Marbellécar

Juicio a Benavides por un supuesto alzamiento de bienes

Costadigital

Tras varios aplazamientos, este lunes ha tenido lugar el juicio, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, sobre el supuesto alzamiento de bienes que el anterior alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, realizó cuando se separó de su mujer en julio de 2005. También, en el mismo caso, se encuentra encausados el ex secretario local de Convergencia Andaluza, Rafael Contreras, y las ex esposas de ambos.

Según señala el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, los dos matrimonios acordaron "en connivencia" y de mutuo acuerdo iniciar sendos procedimientos judiciales en el mes de julio de 2005 con el ánimo de eludir las responsabilidades civiles derivadas de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Motril, que los condenaba por las supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de hortofrutícolas 'Tropical Fruit', controlada por el Ayuntamiento, al pago de una indemnización de más de 1,4 millones de euros, más los intereses y las costas -unos 3,4 millones de euros en total-. Así, según el fiscal, los procesados se aseguraban "obligaciones inembargables" que aminoraran su patrimonio en detrimento de los acreedores.

Concretamente, los dos matrimonios presentaron en los Juzgados de Almuñécar y en la misma fecha, el 22 de julio de 2005, la demanda de separación, que establecía la necesidad de pasar una pensión alimenticia a los hijos, a pesar de que éstos eran en los dos casos "mayores de edad, estaban emancipados, vivían de forma independiente y poseían recursos económicos suficientes". Así, Contreras y su esposa tendrían que consignar 1.000 euros mensuales a sus hijos (500 por cada uno de ellos) y Benavides y la mujer un total de 2.300 (1.150 para cada uno), trámites que, para el fiscal, tenían una "finalidad defraudatoria".

No habían transcurrido dos meses cuando los abogados de las ya ex esposas, también el mismo día, el 9 de diciembre de 2005, solicitaron una retención judicial de la pensión alimenticia, si bien las peticiones no llegaron a hacerse efectivas al acordarse la suspensión del procedimiento en ejecución por "prejudicialidad penal".

Así, para el Ministerio Público, los cuatro acusados actuaron "en connivencia" y establecieron una pensión "de forma ficticia". Además, las esposas solicitaron "la retención en origen de los emolumentos que percibían y su ingreso en una cuenta bancaria" con la "última finalidad" de "detraer la referida cantidad mensual de las responsabilidades civiles a que estaban obligados, generando así nuevas obligaciones inembargables para impedir la eficacia de un procedimiento ejecutivo de previsible iniciación a la fecha de los hechos".

Por esta razón, el juzgado de Instrucción número 2 de Almuñécar abrió en marzo de 2006 diligencias después de que la Fiscalía de Granada denunciara al regidor por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes.

Pero este lunes ha tenido lugar el juicio, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, en el que los cuatro acusados han estado respondiendo a preguntas para conocer si las separaciones fueron por otros motivos que no fuese los indicados por la fiscalía.

Según agencias, ambas mujeres han declarado que se separaron de sus maridos, una porque "no estaba de acuerdo en que su marido se dedicase a la política", en el caso de la ex mujer de Contreras y la otra porque era duro, ante ciertas circunstancias "ser la mujer de Benavides" en el caso de la esposa actual del ex alcalde.

La fiscalía mantiene la petición de dos años y medio de cárcel para Juan Carlos Benavides y su mujer y para Rafael Contreras su ex mujer por un delito de alzamiento de bienes.

Por su parte, la defensa de los cuatro acusados ha mantenido la inocencia por considerar que no existen pruebas de cargos para condenarlos, al no haberse podido determinar que haya existido una ocultación de bienes.

Ha mantenido también que la separación de ambas parejas fue "real" y basada en problemas particulares que tenían en esos momentos, y ha pedido que el informe policial sea anulado ya que sus conclusiones están basadas en unas grabaciones telefónicas realizadas a los acusados que han sido anuladas al no ser localizadas.

Ha apuntado también que este informe es "anacrónico" al realizarse en fecha posterior a la reconciliación de Juan Carlos Benavides con su esposa. Sobre las pensiones establecidas, han defendido que éstas eran administradas por la mujer de Benavides para hacer cargo a diferentes gastos de la casa. El juicio, que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, ha quedado visto para sentencia.

La Junta asegura que tiene dificultades para concluir la tramitación del Bahía Fenicia

Cuando dijimos hace un par de meses que Benavides había dado la licencia de obras del Hotel Bahía Fenicia saltándose la normativa con el único objetivo de que la opinión pública pensara que era él quien había sacado adelante ese proyecto, en algunos medios nos dijeron alarmistas o embusteros. Hoy, todos los periódicos recogen las palabras de la portavoz de la Junta y de la alcaldesa: la licencia se dio mal, y aún hoy día está el tema sin resolver. ¿Por qué? Porque el proyecto que ha recibido la Junta no reúne los requisitos mínimos que ha de tener un hotel, no ya de siete ni de cinco estrellas, sino cualquier hotel. La documentación remitida a la Junta, el proyecto que aprobó Benavides, se parece más a una urbanización de apartamentos que a un hotel. Y mientras eso no se arregle, lógicamente, no puede desbloquearse.

