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Almuñécar contra la corrupción

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IU pide al ayuntamiento que actúe ante unas obras irregulares en Curumbico

IU pide al ayuntamiento que actúe ante unas obras irregulares en Curumbico

La licencia de obras para reforma de la Casa Helios, otorgada en mayo de 2009, continúa desarrollándose sin cumplir con la legalidad urbanística. Se está desmontando la loma, se han creado accesos sin licencia y se están vertiendo residuos a escasos metros de la Playa.

En apoyo a los numerosos vecinos que han denunciado la situación, se pidió al ayuntamiento en abril del año pasado que paralizara las obras de forma inmediata hasta que no estuvieran aclarados los interrogantes sobre la propiedad del suelo y se subsanaran los múltiples indicios de incumplimiento de condicionantes exigidos por la Consejería de Medio Ambiente. A raíz de estas denuncias vecinales, las obras fueron paralizadas y posteriormente reanudadas tras realizarse las modificaciones oportunas en el proyecto.

Sin embargo, las irregularidades no han cesado. El 21 de mayo se ha abierto el expediente de disciplina  urbanística nº 005/2013 tras varias denuncias vecinales documentadas y con aportaciones fotográficas. El Ayuntamiento ha ordenado la suspensión de manera inmediata de las obras, los movimientos de tierra o de cualquier otra actuación que se venga desarrollando en la parcela de la Loma Curumbico, incluyendo ejecución de accesos o instalación de tuberías, por carecer todo ello de licencia, pero las obras continúan sin que se haga nada por impedirlo.

Al listado de irregularidades de tipo urbanístico se suma la denuncia presentada por varios vecinos que han aportado fotografías en las que se comprueba el vertido de los aceites usados por la maquinaria que realiza las obras. Este vertido ilegal y peligroso se realiza a escasos metros de la playa de Curumbico.

Es un escándalo que el ayuntamiento no haya actuado ante tal incumplimiento de la legalidad. Se debían haber tomado las medidas oportunas de sanción a la empresa ante un atentado medioambiental.

Por último, IU señala el peligro que entraña para el vecindario y los trabajadores la excavación que se está produciendo debajo de la plataforma de la grúa, algo que consideran imprudente y que debería ser resuelto de forma inmediata para evitar posibles desgracias.

El Ayuntamiento de Almuñécar acuerda no declarar la nulidad de una licencia de obras en contra del dictamen del Consejo Consultivo

El último pleno aprobó, con el voto en contra de IU, rechazar la nulidad de la licencia de obras para la construcción de 9 viviendas unifamiliares en Las Palomas. Esta licencia había sido concedida el 8 de marzo de 2005. La administración autonómica solicitó su anulación, siendo desestimada esta petición por el Ayuntamiento.

En 2013 el asunto llegó al TSJA, que pidió al ayuntamiento que revisara la licencia, dando en parte la razón a la Junta. En junio del mismo año, el pleno acuerda iniciar los trámites de revisión de la licencia y los técnicos municipales argumentan en su informe que la construcción se ajusta a la normativa urbanística.

El Consejo Consultivo andaluz, en su dictamen, establece que procede la declaración de nulidad de pleno derecho de la licencia de obras, ya que no se cumple el requisito de parcela mínima fijado en la ordenanza, que es de 1.000 metros para cada vivienda. En realidad, en una parcela de 1.700 metros se han construido nueve viviendas.

Igualmente, el Consejo Consultivo afirma que se incumple otro requisito esencial ya que se supera con creces la densidad poblacional, fijada en cuatro habitantes por parcela.

Aunque ya sabemos que los dictámenes del Consejo Consultivo no son vinculantes,  no es razonable que el Pleno acuerde hacer caso omiso a un dictamen más que razonado que no hace sino dar a la razón a un argumento coherente esgrimido por la Junta en decenas de procedimientos similares, y es que no tiene lógica, cuando la parcela mínima para construir es de 1.000 metros, deducir que en una parcela de 1.700 se pueden hacer nueve casas. Podríamos discutir si con ese tamaño se pueden hacer una o dos viviendas, pero todo lo que sea superar esa cifra es ir contra la letra y el espíritu de esa norma que el ayuntamiento había aprobado en 1987 con el fin de reservar ciertas zonas del municipio para edificación residencial.

IU lamenta que se continúen con las mismas prácticas del pasado, haciendo caso omiso a los requerimientos de otras administraciones para no cumplir con la legalidad urbanística, ya que esta práctica a la larga sale muy cara a los ciudadanos de este municipio.

IU se sorprende por la postura del resto de la corporación, ya que sólo los concejales de IU mostraron su oposición a esta medida.

El juicio por los desperfectos en 400 viviendas de La Herradura (Granada), pendiente de un informe

El juicio por los desperfectos en 400 viviendas de La Herradura (Granada), pendiente de un informe

El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ha supeditado la sentencia para depurar la responsabilidad civil en los desperfectos en 400 viviendas de La Herradura (Granada) a un informe del Ayuntamiento de Almuñécar, tras el que decidirá quién costea las obras para estabilizar la urbanización.

El juzgado aceptó en la última de las ocho sesiones fijadas para el juicio la admisión de un requerimiento al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) para que especifique su tramitación de licencias y permisos en la urbanización Cármenes del Mar.

Los propietarios han mantenido la petición de condena para los ocho acusados de participar en el diseño y construcción de la urbanización, un complejo de La Herradura dividido en varias promociones con 425 viviendas que sufren graves desperfectos.

La urbanización se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros y desde su construcción, la ladera de Cerro Gordo (Almuñécar) en la que se ubica ha sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras 15 y desperfectos graves en la mayoría de las viviendas.

Durante el juicio, que se ha celebrado de manera intermitente desde el mes de febrero, los presidentes de las comunidades de vecinos aseguraron que al comprar las viviendas desconocían que el Ayuntamiento de Almuñécar no había recepcionado las obras del proyecto de urbanización general, un paso que una década después no se ha materializado.

Las defensas de los ocho demandados reiteraron durante el juicio que la urbanización ha sufrido averías y roturas, como la de un colector para los suministros de agua de todas las viviendas, que los propietarios no afrontaron en tiempo y forma para evitar filtraciones en la tierra y minimizar los daños.

Los afectados han pedido que los ocho acusados respondan de manera solidaria para costear los graves daños ocasionados en sus viviendas por el corrimiento de tierra y que paguen además el proyecto diseñado para estabilizar la ladera y evitar así nuevos desperfectos en sus casas.

Desde el inicio del proceso, los afectados se mostraron dispuestos a no percibir el total de la valoración de los daños pero sí la inversión suficiente para estabilizar la ladera.

La titular del juzgado de Primera Instancia 12 incluso paralizó temporalmente el juicio para ofrecer un plazo de negociación a las partes e instarles a firmar un acuerdo, sin que se materializara.

Un proyecto inicial con cifras ya desfasadas valoró en cerca de cuatro millones de euros la inversión necesaria para frenar el movimiento de tierras de Cerro Gordo y mejorar los daños estructurales de las viviendas, aunque sería necesario otro actualizado ya que desde el inicial se han incrementado los desperfectos.

