En 2006, los vecinos de una de las urbanizaciones, reunidos en asamblea extraordinaria, valoraban el problema de las grietas, las gestiones amistosas ante Comárex, la posibilidad de la vía judicial y la necesidad de sacar el tema a los medios de comunicación. Desde entonces acá siguen inmersos en un problema que no tiene visos de resolverse.
Consejería de Vivienda y Ord. Territorio
Avd Martínez Barrio, 10. C.P. 41071 Sevilla
Plan de Ordenación del Territorio
D. Fermín Tejero Mesa, concejal de IU, con domicilio a efectos de notificaciones en Carretera Nacional 340 S/N, km 315, Apdº 496, 18690 en Almuñécar (Granada) y teléfono 619858408.
Mediante el presente escrito me persono como parte interesada en el trámite de exposición pública del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada (Resolución de 12 de enero de 2010, BOJA nº 24, de 5 de febrero de 2010), formulando al efecto, dentro del plazo conferido, las siguientes
ALEGACIONES
Habiendo tenido conocimiento del informe que formulan los técnicos municipales del Ayuntamiento de Almuñécar, y desconociendo en nombre de quien se van a presentar estas alegaciones, quiero manifestar a esa Consejería que dicho informe no responde a la postura del Ayuntamiento como institución. Es más, por parte del alcalde se ha impedido que se celebre el Pleno ordinario del mes de marzo, a fin de evitar que se discutan las alegaciones en el Pleno Municipal, entre otras, las presentadas por IU en tiempo y forma como moción.
En cuanto al contenido de la propuesta que el ayuntamiento ha hecho, supuestamente basada en criterios técnicos, hago las siguientes consideraciones
PRIMERA
Se propone la reducción de las zonas inundables. Se plantea que se reduzcan prácticamente al limite de los muros del cauce de los ríos: Verde, Seco y Jate. Baste recordar los efectos de la tormenta del 21 de septiembre de 2007 para considerar descabellada esta propuesta. Creo que son datos objetivos suficientes para que permanezcan como zonas inundables las que aparecen en el documento del POTLG.
SEGUNDA
Se propone la construcción de la presa de Otívar. Aparte del enorme impacto ambiental que produciría en la cabecera de Río Verde, es un sinsentido y supondría el derroche innecesario de dinero público.
1. Produciría, según el Instituto Geológico y Minero de España, intromisión marina en el acuífero de Río Verde hasta Cahicillos.
2. Se cargaría desde la cola de la presa de Beznar, o de las lluvias en cabecera de la cuenca. Los años de pluviometría normal no es necesaria en absoluto. Los años de sequía no tiene posibilidad ninguna de almacenamiento de agua.
3. Destruiría un espacio natural de incalculable valor.
En cambio, sería necesario adoptar medidas firmes para evitar el vaciado del acuífero en los años de grandes lluvias como es el actual. Ahora mismo se están tirando millones de litros de agua dulce al mar por haber permitido la construcción de plantas subterráneas sin adecuada impermeabilización.
TERCERA
Se propone una variante a la A-4050, para conectarla con la N-340 a través de Cahicillos por el paraje del Zahonado. Esta variante carece de sentido si se da un nuevo acceso a la autovía A7, lo que evitaría el flujo del tráfico por el casco urbano de Almuñécar.
CUARTA
Se propone que se reduzcan las zonas de Protección Paisajística dejándolas en las que contempla el actual PEPMF. Aceptar esta propuesta sería dar un paso atrás en la protección de las zonas que marcan la identidad de nuestro pueblo, y se incumpliría una resolución del Parlamento de Andalucía en cuanto a la protección de los cultivos subtropicales. Las zonas de interés paisajístico están bien delimitadas en el documento del POTLG, y no hay que reducirla ni excluir nada.
QUINTA
Se propone una nueva área de oportunidad, junto al termino municipal de Jete y se fundamenta en la necesidad de suelo para el sector agrícola. Opino que la ubicación propuesta no es la adecuada. En caso de ser tenida en cuenta la petición, tendría que estar ubicada fuera de la zona de protección paisajística.
SEXTA
Las necesidades hídricas para nuestro municipio están garantizadas, por lo que es innecesaria la instalación de una desaladora en la Vega de Río Seco.
SÉPTIMA
El área de oportunidad productiva P-2, invade la vega de Río Seco. Sería necesario buscar una ubicación distinta que no dañe la zona por ser de interés paisajístico.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO A V.S.: Admita el presente escrito, teniendo por hechas las alegaciones que en el mismo se contienen y, en definitiva, acuerde estimarlas en el sentido interesado.
El 5 de abril de 2006 (pronto hará cuatro añitos), el alcalde de Almuñécar hacía unas interesantes declaraciones sobre la señora Teresa Jiménez, que va a ser elegida secretaria general del PSOE granadino en sustitución de Álvarez de la Chica. Estas eran sus palabras de hace cuatro años:
El alcalde terminó la intervención haciendo una amplia interpelación pública a la delegada del Gobierno de la Junta, Teresa Jiménez que este fin de semana anunciaba que “la Junta iba a poner coto a Benavides”.
Las manifestaciones de la delegada del Gobierno, Teresa Jiménez “ponen en evidencia clara de que se ha quitado la careta institucional y nos ha mostrado con toda su crudeza el carácter sectario y antidemocrático del régimen socialista”. Y añadió: “ Tengo que decir a la señora delegada, que si Almuñécar alguna vez ha tenido algún parecido con Marbella ha sido cuando el PSOE y sus compañeros de viaje, han estado al frente del gobierno municipal y también en la aspiración de la señora (Rocío) Palacios en convertirse en la Isabel García Marcos de Almuñécar”.
“La señora delegada, a quien deben de conocer muy bien en su casa, debería de atender a los consejos que le ha dado el alcalde socialista de Armilla el cual le ha recriminado de forma pública el que utilice su cargo institucional para hacer una intromisión burda en la autonomía y las competencias municipales, pero incluso esta señora ha sido desautorizada por el secretario provincial del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, que ha manifestado que los ayuntamientos tienen pleno derecho las propuestas y el modelo de ordenación que estimen oportuno”, recordó Benavides .
"Las acusaciones de la señora delegada carecen de la más mínima autoridad moral. Esta señora – en referencia a Teresa Jiménez- no está en condiciones de dar lecciones a nadie, y por lo tanto, haría muy bien en poner orden en su propia casa dejando que sean los ciudadanos en las elecciones y los tribunales de justicia cuando correspondan las decisiones que estimen convenientes”.
Benavides también se preguntó: “¿cómo piensa la delegada de Gobierno ponerme coto. Me va a meter en la cárcel, me va a eliminar físicamente, como sería su deseo, o piensa que las campañas de difamación y pintadas que aparecen en el pueblo propiciadas y auspiciadas por el PSOE en una clara muestra de desvergüenza son los que van a conseguir cambiar la opinión de los ciudadanos de Almuñécar y La Herradura sobre mi persona y el gobierno municipal que presido?.
Si quieres presentar alegaciones al campo de golf en Río Verde, puedes imprimir esta alegación, firmarla y entregarla en la sede de IU. También puedes enviarla por correo electrónico en un documento pdf, doc o rtf con tu firma incluida como imagen.
ALEGACIÓN AL PLAN SUBREGIONAL DE LA COSTA GRANADINA
D...................................................................................... con D.N.I. ............................, con domicilio a efectos de notificación en C/ ..................................................................................., de Almuñécar (18690) actuando en nombre propio, presenta la siguiente ALEGACIÓN AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN SUBREGIONAL DE LA COSTA GRANADINA.
En el documento de Normativa, páginas 143 y 144, se recoge:
Artículo 47. Instalaciones turísticas y recreativas de ámbito supramunicipal. (N, D y R)
1. Son instalaciones recreativas de interés territorial los acuarios, aeródromos, campos de golf, campos de tiro, centros ecuestres, centros de interpretación de la naturaleza, circuitos de motocross y supercross, jardines botánicos, parques acuáticos, parques temáticos, reservas de fauna y todas aquellas instalaciones
para ocio, deporte e interpretación de la naturaleza que tengan una incidencia supralocal. (N)
2. Las instalaciones recreativas de interés territorial deberán contar con las infraestructuras de acceso, aparcamientos y capacidad de las redes urbanas de energía, agua, telecomunicaciones y eliminación de residuos adecuadas a las demandas previsibles en máxima ocupación, sin que se vean afectados los niveles de servicio y capacidad de las infraestructuras y dotaciones previamente existentes. Los instrumentos de planeamiento general analizarán expresamente la capacidad de las infraestructuras y recursos existentes para absorber el incremento de demanda derivado de la actuación prevista y definirán, en su caso, las dotaciones de infraestructuras y la procedencia de los recursos necesarios. (D)
3. Las instalaciones recreativas de interés territorial no podrán incorporar en suelo no urbanizable otras edificaciones que las vinculadas directamente a la práctica de la actividad recreativo y/o deportiva, club social, alojamiento hotelero y restauración. (N)
4. La implantación de estas instalaciones en suelo no urbanizable se ajustará a la normativa que le sea de aplicación, y, en ausencia de ésta, a los siguientes criterios de ordenación: (D)
a)Su diseño y construcción se ajustará al soporte territorial y protegerá la preexistencia de elementos relevantes del territorio, en especial la red de drenaje y, en su caso, la vegetación arbolada.
b)El riego y saneamiento de aguas se organizará de tal manera que se optimice el uso de los recursos hídricos.
c)El proyecto incluirá un estudio paisajístico que garantice su armonización con el entorno.
d)La energía necesaria para las instalaciones y edificaciones deberá obtenerse, al menos en un 50% de la demanda media diaria, a través de fuentes renovables mediante sistemas de generación incluidos en la actuación.
5. Se recomienda la localización de las siguientes instalaciones: (R)
a)Campo de golf en la vega del río Verde (Almuñécar).
b)Complejo de turismo rural de Guadajama y Aguablanquilla (Lentegí).
c)Complejo de turismo rural Cortijo del Cura (Polopos).
d)Centro de vigilancia y estudio de la posidonia oceánica en Los Yesos (Sorvilán).
e)Centro de interpretación de la zona minera en Lagos (Vélez de Benaudalla).
El Parlamento de Andalucía, en el debate del POTA, aprobó la Resolución nº 26, que dice:
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:- Incluir las laderas de cultivos subtropicales de la costa granadino-malagueña como unidad paisajística prioritaria en tanto que es identificativa de esta comarca y de la rica diversidad climática y agronómica de Andalucía.
En el Plan Subregional se clasifica toda la Vega del Río Verde de Almuñécar como Zona de Protección Paisajística. Actualmente, esta zona está dentro del Plan de Protección del Medio Físico de Granada AG-10, y figura como zona de protección de cultivos.
La Vega del Río Verde es una Zona inundable, y según la Consejería de Medio Ambiente, será preciso establecer como Suelo No Urbanizable Protegido las zonas comprendidas dentro de las previsiones de avenidas con retorno de 100 años.
Igualmente, destaca la presencia del camaleón común, especie muy escasa en la península, siendo estas poblaciones de Almuñécar las únicas existentes en la provincia de Granada. En relación a esto, no podemos olvidar que la Consejería de Medio Ambiente, en el condicionado que elaboró para que se incorporase al PGOU de Almuñécar, incluía las siguientes consideraciones acerca del impacto que el PGOU previsto tendría en las vegas de Río Seco y Río Verde:
-Destrucción de los hábitat en las vegas de los ríos Seco y Verde de las únicas poblaciones granadinas del camaleón común (Chamaeleo chameleon) .
-Alteración de las areas de campeo de chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), avetorillo común (Ixobrychus minutus) y aguilucho lagunero (Circus cyaneus) considerados como “vulnerables” y “en peligro de extinción” por el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía.
-Alteración y degradación en las laderas del río Verde de la comunidad mejor conservada de Maytenus senegalensis del litoral granadino, con presencia de las especies amenazadas Cosentinia vellea y Polygala webbiana, constituyendo para esta última especie la única localidad conocida de Europa.
Según la Ley de Aguas, los usos próximos a los cauces naturales estarán sujetos en toda su extensión a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público y a una zona de policía de 100 metros, lo que hace imposible la ubicación de un campo de Golf en Río Verde.
El proyecto de campo de golf de Río Verde incluido inicialmente en el PGOU de Almuñécar que está en fase de elaboración, contempla el pase a manos de la promotora de diversos pozos de agua que hoy se utilizan para riego y para consumo humano.
Hay en la vega de Río Verde una vía pecuaria denominada Cañada Real, aún sin deslindar, que se vería afectada por el campo de golf.
La construcción del campo de golf y las instalaciones anexas supondrá la pérdida de cuantiosos recursos productivos ligados a la agricultura de subtropicales en términos de riqueza económica y de empleos directos e inducidos, así como de valor de identidad social e imagen del territorio.
Este campo de golf supondrá el incremento del consumo de recursos básicos (agua y energía). No se garantiza suficientemente la aportación hídrica a través de agua procedente de depuradoras, echándose de menos unos datos que correlacionen consumo humano, cantidad depurada y metros cúbicos de agua necesarios mes a mes para el mantenimiento de estas infraestructuras.
Estos argumentos son los mismos que motivaron en su día la presentación de miles de alegaciones ciudadanas en contra del PGOU sexitano, y en especial, en contra de los campos de golf previstos.
A los miles de alegaciones ciudadanas se sumaron las alegaciones y protestas de diversos partidos políticos como IU, Los Verdes, el Partido Andalucista o el PSOE. Incluso el PP, en su aprobación inicial del PGOU, hizo constar su oposición al campo de golf de Río Verde hasta que no tuviera un favorable Estudio de Impacto Ambiental. Todos los que hasta el momento se han dado a conocer manifiestan como claramente destructivo el proyecto de campo de golf en esta zona.