Granada Hoy

Aunque la Junta de Andalucía se ha encontrado con problemas a la hora de tramitar la licencia de construcción del Hotel Bahía Fenicia -el primero de Europa que tendría la catalogación simbólica de siete estrellas-, su máxima responsable en la provincia, María José Sánchez, expresó ayer su voluntad de que salga adelante el proyecto pero "con todas las licencias legales". La situación de este establecimiento fue uno de los asuntos que se trató ayer en Almuñécar en la reunión mantenida entre cuatro delegados de la Junta en Granada y el equipo de gobierno sexitano.

La delegada del Gobierno, María José Sánchez, encabezó la comitiva que se desplazó hasta el Ayuntamiento costero acompañada por sus pares de Turismo, Medio Ambiente y Educación. Allí mantuvieron un encuentro con la alcaldesa, Trinidad Herrera, y el resto del gobierno municipal, en el que abordaron diferentes cuestiones que competen a ambas administraciones.

La más destacada ha sido el expediente del Hotel Bahía Fenicia, sobre el que Herrera explicó que "se dio una licencia prematura sin los informes preceptivos, por lo que ahora estamos cumplimentando esa tramitación administrativa previa, que es lo que se debía haber hecho antes de conceder la licencia". La regidora expresó su deseo de que "ese proyecto vea la luz lo antes posible siempre cumpliendo la legalidad, porque no queremos sorpresas posteriores".

En la misma línea, Sánchez señaló que desde la Junta "estamos encontrando dificultades a la hora de poder concluir la tramitación de la licencia del Bahía Fenicia porque no contamos con los informes preceptivos". Así, le transmitió a la alcaldesa "nuestro compromiso de que en el caso de que, por las razones que sea, no se pudieran cumplir los plazos, si tenemos que impugnar la licencia, una vez que se documente retiraríamos la impugnación". La delegada aseguró que "queremos que salga este proyecto pero con licencias legales, no queremos tener que vivir experiencias similares a las que se han dado en la costa de Almería".

En la reunión, los delegados le confirmaron al Ayuntamiento que en 2012 se incluirá en los presupuestos la partida económica de la declaración de Almuñécar como Municipio Turístico, "que ayudará mucho a la mejora y promoción de la imagen que se transmita al exterior", según explicó María José Sánchez. Y añadió que lo mismo pasará con los proyectos de la ITS de la Costa Tropical, que son en su mayoría de Almuñécar, "con colaboraciones compartidas muy interesantes".

La reunión sirvió además para tratar los asuntos pendientes con Medio Ambiente para la aprobación del PGOU, así como posibles ayudas para el mantenimiento del parque de Peña Escrita, que según la alcaldesa se encuentra "en una situación insostenible". También se abordaron asuntos como la Ley de Dependencia y la Ayuda a Domicilio.

Nuevo escándalo en la recaudación de Almuñécar: IU destapa embargos y cobros de recibos prescritos

Tras la denuncia sobre el cobro por parte de la empresa de recaudación de costas inexistentes en los embargos de cuentas, el grupo municipal de IU destapa una nueva ilegalidad en la gestión de la recaudación de Almuñécar: se están cobrando recibos prescritos y, lo que es más grave aun, están embargando cuentas corrientes por recibos que están prescritos y deberían haberse dado de baja.

Este hecho es de una tremenda gravedad y pone de manifiesto que la gestión de la recaudación de Almuñécar está fuera de control desde que se puso en manos de una empresa privada. El Ayuntamiento debe coger las riendas de esta situación para evitar que se sigan cometiendo ilegalidades contra los ciudadanos y perjuicios al propio consistorio.

Según dispone el artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la prescripción de los recibos y multas se aplicará de oficio por la propia administración. Eso no se ha hecho en Almuñécar. Los recibos prescritos no se han dado de baja y se están cobrando incluso con embargos.

La Ley General Tributaria dispone que la prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que ya se haya pagado la deuda tributaria. Por tanto, el Ayuntamiento debe devolver a los contribuyentes lo que les ha embargado o cobrado de forma ilegal sin que éstos tengan que solicitarlo.

IU denuncia también que mientras se cobran de forma generalizada los recibos prescritos, la misma empresa que lleva la recaudación ha dado de baja recibos y multas prescritas a determinados contribuyentes que han tenido más suerte o más influencia.

Dado el alcance y consecuencias de los hechos denunciados, Izquierda Unida ha solicitado a la alcaldesa que dé traslado de los hechos a la Fiscalía para que inicie los trámites legales pertinentes si aprecia delito en los hechos denunciados.

Igualmente, el grupo municipal de IU ha pedido de nuevo a la alcaldesa que retenga los pagos que haya pendientes de abonar a la empresa de recaudación y que, tal y como marca la Ley, devuelva de oficio a los contribuyentes lo que les han cobrado o embargado ilegalmente.

IU destapa los cobros y embargos ilegales realizados por la empresa concesionaria de la recaudación de Almuñécar

El grupo municipal de IU ha comprobado que la empresa de recaudación Ferroser-Recam está incluyendo costas inexistentes en los embargos. Valiéndose del desconocimiento de los ciudadanos, esta empresa incluye cantidades que van de los 20 a los 50 ó 60 euros ilegales en cada embargo. Esa cantidad se camufla como “costas” y supone un ingreso extra para la empresa de recaudación ya que el contrato que tiene con el Ayuntamiento recoge que las costas son para la empresa concesionaria.

