Anticapitalistas

Qué difícil es ser emigrante

Ramón Pedregal Casanova

Rebelión

 

“Son muchas las opiniones que se sostienen en este mundo y una buena mitad de ellas pertenecen a individuos que no se han encontrado nunca en situaciones difíciles.” Che Guevara. 

¡Qué difícil es ser emigrante! Qué difícil es ser emigrante, pobre, permanecer impasible ante los abusos de la ley y de quienes se aprovechan de la debilidad de quien está sin papeles, qué duro es tener que pasar miedo, que difícil es para un o una emigrante que le vean bien, porque generalmente o no le ven o le ven mal.

La burguesía difunde sus prejuicios, siembra el individualismo entre los trabajadores para que discriminen a los más débiles y así entren en la rueda de reproducir el modelo que les sirve a sus propósitos, divide y vencerás, son las ideas de la clase dominante. La burguesía quiere mano de obra barata, trabajadores divididos, que crean que mirando para otro lado no les va a pasar a ellos, y que no piensen en sus derechos porque no hacen nada, que resulten obedientes y acepten como natural ser sometidos; la burguesía se aprovecha de las diferencias de color de piel, de acento al hablar, de los diferentes rasgos físicos, asuntos todos superficiales entre los trabajadores, leña para crear conflictos, al tiempo que bajan los salarios, el 42% de los trabajadores ya están por debajo de los 1.000 euros, o hacen más contratos basura de temporeros que en todo Europa, los amigos de la plusvalía ajena difunden ideas racistas para crear barreras entre unos y otros trabajadores. Divide y vencerás.

Qué difícil es ser emigrante. Entre los que conozco, la crisis ha hecho estragos: se han quedado en paro, como tantos otros trabajadores nacidos aquí, los magrebíes que habían traído a la familia se han visto en la necesidad de hacer que regrese: solos con el fin de conseguir el dinero que los suyos necesiten para vivir, para lo cual se emplean en cualquier trabajo que les quieran dar: alguno llega a cobrar 15 y 20 euros el día que trabaja. Qué difícil es ser emigrante y aguantar lo que te echen.

Un inciso: 11 mil millones de dólares diarios emplea el gobierno de los capitalistas estadounidenses en el sostenimiento de la guerra contra el pueblo iraquí, ¡Cuánto les interesa las riquezas de los iraquíes!

80 mil litros de agua de beber, agua potable, da gratis el gobierno de la Comunidad de Madrid a los dueños de los campos de golf ¿quiénes son los dueños de los campos de golf? ¿qué clase de gobernantes son esos que entregan los bienes públicos para la diversión de los grandes propietarios privados?

Los sueldos de los trabajadores en España han retrocedido al valor de hace 12 años. Los empresarios europeos han ganado en los últimos cinco años el 33%, y los empresarios españoles han ganado el 73%.

Un responsable de la Unión Europea, un gran capitalista, ha hecho una exposición sobre la crisis en la que recomienda para pasarla varias cosas, la primera: más flexibilidad laboral, dicho de otro modo, menos trabajo fijo, más subempleo, cuya consecuencia inmediata es la reducción de los salarios y perdida de derechos laborales; segunda recomendación: reducir el gasto público, dicho de otro modo, que no se gaste en necesidades sociales como la enseñanza, la sanidad, … privatizar o entregar los bienes públicos a los empresarios; tercera recomendación: que se reduzcan los impuestos a los capitalistas, quiere decirse que no tengan responsabilidades sociales, dicho claramente: seguir en el camino de convertir a los trabajadores en esclavos dentro del sistema de producción que genera pobreza y del que sólo ellos, unos pocos, se benefician

Qué difícil es ser emigrante trabajador, qué difícil es ser trabajador y permanecer quieto, dejando que los sectores dominantes te golpeen una y otra vez, una y otra vez se lleven los bienes sociales, saquen leyes que les justifiquen, hagan y deshagan: ¿hablamos de la justicia? ¿hablamos del derecho a la vivienda? ¿hablamos de la sanidad? ¿de la enseñanza? ¿de la corrupción? ¿del incumplimiento de la legislación laboral? ¿de los llamados “accidentes laborales”?.

Según un informe oficial todas las empresas del IBEX 35, las 35 empresas más fuertes, todas menos una, tienen filiales en paraísos fiscales, ¿sabe lo que es un paraíso fiscal?, países a los que va a parar el dinero negro, fruto de la corrupción, las drogas, el trafico de armas, la especulación, la usura, la evasión de impuestos … ¿por qué 34 de las 35 empresas tienen oficinas en lugares tan mafiosos? ¿usted cree que van en patera a los paraísos fiscales los empresarios que roban a los trabajadores? El dinero fruto del robo a la sociedad siempre encuentra refugio más allá de las fronteras que les interesa que esté, los emigrantes trabajadores son perseguidos.

Pero no crea que los paraísos fiscales están en tierras remotas y en desiertos lejanos, buena parte de esos paraísos fiscales son europeos y están bien protegidos por la ley. Según WWW. local. attac.org, son: Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, Vaticano, Malta, Chipre, Gibraltar, Andorra, Isla de Man, Jersey, Guenesey, Sark, y Aldemey. Solo Mónaco, que tiene 32.OOO habitantes, guarda 350.000 cuentas cifradas, y Luxemburgo, un minúsculo país que no tiene ninguna salida al mar, dispone de 50 navíos en alta mar con su pabellón en los que aloja a 30 de los 50 bancos más importantes del mundo.

La mitad del comercio mundial pasa por los paraísos fiscales, y con solo el 0,5% de incremento anual de los ingresos de los activos depositados en esos paraísos fiscales podrían financiarse los objetivos del desarrollo del Milenio de la ONU para el 2015; datos obtenidos de cafebabel.com. Algo más sobre el informe oficial antes mencionado: el 75% de las empresas no declaran las diferencias de sueldo que tienen establecidas entre hombres y mujeres ¿cree usted que es para proteger a las mujeres? ¿y las diferencias de sueldos con los y las emigrantes?

No quiero hablar de las 65 horas de trabajo semanales que han aprobado en el gobierno de Europa ¿cree usted que son capitalistas o trabajadores los que han aprobado tal ley? Pero es que también han aprobado otra ley por la que las empresas que se domicilien en un país y tengan empresas en otro, por ejemplo en Polonia y tienen empresas en España, pueden pagar los sueldos del país donde tienen las oficinas, y ya ha habido varios casos en Europa. Bueno, ya lo ven, el dinero de los grandes puede circular según su conveniencia, los trabajadores solo deben aguantarse.

Y no se olviden, los gobernantes de la Unión Europea han aprobado otra ley por la que pueden detener a los emigrantes, meterlos en cárceles y tenerlos detenidos hasta 18 meses para luego expulsarlos. En España ya existen esas cárceles, ya hay emigrantes encarcelados - saltándose el gobierno la declaración de derechos humanos de la ONU- en las que se ha llaman “los Guantánamos españoles”.

Si miramos a los emigrantes, si nos ponemos en su lugar, es muy fácil entender que conseguir un plato de comida al día es infinitamente más importante, más decente y más digno que la vida entera de todos los esclavistas y usureros que generan la situación actual y se aprovechan de ella.

Nos están diciendo continuamente, por todos los medios nos quieren meter en la cabeza, que si la riqueza es individual es un gusto, y si la riqueza es social es un gasto, sin embargo, de todos los trabajadores es sabido que la riqueza social es un gusto, y la riqueza individual es un gasto. Que el producto del trabajo sea para unos pocos trae desgracias para la inmensa mayoría, para empezar una división social que sitúa a mucha gente en el límite, de manera permanente, por lo que dedican su vida a trabajar. Divide y vencerás; y en el último escalón quedan los y las trabajadoras emigrantes, que llevan a cabo la misma labor que llevamos los demás como nativos, enriquecer a un extraño, pero con menos sueldo, con más inseguridad, sin apoyo. ¿Pondremos el interés de los trabajadores por delante?.

¡Qué difícil es ser emigrante! Qué difícil es ser emigrante, pobre, y permanecer impasible ante los abusos. ¡Qué difícil es ser trabajador! Qué difícil es ser trabajador, pobre, y permanecer impasible ante los abusos.

VOLVEMOS A LAMENTAR INJUSTAS MUERTES EN EL ESTRECHO

La Federación estatal de asociaciones de SOS Racismo expresa su pesar por las 28 muertes, de las que hemos tenido conocimiento esta semana, de personas que intentaban llegar en embarcaciones a las costas españolas. En esta ocasión, además,  hay que sumar que entre los muertos hay nueve niños y niñas de entre uno y cuatro años, y la dramática situación física y psicológica de las personas que han llegado con vida, habiendo perdido familiares, compañeras y compañeros, en el camino.

Asistimos a una lamentable, grave, pero sobre todo indignante cronificación de muertes y desapariciones de personas que asumen arriesgar su vida movidas por el impulso de conseguir un futuro mejor con más oportunidades que en sus países de origen. Con la llegada del buen tiempo se intensifica la salida de embarcaciones desde África hacia costas españolas, pero estas muertes se deben al blindaje cada vez más fuerte de las fronteras y la vigilancia en el mar, en especial respecto al continente africano, que obligan a las embarcaciones a realizar rutas cada vez más peligrosas. Se contabilizan 4.003 muertes y desapariciones entre el año 1998 y 2007. Seguramente un dato que es tan sólo una aproximación a la realidad, que posiblemente es aun mucho más dramática.

La frecuencia y la cotidianeidad de la repetición de estas tragedias puede hacer que nos acostumbremos a ello hasta convertirse en algo a lo que la sociedad sea indiferente, pero no podemos mirar hacia otro lado o ignorarlo, y no debemos olvidar que esto es una consecuencia directa de la política de inmigración que cierra las vías normales de entrada dejando como única alternativa viajes cada vez más caros y peligrosos.

Ante este drama humano evitable, Europa y el Estado español cierran los ojos, e impasibles, como hemos visto estos días con la aprobación de la Directiva de retorno y la propuesta del Pacto europeo de inmigración, continúan apostando por la Europa fortaleza mediante el blindaje de fronteras, control marítimo, expulsiones, etc., de lo que ya conocemos el resultado: continuamos dejando a miles de personas en situación irregular; favoreciendo el tráfico ilegal de personas; y continuamos promoviendo la tragedia de más muertes en el mar.

Desde SOS Racismo denunciamos que la política europea y española de inmigración vulneran los derechos humanos y estas muertes son su consecuencia más flagrante. Por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía, para que no sea indiferente a esta injusticia y reclame responsabilidades a sus gobernantes, que están permitiendo esta situación.

10 de julio de 2008

Federación de asociaciones de SOS Racismo en el Estado español

 

Portavoces:

Javier Ramírez 610764638

Begoña Sanchez  687731335

¿Quién teme a la libertad de circulación?

Jaume Asens · Gerardo Pisarello

Si algo ha permitido constatar la actual crisis económica es la inveterada predisposición de las clases privilegiadas a cargar sus costes sobre los sectores sociales más vulnerables. Las bravuconadas racistas de Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi, como las del líder austríaco Georg Häider hace unos años, son la expresión más desembozada de este tipo de actitud. Sin embargo, cuando los gobiernos francés e italiano decretan que los migrantes pobres son “chusma”, que sus derechos básicos deberían supeditarse a un contrato de integración que a nadie más se exige, o que la falta de papeles debería considerarse un delito, se tiene  la impresión de que formulan de manera provocadora lo que otros están dispuestos a aceptar bajo formas más amables y suavizadas.

            Las declaraciones de Sarkozy y Berlusconi, en efecto, están lejos de ser un simple sarpullido en un continente inmunizado contra este tipo de desafueros. Ya en el Tratado de Roma de 1957, la libertad de circulación y residencia aparecía como un derecho mutilado, como un privilegio reservado a los ciudadanos de los países miembros. Esta configuración excluyente fue determinante para el crecimiento de los “grandes de Europa”, comenzando por la propia Alemania.      Es más, el mito del “milagro económico” hubiera sido difícilmente sostenible sin la decisiva aportación de miles de trabajadores españoles, turcos o portugueses que, en su condición de “extranjeros”, se vieron obligados a vivir de manera clandestina y a soportar controles o humillaciones de diverso tipo.

            A partir de entonces, cada fase de ampliación en el proceso de integración ha supuesto la creación jurídica de nuevos “europeos” a los que se concede un pasaporte, el disfrute más o menos estable de ciertos derechos y una trepidante incorporación al consumo de masas capitalista. Pero también ha comportado la producción de nuevos “extranjeros” condenados a la exclusión o a una inclusión subordinada al mercado laboral. Un trabajador extranjero siempre puede ser acusado de no “adaptarse” o “integrarse” a las condiciones  que le ofrecen en los países receptores, comenzando, claro está, por las económicas. Y quien no logra “adaptarse”, quien aspira a vivir sin permiso de otros, puede ser bruscamente devuelto al limbo de la ilegalidad y considerado un potencial delincuente.