La Justicia anula un convenio urbanístico que pretendía cargarse la Vega de Río Verde en favor de los especuladores amigos del anterior alcalde

La Comunidad de Regantes de Río Verde ha recibido una sentencia judicial firme anulando el convenio urbanístico firmado en 2005 por el anterior alcalde con las empresas “Almuñécar Golf Río Verde S.L. y Supal 2000 S.L.

El alcalde firmante de aquel convenio, que ahora va de defensor de los agricultores, nos recordaba en los plenos que “los jóvenes no quieren ser agricultores...es un sector duro y mal pagado... hay quien quiere retroceder a la situación del siglo XIX…”.

Qué sería de este pueblo si hubieran convertido en chalés y campos de golf la magnífica vega de Río Verde. Qué sería de este pueblo si se hubieran salido con la suya los especuladores comandados por el anterior alcalde.

La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Almuñécar por irregularidades urbanísticas entre el 2003 y el 2011

Costa Digital

Según la agencia de noticias EFE, la Fiscalía investiga la presunta comisión de irregularidades urbanísticas cometidas en el Ayuntamiento de Almuñécar en el periodo comprendido entre el 2003 y el 2011, cuando era alcalde Juan Carlos Benavides.

En la denuncia se acusa a Benavides como alcalde de ese periodo, así como a Emilio González Pavesio, concejal de Urbanismo; José Luis Rodríguez Passolas, arquitecto municipal; y Julio Roldan, ingeniero municipal por la presunta comisión de diferentes delitos relacionados con irregularidades urbanísticas.

También se les atribuye el supuesto desvío de fondos públicos provenientes de los convenios urbanísticos, de la gestión del plan E y del Proteja, además de determinadas actuaciones urbanísticas irregulares que habrían dotado de edificabilidad zonas verdes para favorecer a determinados promotores.

IU desmonta las patrañas de Benavides sobre el acuario y le llama embustero indecente

IU desmonta las patrañas de Benavides sobre el acuario y le llama embustero indecente

IU muestra su estupor ante las declaraciones del partido de Benavides acerca del acuario. Ni tiene vergüenza ni la ha conocido. Es de una indecencia decir que él no es responsable del desastre de acuario que nos han dejado al pueblo de Almuñécar después de haber dilapidado el dinero público a espuertas.

En vez de pedir perdón por su desastrosa gestión, arremete queriendo volver lo blanco negro. Claro que la gente que visitaba el acuario no se enteraba del desastre de instalaciones que había porque todos los problemas se ocultaban al visitante detrás de falsos suelos y habitaciones cerradas con siete llaves.

Lo que el señor Benavides no puede ocultar es los informes y la documentación del acuario con centenares de fotos mostrando la verdadera realidad de esas instalaciones. Son fotos de 2010 que ponen de relieve la chapuza que se había construido y los múltiples problemas y deficiencias que se ocultaban al público. Estas deficiencias ponían en peligro la salud de los trabajadores del acuario y la de los visitantes, niños en su mayoría.

Pero quienes desmontan de forma evidente las patrañas de Benavides son los técnicos municipales que supervisaban las obras. El informe que elaboró en agosto de 2010 el anterior ingeniero, no puede ser más contundente:

Este servicio se reitera en todos y cada uno de los extremos de los informes emitidos a este respecto, que ponen de manifiesto, de una forma clara y sistemática, todos los defectos y vicios ocultos que se han producido durante la construcción del acuario, por la elección de materiales inadecuados para suelos técnicos y bombas inapropiadas para agua salobre, mala ejecución en la construcción del muro perimetral apeado sin impermeabilizar, etc., que ponen de manifiesto la incapacidad como constructores y la mala fe en el proceso constructivo, al proyectar y construir elementos que, a sabiendas, su durabilidad era mínima, aplicando el principio de “mantente en pie mientras cobro”, o ejecutar, como es el caso, un muro de contención que tiene coqueras o utiliza separadores de madera que, con el tiempo, se pudren y producen vías de agua, como es el caso, que ha producido, al cabo del tiempo, la inundación del acuario en su zona baja.

Sólo con este documento, que el señor Benavides conocía mucho antes que nosotros, una persona normal tendría que esconderse debajo de las piedras. Sólo un embustero recalcitrante, un mentiroso compulsivo, un indecente, podría seguir acusando a nadie del desastre de unas instalaciones que él permitió que se construyeran de esa manera, con empresas elegidas por él mismo, y con certificaciones de obras dadas por sus técnicos.

Benavides tendría que devolver al pueblo de Almuñécar los once millones de euros que ha enterrado en una obra que estaba valorada inicialmente en cinco millones. La pena es que muchos de esos problemas no podrán ser reparados nunca, como el de la impermeabilización, porque costaría más el collar que el perro, ya que al acuario le entra agua por abajo, por arriba y por los lados, como aseguran todos los informes técnicos, los de antes y los de ahora.

El acuario tenía que estar listo para 2007, pero como las obras iban lentas y el acuario no podría estar listo para su inauguración antes de las elecciones, se metió prisa a la empresa y se empezó a trabajar de noche y día haciendo una obra chapucera. El encargado de la obra dimitió y dio un comunicado explicando estas chapuzas que pondrían en riesgo la estructura.

Ya sabemos que el anterior alcalde ha perdido la vergüenza, si alguna vez la tuvo, aunque no creemos que haya perdido la memoria. Él es consciente de que miente más que habla. Pero es posible que muchas personas hayan olvidado ciertas cosas que ocurrieron durante la construcción del acuario y que están en las hemerotecas. El Día de Andalucía de 2007, mientras el señor alcalde se iba de fiestorro, la prensa recogía unas declaraciones del que había sido jefe de la obra hasta poco antes, hasta que fue despedido por no querer seguir tapando las múltiples irregularidades. Miguel Ángel Martín, el entonces encargado, se atrevió a denunciar las «tremendas presiones» para acabar el proyecto antes de las elecciones. Según sus palabras textuales, ‘La empresa Aquascenic (una UTE entre una empresa especialista del sector y Hermanos García Motril) ha realizado los trabajos a marchas forzadas, bajo presión municipal, sin reparar en muchos casos en la calidad de los trabajos ni en la correcta utilización de los elementos y los tiempos’.

Miguel Ángel Martín había estado al frente del proyecto desde su inicio (noviembre de 2005) hasta enero de 2007, cuando los reiterados enfrentamientos con la empresa le costaron el puesto. Y es que el técnico no comulgaba con las formas: «No se podía correr más de lo que estábamos corriendo».

Miguel Ángel añadía: ‘La obra tenía un plazo de ejecución de un año, con lo que debía entregarse para diciembre de 2006, pero nada más comenzar se detectaron unos errores en la cimentación que obligaron a paralizar los trabajos hasta marzo de 2006. Y a partir de ahí, toda la obra fue un despropósito de presiones y prisas para recuperar el imprevisto retraso y poder acabar a tiempo. Por ejemplo, nos forzaron a poner el yeso en el acuario antes de impermeabilizar el edificio, cuando ya estaban instalados incluso los equipos interiores de aire acondicionado. Era un peligro porque había instalaciones eléctricas. Suerte que no llovió», relata.