Los empleados de la empresa de recaudación dan explicaciones tan farragosas como falsas a los contribuyentes que preguntan por las costas. En unos casos dicen que son “gastos de correo”. En otros, que cada diligencia de embargo “genera 8,75 € de costas”. A quien insiste en pedir explicaciones le dicen que “es un error de la máquina”, “que eran costas presupuestadas” o “que esto viene de Madrid”... y entonces, para evitar reclamaciones, sí devuelven los importes embargados ilegalmente.

La cosa no queda ahí. Desde que esta empresa empezó a gestionar la recaudación, ha enviado cartas de pago por correo ordinario para exigir el pago de recibos que estaban fuera de plazo. En esas cartas de pago también se incluían costas ilegales. En muchos casos, los recibos que se reclamaban ni estaban incursos en expedientes de apremio ni habían sido notificados.

El montante que ha cobrado ilegalmente la empresa de recaudación por el concepto de costas desde 2009 puede ascender a decenas de miles de euros. Este asunto no debe quedar en un frívolo acuerdo de devolución sino que debe llegarse hasta el fondo porque la actuación ilegal de la empresa ha causado un perjuicio a miles de ciudadanos y ahora va a suponer un problema para las arcas municipales, ya que el ayuntamiento va a tener que devolver esas cantidades a los contribuyentes afectados.

La formación de izquierdas ha solicitado a la alcaldesa que de forma inmediata se interrumpan los embargos de cuentas corrientes y se proceda al bloqueo de los pagos pendientes a la empresa privada de recaudación. Asimismo, IU ha pedido una relación de todas las costas cobradas desde el año 2009 y su correspondiente factura, tal y como dispone el R.D. 939/2005 en su artículo 115.3 y que se interpongan los trámites judiciales pertinentes a fin de determinar las responsabilidad de los embargos y cobros ilegales.

De igual manera Izquierda Unida recomienda a todos los contribuyentes que han pagado recibos con costas y a los que se les ha embargado la cuenta que pidan en la oficina de recaudación que les desglosen la deuda en los conceptos de: principal, recargo, intereses de demora y costas. Los contribuyentes deben exigir, con respecto a las costas, que les muestren las facturas o minutas de dichas costas, tal y como dispone el Reglamento de Recaudación, y si no les justifican esos cobros, que presenten la reclamación o denuncia por el cobro o embargo ilegal.

El Tribunal Supremo condena a Almuñécar por multiplicar de forma ilícita sus hoteles

Carlos Morán. Ideal

No todo vale para lograr convertirse en una potencia turística. Es lo que ha venido a decirle el Tribunal Supremo al Ayuntamiento de Almuñécar en una reciente sentencia que aborda un caso concreto, la conversión ilegítima de una zona verde en suelo hotelero, pero de la que emana una lección general: un consistorio no puede servirse del ’truco’ de ir encadenando sucesivas modificaciones puntuales para cambiar su plan de ordenación urbana (PGOU).

Dicha práctica ha sido muy habitual en la ciudad sexitana en la última década. De hecho, en la resolución en cuestión, el Alto Tribunal anula uno de esos retoques teóricamente ’puntuales’, pero lo relaciona con otros dieciocho más -la suma total tras unos diez años de urbanismo feroz en Almuñécar rondaría el centenar y medio-.

Es decir, que la excepción era la regla y el PGOU original, con tanto parche, acababa totalmente ’desnaturalizado’.

El ex alcalde dio licencia de obras del hotel del Peñón del Lobo a pesar de que infringía la legislación

La Consejería de Gobernación requirió el día 30 de junio al ayuntamiento para que anule la licencia de obras pedida para construir un hotel de cinco estrellas en el Peñón del Lobo. El motivo no es otro que el hecho de que esta licencia la dio el ex alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, infringiendo la legislación.

Según se explica en el requerimiento enviado al ayuntamiento, ‘De conformidad con el artículo 31. bis de la Ley de Turismo de Andalucía, el proyecto de obras debe contar con la autorización de la Consejería de Turismo con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras. Como quiera que dicha licencia se ha concedido el 18 de mayo y el 20 de mayo esta Delegación Provincial hizo un requerimiento de subsanación del proyecto al promotor de las obras queda claro que dicha licencia no cuenta con la autorización previa de la Junta de Andalucía. Asimismo, mediante oficio de 20 de mayo, ponemos en conocimiento del Ayuntamiento de Almuñécar del informe desfavorable al proyecto de obras del promotor del hotel’.

A juicio del portavoz de IU, del expediente examinado se desprenden varias conclusiones:

Primero, que en toda la documentación presentada por la promotora se habla de un hotel de cinco estrellas. No hay un solo documento oficial en el que se mencione la categoría, por otra parte inexistente, de siete estrellas. Lo de las siete estrellas es simple propaganda que no tiene ningún reflejo en la realidad.

Segundo, que el proyecto presentado tiene tantas ambigüedades y lagunas que la Consejería de Turismo no ha podido darle el visto bueno como hotel de cinco estrellas. El informe de Turismo detalla una cantidad importante de requisitos que ha de cumplir un hotel de cinco estrellas y que en la documentación presentada ni aparecen ni se justifican .