            En rigor, el vínculo entre inmigración ilegal y delincuencia se presenta como un elemento capital de la economía “altamente competitiva” que los Tratados europeos ensalzan sin tapujos. Cuando hay crecimiento, ese vínculo puede relajarse ligeramente. Entonces, tienen lugar las “regularizaciones extraordinarias” –presentadas siempre como la última de todas- y la esclusa de los llamados a apuntalar sectores de dudosa viabilidad como la construcción o la agricultura intensivas, puede abrirse con cierta flexibilidad. Pero cuando llega la recesión, quienes pagan vuelven a ser, no los grandes grupos económicos enriquecidos en la fase anterior, sino los trabajadores extranjeros, que ven cernirse sobre ellos una renovada panoplia de controles y medidas represivas.

            Esta es la idea que subyacía a la creación del llamado grupo TREVI, con el que los países comunitarios se comprometían, ya en los años 70, a rastrear el ligamen entre “terrorismo, delincuencia e inmigración”. Y es la que inspira la propuesta de “Directiva de Retorno” que el Parlamento europeo discutirá a lo largo de este mes de junio.

            Lejos, en efecto, de ser una rareza surgida de la nada, la propuesta de Directiva es el precipitado lógico de un proceso que necesita disponer de una mano de obra estigmatizada y disciplinada  al servicio de sus objetivos económicos. La posibilidad de privar de libertad a una persona durante 18 meses por una simple falta administrativa -carecer de papeles- y de impedirle entrar en territorio europeo durante 5 años, debería avergonzar a un continente que aspira a ser una alternativa civilizatoria para el conjunto del planeta. Lo cierto, sin embargo, es que los Centros de Internamiento –más de 175 en toda la Unión Europea e incluso fuera de ella– son sólo uno de los dispositivos surgidos para mantener a raya a los miles de mujeres y hombres que huyen de sus países con la esperanza de una vida mejor. Radares, sensores, muros, alambradas, buques y helicópteros, controles biométricos, vigilancia constante en metros, aeropuertos, estaciones de autobuses y escuelas, uso de narcóticos y camisas de fuerza en las repatriaciones, detenciones indiscriminadas, falta de asistencia jurídica efectiva. Y muertes. Este es el auténtico precio, moral y económico, que comporta la cotidiana utilización de las fronteras como instrumento para producir ilegalidad y vulnerabilidad económica.

            Por eso, cuando el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba se felicita porque su gobierno sólo considera aumentar el período de retención en un Centro de Internamiento de 40 a 60 o 90 días, o porque, a diferencia de Italia o Francia, apuesta por una inmigración ordenada que humanice la represión y las expulsiones, la desazón es inevitable. Y es que pretender que con estas políticas se podrá contrarrestar la demagogia de la derecha, desactivar la violencia xenófoba o evitar las revueltas que acabarían generándose, constituye un claro ejercicio de miopía política, cuando no de velado cinismo.

            En un contexto como el actual, por el contrario, la única alternativa realista a la degradación violenta de las condiciones de vida en los países emisores y receptores de migración sigue siendo el reconocimiento efectivo de la libertad de circulación y la implantación progresiva de una ciudadanía de residencia basada en el principio de que, en materia de derechos, los que habitan en un lugar, son de ese lugar.

            Una consigna de este tipo no pretende apelar a la caridad o a la buena voluntad de los gobiernos europeos. Por el contrario, sería una manera de asumir la enorme deuda social y ecológica que Europa –sus empresas, su insostenible modelo de producción y consumo- ha contraído con los países empobrecidos del Sur y del Este. Naturalmente, esta toma de conciencia no tendrá lugar mientras los países privilegiados no sientan como propio el problema. Y esto, como lúcida y crudamente ha apuntado el jurista italiano Luigi Ferrajoli, sólo ocurrirá si los países ricos "se ven obligados, después de haber invadido el mundo con sus conquistas y promesas, a afrontar la invasión de las poblaciones hambrientas de todo el mundo que se agolpan en sus fronteras". Y es que los derechos, como bien mantiene Ferrajoli, "sólo se extienden a los excluidos cuando la presión sobre los incluidos se vuelve irresistible. Y esta presión sólo puede reducirse si el mundo de los incluidos se ve constreñido a  eliminar las causas que han hecho de la ciudadanía un estatuto de privilegio, reconociendo a todos los mismos derechos, incluida la libertad de circulación y residencia". Ni voluntarismo, en suma, ni utopismo: realismo.

El Gobierno tiene que ceder a las reivindicaciones de los camioneros autónomos

Co.bas

Cuatro días de huelga de los camioneros, de bloqueos de carreteras, con dos camioneros muertos, cargas policiales... y el Gobierno sigue sin dar solución a las demandas.

Ya van cuatro días de huelga de los camioneros, de bloqueos de carreteras, con dos camioneros muertos, cargas policiales... y el Gobierno sigue sin dar solución a las demandas de quienes están haciendo la huelga, principalmente los camioneros autónomos.

La huelga de los camioneros es la expresión más sonada y de mayor repercusión social de un problema que estamos viviendo todos los trabajadores, la carestía de la vida que devora los ingresos mientras dispara los precios de los productos y servicios básicos.

Más allá de las dudas que pueda plantear que en la convocatoria legal esté involucrada una asociación patronal (Fenadismer), entendemos que las reivindicaciones planteadas y el hecho de que quien protagoniza la huelga y los piquetes sean camioneros autónomos le da un claro carácter progresivo a esta lucha.

El Gobierno con la gran patronal del transporte

El Gobierno Zapatero, sin embargo,muestra su “talante” tendiendo la mano a la gran patronal del transporte, mientras que con la estrecha colaboración de los Gobiernos autónomos, envía a la Guardia Civil, Policía antidisturbios y los Mossos a apalear miserablemente a los trabajadores autónomos.

El mismo Gobierno que se llenó la boca de “progresismo” con el vergonzoso Estatuto de los Autónomos, vuelve a mostrar en este conflicto que gobierna para las grandes empresas del transporte, las distribuidoras y las grandes superficies comerciales como el Corte Inglés, Carrefour o Mercadona.

Las 54 medidas acordadas con la gran patronal del sector (Confederación Nacional del Transporte de Carreteras, CTNC) muestra quiénes son los beneficiarios. Por ejemplo, la bonificación del 50% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que sólo favorece a la gran patronal porque este impuesto sólo se aplica a quien factura por encima del millón de euros al año. Las rebajas del 4% de la cotización a la Seguridad Social o el aplazamiento de su pago hasta un año son parte de la permanente lógica del Gobierno del PSOE (como antes lo fue del PP) de hacer concesiones a la patronal sacrificando las cuotas de la Seguridad Social, lo que luego redunda en el recorte de los fondos del seguro del desempleo o en el constante deterioro de la sanidad pública.

Las reivindicaciones de los camioneros autónomos

La única medida directa y exclusivamente dedicada a los autónomos son las llamadas “ayudas al abandono”, que sirven para incentivar que dejen el camión, en beneficiode las grandes empresas del transporte. En cambio, las dos reivindicaciones básicas de los camioneros autónomos, la tarifa mínima y el gasoil profesional, no son contempladas en forma alguna en el acuerdo.

Decir que no se puede decretar una tarifa mínima porque es una injerencia en el mercado es puro cinismo. Sacar dinero del Estado para que los autónomos dejen el camión ¿no es acaso injerencia en el mercado para favorecer la concentración empresarial? Sacrificar dinero público para abaratar costes de seguridad social y fiscales a las empresas ¿no es injerencia?.

La propia cláusula de actualización acordada con los grandes transportistas en una clara intromisión a favor de estos y contra los autónomos y los consumidores. Esa cláusula les permite la negociación con las grades distribuidoras y superficies comerciales, pero a los autónomos, que en la mayoría de los casos trabajan subcontratados para esas grandes empresas del transporte, nadie les garantiza subida alguna si no existe una tarifa mínima de obligado cumplimiento.

A la ruina, al paro o en el “mejor” de los casos, como asalariados en precario, con salarios de miseria que solo se “estiran” con jornadas agotadoras jugándose perder el carnet y la vida. Esa es la oferta del Gobierno a los camioneros autónomos.

Es simple cinismo decir que el establecimiento de una tarifa mínima repercutiría en los precios al consumidor, como si lo que han acordado con los grandes transportistas no lo hiciera ¿Dónde está escrito que las actualizaciones de tarifas no podrán repercutirse en los precios? Sólo hay una medida que garantiza que no se repercutirá en los consumidores: la congelación y control de los precios.

Más allá del problema de las reservas mundiales del petróleo, es algo reconocido que entre el 30% y el 50% de los precios vigentes se debe a la actual especulación, eso sin contar la enorme carga de impuestos indirectos que los gobiernos incluyen en el precio. En lugar de grabar a las grandes fortunas y los beneficios récord de las multinacionales del petróleo, los gobiernos imponen las cargas fiscales a los consumidores, que acabamos cargando con todo.

Al igual que existe el gasoil profesional para sectores como el de la aviación ¡que el gobierno haga igual para los transportistas autónomos!

Merecen especial mención las declaraciones de José María Fidalgo, Secretario general de CCOO, que ha calificado de “ilegal” el paro de los transportistas, argumentadoque "no es una huelga" sino un "cierre patronal", y ha exigido al Gobierno que "asegure la garantía de suministro" y se aplique con contundencia contra los piquetes, que “atacan a trabajadores asalariados” que cubren sus rutas. Dice también Fidalgo que la petición de tarifa mínima "es imposible" porque "no lo permite la legislación europea".

¿Es ésta la defensa de los trabajadores autónomos de la que habla la dirección de CCOO?. ¿Por qué se calla Fidalgo sobre la posición de la gran patronal, las distribuidorasy las grandes superficies comerciales, abiertamente contrarias a esta huelga? ¿Por qué no dice que su postura es la misma que la de la de la gran patronal, el Gobierno o la del propio Rajoy? ¿Por qué se suma de nuevo a las campañas patronales contra el derecho a la huelga?

Y si tanto repelús le da que legalmente la convocatoria proceda de una asociación patronal como Fenadismer ¿por qué no convocó CCOO para defender a los trabajadores autónomos? ¿Por qué no propone una plataforma reivindicativa que una a los trabajadores asalariados del sector y a los autónomos? ¿Por qué no han movido un dedo contra la carestía de la vida?

Desde Cobas llamamos a los trabajadores a apoyar la justa lucha de los camioneros autónomos. Rechazamos la infame campaña actual contra el derecho a la huelga y los piquetes. Nos solidarizamos con la familia de Julio, el trabajador muerto atropellado en un piquete en Granada. Responsabilizamos de cualquier muerte en esta huelga, así como del desabastecimiento y el paro en algunas fábricas al Gobierno Zapatero y a la gran patronal del transporte.

Llamamos a los trabajadores, comenzando por los del transporte y de las industrias del automóvil, a no hacer de carne de cañón del Gobierno o la patronal contra los camioneros autónomos en huelga.

Exigimos asimismo la congelación de los precios de los productos y servicios básicos. ¡La crisis que la paguen los que se han forrado en todos estos años!

Llamamos a todos los trabajadores a exigir de las centrales sindicales, comenzado por CCOO y UGT una respuesta de movilización general contra la carestía de la vida.

190 veces más gasto en armas que en luchar contra el hambre

Los gobiernos destinaron casi 850.000 millones de euros a gasto militar. En la pasada cumbre de la FAO se comprometieron a aportar 4.500 millones para luchar contra las hambrunas.

El gasto militar en el mundo alcanzó en 2007 la cifra de 847.500 millones de euros, un seis por ciento superior a la del año anterior y un 45 por ciento superior a 1998, según revela el informe anual de 2008 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI), con sede en Estocolmo. Esta cantidad supone casi 190 veces las ayudas comprometidas por los gobiernos en la última cumbre de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para paliar la actual crisis alimentaria.

Estados Unidos, por sí solo, representó el año pasado el 45% del gasto militar en todo el mundo, muy por encima de países como Reino Unido, China (37,8 millones) o Francia (33,9). España ocupa el decimoquinto lugar de la lista de quince países con más gasto militar del mundo. El informe del SIPRI destaca también que las ventas de armas aumentaron un 8% entre 2005 y 2006. El gasto militar ha aumentado un 45% en todo el mundo en los últimos diez años.

