¿Qué hacemos en el euro?
Juan Torres
El PP y el PSOE han instaurado en España desde hace años la política de los actos de fe. Consiste en aceptar cuestiones muy importante para la vida económica y social porque sí, sin abrir ningún tipo de debate social y sin presentar a la ciudadanía el balance de sus ventajas e inconvenientes para que pueda decidir libremente en función de sus preferencias.
Uno de esos temas es la entrada y, sobre todo, la permanencia en el euro cuando nos está produciendo un daño tan inmenso.
Las ventajas de formar parte de una unión monetaria son indudables y máxime cuando está unida a un proyecto en principio tan atractivo y deseado como el de la unión de las naciones europeas. Pero es evidente que dejan de existir, o de dar un balance claramente positivo, si resulta que el marco institucional y normativo que regula el funcionamiento de la moneda única está mal definido, si sus objetivos no se fijan en beneficio del conjunto sino de una gran potencia que la domina o si sus efectos comienzan a producir un deterioro continuado del nivel de vida de la población.
A mi juicio eso es lo que ha venido ocurriendo pero sin que se haya debatido abiertamente y, por tanto, sin que haya visos de que se le vaya a poner remedio.
Técnicamente, el euro es un proyecto inmaduro y bastante imperfecto por lo que está condenado a producir grandes perturbaciones y quebrantos a la mayor parte de los países que lo conforman, o para ser más exactos, a los grupos más desprotegidos de la población de todos sus países.
Es inmaduro porque no garantiza que las economías que entraron en el merco de la moneda única con mayor retraso puedan ir poniéndose al nivel de las más avanzadas, como prueba el continuo incremento de las desigualdades que han acompañado su trayectoria desde que se creó.
De esa manera, las economías que lo conforman están condenadas a circular a velocidades diferentes y con resultados muy distintos, insertas en una especialización y división del trabajo muy desiguales que dan lugar a un aprovechamiento muy asimétrico de sus beneficios y a una distribución también muy desproporcionada de las cargas que conlleva. Basta ver, por ejemplo, que el déficit exterior de la economía española ha crecido desde que se integró en el euro prácticamente como una imagen refleja del aumento que registraba el superávit alemán. O cómo nuestro endeudamiento se ha convertido en una fuente de rentas multimillonaria para la banca alemana.
El euro responde también a un diseño técnicamente muy imperfecto porque no se quiso dotar de las instituciones y de los mecanismos que son imprescindibles para que pueda funcionar sin problemas una unión monetaria: los que aseguran la coordinación y la plena movilidad de los factores, la disposición de recursos presupuestarios para hacer frente a impactos asimétricos y, sobre todo, un auténtico banco central.
Todas esas carencias son fatales, como estamos comprobando cuando la economía pasa por dificultades. Pero no disponer de un banco central que financie a los gobiernos e impida que los intereses lleguen a ser una carga inasumible para los estados (solo a costa de convertir la financiación en un suculento negocio para la banca privada) es suicida, como desgraciadamente estamos comprobando en estos meses.
Así concebido, el euro está inevitablemente condenado a transmitir perturbaciones constantes a los eslabones más débiles de la cadena que conforman los diferentes países que lo utilizan. Puede llegar a ser cada día más fuerte en relación con otras monedas, pero solo a base de descomponer la cohesión entre sus partes y de fortalecer sus centros de gravedad a base de absorber permanentemente los recursos de las periferias.
Y me parece igualmente evidente que ninguna de esas carencias ha sido accidental sino la consecuencia de haber diseñado el euro con una finalidad política que nadie osó poner en cuestión: limitarse a sustituir al marco alemán, convirtiendo a la nueva moneda única en un remedo con mayor radio de acción.
Las consecuencias han sido muy negativas y en estos momentos, por qué no decirlo claramente, sencillamente catastróficas. Tanto, que Europa ha tenido que ser sostenida por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional ante su propia incapacidad para afrontar los problemas que ella misma ha creado.
En España casi nadie quiere hablar de otro hecho evidente: desde que nuestra economía forma parte del euro hemos ido perdiendo nuestro capital, nuestras principales empresas y canales de distribución, es decir, el esqueleto en el que ha de sostenerse cualquier economía nacional. El euro ha desnacionalizado nuestra economía y es una verdadera paradoja que quienes son tan aficionados a las políticas de Estado, ni hagan mención a esto ni parezca que les preocupe demasiado.
Prácticamente han dejado de ser intereses españoles los que predominan en la inmensa mayoría de los sectores económicos y apenas si quedan empresas que decidan y actúen fortaleciendo nuestra demanda nacional o el mercado interno, es decir, nuestra capacidad de generación de ingresos endógenos.
Es verdad que España ha recibido muchos recursos de Europa pero las cuentas se hacen bien cuando se registran los movimientos que se dan en todos los sentidos. Y eso significa que para valorar correctamente el impacto del euro en nuestra economía y en nuestro bienestar hemos de contabilizar no solo lo mucho que hemos recibido sino también lo que España ha entregado.
