Fernando Alcalde
En estos últimos diez años ha tenido lugar en la costa de Granada un proceso de transformación y crecimiento de la derecha económica que ha superado su espacio tradicional, constituido por los terratenientes y una reducida muestra de profesionales libres de rancio abolengo, nutriéndose de nuevos elementos procedentes esencialmente del sector de la construcción (promotores, constructores, arquitectos), determinados a controlar la economía comarcal en su provecho.
Esta derecha económica inició un proceso perfectamente diseñado de alianzas con el objetivo de alcanzar el control de las instituciones públicas mediante la articulación de tres arietes de intervención: el económico, el político y el empresarial.
En el primero, núcleo motor del proceso, se han agrupado personas procedentes de diferente filiación cuyo nexo de unión es el deseo de seguir amasando fortunas de la forma más fácil posible.
El segundo se estructura en torno a los partidos clásicos de la derecha, a los que se han ido sumando otras organizaciones satélites, casi unipersonales, construidas alrededor de desmesuradas ambiciones particulares que ya no tenían cabida en los partidos (PSOE, PA) que los habían amparado durante décadas.
El tercero es identificable en forma de diversas asociaciones empresariales, de continuada perseverancia en opinar públicamente y más allá de su objeto, sobre los modelos económicos de desarrollo más adecuados para nuestra/su comarca, otorgándose la representación del conjunto de la ciudadanía, impulsados desde un gran número de medios de comunicación a golpe de chequera.
Las funciones que tienen asignados estos grupos son claras: el primero proveer los recursos necesarios para sostener estas estructuras y definir cuales son las decisiones que deben adoptarse en el terreno político; el segundo tiene como objeto desprestigiar la vida política y promover el distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones, tomar estas últimas y utilizar su poder en beneficio de los primeros; y finalmente los terceros cuya misión es la de promover en la sociedad debates trucados en su propio interés, lanzando propuestas que, bajo el paraguas del progreso, no buscan mas que el enriquecimiento especulativo de unos pocos.
No es así casual que desde estos ámbitos se alerte continuadamente de la necesidad de infraestructuras, de proyectos inmobiliarios, de grandes centros comerciales, de campos de golf, de teleféricos, de puertos deportivos, de rebaja de impuestos, de lo mal que funcionan los servicios públicos.
Y callan sobre la nula inversión empresarial en investigación y desarrollo, de la precariedad laboral, de los sueldos de miseria de los trabajadores de alhóndigas y corridas, y sobre todo, su nula propuesta de actividades empresariales que vayan más allá de la especulación.
Nada que ver con las demandas surgidas desde el capitalismo desarrollado del siglo XXI, que cifra la dimensión post-industrial de la competitividad en la construcción de territorios articulados, dotados de infraestructuras y servicios capaces de responder de forma ágil y rápida a las demandas fluctuantes de los mercados y capaces de atraer talentos, en la premisa de que la economía del mundo rico en este nuevo siglo se basa en los intangibles, en la creatividad, en la construcción de espacios densos en conocimiento. Es la apuesta por la sociedad del conocimiento, la biotecnología, las segundas y terceras modernizaciones, los barrios y más cosas.
En este ámbito hay que enmarcar la ofensiva mediática, empresarial y política en la demanda de más campos de golf y puertos deportivos en nuestra comarca.
Como a continuación se describe, estas actividades representan el paradigma de la especulación, pues se trata de actividades de escasa demanda de empleo, siempre precario y poco cualificado, grandes consumidores de recursos naturales públicos (agua, suelo, costa, paisaje) y financieros (infraestructuras) y de gran impacto sobre el medio natural y las poblaciones locales.
Estas propuestas encuentran, sin embargo, un gran eco mediático y social debido al uso de estos tres grandes arietes que, no solo no es contrarrestado desde los poderes públicos, sino que, incluso, encuentra la connivencia de quienes deberían ser sus principales opositores políticos.
La verdadera dimensión económica del Golf.
EL Golf mueve en España del orden de 2.700 millones de euros al año con un crecimiento del 10% anual; actualmente existen 304 campos en los que juegan casi 300.000 personas, el 0,68% de la población.
De esta cifra de negocio, casi 1000 millones (el 37%) procede de la revalorización del precio de las viviendas adosadas, mientras que otro tanto corresponde a ingresos ligados al sector turístico, quedando el 26% restante para los ingresos procedentes directamente de la práctica deportiva (explotación del campo, nuevos proyectos, venta de materiales e imagen).
En el periodo 1996/2003 los ingresos por este último aspecto se incrementaron en un 57%, mientras que el apartado turístico lo hizo en un 250% y el inmobiliario en el 458%. Hace dos años, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) tenía constancia de 150 proyectos de campos de golf, con una media de unas 600 viviendas por cada uno de estos proyectos, con lo que cabe hablar de una horquilla de entre 30.000 y 40.000 viviendas.