Estas cifras contrastan con las cantidades aprobadas la semana pasada en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, celebrada en Roma bajo el patrocinio de la FAO, en la que los delegados anunciaron un incremento en 4.500 millones de euros de sus donaciones para combatir el hambre, promover el desarrollo agrícola y paliar la situación generada en gran parte del mundo, especialmente en los países pobres, por el auge del precio de los alimentos.

Zapatero, o el socialismo al revés

Juan Torres López

El nuevamente electo presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, parece estar dispuesto a utilizar esta segunda legislatura para demostrar de modo fehaciente que sus pretensiones políticas nada tienen que ver ni con el socialismo, ni con la socialdemocracia, ni siquiera con la equidad más elementalmente entendida.

Dejaré de lado la propia conformación del equipo gubernamental, que ya he comentado en otro texto, y en el que significativamente han desparecido las figuras más comprometidas con las políticas sociales y socialdemócratas, para dar paso a liberales confesos como Miguel Sebastián. O que ha dejado en lugar marginal a los departamentos encargados de adoptar las políticas de más calado social (ver El nuevo gobierno de Zapatero, un claro giro a la derecha). Y tampoco me referiré al escandaloso fichaje de su hasta ahora máximo asesor económico, David Taguas, por la gran patronal de la construcción. Aunque sea también una prueba irrefutable de cuáles han sido los intereses que ha defendido durante su etapa en el gobierno este economista procedente del Banco Bilbao Vizcaya y llegado a La Moncloa de la mano de Sebastián.

Además de eso, las primeras medidas económicas de esta nueva legislatura reflejan sin ningún género de dudas que lo que Zapatero está dispuesto a llevar a cabo es un autentico socialismo al revés, es decir, favorecer a los que más tienen en perjuicio de los más débiles y desprotegidos.

Veamos.

Recién puesto a funcionar el gobierno, adoptó una serie de medidas contra la crisis económica (a la que llaman desaceleración para ocultar ante los ciudadanos su verdadera naturaleza y responsables) entre las que destacan dos de ellas.

La primera, ya anunciada antes de las elecciones, la devolución de 400 euros a los contribuyentes. Una medida que supone casi 5.700 millones de euros, sobre los 10.000 millones en que se ha evaluado el importe total del conjunto de todas ellas.

Por un lado, se trata de una medida a todas luces incapaz por sí misma de tener un impacto relevante en la economía porque incluso se percibirá como devolución fiscal troceada y porque en términos relativos representa un valor individual y total realmente escaso. Es decir, porque en realidad es como tratar de apagar un fuego con un enorme difusor de agua, que hiciera que el chorro se convirtiera en millones de gotas, en minúsculos impactos sin apenas fuerza de conjunto.

El propio Banco de España ha advertido que no puede esperarse mucho de esa medida porque lo más seguro es que los contribuyentes que reciban la devolución fiscal la dediquen al ahorro más que al consumo, tal y como se propone el gobierno.

Pero, por otro lado, resulta que esa ineficacia contra crisis no es lo más relevante de la medida. Lo peor es que desde el punto de vista de la equidad supone darle a los que tienen más y quitarle a los que tienen menos.

Esto es así porque nada hay más injusto que tratar igual a los que son desiguales y eso es lo que hace Zapatero con esta medida, como hizo cuando aplicó el cheque de 2.500 euros a las familias que tenían un nuevo hijo, con independencia de su renta.

Y para colmo, la medida tiene incluso una paradoja, puesto que como indica la Memoria que el gobierno ha remitido al Parlamento, resulta que 1,7 millones de contribuyentes ni siquiera podrán recibir los 400 euros ya que su cuota tributaria (lo que “tienen que pagar” a hacienda) no llega a esa cantidad. Es decir, que incluso recibirán menos de 400 euros (o incluso nada) justamente por ser los que menos ingresos tienen.

La otra medida estrella del plan contra la crisis también fue anunciada por Zapatero en la pasada legislatura: suprimir el impuesto sobre el patrimonio.

Como ya comenté en otro texto, Zapatero justifica esta medida con mentiras, diciendo que en realidad lo pagan las clases medias. No es verdad porque el hecho de que haya más contribuyentes en este impuesto de rentas medias no significa que paguen más cantidad en el conjunto del impuesto (ver Argumentos falsos de Zapatero para favorecer a los ricos).

Y, además, si fuera así, lo que haría un socialista, o un socialdemócrata, o simplemente un gobernante decente y preocupado por la justicia fiscal no sería eliminar el impuesto ¡sino hacer que lo paguen quien tuviera que pagarlo! Es como si a algún gobernante se le ocurriera eliminar el código de la circulación porque hay gente que no lo respeta.

Estas dos grandes medidas muestran claramente el giro a la derecha que da Zapatero, su paso sin disimulos al liberalismo económico y social, el socialismo al revés que practica.

Y no son las únicas. En el paquete de medidas contra crisis se incluyen, además, otras que en realidad no son sino apoyo a los bancos que han provocado la crisis y que a la postre generan costes que pagarán los consumidores, como los avales gubernamentales o las “facilidades” para aumentar el plazo de las hipotecas.

Como decía más arriba, no es ni mucho menos casual que su máximo asesor económico haya sido fichado precisamente por los grandes constructores. El gobierno trabaja para ellos y por eso son los grandes beneficiados de todas estas medidas.

Es ya una evidencia clamorosa que el modelo de crecimiento de nuestra economía, el modo en que se genera y el tipo de actividad económica que predomina, hacen que nuestro país sea cada vez más desigual. Es decir, que aquí los ricos lo sean cada vez más y los pobres cada vez más pobres, que los salarios pierdan cada día que pasa más poder adquisitivo mientras que los beneficios suben por las nubes; y que aumenten también las asimetrías entre territorios y en todos los ámbitos de la vida personal y colectiva. Que el mayor crecimiento económico que tanto anhelan los poderosos suponga más desigualdades sociales.

Como analicé en otro artículo, el crecimiento económico, medido en como tasa de variación anual del PIB, fue del 3,6% en 2005, frente al 3,3% del ejercicio precedente y del 3,1% en 2003, la creación de empleo fue positiva, lo que permitió que en ese periodo bajara la tasa de paro en más de 2 puntos y los tipos de interés estuvieron también muy bajos. Todo fue bien según los parámetros al uso para evaluar la situación económico.

Sin embargo, la renta media del 20% de los hogares españoles con menor ingreso bajó de 8.500 euros en 2002 a 6.500 en 2005. Es decir, que se redujo en un 23,6%. Por el contrario, el 10% de las familias españolas con más ingresos vio amentar su rentas de 102.300 euros a 118.100 en el mismo periodo, disfrutando pues de un aumento de más del 15% (ver ¿Es que acaso ya no le importa a nadie la desigualdad?.

El socialismo, incluso en sus versiones más moderadas (hoy por hoy radicales frente al capitalismo sin frenos del neoliberalismo), consiste justamente en evitar esas desigualdades, no en producirlas o incluso en aumentarlas.

Zapatero se está convirtiendo en un gran vendedor de humo. Tiene constantemente en su boca la palabra igualdad pero a la hora de la verdad no hace lo que hay que hacer para que se alcance en sus dimensiones más esenciales, las que permiten que todos los individuos tengan efectivamente igualdad de capacidades, en palabras del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, y no solo una mera igualdad formal.

Para avanzar hacia esa igualdad hacen falta algo más que gestos teatrales en torno a algunas mujeres valiosas. Se necesita más gasto social para apoyar las políticas públicas sin las cuales no se puede avanzar hacia la igualdad real; se necesita más justicia fiscal y, por tanto, más impuestos progresivos; se necesita considerar prioritarios los intereses sociales y no los de las empresas y el mercado a la hora de hacer los presupuestos o de diseñar la política educativa o de innovación: se necesitan menos gastos militares; se necesita incentivar la actividad productiva que crear empleo y riqueza y no la especulativa; se necesita domeñar a la gran banca para que financie el desarrollo económico y social...

Pero no es por ahí por donde va Zapatero, que está demostrando que no oye más voces que las de los liberales que ha colocado a su lado. Así que va siendo ya hora de que se lo digamos más fuerte para que cambie de rumbo o para que pueda tomarse conciencia de que hace falta otra gente, otras organizaciones políticas, otra economía y otra política.

Gestiones y escándalos privados; pasividad pública

Salvador López Arnal

Mi tía, Joana, la hermana de mi madre, fue una joven cenetista. Su marido, un militante de la FAI, aprendió a leer en una de sus estancias en la cárcel modelo de Barcelona en la década de los veinte. Cuando murió, a finales de los setenta, Joana supo aguantar bien durante años. Conoció en una local para mayores a Joaquim. Él ha sido su compañero en estos últimos años.

Quim, un trabajador del transporte que emigró a Alemania en los años cincuenta gracias a cuya pensión pudo vivir, con ayuda de Cáritas, sus veinte últimos años rozando la miseria más absoluta, murió en verano de 2007. Un cáncer de hígado acabó con él en apenas un año. No sufrió.

Joana pareció aguantar. Acudió al entierro. Lloró su muerte. Mayor, viviendo en una residencia desde hacía unos dos años (donde era visitada mañana y tarde por Quim a pesar de su delicado estado de salud), enferma de Alzheimer, me permitía acompañarle a dar un paseo día sí, día no, por las calles de su barrio trabajador: la Verneda, Sant Martí (en esta estación de metro se filmó una de la escenas más brillantes de “El silencio después de Bach” de Pere Portabella). A todo el mundo que veíamos, a sus amigos, convecinos, les contaba lo mismo. Quim había muerto, sin sufrimiento, y ella seguía aquí, le echaba mucho en falta y pensaba en él en todo momento.

Pero Joana cambió de opinión y no quiso aguantar más. Un día de octubre, dos meses después del fallecimiento de Quim, empezó a dejar de comer y a no tomar la medicación. Apenas bebía, no quería probar bocado. Insistimos: tienes que alimentarte, no podrás aguantar. Nos miraba y contestaba irritada: “Si Quim no està aquí, per què vull seguir?”. A punto estuvo de lograr su objetivo. Le llevamos de urgencias a un hospital público de Barcelona, el Hospital de Sant Pau. La admirable dedicación de una médica y de su equipo la salvó. Logró convencerla sin presión que valía la pena vivir, que era necesario que tomara la medicación más esencial. Empezó a comer de nuevo; lentamente, muy lentamente.

Su regreso a la residencia no fue fácil. Las personas que la cuidan, en su mayoría mujeres (cuidadoras de planta, médica, enfermeras, limpiadoras, recepcionista, asistenta social), tienen que incrementar ahora sus esfuerzos. Joana es dependiente. No puede andar, va en silla de ruedas. Existe el temor justificado de que se llague si no se mueve cada dos horas y permanece demasiado tiempo en la misma posición. Por lo demás, ya no puede comer sola. La alimentan, la levantan diariamente, la visten, la llevan a convivir y jugar con sus compañeras, la acuestan. Los familiares, los pocos familiares que tiene, la hija de Quim, mi compañera y yo, hacemos poco, muy poco.

Pero agradecemos enormemente, como no podría ser de otro modo, el esfuerzo, el cuidado, el mimo como es tratada por las trabajadoras de una residencia de titularidad pública y gestión privada. No es nada fácil, es trabajo duro y sin apenas reconocimiento. Pero lo consiguen, lo están consiguiendo, a pesar de que en ocasiones la medicación, o la falta de ella, saca de Joana su carácter indómito e incluso la descortesía y la mala educación. A veces pierde los nervios y arroja al suelo comida y utensilios.

La residencia, como decía, es de titularidad pública. Joana, que cobra una pensión de unos 720 euros, no hubiera podido acceder a una residencia privada. Los precios de estas instituciones de lucro, y algunas de lujo, que suplen con finalidad de negocio la falta de un decente Estado de bienestar, con o sin ley de dependencia, tienen precios cuatro o cinco veces superiores. No exagero, no cometo ningún error grave.

La residencia es pública pero la gestión, eso sí, es privada. No tengo datos de las ganancias del empresario que lleva la residencia ni la cantidad obtenida por el acuerdo con la Administración catalana en concurso público. Sé, eso sí, las condiciones laborales de las trabajadoras que rigen la residencia, que le dan vida y gracias a las cuales las cosas funcionan razonablemente bien. Las condiciones, sus condiciones laborales, son tan insoportables que están en huelga indefinida desde hace un mes sin poder hacer huelga efectiva. De hecho, no quieren hacerla. Cuidan de los enfermos (enfermas en su mayoría) y no les quieren dejar a la intemperie. Su protesta se reduce a salir a la calle exhibiendo sus reclamaciones quince minutos diarios para buscar apoyo entre la ciudadanía y los familiares. Luego, todo sigue su camino, y su trabajo es tan duro, difícil y necesario como lo ha sido siempre.