El ex jefe de obra asegura que se negó, que hizo constar en el libro de órdenes las presiones e incluso llamó a notarios. «Era una lucha continua. Quitábamos los puntales en el plazo mínimo, con auténtica psicosis», añade. En el mes de agosto, por ejemplo, se doblaron los turnos de albañiles, a pesar de que lo prohíbe el convenio de la Construcción. «Y todo bajo las amenazas de no cobrar», apuntaba el técnico.

Como a pesar de todas las prisas, el acuario no se terminaba, Benavides decidió inaugurarlo sin terminar. Según la prensa, fue el primer acuario inaugurado sin peces. Nada más inaugurarlo, hubo que añadir un nuevo gasto porque el estanque que adornaba la plaza por lo visto era un problema añadido de filtraciones continuas, así que hubo que quitarlo.

En el verano de 2008, el acuario abrió sus puertas aun sin tener el permiso de Medio Ambiente. Días antes de su apertura, hubo que cambiar los aparatos de refrigeración. Y ya para entonces, era patente que el acuario estaba mal construido. Hay un informe del 14 de octubre de 2008, también elaborado por el anterior ingeniero, uña y carne con Benavides, que decía textualmente:

Este Servicio de Ingeniería ha solicitado un peritaje de las instalaciones. El auditor del peritaje pone de manifiesto la incorrecta ejecución de las obras, que nunca, y repito nunca, se han conseguido poner en funcionamiento, tal como se preveía en el Proyecto adjudicado, es más, al día de la fecha, y pese a haber contratado diferentes actuaciones, todavía quedan elementos sin funcionar de forma automática. No compartimos el criterio de que las deficiencias son, en algunos casos, problemas de mantenimiento, dado que los fallos detectados se han producido durante el periodo de garantía, o no funcionaban en el momento del acta de recepción, o son elementos que no han funcionado nunca. El Acuario, sin duda, ha venido funcionando bajo mínimos, con una gran mortalidad de peces y con unas condiciones distintas de las proyectadas.

Es inaudito que un señor ex alcalde que conoce este informe, lleve años mintiendo acerca de las instalaciones y acerca de los peces. Tuvieron la desfachatez de inventar una mortandad de peces en 2012, comprando peces del mercado para mostrarlos como peces muertos en el acuario. Y quienes usaban ese tipo de maldades sabían algo que los demás ignorábamos en esos momentos, que en su época de alcalde habían muerto miles de peces por culpa de unas instalaciones mal diseñadas y peor mantenidas.

Dos años después, el 15 de enero de 2010, hay otro nuevo informe de Ingeniería: Es necesario realizar obras de emergencia para reparar y sellar el muro de contención del acuario debido al riesgo inminente y a los daños que están produciendo en las instalaciones las filtraciones provocadas por las lluvias y la subida del nivel freático… El muro tiene vicios ocultos de construcción o mala praxis constructiva, con coqueras o separadores de encofrado en madera, que al pudrirse ha ocasionado vías de agua “como puños”, así como ausencia de impermeabilización adecuada al muro, lo que ocasionó la inundación del acuario.

A la vista de este informe, el ex alcalde tuvo que cerrar el acuario varias semanas. IU tiene centenares de fotografías del lamentable estado que presentaba el acuario en 2010, cuando era este señor el que gobernaba el municipio.

A todo lo anterior hay que añadir que, como no existía instalación de bombeo de agua salada para el acuario, el alcalde dio instrucciones para que una dotación de bomberos acarreara agua salada desde el parque acuático Aquatrópic. Para llevarla hasta el acuario utilizaban un camión-bomba del parque de bomberos; Aparte de que los bomberos tenían que desatender su cometido por el capricho y la irresponsabilidad del alcalde, el camión bomba ha quedado tan deteriorado que está para la chatarra.

Por último, no entendemos la falta de contundencia del equipo de gobierno para desmontar las burdas acusaciones del señor Benavides. El equipo de gobierno tendría que haber denunciado en los tribunales a los responsables de esta obra y tendría que responder con mayor energía a las difamaciones y mentiras del anterior alcalde. La ciudadanía tiene derecho a recibir la información completa porque de lo contrario muchos ciudadanos que no tienen acceso a la documentación y que tienen ya bastantes problemas de qué ocuparse pueden quedar mal informados ante la tenacidad de este señor a la hora de mentir. Puede llegar un momento en que una parte de la ciudadanía llegue a pensar que algo de verdad puede haber en esa sarta de calumnias y mentiras lanzadas con tanto aplomo y con tanta serenidad un día sí y otro no.

Tanto en este tema del acuario como en el mercado, IU pide un esfuerzo mayor de comunicación al equipo de gobierno. No se puede consentir que estas mentiras se divulguen sin salir al paso de forma categórica explicando las verdaderas dimensiones del problema del acuario en lugar de anunciar repetidamente una reapertura que nunca llega.

IU llama embustero y cobarde a Benavides al eludir su responsabilidad en los Crímenes del Mar

IU llama embustero y cobarde a Benavides al eludir su responsabilidad en los Crímenes del Mar

 

La respuesta de Benavides a las afirmaciones de IU en torno a los Crímenes del Mar pone de relieve la cobardía de este individuo y la capacidad para enredar.

La nota de prensa del PA hablando de las licencias otorgadas por gobiernos municipales distintos al suyo es sólo un intento por enredar al ciudadano, que no tiene por qué conocer los pormenores de la legislación urbanística. Cuando un terreno es urbanizable, el alcalde tiene que dar licencia de obras siempre que el proyecto respete la normativa en lo referente a metros de construcción, altura del edificio, distancia a otras viviendas, etc. Por lo tanto, es una burda maniobra de enredo echar la culpa de este desaguisado al alcalde que da una licencia de obras.

Ponemos un ejemplo para que la ciudadanía sepa de qué se está hablando. IU está en contra de que se construya en La Sandovala. Pero puede ocurrir que mañana el Pleno apruebe declarar esa zona como urbanizable y la Junta le dé el visto bueno. En ese caso, cualquier vecino que quisiera construir ahí podría hacerlo siempre que su proyecto respetara las normas de altura, metros construidos, etc. Un alcalde de IU tendría que dar licencia de obras y licencia de primera ocupación si toda la obra se desarrolla de acuerdo a la legalidad.

En el caso de Crímenes del Mar, el primer paso decisivo que se dio fue el de aprobar el Plan de Urbanismo en 1.987. Todos los grupos, menos el Partido Comunista, aprobaron ese Plan, y la Junta le dio el visto bueno que la ley exige, así que no tiene sentido negar la responsabilidad de unos y otros en ese tema.

Pero como el tema de Cerro Gordo no había quedado suficientemente definido en ese PGOU, Benavides estuvo intentando una y otra vez que la Comisión Provincial de Urbanismo desbloqueara ese tema. Por fin, en 1990 logró que todas las trabas que la Junta ponía quedaran superadas y pudo firmar con los Rodríguez Acosta un convenio para desarrollar esa zona. La prensa del 15 de agosto de 1.990 lo recoge en estos términos: ‘Los hermanos Juan Miguel y Manuel Rodríguez Acosta, propietarios de la empresa constructora “Cerro Gordo S.A.”, formalizarán una inversión de seis mil millones de pesetas en la zona de Cerro Gordo de Almuñécar., según se desprende del convenio firmado ayer bajo las cámaras de Tele Tropical.’

