2009: Así estaba el camino que hay entre Aquatropic y el mar

La banca es más lista que la democracia

Antonio Avendaño. Andaluces.es

El efecto más sobrecogedor de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley andaluza de vivienda promovida por la consejera de Izquierda Unida Elena Cortés es la sensación de que todos los caminos para contrarrestar el ventajismo de la banca están cegados. El auto del TC deja la extraña sensación de ser derrotados sin haber tomado siquiera parte en la batalla. Suspender una ley no es anularla, es algo peor: es dejarla en el aire, ni viva ni muerta, en coma, sin otorgarle siquiera esa honor postrero que es la derrota.

El auto del Constitucional deja la sensación de que estos tipos de la banca siempre ganan: ganan incluso cuando pierden. O aún peor: puede que cuando más ganen sea precisamente cuando más parecen haber perdido. Ellos son los verdaderos amos del universo: los gobernantes que elegimos no son capaces de torcerles el pulso, y no porque algunos de ellos, como la propia Cortés, no lo intenten, sino porque el poder del dinero está muchísimo mejor organizado y es muchísimo más eficiente que el poder de los ciudadanos. Del mismo modo que los ricos siempre son más listos que Hacienda, la banca siempre es más lista que la democracia. El suyo es, además, un poder más blindado, más fiable, más seguro y concluyente que el poder democrático. El sistema financiero es lo más parecido a Dios que hemos inventado los hombres.

El auto del Tribunal Constitucional ha quedado siete a cinco, y eso que oyendo las proclamas de la derecha contra la ley andaluza se hubiera dicho que el partido contra Andalucía iba a quedar doce a cero. Siete magistrados comparten las tesis del Gobierno, fundamentalmente la de que la ley andaluza puede poner en riesgo la estabilidad financiera, mientras que cinco de ellos comparten las tesis de la Junta de Andalucía. Siete a cinco también es una derrota, pero su significado político es radicalmente distinto al de doce a cero que auguraban los listos. Siete a cinco significa que la ley impulsada por la consejería roja de Fomento y Vivienda iba bastante bien orientada, tanto como para que cinco prudentes magistrados así lo consideraran en su voto particular.

O sea, que sí, que vale, que los rojos están locos y son unos antisistema, pero igual resulta que no están tan locos ni son tan antisistema. Igual los antisistema son los tipos estos del dinero que siempre ganan. La banca viene a ser al sistema lo que el Madrid y el Barça a la Liga de Fútbol: los que siempre ganan. Por eso hay tanta gente que dice que como esto siga así acabarán cargándose la Liga. Es verdad que de vez en cuando aparece un Atlético de Madrid y les da un disgustillo, pero es la excepción. Elena Cortés ha querido ser el Atlético en la liga de la Sareb y, cuando ya enfilaba la meta contraria, el septeto arbitral del TC le ha pitado fuera de juego.

Ciertamente, lo más bolchevique que hacía la ley ahora bloqueada era expropiar durante tres años al banco el uso de la vivienda cuya hipoteca no puede pagar la familia que la ocupa. Si en vez de siete a cinco el partido hubiera quedado cinco a siete, eso significaría que la Política le había ganado una crucial batalla al Dinero, significaría que alguien por fin había logrado abrir una brecha en la muralla, de forma que los señores de la ciudadela empezarían por una vez a inquietarse. No ha sido así. Esta vez tampoco ha sido así.

IU organiza un acto público en el que contará con el poeta y Catedrático, Luis García Montero

El 22 de abril a las 19:30 en el Salón de Plenos de la Casa de la Cultura se celebrará un acto público, organizado por IU Almuñécar-La Herradura. En el acto intervendrá el poeta y Catedrático de Literatura española en la Universidad de Granada, Luis García Montero. Igualmente, hablará el que fue candidato de IU por la provincia de Granada al Congreso, y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Raúl García.

El acto está enmarcado en la conmemoración de la II República, recordatorio que la organización de izquierdas comenzó el pasado 13 de abril con una jornada de convivencia en el Parque del Mediterráneo a la que asistieron más de 100 personas, que reivindicaron un reconocimiento a la memoria democrática de este país y reclamaron un futuro nuevo, con la economía subordinada al interés general; peticiones todas ellas englobadas en el ideal republicano de justicia e igualdad.

“Tenemos la suerte de poder contar con Luis, una persona no sólo comprometida con el mundo de la cultura y el mundo académico, sino con la justicia social, una persona que, además, forma parte de Izquierda Unida” comenta Luci Martín.