El salario bruto de la mayoría de las trabajadoras de la residencia es de unas 800 euros, unos 715 después de los descuentos correspondientes. No se trata de mileuristas, como señalaba Isaac Rosa en un artículo reciente. Serlo, poder llevar esa etiqueta ciertamente frívola y nada inocente, sería un éxito para ellas. Trabajan 37,5 horas por semana y las que lo hacen en turnos de 12 horas tienen más días seguidos de descanso. Cuando trabajan festivos, reciben un complemento: 10 euros (hasta hace pocos meses eran 8). Por día, no por hora, no se equivoquen. Una trabajadora que haya trabajado tres días festivos en un mes, pongamos por caso, cobrará en nómina unos 845 euros, unos 745 netos.

Las consecuencias de estas inimaginables pero reales condiciones laborales, en un país que se dice faro de la modernidad y que asegura que ha superado la renta de Italia, son conocidas: las trabajadoras cambian de lugar de trabajo cuando tienen ocasión (aunque no es fácil porque las condiciones son similares en otros destinos); el personal más cualificado no es contratado por la dirección de la residencia por el coste que representa; la feminización de la pobreza o de los asalariados más empobrecidos no es sólo asunto de estadística, y el grueso de los puestos de trabajos están ocupados por personas trabajadoras que han llegado recientemente a nuestro país y que tienen menos protección y contactos, moviéndose por ello con más dificultad.

¿Es razonable que estas sean las condiciones laborales de un colectivo que desempeña una tarea tan importante, tan esencial, tan necesaria y, de puertas hacia fuera, tan reconocida ? No lo creo, no creo que alguien pueda mantener una creencia así.

¿Es razonable que el asunto, y su lucha, apenas trascienda a la opinión pública? Tampoco lo es en mi opinión. Otro ejemplo más de la censura informativa de la que habla, con razón y razones, Santiago Alba Rico.

¿No tienen consecuencias la gestión privada de bienes de titularidad pública? Las tiene. Si el motor es el lucro, como es el caso, las consecuencias son conocidas: retribuir lo menos que sea posible la fuerza de trabajo para incrementar el botín.

¿Es razonable que un gobierno de izquierdas, como el que rige actualmente en Cataluña, acepte que un tema de salud como es el cuidado de los mayores, algunos de ellos enfermos, sea gestionado con criterios de rentabilidad? No lo es, en mi opinión. De hecho, paradoja de paradojas, esos son los planes que pretende generalizar, según creo, la señora Aguirre en todos o casi todos los servicios de la Comunidad de Madrid y éstas han sido las propuestas que han sido criticadas por el PSOE cuando ha estado en la oposición: la privatización del estado de bienestar, se ha dicho con voz de barítonos convencidos, es inadmisible.

¿Hay que apoyar o apostar por un gobierno que no es capaz de mover ni un pelo, y menos un dedo, para combatir esta situación de injusticia ilimitada? Tampoco lo creo, sea cual sea los espantapájaros que se agiten en las próximas contiendas. No es posible, no es admisible que a un conseller/a de izquierdas o no sepa nada, o no le importe o le pueda parecer razonable o justo un salario de miseria sabiendo, como sabe, que sus ingresos son 12 o 15 veces superiores a los de un trabajador o trabajadora al que, por otra parte, dice representar y defender (Por cierto, ¿de quién, de qué? )

No sé si exagero -acaso un átomo o un quark, pero no más- si afirmo que éste es otro episodio más, y ya son muchos, de la historia universal de la infamia. Pero, como ustedes saben, no hay ningún libro ni tratado que asegure ni demuestre que sea necesario transigir con tanta ignominia insoportable.

Un Primero de mayo marcado por el desempleo

MANUEL MORALES GARCÍA

HAY 6.069 motivos menos para celebrar en la fiesta del trabajo este año en Granada: son las 6.069 personas que desean trabajar, que están dispuestas a ello, que lo han solicitado en el Servicio Andaluz de Empleo, pero que no tienen trabajo porque nuestro sistema económico y productivo es incapaz de facilitárselo. 6.069. Puede parecer tan sólo un número; es un número igual al aforo del Palacio de Deportes de Granada. Quizá, la forma correcta de pensar en el paro en Granada es visualizar ese pabellón, repleto hasta los topes, como en los días de máxima hinchada, pero no de aficionados al baloncesto, sino de hombres y mujeres que el año pasado por estas fechas no demandaban un puesto de trabajo y ahora sí. Si la cifra vista así nos parece alta, pensemos que esto es tan sólo el incremento anual del paro; que la cifra total, sólo en la provincia de Granada, es de casi 50.000 parados (y sobre todo paradas), comparable a toda la población de Guadix y Baza juntas.

Lo peor del dato es que no se trata del peor dato posible, ya que lo peor está aún por llegar: durante estos años de crecimiento insostenible basado en la especulación inmobiliaria, los trabajadores y trabajadoras han estado recibiendo tan sólo el 54% de la riqueza que producían con su trabajo. Así, se han generando unos beneficios empresariales récord en España. Pero estos beneficios, lejos de reinvertirse en creación de empleo y riqueza, han sido concentrados en el capital especulativo bancario y bursátil, provocando de nuevo beneficios récord tanto de un sector que tan sólo persigue el aumento de los tipos de interés, en contra de los intereses del capital productivo y de los trabajadores.

El caso es que, tras un decenio de bonanza, los granadinos miramos alrededor y no vemos nuevas industrias, ni mejoras sustanciales en lo agrícola, ni emplazamiento de nuevas tecnologías, ni, en definitiva, un desarrollo de la capacidad productiva ni del empleo en nuestra provincia. Por no ver, ni siquiera podemos señalar un gran avance en materia de equipamientos sociales que hayan mejorado la calidad de vida de la población, por no hablar de las infraestructuras provinciales.

El grueso de este beneficio, de ese 46% de la riqueza creada por el trabajo asalariado, se ha convertido pues en lucro privado puro y duro. La acumulación de riqueza ha provocado que el estudio de BANIF sobre las grandes fortunas en Andalucía haya tenido que subir el referente de liquidez disponible, de 150.000 a 300.000 euros, para considerar a un andaluz como 'acaudalado'. El resultado es que existen 51.000 grandes fortunas en Andalucía, con un capital medio de 750.000 euros.

Ahora, como decía, se avecina lo peor. Tras la evidencia de no poder seguir sosteniendo aquel crecimiento insostenible, llega otra, la que demuestra que este modelo traía crecimiento, pero por ser insostenible no traía desarrollo. Nadie quiere ya oír hablar de invertir en ladrillos, el petroleo por las nubes presiona al alza los precios y la banca, oliendo la crisis, empieza a subir los tipos; el consumo se retrae y las familias que antes se endeudaban con alegría ahora acuden a refinanciar sus deudas.

Mientras, en las tiendas, se consume poco, lo básico y a primero de mes. Hasta el tráfico evidencia -lo decía el otro día el estudio sobre la movilidad en Granada capital realizado por el Ayuntamiento- que los atascos se producen en las tardes de los primeros días del mes, que son los únicos en los que los asalariados disponen de liquidez para acudir a las grandes superficies comerciales.

La recesión llama a la puerta y frente a ella nos encontramos con una única receta gubernamental: la del neoliberalismo más ortodoxo de unos responsables de la economía que, ya sean del PP o del PSOE, no conciben otra intervención pública que la del hara-kiri del Estado. En la más pura línea de la escuela de Chicago, la agenda económica de Zapatero-Solbes incluye el abaratamiento del despido, la reducción de impuestos a las rentas y patrimonios más elevados, el fomento de las privatizaciones y la desregulación de la actividad económica.

Lo peor está por venir y se dirá a los trabajadores y trabajadoras de España que es hora de apretarse el cinturón para que la economía del país no se estanque. Y esto lo dirán quienes han sido responsables de tolerar ese modelo irresponsable y esos beneficios inmorales que han facilitado la coyuntura actual, beneficios que deberían ser inmorales incluso para nuestros patriotas defensores del capitalismo, tan proclives a olvidar que la mayoría de las personas que viven en España lo hacen gracias a su trabajo como asalariados. Este camino no conduce, por tanto, sino a un empeoramiento de la situación.

No hay más desarrollo que aquel que garantiza el bienestar de las personas y del medio. Si queremos de verdad desarrollo, tendremos que defender políticas gubernamentales de inversión pública fuerte, tanto productiva como de infraestructuras, para revitalizar la economía y devolver a la sociedad lo que estos años ha dejado de percibir de su esfuerzo colectivo. Por otro lado, desarrollo es también, y sobre todo, alcanzar unas condiciones laborales dignas, apostando por la formación de calidad y por contratación indefinida: sin temporalidad, precariedad o inseguridad. Todo esto sin perder de vista que el artículo 128 de la constitución española establece que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», mientras el 129 mandara a los poderes públicos facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Una parte de la Constitución que no debe estar en las ediciones que algunos manejan.

Los trabajadores y trabajadoras tenemos poco que celebrar pero mucho que defender y reivindicar este primero de mayo para que el año que viene en lugar de llenar otro Palacio de Deportes de parados lo vaciemos. Para que no se nos pase la factura por algo de lo que la ciudadanía de a pie no es responsable: el enriquecimiento insolidario que han practicado algunos en la primavera del ladrillo que se torna ya sofocante estío.

El hambre invade Haití y el mundo

Los consumidores de los países ricos están sintiendo ya la crisis en los supermercados, pero los pueblos más empobrecidos del mundo están muriéndose de hambre. La causa de esta situación son los precios al alza de los alimentos, que están provocando disturbios por todo el mundo; así está ocurriendo en Mexico, Indonesia, Yemen, Filipinas, Camboya, Marruecos, Senegal, Uzbekistán, Guinea, Mauritania, Egipto, Camerún, Bangladesh, Burkina Fasso, Costa de Marfil, Perú, Bolivia y Haití. Este último país, que una vez fue casi autosuficiente en sus necesidades alimentarias, ha pasado ahora a depender de las importaciones para su abastecimiento (al igual que otros países importadores de alimentos), quedando a merced de las empresas agropecuarias.

Stephen Lendman y Global Research

La escasez de trigo en Perú es lo suficientemente grave como para tener al ejército haciendo pan a base de harina de patata (una cosecha nativa). En Pakistán, miles de soldados vigilan los camiones que transportan trigo y harina. En Tailandia, los campesinos que cultivan arroz se turnan para mantenerse despiertos por la noche para vigilar sus campos de los ladrones. En los últimos meses, el precio de las cosechas casi se ha duplicado. Es el alimento básico de la mitad o más de la población mundial, pero los precios al alza y el temor a la escasez han movido a algunos de los mayores productores a exportar menos: Tailandia (el mayor exportador del mundo), Vietnam, India, Egipto, Camboya, y otros que probablemente les seguirán, puesto que la producción mundial va por detrás de la demanda. Los productores de otros granos están haciendo lo mismo, como Argentina, Kazajstán y China. Cuanto menos se exporte, más subirán los precios.

Otros factores son los altos precios del petróleo y los costes de transporte, la creciente demanda, la especulación sobre productos básicos, las plagas del sureste de Asia, una sequía en Australia que dura ya diez años, las inundaciones en Bangladesh y otros lugares, una ola de frío en China que se alarga ya 45 días, y otros factores naturales que en mayoría han sido manipulados, como el desvío de cosechas para dedicarlas a producir biocombustibles, se han combinado para crear una creciente crisis mundial que se detalla a continuación. Se produce también en un momento en que millones de chinos e indios tienen ingresos más altos, cambian sus hábitos alimenticios y consumen más carne, pollo y otros productos cárnicos que provocan demandas inmensas de producción de grano.

A continuación, expongo una instantánea que apareció el 8 de abril en el Times británico recogiendo la situación en algunas zonas de Asia:
· Los campesinos filipinos que sean cogidos acaparando arroz se arriesgan a una sentencia de cárcel perpetua por “sabotaje económico”;
· Miles de pasteleros indonesios de pasteles de soja se han puesto en huelga contra la destrucción de sus medios de vida;
· Países que eran autosuficientes en otra época, como Japón y Corea del Sur, están “reaccionando ferozmente mientras la ratio de reservas de alimentos para consumo se desploma hasta mínimos históricos”;
· La India no puede exportar ya millones de toneladas de arroz; ahora se ve forzada a dejar “una reserva alimentaría estratégica especial además de sus reservas de trigo y arroz”;
· Tailandia es el mayor productor mundial de arroz; su precio subió un 50% en el pasado mes;
· Países como Filipinas y Sri Lanka se disputan suministros seguros de arroz; esos dos países y otros estados asiáticos están luchando para enfrentarse a los precios altos y a los suministros insuficientes.
· El arroz es el producto básico de tres mil millones de personas; una tercera parte de ellas sobrevive con menos de 1$ al día y tienen “inseguridad alimentaria”; eso significa que, sin ayuda, pueden morirse de hambre.

La Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO, en sus siglas en inglés) informó que los costes de los alimentos, a nivel mundial, habían subido casi un 40% en 2007, mientras los granos subieron un 42% y los productos lácteos casi un 80%. El Banco Mundial declaró que los precios de los alimentos han subido un 83% desde 2005. Esto ha hecho que 37 países hayan tenido que hacer frente a crisis alimentarias a partir de diciembre y que, en respuesta a la situación, 20 impusieran controles sobre los precios.

También está afectando a las agencias de ayuda humanitaria como el Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas (WFP, en sus siglas en inglés). Debido al alza de los costes de la energía y los alimentos, el 20 de marzo se hizo un llamamiento urgente a los donantes para que contribuyeran a cubrir un vacío de 500 millones de euros en los recursos que les permiten llevar a cabo su trabajo. Desde esa fecha, los precios de los alimentos subieron otro 20% y no hay señales de que vayan a bajar. Para los pobres del mundo, como el pueblo de Haití, la situación es desesperada, la gente no puede conseguir alimentos, hagan lo que hagan, y muchos se están muriendo de hambre.

Haiti: El Vivo Ejemplo del Hambre en el Mundo
La crisis haitiana es tan extrema que ha forzado a la gente a comer (no alimentos) galletas de barro (llamadas “pica”) para aliviar el hambre. Es un desesperado remedio haitiano hecho de barro seco amarillo que proviene de la meseta central del país para aquellos que pueden permitírselo. No es gratis. En los atestados suburbios de Ciudad del Sol, la gente usa una mezcla de barro, sal y grasa vegetal como comida normal, y eso es todo lo que se pueden permitir. Un periodista de AP en Puerto Príncipe lo probó. Dijo que tenía “una consistencia suave, pero la mezcla se deshacía fuera de la boca tan pronto se tocaba con la lengua. Después, y durante horas, persistió un desagradable sabor a tierra”. Mucho peor es cómo afecta a la salud humana. Una dieta de galletas de barro causa desnutrición severa, dolor intestinal y otros efectos dañinos por toxinas potencialmente mortales y parásitos.

Otro problema es el coste. Ese llena-estómagos no es gratis. Los haitianos tienen que comprarlo, y los precios de la “arcilla comestible” no paran de subir, casi 1,5$ el pasado año. Ahora cuesta alrededor de 5$ hacer 100 galletas (unos 5 céntimos cada una), lo que es más barato que la comida, pero muchos haitianos ni siquiera pueden permitirse eso. Veamos su situación:
· El 80% de los haitianos están empobrecidos en el país más pobre del hemisferio y uno de los más pobres del mundo;
· El desempleo rampante, las dos terceras partes, o más, de los trabajadores tienen tan sólo trabajos esporádicos;
· Los que tienen empleo, ganan de 11 a 12 céntimos la hora; el salario mínimo oficial del país es de 1,80$ al día, pero las cifras del FMI muestran que el 55% de los haitianos reciben sólo 44 céntimos al día, una cifra con la que resulta imposible vivir.

Así es cómo viven los haitianos pobres. Tienen familias amplias, viven en chabolas de cartón y hojalata, no hay agua corriente y muy poca o ninguna electricidad, y la vida dentro y alrededor es horrible. Las sábanas están atestadas de moscas, no hay saneamiento y en el exterior la basura se extiende por doquier. Los niños están siempre hambrientos, nunca hay suficiente comida, a menudo sólo hacen una única comida al día, las enfermedades son el pan de cada día, las expectativas de vida son muy bajas y han de soportar a los supuestos “pacificadores” Cascos Azules y la violencia de las bandas que asolan comunidades como la Ciudad del Sol de Puerto Príncipe.

Ahora, ante la crisis alimentaria, los haitianos han salido a la calle a protestar porque el pasado año se habían triplicado los precios de los artículos de primera necesidad, y tienen un presidente, un primer ministro y un gobierno que no hacen prácticamente nada para remediarlo. Durante días, se les vio por todas partes, por todo el país, y eran miles. Protestaron en Puerto Príncipe, llevando platos vacíos para expresar su espantosa situación, rompieron las ventanas de edificios y coches, asaltaron las tiendas, buscaron comida, intentaron asaltar el palacio presidencial, gritaron “tenemos hambre” y exigieron la dimisión del Presidente René Preval.

Los Cascos Azules de Naciones Unidas (MINUSTAH) respondieron cruelmente de la forma que lo hacen siempre contra las manifestaciones pacíficas o de protesta. Dispararon y mataron al menos a cinco haitianos (algunas informaciones dicen que fueron más), hirieron a muchos otros y eso sólo en el centro de Puerto Príncipe.

En Les Cayes (la tercera ciudad más grande de Haití), en el suroeste, los manifestantes asaltaron e intentaron incendiar las oficiales de la MINUSTAH local. Otros hicieron barricadas en las calles, buscaron comida y gritaron “Fin al alto coste de la vida”. Protestas similares se sucedieron por todo el país:
· En las ciudad del norte como Cap-Haitien y Gonaives;
· Jacmel en el sur;
· Jeremie en el suroeste, donde se informó al menos de dos muertes; y
· En ciudades más pequeñas como Petit Goave, Miragoane, Aquín, Cavaillon, Sant-Jean du Sud, Leogane, Vialet, Anse-a-Veau y Simon.

Es algo ya familiar en Haití. La rabia ante la injusticia se va incubando y explota sacando a los haitianos en masa a la calle contra condiciones intolerables de vida que se han ido agravando por una ocupación represiva y odiada de Naciones Unidas. Están allí para proteger los privilegios, no para asegurar la paz. Fue la primera vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó a unos supuestos “mantenedores de la paz” a reforzar un golpe de estado contra un presidente democráticamente elegido (por una mayoría del 92%).

El actual presidente de Haití no puede hacer frente a la situación y su actuación ha ido paralela al estado de las cosas. Desde su reelección en febrero de 2006, ha sido totalmente ineficaz, no ha hecho nada para aliviar la crisis actual, en vez de ponerse a trabajar para intentarlo lo que hizo fue dar órdenes para que se acabara con las protestas, y así es cómo el 9 de abril se dirigió a la población por televisión en un discurso vergonzoso: “Las manifestaciones y la destrucción no van a conseguir que bajen los precios ni que se resuelvan los problemas del país. Muy al contrario, eso puede hacer que crezca la miseria y que la inversión huya del el país”, por supuesto que eso no ayuda en nada a la mayoría de los haitianos y Preval lo sabe.

Después de una semana de protestas, siguió una calma inestable, pero las cosas pueden estallar de nuevo en cualquier momento porque las medidas implementadas han sido mínimas. De forma desdeñosa, el primer ministro de Preval, Jacques Edouard Alexis, culpó del problema a las “fuerzas globales” y al alto coste del petróleo diciendo que no había soluciones inmediatas y dando el caso por cerrado. También afirmó que las protestas estaban manipuladas por provocadores, incluidos enfadados traficantes de drogas que reaccionaban ante un supuesto cierre de uno de de sus puntos de transporte.

Alexis está ya fuera y las elites debaten sobre quién le va a reemplazar, mientras, los haitianos se mueren de hambre, el FMI sigue llevándose un millón de dólares a la semana en impuestos exigidos a los ricos, y sólo países como Cuba (mediante la formación de haitianos en medicina) y Venezuela (donando dinero, petróleo barato y unas 600 toneladas de ayuda alimentaria enviada el 13 de abril, más de la cantidad informada al principio) parecen preocuparse. Chavez se preocupa por toda Latinoamérica y el pasado año donó unos 8.800 millones de dólares de ayuda, cuatro veces la suma de EEUU proporciona a la región.

Por su parte, el Banco Mundial planea enviar 10 patéticos millones de dólares de “ayuda de emergencia” para un país en el que alrededor de ocho millones de personas se mueren de hambre. También planea duplicar “hasta” 800 millones de dólares sus préstamos agrícolas a África para el próximo año, y con eso lo único que conseguirá será que una mala situación empeore. Irá destinado a naciones gravemente endeudadas, incapaces, como consecuencia, de proporcionar alimentos a su pueblo; pero la política del Banco Mundial siempre va en la dirección contraria a lo que esos países necesitan.

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo simplemente una declaración formal sobre la crisis y su gravedad, y fue tan frustrante como Alexis, no ofreció ninguna ayuda significativa, es un tipo tan indiferente como los funcionarios del Banco Mundial, que nunca olvida que sus jefes están en Washington. En vez de hacer su labor para ayudar, apeló a los dirigentes de Haití a que restauraran la estabilidad porque la seguridad del país estaba amenazada. Los pueblos pobres que se mueren de hambre no son su problema. ¡Que coman galletas de barro!

Esa es también, al parecer, la solución de René Preval. Tardíamente (el 12 de abril), anunció un plan para hacer que el precio del arroz bajara un 15%. Eso no va a ayudar en nada a solucionar la crisis, y Reuters (15 de abril) informó que los vendedores exigen precios más altos aún para las mercancías que tienen almacenadas. Eso provocó nuevos disturbios en las calles, que los haitianos sigan muriéndose de hambre y que los “funcionarios gubernamentales brillen por su ausencia a la hora de hacer la más mínima declaración”.

El nuevo libro de Raj Patel explica bien el estado de cosas actual. Se titula “Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System”. En una declaración efectuada el 14 de abril, dijo: “Lo que está sucediendo en Haití es un presagio para el resto del mundo desarrollado. Haití es el vivo retrato de una economía que liberalizó su agricultura y liquidó las redes de protección social para los pobres…”. Las condiciones que crean los disturbios como consecuencia del problema alimentario son dos:
· “Los precios desorbitados y las políticas modernas de desarrollo” (tarifas, subsidios a las corporaciones, políticas de reserva de grano) hacen que millones y millones de seres no puedan acceder a los alimentos; y
· “Entonces se producen disturbios cuando no hay otra forma de conseguir que los poderosos escuchen…” Seguirán apareciendo “cada vez con mayor frecuencia hasta que los gobiernos se den cuenta que la comida no es un mero artículo, es un derecho humano”.

Ayudas europeas

SUBVENCIONES COMUNITARIAS A GRANDES FORTUNAS AGRÍCOLAS ANDALUZAS EN 2005

• COMPLEJO AGRÍCOLA, S.A. - MORA FIGUEROA DOMECH - 3.826.273’82
• JOSÉ LÓPEZ MAZUELOS - FAMILIA LÓPEZ DE LA PUERTA - 1.326.530’70
• DEHESA NORTE - FAMILIA FÉLIX HERNÁNDEZ BARRERA - 2.830.690’00
• ARTEGA MARTÍN IÑIGO - DUQUE DEL INFANTADO - 1.776.985’00
• AGRÍCOLA DE BARBATE - MORA FIGUEROSA DOMECH - 181.476’00
• EUROEXPLOTACIONES AGRARIAS - DUQUESA DE ALBA - 313.909’00
• EUROTÉCNICA AGRARIA - DUQUESA DE ALBA - 841.026’00
• ARENALES DE LA MAZA - SAINZ DE LA MAZA - 166.971’00
• ABECERA SOLIS - MARTÍNEZ CAMPOS - 410.363’00
• AGRÍCOLA SAN MARTÍN - PARIAS MERRY - 198.372’00
• HACIENDA DEL SUR - NICOLÁS OSUNA GARCÍA - 880.894’00
• JEICA - SÁNCHEZ IBARGÜEN - 35.455’00
• CÁRDENAS ECIJA - PEDRO CÁRDENAS OSUNA - 584.802’00
• RÚSTICAS DEL RÍO - FAMILIA BOLÍVAR - 669.707’00
• CABEZA RUBIA - GUIRAO CARNERO - 620.614’00
• CARIMBO - SÁNCHEZ NAVAJAS - 79.249’00
• LOS CARRIZOS - MARIO CONDE - 104.693’00

La mitad de los españoles que emigraron en los 60 también eran 'sin papeles'

Sólo la mitad de los españoles que emigraron a Europa en los sesenta lo hicieron con contrato y de forma legal, según un estudio de la profesora Blanca Sánchez Alonso, presentado este miércoles por la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.

• Un 30% de los adolescentes echaría de España a "moros" y gitanos
• Los españoles somos más racistas de lo que pensamos

El trabajo Tópicos e inocencias de la inmigración española desde una perspectiva histórica es un análisis histórico de la emigración española durante los siglos XIX y XX y puede servir para adivinar la tendencia a largo plazo de los flujos inmigratorios hacia España.

Sánchez Alonso niega que los inmigrantes ignoren la realidad que encontrarán en el país de destino, como demuestra el hecho que "en los sesenta no se produjo ningún salto al vacío, sino que la información circuló intensamente a través de familiares y amigos ya emigrados".

