Blogia
Almuñécar contra la corrupción

Marbellécar

Se facturaron 375.000 euros a la imprenta familiar de una concejala durante el Gobierno de Benavides

Se facturaron 375.000 euros a la imprenta familiar de una concejala durante el Gobierno de Benavides

La edil de Convergencia Andaluza María Dolores Sánchez estuvo vinculada al negocio que administró su hija y que luego pasó a su exmarido

Ideal

Desde la encuadernación de una memoria (5,80 euros) hasta una tirada de 400 carteles para el certamen de guitarra Andrés Segovia (3.789 euros), pasando por partidas sin especificar de pancartas, camisetas y gorras (736 euros).

La gran mayoría de los trabajos de imprenta y papelería que requirió el Ayuntamiento de Almuñécar entre los años 2007 y 2011, el último mandato de Juan Carlos Benavides, fueron encargados a una sola empresa local, Gráficas Seximar S. L. Durante todo este tiempo en el que el Ayuntamiento de Almuñécar trabajó con la imprenta, el negocio fue propiedad de la familia de una concejala del propio equipo de gobierno de Convergencia Andaluza.

Las facturas emitidas entre 2007 y 2011, a las que ha tenido acceso este periódico, suman una cantidad de 375.653,32 euros que fueron abonados por el Ayuntamiento de Almuñécar en varios pagos a la empresa vinculada a la concejala María Dolores Sánchez Montes, que llevaba las áreas de Seguridad Ciudadana, Transportes y Comercio en el equipo de gobierno de Juan Carlos Benavides.

El Ayuntamiento revisará la licencia de la casa del exarquitecto de Almuñécar

El Ayuntamiento revisará la licencia de la casa del exarquitecto de Almuñécar

Once años después de que se autorizara el chalé de Passolas, el Consistorio investigará la obra sospechosa por orden de la Junta

Ideal

El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado por unanimidad revisar la licencia de obras del chalé propiedad de la esposa del exarquitecto municipal José Luis Rodríguez Passolas, que en estos momentos está retirado de su puesto por el equipo de gobierno. Las obras del chalé fueron autorizadas hace once años y ahora ha sido la Junta la que ha pedido al Ayuntamiento que investigue cómo otorgó la licencia de la controvertida vivienda ubicada en el paraje de Cotobro, al entender que existen irregularidades en la construcción. La petición que la consejería de Obras Públicas realizó al Ayuntamiento estaba acompañada de un informe jurídico fechado el 2 de junio de 2011 que concluye que «la licencia otorgada es nula de pleno derecho».

Ahora, el Ayuntamiento, cumpliendo la orden de la Junta, abrirá un expediente a la obra por la vía administrativa. El asunto salió adelante sin apenas debate y con el apoyo de todos los grupos políticos, algo curioso teniendo en cuenta que es polémico y lo que ha costado que el asunto llegase finalmente al pleno. En la última ocasión que el equipo de gobierno llevó la petición de la Junta a pleno los votos de PSOE y CA obligaron a la alcaldesa Trinidad Herrera a retirar el asunto del orden del día reclamando un nuevo informe municipal.

Las obras del chalé de Passolas ya le valieron una condena y la inhabilitación por siete años al exaparejador municipal Gerardo García Vilent, al entender la justicia que consintió irregularidades en la construcción. Independientemente de la vía penal, ahora el Ayuntamiento abre expediente para determinar si la construcción fue correcta.

La Justicia obliga al ayuntamiento a revisar la licencia de tres promociones de viviendas. Se revisará asimismo la licencia de obras de la casa del arquitecto municipal

La Justicia obliga al ayuntamiento a revisar la licencia de tres promociones de viviendas. Se revisará asimismo la licencia de obras de la casa del arquitecto municipal

El Pleno del Ayuntamiento a celebrar el martes tendrá que estudiar en el orden del día la revisión de la licencia de obras y de ocupación de la casa del arquitecto municipal y otras tres promociones de viviendas en las que en la Junta aprecia irregularidades urbanísticas de gran importancia.

La primera de estas promociones obtuvo la licencia de obras el 27 de mayo de 2003. La licencia se concedió a Gongumar para la construcción de 10 viviendas en Los Pinos.

La segunda de estas obras fue aprobada por el ayuntamiento meses después, el 16 de septiembre de 2003. La licencia de obras se concedió a Promociones Edamar para la construcción de 11 viviendas en La Herradura.

Dos años después, el 17 de mayo de 2005, al ayuntamiento daba licencia de obras a Promociones Carosán para construir 13 viviendas en la Urbanización San Antonio de La Herradura.

En los tres casos, la Junta pidió al ayuntamiento que revisara la licencia de obras por entender que se había infringido el planeamiento urbanístico. En los tres casos, el ayuntamiento se negó a revisar las licencias. Y también en los tres casos, los tribunales han dado la razón a la Junta obligando al ayuntamiento a revisar las licencias.

Con el tiempo transcurrido desde que la Junta envió el primer escrito a este ayuntamiento (más de ocho años) las casas están construidas, vendidas y habitadas, así que nuevamente tendremos en este municipio un auténtico problema humano generado por la ambición de unos y la complicidad de otros.

La otra licencia que el ayuntamiento tiene que revisar es la de la vivienda del arquitecto, licencia concedida el 20 de septiembre de 2000. La Junta pidió su revisión el 28 de noviembre de 2002 pero el ayuntamiento no le hizo caso a aquella primera petición. Ahora, tras la sentencia que inhabilitó a Gerardo Villén por informar favorablemente esta licencia, la Junta ha vuelto a pedir su revisión.

Este asunto tenía que haber sido analizado por el Pleno en su anterior sesión porque ya la Junta de Gobierno Local había acordado el 6 de junio, con los informes preceptivos, que se accediera a la petición de revisión formulada por la Junta.