La coordinadora local de IU asegura que “será un acto en el que se hablará de pasado, presente y futuro, en un ambiente distendido, en el que trataremos de esperanzar a la gente, porque otro país es posible, pero sabiendo que es necesario luchar contra las acciones injustas que una y otra vez toma el gobierno al dictado de la Troika”

Luci Martín invita a cualquier persona que lo desee a asistir al acto.

Así se gestiona la Formación. Busquen el fraude donde está la mayor parte de la pasta, empresarios sin escrúpulos, y en la inoperancia de la Administración

Los empresarios piden que no se abran nuevos hoteles para paliar la sobreoferta

Granada Hoy

La Federación de Hostelería pide una moratoria para la construcción de nuevos establecimientos que adapte la planta a la oferta real y permita a las empresas recuperar parte de la rentabilidad perdida en los últimos años

Que en Granada la industria turística sea la única que tira del carro no significa, ni mucho menos, que no afronte serios problemas que amenazan la supervivencia de las empresas y los empleos del sector. Puede que la crisis turística ya no afecte a la llegada de viajeros y a las pernoctaciones, que en 2013 se recuperaron registrando incluso cifras récord, pero la rentabilidad sigue siendo prácticamente inexistente. Y, al fin y al cabo, las empresas cuadran sus cuentas en función de la facturación. "Nuestro problema fundamental es la rentabilidad. Estamos pasando unos años muy duros y muy serios, en los que los empresarios están poniendo su liquidez para sostener la empresa y mantener los puestos de trabajo".

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret, hizo balance de la situación del sector y las líneas de trabajo que se ha impuesto la organización patronal para los próximos años. Acompañado por el presidente de la Asociación de Hospedaje, Gerardo Castilla, y el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes, Juan Luis Álvarez, Betoret desgranó los graves problemas que lastran la recuperación y el desarrollo del sector turístico.

El presidente de la Asociación de Hospedaje puso sobre la mesa una de las propuestas estrella de la Federación: la petición de una moratoria en la construcción de nuevas plazas hoteleras. Es decir, la paralización de la apertura de nuevos hoteles y alojamientos mientras la llegada de viajeros no justifique la necesidad de nuevas plazas. "En Granada no cabe ni un hotel más", indicó Gerardo Castilla, que aseguró que atendiendo al grado medio de ocupación, que en 2013 no superó el 46%, se confirma "que sobran la mitad de los hoteles".

Con 34.000 plazas en toda la provincia y alrededor de 17.000 en la capital, los hoteleros aseguran que si las administraciones no toman cartas en el asunto y habilitan medidas para "adecuar la oferta a la demanda, la ciudad va a tener un serio problema hotelero". Por el momentos, según los datos de los que dispone la Federación, hay cinco proyectos hoteleros en ciernes que sumarán nuevas plazas a una oferta que consideran saturada.

La moratoria debería aplicarse, a juicio de los empresarios, tanto a la construcción de nuevos establecimientos como a la reconversión de edificios de uso residencial a uso hotelero, una práctica común debido a la grave crisis inmobiliaria que ha dejado colgadas muchas promociones de viviendas.

Lo que ha ocurrido en Ucrania es un golpe de estado apoyado por la Unión Europea y los Estados Unidos. Contra ese golpe se está rebelando ahora buena parte de la ciudadanía ucraniana

Querella contra el saqueo

Hugo M. Abarca

Yo no tengo ningún miedo y de la dirección general y de mi no pueden sacar ningún trapo sucio porque no existen los trapos sucios. El que tenga trapos sucios que se siente y que se aguante. Si estás en política no puedes tener trapos sucios. Lo mejor es que si este señor tuviera algo que sacar, que lo saque y así de camino limpiamos la porquería de casa, si es que la tenemos. Enrique Santiago, abogado. Entrevista en CuartoPoder

Hace poco más de un año Izquierda Unida (junto con otras organizaciones y con apoyo activo de miles de ciudadanos y otros querellantes) ponía una querella contra los constructores y empresarios que aparecían financiando al PP (y a sus dirigentes, vía sobres) a cambio de concesiones públicas así como contra varios de los dirigentes del PP que aparecían sobornados en los apuntes de la contabilidad B del PP. Ya entonces el pesebre político y mediático llamó a IU oportunista: la querella era una cosa política sin relevancia jurídica, sólo buscaba la foto, como los agentes de movilidad de Esperanza Aguirre. Pero tan bien sabían que eso eran palabras huecas que alteraron todo lo alterable para que no cayera la querella donde tocaba (en el juzgado de Bermúdez: tomaban a Ruz por un juez dócil e inofensivo) y aún así cada semana el proceso abierto nos da una alegría.