La nota continúa realzando el protagonismo y la satisfacción del que ahora dice no saber nada a pesar de que cobró las cantidades millonarias que la promotora tuvo que aportar: ‘El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, en representación de la casa consistorial, firmó el acuerdo, considerado como el símbolo de la ciudad costera “que abrirá las puertas al turismo de alto standing, dada su calidad y estética’. 

La nota añade los siguientes detalles, bastante ilustrativos de la importancia que se le dio al  convenio: ‘Al acto de inauguración asistieron Rosario González, el vicepresidente del Patronato de Turismo, Rafael Contreras, primer teniente de alcalde, Federico Molina Fajardo y miembros redactores del proyecto...’ Es decir, estaban todos ellos presumiento ante las cámaras del magnífico acuerdo que abriría las puertas al turismo de superlujo. La misma cantinela de Marina del Este, la misma cantinela del Hotel de 7 estrellas, la misma cantinela que la historia ha demostrado que era mentira.

Así pues, políticos de distintos colores colaboraron con los promotores para que se construyera en este paraje natural, pero las hemerotecas están ahí para demostrar que los acuerdos decisivos y las gestiones más relevantes las llevó a cabo Benavides, por más que ahora diga no saber nada de aquellas firmas y de aquellas declaraciones.

No nos extrañaría que si mañana hay algún tipo de problema en el hotel de 7 estrellas, este señor diga que él no tuvo nada que ver, que la licencia la dio el PP.

IU quiere llamar la atención sobre la abundante documentación aportada por el señor Benavides para rechazar las críticas de IU. Es cierto que ha olvidado aportar bastante documentación, en particular toda la que demuestra su indudable protagonismo en este tema, pero aún así, sorprende la imponente base de datos que maneja este partido. Contrasta esta abundancia de documentos con la situación de los servicios técnicos de Urbanismo. En numerosas ocasiones, al pedir determinada documentación acerca de proyectos, expedientes urbanísticos o licencias de obras, los técnicos municipales afirman que esa documentación ha desaparecido de las dependencias municipales. Viendo la abundante documentación que maneja Benavides, IU se está planteando si no sería más fácil pedir directamente los expedientes de Urbanismo al anterior alcalde. Quizá él sepa dónde están esos documentos que han desaparecido de las oficinas municipales.  

 

IU pide a los responsables de Crímenes del Mar que no se escondan

IU pide a los responsables de Crímenes del Mar que no se escondan

Al comenzar el juicio de los Cármenes del Mar, IU ha querido mostrar su solidaridad con las víctimas de una política corrupta basada en la especulación y el dinero fácil. Sentimos una gran indignación al ver cómo los promotores de Cármenes del Mar pretenden culpar de la situación creada a los compradores de las viviendas.

Para IU, los Crímenes del Mar es el resultado de una colaboración estrecha entre políticos corruptos, promotores ansiosos de dinero fácil y técnicos que se venden al mejor postor. Es inadmisible que ahora todos los responsables políticos de aquellas obras escurran el bulto y digan, con una gran cobardía, que ellos no fueron. Es indecente que los promotores, una familia de multimillonarios, acuse a los compradores de las viviendas de no haber mantenido adecuadamente la urbanización. Y es una falta de vergüenza que los técnicos se pasen la pelota unos a otros reconociendo haber firmado documentos que no compartían.

IU sitúa la responsabilidad política máxima en los responsables de la Junta y del Ayuntamiento en aquellos años. La Junta es culpable por haber cedido a las presiones de unos y otros dando permiso finalmente en un paraje natural en el que no se debía haber puesto una piedra. El ayuntamiento, con su alcalde al frente, es culpable por haber presionado junto a la promotora para torcer el brazo a la Junta.

Aunque han colaborado en este esperpento políticos de todos los colores, IU señala directamente a Benavides como el alcalde que estuvo trabajando activamente varios años hasta conseguir vencer las resistencias de la Junta y poder así presumir de lo que él entendía como una inversión de lujo que nos traería la prosperidad.

IU insiste en que es la misma historia de siempre, la historia de la especulación con el señuelo de los puestos de trabajo que nunca llegan, la historia del engañar a la gente que necesita empleo, la historia embustera de una prosperidad que sólo han visto algunos y que ahora se convierte en ruina para los compradores.

IU espera que la justicia condene a los verdaderos responsables y obligue a la promotora a responder solidariamente junto a los políticos y técnicos que han colaborado en esta doble estafa: al medio ambiente y a los compradores de viviendas.

Los dueños de las casas y los promotores se culpan de los daños

Los dueños de las casas y los promotores se culpan de los daños

El juzgado ha iniciado el juicio contra ocho acusados de participar en el diseño y construcción de la urbanización Cármenes del Mar

Ideal 

El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ha celebrado este viernes la primera de las ocho sesiones previstas para aclarar la responsabilidad civil en los desperfectos en 400 viviendas de La Herradura (Granada), en la que los demandados han culpado a los vecinos de no cuidar la urbanización.

El juzgado ha iniciado el juicio contra ocho acusados de participar en el diseño y construcción de la urbanización Cármenes del Mar, un complejo de La Herradura dividido en varias promociones con 425 viviendas que sufren graves desperfectos que no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento una década después.

Esta urbanización se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros y desde su construcción, la ladera de Cerro Gordo (Almuñécar) en la que se ubica ha sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras 15 y desperfectos graves en la mayoría de las viviendas.

Los presidentes de las comunidades de vecinos de la urbanización han detallado que cuando compraron las viviendas desconocían que el Ayuntamiento de Almuñécar no había recepcionado las obras del proyecto de urbanización general, un paso que una década después no se ha materializado.

"Las casas tenían licencia de primera ocupación, pagamos el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), la basura y la luz. Pensamos que los desperfectos iniciales eran por defectos constructivos", ha detallado uno de los afectados.

Las defensas de los ocho demandados han insistido en que la urbanización ha sufrido averías y roturas, como la de un colector para los suministros de agua de todas las viviendas, que los propietarios no han afrontado en tiempo y forma para evitar filtraciones en la tierra y minimizar los daños.

"Hemos reparado todo lo que está en nuestras manos, con avisos a la constructora, al seguro, con personal contratado. No sé quién tiene que hacer esos arreglos ni si se pueden hacer ahora con un proceso judicial", ha defendido uno de los propietarios.

Los afectados han detallado que desde que adquirieron las viviendas han cerrado piscinas, cambiado tuberías, sustituido colectores y reparado suministros, todo pagado entre los vecinos, para reducir las filtraciones sin que esto haya paralizado los daños.

El arquitecto de la urbanización, demandado por los desperfectos, ha declarado que diseñó una parte pero se limitó a "maquillar" el trabajo de un compañero en la fase de los Altos, tras lo que asumió la firma del proyecto final.

Ha subrayado además que la constructora no escatimó ni recortó costes en la fase de obras y que no supo de los desperfectos hasta años después.

