechos fundamentales en el seno de la empresa, «mientras los políticos y el equipo de gobierno de la Mancomunidad están haciendo caso omiso a lo que ocurre en el seno de la concesionaria», mantiene Ruiz.

Por otro lado, desde el sindicato de Comisiones Obreras, tras debatir en el pleno de Motril el pasado 29 de julio una moción relativa al conflicto laboral Aguas y Servicios, mostró su disconformidad con el texto aprobado al entender que procede «el secuestro de la concesión y no su rescate como se solicitó en la misma (moción), al ser dicho secuestro la figura jurídica aplicable por incumplimiento de la normativa de salud y seguridad laboral, como establece el pliego de cláusulas de explotación de la concesión, lo que no generaría coste alguno para los ciudadanos y para la Mancomunidad».

El sindicato recuerda que el equipo de gobierno motrileño alegó en pleno que, aunque la Inspección de Trabajo había sancionado a la empresa, dicha sanción no era firme, puesto que había sido recurrida por la mercantil, pero recuerda que Trabajo ha levantado un acta de una infracción normativa, en éste caso de salud y seguridad laboral, y ha remitido las actuaciones a la Fiscalía del TSJA que ha admitido la denuncia a trámite.

Por ello, CCOO lamenta que «se desaprovechara la oportunidad de instar a la Mancomunidad a cumplir sus obligaciones de restablecimiento de la normalidad del servicio, al ser Motril el municipio de mayor entidad de entre los que componen la Mancomunidad». También señalan que, a pesar de los problemas generados en la presidencia de la institución comarcal, hay un presidente en funciones con plenos poderes de gobierno y «tiene la obligación y la potestad de hacer cumplir la ley». «La Mancomunidad hace oídos sordos, eludiendo las responsabilidades que le son propias para restablecer la legalidad», señala el sindicato.