En aquel entonces muchos nos sentíamos muy orgullosos por el paso dado por IU porque estábamos hablando de una Querella contra el Poder (económico y político) y éste nunca es inofensivo: buscaría la forma de acabar con IU, debajo de cuantas alfombras hiciera falta, encontrando o inventando mierda. Era una demostración de valentía y dignidad de IU, pero también de decencia. Una organización como IU no debe tener miedo a que señale nadie a sus corruptos, que por supuesto tiene que tener: es imposible que en una organización tan grande no haya quien la aproveche para participar del saqueo cotidiano. Pero a diferencia de otras organizaciones en IU debemos agradecer a quien señale la mierda (no a quien diga “alguien tiene mierda”: eso no sirve de nada para limpiar, sólo para enmerdar a discreción) porque a diferencia, por ejemplo, del PP la ponzoña en IU es parasitaria, no estructural: el PP hizo política engrasado por el saqueo, quien haya aprovechado a IU para participar del saqueo es un brutal lastre para IU.

Esa es una de las principales razones por las que me sentí muy orgulloso al ver la relación de querellados por IU en la querella que hace meses se anunció y que este 14 de abril se presentó contra los miembros de los consejos de administración de Bankia y BFA. Si no me equivoco es la primera vez que una fuerza política se querella contra alguien que ocupó cargos en ella y que participó del saqueo (me refiero a querellarse de verdad, no a las pantomimas que hacía el PP para defender a Bárcenas). Ello es para mí el principal valor de la querella: que evidencia que IU lejos de arropar a quienes participaran en su nombre del botín los señala como enemigos propios. Y de nuevo lo que a otros les resultaría aterrador aquí se entiende como otra ventaja: si hay alguna manta de la que tirar, que se tire, que descubrir lo que haya debajo y limpiar sólo nos hará más fuertes.

Otra ventaja de esta querella (y que es una de las diferencias , crucial, con las otras presentadas) es la respuesta al rescate bancario que pagamos todos. Una de las solicitudes que se hace es que se preparen embargos a los directivos, que devuelvan las indemnizaciones, etc… pero también que se tomen medidas para la devolución del dinero que pusimos entre todos, que se presentó como un préstamo (¿os acordáis cómo nos machacaban con que no era un rescate sino una línea de crédito?). En los últimos meses y por la puerta de atrás se ha empezado la privatización de Bankia, de ese banco que hoy es de todos, el que nacionalizó el gobierno liberal para sacarlo de la ruina. Pues bien, ante la amenaza de que un juzgado puede decretar que no dependa de la (falta de) voluntad política que se provisionen 26.000 millones de euros para devolver lo que era una línea de crédito, ¿algún comprador va a atreverse a participar de la privatización? Esto es, esta querella puede ser un importante palo en la rueda de la privatización de Bankia (una vez saneada con dinero de todos) y por tanto forzar a que en algún momento empiece a funcionar como la banca pública que de iure es (para lo cual hará falta, sin duda, que los frentes político y social empujen con el judicial).

No hace falta explicar lo que representó el saqueo y la ruina de Cajamadrid/Bankia en el conjunto del país. Como tampoco hace falta señalar el daño que supuso para IU que en su nombre hubiera quien participara del saqueo. Con la firmeza de esta querella IU cierra aquella puerta, lejana pero ruidosa, y abre otras puertas que pueden ser muy útiles a nuestro pueblo, que es para lo que sirve una fuerza como IU. Si alguien se quiere vengar del portazo abriendo ventanas, bienvenido sea: que corra el aire.

Encuesta de abril: IU duplica sus resultados

Antonio Maíllo en la SER

Más fotos de la Fiesta Republicana

Luis García Montero en Almuñécar

La adjudicación de vivienda protegida en Andalucía

NAHUM ÁLVAREZ BORJA

JEFE DE SERVICIO DE VIVIENDA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, COMERCIO Y TURISMO DE GRANADA

Algo que resulta difícil de explicar es cómo se practican a diario más de doscientos desahucios, teniendo España cerca de tres millones y medio de viviendas vacías, Andalucía 637.000 y Granada 93.000

A pesar de que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (articulo 25) como en la propia Constitución (art. 47) el derecho de acceso a la vivienda se consagra como un derecho fundamental, la vivienda en nuestro país se ha venido considerando como un producto más del mercado. Miles de familias con la pérdida del empleo se han visto abocadas a perder su vivienda, en la que habían invertido los ahorros de toda una vida, al no poder pagar las hipotecas que pesaban sobre ellas. Tímidamente, y en gran medida debido a la presión popular, el Gobierno de España elaboró unas normas protectoras para las familias más vulnerables, aunque no ha conseguido erradicar el drama de los desahucios.

La Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía establece el derecho a la vivienda no meramente como un derecho declarativo. Esta Ley no solo establece unas obligaciones a las administraciones sino que las personas en situación de riesgo «podrán exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a una vivienda digna y adecuada, en los términos establecidos en la presente Ley, mediante el ejercicio de las acciones que procedan de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado». (Art.22).