Si en nuestro país hubiese fuerzas políticas, serias desde hace años habrían creado en el Parlamento una comisión para evaluar los beneficios y las pérdidas obtenidos y para realizar así un balance objetivo de nuestra permanencia en el euro que permitiese que los gobernantes y la ciudadanía supieran a qué atenerse. Sin embargo, casi nadie quiere enfrentarse a ello y quienes reclamamos abrir ese debate somos generalmente tachados de marginales y antisistema (lo que, por cierto, no es ningún tipo de insulto a la vista de lo que estamos viendo).
No trato de decir que la entrada y permanencia en el euro no tuviese y tenga ventajas. Desde luego que las tiene y tengo la seguridad de que son muchas. Simplemente afirmo que lo lógico es debatir sobre ellas y sobre sus inconvenientes, porque sabemos que estos también son muy abundantes. Sobre todo, en una situación como la actual, en la que formar parte del euro nos impone una esclavitud brutal y nos obliga a aplicar políticas que nos están llevando a la depresión y a renunciar, prácticamente a cambio de nada, a derechos sociales que tanto había costado conseguir e incluso a la democracia.
Euro sí, pero no así. Esto es lo que trato de señalar porque me parece que tal y como está diseñado y con las políticas que están aplicándose para fortalecer a los grupos de poder que solo quieren que el euro sea lo que viene siendo, España condenada a fracasar.
El tratamiento que está dándose a la deuda pública y el tipo de rescate bancario que se nos impone es bien expresivo de lo que ocurre y de los objetivos que se persiguen. Los bancos alemanes han sido los principales beneficiarios de la burbuja española. Ellos fueron sus más irresponsables financiadores, como han sido las autoridades del Banco Central Europeo que ahora claman contra la irresponsabilidad, quienes miraron a otro lugar cuando la banca privada hacía el agosto a costa de ello. Y ahora no saben sacar de la manga otra solución que no sea hacer cargar sobre la espalda de los ciudadanos la factura de su festín.
Las cínicas amenazas de expulsión del euro de Grecia son simplemente eso, puras amenazas que Alemania nunca llevaría a cabo porque sus bancos y grandes empresas son los que más se han beneficiado y los que más siguen haciéndolo de su presencia en Europa. E igual pasa con España y los demás países que estén al borde del abismo. Alemania es quien más se ha beneficiado de nuestra presencia en el euro y quien posiblemente saldría económicamente más perjudicada a medio y largo plazo si saliésemos.
Es por eso que España tiene que vender cara su presencia en el euro. Para poder sobrevivir en el euro, para que a España le intereses permanecer en él, se necesita un diseño diferente, una nueva arquitectura institucional y otras políticas verdaderamente efectivas contra la crisis del tipo que ya señalé en otro momento, y que no pueden ser de mero impulso de crecimiento a base de grandes infraestructuras y del uso intensivo de recursos naturales (Austeridad o crecimiento, una alternativa que no resuelve los problemas de Europa). No contemplar la posibilidad de salir del euro es ya un error que nos va a costar muy caro.
Desde luego que la salida sería una opción difícil y traumática, aunque quizá solo a muy corto plazo y si se compara con la aparente placidez de la agonía lenta que nos preparan dentro del euro. Pero que podría dar resultados positivos en un plazo de tiempo bastante más corto del que se pueda creer.
En realidad, los mayores problemas que existen en este momento para plantear con éxito la salida del euro no son económicos, dado que no tendría por que ser muy difícil articular una estrategia de emergencia que aliviara los costes que lleva consigo. Más bien son políticos, porque para que pudiera darse con éxito se necesitaría una gran coincidencia social, una potente convergencia de intereses de la mayoría de la población, un acuerdo generalizado y un deseo común de defensa de los intereses nacionales mucho mayor de los que hoy día existen. El bipartidismo de facto en el que vivimos ha convertido el debate político en una pelea continua sobre las cuestiones de fachada para disimular los acuerdos de fondo sobre todo aquello que conviene a los grandes poderes empresariales y financieros y ha evitado los debates plurales sobre los problemas auténticos. Eso ha hecho que la mayoría de la población desprecie la política convencional y mucho más a los políticos y que no se tenga confianza en las instituciones, lo que dificulta, por no decir que imposibilita, poner en marcha proyectos transversales como sería la salida del euro, y que son en realidad los que España creo yo que necesita.
Este es el verdadero escollo para resolver nuestros problemas económicos y una razón de gran peso para tratar de regenerar nuestra vida política articulando nuevas mayorías sociales que den vida real a la democracia.
Valderas: "Defenderemos el Estatuto y no permitiremos que Andalucía sea una comunidad de segunda"
El Coordinador General de IU LV-cA y vicepresidente, Diego Valderas, ha subrayado que Andalucía no va a ser una Comunidad de segunda categoría, ni en el plano de la financiación ni de las competencias que tienen las entidades locales y ha recordado el respaldo por “unanimidad” que los grupos políticos representados en el Parlamento andaluz dieron al Estatuto y en este sentido ha señalado que “no permitiré ningún retroceso en el desarrollo del mismo” además de interpretar que esta circunstancia le hace pensar que esta será “una reclamación común” de todos.