A pesar del acuerdo tomado por la JGL siendo alcalde Benavides, Convergencia pidió en el Pleno que este asunto quedara sobre la mesa hasta que hubiese informe de Secretaría. En aquel Pleno, el portavoz de IU mostró su extrañeza por esta petición dado que a falta de un informe ya había dos: el informe que había preparado la Secretaria y el nuevo que había elaborado el secretario accidental, señor Vallejo. Pues bien, en el Pleno del martes ya habrá tres informes, pues hay que añadir el del nuevo secretario. Curiosamente, los tres informes dicen lo mismo: que el Pleno tiene que abordar esta petición de la Junta y, en su caso, aprobar la revisión de la licencia dado que las obras de esta casa, según sentencia firme,  han vulnerado el PGOU construyéndose bastantes más metros y más alturas de las permitidas.

La Junta de Andalucía, el Colegio Profesional de Arquitectos, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar... Todos contra Passolas, bien defendido por su cómplice Benavides

La Junta de Andalucía, el Colegio Profesional de Arquitectos, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar... Todos contra Passolas, bien defendido por su cómplice Benavides

Otra historia: la venganza del arquitecto municipal contra el presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Arquitectos que acordó inhabilitarlo

9-12-2008. Benavides reabre un expediente urbanístico que él mismo había cerrado

20081209190402-todos.jpg

Benavides ha reabierto un expediente urbanístico que él mismo había ordenado cerrar. El acuerdo ha sido tomado por la Junta Local el 3 de noviembre. Bajo un aspecto meramente técnico se oculta lo que podría ser una posible venganza.

El expediente urbanístico reabierto ahora de una manera sospechosa y claramente ilegal, se tramita contra un miembro del Colegio de Arquitectos. Curiosamente, este señor ha sido durante varios años presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Arquitectos y no podemos olvidar, cuenta Fermín, que fue este órgano el que acordó la inhabilitación del arquitecto municipal de Almuñécar por un periodo de cuatro años. El arquitecto municipal, señor Passolas recurrió ante el Colegio Andaluz esta condena impuesta por sus compañeros y también en Sevilla vieron procedente inhabilitar a Passolas, aunque reduciendo a dos años la sanción. En la actualidad, el tema está en los tribunales porque Passolas ha interpuesto un recurso contra la decisión del Colegio Oficial de Arquitectos.  

Inmediatamente se abrieron tres expedientes urbanísticos sobre una vivienda que la familia de este directivo del Colegio de Arquitectos tiene en Almuñécar. Es imposible no vincular ambas decisiones, ya que estamos hablando de una vivienda con más de veinte años de antigüedad, a la que, por cierto, fue Passolas quien dio la licencia. Los expedientes son tan carentes de base y tan faltos de rigor que la abogada del ayuntamiento encargada de analizarlos, emitió informe negativo. En el mismo sentido iba el informe emitido por el Servicio de Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía.

Ante la contundencia de estos informes, Benavides, mediante sendos Decretos de Alcaldía, declaró caducados los expedientes urbanísticos de esta vivienda. Además de los dos informes anteriores, existe un tercero elaborado en julio de este mismo año por Gerardo Villén, jefe de la Sección Administrativa de Urbanismo. Este técnico municipal también da la razón a esta familia y declara sin lugar a dudas que no ha habido irregularidad urbanística de ningún tipo.

En esos años, los afectados por los expedientes han interpuesto tres contenciosos contra el ayuntamiento y una demanda penal contra Passolas. Los tres contenciosos han sido contrarios a Passolas. En el penal, el juez ha imputado a Passolas y aún no hay sentencia. Una vez perdidos por el ayuntamiento los tres contenciosos, da la impresión de que estos expedientes se han reabierto con el único fin de proporcionar una defensa al señor Passolas en la causa penal que contra él se está tramitando.

El acuerdo de reabrir los expedientes se ha tomado en base a un informe de Tastet. IU pregunta quién ha pedido el informe porque es importante saber si lo ha pedido el alcalde o lo ha pedido el arquitecto municipal. La reapertura, ahora, de estos expedientes es completamente irregular desde el punto de vista legal, pero sobre todo, es preocupante porque pone de manifiesto un juego perverso en el ayuntamiento en el que ya no se sabe si es Benavides el que manda sobre Passolas o es Passolas el que manda sobre Benavides.

En cualquier caso, hay que ir al fondo del asunto y es que esta contradicción hay que explicarla y justificarla. Suponiendo que haya base jurídica para reabrir los expedientes, habría que preguntarse entonces por qué motivo se cerraron. ¿Acaso eran erróneos los informes concluyentes de la Junta y de Mari Luz Antequera (la abogada del ayuntamiento para estos temas)? ¿Cometió una arbitrariedad Benavides entonces al cerrarlos o ahora al reabrirlos? ¿No tiene valor el informe de Gerardo Villén, jefe de la sección administratriva de Urbanismo?

Desde IU pedimos a la Administración y a la Justicia que intervengan para acabar con un estado de cosas que deja a los ciudadanos indefensos ante la arbitrariedad y el despotismo.

La misma triste historia contada de otra manera. Gerardo se come el marrón mientras su jefe disfruta de su ilegal vivienda

La misma triste historia contada de otra manera. Gerardo se come el marrón mientras su jefe disfruta de su ilegal vivienda

La Justicia expulsa de la función pública al aparejador de Almuñécar por delinquir

Atentó contra la ordenación del territorio al autorizar irregularidades en el chalé de la esposa de Rodríguez Passolas, el arquitecto municipal El acusado alegó en su defensa que su «interpretación de la normativa urbanística» es la que se aplica en la ciudad desde hace dos décadas

Ideal. Carlos Morán

Se supone que una de las prioridades de un aparejador que cobra una nómina municipal es velar a por una buena ordenación del territorio. Pues bien, el técnico que ejerce esa función en el Ayuntamiento de Almuñécar ha sido condenado por hacer justamente lo contrario, esto es, atentar contra la ordenación del territorio.

La sentencia dictada por un juzgado de Motril -que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial- es clara al respecto: Gerardo García Vilent, que así se llama el ahora condenado, consintió diversas irregularidades en la construcción de un chalé -casi una mansión- que es propiedad de la esposa de José Luis Rodríguez Passolas, a la sazón, arquitecto municipal de Almuñécar, un detalle que está recogido en el apartado de hechos probados de la resolución judicial y que, por razones obvias, resulta muy llamativo.