Tercero, ni siquiera queda claro que el proyecto se ajuste a la definición de un hotel, en el sentido de establecimientos que ocupan totalmente unos edificios y disponen de entradas, ascensores y escaleras exclusivos del hotel. Tal y como está el proyecto bien podrían ser 180 apartamentos que comparten algunos servicios, como es el caso de Chinasol por ejemplo.

Por esos motivos, Turismo ya comunicó al ayuntamiento y a la promotora el 20 de mayo que ‘hasta que no sea recabada y remitida la documentación completa, se informa la clasificación del establecimiento hotelero DESFAVORABLE.’

Por otro lado, no existe hasta el momento un Informe Geotécnico completo sino sólo un estudio geotécnico preliminar. Dada la problemática existente en Cármenes del Mar, Citalsol y Marina del Este, es necesario que antes de dar un paso más se asegure la estabilidad del terreno mediante un estudio profundo y riguroso.

Otra de las irregularidades del expediente es que, existiendo un informe del Ingeniero Técnico Industrial, José Luis González Antía, en el que pone de manifiesto numerosas ambigüedades del proyecto, cuando la empresa presenta un anexo que supuestamente da contestación al informe, no existe otro informe del citado ingeniero dando por bueno el anexo sino que se incorpora al expediente un informe firmado por otro técnico diferente, el señor Julio Roldán. Para evitar cualquier sombra de duda, el informe en el que se hace constar que las anomalías han sido subsanadas debería estar firmado por el mismo que detectó las anomalías y no por otra persona.

Del estudio de la documentación presentada se desprende también que hasta la fecha la promotora solo ha presentado un Proyecto Básico y se hace constar en la licencia la imposibilidad de comenzar las obras sin un Proyecto de Ejecución. Dada la complejidad de un proyecto en el que se habla de planta sótano, semisótano, baja y nueve plantas más, se hace necesario que se aporte una maqueta para poder hacerse una idea realista acerca del impacto final de la edificación. Es esta una medida que ya aprobó hace unos años el ayuntamiento para evitar problemas sobrevenidos y que en un caso como éste está más que justificada.

Tanta precipitación al dar la licencia cuatro días antes de las elecciones, con todos los informes hechos en los días previos de bulla y corriendo demuestra que el anterior alcalde pretendía básicamente hacer política de la mala con un tema tan importante. Lo cierto es que el ex alcalde, que ya ha permitido en esa zona desmontes y obras ilegales, concedió en tiempo record una licencia irregular. Si el proyecto no sale adelante porque la promotora es incapaz de acreditar el cumplimiento de la normativa, el responsable es el ex alcalde. Si finalmente el proyecto del hotel del Peñón del Lobo se lleva a cabo, será porque la promotora cumpla con los requisitos e informes necesarios y gracias a las gestiones de la propia promotora y el nuevo equipo de gobierno.

IU pide acabar con privilegios en el aparcamiento

Desde hace varias legislaturas el ayuntamiento viene tomando el acuerdo de reservar plazas en el parking del mercado para los concejales sin coste alguno para los mismos. Hace pocos días se nos ha pedido a los concejales de IU que demos los datos de nuestros vehículos para proporcionarnos las mencionadas credenciales.

Como ya ocurrió en la anterior legislatura, hemos vuelto a rechazar esa tarjeta porque entendemos que  es un privilegio que hay que desterrar. Desde el grupo municipal de IU pedimos al equipo de gobierno que acabe con esta práctica y retire todas las credenciales de parking gratuito extendidas a concejales.

También esperamos del nuevo equipo de gobierno que anule inmediatamente las singulares tarjetas que el gobierno de Convergencia repartió sin criterio legal conocido a los concejales y personas de su entorno para que aparcasen gratis en cualquier parte del municipio, incluida la zona azul y la carga y descarga, sin riesgo de que fuesen multados.

Esas prácticas indignan, con razón, a los ciudadanos, porque más allá del valor económico de esas medidas, implican un privilegio que no se justifica. Es verdad que los concejales tenemos que ir con mucha frecuencia al ayuntamiento y que el parking del mercado es una solución magnífica, pero eso mismo podrían decir todas las personas que trabajan en el mismo mercado o en los comercios cercanos o cualquier persona que va a hacer alguna gestión en el centro del pueblo. En nuestra opinión, esas medidas deben terminar porque los concejales tenemos que aparcar donde se pueda y con las mismas condiciones que cualquier ciudadano.

Benavides encargó a un empleado del ayuntamiento que le hiciera los planos para su chalé de Marruecos. Poco después, despidió a este trabajador

IU atribuye a la mala gestión de Benavides el hecho de que el pueblo vaya a perder 400.000 euros

Según se nos ha informado desde el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Almuñécar va a dejar de percibir a partir de septiembre los 390.000 euros mensuales que recibe a cuenta de la participación en los Tributos del Estado.

El motivo de esta pérdida de ingresos es el de no tener liquidadas las cuentas de 2008, 2009 y 2010.

Como bien sabe el equipo de gobierno saliente, es obligatorio cerrar las cuentas el 31 de marzo del año siguiente pero esta actividad legalmente exigida a todos los consistorios parece que no iba con Benavides y su equipo.