Valderas ha realizado estas declaraciones en Granada, donde ha mantenido sendos encuentros institucionales con el alcalde, José Torres Hurtado, y el presidente de la Diputación Provincial, Sebastian Pérez, en el marco de la ronda de encuentros con representantes de las instituciones locales.
Asimismo, ha asegurado que en la reunión que mantendrá con el ministro Montoro el próximo martes en Madrid, a la que también asistirán el viceconsejero del departamento, Jose Manuel Pérez Tapia y el director general de Administración Local, Antonio Maillo, le recordará al ministro “que los ayuntamientos también son Estado” y que no pude haber un paso atrás en la financiación y en las competencias de las entidades locales.
Igualmente insistirá, como ya le ha sido trasladado al ministro en la carta que la vicepresidencia le remitió el pasado día 29, que convoque ”cuanto antes” la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, ya que dado el reconocimiento que esta órgano ha recibido como instrumento de relación multilateral y articulación política, es el marco adecuado para debatir cualquier cambio que afecte a los ayuntamientos.
Morales será el hombre fuerte de IU en el organigrama de la Junta
Granada Hoy
Los secretos a voces suelen confirmarse y éste no ha sido una excepción. Manuel Morales, coordinador provincial de Izquierda Unida en Granada, será el hombre fuerte de su formación en la Junta de Andalucía y tendrá las competencias en Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio. En esas áreas, en lo que respecta a la Administración autonómica en la provincia, será él quien mande.
El nombramiento de Manuel Morales aún no se ha producido, pero sí un paso decisivo. El miércoles por la noche, el consejo provincial de Izquierda Unida, reunido en Armilla y con presencia de aproximadamente un centenar de militantes y dirigentes de la coalición, aprobó casi por unanimidad la propuesta. Se confirmó así lo que también se sospechaba antes de que fuera votado: que las bases estaban abrumadoramente con él.
Lo que no se sabe todavía es cuándo podrá empezar a ejercer esas funciones. El consejo político de IU, su máximo órgano de gobierno interno en Andalucía, tendrá que ratificar la propuesta en una reunión que probablemente se celebrará hoy.
Superado ese trámite (lo cual no presentará problemas), para Morales comenzará una etapa difícil de explicar, porque será delegado sin serlo. La Junta de Andalucía todavía no ha terminado de definir su estructura de gobierno para las provincias, algo que está pendiente de la modificación de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía y eso, según fuentes de la administración autonómica, está resultando más complejo de lo que parecía. Los servicios jurídicos de la administración andaluza están trabajando para darle un encaje legal a esas modificaciones y también están pendiente otros pasos como el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía.
Sin embargo, Izquierda Unida está decidida a designar a sus hombres fuertes en cada una de las ocho provincias antes de que se resuelva ese embrollo legal. De hecho, su líder en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, pretende revelar el próximo lunes los nombres de sus delegados provinciales, entre ellos el de Manuel Morales, con independencia de que puedan ejercer ya como tales. Se trata, según fuentes de la formación, de que se les identifique cuanto antes, de que se sepa quién es el interlocutor válido de la Junta en las materias en las que IU tiene las competencias, que como ha quedado dicho son Fomento, Vivienda, Comercio y Turismo, así como las relaciones con las administraciones locales.
En su labor, Manuel Morales estará apoyado por dos personas que serán responsables de sus dos áreas de gobierno (Fomento y Vivienda por un lado, Comercio y Turismo por otro) y de los que no sólo no se conocen sus nombres, sino ni siquiera el de sus cargos. Puede que sean vicedelegados o que así se popularice su función, pero en todo caso no tendrán las mismas competencias que hasta ahora habían tenido los delegados provinciales de esas consejerías y su perfil será más técnico que político.
En la nueva estructura periférica de la administración autonómica que se está perfilando se contempla una significativa reducción del número de delegados en cada provincia. En Granada, según las previsiones, habrá un delegado del Gobierno, lo que viene a ser su cabeza visible (el cargo que ahora ostenta María José Sánchez), y otros cuatro, que se repartirán las siguientes áreas: Economía, Hacienda, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio; Cultura, Educación y Deportes; y Sanidad y Bienestar Social.
¿Salvar al euro?
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Se está promoviendo en los medios de mayor difusión del país el mensaje de que los países de la periferia de la Eurozona, Portugal, Irlanda, Grecia y España, (llamados PIGS, ahora conocidos, al añadirse Italia, como GIPSI) tienen que hacer grandes sacrificios a fin de garantizar la existencia del euro, el cual se presenta como en peligro de desaparecer. Aparecen impactantes titulares en tales medios que señalan la cercana muerte del euro o que la última reunión del Consejo Europeo salvó al euro (implicando que de no tomarse las decisiones que se tomaron, el euro habría desaparecido). Existen variaciones de este mensaje. Una de ellas es la que afirma que, para salvar al euro, Alemania tendrá que presionar para que se expulse a Grecia. O al revés, se afirma que Alemania, cansada de ayudar a los países periféricos, saldrá del euro y recuperará su propia moneda, el marco, matando así al euro.