"El estudio geotécnico decía que no se hicieran grandes construcciones, por lo que se hicieron casitas unifamiliares. Se hizo la cimentación como se debía hacer y aunque se advertía del problema de agua, nadie desaconsejó edificar", ha recalcado el arquitecto.

Durante esta primera sesión del juicio han declarado los demandantes y demandados y en las siete sesiones restantes, que se celebrarán en viernes alternos hasta el próximo 25 de abril, se presentarán informes y peritajes, entre otras cuestiones.

Expedientan a Benavides por realizar unas obras sin licencia en su vivienda

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La inspección municipal de Urbanismo advierte que se están realizando trabajos sin permiso en el chalé del exalcalde y le insta a pararlos

El expediente de disciplina urbanística número uno del año 2014 del Ayuntamiento de Almuñécar afecta a una familia especialmente conocida en Almuñécar, la del jefe de la oposición del propio Ayuntamiento y exalcalde del municipio, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza). Los Servicios de Urbanismo han abierto un expediente sancionador tras detectar que en el interior de la vivienda se están acometiendo una serie de obras sin permiso.

El pasado 12 de noviembre, a la esposa de Benavides, que figura como promotora de la obra, se le concedió una licencia para recrecer un tramo de la valla perimetral de la vivienda, de 20 metros de largo, incrementando su altura en 80 centímetros con material traslúcido. Una actuación conforme con la normativa vigente y que se realizó con su preceptiva licencia.

No obstante, la entrada de materiales en el interior de la vivienda alertó a la Inspección de los Servicios de Urbanismo, de que además de esa obra exterior se podrían estar acometiendo otros trabajos dentro del chalé, ubicado en la playa de Cotobro.

La inspección municipal se personó en la vivienda el 13 de enero y detectó que, efectivamente, se estaban acometiendo una serie de obras en el interior de la casa para las que no se había pedido los correspondientes permisos, como la impermeabilización del techo y el cambio del alicatado en dos habitaciones existentes junto a la piscina.

Un día después de la inspección, el 14 de enero, los propietarios de la vivienda solicitaron una licencia municipal de obras para reparar el canal de la piscina y reponer el tramo de red interna de saneamiento. Esto es, para unas obras que ya había detectado la inspección y que aparecían iniciadas en las fotografías que acompañan al informe en el que se basa el expediente sancionador.

Dos licencias a posteriori
Tras comprobar los propietarios de la vivienda que aún les faltaban algunas actuaciones que tampoco estarían amparadas por esta segunda licencia solicitada a posteriori, volvieron a solicitar, dos días después, una tercera licencia de obras para los trabajos de reparación del techo, que ya aparecen también iniciados en el informe de la inspección.

Concretamente, el informe detecta que en la vivienda que se estaban realizando las obras de elevación del muro, con la preceptiva licencia, y sin contar con permiso la reparación de un canal en la piscina, de 10 metros de largo, y la reposición del tramo de red interna de saneamiento de nueve metros de longitud. También aparecen como trabajos, sin licencia, la reparación del techo de una habitación contigua a la piscina, el cambio del alicatado de otra habitación existente junto a la anterior y la instalación de un depósito de agua prefabricado. De acuerdo con lo previsto por la ley, el Ayuntamiento de Almuñécar ha emitido una resolución que ordena la «inmediata suspensión de las obras» detectadas en la inspección y advierte a la promotora de que en caso de incumplimiento de la orden de paralización podrá acordarse el precinto de las obras.

Además, como es habitual en estos casos, advierten a los promotores de la posibilidad de retirar la maquinaria en caso de incumplimiento y de la imposición de multas coercitivas por una cuantía del 10% del valor de las obras ejecutada.

Urbanismo de Almuñécar abre un expediente a unas obras en un chalet propiedad de la mujer de Benavides

Costa Digital

La mujer del ex alcalde sexitano, Juan Carlos Benavides, tiene abierto un expediente urbanístico por el Ayuntamiento de Almuñécar, según han desvelado a este digital fuentes municipales.

Al parecer, su esposa pidió licencia, el doce de noviembre de 2013, para recrecer el muro que rodea la parcela de su chaleto recien adquirido. Sin embargo, se ha podido comprobar que al margen de esas obras se han realizado otras para las que no había solicitado el pertinente permiso, que una vez realizada la inspección si fueron solicitados.

Las obras que se han realizado sin tener la solicitud previa son varias. En concreto se ha construido un canal para la piscina del chalé, un techo junto a la piscina y un depósito de agua. Por último, se han alicatado dos habitaciones para destinarlas a aseo.

Según las fuentes, estas obras fueron detectadas en una inspección realizada el 13 de enero. Con el acta de inspección y las fotografías correspondiente se ha comprobado que todas estas obras se han llevado a cabo sin permiso municipal.

En consecuencia, el Servicio de Urbanismo ha abierto un expediente por infracción urbanística.

El juicio de los 'Cármenes del Mar' se reactivará en enero

EFE

El Juzgado de Primera Instancia 12 de Granada reactivará en enero el juicio civil iniciado por los dueños de las 425 viviendas de una urbanización de La Herradura (Granada) con graves desperfectos contra ocho responsables de su construcción.

Así lo hará después de que las partes no hayan ofrecido ningún acuerdo en las tres semanas de plazo ofrecidas por el tribunal.

Este juzgado suspendió el pasado mes de octubre el juicio previsto contra ocho personas como responsables, en sus diferentes funciones, de la construcción de la urbanización con daños estructurales para ofrecer a las partes tres semanas de negociación.

La urbanización Carmen del Mar se vendió entre los años 2001 y 2005, con diferentes fases y un total de 425 viviendas que la mayoría de sus propietarios compraron sobre plano por precios que rondaron los 100.000 euros y que, tras diferentes corrimientos de tierra, han sufrido diferentes daños.

El juzgado responsable del caso decidió durante las cuestiones previas al juicio ofrecer un plazo de tres semanas para que las partes alcanzaran un acuerdo que frenara el deterioro de las viviendas y subsanara parte de los daños.

El abogado representante de los afectados, Hilario Aranda, ha adelantado a Efe que las partes implicadas no han presentado ninguna propuesta de acuerdo, por lo que el lunes presentará en el juzgado el escrito correspondiente para reactivar el proceso.

Desde la construcción de la promoción, la ladera de Cerro Gordo en la que se ubican las viviendas ha sufrido diferentes corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras 15 y desperfectos graves en una amplia mayoría de las viviendas.

A estos daños se suman otros desperfectos en los viales, las zonas comunes, el cierre de jardines y la piscina, entre otras instalaciones, por lo que los propietarios interpusieron una demanda civil contra nueve responsables de toda la cadena para su construcción que hoy ha llegado a juicio.

Los afectados retiraron en la primera cita judicial la acusación contra una de las redactoras del proyecto, aunque no contra los ocho demandados restantes, que incidieron en no celebrar el juicio hasta contar con una prueba pericial solicitada por el juzgado.

Los afectados se mostraron dispuestos a alcanzar un acuerdo para evitar que la demora en las actuaciones judiciales provocara la "ruina absoluta" de la promoción de viviendas ante un estudio que alerta del "colapso inminente" de la urbanización con las primeras lluvias.