Es precisamente este intercambio de información lo que la llevó detectar la situación irregular de muchos de los emigrantes españoles en Europa.

"A pesar de que el mismo gobierno articuló mecanismos para fomentar y canalizar la emigración, sólo la mitad de la gente lo hizo a través de los cauces institucionales", explica.

La profesora traslada esta situación a la que vive actualmente España en sentido inverso, ya que "en los próximos años, habrá muchos más jóvenes africanos dispuestos a llamar a las puertas de Europa y van a entrar sin llamar, porque las puertas no se las van a abrir".

Asimismo, desdice algunas ideas "preconcebidas" como la creencia de que la pobreza absoluta es el principal impulso de la emigración.

En realidad, afirma Blanca Sánchez Alonso, "la emigración conlleva un coste que requiere de una renta mínima previa para afrontarlo, esto es lo que provoca que haya una relación entre crecimiento económico y tasa de emigración".

¿Qué significan para la ciudadanía las rebajas de impuestos?

ATTAC informa a los ciudadanos y ciudadanas que, contrariamente a lo que actualmente nos están trasmitiendo los líderes políticos del Gobierno de nuestro país y de la Oposición de derechas y centro-derecha, las rebajas sistemáticas de impuestos sobre las rentas, los beneficios de las empresas y las transmisiones patrimoniales, así como la pretendida abolición del impuesto sobre el patrimonio, no constituyen un beneficio para la ciudadanía, sino que en realidad implican un claro retroceso en la garantía de prestación de servicios públicos esenciales y de las infraestructuras públicas de las que nos beneficiamos todas y todos. 

Si el Estado no dispone de ingresos suficientes no puede proveer y garantizar a los ciudadanos/as unos servicios públicos de calidad (educativos, sanitarios, pensiones, servicios sociales, redes viarias, transportes colectivos, de promoción cultural, o suministros).

El deterioro de los servicios públicos, que lleva a su descrédito ante la ciudadanía, es el principal argumento que emplean en la actualidad muchos gobiernos para privatizar servicios esenciales, basándose en la falsa creencia, como a largo plazo se viene demostrando, de que la gestión privada es más eficaz. 

Los ingresos fiscales son la base fundamental de los presupuestos públicos y constituyen una fuente de riqueza necesaria para el desarrollo de lo común, de lo colectivo y de los derechos sociales, para la cohesión social, el Estado de Derecho y el progreso económico y social.

Así lo han entendido durante muchos años en Europa gobiernos de países con una mayor presión fiscal que España: la media de la presión fiscal en la Europa de los 15 es 5 puntos superior a la de España. Además estos mismos países conceden en sus presupuestos gran importancia al gasto social: la media del gasto social en estos países es 6 puntos superior a la española, y así han podido desarrollar políticas de bienestar más satisfactorias.

Pero el Gobierno español quiere hacer creer a la ciudadanía que su política presupuestaria está generando tal superávit que es posible abordar la supresión de los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones, rebajas en los topes de IRPF y la reducción gradual del impuesto de sociedades, sin que ello implique la reducción del gasto público y el deterioro en los servicios públicos.

Sin embargo, la realidad es bien distinta. Bajo la presión de los centros del poder económico, que quieren que todo lo colectivo se mercantilice y pase a ser negocio, España sigue la pauta que el neoliberalismo está imponiendo en todo el planeta: una reducción progresiva de los impuestos directos y una tendencia, cada vez mayor, a ir descargando de responsabilidades y de gasto público en favor de la iniciativa privada para la prestación de Servicios Públicos. 

ATTAC ha expresado en anteriores comunicados su rechazo a leyes tributarias concretas de carácter regresivo del actual Gobierno y de gobiernos anteriores que suponían una disminución de los impuestos directos a las plusvalías de las empresas y a los beneficios del capital, al mismo tiempo que tendían a cargar el peso contributivo sobre los impuestos indirectos al consumo y sobre las rentas del trabajo y esto en una situación en donde año tras año las rentas del trabajo disminuyen, en relación al PIB, y las del capital aumentan. 

Añadimos a esto que la mera existencia de los llamados Paraísos Fiscales crea una competencia fiscal a la baja entre los diversos países. Al tener estos Paraísos Fiscales una fiscalidad nula hacia los capitales foráneos y un régimen de opacidad, atraen todo tipo de capitales legales ilegales y delictivos. Esto ayuda a crear una competencia impositiva y a que todos los países rebajen sus impuestos.

ATTAC viene denunciando reiteradamente las múltiples formas de que se sirven las multinacionales, grandes empresas y grandes fortunas para efectuar evasión y fraude fiscal a través de sociedades pantalla y cuentas opacas abiertas en filiales bancarias de Bancos Españoles y extranjeros en Paraísos Fiscales. Y por ello insiste a los diversos Gobiernos para que no se reconozcan jurídicamente a estas sociedades y filiales establecidas en dichos centros offshore, sin que hasta el momento ningún gobierno democráticamente constituido haya actuado lo más mínimo contra esta realidad delictiva que socava nuestro sistema tributario y nuestra democracia. 

Ante esta preocupante situación denunciamos la actitud del Gobierno del Estado Español y consideramos necesario que de una vez se informe verazmente a la ciudadanía y que se promuevan acciones políticas para que se desarrolle una cultura sobre la necesidad de los impuestos en lo que respecta al bienestar y la garantía de los derechos básicos de ciudadanía y que persiga la evasión, fraude fiscal y lavado de dinero negro a través de los Paraísos Fiscales.

¡Bajar los impuestos es socialmente reaccionario!

Requiem por el Impuesto de Patrimonio

Juan Francisco Martín Seco

El Impuesto de Patrimonio está condenado a muerte. Los dos partidos mayoritarios han incluido en los respectivos programas electorales su eliminación, lo que no puede extrañarnos, teniendo en cuenta la evolución que desde hace muchos años ha experimentado nuestro sistema fiscal: deterioro de la progresividad, reducción de gravámenes a las rentas empresariales y de capital, y potenciación de los impuestos indirectos. Como siempre, lo más hiriente de este proceso son las mentiras que se manejan.

El anuncio de la supresión del Impuesto de Patrimonio ha venido precedido de toda una campaña de desprestigio de esta figura tributaria. La estrategia es muy simple. Se trata de repetir constantemente la misma idea aunque sea sin argumentos, o bien con argumentos superficiales y falsos; la consigna va quedando y así uno de los principales políticos españoles puede afirmar en la radio sin que nadie le replique que van a suprimir el Impuesto de Patrimonio, “que, como todo el mundo sabe, es un impuesto injusto y obsoleto”.

Los que tachan de injusto este impuesto acuden a una teoría en boga, la doble imposición. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya por el IRPF. Algunos han encontrado la piedra filosofal, siempre que quieren arremeter contra un gravamen se escudan en la doble imposición. Y es que, dado el proceso circular de la renta, todos los impuestos estarían inmersos en este concepto. De acuerdo con esta visión tan estrecha, sólo podría existir un tributo. ¿Acaso no tendríamos que hablar de doble imposición en el IVA o en los Impuestos Especiales, ya que los recursos que dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el Impuesto sobre la Renta? En el Impuesto de Trasmisiones, ¿no son los mismos bienes los que se gravan en una serie indefinida de transacciones? Y qué decir del IBI, este sí que es un impuesto de patrimonio, sólo que generalizado, no progresivo y que recae exclusivamente sobre los bienes inmuebles, con lo que afecta principalmente a las rentas bajas. Nadie ha pedido sin embargo su supresión, todo lo contrario, se está incrementando de forma espectacular, entre otros motivos para compensar la eliminación de las licencias industriales de los empresarios.

La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos complementarios y debidamente armonizados que graven las manifestaciones de capacidad económica de los ciudadanos, y pocas magnitudes indican mejor dicha capacidad que el patrimonio.

La segunda razón esgrimida por los detractores del impuesto para tildarlo de injusto es, cómo no, que recae exclusivamente sobre las clases medias, puesto que los contribuyentes de ingresos elevados se escapan de su gravamen mediante la creación de sociedades interpuestas. No es, desde luego, un argumento muy original. Un razonamiento similar se ha utilizado cuando se trataba de reducir la progresividad del IRPF o de eliminar el Impuesto de Sucesiones.

Siempre la misma monserga que posee una buena dosis de cinismo, sobre todo cuando después se reduce el Impuesto de Sociedades, o cuando se exime a éstas de tributar por los incrementos patrimoniales o se eliminan los mecanismos de transparencia que permitían imputar a los socios los beneficios y patrimonios de la sociedad.

Si las grandes fortunas eluden tributos tales como el IRPF, Patrimonio o Sucesiones, es tan sólo porque el poder político se lo permite. Las sociedades no se encuentran flotando en el aire, tienen accionistas, que pueden ser perfectamente identificados, y los valores de aquéllas, incorporarse al patrimonio de sus dueños. El Estado tiene suficientes mecanismos para evitar la evasión o la elusión (para el caso, da lo mismo) de este impuesto. Algo similar cabe afirmar de las clases medias. No existe ningún impedimento para no elevar el límite exento y dejar por tanto fuera del alcance de este tributo el montante de riqueza que se desee.

Se afirma que este impuesto ha quedado obsoleto. Por lo visto, ahora los tributos modernos e innovadores son los indirectos. Por ese camino, puede que lleguemos a un gravamen tan original como era el de puertas y ventanas. Lo cierto es que el Impuesto de Patrimonio no puede estar obsoleto por la sencilla razón de que está casi por estrenar, apenas se había comenzado a extraer toda su virtualidad.

Se afirma con superficialidad que su único objetivo consistía en ser un elemento de control. No hay por qué negar que ésta podría ser una de sus finalidades –curiosamente, tal cometido parece despreciarse ahora a pesar de las enormes bolsas de fraude existentes–, pero hay otra más importante: la de ser, junto con el Impuesto de Sucesiones y el IRPF, un factor de corrección de la injusta y desigual distribución de renta que realiza el mercado. No es ningún secreto que el sistema económico capitalista produce la acumulación progresiva de recursos y riquezas, y que se precisa de la actuación del Estado, especialmente a través del sistema fiscal, para subsanar tales efectos nocivos.

El Impuesto de Patrimonio puede ser un buen instrumento de socialización, pero precisamente por esto siempre ha contado, tanto en España como en Europa, con la oposición radical de las fuerzas económicas y reaccionarias.

En un sistema fiscal moderno y progresivo, el Impuesto de Patrimonio tiene un importante papel que cumplir. Es evidente que el actual tiene múltiples defectos y lagunas, pero ello debe constituir un motivo para su reforma, nunca para su supresión. Esto me recuerda aquella coplilla de nuestra tradición literaria: “El Señor Don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo hacer este hospital y primero hizo a los pobres”. Nosotros primero creamos los agujeros fiscales y luego, amparándonos en ellos, suprimimos el gravamen.

Por un urbanismo solidario y sostenible

Sindicato Andaluz de Trabajadores

El capitalismo es un sistema aberrante capaz de generar las mayores irracionalidades y los mayores disparates. Al quererlo convertir todo en dinero como un rey Midas provoca situaciones como la de la vivienda, donde se ha convertido un derecho en un negocio, y haber pervertido una necesidad humana en un achaque más para el lucro más egoísta de unos pocos desvergonzados.

Resulta una monstruosidad que hoy, en pleno siglo XXI, ni siquiera los países más enriquecidos hayan sido capaces de resolver este derecho humano elemental porque se ha metido en la coctelera del mercado y mercantilizado lo que a todas luces es un necesidad vital de las personas. Es sencillamente increíble que 3.000 millones de seres humanos no tengan vivienda, y que países como Japón, EEUU o Alemania no hayan resuelto este problema.

La situación en el Estado español, y en Andalucía, está presidido por ésta misma filosofía perversa de reconversión salvaje de un valor y un derecho en una mercancía para especular.

El ganar dinero, sea como sea, lleva a las grandes constructoras a que no construyan viviendas para cubrir necesidades, sino para sacar beneficios por todos los rincones, y de ahí, la corrupción generalizada que preside el sector.

Corrupción que presiden los grandes constructores con la complicidad de los grandes bancos que financian la compra de suelo rústico y mediante presión lo recalifican en urbano obteniendo plusvalías millonarias que luego se utilizan para comprar todo tipo de voluntades y autoridades. Corrupción que se vuelve a dar en el momento de la construcción, tanto en la subcontrata como en la calidad de los materiales, como en el precio final de la vivienda, muy por encima del costo real.