El euro, sin embargo, nunca ha estado en peligro de desaparecer, y continúa con buena salud, sin ningún peligro de fallecer. Veamos los datos. Cuando fue establecido, un euro valía un dólar. Hoy el euro está sobrevalorado, siendo su valor monetario superior al del dólar. El hecho de que haya bajado algo durante estos últimos tres años no quiere decir que esté desapareciendo. En realidad, no les iría mal a los sectores exportadores que hoy están teniendo dificultades, que el euro bajara más. Las exageraciones (parte del lenguaje sensacionalista que caracteriza a la mayoría de los medios) que acentúan que el euro está en peligro de desaparecer no tienen ninguna base real. Miren la evolución del precio del euro en los últimos cuatro años y lo verán. El euro no está en peligro. Ahora bien, les aseguro que este mensaje de que el euro está en peligro continuará promoviéndose, pues tiene como objetivo promover un miedo que haga más fácil aceptar las medidas altamente impopulares que se están imponiendo a la población.
Otra aseveración que carece de credibilidad es que puede llegar un momento en que Alemania presione para que se expulse a Grecia. Lo último que el capital financiero alemán desea, es que este país deje el euro, por la sencilla razón de que el impacto contaminante que tal salida tendría en los países GIPSI sería devastador para el sistema financiero alemán. La banca alemana tiene invertido, por ejemplo, en España, 146.000 millones de euros, y en Italia 134.000 millones. La salida de cualquiera de estos países GIPSI del euro afectaría muy negativamente el pago de tal deuda a Alemania y la banca alemana y su gobierno son plenamente conscientes de ello. En realidad, es sorprendente que los gobiernos de estos países periféricos no hayan utilizado la amenaza de salirse del euro como medida negociadora con el gobierno Merkel. Sea como sea, pueden estar seguros que para bien o para mal (según usted valore los beneficios o perjuicios que el euro haya tenido) ningún país será expulsado del euro.
Pero lo que hace incluso más inverosímil la observación de que Alemania deje el euro es que este país, es el que más se ha beneficiado de la existencia del euro, beneficio que se ha centrado primordialmente en su banca y en su sector exportador. Como reconoció el dirigente socialdemócrata alemán, el Sr. Sigmar Gabriel, en su crítica al comportamiento del gobierno Merkel, Alemania, desde que se estableció el euro, ha ganado la friolera cantidad de 556.000 millones de euros más de lo que se ha gastado en lo que se conoce como “ayuda financiera”. En realidad, Alemania no ha gastado en este último capítulo, “ayuda financiera”, lo que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. Paga incluso menos, proporcionalmente, de lo que paga España. Alemania da un porcentaje a los fondos de rescate financiero MEDE menor que España (un 27% versus un 29.8%).
Esta percepción de Alemania como la gran pagadora de los gastos de ayuda (promoviendo un “victimismo” muy rentable políticamente en su propio país) no se corresponde con la realidad. Toda la evidencia científica muestra que Alemania es el país más beneficiado por la existencia del euro. Y, siendo el país que tiene mayor capacidad decisoria en la Eurozona (en gran parte debido al dominio del capital financiero alemán en el BCE y en la Comisión Europea), les garantizo que habrá euro para años, y los países periféricos continuarán sufriendo las políticas de austeridad que se les imponen, no para salvar al euro, que tiene buena salud, sino para pagar la deuda a la banca alemana, todo ello presentado con una narrativa de que el sufrimiento de la población les hará mejores y más competitivos, ignorando con ello un hecho evidente: el euro ha sido un enorme obstáculo para que estos países GIPSI puedan competir con los productos alemanes, pues no pueden devaluar su moneda para abaratar sus exportaciones y competir así con Alemania.
Y por si ello no fuera suficiente, la banca alemana, que controla el BCE, utiliza este banco (que como he señalado repetidamente, no es un banco central sino un lobby de la banca alemana) y chantajea a los estados GIPSI condicionando la compra de su deuda pública a que se hagan más competitivos bajando los salarios y reduciendo su Estado del Bienestar, conduciendo a estos países a marchas forzadas hacia la Gran Recesión, camino de la Gran Depresión. Y todo ello, en teoría, “para salvar el euro”, todo ello dicho y hecho con la gran complicidad de los mayores medios de información y persuasión, influenciados por (o endeudados con) el capital financiero.
Una última observación. Cuando digo Alemania me estoy refiriendo a la estructura de poder de aquel país, es decir, a los establishments financieros, empresariales del sector exportador, mediáticos y políticos del país. Este establishment es responsable, no sólo de la austeridad impuesta (con la complicidad de los mismos establishments de los países GIPSI) a las clases populares de los países periféricos, sino también a la clase trabajadora alemana, cuyo standard de vida, nivel y masa salarial y protección social ha ido descendiendo en los últimos años de gobiernos socialdemócratas-verdes y gobiernos cristianodemócratas-liberales. Fue Oskar Lafontaine, una de las mentes más lúcidas hoy en Europa, quien, siendo Ministro de Finanzas durante el gobierno del canciller Schröder, propuso aumentar los salarios y la protección social como medida de estimular la economía alemana y europea, lo cual no se hizo, escogiéndose, en su lugar, imponer las políticas de austeridad que han beneficiado al sector exportador y a la banca alemana. Si Oskar Lafontaine hubiera ganado aquel pulso, Alemania y Europa estarían hoy en otra situación.