La pena prácticamente coincide con la que solicitó la Fiscalía de Granada: inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años, multa de 4.320 euros -en caso de impago, debería ingresar en prisión- y, además, debe pagar las costas del proceso -el Ministerio Público había reclamado un año más de inhabilitación para el encausado y una sanción económica algo más elevada-.

Uno de los argumento defensivos del aparejador, seguramente el principal, fue el siguiente: su «interpretación de la normativa urbanística» -la que se tradujo en las infracciones que dieron origen al pleito- es la que se ha venido aplicando en la ciudad sexitana durante las dos últimas décadas. Y ya se sabe que veinte años no son nada...

La sentencia recalca, por contra, que la actuación del aparejador no era el fruto «de una interpretación de la normativa, sino una creación de la misma por parte del acusado que cumple los requisitos del tipo penal».

De esta forma rebate el juzgado la sorprendente alegación de que en Almuñécar se venían haciendo las cosas como las hizo el aparejador desde hace «más de veinte años»... O quizá no sea tan sorprendente. No constituye un secreto para nadie que el urbanismo de Almuñécar está bajo sospecha desde hace bastante tiempo. Incluso hay quien piensa que demasiado.

Más historia. Un compañero de trabajo pierde su empleo por hacer la vista gorda ante la construcción claramente ilegal de la casa del arquitecto

Más historia. Un compañero de trabajo pierde su empleo por hacer la vista gorda ante la construcción claramente ilegal de la casa del arquitecto

El juzgago lo considera culpable de un delito urbanístico por permitir irregularidades en la casa de la esposa del arquitecto municipal

Un Juzgado de Motril ha condenado al aparejador municipal de Almuñécar a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público y a una multa por permitir el desarrollo de una vivienda de la esposa del arquitecto municipal pese a que incumplía normas urbanísticas.

El fallo del Juzgado de lo Penal 1 de Motril, al que hoy ha tenido acceso Efe y contra el que cabe recurso de apelación, condena a Gerardo G.V. como autor de un delito contra la ordenación del territorio a la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros (4.230 euros) e inhabilitación por tiempo de siete años.
El Juzgado considera como hechos probados que la esposa del arquitecto municipal de Almuñécar solicitó en el año 2000 licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar en la localidad y presentó para ello un proyecto, que le fue concedida previo informe favorable del acusado en su calidad de aparejador municipal.

Finalizada la obra en el mes de agosto de 2002, indica la sentencia, el procesado emitió informe favorable a la concesión de licencia de primera ocupación.

Las obras fueron denunciadas ante la Unidad de Gestión y Disciplina Urbanística de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, iniciándose un expediente en el que se instó al Ayuntamiento para que procediera a la revisión de la licencia concedida, sin que por el Consistorio se haya procedido a la revisión interesada.

Asimismo Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Fiscalía contra el arquitecto municipal de Almuñécar, su esposa y el acusado entendiendo “ilegales” los actos administrativos que habían dado lugar a la concesión de las licencias oportunas por infracción de la legalidad vigente en materia urbanística en el municipio.

Según precisa la resolución judicial, el terreno sobre el que se llevó a cabo la construcción está calificado por el Plan General de Ordenación Urbana como suelo urbano, si bien la obra realizada excede, en aplicación de la normativa, el número de plantas permitidas.

Incumple además la obligación de quedar la edificación por debajo de una plano paralelo a la rasante natural del terreno y situado a seis metros de altura y excede del máximo permitido de edificabilidad.

La sentencia indica que el acusado, conocedor de la normativa urbanística que regía para la zona donde se levanta la edificación, así como de la “contravención” de la misma con dicha normativa, informó favorablemente la concesión de las licencias.

Recordando una vieja historia. Un arquitecto inhabilitado por su propio Colegio Profesional que sigue pendiente de una resolución definitiva en vía judicial

Recordando una vieja historia. Un arquitecto inhabilitado por su propio Colegio Profesional que sigue pendiente de una resolución definitiva en vía judicial

Diario Granada Hoy. 2 de enero de 2007

El Colegio de Arquitectos sanciona al jefe de Urbanismo de Almuñécar

Sevilla. M. E. Khattat.

El comité de ética del Colegio de Arquitectos de Granada ha propuesto una sanción de  inhabilitación profesional al jefe de Arquitectura y Urbanismo de Almuñécar, José Luis Rodríguez- Passolas, por vulnerar artículos del código de deontología colegial a raíz de su participación como socio en un estudio de arquitectura que entre 1998 y 2003 desarrolló una intensa actividad mercantil en Almuñécar.

Rodríguez-Passolas es el máximo responsable técnico del área que debe informar de la legalidad de esos proyectos, y todos los que se presenten en el municipio solicitando licencia de construcción en Almuñécar y La Herradura. 

Según ha podido saber Granada Hoy, el expediente tramitado por el comité de deontología de Granada acabó en una propuesta  de 4 años de inhabilitación para Rodríguez-Passolas, si bien dicha sanción está siendo revisada actualmente por el comité andaluz, que podría rebajarla a la mitad. Junto a Rodríguez-Passolas ha sido expedientado su antiguo socio en la sociedad Poflogest,  un estudio de arquitectura que tuvo sede social en Almuñécar hasta 2003 y que entonces, coincidiendo con salida de Rodríguez-Passolas de la sociedad, se trasladó a Granada.

Los antiguos socios, según el dictamen del consejo de deontología de los arquitectos granadinos, han vulnerado preceptos  éticos que aluden a supuesto enriquecimiento injusto.

La actuación disciplinaria se ha producido tras una investigación de oficio realizada por el Colegio de Arquitectos de Granada que concluyó en verano y que aún no es firme, toda vez que ambos recurrieron ante el comité andaluz de deontología, que hace unos días se reunió para examinar las alegaciones de los dos arquitectos.

En todo caso, la eventual sanción para el jefe de Urbanismo de Almuñécar y su socio deberá ser refrendada finalmente por el consejo de decanos de Andalucía, que podría reunirse este mes. Si los recursos de los antiguos socios en el estudio en Poflogest no prosperan, ambos quedarán inhabilitados para visar proyectos en todos los colegios de arquitectos de España durante el tiempo que estime el comité andaluz de deontología y los decanos de la comunidad autónoma.