Y por si fuera poco, a la hora de la venta hay especuladores que compran viviendas no para habitarlas, sino para la reventa en el momento que se lo indique el mercado. Todo esto lleva la paradoja de que se siga construyendo viviendas, cuando en el Estado español hay cuatro millones de viviendas vacías y en Andalucía 600.000. Y lo que es peor, existen al mismo tiempo, miles de familias sin viviendas que jamás podrán acceder a ninguna vivienda, puesto que los precios actuales son absolutamente inalcanzables para la gran mayoría de la población.

De otra parte, el destrozo de este modelo constructivo está generando una situación terrible y devastadora, ya que no respeta para nada ni las costas ,ni los bosques, ni el suelo verde, ni el índice de construcción, ni otros espacios reservados que deberían ser intocables.

Ante este panorama, qué medidas se pueden tomar:

1) En primer lugar hay que cambiar radicalmente el concepto urbanístico actual por otro que signifique considerar la vivienda y el suelo para edificar como un derecho inalienable de las personas y un patrimonio de los pueblos.

2) Nueva ley del suelo que haga público todo el suelo urbanizable y se declare como no especulativo en ninguna circunstancia.

3) Creación de un Banco Público de suelo urbanizable e inespeculativo.

4) Creación de constructoras públicas sin ánimo de lucro y dispuestas a edificar dentro de un urbanismo sostenible.

5) Puesta en marcha de un nuevo modelo de autoconstrucción con participación activa en la redacción del proyecto y en la construcción de las viviendas por los futuros beneficiarios.

6) Nueva ley que facilite las cooperativas de viviendas así como las constructoras cooperativas.

7) Nuevas leyes de expropiación del suelo que permita el inmediato acceso de todas las actuaciones públicas y que valore al suelo como rústico y al precio que figure en el catastro y con bonos del Estado pagaderos a 25 años.

8) Ley de arrendamiento que obligue a los propietarios a tener que alquilar sus viviendas a un precio máximo que nunca podrá superar el 15% del salario mínimo interprofesional.

9) Expropiación de quiénes se nieguen a alquilar su vivienda y tasa creciente por año hasta la confiscación de las viviendas vacías.

10) Dotación a los ayuntamientos de facultades legales para expropiar el suelo que necesite para viviendas e infraestructuras, así como de los recursos económicos para que realmente puedan desarrollar un urbanismo solidario sin dependencia de otras administraciones.

11) Creación de un parque público de viviendas, dignas, baratas y no inferior a 90 metros construidos útiles que impidan cualquier intención especulativa y que asegure un mínimo vital suficiente.

12) A partir de estas medidas, la vivienda será realmente un derecho y cumplirá su verdadera función social.

José María Aznar, entre ladrones y financiadores de terroristas

Juan Torres

La reciente sentencia sobre el caso SINTEL pone de actualidad las relaciones de Aznar con personajes como el fallecido Mas Canosa y sus hijos, ahora reconocidos como ladrones y de hace tiempo vinculados a terroristas. Conviene recordarlo.

La Audiencia Nacional española acaba de sentenciar sobre el llamado caso SINTEL, una empresa filial de Telefónica que fue vendida a bajo precio a Jorge Mas Canosa, el empresario de origen cubano asentado hasta su muerte en Estados Unidos. Después de una gestión desastrosa la historia terminó con casi dos mil trabajadores despedidos, grandes pérdidas para el Estado y altos beneficios para los empresarios.

Ahora, el juez ha dictaminado que los hijos del fallecido Jorge Mas y otros directivos, "guiados por el ánimo de obtener un beneficio económico a costa del patrimonio de Sintel (Sistemas e Instalaciones de Telecomunicación SA) (...) coadyuvaron conscientemente al desmantelamiento patrimonial de lo que era Sintel con el desgajamiento de sus sociedades filiales, todo ello con incumplimiento de las obligaciones tributarias de llevanza de la contabilidad mercantil o libros o registros fiscales". Vamos, que robaron.

La sentencia ha pasado casi desapercibida en la prensa y, sobre todo, que Jorge Mas Canosa no solo fue un ladrón sino un patrocinador de terroristas y financiador y amigo del ex presidente español José María Aznar.

Hace poco, el hijo de Mas declaraba a la cadena SER que “Aznar nos ha dicho que podemos contar con su apoyo al igual que el de la fundación FAES que él preside”, confirmando así que seguían las buenas relaciones entre Aznar y su familia.

El periodista Pascual Serrano mostraba hace ya siete años las vinculaciones entre la familia Mas, el exilio cubano y las actividades criminales y terroristas que a su amparo se llevan a cabo, hasta el punto de que se barajaba que su organización, la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), con la que colabora Aznar, fuese declarada una “organización criminal”.

El conflicto de la limpieza en el Metro de Madrid

La gente que nos quita la mugre de las casas, de las calles, de los colegios, de los edificios públicos o del Metro es la gente peor valorada económicamente, es gente con sueldos de pena, pero aún hay personajes que gastan en un día el sueldo de estas personas y se atreven a criticarlos cuando hacen una huelga para mejorar su situación. Los critican en Almuñécar, en Motril o en Madrid, da igual. Es el mismo problema. Personas insolidarias hay en todos sitios. O alcaldes que viven como dios ganando once millones de pesetas, dietas aparte, y se permiten decir barbaridades como esa de que el comité de empresa de El Mirlo es un cáncer. Vaya médico tan inculto que no se ha dado cuenta aún de que el cáncer está en el ayuntamiento. Desde aquí nuestro apoyo a los trabajadores de la limpieza del Metro y a todas las personas que en este país se dedican a quitar la mugre que dejamos los demás.

Los sindicatos UGT, CGT, USO, CNT y SUT han convocado para el próximo miércoles, 2 de enero, una manifestación ante la falta de acuerdo con las empresas encargadas de la limpieza en el Metro de Madrid y, en consecuencia, el mantenimiento de la huelga que hoy cumple su décimo cuarta jornada. La secretaria general de Limpieza de UGT Madrid, Carmen Solera, explicó ayer a EFE que están a la espera de que la Delegación del Gobierno en Madrid autorice la marcha que, en principio, se celebrará a las 18.00 horas entre Atocha y Tirso de Molina.

Solera ha pedido la unión de todos los trabajadores encargados de la limpieza del suburbano y les ha instado a que "estén muy pendientes de posibles esquiroles".

Cuando se cumplen catorce días de huelga y la basura sigue acumulándose en vestíbulos, pasillos y andenes de las estaciones, la portavoz de UGT ha señalado que la situación "se está enquistando" después de que hacia las 7.00 horas de ayer "pensábamos que podíamos llegar a un acuerdo".

Pero éste no se alcanzó por la "incoherencia" de los representantes de Clece, Eurolimp, Valoriza y Ferroser que condicionaron la equiparación salarial de los 1.500 trabajadores de la limpieza "a la congelación salarial durante los tres próximos años".

Zapatero, el patrimonio de las clases medias... y en general la vergüenza de la política fiscal

Pablo M. Fernández Alarcón 

Dedico este pequeño artículo a mi compañera Rocío.
Rocío es mujer, delegada sindical, hipotecada, mileurista y de Carabanchel. Rocío no va a dar la vida por la patria, la va a dedicar a trabajar ocho horas diarias por cuenta ajena. Rocío es una chica honrada y cumplidora. No ha pisado nunca un coche oficial y jamás será concejala ni tan siquiera de cultura. Y aún así defiende con ardor que los compañeros no deben utilizar artimañas –aunque éstas sean legales- para pagar menos a Hacienda.
Rocío no liquida el Impuesto de Patrimonio, no sabe lo que es una SICAV y no sé si le interesa demasiado saberlo. Es más, creo que le da igual ser de clase media o no. No creo que logre convencerla, pero escribo esto para que sepa lo duro y vergonzoso que resulta en este país no poder darle la razón.

Nada, nada... Hablemos de actualidad... Noticia: el Gobierno Zapatero ha decidido que el Impuesto sobre el Patrimonio pase a la historia en la próxima legislatura. Dicen en el Partido Socialista que es una antigualla, que ya sólo subsiste en la Francia de Sarkozy , que recae sobre las clases medias...

Pero veamos cuánto hay de cierto en todo esto. Tradicionalmente la política fiscal se basaba en tres impuestos. Uno sobre la renta, otro sobre el patrimonio y otro indirecto (el famoso IVA). Los dos primeros eran progresivos –es decir, el porcentaje de lo que se paga es mayor en función del total sobre el que se paga- y el último no. Por hablar muy gráficamente, el Impuesto sobre la Renta iba en función de lo que se ganaba y el del patrimonio sobre lo que se tenía. La idea era que la finalidad de redistribución social de la política fiscal se concretaba en redistribuir los recursos no sólo desde los que ganaban más a los que ganaban menos sino también de los que más tenían a los que no tenían nada. En suma, se trataba de gravar no sólo a los que se iban haciendo ricos sino –cosa muy importante, teniendo en cuenta el punto de partida- a los que ya lo eran. He de aclarar primero que este programa redistribuidor y progresivo no era el delirio programático de un radical de izquierdas, sino que era ni más ni menos que el pactado en nuestra vigente Constitución Española, la que no paramos de defender, celebrar, glosar... todo menos cumplir.

Pero daba igual lo que dijera la Constitución, como existe un lugar fantástico llamado Bruselas en el que los Gobiernos Europeos tienen la capacidad de legislar sin que los Parlamentos, las opiniones públicas o lo que queda de Medios de Comunicación les molesten, pues allí se fueron a acordar una política fiscal que sólo permitiera subir los impuestos indirectos, es decir, el IVA, es decir, el único proporcional. Lo de Bruselas es una cosa de cuento de hadas: resulta que el ministro va por allí por las mañanas con sus colegas y allí deciden cuanto quieren sitiados por un ejército de lobbys y sin ningún control democrático, y ese mismo ministro llega por la tarde a su país diciendo que no les queda más remedio que aplicarlo, es decir, aplicar lo que ha decidido Europa...

Pues mira tú, lo que se decidió básicamente es crear alternativas impositivas para limitar la progresividad de los impuestos. Esto es, bajar los impuestos a los que más tienen y si hay que subirlos –por exceso de déficit- subir sólo aquellos que son proporcionales. Con una excepción, claro, la del IVA de lujo, que decidió eliminarse, de modo que hoy se paga lo mismo por dormir en un hotel de cinco estrellas que por pasar una noche en un camping (de hecho, menos de la mitad que por una prenda de abrigo o un pañal de bebé). Y con respecto a los impuestos progresivos, los directos, la cosa fue diferente: En España se estableció primero un tipo fijo para el Impuesto de Sociedades. Al principio del 35%, más tarde del 30, luego del 25. Fácil, fácil. Todo el que tenga que pagar más de ese tipo que constituya una Sociedad. Se acabó la progresividad… El tipo marginal –el porcentaje máximo que pagan los más ricos- podía ser el que fuera... nadie lo iba a pagar... Bastaba convertirse en empresario de una empresa fantasma cuyo único producto era el ahorro fiscal.

Pero eso seguía siendo mucho... si usted tiene capital suficiente para jugar a inversor podrá beneficiarse aún más. Si invierte su dinero en bolsa no tendrá que someterlo al esquema impositivo de renta y patrimonio. No. Eso es para los ganan dinero a base de trabajar. Si usted gana dinero en bolsa tributará al 18%. Y eso ¡con carácter retroactivo desde Enero de 2006! ...no como el cheque bebé.

Mas nunca hay que conformarse si se puede ganar más... Pues más allá de Bruselas existe un espacio sideral, justo antes de llegar a la galaxia Bilderberg, donde no rigen siquiera las leyes del libre mercado. El lugar de los verdaderos ricos, el de los grandes inversores. Si las decisiones en Bruselas son “Europa” este lugar es aún más lejano e inapelable: Se hacen llamar a sí mismos los mercados”. Así, tan panchamente. Allí, los verdaderos ricos decidieron que todo eso era muy poca rebaja, que había que crear “nuevas fórmulas fiscales que atrajeran la inversión”. En suma, “los mercados” exigían crear un tipo impositivo regresivo, es decir, que pagaran menos los que tienen más, un tratamiento especial para gente especial. Y aparecieron las SICAV, en español Sociedad de Inversión de Capital Variable, en cristiano Sociedades que se crean para invertir el dinero –mucho dinero- en bolsa, es decir, en las grandes empresas. Y, en un alarde de generosidad y justicia social, sus beneficios tributaron desde entonces ¡al 1%!