El trabajador alemán tiene mucho en común con el trabajador griego, español, italiano, portugués e irlandés, aunque al establishment alemán le aterra la idea de que esta coincidencia de intereses se traduzca en un movimiento opositor a nivel europeo, trabajando cuarenta y ocho horas al día, a través de los medios, para evitar el desarrollo de esta concienciación de intereses colectivos, utilizando el nacionalismo (refiriéndose a Alemania como “victima”) y el racismo (refiriéndose a los trabajadores griegos como “vagos”) para evitar esta coalición de intereses. Así de claro.
Un acoso que termina
Asociación contra la corrupción
Hace varios años, el señor Carlos Ortega actuó, como miembro del Colegio de Arquitectos de Granada, en contra del arquitecto municipal de Almuñécar. Carlos Ortega era presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Arquitectos y no tuvo más remedio que hacer frente a una denuncia que llegó al Colegio acusando al arquitecto de Almuñecar de malas prácticas. Básicamente, favorecía desde su puesto de arquitecto municipal un despacho de arquitectos del que él era socio.
Todo el mundo sabía en Almuñécar que la mejor forma de tener problemas con tu licencia de obras era encargando el proyecto a otro arquitecto.
Como resultado de las investigaciones practicadas, el Colegio de Arquitectos acordó inhabilitar al señor Passolas. Y entonces, la familia del señor Carlos Ortega, empezó a tener problemas urbanísticos muy serios en un chalé de Almuñécar.
Durante varios años, la familia del señor Carlos Ortega ha visto como se le abrían expedientes urbanísticos infundados aún en contra de la opinión de otros técnicos municipales. Con la colaboración inestimable del señor Benavides, el arquitecto municipal ha utilizado todo su poder para machacar al señor Ortega.
Felizmente, este acoso parece haber terminado. El acta de la Junta de Gobierno del 26 de junio recoge el que podría ser el último episodio de este lamentable episodio de la historia de la corrupción en Almuñécar.
5.- Se da cuenta de informe del Jefe de la Sección Administrativa de Urbanismo de fecha 25 de junio de 2012, en relación con el Expte. de Disciplina Urbanística nº 33-X/2008 a D. Carlos Ortega Martínez, siguiente:
“PRIMERO.- Con fecha 15 de Marzo de 2.010 se presentó por el Sr. Ortega Martínez, escrito de alegaciones con relación al presente procedimiento. Se solicitaba en dicho escrito que se procediera al archivo del mismo sin que vuelva a ser incoado y ello con fundamento en los siguientes motivos de oposición al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de octubre de 2.009. Estos argumentos son:
a)El procedimiento es nulo, al haberse dirigido contra el Sr. Ortega Martínez que no es propietario de la finca denominada “HORIZONTES”. Esta finca se ha adjudicado en herencia a los hijos del Sr. Ortega Martínez: D. Carlos, Doña María, D. Miguel Angel y Doña Aurora Ortega de la Torre.
b)Que el vial que se supone ocupado por la pérgola no es un vial público, aunque se grafía como tal en el actual PGOU, lo que debe obedecer a un error. Aún grafiado en el actual PGOU no ha sido expropiado.
c)Que la pérgola se construyó hace unos 25 años y que habría quedado incorporada al patrimonio de sus propietarios por Aplicación de la Disp. Tr. Quinta del RDL 2/2008 de 20 de junio.
d)Que el presente procedimiento habría caducado.
Se propone por el Sr. Ortega la práctica de prueba sobre la antigüedad de la referida instalación de pérgola.
SEGUNDO.- Con fecha 11 de Mayo de 2.012, por este informante, tras el examen de las anteriores alegaciones, se concluye que el actual procedimiento es nulo, por haberse dirigido frente a quien no es propietario actual, dado que lo son D. Carlo, Doña María, D. Miguel Angel y Doña Aurora Ortega de la Torre. Es por este motivo que se reputa que el procedimiento debe dirigirse contra esas últimas personas. Dado que se formulan alegaciones sobre cuestiones de fondo, en concreto sobre la invasión por pérgola de un vial público, es esencial al objeto de determinar el mantenimiento de actuaciones disciplinarias que se esclarezca esa cuestión, por lo que en el mismo informe este Jefe de Sección solicita:
“Que por los Servicios Técnicos Municipales de Ingeniería y Arquitectura, se emite informe en el que a la vista de la documentación del expediente, y en particular de la planimetría acompañada, se especifique si la pérgola instalada estaba sobre el vial público antes y después de la aprobación del PGOU de 1987, y en su caso, si tales viales habían sido gestionados, de modo que se hubieran adquirido por el Municipio”.