Tenemos en Andalucía la norma protectora del derecho a la vivienda más avanzada del país, que se ha visto reforzada con la recientemente aprobada Ley (primero Decreto-Ley) de la función social de la vivienda en octubre del 2013. Aunque hay una parte del articulado de dicha norma (la expropiación temporal de uso y la definición de vivienda vacía) que ha sido recurrida por el Gobierno de España al Tribunal Constitucional, el resto del texto está vigente.

Algo que resulta difícil de explicar es cómo se practican a diario más de doscientos desahucios, teniendo España cerca de tres millones y medio de viviendas vacías, Andalucía 637.000 y Granada 93.000.

No existe en España un parque de viviendas sociales, es decir, viviendas a las que puedan tener acceso las familias en función de los ingresos familiares. Los precios de las viviendas protegidas hoy en día están por encima de los precios de mercado. Existen cientos de viviendas protegidas vacías, no solo de promotores privados, sino también públicos y no se ponen a disposición de las personas demandantes de viviendas a unos precios más asequibles. No hay ninguna norma que les obligue a ello (la norma penalizadora aprobada por el Parlamento Andaluz está recurrida). La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (antigua EPSA) ha reconvertido las viviendas que tenia en venta en alquiler y ha establecido unos pre-

cios de renta en función de los ingresos familiares, no superando el 25% de estos, incluso ha instaurado un sistema de compensar la renta con trabajos de rehabilitación en el propio edificio. Estas medidas facilitan que la familia no pierda su techo. Sin embargo, nos encontramos con otros promotores públicos (algunos Ayuntamientos y Diputaciones) que siguen manteniendo sus precios de venta o alquiler, no reconvierten las viviendas en venta en alquiler y prefieren mantenerlas vacías a alquilarlas a unos precios asequibles.

Con este panorama, son miles las familias andaluzas que se encuentran en los registros municipales de demandantes de viviendas protegidas en espera de una vivienda adecuada a sus necesidades. Cientos de ellas en situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social con el temor de estar al día siguiente en la calle. Las viviendas protegidas se adjudican a través de estos registros, siendo los ayuntamientos los que establecen el sistema de adjudicación. El Reglamento establece entre otros supuesto una excepcionalidad para las personas en riesgo de exclusión social a la hora de la adjudicación de viviendas. Así mismo, se establece en la Ley del Derecho a la Vivienda que «las Administraciones Públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas físicas con riesgo o en situación de exclusión social… que no puedan acceder a una vivienda protegida y respecto de las cuales quede acreditada su necesidad habitacional a través de los correspondientes servicios sociales de los ayuntamientos de los municipios en los que residan» (Art.20).

Ante situaciones de desahucios donde las familias, alguna de ellas con niños menores, se ven literalmente en la calle, todas las administraciones y recalco lo de todas, deben poner los medios disponibles (en este caso viviendas vacías de su titularidad) para cumplir con el mandato legal y constitucional y el derecho humano a una vivienda.

¿No se les facilita un alojamiento provisional cuando una familia pierde su vivienda debido a un infortunio (incendio, catástrofe) y nadie cuestiona la acción de la administración? Pregunto: ¿Por qué algunos o algunas cuestionan este hecho cuando se trata de dar cobijo a una familia con hijos que es desahuciada por la acción de la justicia y esa misma justicia exhorta para proveer lo necesario para dar un techo a los menores y a las personas en riesgo de exclusión?

Que nadie ponga en tela de juicio la actuación de los servicios de vivienda, cuya actuación está amparada en informes sociales. No ha habido irregularidad alguna ni nadie se ha saltado norma alguna, al menos desde que el actual Gobierno ha asumido la responsabilidad.

Obispones

David Torres

Sin pretender ofender a nadie, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, comparó el matrimonio homosexual con la unión entre un hombre y un perro, o el ayuntamiento carnal entre un niño y un anciano. De otra cosa no, pero de uniones contra natura, los obispos católicos saben lo que no está escrito. La zoofilia, la gerontofilia y la pedofilia son algunas de sus especialidades. Aunque la mayoría respete el voto de castidad y otros incluso el código civil, conviene no menospreciar la cultura sexual de un colectivo que va por ahí combinando sotanas con calzoncillos de cuello alto. Por lo menos, el padre Mundina tenía el buen gusto de limitarse a los geranios.