La cuenta de 2008 se acaba de cerrar y se nos ha entregado hoy mismo a los grupos municipales. Si no se actúa contra reloj, el año siguiente volverá a ocurrir lo mismo porque resulta que antes de abril de 2012 deberían estar cerradas las cuentas de 2009, 2010 y 2011, algo que parece realmente difícil de lograr salvo que se dediquen al departamento de Intervención y Tesorería más efectivos humanos de los que tiene en la actualidad.

Esta negligencia, que tan cara nos va a salir a los ciudadanos, es una más de un personaje que ha sido calificado por algunos como buen gestor cuando en realidad no ha sido más que un alcalde pasota más preocupado por los viajes y el protocolo.

El incumplimiento del anterior equipo de gobierno supone un duro golpe a una economía municipal ya de por sí bastante maltrecha como demuestran las interminables colas de pequeños empresarios y suministradores de servicios que piden al nuevo equipo de gobierno el abono de facturas pendientes desde hace más de cuatro años en algunos casos.

El derroche del anterior equipo de gobierno, unido a una descuidada gestión de la hacienda municipal y a un gasto muy por encima de los ingresos puede poner en grave peligro el futuro del municipio por lo que se impone cuanto antes la realización de una auditoría que clarifique ante la ciudadanía la situación real de la hacienda municipal.

Así se resuelven las construcciones ilegales de los amigos

Acta de la Junta de Gobierno del 6 de junio (equipo de gobierno en funciones que debe limitarse a sacar adelante lo que no admita demora)

Informe del Jefe de la Sección Administrativa de Urbanismo, de fecha 31 de mayo de 2011, en relación con el Expte. de Disciplina Urbanística núm. 018/2011, D. Antonio Barné Ligero, siguiente:

Se disponía de licencia de obras para ejecución de almacén agrícola de 147,60 m2, pero se ha ejecutado de 278 m2 mediante la demolición de dos cerramientos y ampliación de la nave, cubriendo la ampliación con chapas y perfiles metálicos.

Se ha realizado dentro de la nave una entreplanta para habitación de 6,70 m2 con acceso mediante escalera metálica, sin contar con licencia.

Se ha ejecutado dentro de la parcela una habitación, con uso vividero, con salón con cocina americana, baño y dormitorio, de unos 60 m2 en total y sin contar con licencia para ello.

Junto a la anterior habitación de han ejecutado dos cobertizos (pérgolas techadas)  de 16,75 y 13,35 m2 respectivamente, sin licencia para ello.

Se ha ejecutado una habitación adosada a la nave de unos 12 m2 destinada a perrera, sin licencia para ello.

Se ha ejecutado una piscina de 9 metros de larga por 4 de ancha y dos de profundidad media.

Se han realizado en la parcela muretes de ladrillo visto, solado y obras de urbanización de la misma, también sin licencia.

En la parte posterior de la nave se ha ejecutado un gallinero de con elementos metálicos.

Las citadas obras se han ejecutado sin ajustarse a la licencias Municipales concedidas, al superar la nave realizada la superficie aprobada, así como carecer parte de las mismas de la preceptiva licencia municipal

Se ha modificado el uso de la nave previsto tanto en la utilidad publica aprobada en su día como lo recogido en la licencia municipal, al estar utilizándose la misma para guardar enseres propios de las labores de la empresa del Sr. Barné Ligero (Ruedas para camiones y máquinas, herramientas de todo tipo, compresor, remolque, depósitos de combustible.

La autorización de utilidad pública lo fue para almacén hortofrutícola.

De acuerdo con el art. 181 de la LOUA, a la vista de que se está realizando un uso del suelo no autorizado, al destinar la nave almacén ejecutada no a la actividad hortofrutícola sino a guarda de maquinaria, así como al constatarse la existencia de obras y construcciones sin licencia o que no se ajustan a las concedidas, una vez incoado el procedimiento, procede:

1º Ordenar el cese el uso que se viene dando a la mencionada nave, que no se corresponde con el autorizado por el Pleno en fecha 18 de Enero de 2.000, y advertir al interesado que en caso de no atenderse a la orden de suspensión del uso que se vienen dando a al suelo que ocupa la nave, se podrá proceder a su precinto.

2º Emisión por los Servicios Técnicos Municipales de informe sobre el carácter legalizable o no de cada una de las obras ejecutadas sin licencia o sin ajustarse a las licencia o autorizaciones concedidas, al objeto de que se requiera al interesado para que reponga la realidad alterada, de acuerdo con el art. 183 de la LOUA o inste la legalización de estas construcciones e instalaciones en caso de ser posible la misma de acuerdo con el art. 182 de la LOUA.

Por el Arquitecto Técnico Municipal, se ha emitido informe sobre los puntos que antes de ha descrito, y en el que señala:

“Son legalizables 147, 60 m2 de nave, si el uso se destina al de hortofrutícola como en su día se le otorgó licencia de obra por utilidad pública.”

También son legalizables: “Vallados perimetrales y muros de contención de tierras, respetando alineaciones oficiales”

No son legalizables: “Edificaciones destinadas a vivienda, ampliaciones de nave sin utilidad pública, piscina y obras de urbanización, por estar en suelo no urbanizable de protección de cultivos”

El valor de las obras legalizables se fija en 12.000 euros, y el de las no legalizables en 120.000 euros.