TERCERO- Con fecha 8 de Junio de 2.012 se ha emitido informe por la Ingeniera Municipal, Dª Ana Belén López Gómez, que que concluye que:
“La pérgola se encontraba ejecutada antes de la aprobación del vigente PGOU-87 de Almuñécar, y además dada su ubicación ni estuvo ni ha estado jamás sobre el vial trazado por esta figura de planeamiento.
- No consta que el citado vial previsto en el vigente PGOU-87 de Almuñécar haya sido hasta la fecha obtenido por el Ayuntamiento de Almuñécar”.
Y añade:
“Por todo ello, conforme al criterio del técnico abajo firmante no existen actuaciones ni concurren circunstancias para, desde el punto de vista de la legalidad urbanística y de la incidencia sobre las previsiones del PGOU-87 de Almuñécar vigente, llevar a cabo apertura de procedimiento de disciplina urbanística en relación con las cuestiones que ocupan este informe técnico”.
Dado que la apreciación de la invasión o no de vial público por la citada pérgola, es una cuestión de hecho, y la misma ha quedado aclarada de manera previa a la reincoación de medidas disciplinarias, con arreglo al art. 36.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, suscribe este informante el criterio de que en tal caso no procede incoación de procedimiento disciplinario, dado que al no afectar a dominio público (vial de esa naturaleza) y ser dicha instalación de antigüedad superior a 4 años, e incluso de una antigüedad estimada superior a 25 años, no procede reiniciar el procedimiento, a la vista de lo dispuesto en el art. 185.1 de la LOUA.”
Visto el informe anteriormente transcrito y que sirve de motivación al presente acuerdo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:
No incoar procedimiento disciplinario, dado que al no afectar a dominio público (vial de esa naturaleza) y ser dicha instalación de antigüedad superior a 4 años, e incluso de una antigüedad estimada superior a 25 años, no procede reiniciar el procedimiento, a la vista de lo dispuesto en el art. 185.1 de la LOUA.
Para entender un poco sobre el Banco Central Europeo.
LECTURA DE CARACTER OBLIGATORIO (O dicho de otra manera: ¿Por qué somos gilipollas?)
¡Ah! ese ya no es mi problema… Yo sólo estoy explicando…
La Junta estudiará recurrir la inconstitucionalidad de la liberalización de horarios comerciales que plantea el Gobierno
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, avanzó hoy en Sevilla que su departamento estudiará la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley que está elaborando el Gobierno central sobre liberalización de horarios comerciales, en el caso de que "se materialice en los términos en los que está planteado en estos momentos", precisó.
En rueda de prensa, el consejero explicó que la norma redactada por el Ejecutivo nacional "invade competencias exclusivas" incluidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía en materia de regulación comercial y "pasa por alto" la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que, según recordó, ya ha dictado una sentencia en la que declara nulo un artículo de un Real Decreto-Ley del 2000 sobre horarios de apertura.
La propuesta del Ejecutivo central recoge un incremento del número de horas de apertura semanal en días laborables de 72 a 90 y de los domingos y festivos autorizados de ocho a 16, pudiendo reducirse la cifra hasta un mínimo de diez. Además, recoge nuevos requisitos para declarar Zonas de Gran Afluencia Turística a afectos de horarios, que en el caso andaluz afectarían a las ciudades de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.
El consejero recordó que la Ley de Comercio Interior de Andalucía vigente ya fija un régimen de libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia y los establecimientos de estaciones y aeropuertos. También dispensa de la restricción determinados periodos de las zonas declaradas de gran afluencia turística, una figura que está en vigor en 24 municipios andaluces.
"Ya existe libertad para que los pequeños comercios puedan abrir, otra cosa es que lo hagan o no por una cuestión de rentabilidad", puntualizó Rodríguez. Por ello, señaló que el Gobierno central "no está inventando nada nuevo" y aseguró que es "mentira" que "quieran beneficiar al turismo y al comercio", ya que la experiencia en los sitios en los que se ha implantado la liberalización total es que "no aumentan las ventas".
En este sentido, incidió en que el propio el Ejecutivo nacional "reconoce que estas medidas no incrementan el consumo" y denunció que lo que hace el Real Decreto-Ley "es meter la mano en la cartera de los pequeños comercios" para buscar "una redistribución de las rentas en favor de la multinacionales". Al mismo tiempo, lamentó que "no se apoye" a las pymes con iniciativas para "facilitar el crédito, la promoción y la comercialización".
Modelo de consenso
El consejero defendió el modelo comercial andaluz, en el que el 94% de los establecimientos son pymes, por su capacidad "para generar empleo estable y de calidad" y por su importancia en la configuración de la "trama urbana de las ciudades". Asimismo, agregó que en este sistema, basado en el "consenso" con los agentes socioeconómicos, conviven "en equilibrio todos los formatos, incluidas las grandes superficies", apuntó.