También sindicatos como CGT y CCOO mostraron su oposición al campo de golf de Río Verde.
Incluso organizaciones agrarias como la COAG o la Comunidad de Regantes de Río Verde hicieron protestas y alegaciones contra esta propuesta. En palabras de la COAG, esta propuesta ‘va a destruir un vergel como es la vega de Río Verde, con una alta riqueza paisajística, debido a la ocupación de terreno cultivado y a la demanda de agua, lo cual provocará el abandono de muchos regadíos.’ COAG añadía que ‘si aumentamos las necesidades de agua en esas proporciones, provocará la escasez de este recurso y el encarecimiento del precio, afectando gravemente a los regadíos. Esta demanda hídrica también pondría en peligro los acuíferos de la zona, pudiendo incluso correr el riesgo de desabastecimiento de los pueblos limítrofes, ya que se verían afectadas sus reservas de agua.’
Por todo lo expuesto:
SOLICITO:
Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tener por efectuadas alegaciones al PLAN SUBREGIONAL DE LA COSTA GRANADINA a fin de que, tras dar a las mismas la tramitación que resulte más ajustada a Derecho, proceda a la modificación del mismo eliminando el campo de golf de Río Verde del documento.
Fdo:
En Almuñécar, a ................. de marzo de 2010
Izquierda Unida considera inadecuadas las propuestas que está haciendo hasta ahora el gobierno. Tenemos que salir de la crisis, pero con medidas opuestas a las que se están lanzando desde el gobierno y el PP. Las propuestas de IU son concretas, asumibles y viables.
El Consejo Científico de ATTAC estima que 1.400 personas controlan actualmente un capital equivalente al 80% del PIB de España.
Con un enfoque democrático cualquier salida social de la crisis debe atender prioritariamente a los intereses del resto de la población, no de los más ricos.
Con un enfoque de justicia social, los trabajadores, los pequeños empresarios y los autónomos, los jóvenes, las mujeres, los pensionistas y los inmigrantes ya han arrimado el hombro. Toca ahora el compromiso de los poderosos.
Con un enfoque de rigor técnico sólo se puede adelantar la salida de la crisis si se la considera como una crisis de demanda. Por tanto, hay que elevar el consumo privado, el gasto y la inversión pública.
Izquierda Unida propone al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas parlamentarias un conjunto de medidas basadas en los anteriores criterios. Las medidas están constituidas por:
I.- MEDIDAS TRANSVERSALES URGENTES
Primera:
PROGRAMA 10.000 MILLONES PARA CREAR EMPLEO DURANTE 2010 (+1.800 millones desde las CC.AA.)
1.1.- Medidas
1.- Transformar las actuales ayudas a los trabajadores sin ningún tipo de prestación en 300.000 empleos en un Programa de Formación/Empleo en colaboración con los Ayuntamientos.
2.- Subvención del 25% de las obras de rehabilitación y eficiencia energética, modernización de las instalaciones eléctricas y de fontanería, mejora de la accesibilidad de las primeras viviendas residenciales hasta un límite de 5.000 millones de euros. Esta ayuda sería acumulable a otras con la misma finalidad actualmente vigentes. Movilizaría 20.000 millones de euros.
3.- Programa de reforzamiento del empleo público, por un importe de 500 millones de euros, en los servicios sociales y en actividades vinculadas a la mejora del modelo productivo dependientes de la Administración General del Estado.
4.- Transferencia extraordinaria de 1.500 millones de euros a las CC.AA. para financiar con carácter finalista la creación de empleo en el marco de las competencias autonómicas. El volumen de transferencias sería proporcional al número de parados existentes en cada Comunidad Autónoma según los datos de la EPA
5.- Programa de reforzamiento de empleo público en los servicios sociales gestionados por las CC.AA., que permita la contratación de trabajadores por importe global en el conjunto del Estado de 1.800 millones de euros, financiados por la Recuperación del Impuesto sobre Patrimonio.
1.2.-Desarrollo, cuantificación y valoración de estas propuestas
a) Programa de Formación /Empleo
Características:
5 horas de trabajo y 2 de formación
Naturaleza del trabajo:
Tareas complementarias a las actividades municipales, ayuda de proximidad a personas y colectivos. En ningún caso podrían sustituir puestos de trabajo estructurales
Cuota de género: 50% para hombres y 50% para mujeres
Salario bruto: 700 euros mensuales
Costes:
Coste anual del Programa propuesto: 4.500 (incluye el gasto en formación)
Coste actual de la ayuda de 420 euros: 1.500 millones de euros
Coste adicional: 3.000 millones de euros
Retorno en cotizaciones a la Seguridad Social: 1.755 millones de euros
Coste real en déficit (sin contar retornos por IVA): 1.245 millones de euros
b) Subvención a la rehabilitación de viviendas
Previsión de puestos de trabajo: 700.000
Coste: 5.000 millones de euros
Retorno en IVA (sin la reforma contenida en el punto 77 de este documento): 3.200 millones de euros
Retorno en IVA (con la reforma del punto 77 ): 2.300 millones de euros
Retorno en cotizaciones a la Seguridad Social: 4.000 millones de euros
Hay un retorno adicional difícil de calcular por la disparidad de las Ordenanzas Municipales al respecto, pero significativo en tasas por licencia de obras, que beneficia las Haciendas Municipales
c) Empleo público estatal
Estimación de puestos de trabajo: 10.000
Agencia Tributaria
Inspección de Trabajo
Servicio Público de Empleo
ICO y desarrollo de la Banca Pública
Otros servicios sociales y de interés económico
d) Fomento del empleo por las CC.AA., subvencionado por el Estado
Empleo estimado: 40.000
e) Empleo público de las CC.AA. (financiado por la reposición del Impuesto de Patrimonio)
Estimación: 45.000 puestos de trabajo
Personal educativo para mejorar la escolaridad de 0 a 3 años.
Personal asistencial para asegurar la aplicación de la Ley de Dependencia
Personal sanitario (especialmente enfermeras y pediatras) para mejorar la calidad de los servicios de salud pública.
Personal para mejorar la calidad de otros servicios sociales, competencia de las CC.AA.
1.3.-Detalle Global del Programa
Coste adicional total: 10.000 millones de euros financiados por el Estado y 1.800 por las CC.AA.
Estimación de puestos de trabajo: 1.105.000
Retorno en impuestos y Cotizaciones a la Seguridad Social: al menos 8.630 millones de euros.
La financiación del Programa está asegurada por las medidas propuestas en el apartado dedicado a las Propuestas fiscales.
Conviene tener muy en cuenta a la hora de valorar este Programa los retornos en impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social, así como el impacto sobre los ingresos municipales.
Segunda:
COMBATIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL FRAUDE FISCAL
El fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema financiero.
Limitan la financiación del conjunto de las Administraciones Públicas, la cobertura de las necesidades sociales y comprometen el futuro desarrollo económico y social del país.
Producen desigualdad en las aportaciones de los distintos colectivos de contribuyentes, rompiendo los principios de justicia, igualdad y progresividad del sistema, fomentando la desvinculación de los contribuyentes con sus deberes fiscales y generando agravios y desvertebración social.
El combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida es un factor determinante en la corrección del déficit público por su importante potencial. Diversos estudios solventes fijan el volumen de economía sumergida en nuestro país entre el 23 y el 25% del PIB. Las consecuencias positivas para la recaudación fiscal de medidas enérgicas y eficaces son evidentes. Una disminución de esta lacra hacia el entorno de la media europea (12%) representaría una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB
La oferta del Gobierno de comenzar a resolver este tema nos parece positiva, a condición de que las medidas sean eficaces y el Plan se dote de medidas serias:
Estas medidas, desde nuestro punto de vista, son:
6.- Definir un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida que establezca objetivos de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
7.- Aumentar el personal de la AEAT hasta converger con la media europea
8.- Cambiar los procedimientos de trabajo de la AEAT, buscando la calidad de la inspección más que la cantidad. Reformar la metodología, la organización y la distribución del trabajo y las competencias internas.
9.- Cumplimiento efectivo y urgente de las medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 28 de octubre de 2008, así como de las Resoluciones 3.9 y 19.1, apartado 5 de las aprobadas también por el Pleno en su sesión del día 19 de mayo de 2009, con motivo del debate de la comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación
Tercera:
APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
10.- Subvencionar los intereses de préstamos de la línea ICO-liquidez, que serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo de las Sociedades de Garantías Recíprocas.
11.- Subvencionar a las Sociedades de Garantías Recíprocas con 1.500 millones de € para los gastos de estudio y coste de avales de operaciones de crédito y avales técnicos. Esto permitiría movilizar del orden de 100.000 millones de € en inversión productiva.
12.- Establecer un Convenio entre el ICO y las Cajas de Ahorro para facilitar crédito a las empresas avaladas por las SGR
13.-Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión medioambiental sostenible. Extender esas cláusulas a las subcontrataciones.
a) Proponemos reservar el 20% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores.
b) Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y calidad del trabajo adscrito al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.
II.- MEDIDAS AGRUPADAS EN FUNCIÓN DE LOS TEMAS DE NEGOCIACIÓN PROPUESTOS POR EL GOBIERNO
A.- MEDIDAS PARA SUPERAR LAS DESVENTAJAS COMPARATIVAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA E INICIAR LA REFORMA DEL MODELO PRODUCTIVO
Art. 128 de la Constitución Española
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Introducción
Izquierda Unida no considera el concepto de “competitividad” como un término funcional para constituir un eje positivo de salida de la crisis. Es una idea con un contenido principalmente ideológico que finalmente tiende a materializarse exclusivamente en la competencia vía precios.
Desde nuestro punto de vista, el concepto de competitividad oculta el enfrentamiento salarial y de condiciones laborales a la baja de trabajadores de distintas regiones del mundo y la prioridad del beneficio empresarial. La variable determinante en cualquier análisis de competitividad es la optimización del beneficio empresarial. Y esto no tiene por qué traducirse en más empleo.
Desde Izquierda Unida preferimos utilizar el concepto de rentabilidad social, que si tiene que ver directamente con la cantidad y calidad del empleo y trabajar en el análisis diferenciado de las distintas ventajas comparativas.
El modelo productivo perverso que ha determinado la gravedad de la crisis en España ha originado un modelo de relaciones laborales igualmente perverso. Y ese modelo ha fundamentado el patrón productivo en una relación reciproca de causa/efecto.
Por tanto, si se quiere cambiar seriamente el modelo productivo es imprescindible modificar el esquema de las relaciones laborales en el país y hacerlo en un sentido radicalmente diferente al que propone la gran patronal española. Conviene subrayar que además de las especulación urbanística y el desarrollo de sectores de escasa productividad y poco valor añadido, el modelo productivo español se caracteriza, en comparación con los principales socios europeos, por los bajos salarios, la escasa protección social, la temporalidad de la contratación, el alto índice de siniestralidad y el escaso cumplimiento de la legislación laboral y de los convenios colectivos.
Izquierda Unida fundamenta sus propuestas en estos planteamientos básicos.
MEDIDAS PROPUESTAS:
a) Contratación
14.- Recuperar el principio de causalidad en toda contratación que no sea indefinida. En consecuencia planteamos los siguientes tipos de contrato:
a) Contrato de trabajo indefinido
b) Contrato de trabajo con duración establecida. Deberá obedecer a una causa concreta y ser autorizado por la Inspección de Trabajo en su adecuación al principio de causalidad, a la Legislación laboral general y al Convenio Colectivo aplicable.
c) Las becas serán transformadas en contratos de trabajo con plenos derechos a todos los efectos.
15.- Penalizar la cotización por desempleo a la Seguridad Social en los contratos que no sean indefinidos a tiempo completo.
16.- Mantener la protección judicial en los casos de despido y la indemnización por despido improcedente en 45 días en todos los contratos.
17.- Supresión de las ETT
18.- Eliminación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 52, c. del Estatuto de los Trabajadores; reforma introducida por el PP en el 2002).
b) Medidas de distribución del trabajo
19.- Reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción de medidas especiales de conciliación para las personas con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores dependientes.
20.- Control eficaz de las horas extraordinarias y de sus límites.
21.- Reducción progresiva de la edad de jubilación con plenos derechos hasta los 60 años.
22.- Racionalización de los horarios de trabajo. Aproximación al sistema de horarios europeos.
c) Medidas salariales
23.- Elevación progresiva del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio (aproximadamente 1.100€) antes de que termine la legislatura.
24.- Estudio de la conveniencia de fijar salarios mínimos superiores en determinados sectores o ramas de la producción, sobre la base del 60% del salario medio del sector o rama.
25.- Priorizar en la negociación colectiva la elevación de los salarios más bajos, estableciendo cláusulas diferenciadas para los salarios inferiores a 2 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
d) Reforma salarial en el sector público:
26.- Establecimiento de un salario mínimo en el sector público equivalente al 60% del salario medio
27.- Convergencia de las retribuciones entre las diferentes Administraciones hasta alcanzar un rango máximo de diferenciación de +/- 5% en 2012.
28.- Regulación de salarios máximos y otras retribuciones en la Administración, de acuerdo con lo desarrollado en el punto 84 de estas propuestas.
29.- Eliminación de las limitaciones de reposición de empleo público en los servicios sociales (especialmente dependencia, salud y educación) y en los servicios tributarios, justicia, aplicación y vigilancia de la legislación laboral, políticas de empleo y apoyo a la economía real.