Los demandantes estarían así dispuestos a no percibir el total de la valoración de los daños pero sí la inversión suficiente para estabilizar la ladera, que un proyecto inicial realizado por un perito y con cifras ya desfasadas valoró en más de 3,7 millones de euros.

En previsión de la falta de un acuerdo, el juzgado de Primera Instancia 12 fijó el pasado mes las sesiones aplazadas para el próximo mes de enero de 2014.

Grietas con vistas al mar Mediterráneo

Grietas con vistas al mar Mediterráneo

El Pais

Ignacio Martín se asoma a la terraza y contempla unas maravillosas vistas de la bahía de La Herradura, en Almuñécar (Granada). Pero se da la vuelta y solo ve grietas. Su vivienda, literalmente, se cae: “Vinimos en busca del paraíso y nos encontramos un infierno”, sentencia. Su casa es una de las 416 que forman la urbanización Cármenes del Mar, en el paraje de Cerro Gordo, conocido entre los lugareños como “el cerro que se mueve”.

La urbanización se levantó a finales de los años noventa sobre las laderas del cerro y en los primeros años de la década pasada se entregaron las viviendas, que se vendieron sobre plano, como era habitual en pleno auge del ladrillo.

“A los dos años, cuando aún se estaban entregando viviendas, empezaron los problemas”, cuenta Martín. Aceras que se levantaban, grietas en las paredes, en los muros de separación de las casas...

Una de las viviendas afectadas ha tenido que ser demolida porque se estaba cayendo, otras cinco tienen orden de derrumbe; más de una decena, de desalojo; y del resto, la mayoría tiene grietas y desperfectos por los movimientos de las laderas. “Cualquier día puede ocurrir una desgracia”, advierte Martín.

Los propietarios de la urbanización han sentado en el banquillo a los implicados en su construcción: los responsables del estudio geotécnico, ingenieros, arquitectos y la constructora, Cerro Gordo SL, de la empresa granadina Comarex. Tras la primera sesión del juicio oral, hace 10 días, la juez ordenó conceder dos semanas a las partes para que intentasen llegar a un acuerdo. Los vecinos no confían en ello.

Una vivienda ha tenido que ser demolida porque se estaba cayendo

Ricardo López, portavoz de los propietarios, asegura que los Cármenes del Mar es “el mayor ejemplo de pelotazo urbanístico, de cómo se hicieron las cosas durante el auge del ladrillo”. Al igual que Martín, es madrileño y vino a la urbanización de La Herradura huyendo del estrés de la capital. La oferta era jugosa: casas de 120.000 euros con vistas espectaculares a la playa de La Herradura de Almuñécar.

López recuerda que cuando aparecieron las primeras grietas “la disposición de la constructora era buena, inmediatamente hacían los arreglos, pues estaban entregando casas”. Este periódico ha intentado, sin éxito, obtener la versión de Comarex.

Los vecinos encargaron después un estudio al catedrático de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada José Chacón, que determinó en un informe realizado en 2008 que las técnicas usadas en la construcción no eran las adecuadas para el inestable terreno en el que se asentaba. Los vecinos aseguran que las Administraciones, tanto el Ayuntamiento de Almuñécar como la Junta de Andalucía, conocían los problemas del terreno.

El coste de estabilizar las laderas mediante muros de contención y la reparación de las viviendas oscila entre los 15 millones de euros calculados por los técnicos contratados por los vecinos y los 25 millones que estiman los del Ayuntamiento de Almuñécar.

“Y los seguros de la constructora y demás profesionales que han intervenido en la urbanización apenas cubren cinco millones”, dice el portavoz vecinal.

La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, del Partido Popular, apoya a los vecinos, pero añade que el Ayuntamiento “no tiene los medios técnicos ni económicos” para acometer las reparaciones y reclama que lo haga la Junta de Andalucía. El Gobierno autonómo de Andalucía afirma que “no puede actuar, porque no es su competencia”. Mientras tanto, el cerro sigue moviéndose y la urbanización sigue deteriorándose aún más.

IU de Almuñécar califica de alucinante el auto que exculpa al anterior arquitecto municipal

IU de Almuñécar califica de alucinante el auto que exculpa al anterior arquitecto municipal

El auto reciente del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril absolviendo al anterior arquitecto municipal es alucinante.

El arquitecto se sentaba en el banquillo imputado de un delito de prevaricación urbanística a instancias de la Fiscalía y Ecologistas en Acción. Según el juez Sergio Romero, se acuerda el sobreseimiento de las actuaciones judiciales ya que no puede acusarse al arquitecto de incumplir el PGOU porque el PGOU de Almuñécar no había sido publicado íntegramente en el BOP en la fecha en que sucedieron los hechos juzgados.

El origen de estas actuaciones judiciales se remonta a 2001. El 20 de noviembre de ese año, la Junta emite informe desfavorable para una construcción de 240 metros cuadrados proyectada en la vega del Río Verde. El 30 de julio de 2002, la Junta se reitera en sus informes denegando la construcción prevista. El 7 de agosto de 2003, los servicios jurídicos del ayuntamiento emiten informe, también desfavorable. Sin embargo, once días después, el 18 de agosto de 2003, con la resaca de las fiestas, el arquitecto municipal pasa de todos esos informes y hace un informe favorable para que la vivienda proyectada en la vega se pueda construir. Esa vivienda finalmente se construyó pero llegando a tener 383 metros, por lo que fue parada al no respetar la licencia dada.

Después de un largo recorrido judicial, este asunto llega al Juzgado número 1 de lo Penal, y el juez ha acordado en un auto de 1 de septiembre, dado a conocer ahora, archivar la causa sin entrar a discutir el fondo del asunto, esto es, si el arquitecto había prevaricado al dar permiso para hacer una vivienda allí donde estaba claro que no se podía dar.

El argumento del juez es alucinante. Cómo se puede decir que no hay causa porque el PGOU no estuviera publicado íntegro en el BOP cuando el redactor del PGOU era la persona que se sentaba en el banquillo. Cualquier ciudadano de Almuñécar podía haber usado ese argumento, pero nunca el arquitecto que redactó el PGOU. Ni la lógica ni el sentido común ni la legalidad pueden amparar un supuesto delito diciendo que el autor del mismo no conocía la normativa que él mismo había elaborado.

Pero es que, además de contrario al sentido común, el argumento del arquitecto, validado por el juez, deja de tener sentido cuando hay publicadas muchas otras normativas que prohíben expresamente ese tipo de construcciones en suelo protegido de manera especial, por ejemplo, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada. Todas esas normativas de ámbito provincial y andaluz han de ser tenidas en cuenta por cualquier arquitecto, por lo que no se entiende cómo se puede haber llegado por parte del juez a una conclusión de este tipo.

El auto del juez, si se interpreta con la lógica que debe regir las decisiones judiciales, dejaría al municipio sin normativa urbanística, por lo que no se entiende en base a qué criterios, ese mismo arquitecto ha dictado a lo largo de estos años centenares de informes denegando a cientos de vecinos el derecho a construir o ampliar su vivienda. Son muchos los vecinos de este pueblo que se han encontrado con un informe negativo del arquitecto municipal cuando pretendían hacer una casa, o cerrar un balcón, o hacer una habitación en un ático, o construir una piscina, o levantar un muro, o simplemente convertir un comercio que ya no tenía negocio en una casa que hacía falta para vivir. Todos estos informes del arquitecto municipal se han hecho, como es lógico, justificando que el proyecto no era legal porque incumplía determinados artículos, normas y ordenanzas del PGOU.