La investigación sobre la sociedad Poflogest es antigua. Antes del actual expediente, el estudio de arquitectura ya fue expedientado por denuncias privadas sobre el supuesto bloqueo profesional que producía en Almuñécar  la fluida relación entre Poflogest y el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar.

Sin embargo, aquellos dos expedientes fueron archivados porque el comité de deontología no llegó a emitir una resolución antes de los seis meses que el colegio tiene de plazo para concluir una investigación interna.

Si finalmente la sanción es firme, además de aplicar la pena disciplinaria de inhabilitación, el Colegio de Arquitectos estaría obligado estatutariamente a poner en manos de la Justicia ordinaria el expediente disciplinario si considera que los hechos que declaran probados pueden tener alcance penal.

Hasta ahora eso no ha ocurrido. La Fiscalía de Granada ha archivado en dos ocasiones las denuncias que Ecologistas en Acción han presentado en idéntico sentido que la resolución del comité de deontología de los arquitectos de Granada.

El movimiento ecologista, convertido en uno de los ‘azotes’ del urbanismo en Almuñécar, también se dirigió en su momento al colegio de arquitectos para denunciar la supuesta incompatibilidad de Rodríguez-Passolas.

El conflicto ético, a juicio de Ecologistas en  Acción, se deriva del hecho de que Rodríguez-Passolas dirija un departamento clave en la gestión urbanística de Almuñécar, en la que su estudio de arquitectura hasta 2003 –y de su socio– desarrollase una destacada actividad, que atraía gran parte de los proyectos que se firmaban en Almuñécar (99 proyectos durante 5 años), lo que supuestamente perjudicaba a otros profesionales del sector de la arquitectura.

Rodríguez-Passolas, cuya vivienda particular está siendo investigada por la Justicia ordinaria, es arquitecto municipal de Almuñécar desde hace veinte años y es el responsable de la oficina que ha elaborado para el gobierno de Juan Carlos Benavides el controvertido PGOU almuñequero.

El arquitecto municipal pone en venta una casa ilegal sin informar de que la Junta ha pedido la revisión de su licencia

El arquitecto municipal pone en venta una casa ilegal sin informar de que la Junta ha pedido la revisión de su licencia

Ya sabíamos que el arquitecto tenía una casa ilegal. Por dar el visto bueno a esa casa, su compañero de trabajo Gerardo García Villén perdió el empleo al ser condenado por la Justicia. Ya sabíamos que el arquitecto municipal estaba inhabilitado por el Colegio de Arquitectos pese a lo cual Benavides lo mantenía al frente del Urbanismo. Ya sabíamos que el arquitecto municipal emitía informes contradictorios en función de quién fuese el afectado. Y de lo penúltimo que nos habíamos enterado es de que al ser juzgado por el feo asunto del Colegio Inglés, había argumentado en su defensa que no podía haber delito en esa construcción puesto que el PGOU de Almuñécar no estaba publicado por completo en el boletín oficial.

Después de saber todo eso, ahora nos hemos enterado por una página inmobiliaria de que tiene en venta su casa ilegal al módico precio de 1.300.000 euros. Es de suponer que advertirá a los compradores del hecho de que la Junta de Andalucía ha pedido la revisión de su licencia.

Esta es su mansión, y si quieren verla con más detalle, pueden pinchar en el siguiente enlace. http://www.cumbrevillas.com/buy/villa-almunecar-for-sale/163074

IU denuncia una estafa al ayuntamiento

IU denuncia una estafa al ayuntamiento

IU piensa que se pueden haber cometido varios delitos que tendrá que calificar quien corresponda y que habría que poner en conocimiento de la justicia. A primera vista. podríamos estar ante un delito de estafa al ayuntamiento y otro de malversación de fondos, además de un tercero de prevaricación.

El ayuntamiento pagó en 2010 un total de 49.829 euros a la empresa Viales Plata por unas obras que la empresa no llegó a terminar. Las obras fueron contratadas con el título de “Red de Hidrantes en Peña Escrita”, y su objetivo era mejorar la protección contra incendios con una red de tuberías bajo tierra. Según un informe técnico del 23 de enero de 2012, estas obras se han quedado a medio hacer, aunque se han pagado en su totalidad ya que había un certificado del ingeniero municipal asegurando que se habían terminado.

Según los datos de que dispone IU, las tuberías no se colocaron bajo tierra como exigía el proyecto y además sólo se han colocado 16 hidratantes de los 21 que figuraban en el contrato. Además, 7 hidrantes no tienen arquetas ni tapas. Aparte de la estafa, esta situación es peligrosa porque en el ayuntamiento se tenía la certeza de tener un sistema contra incendios que no existía.

Es decir, los contribuyentes almuñequeros hemos pagado más de ocho millones de pesetas por un sistema contraincendios que no existe. Benavides ordenó que las obras se pagaran porque el ingeniero municipal había certificado la conclusión de las mismas. Las certificaciones de obra se realizaron en cuatro fases: 17 de junio, 30 de junio, 11 de agosto y 13 de diciembre de 2010. Al amparo de esas certificaciones, la obra se pagó en cuatro plazos. El último se abonó el 21 de diciembre de 2010.

Al margen de las medidas disciplinarias en el orden interno, es necesario que este tema se aclare en los tribunales y la empresa explique por qué dejó la obra a medio hacer y se marchó cobrando el total. Esta conducta no es lógica en una empresa que ha trabajado en varias ocasiones para el ayuntamiento. El incumplimiento del contrato era tan evidente que cuando la empresa dejó la obra a medias debía tener la certeza de que nada le iba a pasar. Y eso lleva a la pregunta siguiente, que es dónde ha ido a parar ese dinero que se pagó por un trabajo no realizado.

IU espera que el anterior alcalde y la alcaldesa ejerzan la acción penal contra la empresa que cobró sin hacer la obra y contra el técnico municipal que certificó que la obra se había terminado.