El interesado presenta recurso de reposición.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado por el Sr. Barné Ligero frente al acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25 de Marzo de 2.011, anulando la orden de demolición de las obras e instalaciones ejecutadas, salvo la de la pérgola lateral no legalizable de 13,25 m2 respecto a la cual se mantiene la orden de demolición acordada con las consecuencias indicadas en el acuerdo de 25 de Marzo de 2.011.

Excluir del procedimiento de disciplina urbanística las obras expresadas en el punto anterior y que han de quedar en situación de fuera de ordenación, continuando únicamente respecto a la pérgola lateral de 13,25 m2.

SEGUNDO.- Declarar en situación asimilada a la de fuera de ordenación las obras consistentes en almacén de uso agrícola; vivienda de 60 m2, piscina y obras de urbanización, así como perrera, sin techar, y el gallinero, por haber transcurrido el plazo de reacción administrativa previsto en el art. 185.1 de la LOUA.

Es decir, se abre un expediente de disciplina urbanística a un amigo para evitar otras actuaciones legales emprendidas por un ciudadano. Dado que las elecciones dan un vuelco electoral, se concluye deprisa y corriendo para evitar que el expediente llegue abierto a la nueva corporación y pueda terminar mal.

Como las obras ilegales tienen más de cuatro años, ni se sanciona ni hay demolición. Todo lo contrario que en decenas de expedientes urbanísticos en los que se persigue con saña a los ciudadanos aunque se trate de obras con más de treinta años de antigüedad.

Por eso, cada día se reciben en la sede escritos de ciudadanos indignados que contemplan como en Almuñécar, hasta ahora al menos, había dos varas de medir bien distintas para analizar las infracciones urbanísticas.

Los votos no han permitido que la zorra vuelva a cuidar de las gallinas

La extensa sentencia del Juzgado de lo Social de Motril de 23 de junio pasado, de más de 20 folios, declara la nulidad del despido de la trabajadora María del Carmen Prados López, por vulnerar el anterior Gobierno Municipal el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de indemnidad, esto es, sanciona con la obligada readmisión de la trabajadora a su anterior puesto de trabajo por apreciarse en sede judicial que el despido no fue otra cosa que un acto de represalia de la anterior Corporación Municipal ante las reclamaciones en sede administrativa y judicial de la Sra. Prados como consecuencia de ser víctima de acoso laboral.

Apoyándose en una anterior resolución judicial que si bien no estimó conculcación de derechos fundamentales dejó incólume los hechos probados de la sentencia de instancia que revocaba, asume la totalidad de este relato fáctico que se inicia ya en el año 2.004 y que describe de manera minuciosa el calvario al que ha sido sometida esta trabajadora.

Se narra el continuo cambio de funciones y se centra en concreto en el traslado a un puesto de trabajo de información al ciudadano extranjero en condiciones vejatorias y denigrantes que menciona la sentencia última. Hace alusión la sentencia de la apertura contra esta trabajadora de 12 expedientes disciplinarios y la denuncia que formula ésta ante la Inspección de Trabajo por acoso laboral. Este organismo levanta Acta contra el Ayuntamiento por infracción muy grave por estos hechos que configura un acoso laboral.

Describe, asimismo, un anterior despido y la anulación de éste y de otras sanciones por el Ayuntamiento, volviendo el anterior Gobierno Municipal a destinarla en un puesto de trabajo carente de contenido productivo y en condiciones indignas y discriminatorias respecto de la de otros operarios.

Estima por tanto la Juzgadora que “la decisión extintiva del Ayuntamiento constituye una represalia frente a la conducta litigiosa de la trabajadora frente a las distintas modificaciones de funciones y otras condiciones de trabajo operadas por la parte empleadora, modificaciones que han continuado con posterioridad”.

Se trata de una sentencia muy semejante de aquella otra en la que también se resolvió la nulidad del despido del trabajador Jesús Ruiz Álvarez de 30 de marzo pasado, en la que también se estimó que su despido constituía un acto de represalia contra el trabajador por haber reclamado el pago de sus salarios.

Este nuevo varapalo judicial al ex alcalde Sr. Benavides pone de manifiesto ese aspecto de resentimiento que alberga su compleja personalidad psíquica, siempre dispuesto a reprimir a todo aquel que ante su presencia o cercanía no procede a realizar ejercicio alguno de genuflexión.

Con todo, lo que resulta más grave es que estas manifestaciones de ojeriza, que siempre caracterizaron al anterior regidor municipal, las realice quien ocupa un puesto de representación que se obtiene por votación popular y que accede a ese cargo de representación previo juramento o promesa de acatar, cumplir y hacer cumplir con los derechos fundamentales que recoge la Constitución.

En esta última contienda electoral, los votos no han permitido que la zorra vuelva a cuidar de las gallinas.   