30.- Desarrollo mediante la negociación colectiva del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y consolidación de la carrera profesional en la Administración. Eliminación de la contratación precaria en las Administraciones Públicas.
e) Reforzamiento del sistema público de pensiones
Izquierda Unida parte en este punto de la necesidad de garantizar que la edad exigida para cobrar una pensión con derechos plenos no podrá ser superior a 65 años, que el cómputo para fijar la cuantía de la pensión no podrá ser superior a 15 años y que las pensiones se actualizarán al menos en el porcentaje que indique el IPC publicado por el INE, con un porcentaje suplementario en el caso de las pensiones más bajas. Entendemos que la pensión es un derecho sustancial en el marco de un Estado social.
Para mejorar el actual sistema, proponemos:
31.- Suprimir el tope máximo a las cotizaciones, establecido en 2010 en 3.198 euros brutos de salario en cómputo mensual para acercarlas en proporcionalidad a las retribuciones realmente percibidas. Con un criterio de solidaridad no debería elevarse el límite de las pensiones máximas, aunque si hacer valer el total realmente cotizado para fijar la pensión hasta el límite de la pensión máxima.
32.-Transformar todas las becas de empresas y Administraciones Públicas en contratos en prácticas con las correspondientes cotizaciones y derechos.
33.- Separar definitivamente las fuentes de financiación de la Seguridad Social y cerrar las deudas del Gobierno con ella.
34.- Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, en los casos en los que el trabajador no tenga cubierto el período de cotizaciones de 35 años e incentivando la pensión.
35.- Reconocer la pensión que corresponda a su cotización a las personas que hayan cotizado menos de 15 años y reducir en dos puntos por año cotizado que exceda los 35 la penalización en caso de jubilación anticipada.
36.- Presentar una Ley de Igualdad en el Trabajo Remunerado que facilite la incorporación de la mujer al trabajo remunerado.
f) Garantía del acceso a la vivienda establecido en el artículo 47 de la Constitución
37.- Desarrollar mediante Ley Orgánica el derecho a la vivienda reconocido en el artículo 47 de la Constitución y la exigencia de su cumplimiento efectivo ante las Administraciones Públicas.
38.- Invertir en la adquisición de 100.000 viviendas a precio de coste para constituir un Parque Público de Viviendas en Alquiler moderado. El alquiler no deberá ser superior al 30% de los ingresos de los inquilinos.
39.- Suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de trabajadores parados. Acuerdo entre las partes, tutelado por las Administraciones Públicas, para que el embargado continúe en el uso de la vivienda (el derecho de uso no es embargable según la Ley Hipotecaria) a cambio de un pago mensual acorde con sus ingresos mientras dure su situación de desempleo.
40.- Modificación de la legislación hipotecaria y el Código Civil para que en caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado.
g) Propuestas sobre otros derechos laborales
41.- Garantizar los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas que intervienen en los procesos de subcontratación y externalización, estableciendo el cumplimiento conjunto y solidario de las obligaciones salariales y del conjunto de las derivadas de la negociación colectiva, de cotización a la Seguridad Social y fiscales.
42.- Cumplimiento de lo establecido en el art. 8 del Estatuto de los Trabajadores en relación al contrato verbal y el contrato de hecho a los efectos de obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social.
43.- Reforzamiento de la Inspección de Trabajo hasta alcanzar la media europea de un inspector cada 7.000 trabajadores. (En España la relación es de un inspector por cada 27.000).
44.- Condicionamiento de la aplicación del llamado modelo alemán como medida provisional sustitutiva de los ERE temporales en los siguientes términos.
a) reducción máxima limitada al 50% de la jornada real
b) prohibición estricta de realizar horas extraordinarias salvo en caso de fuerza mayor
c) mantenimiento del 100% de la cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa
d) Mantenimiento del derecho al desempleo derivado de los nuevos períodos de cotización.
e) Asociación de programas de formación a la disminución de la jornada ordinaria.
h) Medidas para asegurar la participación democrática de los trabajadores en la gestión de las empresas y en la planificación de la economía reconocida en la Constitución Española.
45.- Reconocimiento del derecho de los trabajadores a participar en la gestión de las empresas y en la distribución del excedente empresarial mediante la promulgación de una Ley de Participación de los trabajadores y sus representantes en la gestión de las empresas.
46.-Creación de un Consejo consultivo del Banco de España con la participación de los interlocutores sociales (en coherencia con lo que plantea la Confederación Europea de Sindicatos con relación al Banco Central Europeo).
47.-Creación de un Consejo de Gestión Democrática de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Española.
48.- Modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical en lo que respecta a la representación sindical en la empresa, reforzando el papel de los sindicatos, sus secciones sindicales y los delegados sindicales.
49.- Creación de un Consejo de Planificación para la Aplicación de las Estrategias de Desarrollo Sostenible (en aplicación de lo planteado en el artículo 131 de la Constitución).
50.- Promulgación de una Ley que garantice expresamente la primacía de la negociación colectiva sobre los acuerdos individuales.
51.- Establecimiento, en el marco de esa Ley, de Comisiones Paritarias de ámbito de sector y/o geográfico para interpretar y seguir el cumplimiento de los resultados de la negociación colectiva en las empresas que no cuenten con representación sindical.
i) Medidas de apoyo a la pequeña empresa y autónomos.
52.- Retrasar la obligatoriedad del ingreso del IVA hasta que la factura haya sido efectivamente cobrada.
53.- Asegurar el límite de 30 días en el pago por las Administraciones Públicas de las deudas a los proveedores de bienes y servicios. Actualmente, las Administraciones Públicas (contando sus empresas y entes vinculados o dependientes) deben más de 30.000 millones de euros a sus proveedores. Una medida eficaz y urgente para solucionar el problema es habilitar un procedimiento por el que las empresas y autónomos puedan compensar estas deudas en el pago del IVA, de Sociedades o de IRPF.
54.- Aprobación de una línea especial de crédito del ICO, sin intermediación, para hacer frente a la ejecución del pago de estas obligaciones con interés igual al precio oficial del dinero fijado por el BCE.
55.- Promulgación de una Ley sobre morosidad, que obligue al pago a proveedores en un máximo de 90 días en todos los contratos privados.
56.- Apoyo público a la creación de Cooperativas de Comercialización que permitan la agrupación de la oferta frente a las grandes superficies y la venta directa a los consumidores.
j) Racionalización y mejora de la gestión empresarial
57.- Revisión curricular por parte de las Universidades de las Formaciones de Administración de Empresa. Establecimiento de formación post grado especializada en Gestión y Administración de Empresas e Instituciones Públicas.
58.- Creación de una Fundación tripartita para la Formación en Gestión de Empresas y Recursos Humanos.
59.- Apoyo económico a Programas de Calidad de producto y de Servicio Post-Venta y utilización del ICEX como instrumento de apoyo técnico en esos Programas
60.- Reforzamiento de las líneas financieras del ICO destinadas a investigación sobre calidad e innovación en la gestión, sostenibilidad y eficiencia energética. Estas líneas de financiación deben ser gestionadas directamente por el ICO.
B) MEDIDAS SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS
Nuestras propuestas de cambio del modelo productivo no se quedan en la enumeración de sectores siguiendo criterios técnico-económicos basados en los mismos paradigmas de organización social, espacial y laboral que se han ido configurando en el neoliberalismo. Dichas propuestas tienen que partir de una visión global del cambio que al mismo tiempo sea coherente. Tienen que incluir argumentos viables que apunten hacia la construcción de una sociedad más justa, sostenible y que genere mayor calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos.
a. Los sectores básicos: Construcción, Automoción, Turismo, Química verde. Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en España y deben afrontar importantes procesos de modernización y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestro país, tanto en por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.
b. Los sectores emergentes: Energías renovables, Agricultura ecológica, construcción y reparación naval y de material ferroviario y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo podrán adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo productivo desde el impulso público.
c. Los sectores de apuestas de futuro: mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles. Estos sectores están escasamente implantados.
Propuestas:
61.- Construcción: Rehabilitación y reforma de los cascos históricos, Aislamiento térmico. Doble ventana, redefinición de viviendas. Ahorro de agua a través del cambio de cañerías e instalación de la doble tubería para agua reciclada. Reconstrucción de infraviviendas, viviendas viejas o viviendas construidas con materiales de mala calidad.
62.- Automoción: desarrollar una política integrada que tenga en cuenta la dimensión territorial, la movilidad y la geografía productiva y no sólo los aspectos tecnológicos (coche eléctrico, reciclabilidad, reducción del número de materiales distintos etc.).
63.- Turismo: Recuperación de entornos y costas, implantación de la ecotasa, inversión en turismo cultural y de interior, Desarrollo del turismo social. Deconstrucción de infraestructuras turísticas obsoletas, agresivas con el medio ambiente o insostenibles.
64.- Energías renovables: Impulsar un nuevo patrón energético, cuya palanca de cambio sea el sector público. Avanzar en la reducción de la dependencia de la generación centralizada de energías basadas en combustibles fósiles y sustituirlo por un modelo descentralizado de generación, preferentemente basado en el aprovechamiento de la energía solar y, aunque en menor medida, de sistemas intercomunicados de energía eólica. Edificios, grupos de edificios y casas aisladas deben y pueden convertirse en centros generadores de energía tendencialmente autosuficientes e interconectados entre sí. Sólo la instalación descentralizada de placas solares generaría a corto plazo, y sin tener que realizar inversiones muy importantes, al menos 300.000 puestos de trabajo directos de cualificación media y media alta. Nacionalizar las redes básicas de suministro energético tanto de electricidad como de hidrocarburos. Explotación unificada bajo control público de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos.
65.- Planificación energética pensada desde un enfoque de demanda, elaborada con participación social, para conseguir la satisfacción de las demandas sociales de servicios energéticos con consumos energéticos tan bajos como sea posible. Sólo se instalarán centrales de generación basadas en fuentes no renovables cuando esté probado que no existen posibilidades de ahorro o de suministro a partir de fuentes renovables.
66.- Creación de una Compañía de Ahorro Energético (CAE) de titularidad pública y con presencia de los trabajadores y los agentes sociales para impulsar las políticas de ahorro y uso eficiente de la energía.
67.-Reforzar y promover los Servicios Públicos hasta alcanzar en plazo de la legislatura el gasto medio de la Unión Europea. La educación, el cuidado de la infancia y la adolescencia, la atención a la tercera edad y a las personas dependientes, la salud, el suministro de agua potable y el sistema de aguas residuales y otros vertidos, el suministro energético, el transporte público, el servicio de correos, el deporte y la cultura no son mercancías sino servicios públicos que dependen de la responsabilidad pública. Por ello no se les puede someter al principio de la competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio, sino a criterios de eficiencia social.
68.- Reforma de la PAC. El impacto de la PAC en España no ha sido positivo, y esto se ha agravado con la reforma de 2003 y sus adaptaciones específicas en el caso español. La población activa en la agricultura ha descendido en un 8% y se sitúa en el 4% del conjunto de la población activa. La renta agraria es el 65% de la media de renta de los diferentes sectores productivos.
El diferencial de precios entre lo pagado al agricultor y lo que paga el consumidor se sitúa entre el 400 y el 500%.
La dependencia de nuestra agricultura de las importaciones es creciente, precisamente por el paradigma en el que se basa la PAC de que lo importante son los precios baratos. Pero la entrega del comercio agrícola a los grandes monopolios, y la consiguiente especulación ha hecho quebrar ese paradigma.
69.- Desarrollo de un Plan de Garantía de la Soberanía Alimentaria que tome como principio el derecho de los pueblos a decidir sobre su política agraria por ellos mismos, respetando el medio ambiente. Ello significa prioridad a las producciones locales agrarias y a la calidad en la alimentación. Debe regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos.
70.- Elaboración de un Plan de Desarrollo Rural Integral: el desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades de empleo deberían constituir el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación de políticas basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Los subsidios deberían darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes productores en algunos sectores. Frente a la actual política de desacoplamiento de las ayudas de la PAC con relación a la producción, es necesario reorientar la distribución de su presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños productores, las zonas desfavorecidas y las zonas montañosas.
71.- Fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica con un objetivo multifuncional: la protección del material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de agricultores a tener sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.
C.- MEDIDAS FISCALES Y DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
Medidas de aumento de los ingresos tributarios
a) Medidas urgentes
72.- Presentación del Gobierno en función de su ejercicio de la Presidencia Europea de un plan de convergencia y armonización fiscal para los países de la UE con calendario de aplicación.
73.- Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre beneficios (Impuesto de Sociedades) de las entidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera (Bancos, Cajas, Compañías de Seguros, Sociedades de Cartera, etc.)
74.- Imposición extraordinaria del 50%, mientras dure la crisis, entendido este fin como situar el índice de paro por debajo del existente el 1 de enero de 2008, de los bonos, primas y cualquier otra retribución extrasalarial de los directivos de instituciones financieras.
75.- Recuperación del Impuesto de Patrimonio (1.800 millones de euros, destinados al Programa de Empleo de las CCAA)
76.- Reorientación de la reforma del IVA, eliminando la subida general de tipos que entrará en vigor el 1 de junio y estableciendo un IVA especial al 25% (o en caso necesario un Impuesto especial o su incremento en 7 puntos) para bienes de consumo de lujo, animales vivos no destinados a consumo humano, joyas, abrigos y prendas de piel, aeronaves y embarcaciones de vela y motor cuyo uso no se destine al comercio marítimo o a la pesca profesional, etc.
77.- Reducción del IVA al tipo reducido en las compras de materiales y productos necesarios para la rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que en la factura figure como comprador el dueño o inquilino de la vivienda.