Si el ingeniero certificó la obra como acabada y el alcalde desconocía esta situación, es evidente que el ingeniero, además de cometer un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, engañó al anterior alcalde y éste debería proceder judicialmente contra él. Si, por el contrario, Benavides ampara y defiende a este señor, hay que considerarlo conocedor de la estafa que se ha cometido a la hacienda municipal y cómplice de la misma.

Absuelven a los imputados en el caso del colegio inglés de Almuñécar por «falta de pruebas»

Absuelven a los imputados en el caso del colegio inglés de Almuñécar por «falta de pruebas»

Ideal

El juez del juzgado de lo Penal número uno de Motril ha absuelto a los tres imputados por el caso del colegio inglés. Para Juan Carlos Benavides, el magistrado ha reiterado su absolución que ya anunció en el juicio, después de que el fiscal retirase la acusación contra él.

La Fiscalía pedía para el arquitecto municipal Miguel Robles, dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. Para Luis Manuel Daza y José Luis Rodríguez Passolas –del consejo de administración de International School S. A.– solicitaba un año de prisión por un delito de tráfico de influencias.

El juez ha absuelto a los tres imputados porque entiende que con las pruebas practicadas en el juicio oral «no se puede alcanzar la convicción de que los acusados interviniesen en los hechos delictivos». Así dice, que «no existen pruebas suficientes» que destruyan la presunción de inocencia.

El magistrado del juzgado de lo Penal número Uno expone que con la retirada de la acusación contra Juan Carlos Benavides y la «absolución que procede» en relación al acusado Miguel Robles –técnico municipal que emitió el informe favorable para las obras que se realizaron en el colegio en 2005– se «diluye de forma importante» la acusación contra los miembros de la sociedad del colegio –Daza y Rodríguez-Passolas– si bien es cierto, continúa el magistrado que «las relaciones entre todos ellos, los puestos y cargos que ocupaban y la forma de suceder los hechos, acometiéndose una obra sin licencia para una entidad a la que estaban ligados es cuanto menos sorprendente y sospechoso», pero que las pruebas existentes, en beneficio de los acusados, «no son suficientes para la formación de una convicción judicial seria, fundada y segura de culpabilidad».

Pues eso, tenemos una justicia fantástica. Y las cárceles llenas de ignorantes que han cometido pequeños delitos pero no han tenido dinero suficiente para buscar buenos abogados.

Absuelven de alzamiento de bienes a Benavides por falta de pruebas

Absuelven de alzamiento de bienes a Benavides por falta de pruebas

El juez no considera probado que se separase para no pagar a la empresa Tropical Fruits

Granada Hoy

Juan Carlos Benavides, ex alcalde de Almuñécar, ha vuelto a salir bien parado de otro encontronazo con la justicia. El Juzgado de lo Penal 1 de Motril ha resuelto absolver al ex regidor del delito de alzamiento de bienes por el que fue juzgado, acusado de haberse separado ficticiamente de su mujer para no tener que pagar a la entidad Tropical Fruits S.A., con la que había perdido una demanda. Para Benavides, su mujer, Rafael Contreras (hombre de confianza del ex alcalde) y la esposa de éste, el fiscal solicitaba dos años de prisión.

En julio de 2005, cuando Benavides y Contreras ya habían sido condenados a pagar (junto a otros demandados) casi un millón y medio de euros a la citada empresa, presentaron demandas de separación de mutuo acuerdo con sus esposas y la fijación de unos convenios reguladores que llamaban la atención. En el caso de Benavides, aunque sus dos hijos eran ya mayores de edad, les fijaba una cantidad de 1.150 euros para cada uno "lo que no se correspondía a la realidad pues al menos uno de ellos presentaba una capacidad económica propia, incluso superior a la del cónyuge que se obligaba al pago".

El comportamiento es al menos sospechoso y así lo resalta la sentencia. Pero sólo eso. "No se puede alcanzar la convicción de que los acusados interviniesen en los hechos delictivos que se les imputan. Tan sólo existe una mera sospecha y la simple conjetura no puede enervar la presunción de inocencia", recalca.

"Si bien en el caso de autos existe material probatorio para poder afirmar que las afirmaciones que se contuvieron en el convenio regulador propuesto por los acusados en sus demandas de separación, en relación a la situación económica de los hijos era ficticia, al menos en parte, en el sentido de que no respondía a la verdadera situación económica de los mismos, lo cierto es que tal hecho no puede ser constitutivo" de alzamiento de bienes", subraya.

La Junta de Andalucía ordena revisar la licencia de la casa del arquitecto de Almuñécar

La Junta de Andalucía ordena revisar la licencia de la casa del arquitecto de Almuñécar

Obras Públicas entiende que pudo haber alguna irregularidad en el permiso de obras que el Ayuntamiento concedió hace 11 años

Efe
La casa del arquitecto municipal del Ayuntamiento de Almuñécar José Luis Rodríguez Passolas vuelve a estar en el ojo del huracán.
Las obras de este chalé ya le valieron una condena al ex aparejador municipal del Ayuntamiento de Almuñécar Gerardo García Villén, al entender la justicia que consintió irregularidades en la construcción de la vivienda. La condena, de 2009, le supuso al aparejador la inhabilitación y expulsión de la función pública durante siete años.
Ahora, sin tener nada que ver ya con ese proceso penal, es la Junta de Andalucía la que entiende que pudo haber una actuación irregular en la concesión de esta licencia de obras y ordena al Ayuntamiento de Almuñécar que la revise de oficio. Se trata de una licencia que concedió el consistorio hace ya once años.

La decisión de la Fiscalía retirando la acusación contra Benavides por el caso Internacional School crea alarma social

La decisión de la Fiscalía retirando la acusación contra Benavides por el caso Internacional School crea alarma social

Esta decisión acrecienta la desconfianza de los ciudadanos hacia la justicia.

Izquierda Unida de Almuñécar considera altamente preocupante la decisión tomada por la Fiscalía retirando la acusación contra el ex alcalde en el delito urbanístico del Internacional School. No puede ser que, de nuevo, algunos técnicos (habrá que ver cuáles) se coman el marrón en solitario.