Y claro, entre Directivas Europeas y exigencias de los mercados, el pobre impuesto del patrimonio se quedó sin sentido. ¡Qué mala suerte! Zapatero, el rojo radical que está cambiando el mundo declaró que “sólo lo pagan las clases medias”, porque los ricos tienen –ha descubierto en un momento de lucidez- “diversos instrumentos y fáciles mecanismos de elusión”. Vale, pero ¿seguro?, ¿Es esa la verdadera razón? Pues fíjate, a la vista de los numeritos parece exactamente al revés. Parece que si se quiere ser propietario a todo trapo dentro del territorio español –no como nuestras admiradas estrellas del deporte y las finanzas que españolean desde el Lago de Como, las cumbres andorranas o alguna Antilla menor- ocurre que es el único impuesto progresivo que no es fácil de eludir dentro de la estricta legalidad. ¿Será eso lo que Zapatero quiso decir con que era el único resto en nuestro sistema fiscal que no era “razonable y equilibrado”? Resulta que, según la última Memoria de la Administración Tributaria –con datos del 2005-, el impuesto sobre el patrimonio ¡cumplía la Constitución! Es más, es como si fuera el último reducto de la progresividad –del art. 31 de una Carta Magna que se ha vuelto muy tacaña- en el sistema fiscal de este país… ¡A quién puede extrañar que PP y PSOE estén de acuerdo en eliminarlo!

Dejemos pues los titulares y miremos las cifras: Desde que la primera vivienda está básicamente exenta, en España liquidan ese impuesto unos 900.000 ciudadanos. Según dicha Memoria, el 70% de estos contribuyentes –los que tienen menos de 400.000€ de patrimonio- no llegan a cubrir el 25% del impuesto. Es decir, las clases medias de Zapatero (¡joder con las clases medias que tienen hasta 400.000€ de patrimonio sin contar su vivienda!) sólo pagan un cuarto del total recaudado. Esto es debido a que como el impuesto es progresivo, pagan más porcentaje los que más tienen. Más o menos lo que dice la Constitución.

Pero adivina ahora quien va a dejar de pagar el restante 75% del total de los 1.400 millones de euros que van a dejar de recaudarse. ¡Premio!, los que son ricos hasta para Zapatero. De hecho, menos del 1 por mil de los declarantes –los 727 contribuyentes que en 2005 poseían un patrimonio de ¡más de 10.000.000 de euros!- pagaban casi el 5% de lo recaudado. Para hacernos una idea de las cifras, si los contribuyentes con un patrimonio situado entre 110.000 y 200.000 euros se van a ahorrar entre 84 y 155 euros cada año, los que atesoran más de diez millones de Euros se embolsan –dejan de contribuir- una media de más de 100.000 euros al año. ¡Qué suerte –pensarán aliviados nuestros conciudadanos más afortunados- que haya un gobierno de izquierdas que baje los impuestos a las clases medias !

Y sin embargo no hay que escandalizarse todavía, que aún hay más... Porque en España estamos a punto de alcanzar un momento histórico que, si es verdad que entronca con lo mejor de nuestra historia de sostenimiento de la aristocracia por la plebe- no van a poder leer en ningún periódico de tirada nacional.

Todo este proceso de eliminación de la progresividad y creación de regímenes fiscales especiales para los ricos, que culmina ahora con la eliminación del Impuesto de Patrimonio, ha conseguido que el soporte fiscal se acerque al 80 por ciento por parte de los trabajadores. Es decir, que la totalidad de este chiringuito llamado España lo pagan los de siempre, los que trabajan por cuenta ajena, no se desgravan el IVA de lo que compran y dedican –si pueden- el 80% de su magro salario a pagar su vivienda.

En suma, si los salarios suponen aproximadamente la mitad de la renta nacional –y cada vez menos- esto supone que trabajar está cuatro veces más gravado que el hecho de ser rico y gozarlo haciéndote más rico. Las rentas obtenidas por trabajar (lo que llaman “rentas del trabajo”, como si las otras vinieran del cielo…) contribuyen cuatro veces más al sostenimiento general que las rentas del patrimonio, la inversión, etc. Hasta el punto de que por primera vez en muchos años, en Europa en general y en España a más velocidad, la tasa de transferencia de distribución se acerca peligrosamente al punto cero, es decir, que la cantidad que reciben los trabajadores en forma de “política social” (pensiones, educación, desempleo, becas, prestaciones, etc.) se la pagan toda ellos sin ninguna contribución de ninguna otra renta ajena a la que nos pagan por trabajar. Y lo que es peor, en breve –probablemente en la próxima legislatura- alcanzaremos el hito de que los impuestos al trabajo ¡empiecen a subvencionar a los inversores, rentistas y empresarios!

Al final los trabajadores españoles contribuirán con sus impuestos no sólo cuatro veces más que los capitalistas en pagar los gastos, por poner un ejemplo, de cualquier ONG –incluyendo entre éstas a la Casa Real- sino que empezarán a pagar más de lo que reciben en gastos sociales.

¡Política fiscal! Lo dijo una vez ese tremendo revolucionario llamado John K. Galbraith sobre lo que estaba pasando en Europa y EEUU desde Reagan y Thatcher -“es la revolución de los ricos contra los pobres...”. Más gráficamente, es Robin Hood pero al revés.

Y termino ya, Rocío, resumiendo: cuando el año que viene recojas la nómina después de trabajar todo el mes, que sepas que en tu retención de IRPF estarás subvencionando a tus jefes, a los accionistas de tu empresa, y a los ricos en general... que como tú (apenas) sabes, pasan mucha necesidad ...

Y que sepas que siento haberte tenido que colocarte este ladrillo simplemente para decirte que me encantaría vivir en un mundo donde poder afirmar, sin que se me caiga la cara de vergüenza (ajena), que tienes toda la razón...

El precio de la vivienda en Granada ha crecido cinco veces más que los salarios desde 2004

En los últimos tres años, el incremento progresivo y descontrolado de los precios de los inmuebles ha dificultado –o incluso vetado– a muchos granadinos el acceso a la vivienda. Y es que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y la Agencia Tributaria, el desequilibrio entre la subida del coste de la vivienda y el incremento de los salarios medios en la provincia ha abierto una profunda brecha que, en muchos casos, puede resultar insalvable.

Desde 2004, el precio medio de los pisos y casas en la provincia ha aumentado cinco veces más que los salarios medios de los granadinos. Según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda, hace tres años el coste medio de una vivienda en Granada fue de 88.685 euros. Mientras que en 2007  el coste medio para adquirir un inmueble se elevó a 134.336 euros, un 51,5 por ciento más.

Los salarios, sin embargo, apenas han subido –gracias a las revisiones anuales del IPC– un 10,7 por ciento en los últimos tres años. En 2004, la Agencia Tributaria cifraba el sueldo medio, a partir de las declaraciones del IRPF presentadas, en 13.067 euros. Los últimos datos sobre las rentas de los trabajadores de la provincia reflejan que los sueldos se han quedado anclados en 14.460 euros. Apenas 1.393 euros más para afrontar un incremento del precio de la vivienda que supera los 45.651 euros.

El esfuerzo de las familias granadinas para afrontar el pago de una vivienda es, como poco, notable. El importe medio de las hipotecas firmadas durante el primer trimestre del año en la provincia alcanzó, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, los 126.018 euros, que representan casi el 94 por ciento del precio total medio de una vivienda en el mismo periodo.

Así que, excepto un pequeño margen del 6 por ciento del precio de la vivienda –que normalmente suele ser abonado a través de los ahorros familiares acumulados o de la venta de otros bienes inmueble– los granadinos deben afrontar mes a mes el pago de gran parte del coste total de su vivienda. Los últimos datos publicados a partir de los cálculos del colectivo que aglutina a Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, Gestha, reflejan que los granadinos que suscriben un crédito hipotecario tienen que afrontar mensualmente un desembolso económico medio que alcanza los 735 euros.

Al año, por tanto, un granadino  se vería obligado a pagar –sólo por su vivienda– una media de 8.820 euros, que equivalen a más de dos tercios de su salario medio anual. Esta proporción, según las recomendaciones del Banco de España y de otras autoridades económicas, supera por mucho el índice del 30 o el 40 por ciento aconsejable. Para no superar este nivel, el salario medio debería ser, al menos, de 25.000 euros.

(El alcalde de Almuñécar no tiene este problema porque ya tiene casa y porque gana 66.000 euros al año, dietas aparte)

Los trabajadores pierden renta, los empresarios la ganan

El Gobierno del PSOE ha reformado el IRPF (pasando el tipo máximo del 45% al 43%, se ha implantado el tipo único en el 18% para todas las variedades de ahorro, etc.) y también el impuesto de sociedades (el tipo disminuyó del 35% al 30%). Ambas reformas pueden suponer una disminución recaudatoria entre ambos impuestos de poco menos de 9.000 millones de euros. Ahora hablan de bajar el Impuesto de Patrimonio. Dicen que eso es progreZista.

Otro dato, proporcionado por el último informe sobre el mercado laboral de la UE: en el reino de España los salarios han pasado de representar el 67,9% del PIB (1976) al 54,5% (2006). 30 años justos y una pérdida espectacular de más de 13 puntos.

El reino de España no es ninguna excepción a la ley general. En la Unión Europea (de los 15), el descenso fue de media del 69,9% (1975) al 57,8% (2006).

A mediados de los 70 empezó lo que se ha conocido como la gran ofensiva neoliberal. En esta ofensiva, la derecha neoliberal ha insistido en varios puntos, con mayor o menor intensidad en alguno de ellos según la coyuntura:

• El Estado de bienestar saca del mercado incentivos de inversión y de trabajo remunerado
• El Estado de bienestar es ineficiente e ineficaz, como lo muestra la "ingente" cantidad de gasto público destinado a acabar con la pobreza, gasto que, además, no ha conseguido el objetivo, puesto que la pobreza sigue presente
• El Estado de bienestar conlleva un innecesario gigantismo del Estado, lo que conduce a su vez al deterioro de la iniciativa individual
• El Estado de bienestar implica un volumen de impuestos que atenta contra la libertad
• 5) No es cierto que el Estado de bienestar compense los "fallos del mercado".

Uno de los productos de esta ofensiva es esta reducción del peso de los salarios en el PIB. La parte que han perdido los salarios en el PIB la han ganado, claro está, las "rentas del capital".

Venezuela: ¿Qué cambios introduce la nueva Constitución?

Alan Woods

Como en ocasiones anteriores, el golpe de 2002, el cierre patronal, el referéndum revocatorio y las elecciones de 2005 y 2006, los reaccionarios utilizan la consigna de la supuesta "defensa de la democracia", como una manera de movilizar a las fuerzas contrarrevolucionarias, creando un clima de temor e inestabilidad para preparar el terreno para un golpe de la derecha.

En esta batalla ¿quién se opone a la reforma de la Constitución? Fedecamaras, es decir, los terratenientes, los banqueros y los capitalistas; la Conferencia Episcopal, que representa a la jerarquía reaccionaria de la Iglesia; los medios de comunicación de derechas y el imperialismo. Al otro lado de las barricadas están los trabajadores y los campesinos, los pobres y los desposeídos, la juventud revolucionaria y la intelectualidad progresista, en otras palabras, todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana. ¿Por qué la clase dominante odia la reforma constitucional? Dicen que es porque Chávez desea introducir una dictadura, ser elegido presidente de por vida y otras cosas por el estilo.

Pero la propuesta de reforma de constitución no otorga estos poderes ni nada parecido. Simplemente elimina la restricción que tiene el presidente que no puede ser elegido en más de dos ocasiones. En Europa no existe esta limitación. Sarkozy y Merkel pueden presentarse las veces que deseen, igual que Gordon Brown. En cualquier caso, la constitución reformada sólo permite a Chávez presentarse a las elecciones. Será la población la que decida elegirle o no.

Este debería ser el procedimiento normal para elegir al jefe de estado en una democracia. En Gran Bretaña, que se supone es una democracia, tenemos un jefe de estado hereditario que nunca fue elegido ni lo será. Lo mismo ocurre en España donde Juan Carlos, que se permite el lujo de mandar "callar" al presidente elegido de Venezuela, nunca fue elegido por nadie sino que fue nombrado por el dictador fascista Francisco Franco. ¿Quién eligió al Episcopado venezolano? ¿Quién elige a los editores de los periódicos de derechas? ¿Quién eligió a los representantes empresariales? No fue el pueblo de Venezuela que votó masivamente a Hugo Chávez hace menos de un año, y que sin duda lo hará de nuevo en el referéndum.

La reforma de la constitución, por lo tanto, no es una receta para una dictadura, pero sí contiene mucho puntos favorables a los intereses de las masas. Contiene la jornada laboral de 36 horas semanales, una de las razones para que a Fedecamaras no le guste esta reforma. Tampoco les gusta a los empresarios cláusulas que facilitarían la nacionalización de sus bancos, latifundios y fábricas. No les gusta la idea de la formación de milicias bolivarianas o consejos obreros en las fábricas. No les gusta el compromiso con la construcción de una economía socialista en Venezuela. Por eso luchan contra la reforma, por eso piden el "no" en diciembre.