78.-Adopción de la propuesta de la Comisión de Finanzas de las Asamblea Nacional Francesa (septiembre de 2009) en el marco de Presidencia semestral española de la UE para suprimir los billetes de 500 euros y reducir a 3.000 euros las cantidades que se pueden pagar en efectivo sin comunicación a la administración tributaria de los datos del pagador a partir de 1 de enero de 2011.
b) Medidas a medio plazo
79.- Reforma de la fiscalidad de las SICAV, que deben tributar como cualquier otra sociedad
80.- Equiparación de la contribución fiscal de las rentas del capital y del trabajo.
81.- Elevación del tipo impositivo marginal en el último tramo del IRPF del 43 al 50%.
82.-Introducir medidas de fiscalidad verde para gravar las actividades que perjudiquen el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables, de acuerdo con la proposición de Ley de Fiscalidad Medioambiental presentada por IU-ICV el pasado 21 de julio de 2009.
93.- Consideración en el marco de la UE de La Tasa Tobin como una herramienta para financiar iniciativas industriales innovadoras en los sectores estratégicos para un desarrollo justo y sostenible. Proposición de las Directivas correspondientes.
c) Medidas de racionalización del gasto público
Izquierda Unida considera que cualquier reducción del gasto público es contradictoria con los objetivos de estimulo de la demanda que son imprescindibles en una situación de crisis económica como la actual.
La conveniente limitación del déficit no puede ser obtenida, en estas condiciones, por la vía del recorte del gasto, sino mediante mecanismos de incremento de los ingresos como los propuestos en este documento.
Sin embargo, es absolutamente necesaria una racionalización del gasto público que reoriente el mismo hacía la eficiencia, el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los servicios sociales públicos y la actividad productiva.
En consecuencia, proponemos:
84.- Limitación de los altos salarios en el conjunto de las Administraciones Públicas y de sus organismos, fundaciones y empresas, vinculadas o dependientes, considerando como límite superior las retribuciones percibidas por el Presidente del Gobierno. Esta disposición debe ser incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los partidos políticos se comprometen a aplicar esta medida en los órganos autonómicos con competencias para fijar las retribuciones de sus cargos públicos, cargos de confianza y directivos de empresas, entes y organismos públicos. Supresión de cualquier retribución por participación o asistencia en Consejos de Administración o instituciones semejantes derivadas del cargo que se ejerce.
85.- Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético en la aceptación de regalos.
86.- Reducción de la jornada ordinaria en el conjunto de las Administraciones Públicas a 35 horas semanales. Racionalización de los horarios y revisión de los métodos de trabajo para que las actividades se incluyan en la jornada ordinaria.
87.- Modificación de la Ley de Contratos del Estado para limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos. Establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales.
88.- Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones.
89.- Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos o empresas dependientes o vinculadas,
90.- Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.
91.- Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).
92.- Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, ente, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte al menos dos representantes de los trabajadores. Será competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los demás especificados en las propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos y enviados de oficio, en su caso, tanto a la Intervención General del Estado como al Tribunal de Cuentas correspondiente.
93.- Reforma de la Intervención General del Estado y de los Organismos semejantes en las diferentes CC.AA. para asegurar no solamente el control de la legalidad del gasto, sino también el de calidad del mismo. Reversión de los procesos de privatización del control de las cuentas públicas y de su auditoría. Publicidad de los informes de la Intervención.
94.- Reforma del Tribunal de Cuentas para agilizar su trabajo y la eficacia de sus recomendaciones. Los gestores deberán remitirle en el plazo de seis meses un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las disfunciones señaladas por el Tribunal.
95.- Responsabilidad civil y penal de los gestores y de los organismos de control
96.- Desarrollo de un programa de Colaboración del Instituto de Administración Pública con las Fundaciones de los partidos y fuerzas políticas para desarrollar programas específicos de Formación de cargos públicos para el control del gasto público y la gestión presupuestaria.
D.- REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO
97.- Todas las aportaciones con cargo al FROB de capital público deberán ser acompañadas de los derechos políticos correspondientes y por tanto el Estado debe intervenir y controlar, en su caso, la gestión del Banco o Caja.
98.-Desarrollar con carácter de urgencia una norma básica sobre Banca Pública que suponga el despliegue operativo directo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), integre a las instituciones que puedan ser nacionalizadas, y regule el papel y representación de las participaciones públicas en instituciones financieras privadas.
99.- Potenciar con un marco legislativo adecuado la implantación y desarrollo de la Banca Ética en España.
100.- Reforma de la Ley de Cajas, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Mantenimiento y reforzamiento de la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro. Ninguna caja podrá ser propiedad de ninguna institución o empresa privada.
b) Desvinculación de cualquier derecho político sobre las cuotas participativas en el caso de las Cajas de Ahorro.
c) Fortalecimiento de la supervisión del Banco de España sobre las Cajas de Ahorro, extendiéndola al requisito de informe previo favorable a toda operación que supere el millón de euros.
d) Prohibición legal de realizar operaciones desde o hacía paraísos fiscales.
e) Fijación de responsabilidad administrativa, civil y penal para los miembros de los Consejos de Administración y de las Comisiones de Control de las Cajas.
f) Definición de objetivos, contenidos y actividades de la Obra Social, que no podrán sustituir las políticas sociales encomendadas a los poderes públicos.
g) Creación de un Consejo Social del Sistema de Cajas de Ahorro, con participación de las fuerzas políticas, sindicales y organizaciones sociales presentes en el conjunto de las Asambleas de Cajas de Ahorro con funciones consultivas ante el Banco de España en su función de supervisión.
Con la reforma el Gobierno quiere:
En Izquierda Unida vamos a luchar para que:
Lo vamos a hacer movilizándonos en la calle para mostrar al Gobierno el rechazo a estas medidas y proponiendo en el Parlamento una Ley para garantizar los derechos de todos los pensionistas y parar el “pensionazo”.
La reforma del Gobierno es una injusticia y, además, innecesaria.
ES UNA INJUSTICIA PORQUE...
Recorta las pensiones por importe de 80.000 millones según los datos del Gobierno recogidos en el Plan de Austeridad que ha enviado a Bruselas.
Cuando se aplique completamente, habrá 12 millones de pensionistas (3,5 millones más que ahora) y 80.000 millones de euros menos para pensiones, es decir 6.600 euros anuales menos por pensionista.
El Gobierno no dice la verdad cuando afirma que su objetivo es que “la buena situación presente continúe en el futuro”.
Tampoco es veraz sobre los afectados por su reforma. Perjudica a TODOS y TODAS, desde quienes tienen hoy 61 años hasta la juventud que comienza a trabajar.
Afirma que busca una mayor correspondencia entre cotizaciones y pensión pero la realidad es que “con la misma cotización tendrás menos pensión”. Según los datos de ese Plan, por cada año que aumente el cómputo para el cálculo de la pensión, el gasto se reduce un 0,2% del PIB. Si el período de cálculo pasara de 15 a 25 años, se recortaría lo percibido por pensiones en unos 40.000 millones de euros. Cuantos más años se utilizan para el cálculo, más baja es la pensión porque los salarios y las cotizaciones más antiguas son también más bajas.
Y, ADEMÁS DE SER UNA INJUSTICIA, NO ES NECESARIA, PORQUE...
El Sistema Público de Pensiones es fuerte y está consolidado. El año 2009, en plena crisis, ha tenido un superavit de 8.500 millones de euros. El Fondo de Garantía aumentará hasta 62.000 millones de euros.
Los argumentos alarmistas del Gobierno son engañosos y carecen de rigor:
1.- El principal es el aumento de la esperanza de vida. Es incorrecto. El aumento de la esperanza de vida se debe a que ha descendido la mortalidad infantil y ha mejorado la salud de la población (en todo caso, esto sólo significaría que hay más cotizantes). Que haya aumentado la esperanza de vida 4 años no significa que todas las personas vivan 4 años más.
2.- Dice que el incremento del gasto en pensiones será excesivo en el futuro. Tampoco es cierto. Véase la tabla adjunta:
| 2010 | 2030 | 2060 |
PIB | 1.143,30 | 1.969,40 | 2.810,30 |
Gasto en pensiones | 101,75 | 212,70 | 424,36 |
Resto para otros factores | 1.041,55 | 1.776,70 | 2.385,94 |
Datos oficiales en miles de millones de euros de 2007
Puede verse que en 2030 la cifra disponible para factores que no son pensiones será casi 750.000 millones de euros más que en 2010, y en 2.060 más del doble
3.- El Gobierno hace previsiones demográficas sin rigor: no se pueden hacer cálculos serios que vayan más allá de 10 años. Además, lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto, como es el caso español, no es el número de jóvenes y adultos que hay por cada pensionista, sino el número de cotizantes y el importe de la cotización por cada uno de ellos. Pues bien, el número de cotizantes y las cantidades cotizadas han aumentado y lo seguirán haciendo en el futuro. Según datos oficiales, del 2010 al 2030 habrá un aumento de 2,5 millones de cotizantes y las cotizaciones aumentarán por el aumento de los salarios reales.
4.- En España, por ejemplo, un ejecutivo de Banco vive de media 10 años más que la persona que limpia en su Banco. Con la reforma propuesta, ésta tendría que trabajar dos años más para que el ejecutivo cobre diez años su pensión. Esto es contrario a la justicia social y al sentido común.
Y TODO ELLO, ¿POR QUÉ?
Por dos razones principales:
Es por esto que los bancos y las cajas publican periódicamente informes anunciando el colapso de las pensiones en un plazo de diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), el Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009). El objetivo: crear alarma sobre el futuro de las pensiones públicas.
ENTONCES, ¿NO ES NECESARIO CAMBIAR NADA?
Desde luego, no hace falta recortar las pensiones (en Italia representan el 14% del PIB), ni elevar la edad de jubilación (Francia la tiene a los 60 años), ni ampliar el número de años para calcular la pensión.
Pero Izquierda Unida es partidaria de reforzar y consolidar el Sistema Público de Pensiones.
Proponemos:
Resulta impensable que en un Estado plenamente de Derecho como el nuestro, integrado en la Unión Europea, surjan con demasiada frecuencia casos de corrupción, delitos fiscales, blanqueo de capitales, prevaricación y otras figuras delictivas como el cohecho o la malversación de caudales públicos. En todos ellos existen circunstancias comunes, como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas personas, la utilización de redes de sociedades interpuestas, la utilización de testaferros y paraísos fiscales.
El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la afirmación injusta de que "todos son iguales", abonando el terreno al populismo.
Cabe afirmar, ante todo, que la mayoría de los políticos españoles son honrados. Los 8.115 Ayuntamientos están formados por más de 65.000 concejales electos, de los que el 80% no recibe ingresos. Pero en la última década, los casos de corrupción se han multiplicado en todo el país, especialmente en el litoral mediterráneo y otras zonas que han experimentado un desarrollo urbanístico exorbitado.
Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios avispados, dañan la política. Y también dañan a la economía, incrementando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos. El dinero sustraído anualmente por la corrupción en España equivale al presupuesto de varios Ministerios, roza el del Ayuntamiento de Madrid y dobla al de la ONU.
Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabilidades en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de soberanía que el pueblo les confiere.
La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción, con un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde 2001 ha crecido más de un 20%, en un proceso de urbanización sin precedentes en los últimos quince años y sin parangón en Europa.
El fraude fiscal generalizado y la persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser tan duro con el corruptor como con el corrupto.
La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos administrativos, la debilidad de los controles políticos, la escasez de medios de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística y de contratación pública.
Por otra parte, el déficit de financiación municipal ha llevado a una dependencia excesiva de los ingresos derivados del urbanismo, impulsando la burbuja inmobiliaria y sembrando un terreno propicio a la corrupción. El incumplimiento por los sucesivos gobiernos del compromiso de reforma del sistema de financiación local ha llevado a numerosos Ayuntamientos a una situación económica y financiera insostenible. La cesta de ingresos de las administraciones está muy desequilibrada en beneficio del Estado, que absorbe un 50% y las Comunidades Autónomas, un 37%, mientras los municipios tan sólo reciben el 13%.
La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación ciudadana, el menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen también a la aceptación de este fenómeno delictivo y a propiciar una cultura colectiva basada en el individualismo y el egoísmo, en detrimento de los intereses generales.
La corrupción en España ha sido también alimentada por las carencias una Ley Electoral injusta y por una Ley de Financiación de Partidos meramente instrumental y opaca, destinadas ambas a favorecer el bipartidismo e incrementar el gasto de las campañas electorales.
El llamado "Pacto contra el Transfuguismo" suscrito entre las fuerzas políticas ha demostrado su escasa utilidad desde su celebración en 1998, debido a la utilización cínica de varias varas de medir según los infractores sean de un partido adverso o del propio. Corresponde a los partidos convertirlo en Ley, reforzarlo y obligarse a tomar medidas automáticas de sanción drástica contra los infractores.
Los miembros del Gobierno, los altos cargos y los representantes del pueblo en las instituciones parlamentarias y en los Ayuntamientos deben dar ejemplo, entregar sus declaraciones de la renta, de actividades y de bienes patrimoniales e intereses, respetando el régimen de incompatibilidades que garantice su plena dedicación o que no se produzca un choque de intereses con otras actividades ajenas a su cometido público.
Para mejorar el nivel de transparencia y colaboración de los Gobiernos Locales en la formación y rendición de sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, habría que generalizar la implantación telemática de la Plataforma de rendición de cuentas y simplificar el procedimiento establecido para los 6.800 Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, o bien proporcionarles los medios materiales y personales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales.
En aras de una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal y la corrupción, se aconseja reforzar la vigilancia y endurecer los controles institucionales ejercidos por distintos organismos, desde la Secretaría General, la Intervención y las Auditorías externas, hasta la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, así como los organismos de control del fraude y la corrupción del ámbito autonómico.