Benavides vulneró los derechos fundamentales de una trabajadora a la que ha despedido en varias ocasiones

El Juzgado de Motril declara nulo el despido de una trabajadora del Patronato de Turismo y del ayuntamiento de Almuñécar. La sentencia deja claro que se han vulnerado los derechos fundamentales de la despedida María del Carmen Prado López

El fallo dice textualmente:

Debo declarar y declaro la nulidad del despido de la actora producido con efectos del día 12 de febrero de 2011, imponiendo al Excmo Ayuntamiento y al Patronato de Turismo la obligación de readmitir a aquella en las condiciones laborales anteriores al despido, así como al abono de los salarios dejados de percibir, a razón de 69,11 euros al día desde la fecha del mismo y hasta la notificación de la presente resolución

El Ayuntamiento de Almuñécar, condenado por vulnerar los derechos constitucionales de un trabajador

Ideal

El Ayuntamiento de Almuñécar, presidido por Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), ha sido condenado por vulnerar los derechos constitucionales de un trabajador municipal. El Consistorio echó a la calle al citado empleado a finales del pasado año 2010. Disconforme con aquella medida, acudió a los tribunales. Y la Justicia le ha dado la razón. Una jueza de lo Social de Motril ha dictado una sentencia que obliga a la corporación sexitana a readmitir al perjudicado.

El Ayuntamiento tendrá también que pagarle los salarios que dejó de percibir tras su despido, que el juzgado ha considerado nulo: entiende que la decisión de la Corporación sexitana de prescindir de los servicios del trabajador carece de validez legal. La razón: el Ayuntamiento rompió la relación laboral por el mero hecho de que el demandante reclamó una cantidad de dinero que, según su criterio, le adeudaba la mentada administración, esto es, por ejercer un derecho. Y nadie puede ser despedido por eso. «De la simple lectura de dicho escrito se desprende que la extinción de la relación a instancias del Ayuntamiento empleador se realizó sin otra motivación que la reclamación de cantidad que el actor –el empleado despedido– efectuó frente al Consistorio por salarios (...). Por lo tanto, es obvio que nos encontramos ante un despido nulo», detalla la sentencia.

En otras palabras, que la Corporación sexitana vulneró el artículo 24 de la Constitución española, un precepto que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, «en su vertiente de indemnidad». La propia sentencia, citando al Tribunal Constitucional, aclara el significado de este último término. «En el campo de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar represalias derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como radicalmente nula».

IU llama cobardes a los personajes que inundan el pueblo de panfletos anónimos llenos de calumnias, mentiras e injurias

No contentos con ensuciar el pueblo con pintadas insultantes hacia un medio de comunicación, un grupo de cobardes que no se atreven a dar la cara, han dado un paso más en esta sucia estrategia y ahora llenan los buzones y los parabrisas de los coches de panfletos anónimos insultantes y calumniadores en contra de algunos candidatos.

El primero de la serie lo dirigieron al PP al difundir masivamente por el pueblo una octavilla anónima en la que ironizaba acerca de la política de pactos de este partido. Pocos días después apareció el pueblo sembrado de octavillas pretendidamente ingeniosas en las que se hacía un juego ridículo de palabras entre el eslogan del PP y las imágenes de los candidatos de IU y PSOE.

Por último, han aparecido en el pueblo unas octavillas calumniosas y embusteras en las que pretenden desprestigiar al candidato y al coordinador local de IU. Es posible que estas últimas octavillas sean una torpe respuesta a una revista de IU en la que se pone de relieve la generosidad con la que son retribuidos nuestro alcalde, nuestros concejales y los cargos de confianza elegidos por Benavides. La diferencia entre ambas informaciones es bien clara: nuestra hoja va firmada y con datos ciertos extraídos del presupuesto municipal de 2010 mientras que esos panfletos calumniosos van sin firmar y sólo cuentan mentiras y calumnias.

No es la primera vez ni será la última que unos ciudadanos cobardes y embusteros utilizan el panfleto anónimo para hacer política de la sucia. No hace ni dos años que aparecieron en el pueblo unas octavillas en las que se utilizaban delictivamente las siglas del PSOE para intentar que este partido apareciese como autor de una campaña agresiva contra Benavides.

La mentira ha sido utilizada profusamente en esta campaña. El periódico oficioso de un grupo de vividores de la política habla esta semana de una reunión falsa mantenida en un lugar inventado para tratar de un tema supuesto y con unos acuerdos tan falsos como todo lo anterior. Pero como son tan cobardes y ellos saben que sus mentiras podrían traerles problemas, hablan de reuniones que ‘podrían’ haberse celebrado y de acuerdos que ‘podrían’ haberse alcanzado.

Es evidente que algunos están muy nerviosos antes el resultado de estas elecciones. Hay un grupo de poder que tiene un miedo cierto a que Izquierda Unida suba de forma importante en estas elecciones. Están convencidos de que los actuales gobernantes van a bajar y sólo les queda saber cuánto, si tendrán suficientes votos para seguir gobernando con una minoría aún más exigua que la de esta legislatura y, sobre todo, si algún partido les va a necesitar en la Mancomunidad o en la Diputación, algo que les ayudaría a seguir otros cuatro años manteniendo el chiringuito de amigos y prebendas en una ciudad en la que hay más de 3.000 parados mientras el dinero público se derrocha en proyectos ruinosos como Peña Escrita y en sueldos indecentes.