A lo mejor mis palabras suenan ofensivas para gran parte de los católicos, pero a mí los jerarcas católicos me ofenden cada vez que abren la boca y no soy yo el que inventó lo de poner la otra mejilla. Además, no tengo yo la culpa de que les guste vestirse como friquis descartados de Star Wars en una fiesta de fin de curso. Para pedir respeto primero hay que practicarlo y esta gente lleva veinte siglos de quemar herejes, desmembrar brujas, prohibir libros, cagarse en la medicina e impedir estudios científicos. Podemos darnos con un canto en los dientes si últimamente sólo se dedican a tocar las narices y a no pagar impuestos.

Ahora nos toca aguantar toda la barbarie de la Semana Santa, la abominable creencia de que un pobre hombre fue torturado y sacrificado como un cordero pascual sólo por nuestra culpa y para salvarnos de nuestros pecados. La geografía española va a poblarse de snuf movies retrógradas, de caperuzas del Ku Klux Klan, de enseñas antisemitas y de viejos ritos caníbales mientras la iglesia sigue sirviendo a los ricos y los ricos desollando a los pobres en una formidable exaltación de hipocresía. Dostoievsky escribió que si Jesucristo cometiera la locura de regresar y predicar el Evangelio en Sevilla, acabaría visitando las cárceles del Santo Oficio y llevándose dos hostias por parte de un inquisidor. Hoy, además, le obligarían a sacarse el carné del Betis.

Resulta curioso este infatigable afán por la reproducción genital de unos homínidos que han decidido ellos mismos no reproducirse. Algo que, por otra parte, la sociedad nunca les agradecerá bastante. El modelo de familia que proclaman es el de padre, madre e hijo, aunque el que predican ellos en sus libros sagrados está compuesto por una muchacha virgen, un marido cornudo, un ángel correveidile y un inseminador celestial trabajando fuera de plano. A lo mejor el obispo de Málaga, al opinar que la boda de dos homosexuales era como la unión de un hombre y un perro, no estaba haciendo otra cosa más que ampliar la curiosa doctrina de follar con palomas. Los niños y jóvenes malagueños que acudieron a la lección magistral de sexualidad familiar de Jesús Catalá salieron del acto entre perplejos y asqueados, aunque al menos no les mandó deberes ni tuvieron que asistir a demostraciones prácticas. Deo gratias.

10 claves del conflicto de La Utopía

Reyes Rincón. El País

El conflicto abierto por el realojo de las familias de La Utopía se ha enturbiado por medias verdades, datos imprecisos y un relato confuso de los hechos que desembocó en la mayor crisis en el gobierno de PSOE e IU en lo que va de mandato. Estas son algunas preguntas y respuestas claves para entender lo sucedido.

»¿Quién vivía en la corrala La Utopía? Las primeras familias llegaron el 16 de mayo de 2012 guiadas por el movimiento 15-M. Poco a poco se fueron ocupando las 36 viviendas del edificio, propiedad de Ibercaja y que llevaba casi dos años terminado. Entre los vecinos había activistas de izquierdas, pero eran mayoría las mujeres, casadas, separadas, solteras o viudas. Casi todas habían sido desahuciadas o tenían orden de desahucio y aseguraban que ocuparon La Utopía para tener un techo, pero también como forma de reivindicar el derecho a la vivienda.

»¿Qué hicieron las administraciones? La Consejería de Fomento, dirigida por IU, y el Defensor del Pueblo andaluz han llevado las riendas de las negociaciones para intentar que Ibercaja ofreciera un alquiler social a los vecinos. Se creó una mesa de negociación en la que también participaban las familias y el Ayuntamiento. Ante la falta de acuerdo, el banco pidió el desalojo a la justicia.

»¿Qué dijo la juez? La juez encargada del caso decretó el desalojo el 25 de febrero, dio un plazo de 15 días a los vecinos para abandonar el edificio e instó a la Junta y al Ayuntamiento a “proveer lo necesario” para atender “a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. A raíz del auto, Fomento, el Ayuntamiento y el Defensor crearon una comisión técnica para cumplir el auto. En esa comisión, el gobierno local rechazó poner algunas de sus VPO vacías (528 según la Junta) a disposición de los vecinos, por lo que la consejería intentó un pacto con Ibercaja. Tras el desalojo, el domingo 6 de abril, el banco se retiró de las negociaciones.

»¿Cómo se explica el baile en el número de vecinos de La Utopía? A lo largo de la instrucción judicial algunas familias dejaron el edificio de forma voluntaria. Fuentes de Fomento explican que en las horas posteriores al desalojo se habló de 22 familias porque esa era la última cifra oficial, aportada por el Defensor del Pueblo. Cuando los vecinos ya estaban en la calle se comprobó que algunas familias habían abandonado el inmueble o habían cambiado sus circunstancias personales. Finalmente, Fomento cifró en 17 el número de familias que hay que realojar.