Para IU, escapa de la lógica y del sentido común retirar la acusación a un alcalde que ha sido arte y parte en todas las irregularidades cometidas en el colegio inglés. No se puede entender el que se acepte como argumento de la defensa la afirmación de que el PGOU de 1987 no estaba vigente porque no se publicó en el BOP hasta 2009. Si se admite esta barbaridad, todos los conflictos urbanísticos de los últimos veinte años estarían basados en la nada.

La decisión de la Fiscalía deja a los ciudadanos indefensos en un pleito en el que se descartó, sin que se haya explicado el motivo, la posibilidad de que declarase como testigo el coordinador de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que más información ha aportado a la causa. Tras una breve charla entre el fiscal y el abogado defensor, la Fiscalía renunció a utilizar el testimonio de este ciudadano a pesar de que estaba presente en la sala porque había sido citado para declarar.

Esta sorprendente decisión de la Fiscalía se añade, en caso de confirmarse, al escándalo originado por el hecho de que parece ser que se han perdido las grabaciones telefónicas que figuraban en el sumario relativo al alzamiento de bienes. Se han perdido estas grabaciones igual que se perdieron los documentos de Tropical Fruit que servían de base para la imputación de Benavides. Igual que se perdió la denuncia falsa que supuestamente había presentado el portavoz de IU contra un ciudadano y que casualmente encontró tirada en el suelo Rafael Contreras.

Para IU, este tipo de decisiones y el extravío de documentos crean alarma social porque la ciudadanía ya no está segura de que la justicia esté funcionando como se espera de ella.

Ahora ya sólo nos queda que un tribunal declare que el divorcio de Benavides fue normal, que las pensiones pagadas a sus hijos entran dentro de la lógica y que no hubo intención alguna de hacer alzamiento de bienes.

En verdad, los ciudadanos tienen motivos sobrados para desconfiar de esta justicia en la que los poderosos siempre encuentran una escapatoria.

IU denuncia el silencio cómplice de Benavides con el arquitecto municipal porque ambos son responsables de los graves delitos urbanísticos cometidos en el Internacional School

IU denuncia el silencio cómplice de Benavides con el arquitecto municipal porque ambos son responsables de los graves delitos urbanísticos cometidos en el Internacional School

El colegio inglés duplica su parcela y triplica la superficie construida como por arte de magia

El 7 de octubre de 2008, el concejal de IU presentó un escrito al alcalde pidiendo que confirmara si eran ciertos algunos datos acerca del International School, conocido como el colegio inglés. Ante el silencio del alcalde, Fermín Tejero se dirigió por escrito a la Fiscalía el 30 de noviembre de 2008.

El escrito de IU considera responsable principal de las irregularidades al arquitecto municipal, Rodríguez Passolas, aunque indica que esas irregularidades no habrían podido llevarse a cabo sin la complicidad y el apoyo del alcalde y el concejal de Urbanismo, el señor García Alabarce.

Según informa IU, Passolas pertenece al Consejo de Administración del colegio inglés desde el 28 de junio de 1996, y a pesar de ello ha intervenido como arquitecto municipal en múltiples ocasiones elaborando informes que siempre beneficiaban a su colegio y perjudicaban al municipio.

El colegio inglés era propiedad municipal, y se vendió a los actuales propietarios con escritura pública el día 19-12-97. (Protocolo 3392). Esa venta se aprobó en Pleno el 6-11-97. La operación de compraventa se refiere a una parcela de 6.000 m2 en la que hay construidos 862,87 metros repartidos así: Sótano: 75,45 m2, Bajo: 356,73 m2, Alto: 430,69 m2.

El encargado de valorar esa propiedad municipal para su venta fue el arquitecto municipal, señor Passolas, que la tasó en 40 millones de pesetas, un precio que el portavoz de IU considera muy por debajo del precio de mercado. El arquitecto ponía precio a una finca que él compraba junto a otros socios como el abogado señor Daza.

La parcela tenía agotada su edificabilidad en el momento de esta compraventa. Sin embargo, en fecha posterior se hace una ampliación en el edificio, que pasa a tener 1.302,13 metros cuadrados más de edificación repartidos en: Sótano: 267,55 m2, Bajo: 626,27 m2, Alto: 408,31 m2. De resultas de esta ampliación, la parcela pasa de 862,87 a 2165 metros construidos.

Según IU, el centro en cuestión ha funcionado más de once años sin Licencia de Apertura. En 2008 se le cesó la actividad por carecer de licencia, pero el cierre no se llevó a cabo. Ni siquiera hubo precinto del establecimiento a pesar de que así lo había acordado la Junta Local de Gobierno. En realidad, este acuerdo de cese de actividad sólo fue una iniciativa para cubrirse las espaldas ante la imposibilidad de escurrir el bulto durante más tiempo.

Fermín Tejero denuncia esta actitud, que contradice las actuaciones llevadas a cabo por el alcalde con otros muchos establecimientos de la localidad a los que se ha obligado a cerrar por cuestiones ridículas. La discriminación es especialmente injusta y ofensiva para el resto de ciudadanos ya que el beneficiado por esta benevolencia del alcalde es el arquitecto municipal.

Finalmente, se concede la licencia de apertura el 9-7-08 en base a un informe del arquitecto técnico D. Francisco García Castillo. Y ahora, en una operación de magia increíble, la parcela ha pasado a ser de 11.025 m2, (frente a los 6.000 iniciales) siendo 2.470 los metros construidos repartidos en: Sótano: 343 m2,  Bajo: 983 m2, Alto: 839 m2. Aulas desmontables: 305 m2.

Según ese mismo informe, a esa edificación habría que añadir las pistas deportivas y el cerramiento. Es decir, si el colegio inglés compró al ayuntamiento una parcela tirada de precio que medía 6.000 metros y tenía 862,87 metros construidos, once años después nos encontramos con una parcela el doble de grande y una edificación que se ha triplicado.

Lo más curioso es que ese crecimiento se ha producido a pesar de que la parcela está rodeada por una calle y linda con las 51 viviendas de Los Pinos que se han hecho famosas por otro grave problema urbanístico. Alguien tendrá que explicar de dónde han salido esos nuevos seis mil metros.