De 150 campos examinados por Aymerich Golf Management en 2006, 94 estaban ligados a desarrollos urbanísticos, se habían vendido 10.810 viviendas a un precio medio de 443,685 € con revalorizaciones anuales comprendidas entre el 20 y el 50%.Como se observa, en el golf todo es negocio, menos el deporte, y es esencialmente un negocio especulativo con un bajo impacto económico sobre la población local y con una escasa demanda de mano de obra, en cualquier caso poco cualificada.
Así, los datos del sector muestran que un campo medio demanda 36 trabajadores (mayoritariamente jardineros y cuidadores) cuyos sueldos (incluidos la dirección y los monitores) no alcanza los 330.000 euros anuales por campo, de los aproximadamente 9 millones de euros de negocio que, prorrateadamente, genera cada uno de ellos; es decir, apenas el 4%.
El apartado turístico necesita, además, de un comentario al margen. Se nos indica que un turista de golf gasta bastante más que un turista convencional (del orden de 170 € por día).
Su desglose sin embargo no es tan interesante. Así, el 25% del gasto corresponde al viaje, el 30% a gastos ligados al golf (ya computados en el apartado anterior), el 20% a gastos propiamente turísticos y el 25% a alojamiento, pero, cosa curiosa, sólo el 21% de los golfistas pernoctan en hoteles, por lo que el impacto económico de este apartado, que es uno de sus principales beneficios sobre el territorio, se reduce sustancialmente, en concreto, al 4% del total del gasto.
Su relación con el entorno económico tan poco es tan boyante ya que por término medio, ocupan las instalaciones en un 25% de su capacidad. Es decir, el 75% del tiempo disponible permanecen inactivos (Datos de la Cámara de Comercio de Almería). Pero si esto fuera poco, resulta que los paquetes turísticos que venden golf se hacen a través de touroperadores especializados, y de todo el gasto que efectúan los turistas sólo el 47% queda en España. (Escorza, 2001).
De este modo, en la Costa del Sol, que concentra el 31% de los ingresos totales del golf en España, esta actividad tan solo es responsable del 6,33% de las pernoctaciones y su impacto económico es del 10,3% del total de los ingresos turísticos.
Queda claro, por tanto, que el negocio del golf es un negocio esencialmente especulativo, de bajo impacto económico sobre las rentas de los territorios, de baja cualificación en el empleo y de nula innovación, y gran predador de recursos escasos (agua y suelo).
El impacto ambiental y social
Desde la parcela ambiental, los impactos del golf son conocidos. Un campo de golf de 18 hoyos y unos 500.000 m2 consume al día un volumen equivalente de agua a una población de 7.000 personas, a los que hay que sumar las viviendas adosadas.
Utilizan grandes cantidades de agentes químicos para mantener el césped, que con el tiempo se filtran en el subsuelo y llega a contaminar acuíferos, ríos y pozos.
Además, privatizan vías pecuarias y caminos rurales; ocupan y alteran paisajes y parajes de alto valor ecológico y paisajístico, privatizan y segregan el territorio en función de las rentas, promueven un concepto antisocial y descohesionado de las poblaciones locales.
En el caso de los puertos deportivos, el elitismo lleva incluso a la privatización de los espacios públicos costeros para el disfrute de un sector insignificante numéricamente de la población.
Todo esto ocurre en un territorio semiárido, con poblaciones que sufren periódicamente restricciones de agua potable, donde los paisajes culturales se encuentran en retroceso. Y se proponen con medidas correctoras que nunca llegan o que se manifiestan insuficientes, como la siempre propuesta y nunca implementada reutilización de aguas residuales para riego.
Las Alternativas
Frente a esto existe otro modelo de base social y de responsabilidad con el territorio. Se trata de un modelo que piense en el empleo y la predistribución de rentas, en el desarrollo frente al crecimiento.
En la Costa de Granada, ese modelo pasa por la implantación de actividades ligadas al uso de los recursos naturales: paisaje, agua, clima y comunicaciones en sus vertientes agronómica, turística, de servicios e innovación.
La puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico; el crecimiento ordenado de las poblaciones, la dotación de servicios públicos a la población, la atracción de actividades económicas de base social frente a las especulativas y la definición de suelos para la actividad empresarial de acuerdo a las condiciones ambientales e infraestructurales.
En suma, existe un modelo alternativo al que pretende llevar a efecto la derecha económica y social. Es el modelo de los pueblos, de la gente; es el modelo del empleo y la renta distribuida, de la democracia y la cohesión social; es el modelo de la izquierda anticapitalista.