»¿Quién hace los informes sociales y qué determinaron? Los hacen los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento. Se elaboraron en el marco de la negociación con Ibercaja y recogían las circunstancias económicas y sociales de las familias, pero no respondían al formato estándar de informe que determina si un ciudadano está en riesgo de exclusión y cumple las condiciones para acceder a una vivienda social. Esos son los informes que se van a elaborar ahora. Los informes de la corrala los custodia el defensor y es él el que insta en la comisión técnica a buscar vivienda para 22 familias antes del desalojo.

»¿Qué argumenta Fomento para realojar a los vecinos? La consejería sostiene que, según instrucciones del Defensor del Pueblo, todas las familias tienen necesidad de vivienda por lo que, en cumplimiento del auto judicial, las administraciones están obligadas a atenderlas. El desalojo, además, les ha dejado en situación de emergencia social, por lo que se les debe facilitar un realojo temporal para casos de urgencia, aseguran en la consejería. El departamento de Elena Cortés se ampara en el artículo 20 de la ley del Derecho a la Vivienda (que insta a las administraciones andaluzas a favorecer el alojamiento transitorio de las personas “con riesgo o en situación de exclusión social”) y el 12.5 del reglamento de VPO (que contempla “excepciones” en las que “no será exigible el principio de concurrencia”).

»¿En qué consistía la propuesta de realojo de Fomento? IU no planteó adjudicar viviendas sino facilitar temporalmente a las familias un piso social para casos de emergencia. Son viviendas públicas reservadas para situaciones de urgencia social, como la que se produce tras un incendio, un desahucio o una situación de maltrato. Están pensadas para alojamientos inmediatos, pero no definitivos. Tras el realojo se evalúa el caso para decidir si se dan las circunstancias para que la familia permanezca en la vivienda, conviene ofrecerle otra salida o no tiene necesidad de ayuda.

»¿Por qué dice IU que no se salta la lista de espera para acceder a viviendas públicas? Hay varias listas, pero ninguna es para realojos transitorios urgentes. El registro con más de 12.200 personas al que se ha aludido en los últimos días es el de demandantes de VPO de Sevilla, que incluye a todos los que aspiran a una vivienda protegida, incluidas las de iniciativa municipal y autonómica destinadas a familias que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM (lo que supone más de 3.000 euros al mes). Otra lista distinta es la de demandantes de viviendas destinadas a “familias en proceso de intervención social y en riesgo de exclusión con necesidad urgente de viviendas sociales”. Según informó ayer el Ayuntamiento, hay 388 familias que cumplen los requisitos para aspirar a la adjudicación de uno de estos inmuebles.

»¿Qué causó la crisis en el gobierno? Fomento anunció el miércoles pasado que se hacía cargo del realojo de todas las familias. El anuncio sorprendió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que instó a su socio de gobierno a rectificar. IU siguió adelante y, sobre las 21.00 horas, escenificó la entrega de llaves de ocho viviendas a las puertas del Ayuntamiento, donde acampaban los desalojados. Díaz amenazó con retirar a Fomento las competencias para adjudicar vivienda protegida y, tras fracasar las negociaciones a lo largo del jueves, la presidenta cumplió su amenaza la madrugada del viernes.

»¿Por qué son ocho las familias realojadas? La Junta no tiene viviendas sociales vacías en Sevilla, pero tras el desalojo los técnicos de Fomento localizaron 10 pisos deshabitados. Finalmente, decidió destinar ocho a las familias de la corrala y reservar dos para otros casos de emergencia. El decreto de retirada de competencias dejó a Fomento sin la potestad de gestionar alquileres para las otras nueve familias, cuya situación se va a estudiar ahora.

Más fotos de la Fiesta Republicana celebrada en Almuñécar este domingo

Susana y la Utopía

Tomás Hernández. Costa digital

Solía mi padre, y otras personas de su época, escribir con letras mayúsculas aquellas palabras que para él tuvieran una relevancia especial, un apego afectivo que él les añadía. Yo creo que la moda venía del modernismo, que escribía Sol, Luz, Alma, Amor, de esa manera. No hay más que ver los primeros libros de Juan Ramón (‘Ninfeas’, ‘Almas de violeta’) o los de otros poetas modernistas. Connotación llamamos ahora a ese apego por algunas palabras, desde que así lo definiera el gran Coseriu. Aquel filólogo grande de cuerpo y de inteligencia, que fumaba Pall-Mall largo sin filtro y al que le gustaban nuestros vinos y nuestra cerveza aunque le resultaba demasiado suave. Recuerdo una de sus clases en la que durante una hora nos llevaba con su palabra al mundo de la poeta griega Safo, usando como argumento la oposición de las partículas ‘men’ / ‘dé’ en algunos de sus poemas. Los sabios de cualquier nimiedad hacen un universo de sugerencias e interpretaciones.