Según informa IU, el ayuntamiento ha abierto a ese colegio varios expedientes urbanísticos por construir sin licencia: 37/02, 103/05, 126/05 y 02/06. De esos expedientes había tres sin cerrar cuando se presentó la denuncia y uno cerrado. El alcalde permitía que esos informes fuesen elaborados por el señor Passolas, que era arte y parte en la cuestión.

Según IU, la apertura de expedientes en este municipio y en otros, más que una prueba de control urbanístico se convierte en muchas ocasiones en una operación pactada con el infractor para frenar otras actuaciones de organismos públicos o judiciales. El expediente urbanístico así utilizado es la excusa perfecta para aparentar una actuación de vigilancia y dejar pasar el tiempo con expedientes abiertos que no se concluyen mientras se consuman las irregularidades.

Estas son las preguntas que Benavides se ha negado a contestar en este juicio que comenzó el 10 de octubre y que celebró el lunes pasado el segundo día de vista.

Benavides, el resto de los acusados y sus testigos se niegan a declarar ante el juez

Benavides, el resto de los acusados y sus testigos se niegan a declarar ante el juez

Granada Hoy

El ex alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados imputado esta vez de un delito contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias, por el que la Fiscalía pedía dos años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a 1997, cuando el colegio International School adquirió al Ayuntamiento de Almuñécar, del que era alcalde Benavides, una finca de 6.000 metros con una edificación en su interior para uso docente. La ampliación de las instalaciones, según la Fiscalía, se inició sin contar con licencia municipal, que mantiene que había una "pactada inactividad de la corporación municipal". En 2005 se iniciaron unas obras mayores en la finca sin licencia municipal y con la connivencia de Benavides, hasta que un particular, ajeno a los hechos, presentó un escrito en el Ayuntamiento quejándose por las obras y luego Ecologistas en Acción también denunciaron estos hechos.

Con puntualidad británica llegó Juan Carlos Benavides al Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, acompañado por su abogado Revelles. En la causa, además del ex alcalde sexitano, están imputados dos arquitectos municipales y el secretario del Consejo de Administración del Internacional School, por distintas irregularidades cometidas en el expediente y en el proceso de concesión de la licencia de obras para la ampliación del citado centro escolar.

El juicio comenzó con algo de retraso (tras tener que cambiar de sala de vistas a las once de la mañana), con una cuestión previa, ya que había pendiente un recurso por la defensa de Benavides, no obstante, el letrado comunicó su intención de desistir, por lo que se pasó a realizar la fase práctica de la prueba.

Contra todo pronóstico, esta fase del proceso duró menos de lo que en principio se esperaba ya que todos los encausados se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. Uno tras otro fueron llamados por el juez y cada uno de los cuatro acusados renunció al derecho recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que se dio por practicada la declaración interrogatoria de los imputados.

Para mayor sorpresa, la práctica de la prueba a los testigos aportados por los distintos abogados de la parte acusada concluyó sin la comparecencia de cuatro de los cinco testigos solicitados. Sólo asistió el ex concejal de Benavides, Emilio González Pavesio, quien también se acogió al derecho a no declarar, lo que causó una gran extrañeza y ante lo que el magistrado señaló que parecía "mucha casualidad que no se presentaran", por lo que advirtió que si ello obedecía a alguna razón oculta abriría diligencias previas.

Así, veinte minutos más tarde, concluyó la prueba testifical aportada por la defensa y se dejó para el martes que viene la de la Fiscalía y la prueba pericial.

Es la segunda vez en esta semana que el que fuera líder de CA se sienta en el banquillo. Ya lo hizo el pasado lunes acusado por un caso de alzamiento de bienes derivado de la causa Tropical Fruits, y por el que la fiscalía pedía dos años y seis meses de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes, una multa de 27.000 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.

Exalcalde de Almuñécar se niega a declarar en juicio por delito urbanístico

Exalcalde de Almuñécar se niega a declarar en juicio por delito urbanístico

EFE

Los cuatro acusados, entre ellos el exalcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides (CA), juzgados por un delito contra la ordenación del territorio se han acogido hoy a su derecho a no declarar.

La defensa ha renunciado a la declaración de los cinco testigos que estaban citados para la vista de hoy, de los que cuatro no se habían presentado.

El juicio continuará el próximo martes con la comparecencia de los testigos aportados por el Ministerio Fiscal, así como con el desarrollo de diferentes pruebas periciales.

La Fiscalía pide para Juan Carlos Benavides dos años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años por un delito contra la ordenación del territorio.

En esta causa también están imputados varios técnicos municipales y el secretario del consejo de administración de Internacional School SA por supuestas irregularidades cometidas en el expediente y en el proceso de concesión de la licencia de obras a esta empresa para la ampliación de su centro escolar.

Según el escrito del ministerio fiscal, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan a 1997, cuando la empresa Internacional School SA adquirió al Ayuntamiento de Almuñécar, del que era alcalde Benavides, una finca de 6.000 metros con una edificación en su interior para uso docente.

La ampliación de las instalaciones se inició sin contar con licencia municipal, según la Fiscalía, que mantiene que había una "pactada inactividad de la corporación municipal"

En 2005 se iniciaron unas obras mayores en la finca sin licencia municipal y con la connivencia de Benavides, hasta que un particular, ajeno a los hechos, presentó un escrito en el Ayuntamiento quejándose por las obras.

Con el "parco" informe favorable del arquitecto técnico municipal, la Junta Local optó por conceder la licencia, que llevó aparejada la posibilidad de ampliar el centro docente.

Benavides vuelve al banquillo por unas obras sin licencia

Benavides vuelve al banquillo por unas obras sin licencia

Granada Hoy

La Fiscalía pide para el ex alcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides dos años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años por un delito contra la ordenación del territorio. En esta causa, que será enjuiciada hoy en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, también están imputados varios técnicos municipales y el secretario del consejo de administración de Internacional School SA por distintas irregularidades cometidas en el expediente y en el proceso de concesión de la licencia de obras a esta empresa para la ampliación de su centro.