Si el PGOU no tenía validez porque no estaba publicado en su totalidad, como sostiene con cinismo el arquitecto, y con audacia el juez, entonces habrá que concluir que se ha maltratado a centenares de vecinos a los que se ha prohibido hacer su casa, o a los que se ha obligado a demoler una habitación supuestamente ilegal, o a los que se ha multado por hacer un muro sin permiso. Todas esas viviendas serían legales ya que si no había PGOU al que someterse no habría delito alguno en esas construcciones que fueron demolidas y/o multadas por decisión municipal con informe del arquitecto.

Pero es que, además, el mismo Juzgado de lo Penal nº 1 de Motril dictó el 19 de diciembre de 2008 la Sentencia 493/08, condenando a un aparejador municipal por dar informe favorable a la petición de licencia que presentaba la esposa del arquitecto, el señor Rodríguez Passolas. En esa sentencia, este mismo Juzgado entendió, como es lógico y razonable, que el PGOU de 1987 era la normativa vigente y en aplicación de la misma condenó al aparejador por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Esta Sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Granada el 6 de noviembre de 2009 y por supuesto, también en esta sentencia de la Audiencia se daba por válida la existencia del PGOU de 1987 como la  normativa vigente en el municipio. El aparejador perdió su trabajo.

Si este auto, que esperamos sea recurrido, se confirmase, nos encontraríamos con que durante veinte años, el arquitecto ha dado o negado licencias conforme a su particular criterio, al margen de cualquier legalidad, prescindiendo de cualquier instrumento de planeamiento. En ese caso, cientos de vecinos tendrían derecho a pedir daños y perjuicios porque se les ha maltratado sin razón legal alguna, utilizando como único criterio urbanístico el capricho del arquitecto municipal.

La posibilidad de un acuerdo aplaza el juicio de los Cármenes del Mar

La posibilidad de un acuerdo aplaza el juicio de los Cármenes del Mar

Ideal

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada ha acogido el juicio contra los responsables de la construcción de la urbanización Cármenes del Mar, en Almuñécar (Granada), que cuenta con 416 casas que presentan numerosos desperfectos y que incluso podrían venirse abajo debido presuntamente al terreno inestable sobre el que se levantaron.

El juicio se ha suspendido para dar 15 días de plazo de cara a un posible acuerdo entre ambas partes que evite el pleito. Si no se alcanza consenso, el juicio se reanudaría en enero.

Los propietarios interpusieron una demanda civil contra todos los responsables de la construcción: tanto responsables del estudio geotécnico, como ingenieros, arquitectos y la propia constructora que se encargó de levantar la urbanización, Cerro Gordo S.L., perteneciente al Grupo Comarex. A todos ellos les piden una condena que haga posible la reconstrucción de la urbanización y de las viviendas.

Mi experiencia

Estuve a punto de comprar una casa preciosa en Cármenes del Mar, consulté con un buen amigo arquitecto técnico y éste habló con un compañero de carrera que trabajaba en esa promoción.

Su repuesta: dile que mejor mire en otro sitio, aquí estamos inyectando cemento en grietas como puños y no creo que las estructuras aguanten más de tres años. A mi no me han estafado.

Nueve responsables de las obras se sientan en el banquillo por el desastre de los Cármenes del Mar

Nueve responsables de las obras se sientan en el banquillo por el desastre de los Cármenes del Mar

Ideal

El próximo miércoles, 23 de octubre, comienza en el juzgado de instrucción número 12 de Granada el juicio por el desastre de los Cármenes del Mar, la urbanización de Cerro Gordo (La Herradura) construida sobre una ladera que ha sufrido fuertes deslizamientos.

Las lluvias fuertes del invierno están a la vuelta de la esquina y la mayoría de los 400 residentes de Los Cármenes del Mar tiemblan ya, conscientes de que sus casas se pueden ir a pique si cae un aluvión. Los propietarios se sienten víctimas de un «pelotazo» de manual, de las malas prácticas constructivas del ’boom’ de la construcción.

Tres años después de que interpusieran la demanda, por fin ha llegado el juicio que determinará si tienen la razón. El juicio -que tendrá cinco sesiones, fijadas desde la próxima semana y hasta el próximo 22 de noviembre- sentará en el banquillo a nueve demandados, representantes de toda la cadena constructora.

Se trata, concretamente, de los responsables de las empresa que realizaron los estudios geotécnicos, ingenieros, arquitectos y los dueños de la propia constructora que se encargó tanto de la urbanización como de las viviendas particulares, la promotora Cerro Gordo S. L., perteneciente al Grupo Comarex.

Los vecinos exigen a los nueve demandados una condena solidaria que conlleve la reparación de daños tanto en la urbanización como en las viviendas.

A vueltas con los Crímenes del Mar

A vueltas con los Crímenes del Mar

Un ciudadano nos envía este comentario. Tiene relación con un punto que se aprobó en el último Pleno por todos los concejales salvo los de IU: pedir dinero público para reparar los Cármenes del Mar. Aunque no compartimos estos comentarios al cien por cien, el tono general de la reflexión nos parece de interés y, por eso lo publicamos en el blog

Parte 1ª
¿sabían que hay muchos cargos y exaltos cargos del psoe con apartamentos en cármenes del mar?
El lugar donde está construida la urbanización cármenes del mar estaba dentro del espacio protegido del paraje natural de maro-cerro gordo. El límite del parque fue modificado, en la delegación de medio ambiente saben de qué estoy hablando, hay funcionarios de esa delegación que están dispuestos a hablar cuando la fiscalía abra diligencias en vez de distraer la atención con que hay 400 familias afectadas... ¿y cuántas familias hay afectadas por las estafas hipotecarias?


Parte 2ª
¿sabían que hay estudios geotécnicos, deliberadamente ocultados, que desaconsejaban construir en ese lugar? De hecho en La Herradura ese zona se conoce como la piedra rajá. Todavía nadie, ni la constructora, ni los propietarios ni el ayuntamiento que con tanto celo lleva un seguimiento, han aclarado si existe un estudio geotécnico y si este era favorable para que se puediera construir. Si hay un estudio que lo publiquen, si no lo hay que lo digan, pero en cualquier caso ahora deben hacer un estudio independiente y riguroso. De cualquier manera las evidencias cantan: antes de construir y ahora, que las casas se están hundiendo, el terreno se movía y se mueve.

Parte 3ª
Ahora, en un intento de seguir confundiendo y de distraer la atención, determinados propietarios de cármenes del mar, en las reuniones de las comunidades han dejado caer la idea de que hay que pedir a la junta de andalucía y a su nueva presidenta que paguen los platos rotos con dinero público ¿? Estos determinados propietarios se vieron agraciados con viviendas en cármenes del mar a un precio muy,muy,muy por debajo del precio de mercado, tal vez esa suerte les vino por ser cargos o familiares de cargos o de exaltos cargos del psoe, tal vez porque se trabajaron la modificación fraudulenta de los lìmites del paraje natural de cerro gordo...