No escribo yo la palabra utopía con mayúscula por ningún resabio modernista o por homenaje a mi padre que la escribía así en aquella Hispano Olivetti que compró de segunda mano. Escribo Utopía porque me refiero, como ya suponen, al nombre de la casa de vecinos desalojados en Sevilla, la Corrala Utopía. Me entero de lo sucedido mientras visito a unos buenos amigos en tierras alicantinas, y en esos momentos uno está a lo que está, que es al placer del reencuentro y a la celebración de la amistad, y lo cotidiano queda en suspenso por unos días.
   
De regreso a casa leo sobre el suceso. No les voy a contar lo que ya conocen antes y mejor que yo, pero me llamó la atención en los comentarios de la noticia, la confusión de algunos, bastantes, entre lo legal y lo justo. Las famosas leyes de Nuremberg que desencadenan el pogromo contra los judíos, eran legales. Las publica un gobierno legal y por lo tanto de obligado cumplimiento. El decreto que prohíbe a los judíos disfrutar de la compañía de cualquier animal doméstico también fue legal. Víktor Klemperer, exprofesor judío en la universidad de Dresde, mira los ojos de su gato que toma el sol en el alféizar de la ventana. Escribe en su Diario que mientras lo observa está pensando en la forma menos dolorosa de quitarle la vida al día siguiente.
   
La legalidad, como vemos, es una cosa y la justicia otra. La ley que permite los desahucios, la violencia real que suponen, es legal, pero es una inmoralidad, una desvergüenza, un atraco legalizado. Quienes gobiernan ahora, los que gobernaron antes, lo legalizaron.

Susana Díaz, nuestra sonriente presidenta, en un primer arranque se opuso al realojo de algunos de los desahuciados. Decisión que había tomado la Consejería de Fomento de la Junta, cuyas competencias gestiona Izquierda Unida. Luego reaccionó con un decreto de madrugada y consentía, ‘legalmente’ precisaba ella, en la decisión de Fomento.

Susana Díaz milita en un partido de izquierda, socialista. El socialismo, cualquiera que sea su color, lucha por la utopía de un país donde las leyes sean justas. Todas las leyes promulgadas por un gobierno legítimo son legales. Lo fueron las de Hammurabi que mandaban cortar la mano al ladrón, y las de Nuremberg.

Va siendo hora ya de parar algunos atropellos de la legalidad con la razón de la justicia.

IU insiste en el alquiler social como medida para garantizar el derecho a la vivienda

Según información de IU no existen impedimentos administrativos para que se oferten en alquiler las 12 viviendas de “Lo Colorao” ya que el 16 de diciembre, VISOGSA, empresa propietaria, solicitó a la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía la autorización para poder alquilarlas y esta fue concedida al día siguiente. Desde ese día las viviendas están calificadas en régimen de alquiler.

A pesar de ello, las casas siguen en venta. En venta, y vacías, porque las familias que demandan las viviendas no pueden acceder a un préstamo hipotecario. Mientras, crece el número de familias con necesidad urgente de vivienda en el municipio, por lo que IU hace a la alcaldesa dos peticiones:

¨Que el ayuntamiento solicite a Diputación que ponga estas viviendas a un precio de alquiler social, es decir, a un precio máximo del 25% de los ingresos familiares de los adjudicatarios.

¨Que el ayuntamiento publicite y actualice el censo de demandantes de vivienda, tal y como establece la Ley 1/2010  de 8 de marzo, reguladora del Derecho a Vivienda de Andalucía.

Desde IU seguimos insistiendo en que los bienes públicos deben estar al servicio del ciudadano y no al de los poderes financieros. Por ello reclamamos que desde las administraciones públicas se pongan las medidas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de las familias más golpeadas por esta estafa.

Fiesta Republicana en Almuñécar

Las lecciones de Corrala Utopía

Joan Coscubiela. Diputat d'Iniciativa per Catalunya al Congrés

El conflicto surgido en el seno de la Junta de Andalucía por la decisión de la Consejera Elena Cortés de IU de realojar a las familias desalojadas de la Corrala Utopía y la reacción contraria de la Presidencia de la Junta, tiene lecturas que van más allá de la crisis de Gobierno y suscitan algunas reflexiones de calado político e ideológico.

El debate sobre si esta decisión de realojar a las familias desalojadas de la Corrala Utopía supone un agravio para otras familias sin viviendas y si comporta un incentivo para las persones que se movilizan para ejercer sus derechos, ha llevado a los dirigentes socialistas a utilizar unos argumentos que la izquierda nunca debería coger prestados de la derecha.