La red internacional de paraísos fiscales proporciona a los corruptos la opacidad y el anonimato necesario para ocultar las rentas provenientes de sus actividades delictivas, blanquear el dinero y evadir impuestos. Por ello es importante actuar en todos los ámbitos nacionales, europeos e internacionales hasta acabar con estos santuarios del fraude y del delito.
Tal y como se afirma en el Convenio Penal sobre la Corrupción, del Consejo de Europa, esta actividad delictiva constituye una amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, socava los principios de una buena administración, de la equidad y de la justicia social, falsea la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad.
Ante una situación como la descrita, urge un gran acuerdo de Estado que exprese el compromiso ineludible de las fuerzas políticas para combatir la lacra de la corrupción.
Habría pues que establecer criterios generales y medidas de prevención y lucha contra la corrupción, aproximando España a los países europeos con una cultura democrática más avanzada, donde estas medidas se complementan con la vigencia de códigos éticos, prácticas no escritas y compromisos de buen gobierno que ayudan a combatir la corrupción y contribuyen a conformar un amplio consenso social y político.
Por todo ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas contenidas en el siguiente Plan integral de lucha contra la corrupción:
I.- Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción
1. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio, es decir, aquel en el que no se pueda probar contraprestación a los obsequios recibidos por un cargo público. Inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos políticos. Endurecimiento de las penas por delito fiscal. Establecimiento de penas agravadas cuando el delito se comete a través de la utilización de paraísos fiscales. Ampliación de los plazos de prescripción. Simplificación de los procesos y reducción de los plazos de instrucción. Medidas efectivas para la recuperación de las cantidades sustraídas, incluyendo las medidas cautelares pertinentes.
2.- Ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos señalados en el punto anterior.
3.- Establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.
4.- Incorporación a todo el ordenamiento legal de las recomendaciones adecuadas del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.
II.- Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
5.- Desarrollo de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria para conseguir una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.
6.- Atribución, mediante Ley, a la Agencia Tributaria del Estado de la función de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia.
7.- Dotación de medios financieros, materiales, tecnológicos y humanos adecuados a la Agencia Tributaria del Estado (inspectores, técnicos, agentes tributarios y auxiliares administrativos); al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC); a las Fuerzas de Seguridad encargadas de la lucha contra la delincuencia económica y fiscal y contra el crimen organizado; a la Fiscalía Anticorrupción y a las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas competentes en la persecución de estos delitos, organismos todos ellos que han de funcionar coordinadamente y con cruce de datos bajo supervisión judicial.
8.- Reforzamiento de la coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las Administraciones Autonómicas competentes.
9.- Creación de una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria del Estado en la que se integrarían unidades especializadas de la policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, manteniendo todas ellas su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude.
10.- Investigación y persecución por la Agencia Tributaria de los incrementos del patrimonio de las personas físicas y jurídicas carentes de justificación con relación a los ingresos declarados.
11.- Plan de lucha contra el fraude en el IVA. Persecución de las tramas que se dedican a defraudar en el IVA mediante el denominado "fraude carrusel" y, en general, contra el fraude colectivo y organizado. Aplicación del régimen de módulos en exclusiva para ventas a consumidores finales.
12.- Creación de un Registro de tenedores de billetes de 500 euros.
13.- Establecimiento de responsabilidad económica subsidiaria para las Instituciones Financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes y capitales en España o en el extranjero, incluidos los paraísos fiscales, con los recursos procedentes de acciones delictivas como las señaladas en el punto primero.
14.- Prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. No reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español. Todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal debe tributar en España al tipo del 24%. Identificación de los verdaderos titulares de esos movimientos. Coordinación de las investigaciones entre la Agencia Tributaria Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Obligación de las filiales y sucursales de multinacionales y entidades financieras de informar sobre sus operaciones financieras en paraísos fiscales. Plan de comprobación de sociedades, empresarios, profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos fiscales.
15.- Elaboración y publicación anual de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal, para su presentación y debate en las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos.
III.- Medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas
16.- Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.
17.- Establecimiento de Comisiones de control y seguimiento en los Departamentos Ministeriales, Consejerías, Corporaciones Locales y restantes órganos e instituciones competentes en los ámbitos de aplicación del artículo 3 de la Ley 30/007 de Contratos del Sector Público. En dichas Comisiones se garantizará la participación de los representantes de los trabajadores, y en el caso de los Ayuntamientos, de todos los Grupos municipales de la Corporación.
18.- Creación de una Comisión parlamentaria especial para el seguimiento de los procedimientos de contratación en la Administración Central del Estado. Creación de Comisiones equivalentes en las Comunidades Autónomas.
19.- Ley de transparencia e información pública. Regulación de la publicidad institucional y del régimen de subvenciones públicas.
20.- Todos los documentos relativos a los procedimientos y decisiones de contratación y de urbanismo deben poder consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla.
IV.- Medidas de control interno y externo de la Contratación pública y de los procedimientos urbanísticos de planeamiento, recalificación y licencia
21.- Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de financiación de las Haciendas Locales, para que todos los alcaldes y concejales tengan la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público; para que a partir de cierto importe económico o más de un año de duración, las licencias, convenios y contratos - especialmente los contratos de obras y servicios de larga duración (agua, residuos, seguridad, espacios públicos)- sean adoptados por el Pleno municipal y no se limite su decisión al debate en la comisión de gobierno, en la que no está representada la oposición; y para que todos los grupos municipales estén representados en las empresas públicas y en las mesas de contratación.
22.- Desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley de Suelo 8/2007, con especial atención a las plusvalías públicas, para que el planeamiento municipal no se pueda convertir en plusvalías privadas en su integridad y se incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del interés general, así como a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales, que han de ser públicos en tiempo real a través de la red. Aplicación de la Disposición adicional novena de la Ley de Suelo, mediante la creación en todos los Municipios, de un Registro de Actividades y de un Registro de Bienes Patrimoniales de cada cargo público, las variaciones producidas durante el período del ejercicio del cargo, con una declaración final con ocasión del cese y al terminar el mandato. Tanto la Ley de Suelo estatal como las autonómicas deben clarificar y armonizar las competencias, reducir plazos, simplificar las normas y los procedimientos urbanísticos y hacerlos más transparentes y accesibles, evitando toda discrecionalidad. Fijación de precios máximos de venta del suelo.
23.- Creación de un Registro público de recalificaciones de suelo. El Ayuntamiento incorporará en los expedientes urbanísticos la historia registral de las transacciones que sobre los suelos afectados se hayan realizado en los diez años anteriores.
24.- Creación de un Cuerpo de Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos. Incremento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas. Medidas de sujeción de las plusvalías de urbanismo al interés general, de tal modo que los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y del aumento de la edificabilidad reviertan en beneficio de la sociedad.
25.- Creación de una unidad dentro de la Agencia Tributaria de comprobación de los datos fiscales declarados y los datos registrados como plusvalías de convenios urbanísticos y recalificaciones. Reforzamiento de la coordinación y cruce de datos entre la Agencia Tributaria, el Catastro, los Ayuntamientos, notarios y registradores de la propiedad.
26.- Inspección sistemática de Hacienda a los alcaldes y concejales de urbanismo de los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes y de aquellos otros en los que se hayan adoptado importantes medidas urbanísticas.
27.- Creación efectiva de Consejos Asesores para formular y plantear criterios y alternativas de ordenación, considerar las propuestas del planeamiento para garantizar los objetivos de desarrollo urbanístico sostenible y estudiar, proponer y supervisar las medidas y actuaciones a emprender para fomentar la participación ciudadana. Reconocimiento del derecho de iniciativa ciudadana, que podrá ser ejercida por los vecinos, requiriéndose un 20% de firmas en los municipios de menos de 5.000 habitantes; un 15% en los que tengan entre 5.000 y 20.000; y un 10% en los de más de 20.000.
28.- Ley de Financiación Local que garantice el principio de suficiencia.
V.- Cargos públicos
29.- Regulación de los salarios de todos los cargos públicos con criterios de transparencia y austeridad acordados por las fuerzas políticas y publicación de los mismos.
30.- Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para introducir el elemento de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística de todo aquel que participe en el proceso, sean alcaldes, regidores o funcionarios. Se realizaría siguiendo el modelo de declaración de conflicto de intereses que se aplica a la investigación científica.
31.- Regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación. Prohibición de percibir obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución. Los obsequios con valor superior a 200 euros serán rechazados o entregados a la institución. Se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones para cuantías inferiores a 200 euros.
32.- Reforma de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos públicos. Regulación de un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los altos cargos de gobierno municipales, así como de los miembros de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo, en relación con las responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo, vinculadas al sector de la construcción y el urbanismo.
33.- Creación del Estatuto de los Representantes Locales, en el que se regulen sus derechos y deberes. En particular, se garantizará que los concejales que se encuentren en la oposición puedan ejercer sus funciones de fiscalización y control de los contratos y adjudicaciones municipales.
34.- Extensión del Régimen de Incompatibilidades a los Diputados y Senadores para dotar de mayor efectividad el marco jurídico vigente en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses de miembros del Gobierno, de altos cargos de la Administración y demás cargos públicos, para garantizar la separación entre las actividades privadas y las públicas, y para que ejerzan sus funciones oficiales en régimen de dedicación exclusiva.
35.- Reforma del régimen de Aforamiento de los Diputados y Senadores, de tal modo que este privilegio quede restringido a hechos relacionados con actuaciones en los órganos de representación política y no a delitos relacionados con la actividad pública o privada.
36.- Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Presentación anual por cada Diputado de su Declaración de la Renta y de una Declaración de su Patrimonio.
37.- Creación de una Oficina de Regulación del Registro de Intereses de los diputados, miembros del gobierno y altos cargos de la Administración; la Oficina será el órgano encargado de la vigilancia y supervisión del estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales.
38.- La Mesa del Congreso garantizará el carácter público del debate y la votación de los dictámenes de incompatibilidades en el Pleno, así como la publicidad de los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
VI.- Medidas para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas públicas
39.- Reforzamiento de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre el sector público, las instituciones y las formaciones políticas, con el fin de vigilar el buen uso de los recursos públicos. Establecimiento de sanciones económicas imperativas por el Tribunal de Cuentas del Estado y sus equivalentes autonómicos; imposibilidad de cobrar subvenciones a los Ayuntamientos que no presenten sus cuentas anuales; generalización de la implantación telemática de rendición de cuentas; simplificación del procedimiento establecido para los Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes.
40.- Creación de la Oficina de Control Presupuestario del Congreso de los Diputados, encargada del seguimiento de la ejecución del Presupuesto.
41.- Fijación de requisitos accesibles que faciliten la creación de Comisiones de Investigación y, en general, la labor de control y fiscalización de los equipos de gobierno por parte de los grupos políticos de la oposición. Las Comisiones de Investigación no podrán ser presididas por un Grupo que sustente al Gobierno. Sus normas de funcionamiento impedirán que una mayoría de bloqueo pueda vetar la comparecencia o pruebas documentales requeridas por los miembros de la Comisión.
42.- Reforzamiento de las auditorías y fiscalización de la gestión de los recursos públicos, que serán obligadas en el caso de procesos judiciales que afecten a la Administración.
43.- Reglamentación de los lobbies o grupos de presión, que han de acreditarse en registro público ante la institución;
VII.- Campañas electorales
44.- Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral con el fin de garantizar la representación de los electores en condiciones de proporcionalidad; y de limitar drásticamente los gastos de las candidaturas presentadas por los Partidos Políticos y coaliciones en las campañas electorales, garantizando la igualdad de los electores y los partidos políticos en el proceso electoral y la pluralidad de las mismas a través de los medios públicos de comunicación. Realización del mailing de todas las candidaturas de manera centralizada para reducir gastos innecesarios. Limitación del volumen de propaganda o publicidad directa e indirecta que se destina a promover el voto a las candidaturas. Fijación de un tope máximo para la cantidad de gasto en campaña, de conocimiento público y Ejecución efectiva de las sanciones por incumplimiento de la normativa de limitación de gastos de campaña.
VIII.- Partidos políticos
45.- Reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007, con el fin de prohibir las donaciones a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos, por parte de empresas contratadas, en el momento de la donación o con anterioridad, por las Administraciones Públicas, organismos y empresas públicas, especialmente aquellas provinentes de las constructoras y promotoras. Todas las aportaciones económicas a los partidos deben ser públicas y de libre acceso a cualquier ciudadano. Incorporación de las recomendaciones uno a cuatro del informe GRECO sobre Transparencia en la Financiación de Partidos en España de mayo de 2009. Se dará cuenta de cualquier modificación de las condiciones de deuda con las entidades financieras al Tribunal de Cuentas y al Banco de España. Si estas modificaciones comportasen la condonación de la deuda, estarán sujetas a informes previos del Tribunal de Cuentas, de sus equivalentes autonómicos y del Banco de España, con posterior información al Congreso de los Diputados y a los Parlamentos Autonómicos. Los registros y archivos del Tribunal de Cuentas y sus equivalentes autonómicos, que acojan documentación contable que los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores hayan librado a los tribunales, serán de acceso público. No se harán efectivas subvenciones públicas a las formaciones políticas que no hayan cumplido con los deberes de transparencia ante el Tribunal de Cuentas, a modo de sanción administrativa. Prohibición de las donaciones anónimas a partidos y sus fundaciones dependientes orgánicamente, con independencia de la cuantía económica. Prohibición de que las fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que reciben subvenciones públicas puedan subvencionar o transferir directa o indirectamente recursos a partidos políticos y a sus fundaciones o entidades vinculadas. Prohibición de las donaciones por parte de personas jurídicas. Creación de cuentas corrientes específicas para las subvenciones públicas y privadas de los partidos, debidamente identificadas para facilitar el control y fiscalización de su utilización. Creación de un registro único, público y de fácil acceso para el conjunto de los ingresos y gastos de los partidos.