Según el relato del escrito del Ministerio Fiscal, Los hechos se remontan a 1997, cuando la empresa Internacional School SA adquirió del Ayuntamiento de Almuñécar, del que era alcalde Benavides, una finca de este municipio de 6.000 metros con una edificación en su interior para uso docente. La ampliación de las instalaciones se iniciaron sin contar con licencia municipal, según la Fiscalía, que mantiene que había una "pactada inactividad de la corporación municipal" Así, en 2005 se iniciaron unas obras mayores en la finca sin licencia municipal y con la "connivencia al respecto" de Benavides, hasta que un particular, ajeno a los hechos, presentó un escrito en el Ayuntamiento quejándose por las obras.

Una nueva campaña contra IDEAL ensucia Almuñécar

Una nueva campaña contra IDEAL ensucia Almuñécar

Ideal

Los carteles de la campaña electoral que piden el voto para este próximo 20N conviven en las calles de Almuñécar con otra campaña sucia e inmoral. La ciudad amaneció ayer -otra vez y ya son varias- plagada de pintadas anónimas y pegatinas con la leyenda ’IDEAL corrupto’.

Nadie en la localidad tiene dudas de que partidarios del exalcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides están detrás de estas pintadas que coinciden con la información que ha ofrecido este periódico sobre los procesos judiciales que el exalcalde de Convergencia Andaluza afronta esta semana.

A juzgar por cómo han dejado las paredes de media Almuñécar, parece que a los autores de las pintadas no les ha sentado bien que IDEAL, cumpliendo con su obligación, informase del juicio que este pasado lunes sentó en el banquillo al exalcalde de Convergencia Andaluza y su esposa, así como al secretario de su partido y exteniente de alcalde Rafael Contreras y su exmujer.

El fiscal mantiene la petición de dos años y medio de cárcel para los cuatro por un supuesto delito de alzamiento de bienes, un proceso judicial que tiene un indudable interés general y periodístico, el único criterio que ha movido y seguirá moviendo a este periódico más allá de cualquier intento de coacción.

Las pintadas ’anónimas’, que ya han ensuciado Almuñécar coincidiendo con otros procesos judiciales anteriores del exalcalde, han vuelto a aparecer en una semana en la que Benavides tiene una segunda cita en el Juzgado Penal Número 1 de Motril. Está citado esta mañana, a las nueve, para otro juicio por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y para el que la Fiscalía pide dos años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años. No es la primera vez

Y, por supuesto, IDEAL seguirá informando de los procesos pendientes con rigor periodístico, igual que lo ha hecho cuando las sentencias absolutorias han favorecido al exalcalde. No es la primera vez, ni mucho menos, que tratan de coaccionar con pintadas y otro tipo de ataques.

El entorno de Juan Carlos Benavides lleva más de cuatro años tratando de perjudicar la imagen de este periódico, ya sea con duras acusaciones en mítines o ya sea difamando a redactores de IDEAL en sus medios afines. Salvo para hacer las pintadas anónimas -en este caso los autores sí se esconden- nunca han ocultado su animadversión por este medio y en numerosas oportunidades, ya sea un juicio o un mitin, han llamado «corrupto» a este periódico al que acusan de desinformar y perjudicar a Benavides para favorecer a las administraciones gobernadas por el PSOE, en una injustificada teoría de la conspiración.

Esta vez los encargados de hacer el trabajo sucio se lo han tomado a pecho y deben haber estado horas trabajando durante la noche, porque no han dejado pared sin ensuciar en Almuñécar. La iglesia de Chinasol, el paseo de Cotobro, el colegio de la Noria, la zona del pabellón deportivo, el paseo de San Cristóbal, la avenida Europa, la calle Real, la iglesia de la China, Alta del mar, el campo de fútbol, el P-4, la plaza Kelibia... han sido objetivo de las pintadas difamatorias.

Esta última ha sido de las campañas más virulentas, según confirmaron los operarios de mantenimiento del Ayuntamiento que ayer se afanaban en limpiar decenas de pintadas de paredes y contenedores. También los quioscos de prensa fueron objetivo de los ataques a IDEAL. A las ocho de la mañana, el propietario de un establecimiento de prensa en pleno centro de Almuñécar hallaba el bidón donde cada mañana el distribuidor le deja la prensa lleno de pegatinas contra IDEAL.

«Ya han vuelto a despertar a la fiera», comentaba el dueño mientras retiraba todas las pegatinas. Como él, fueron muchos los vecinos que ayer condenaban las pintadas y los vendedores de prensa que retiraban unas pegatinas anónimas que poco pueden hacer para dañar el prestigio que esta marca se gana día a día en la calle con duro trabajo, profesionalidad y compromiso con Granada. Agradecemos por último las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas por la redacción de IDEAL para seguir en nuestra demostrada línea de independencia y veracidad al servicio de la ciudadanía, aunque haya a quienes le moleste.

La Fiscalía pide cárcel para exalcalde de Almuñécar por delito urbanístico

La Fiscalía pide cárcel para exalcalde de Almuñécar por delito urbanístico

EFE.- La Fiscalía pide para el exalcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides (CA) dos años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años por un delito contra la ordenación del territorio.

En esta causa, que será enjuiciada mañana en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, también están imputados varios técnicos municipales y el secretario del consejo de administración de "Interrnacional School SA" por distintas irregularidades cometidas en el expediente y en el proceso de concesión de la licencia de obras a esta empresa para la ampliación de su centro escolar.

Según el relato del escrito del ministerio fiscal, al que ha tenido acceso Efe, Los hechos se remontan a 1997, cuando la empresa Internacional School SA adquirió del Ayuntamiento de Almuñécar, del que era alcalde Benavides, una finca de este municipio de 6.000 metros con una edificación en su interior para uso docente.

La ampliación de las instalaciones se inició sin contar con licencia municipal para ello, según la Fiscalía, que mantiene que había una "pactada inactividad de la corporación municipal"

Así, en 2005 se iniciaron unas obras mayores en la finca sin licencia municipal y con la "connivencia al respecto" de Benavides, hasta que un particular, ajeno a los hechos, presentó un escrito en el Ayuntamiento quejándose por las obras.