Parte 4ª
¿sabían que antes de que comenzara esta ¿estafa? personas relacionadas con la propiedad donde se ha construido cármenes del mar tuvieron comidas de trabajo con personas afines al psoe, en La Herradura? y como el vino, el buen vino, suelta la lengua, hablaron de cosas muy interesantes que iremos contando en la 5ª, 6ª, 7ª y 8ª parte.

El Pleno anula dos licencias de obras pero rechaza pedir responsabilidades

El Pleno anula dos licencias de obras pero rechaza pedir responsabilidades

Los votos de CA tumban una propuesta de IU, que sólo fue apoyada por el PSOE

El Pleno del martes aprobó anular dos licencias de obras dadas hace diez años pero rechazó una enmienda de IU proponiendo que se llevara ante los tribunales de Justicia a los responsables de esta situación. Las licencias anuladas eran para un conjunto de diez viviendas en Los Pinos y para ampliar el Hotel Verdiales en La Herradura.

La enmienda presentada por IU en el expediente de las viviendas de Los Pinos era la siguiente:

'Ante una petición razonada de la Junta, el ayuntamiento se negó a revisar esta licencia de obras. Después de mucho pleitear, una sentencia del TSJA ha obligado a este ayuntamiento a revisar la licencia. Los informes recientes de los servicios técnicos dan la razón a los argumentos esgrimidos por la Junta de Andalucía en el comienzo de este expediente: incumple las determinaciones de tipología edificatoria, duplica la ocupación máxima permitida por las Ordenanzas, incumple la  edificabilidad máxima, incumple la  altura máxima y finalmente, incumple los retranqueos fijados.

Finalmente, el Consejo Consultivo ha dictaminado favorablemente la propuesta de nulidad de la licencia, señalando en su dictamen que no estamos ante una inobservancia nimia sino ante un cúmulo de ilegalidades.

Creemos que hay los suficientes elementos de valoración para entender que se ha vulnerado la legislación urbanística de manera clara y flagrante, contribuyendo a crear una inseguridad jurídica que es muy perjudicial para las personas que de buena fe han comprado una vivienda y para la economía del municipio.

La negativa inicial del ayuntamiento a revisar una licencia que se había dado de forma evidente en contra de la legalidad urbanística, ha producido además un importante coste económico a las arcas municipales, coste que aún podría ser mayor en el futuro.

Por todo ello, proponemos añadir este punto al dictamen:

·El Pleno acuerda llevar este asunto a los Tribunales de Justicia para que se esclarezca si ha habido responsabilidad penal y/o administrativa en las personas que han intervenido en este expediente produciendo un evidente perjuicio al Ayuntamiento.

A juicio de IU, es vital que la justicia determine el grado de responsabilidad de que aquellas personas que hayan intervenido en los expedientes urbanísticos, haciendo una interpretación torticera o interesada de las leyes urbanísticas y del PGOU, en beneficio de no sabemos quien, pero claramente en detrimento de los intereses generales perjudicando asimismo a los vecinos que han tenido la mala suerte de comprar una vivienda en edificios que ahora se encuentran con la licencia anulada.

No se puede permitir que se juegue con las ilusiones de los vecinos, que se nos robe impunemente y que los culpables de estos desaguisados se vayan de rositas.

Tras el debate en el pleno, se rechazó la enmienda con los votos en contra de CA, la abstención de PP y PA, y el voto a favor de los concejales socialistas e IU.

IU muestra su preocupación, que no su sorpresa: Nos resulta, cuanto menos, sospechoso que se vote en contra de una enmienda que lo que buscaba era llevar a los tribunales estos asuntos para que esclarezcan qué tipo de responsabilidad ha habido por parte de las personas que han intervenido en estos expedientes, sean penales o administrativas. Así que cada cual juzgue la posición de unos y de otros. Y si son capaces, que expliquen por qué no quieren que la justicia investigue estas irregularidades.

IU alerta sobre otro problema urbanístico heredado en la Avenida Costa del Sol

La Comisión Informativa de Urbanismo ha analizado en la mañana del viernes diversas sentencias en las que se obliga al ayuntamiento a revisar unas licencias de obras que vulneran el Plan de Urbanismo según todos los indicios. Uno de estos expedientes analizados es el de una licencia de obras para 46 viviendas situadas en el denominado edificio Arance, en la Avenida Costa del Sol. Según información de IU, el expediente que se ha entregado a todos los grupos políticos incluye una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligando al ayuntamiento a revisar la licencia de obras otorgada el 24 de febrero de 2004.

La Junta pidió la revisión de esa licencia porque, en su opinión, el proyecto no respetaba las normas del PGOU, multiplicando de forma muy importante la edificabilidad a la vez que se apropiaba de calles públicas que incluía en la parcela. El ayuntamiento se negó a efectuar dicha revisión, según consta en escrito enviado el 4 de noviembre de 2005. Ante esa negativa del ayuntamiento, la Junta recurrió a los tribunales, que le dieron la razón en julio de 2007, y que han vuelto a dársela con sentencia firme del 17 de julio de 2013.

Los técnicos municipales tienen que analizar la legalidad de la licencia y hacer un informe para que el Consejo Consultivo dictamine. En caso de declararse la nulidad de la licencia, el problema se plantearía a los vecinos que de buena fe han comprado una vivienda sin haber sido informados de ninguna situación problemática, y también al ayuntamiento, que podría ser demandado por su responsabilidad al conceder una licencia en contra de la legalidad.

La situación no es nueva. Decenas de sentencias con parecido contenido se han producido en los últimos años a pesar del enorme gasto en abogados que mantiene este ayuntamiento. En todas estas situaciones se dan algunos elementos comunes.

El primer denominador común de estas obras es que cuentan con informe favorable del anterior arquitecto municipal, que daba su visto bueno con sospechosa reiteración a proyectos de dudosa legalidad.

Otro denominador común es que la mayor parte de estas promociones se presentaban en el ayuntamiento con un proyecto firmado y avalado por un socio del arquitecto municipal.

Una tercera coincidencia en estos expedientes es que cuando la Junta, cumpliendo su labor de vigilancia e inspección, detallaba los supuestos incumplimientos de la legalidad y pedía al ayuntamiento que revisara la licencia, el ayuntamiento respondía que no había lugar a dicha revisión porque todo estaba en regla.

El gran número de sentencias condenatorias obliga al ayuntamiento a un gasto y a una actividad frenética que dificulta y pone en riesgo de bloqueo la actuación de los servicios jurídicos y de urbanismo de modo tal que se atienden con dificultad las legítimas peticiones de la ciudadanía, que ve cómo sus proyectos de obra se dilatan mucho más allá de lo razonable.

IU pide al equipo de gobierno que exija responsabilidades administrativas y penales al anterior arquitecto municipal por el daño que su actuación está causando a los vecinos afectados de buena fe, al servicio de urbanismo que no da abasto, a la imagen del municipio, que se ve deteriorada, y a la hacienda del consistorio, que no deja de soltar dinero para pagar abogados en pleitos difíciles de ganar o de imposible cumplimiento.