46.- Establecimiento de un Código Ético del cargo público, suscrito por las formaciones políticas y de obligado cumplimiento, para su traslado a los respectivos Estatutos, comprometiéndose a:
a) denunciar ante la fiscalía y a colaborar con la Justicia ante cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos;
b) asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción;
c) solicitar la dimisión cautelar o imponer la separación provisional de la organización los cargos electos y de las instituciones los cargos de libre designación que tras su imputación por delitos vinculados a la corrupción estén inculpados o sean objeto de medidas judiciales cautelares. La separación será definitiva cuando sean condenados por esos delitos; la dimisión cautelar no implica reconocimiento de responsabilidades penales, y tiene como objeto establecer un cordón sanitario entre la política y la peripecia judicial de los interesados;
d) abstenerse de movilizar a sus miembros en una solidaridad equívoca con los cargos públicos imputados;
e) impulsar mecanismos de publicidad, control y participación democrática para garantizar la transparencia y el control de las instituciones
IX.- Medidas contra el transfuguismo
47.- Conversión en Ley del "Pacto contra el Transfuguismo", reforzándolo para que las fuerzas políticas se obliguen a
a) tomar medidas drásticas y automáticas de sanción contra los cargos electos infractores, como la suspensión cautelar de militancia, la exigencia de dimisión del cargo público, la expulsión y la disolución de organizaciones locales del partido;
b) no conformar gobiernos locales o autonómicos con aquellos que hubiesen desertado alguna de las formaciones políticas firmantes o se encontraran imputados o procesados en firme por los tribunales de Justicia, por delios relacionados con la corrupción política o urbanística.
c) Impedir que los tránsfugas puedan formar Grupo propio o cobrar más de lo que percibían antes de abandonar su Grupo.
48.- Establecimiento por Ley de la obligación de los diputados tránsfugas de devolver su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos.
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
REUNIÓN DE AMINETU HAIDAR CON LA DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES PRESIDIDA POR DON AGUSTÍN SANTOS. JEFE DEL GABINETE DE SEÑOR MORATINOS
Transcripción de la traducción simultánea de Larosi Haidar de la intervención en árabe de Aminetu Haidar
Ante todo le doy las gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español de, por lo menos después de 15 días, haber venido a ver de cerca mi situación humanitaria.
Respecto a mi situación que es ante todo inhumana, una situación en la cual se están violando todas las convenciones internacionales, sobre todo aquellas firmadas por el propio Marruecos, sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos…
No vine a España por mi propia voluntad. Vine obligada a viajar, después de una detención abusiva que duró 24 horas en el Sahara Occidental. Después de que se tomó la decisión abusiva de expulsarme de manera ilegal de mi tierra, estuve protestando durante más de una hora ante el comandante del avión. Le hice saber que él sería el responsable de lo que estaba aconteciendo y que sería cómplice de todo lo que estaba ocurriendo, le dije que no tenía pasaporte y que todos los policías que estaba viendo detrás de mí, eran los que habían confiscado mi pasaporte ; que era una defensora de derechos humanos saharaui, que llegó ayer de las Islas Canarias y que me obligaron a viajar dejando a mis hijos en el Aaiún.
El comandante del avión me dijo que él no podía portar en el avión a una persona que no tenía pasaporte. El responsable de la policía marroquí le dijo que era portadora de una residencia española. Le respondí que aún así yo no podía viajar a España sin pasaporte y, sobre todo, en contra de mi voluntad.
El comandante llevó a cabo unas cuantas llamadas telefónicas y respondió que él no podía llevarme en el avión. Una vez más habló con él el responsable de seguridad marroquí y le dijo :
“a usted únicamente le importa esto, el billete de avión”. Le enseñó un billete de avión que tenía. “Y ésta es una orden de la cual está al tanto el ministro de exteriores español”.
Después de un momento, el comandante del avión recibió una llamada telefónica y se dirigió a mí y me preguntó mi nombre. Le dije mi nombre. Cuando se lo dije, el comandante hablando con la persona en el teléfono –que yo desconocía quien era- le dijo que sí, se llama Haidar. Dejó de hablar y después de dos o tres minutos recibió otra llamada, se veía claramente que su cara había cambiado. Se dirigió al jefe de seguridad marroquí y le dijo “bueno, podemos dejarlo”.
En ese momento, le hice saber que él mismo, al igual que la compañía aérea y al igual que España serían las responsables de todo lo que fuera a ocurrir.
Cuando llegué al aeropuerto de Lanzarote…yo no sabía cuando iban a llevarme, ni siquiera el destino a donde iban a llevarme…cuando despegó el avión fue cuando el comandante dijo que el destino sería Lanzarote.
Estaba en una situación de estado psicológico totalmente bajo, con depresión, era la primera vez que iba a Lanzarote. Todos mis teléfonos y tarjetas telefónicas habían sido confiscados por la policía marroquí. Entonces, para mí, eso era un secuestro. Cuando llegué al aeropuerto de Lanzarote estuve totalmente segura de ello y protesté en el avión y no quise bajar. Todos los pasajeros bajaron menos yo. Entonces, vino la policía para bajarme, para convencerme de que iban a hablar conmigo ya que yo portaba una residencia española.
Les dije, estando en el avión, que yo no podía bajar porque no tenía pasaporte y había dejado a mis hijos detrás y venido contra mi voluntad. Me convencieron de que podría volver esa misma tarde. Pero cuando fui a la oficina de la policía, les dije que yo estaba en una situación ilegal y que, por lo tanto, no iba a salir de la zona de tránsito. El responsable de la policía me prometió, entonces, que volvería a El Aaiún a las 6, por lo que me senté con los pasajeros que viajaban al Aaiún. Entonces, el responsable me dijo, en ese momento que, en todo caso, como estaba en una situación ilegal y no tenía pasaporte, que él había recibido órdenes de que no podía ir al Aaiún. Fue entonces cuando tomé la decisión de quedarme aquí. Y lo que realmente me reforzó fue el apoyo de toda la sociedad civil española con mi causa, que ha estado aquí viniendo y apoyándome.
Estaba en una situación psicológica muy peligrosa, incluso he estado llorando, sobre todo pensando en mis hijos. Me aseguré en ese momento de que había habido un acuerdo entre el gobierno español y marroquí, que había una total complicidad en el asunto. Mediante los medios de comunicación di un aviso al gobierno español para que resolviera el asunto o que si no entraría en huelga de hambre abierta.
En lo que a mi respecta, nunca he creído que España es el enemigo. Sin embargo, estoy viendo que está jugando este mismo juego. He sido secuestrada, detenida, torturada, alejada de mis hijos por el gobierno de Marruecos, sin embargo, eso nunca me ha dolido tanto como lo que está haciendo España que es un país democrático, un Estado de derecho, y nunca pensé que llegaría a actuar de esta manera. Realmente nunca me ha gustado ese silencio de la administración del gobierno español respecto a las violaciones de derechos humanos, de aquellos saharauis que se puede decir que aún dependen del gobierno de España, y nunca pensé que España llegaría a presentarse para hacer este tipo de trabajos que realmente tocan a la legalidad internacional. Ha habido un acuerdo con el gobierno de Marruecos.
Cuando entré en la huelga de hambre, ni siquiera se les ocurrió mandarme un representante local para que hable conmigo y vea mi problema. De la misma manera que el gobierno español ignoró a los saharauis en el año 75, actualmente también España está ignorando a una activista de derechos humanos saharaui. Y lo hace exactamente el mismo día, el mismo día negro para los saharauis que es el del acuerdo tripartito de Madrid, el 14 de noviembre. No quiero ocultar que siento indignación por parte del gobierno español, y no solo por mí, sino por todos los saharauis y los militantes de derechos humanos.
Estas soluciones que ha traído el gobierno español…quiero decir que yo no he creado esta situación de crisis… si no que son el gobierno español y marroquí los responsables de todo lo que está ocurriendo. Yo tengo una sola solicitud y es que se me devuelva a mi tierra, el Sahara Occidental, donde están mi tierra y mis hijos, con o sin pasaporte. Es vuestro problema.
Le doy las gracias al gobierno español por ofrecerme la nacionalidad española o el estatus de asilada política. Sin embargo, para mí, la nacionalidad no es una oferta por parte del gobierno español sino más bien mi derecho, un derecho como saharaui. Mi madre es española y gran parte de mis familiares son españoles. Yo nunca pensé solicitar la nacionalidad española, ni la americana ni la italiana, ésta es mi postura política personal. Estoy bajo ocupación marroquí y milito, como el resto del pueblo saharaui, para poder llegar a nuestra autodeterminación.
Marruecos no me ha dado mi pasaporte como una oferta, sino que está obligado porque es un país ocupante y, según la Cuarta Convención de Ginebra, está obligado a dar todos los derechos políticos y civiles a los ciudadanos bajo su ocupación. Yo nunca he solicitado otro pasaporte. Nunca voy a solicitar otro pasaporte porque tengo ya uno que está en vigor y el número es R559514, que no expira hasta el 2 de mayo de 2010 y puedo prorrogarlo otros cinco años, después vendría la renovación. Con esto se ve claramente que Marruecos está violando sus propias leyes pues yo no puedo tener dos pasaportes. Yo no he perdido mi pasaporte para que haga una declaración de pérdida, está confiscado por parte del gobierno marroquí.
No estoy exigiendo de España que juegue el juego de Marruecos. Marruecos es realmente quien debe de pensar mucho en esta decisión. Lo que exijo al gobierno de España es que simplemente me devuelva a mi tierra. El asunto del pasaporte y la documentación es una guerra, es mi guerra con Marruecos. Pues he estado casi 15 años pidiendo un pasaporte, hasta el año 2005, y nunca le pedí al gobierno español que interviniera en aquello. Y el único que intervino fue el gobierno americano y fue quien realmente obligó al gobierno marroquí a que me diera pasaporte. En definitiva, estas son opciones que rechazo totalmente. Lo único que le pido al gobierno español es que me devuelva a mi tierra.
[Intervención de Agustín Campos ofreciendo las opciones de nacionalidad española y de asilo político……..]
No es necesario explicarme las dos opciones, es una pérdida de tiempo y de energía para mí. No quiero conocer las ventajas y los inconvenientes porque nunca voy a aceptar ni el asilo político ni la nacionalidad española.
[Agustín Santos ofrece el pasaporte español…]
Ante todo le doy las gracias por esta opción que, para mí, más bien la considero un derecho. Desgraciadamente, la nacionalidad española no ha podido defender a comités, asociaciones, parlamentarios españoles que han sido expulsados del Aaiún en los aviones de vuelta a España y realmente España no ha podido protegerlos. Tampoco protegió a Yarba que es un saharaui español en silla de ruedas que fue tratado duramente en el aeropuerto del Aaiún, después en el de Casablanca y finalmente se le expulsó a Barcelona.
Si la tarjeta de residencia española ha sido una especie de condena para mí, que Marruecos ha utilizado para hacerme ésto, imagínese cuando yo tenga la nacionalidad española lo que harán. Ya no podría pisar El Aaiún. Yo le doy una explicación política. Marruecos esta ahora pensando, llevando a cabo un proyecto basado en hacer, desplazar los refugiados saharauis a países terceros, todos los saharauis que estén en contra de la ocupación marroquí van a ser tratados de la misma manera, es decir, serán expulsados, se les dará la nacionalidad española y se quedarán fuera del país. No estoy pidiendo a España que me proteja de lo que me pueda hacer Marruecos de tortura y detención, que Marruecos haga ese trabajo sucio, que Marruecos me detenga.
Cuando volví a El Aaiún, el día 13, según sabe mi abogada Inés Miranda, y lo sabe Boi-tia y Marselha Gonsalves, sabía que cuando volvía había dos posibilidades: o ser detenida o que se me confiscaran los documentos. Y esto no es algo inventado sino que parte de una realidad en las zonas ocupadas. Pues ya habían sido detenidos otros 7 activistas de derechos humanos el día 8 de octubre, que van a comparecer ante un tribunal militar y es posible que incluso se les condene a pena de muerte. Además de otros 8 activistas a los cuales se les fue confiscada toda la documentación, entre ellos, Sultanya Khaya, que además de su documentación marroquí también se le confiscó su residencia española.
Cuando yo volví a El Aaiún habían sólo esas dos posibilidades. Sin embargo, la posibilidad de la expulsión a España nunca se me había pasado por la cabeza. La expulsión como tal, no es que sea algo nuevo, siempre ha habido expulsiones de saharauis de la zona ocupada al interior de Marruecos, se les prohibía volver al Sahara. También fue expulsado otro activista a la zona que está entre el sur del Sahara y Mauritania. Pero la expulsión hacia España que es un país democrático y un país de derechos humanos nunca había ocurrido.
Desgraciadamente, hoy en día, me estoy viendo obligada a enfrentarme al gobierno español como autoridad y no a enfrentarme al gobierno marroquí. Marruecos, si tiene alguna causa contra mí, que me lleve ante los tribunales y que sea lo que tenga que ser. Pero debido a las presiones internacionales, y gracias también a los distintos galardones que se me ha dado en el extranjero, [Marruecos] pensó en otra cosa, en tirarle el balón a España. Marruecos sabe realmente quien es Aminetu Haidar pero España no conoce a Aminetu Haidar.