Es obvio que el respeto a la ley y la no discriminación son valores que la izquierda debe defender. La ley es o debiera ser la protección que los débiles tienen frente a los abusos y la posición dominante de los poderosos. Y en este sentido, Susana Díaz jugaba a favor de viento. Pero detrás de esta afirmación obvia, la del respeto a la ley y la no discriminación se han escondido corrosivas argumentaciones.

Parece obvio que la decisión de la Consejería de Vivienda de realojar transitoriamente a las familias desalojadas cumple con el Auto del Juzgado de Instrucción de Sevilla, que obliga a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla a proveer lo necesario para garantizar vivienda a las familias desalojadas con hijos menores o que estén en riesgos de exclusión. Y además cumple con la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que pretende encontrar un reequilibrio entre el desprotegido derecho a una vivienda digna y el superprotegido derecho a la propiedad privada. Así parece reconocerlo implícitamente el acuerdo entre PSOE e IU que cierra la crisis de Gobierno.

Pero el debate no es solo ni prioritariamente de legalidad. El intento de confrontar a las familias realojadas con el resto de familias en lista de espera no debiera haberse utilizado nunca desde las filas socialistas. No hace más que tomar prestada la ideología de la derecha y una de sus principales estrategias de dominación social.

La derecha lo utiliza en el ámbito laboral, cuando alega que los trabajadores con derechos son los culpables de la falta de empleo y derechos de los precarios. Y que le lleva a acuñar una máxima que viene a decir “Repartiros el salario entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de impuestos ni hablar”. Se utiliza también para confrontar ciudadanos españoles con los inmigrantes. En el fondo la derecha intenta y consigue que los trabajadores sustituyan el conflicto social entre clases por el agravio comparativo entre ellos. Y la izquierda no debería caer nunca en esta trampa.

El segundo argumento utilizado desde las filas socialistas tiene aún más peligrosidad. Se han dicho cosas que creo deberían ser repensadas por sus autores. Del estilo de “atendemos a quien más lo necesita, no a quien más grita” o “no se puede premiar a los que dan una patada en la puerta. En el trasfondo de estas afirmaciones subyace la idea de que no se puede atender prioritariamente a quien se moviliza por sus derechos. Algunos medios de comunicación han llegado a calificar la decisión de la Consejera Elena Cortés de IU como de Plan para Okupas.

A pesar de que ya se ha explicado que el realojamiento transitorio no supone una alteración de las listas de espera en el acceso a la vivienda, ni una discriminación hacia el resto de familias, sino el cumplimiento de un mandato judicial, en esa imputación subyace una peligrosa ideología.

Es cierto que los poderes públicos suelen hacer más caso a quienes se movilizan y presionan. Esto pasa en todos los aspectos de la vida. En el ámbito laboral, los gobiernos suelen hacer más caso a quienes exigen su derecho al empleo movilizándose. Esa es una de las razones por las que el PP en su Reforma Laboral ha acabado con la autorización administrativa previa en los despidos colectivos. Se trata de dar más poder al empresario y quitárselo a los trabajadores que han perdido su capacidad de presionar al poder político.

Seria bueno no olvidar que algunos sectores sociales utilizan para presionar medios más sofisticados, como los lobbies, las puertas giratorias, los editoriales. Y los que no tienen acceso a estos mecanismos de presión versallesca, utilizan la movilización social y la lucha. No parece que ello pueda criticarse desde una perspectiva de izquierdas.

¿Que es sino la PAH? Las personas agrupadas en la PAH consiguen, con menos dificultades que otras, acuerdos con entidades bancarias para quitas, mora o daciones en pago. Consiguen que no se les desaloje de sus viviendas. Consiguen en algún caso que se les ofrezca en alquiler. Los Bancos y poderes públicos respetan mas a quienes se movilizan por sus derechos que a quienes no lo hacen.

Es absolutamente legitimo en términos democráticos que los ciudadanos no confíen exclusivamente en los resortes institucionales para garantizar su derecho constitucional a una vivienda digna. Sobre todo cuando comprueban en su propia piel y en la de sus familias que estos resortes no funcionan. Y es legitimo y lógico que si está en sus manos se agrupen para presionar en aras a un mayor equilibrio entre su derecho a la vivienda infraprotegido y el derecho a la propiedad privada, superprotegido por los poderes públicos.

Negar la legitimidad de estos comportamientos, es negar la historia de los movimientos sociales y del propio socialismo. Y pone de manifiesto hasta que punto, la ideología conservadora ha colonizado las mentes de algunos "gestores" políticos.

Cercano y sencillo Maíllo explicando lo ocurrido en estos tres últimos días: En IU no somos neutrales