En este punto, reclamó la "máxima unidad institucional y social" para alcanzar una "posición consensuada" sobre las medidas que se van a poner en marcha "en contra" de las medidas del Gobierno central y para estudiar el recurso de inconstitucionalidad. Así, emplazó al sector a la reunión del Consejo Andaluz de Comercio que se celebrará el próximo viernes en Sevilla para "defender el modelo" presente en la comunidad.
Finalmente, la directora general de Comercio, Mª Carmen Cantero, criticó las formas "incorrectas" y "poco serias" con las que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, planteó el contenido del texto en la Conferencia Sectorial celebrada el 2 de julio en Madrid. Cantero denunció que este punto "no estaba" en el orden del día, lo que "dificultó que las comunidades autonómas pudieramos hacer propuestas", concluyó.
Los vecinos de Peligros paran el desahucio de una pareja y su hijo
Ana Hidalgo y Rubén Contreras viven en una casa de Peligros con su hijo de 13 años, una vivienda que pudieron comprar gracias a sus padres que ejercieron como avalistas. El matrimonio debía hacer frente a una hipoteca de 900 euros mensuales para saldar un deuda de 90.000 euros (con intereses asciende a 180.000). Sin embargo hace tres años Rubén se quedó sin trabajo y también Ana, en ese momento comenzó una batalla contra el Banco Santander que amenaza con quitarles su casa.
El 15 del pasado mes de enero les llegó la orden del juzgado de que debían dejar la casa antes del 6 de marzo. Antes la compleja situación el Ayuntamiento de Peligros y su alcalde, Roberto García (IU), también presente ayer a la espera de que se ejecutara el lanzamiento, puso a disposición de la familia un abogado que pudo retrasar el desalojo hasta el 3 julio, para que el hijo de la pareja pudiera terminar el año escolar.
Mientras tanto, los miembros del 15M han enviado un total de cuatro escritos para negociar con la entidad. En ellos se pedía que se redujera a 400 euros mensuales la hipoteca o que la pareja pudiera acojerse al Real Decreto Ley 6/2012, por el cual los deudores pueden solicitar una reducción del capital o la dación en pago y liberación de la deuda a los avalistas. Sin embargo el banco negó ambas peticiones por considerar la cantidad de 400 euros irrisoria ya que con el sueldo de Rubén, que consiguió trabajo hace tres meses y tiene una nómina de unos 1.000 euros, pueden hacerse cargo de la hipoteca, aunque ello les impida hacer frente a los demás gastos del hogar. Hasta hace poco la entidad bancaria se mostraba algo flexible ante la negociación, pero el martes de la pasada semana les comunicaron que solo negociarían cuando entregaran las llaves de la casa y que si no lo hacían no les quedaría otra opción que intervenir a los avalistas. " Si quieren quitarme la casa que lo hagan, pero que no dejen en la calle a mi madre y a mis suegros" aseguraba ayer Ana entre lágrimas.
Los miembros del 15M y componentes de la organización Stop Desahucios permanecieron en la puerta de la casa del matrimonio hasta que se confirmó que nadie iría a ejecutar el lanzamiento. "Los bancos no están cumpliendo el decreto de buenas prácticas del Real Decreto Ley, muy poca gente puede acogerse a él, los requisitos son muy difíciles de cumplir y contradictorios entre sí", afirmó ayer Gabriel, portavoz de la organización contra los desahucios.
También mostró su apoyo a la familia Roberto García, alcalde del municipio, que aseguró el apoyo del Ayuntamiento a la familias que se encuentran en una situación económica complicada, tal como refleja el cartel de bienvenida en la entrada del pueblo con el lema Peligros contra los desahucios. Finalmente nadie se presentó a ejecutar el desalojo y Rubén y Ana han podido respirar tranquilos por el momento y agradecer a todos los presentes el apoyo recibido.
Las SICAV: Lo llaman evasión pero podríamos llamarlo saqueo
SICAV, PARAÍSO FISCAL
de Derecho y Economía en la Universidad Autónoma y Carlos III, Guillermo Rocafort.
PROGRESISTAS QUE NO PAGAN COMO LOS DEMÁS
que esta nueva aristocracia del dinero que puede acceder a estos paraísos fiscales encubiertos.
· José Antonio Castro de Sousa, presidente de NH Hoteles.
· El arquitecto Ricardo Bofill.
· La familia Lladró.
En 2004, Hacienda comenzó un plan de inspección de las SICAV y, aunque el
anteriores que puedan estar siendo objeto de actuaciones de comprobación o investigación o que lo puedan ser en el futuro». En otras palabras: CiU quería que los inspectores de Hacienda se estuvieran quietecitos. Y contaban con el apoyo de la mayoría de la Cámara.
Desde entonces, los inspectores de Hacienda han denunciado públicamente
Comunicado de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción
La salida neoliberal a la crisis financiera y del euro solo busca salvar a los bancos, pero no restaurar los derechos sociales y laborales arrancados a las clases populares.