Mi mensaje al señor Moratinos y, mediante él, a todo el gobierno de España, es que Aminetu Haidar ha sacrificado su juventud y su vida por la dignidad y hoy estoy viendo que mi dignidad y la del pueblo saharaui están siendo pisoteadas y el gobierno español es el responsable de lo que pueda ocurrir en esta huelga de hambre porque yo estoy decidida a ir hasta el final. Pues mi dignidad está por encima de mis hijos y por encima de todos, así que no tengo nada más que ofrecer. 29 noviembre 2009
Aeropuerto de Lanzarote
Acta de la Junta de Gobierno del 16 de noviembre
Informe de la Interventora relativo a la concesión de una subvención a la Asociación Cultural "Hada Madrina", por importe de 15.000 €, para la Cabalgata de Reyes 2009-2010, indicando que sólo hay consignación suficiente en el ejercicio 2009 para 6.000 €.
La Junta de Gobierno Local acordó abonar 6.000 € de la subvención concedida con cargo al ejercicio 2009 y el resto al ejercicio de 2010.
La decisión de la Junta de Gobierno es llamativa. Dado que el equipo de gobierno no ha querido presentar un presupuesto para 2010, el año que viene el ayuntamiento funcionará con el mismo presupuesto que en 2009. Por lo tanto, no habrá 9.000 euros disponibles para esta asociación sino 6.000, a no ser que el equipo de gobierno quite dinero de otras asociaciones para poder dárselo a esta.
Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía 
En el año 1600, Luis del Mármol Carvajal publicó en la ciudad de Málaga su Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada. En este relato medieval, de gran importancia desde el punto de vista histórico, el autor da cuenta, en forma de memorial dirigido al rey Felipe II, sobre las revueltas en el reino de Granada por parte de los llamados moriscos, que permanecieron en Al Andalus tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos. Hoy, cinco siglos más tarde, se está gestando una nueva rebelión, esta vez de cristianos, pero por los mismos motivos políticos y el mismo marco geográfico. La condena de un año de prisión y nueve de inhabilitación por un delito urbanístico a José Luis Navas (PSOE), alcalde de Sayalonga, ha hecho saltar la chispa de la revolución entre los regidores de la zona, que se plantean una cruzada por la ‘amnistía urbanística’. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com le ofrece un memorial redactado por el Gabinete de Estudios de la Naturaleza (GENA)-Ecologistas en Acción dirigido a las autoridades de la Junta y del reino de España, en testimonio de su lealtad a la corona y sus leyes.
Rebelión de los moriscos
Pragmática de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y Plan de Ordenación del Territorio, versión para las tierras de la Axarquía y sus alcaides
En que se contienen los capítulos que se hicieron en la Junta de la ciudad de Sevilla sobre la reformación de las costumbres de los moriscos axarqueños en lo relativo a la urbanización masiva en suelos rústicos
PRIMERAMENTE se ordenó que en el dos mil y tres años de como estos capítulos fuesen publicados, aprendiesen los alcaides moriscos a hablar y entender las leyes urbanísticas andaluzas, adaptar las cartas geográficas de sus alquerías a la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), y de allí adelante ninguno pudiese otorgar licencias de construcción en el campo ni en público ni en secreto. Que debieran estar finalizadas las adaptaciones en el año de dos mil y siete, y edificar ya en adelante sólo en ese suelo y no en terrenos de sembradura, arboleda de cualquier tipo o erial. Sea trasladado el deber de detener obra o empresa acometida en cualquier momento desde la recepción de esta pragmática, y proceder a la incoación de expediente sancionador, de acuerdo con las prescripciones de la ley. Por ello esta Junta determina:
1. Que todos los contratos y escrituras que de allí adelante se hiciesen de casas en parajes rurales fuesen ningunos, de ningún valor y efecto, y no hiciesen fe enjuicio ni fuera de él, ni en virtud dellos se pudiese pedir ni demandar, ni tuviesen fuerza de compraventa ni vigor alguno. Que cumplirán el precepto de nuestra Constitución en el capítulo 47, y los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
2. Que todos los permisos de proyectos de actuación que estuviesen escritos de cualquier 
materia y calidad que fuesen, los llevasen dentro treinta días ante el presidente de la Audiencia Real provincial de Málaga para que los mandase ver y examinar; y los que no tuviesen inconveniente por ser cierto su vinculación a haciendas y labores agrícolas, se los volviese para que los tuviesen por el tiempo de los tres años, y no más. La naturaleza, riqueza rústica y el paisaje de todas los parajes y pagos de la Axarquía del Reino de Granada supone el más preciado legado que nuestros ancestros han depositado en nosotros, y que debemos conservar y mejorar de acuerdo a las leyes de Andalucía, España y de las Instituciones Europeas, a quienes debemos fidelidad.
3. Cuanto a la orden que se había de dar para que aprendiesen la ley urbanística andaluza, se cometía al Consejero de Ordenación del Territorio y al Presidente de la Diputación, los cuales, con parecer de personas prácticas y de experiencia, proveyesen los letrados y técnicos que les pareciese más conveniente al servicio de Dios y al bien de aquellas gentes y los dote de planeamiento urbano. Que la apliquen en todo su ámbito y acuerdos del pleno de consistorio, y no otorguen licencia sino en suelo urbano. Y tampoco se expidan permisos de casas de aperos, que no sirven para guardar objetos de labor sino para morar o arrendar a nuevas gentes repobladoras.
4. Cuanto al hábito de buena relación con emprendedores y acaudalados, se mandó que no se hiciesen de convenios urbanísticos, aprobación de planes de urbanización, ni otra suerte de contratos de los que se usaban en tiempo de moros e inmobiliarias; y que todo lo que se cortase e hiciese fuese a uso de lo moderno. Y porque no se perdiesen de todo punto las obras y cortijos moriscos que ya estaban hechos en apareciendo en ortofotografías, se les dio licencia para que pudiesen mantenerse los morados por cristianos o moriscos viejos empadronados, o tuviesen uso en guarniciones dentro de la adaptación de los planes de ordenación municipal a la nueva ley, aprobados en hasta cuatro años; y que pasado este tiempo, en ninguna manera emprendiesen los unos ni los otros nuevos edificios. Y durante los cuatro años, todas las obras que se inicien a la morisca, inspecciónense por la escuadra que dícese ahora Seprona de la Guardia Civil del reino de España. Porque se entendió que por no perder la costumbre que tenían de edificar en todo suelo que estuviese estrictamente protegido, a la suerte de las leyes que se otorgaron a los reino de Valencia y Murcia, gobernados por facciones de moriscos populares.
5. En cuanto a las obras municipales, se ordenó que en las obras de infraestructura que hiciesen, no usasen de servir nuevas carreteras asfaltadas, acometidas de agua potable, y demás servicios conformándose con el uso y costumbre de dotar los parajes rurales de caracteres urbanos; y que no hiciesen vertidos de escombros, materiales, ni excavaciones de cantera para la saca de arenas y gravas.
6. Cuanto a los nombres de lugares o topónimos, ordenaron que no tomasen, tuviesen ni usasen nombres ni sobrenombres de repobladores que no fueren andaluces o castellanos, aludése aquí a nobles o plebeyos británicos, germanos, flamencos y demás pueblos bárbaros de la Europa, y los que tenían los dejasen luego y mantengan en heredad.
7. Que habiendo conocido esta Junta por los estadistas del reino noticias sobre la afluencia de 
millares de repobladores del Norte por las alquerías y pagos de la Axarquía, en virtud del Tratado por el que se constituye la Unión Europea, ratificado por su majestad, es de ley dar cobijo a cuantos ciudadanos repueblen las villas y aldeas, pero que se haga de tejas hacia adentro. Que se les permita mantener sus usos y costumbres, pero se utilice la lengua castellana y no hablen en otros idiomas para la relación con el cabildo, el comercio y las gentes del lugar. Y que las obras y mejoras que emprendan sean siempre en las casas de los pueblos y de acuerdo a los usos y ordenanzas que el ayuntamiento provea. Que no siendo gente de labranzas no han de habitar tierras de arboledas ni sembraduras.
8. En cuanto a los baños, mandaron que en ningún tiempo usasen de los artificiales ni se construyeran nuevas albercas cloradas, llámanle ahora piscinas, y que los que había de nueva planta se derribasen luego; y que ninguna persona, de ningún estado y condición que fuese, no pudiese usar de los tales baños, ni se bañasen en ellos en sus casas ni fuera dellas. Que no puedan abrirse nuevos pozos para el aprovechamiento de las aguas, y que no se aumente el reparto de las escuetas aguas de la reserva del pantano de la Viñuela.
9. Y cuanto a los procedimientos judiciales incoados a alcaides y regidores, se proveyó que los que resulten imputados y declarados culpables sean retirados del partido e invitados a dimitir, y los que se hubiesen probado de haberse enriquecido a ellos mismos o a su corte, o a caballeros cercanos, cumplan pena perpetua en el fuerte de Alhaurín, que se halla a tres leguas de la ciudad de Málaga hacia la Algarbía. Y todos los cuerpos de funcionarios, súbditos y escribanos del Reino tienen el deber de alertar ante las autoridades el incumplimiento de las leyes y la corrupción de los principios generales del derecho español y sus normas.
10. Cuanto a las oficinas inmobiliarias y compraventa de solares, se ordenó que todos los moriscos que tenían licencias para tenerlas, las presentasen luego ante el presidente de la real audiencia de Málaga, el cual viese si los que las tenían eran personas que sin impedimento ni otro peligro podían usar dellas pero nunca para edificar. Apercibida esta junta de quien usa en vano el nombre de su alta majestad el Rey de España, enunciando empresas como Real Estate, con provecho para compraventa de casas y solares. No se tolera jamás que ni ese uso se justifique por la traducción de lengua británica ni otra, que es de alta traición usar tan regio nombre en comercio, y enviase relación a su majestad dello, para que lo mandase ver y proveer; y en el ínterin la persona en cuyo poder se exhibiesen las licencias las detuviese, proveyendo en ello el Presidente lo que más viese que convenía a la Corte de Justicia y Santa Inquisición.
11. Que cuanto a los órganos y comisiones formadas en la comarca por alcaides y emprendedores, en especial la que se hace llamar Mesa por el urbanismo de la Axarquía, y conocidas sus intenciones y manifiestos, este Presidente desautoriza su creación y contenidos aun cuando se cobije en la mancomunidad de consistorios, por erigirse en entidad de contestación e intromisión en las políticas que le son propias a la autonomía de Andalucía, su Parlamento soberano, y sus órganos ejecutivos o consejerías, por delegación del Reino de España.
ESTA fue la resolución que se tomó en aquella Junta, aunque algunos fueron de parecer que 
los capítulos no se ejecutasen todos juntos, por estar los alcaides moriscos tan casados con sus costumbres y compromisos electorales, y porque no lo sentirían tanto yéndoselas quitando poco a poco. Entre los alcaides era tan áspero y contrariado el malestar, que uniéndose todas las facciones de diestra y siniestra, los unos y los otros hicieron de ello unidad de afrenta al reino, invocando a la Rebelión y habiéndose conocido el renegar nuestro sistema democrático, y peticiones de auxilio al Gran Turco, que Dios tenga por no oídas. Que aunque se vacíen las urnas de papeletas, ha de producirse el recto obrar de todos ellos y nosotros de acuerdo a los preceptos de la Constitución y el imperio de la ley.
MAS el presidente don José Antonio Griñán, fabricado de los avisos que venían cada día de la Fiscalía Málaga, sin que tenga presente los malos augurios que tantos oidores y veedores enviados en encomienda por las villas y alquerías de la Axarquía, de máxima confianza orgánica por ser de su partido, y abrazándose con la fuerza del poder judicial, quiso y consultó a su majestad que se ejecutasen todos juntos.
SOLICITUD DE FIRMAS DE APOYO A AMINETU HAIDAR
Aminetu Haidar, la Gandhi saharaui, se encuentra en el aeropuerto de Lanzarote en huelga de hambre desde el domingo 15 de Noviembre de 2009 para exigir el regreso a su patria, el Sáhara Occidental, de la que fue expulsada ilegalmente por parte de las autoridades marroquíes de ocupación después de retirarle el pasaporte, y para exigir al gobierno español, que la admitió irregularmente en el país, que la devuelva al aeropuerto de El Aaiún, ciudad en la que siempre ha vivido y en la que residen sus dos hijos, y requiera de las autoridades marroquíes el pleno respeto a su persona y a sus actividades pacíficas en defensa del respeto a los Derechos Humanos.
La salud de Aminetu Haidar se está deteriorando rápidamente debido a la huelga de hambre. Cada día su situación se agrava. En estos momentos sólo se mantiene gracias a la increíble fortaleza moral, la determinación y la certeza absoluta en la justicia de lo que defiende.
Aminetu está dispuesta a resistir hasta que la devuelvan a su patria y con plenas garantías de poder desarrollar su labor como defensora de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Será responsabilidad del Gobierno español si su salud, muy castigada tras su paso por las cárceles secretas marroquíes y las vejaciones y torturas a las que en ellas fue sometida, se resiente de modo irreversible.
Si aún le queda algo de dignidad, de responsabilidad, de humanidad, el gobierno español debe tomar inmediatamente las decisiones que conduzcan a que Aminetu vuelva a El Aaiún con sus hijos y el resto de su familia.
Solicitamos tu firma para exigir al Gobierno español la vuelta segura y sin condiciones de Aminetu Haidar a su casa en El Aaiún.
Envía un mensaje con tu nombre, apellidos y DNI al email:
Acta de la Junta de Gobierno Local del 9 de noviembre
Expediente 299/09 de contratación incoado para la adjudicación mediante procedimiento Negociado el contrato Asistencia Técnica para la tramitación de expedientes catastrales Modelos 902N, 903N y 904N, ante la Gerencia Territorial del Catastro.
Vista la oferta presentada por SERVICIOS CATASTRALES AREVALTA S.L. CIF. B-18326264, para el mencionado servicio por importe de 69.571 €, IVA incluido, así como el documento contable que acredita la existencia de crédito para la adjudicación del presente contrato y el informe emitido por el Encargado del Servicio Municipal de Catastro, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:
Primero.- Adjudicar provisionalmente a favor de la empresa SERVICIOS CATASTRALES AREVALTA S.L. CIF. B-18326264, con domicilio en Pedro Antonio de Alarcón 52, 1º D, 18002 GRANADA, la Asistencia Técnica para la tramitación de expedientes catastrales Modelos 902N, 903N y 904N, ante la Gerencia Territorial del Catastro, por importe de 69.571,00 €, IVA incluido, y con un plazo de ejecución máximo de SEIS MESES.
El concejal de IU ha presentado una moción al Pleno pidiendo que se anule la subida de precios en los comedores escolares y las aulas matinales. Esta subida ha sido aprobada por la Junta de Andalucía y está originando preocupación y malestar entre las familias afectadas.
El precio del comedor escolar alcanza ya los 4,50 €/día, lo que supone una subida de 0,60 €/día. En momentos en que el IPC interanual arroja cifras negativas, este aumento supone un incremento del 15,4%. Si se considera el aumento de costes del servicio de comedor escolar desde 2006 hasta 2009, la subida acumulada alcanza el 43%, mientras que en el mismo período en Andalucía el IPC acumulado supone sólo un 8,7%.
El último acuerdo de la Junta es además inadecuado en lo que se refiere a las bonificaciones. En las normas que se están aplicando ahora se dice que para tener derecho a ciertas bonificaciones se tendrán en cuenta los ingresos de la unidad familiar de 2007. Es a partir fundamentalmente de 2008 cuando se ha desarrollado la crisis que venimos padeciendo. Por ello, los ingresos declarados en 2007 no responden a la actual realidad económica de muchas familias, que entonces tenían trabajo y ahora, en bastantes casos, han llegado a agotar las prestaciones de desempleo.
Por otro lado, se han estrechado los márgenes para alcanzar dichas bonificaciones con lo que muchas familias reciben bonificaciones inferiores a las de años anteriores o, incluso, ninguna bonificación. Así, en cursos anteriores, el hecho de exceder del 50% del límite establecido, daba derecho a una bonificación del 25% de los servicios de comedor y actividades extraescolares. Con las últimas modificaciones, esta situación supone ahora quedar directamente excluido de cualquier prestación.
En definitiva, en lugar de facilitar a las familias andaluzas el acceso de sus hijos/as a la educación infantil 0-3 años, se está dificultando por su encarecimiento. Ello provoca que muchas de ellas hayan quedado fuera de estos servicios, produciéndose situaciones verdaderamente sangrantes, al quedar excluidos de una herramienta fundamental en la igualdad de oportunidades.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Almuñécar propondrá al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
1. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a modificar el acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de julio de 2009 "por el que se fija la cuantía de los precios públicos por los servicios prestados en los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil, y por los servicios de aula matinal, comedor escolar y centros docentes públicos" en el sentido general de:
2. Dar traslado de los Acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Mesa del Parlamento Andaluz.
El acuerdo contiene 20 medidas que van desde el aumento de las penas y del periodo de inhabilitación para cargos públicos corruptos, hasta la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y la aplicación de formas de control democrático a las contrataciones públicas.
IU considera que la corrupción está intimamente ligada al modelo productivo dominante en España y pone en grave peligro la democracia, alentando el populismo y la 'berlusconización' de la política.
IU propone que el acuerdo se concrete en sede parlamentaria, después de un Pleno Extraordinario. IU también lo extenderá a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Las medidas principales que IU propone como contenidos del Acuerdo son:
1.- Endurecimiento de las penas en el Código Penal
2.- Ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
3.- Limitación de regalos e invitaciones de los empleados públicos
4.- Dotación de medios a las Fiscalías Anticorrupción y de los Tribunales Superiores de las CCAA y a la Agencia Tributaria. Investigación de los patrimonios que no se correspondan con los ingresos declarados.
5.- Procedimiento de urgencia en las diligencias judiciales relacionadas con la corrupción política.
6.- Responsabilidad subsidiaria para las Instituciones Financieras que colaboren en ocultación de bienes, evasión de capitales y operaciones en paraísos fiscales de los condenados en delitos vinculados a la corrupción.
7.- Establecimiento de Comisiones de Control y Seguimiento de la contratación y las externalizaciones en Departamentos Ministeriales, Consejerías, Organismos y Ayuntamientos con participación de representantes de los trabajadores y, en su caso, de los partidos de oposición y de las Asociaciones de Vecinos.
8.- Creación de Una Comisión parlamentaria Especial y Comisiones homólogas en los Parlamentos de las CCAA.
9.- Reforma de la Ley Electoral
10.- Reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos
11.- Reforma de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público
12.- Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local
13.- Ley de Financiación Local que garantice el principio de suficiencia
14.- Incorporación al ordenamiento legal español de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)
15.- Desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley del Suelo.
16.- Regulación con criterios de austeridad de los salarios de los cargos públicos.
17.- Regulación de un sistema de incompatibilidades de los cargos públicos
18.- Creación de un registro público de recalificaciones de suelo y aumento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas.
19. Creación de un registro de tenedores de billetes de 500€
20.- Aplicación de un "Código ético del cargo público"
Quizá porque algunas personas no están de acuerdo con el nuevo pliego de condiciones que el ayuntamiento aprobó este verano, hay un cierto número de los primeros compradores que no han subrogado esos contratos que hicieron cuando eran socios de una supuesta cooperativa. En consecuencia, no han pagado esas cantidades que el ayuntamiento les ha exigido de sopetón. Ahora se les da un ultimatum para que firmen y paguen. De lo contrario, se les aplicarán las cláusulas 4 y 7 del contrato, es decir, que paguen o pierden la plaza (respecto al dinero ya entregado, pueden reclamar porque no se lo van a devolver).
Esto es lo que dice el acta de la JGL del 19 de octubre:
Visto informe del Jefe de Rentas de 16-1009, en que se da cuenta de relación de Contratos subrogados de los aparcamientos de Velilla y San Cristóbal, sin que conste el abono acordado por la Junta de Gobierno Local de 18-8-09, la Junta de Gobierno Local acordó:
Primero: Conceder plazo extraordinario de 5 días hábiles para que procedan al pago de las cantidades requeridas, advirtiéndoles que en caso de impago la Administración podrá optar por exigir el cumplimiento de la obligación incumplida o resolver el contrato de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas 4º y 7º del contrato de adhesión, imponiendo las penalizaciones que legalmente procedan.
Segundo: Transcurrido el plazo concedido, sin que conste el pago de las liquidaciones pendientes, se procederá de forma inmediata a otorgar el número de reserva de plaza al siguiente titular que haya cumplido con los requerimientos de pago, sin perjuicio de que posteriormente se proceda conforme a lo estipulado en el apartado primero.
La enmienda que va a presentar el portavoz de IU, Fermín Tejero, es la siguiente:
La gestión privada del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos es una fuente permanente de problemas en el municipio creándose continuos enfrentamientos entre el ayuntamiento y las empresas concesionarias de estos servicios.
Creemos que una gestión directa del servicio a cargo del ayuntamiento permitiría a éste resolver con prontitud los desajustes que se vienen produciendo en los últimos años y que lejos de solucionarse han derivado frecuentemente en acusaciones a los trabajadores, a los responsables empresariales o a ambos.
La rescisión del contrato con la empresa El Mirlo no solucionó ninguno de los problemas que el equipo de gobierno esgrimió como motivo para cambiar de empresa.
Este verano, con una nueva empresa gestionando el servicio, el pueblo ha estado bastante sucio, incluso más que el año anterior. En nuestra opinión, los problemas de limpieza existirán mientras el número de trabajadores que realizan su labor en verano sea tan escaso como lo es en la actualidad y no se haga una inversión fuerte en maquinaria.
Cualquier empresa privada que gestione este servicio tendrá como objetivo prioritario aumentar su cuenta de beneficios.
No creemos que los impuestos de los ciudadanos estén para engrosar la cuenta de resultados de ninguna empresa sino para tener el pueblo limpio. Por eso pensamos que lo mejor para el municipio es gestionar directamente el servicio, bien mediante una empresa pública de limpieza, bien contratando directamente a los trabajadores desde el ayuntamiento como ocurría hace unos años en que el pueblo estaba razonablemente limpio.
En consecuencia, IU propone al Pleno modificar el dictamen en el siguiente sentido:
1. No se ve conveniente aprobar pliego alguno para este servicio.
2. Los servicios técnicos presentarán en el plazo de un mes dos propuestas comparando el coste y las implicaciones legales de las dos alternativas existentes para la gestión pública del servicio: empresa pública o gestión directa a cargo de empleados del ayuntamiento.
3. En cualquier caso, sea el ayuntamiento directamente, sea una empresa pública, el cambio se hará de acuerdo a la normativa vigente en materia de sucesión de empresas respetando todos los derechos de los trabajadores (antigüedad, jornada, salario, categoría, etc.). Las relaciones laborales de este colectivo se regirán por el convenio provincial de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos.
Acta de la Junta de Gobierno Local del 5 de octubre:
Se da cuenta de informe del Ingeniero Municipal de fecha 1.10.09, en relación con la reclamación de la empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA del coste de reparación de instalación telefónica dañada, sobre el día 22 de diciembre de 2008, como consecuencia de la construcción del aparcamiento subterráneo en el Paseo de Velilla de esta Ciudad, siguiente:
“Que la empresa adjudicataria, por este Ayuntamiento, de la concesión administrativa par la “redacción del proyecto, construcción, conservación y explotación de un aparcamiento subterráneo en el Paseo de Velilla”, en la fecha en que se produce el daño, es LOS GLADIOLOS, S.C.A.. Por tanto, la reclamación presentada ante este Ayuntamiento debe dirigirse a dicha sociedad, como responsable de las obras”.
La Junta de Gobierno Local acordó aprobar el informe.
En la Junta de Gobierno Local última (5 de octubre) se ha aprobado cambiar el criterio para fijar el precio de las plazas de aparcamiento en Velilla y San Cristóbal. Es de suponer que ese cambio no debe ser muy legal porque los que han comprado ya las plazas han firmado un contrato en el que dice que todas las plazas tendrán el mismo precio. Ahora han acordado que se pague en función de la superficie de cada plaza. En principio, la medida parece razonable pero no parece muy legal por cuanto existe un pliego de condiciones en el que no se dice eso. Claro que para eso también se dice en el pliego de condiciones que la interpretación del pliego la hace el ayuntamiento.
Por otro lado, da la casualidad de que las plazas más grandes suelen ser aquellas con más problemas de accesibilidad y las que se entregan a minusválidos. Algunos compradores de plazas nos han hecho llegar su malestar por esta medida. Este es el acta de la Junta de Gobierno en la que han tomado el acuerdo. Por cierto, el alcalde no asistió a esta reunión en la que se tomaron otros acuerdos de bastante dudosa legalidad. Ya se ha cansado de ser el burro de los palos. Ahora, que denuncien a Antonio Díaz, habrá pensado.
Visto Informe del Jefe del Servicio de Ingeniería e Infraestructura de fecha 24-9-09, adjuntando relación detallada de superficies de los aparcamientos para vehículos en Paseo de Velilla y Paseo de San Cristóbal, indicando que como consecuencia de la distribución estructural, existen una serie de plazas de aparcamiento cuya superficie excede de la del aparcamiento tipo (12,50 m2), por lo que al objeto de adjudicar dichas, se deberá prorratear el precio final en función de los metros de la plaza que corresponda.
Visto que el Pliego de prescripciones técnicas en su cláusula 10 establece: “Cláusula 10.- El precio de la Concesión Demanial se fija en los precios de salida siguientes, siendo el precio final el resultante del coste total de las obras más gastos dividido entre el número total de plazas de aparcamiento de cada uno de los dos parkings:
Parking de Velilla Precio de salida provisional 13.522´77 € más I.V.A. (TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS Y SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO.-) MÁS I.V.A. (2.163´64 €)
TOTAL: 15.686´41 € (QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO).
Parking de San Cristóbal Precio de salida provisional 15.025´30 € más I.V.A. (QUINCE MIL VEINTICINCO EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS DE EURO.-) MÁS I.V.A. (2.404´05 €)
TOTAL: 17.429´35 € (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y TREINTA CINCO CÉNTIMOS DE EURO)”.
En atención a dicha cláusula puede entenderse que las plazas de mayor tamaño, tendrán un coste superior a la media, por tener mayor volumen de obra, al igual que si la superficie de las plazas fuese menor a la media, su precio disminuiría proporcionalmente al precio establecido como tipo.
En base a lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:
Primero: Aprobar el informe emitido por el Jefe del Servicio de Ingeniería e Infraestructura, junto con los anexos adjuntos sobre medición de plazas de aparcamiento de Paseo de Velilla y San Cristóbal, prorrateando el precio al alza o a la baja en función de la superficie de las plazas, para aquellas superiores o inferiores a la media.
Segundo: Advertir a los titulares de los contratos subrogados, a los adjudicatarios provisionales, así como a los futuros solicitantes, en caso de que la plaza que elijan tenga una superficie distinta a la superficie tipo, la variación que puede suponer en precio.
A la izquierda, en la barra de enlaces, hemos colocado el acceso a un vídeo sobre la supuesta pandemia de gripe A. Seguramente la mejor explicación de la gripe A. Merece la pena verlo y que sea difundido. Es un poco largo, pero es muy clarificador. Vale la pena. Y es muy serio.
También puedes acceder pinchando aquí: http://www.vimeo.com/6790193