Cuando en febrero de 2011 surgieron las Mesas de Convergencia, con un llamamiento antineoliberal a la unidad de acción y la conjunción ciudadana frente a la crisis sistémica que dejaba abandonadas a su suerte a las personas, fuimos un grito que retumbó en un auditorio Marcelino Camacho lleno a rebosar. Desde su tribuna, hombres y mujeres de todo el estado español, de todas las sensibilidades, movimientos, partidos de todo el espectro progresista y sindicatos, a título individual, denunciamos lo que ocurriría si no uníamos nuestras voces y nuestra acción frente a las propuestas neoliberales.
A pesar de dos huelgas generales y el surgimiento de ese gran movimiento de regeneración democrática que es el 15M, a pesar de que la ciudadanía ha llenado las calles en numerosas ocasiones, los recortes -agudizados desde la llegada del PP, de la DERECHA, al poder- continúan. La salud y la educación son la última ofensiva del capital, de los mercados, del gobierno. Pero no serán los últimos. Pronto las prestaciones por desempleo y las pensiones pueden sufrir nuevos embates.
Estos días, en la reciente cumbre de la Unión Europea, se ha transmitido la sensación de que el Reino de España había salido fortalecido por las políticas a implementar en los rescates bancarios directos, así como por la posibilidad de los estados de pedir financiación directa al Banco Central Europeo. Pero desde las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción se denuncia que todas estas medidas favorecen única y exclusivamente a los bancos, al sistema financiero y no a las personas y sus derechos. Las autoridades de la Unión, todas ellas, han ido a salvar la moneda y la banca. En esta cumbre no se ha hablado de restituir derechos sociales, de mejorar el estado del bienestar, no. La propia Angela Merkel ha advertido de que todo acuerdo y/o compromiso tiene su letra pequeña. ¿Cuál es la letra pequeña de este rescate puramente bancario?
Rajoy sigue hablando de “reformas”. Mucho nos tememos que el verano será utilizado para profundizar en los recortes. Por tanto, tampoco entendemos la alegría del partido socio-liberal PSOE, ni mucho menos la afirmación de un cambio de tendencia en Europa.
Nos preocupa, y mucho, el llamado Pacto de Estabilidad, que, aprobado por todo el arco parlamentario excepto La Izquierda Plural, consagra la tiranía alemana y del Banco Central Europeo para imponer todavía más políticas de “austeridad” y cargar sobre la ciudadanía la factura de la crisis y la deuda privadas, facultando además a la UE a intervenir y fiscalizar a un estado en teoría independiente.
Exigimos la denuncia por parte del Estado Español del Pacto de Estabilidad y Gobernanza Europea. Es indigno y acaba con nuestra soberanía.
Insistimos, la convergencia en las luchas y movilizaciones es el único camino. Saludamos los intentos de buscar esta convergencia por parte de personas e iniciativas diversas, que plantean ahora pasos y referentes hacia ella, de la misma forma que nosotros lo hicimos hace más de un año ya, en el que no hemos dejado de trabajar, conectando con el 15M y con los sindicatos. Es, pues, necesario seguir confluyendo.
En estos momentos tan graves que estamos viviendo, las Mesas reflexionamos y proponemos a la sociedad:
1. Nacionalización de la banca. Los bancos rescatados ya con más de dos billones de euros de fondos públicos europeos y en particular los bancos españoles rescatados, son nuestros. El dinero de los rescates es público. Luego exigimos ya la nacionalización de la banca, pues su capital es nuestro. Nacionalizaciones, no como la de Bankia, sino reales y con control cívico, y actuaciones financieras éticas. Que el crédito vuelva a fluir a pymes y familias.
2. Prohibición de los desahucios a familias en paro o bien en riesgo de exclusión. Constitución de un Parque de vivienda pública de alquiler social, con las viviendas apalancadas por la banca.
3. Derogación de las contra-reformas laboral y financiera. Derogación de los autoritarios decretos-leyes que cercenan la salud, la educación y los copagos injustos y criminales.
4. No a las subidas del IVA, máxime sobre productos básicos y de primera necesidad. Reforma fiscal progresiva y justa, con la eliminación de las SICAV y la prohibición de operar en Paraísos Fiscales. Persecución del fraude fiscal de grandes empresas y bancos.
5. Recuperación de la soberanía popular y de la soberanía estatal. Proceso constituyente, pues la Constitución del 78 ha quedado fuera de lugar, tras la modificación exprés que consagra el déficit por encima de las personas y tras la vulneración de los derechos sanitarios, educativos, laborales, libertad sindical y de vivienda.
6. Derecho al trabajo. Hay que combatir el desempleo con medidas tales como la reducción de la jornada de trabajo, y, en última instancia, garantizar una renta a las y los parados, que les libre de la exclusión social y les permita afrontar la vida con dignidad.
Ante esta situación, solo las movilizaciones convergentes entre movimientos cívicos y sociales, los sindicatos y las asambleas populares y de barrio, podrán torcer este rumbo. Las marchas y la huelga minera del carbón señalan el camino. Por eso, todo el que pueda el día 11 de Julio debe estar en Madrid, con los mineros. Ese es el camino, junto a una amplia convergencia política y político-social de toda la ciudadanía que se opone al neoliberalismo.