Están nerviosos y nosotros nos alegramos porque eso indica que Almuñécar está a punto de protagonizar un importante cambio. También aquí, como en la Puerta del Sol de Madrid, hay muchos ciudadanos indignados que apuestan por otra forma de hacer política y de gestionar los recursos públicos.

IU acusa a Benavides de negligencia ante los movimientos del terreno en diversas partes del municipio

Después de que se haya negado por activa y por pasiva la peligrosa situación del terreno en diversas partes del municipio, la realidad ha podido más y ya podemos ir los ciudadanos conociendo más datos acerca del serio problema que hay en varias partes del municipio: Citalsol en Almuñécar; Cerro Gordo, Marina del Este y Barranquillo en La Herradura.

Por otro lado, ya vamos teniendo más datos acerca del coste económico que nos está suponiendo a los contribuyentes esta situación.

Sólo en las actas de marzo y abril que han estudiado el tema se ha acordado por parte del equipo de gobierno el desembolso de 32.429€ más IVA desglosados de la siguiente manera:

6.599€ es el gasto de contratar por dos meses un gabinete de expertos en deslizamientos.

6.000€ nos cuesta un informe sobre el deslizamiento de Citalsol encargado a un ingeniero experto en geotecnia llamado Luis Sopeña Mañas. Al mismo ingeniero se le ha encargado un informe sobre el deslizamiento en Cerro Gordo. Este informe nos cuesta 10.030€. Por último, también se le ha encargado a Luis Sopeña un informe sobre Marina del Este. En este caso, el estudio nos cuesta 11.800€.

La realización de estos informes, que tenemos que pagar los contribuyentes, parte de la previa presentación en el ayuntamiento de escritos múltiples por parte de comunidades de propietarios y particulares alarmados por el estado de deterioro en que se encuentran casas, piscinas y calles en las distintas urbanizaciones citadas.

Entre las comunidades afectadas se encuentra la Comunidad de Propietarios Marina Playa que ha informado recientemente de un grave peligro por desprendimientos de piedras y rocas que caen en la Calle de la Testa. La Comunidad encargó a ENTECSA un estudio de estabilidad del macizo rocoso. El estudio dice: ’Con un simple reconocimiento visual se detectaron en esta zona algunas masas susceptibles de movilizarse con facilidad... Aunque los volúmenes son reducidos (5 m3 como máximo), la altura de caída (variable de 5 hasta 50 metros) incrementa enormemente la peligrosidad... Dada la manifiesta estabilidad del talud nos obliga a proponer un plan de estabilización de toda la zona.’ La misma Comunidad encargó a un arquitecto un informe de situación del lindero oeste de la urbanización Marina Playa. El informe dice que ’las fincas que entrañan riesgo por el potencial desprendimiento de rocas son la Residencial Alquería y Aldea Baja.’ Como consecuencia de tales estudios, la Junta de Gobierno ha tenido que acordonar todo el pie del talud rocoso a una distancia mínima de tres metros impidiendo el paso de vehículos y personas. Asimismo, ha ordenado que se reconozca el sitio cada 24 horas por la policía local.

Otra de las zonas especialmente afectadas es la conocida como Altos del Realengo, en el Barranquillo de La Herradura. En esta zona se ha puesto de manifiesto de forma especial la negligencia del ayuntamiento porque estamos ante un problema que lleva ya más de tres años perfectamente identificado y sin que se haga nada, lo que ha motivado la indignación de los vecinos.

Según informa Fermín Tejero, hay un expediente administrativo incoado como consecuencia de escrito formulado por las CCPP Alto del Realengo de 14-3-2008. El escrito de los vecinos se presentó en el ayuntamiento acompañado de un informe pericial elaborado por un Ingeniero de Caminos. El informe decía textualmente que ’en el talud de afección del edificio Alto del Realengo se detectan inestabilidades de tipo superficial, identificándose desprendimientos de piedras y caída de bloques, si bien se descarta la inestabilidad en profundidad. Es necesario actuar con inmediatez para evitar la caída de piedras que se producirían en un plazo corto de tiempo, con riesgo alto tanto para personas como para bienes.’

El inspector de obras, en informe del 13-3-2008 dice que ’el talud existente en la zona inferior del Camino al Barranquillo se encuentra con bastantes grietas en las piedras existentes.’

En base a esos preocupantes informes, la Junta de Gobierno, que por lo visto no sabe lo que significa inmediatez, esperó cinco meses para acordar el l 4-8-2008 ’Darse por enterados del expediente y dictar orden de ejecución inmediata a la propietaria de los terrenos. De no atenderse la orden se procederá a ejecutar la obra subsidiariamente por parte del ayuntamiento.’

Pero han pasado tres años sin que se haga nada y el peligro ha ido aumentando. El 19-1-2011 hay un informe de la inspección de obras que asegura: ’la situación ha empeorado considerablemente y se han producido desprendimientos de rocas llegando a caer a terrenos de la Comunidad Altos del Realengo, produciéndose daños materiales.’ Y de nuevo, tres años después, la Junta de Gobierno acuerda exigir a la propietaria de los terrenos que arregle el problema para lo que le da un plazo de tres meses. Esperemos que no ocurra ninguna desgracia de imposible reparación, comenta Fermín Tejero.

A los gastos enormes que nos está suponiendo haber dado permiso para construir en esas zonas hay que añadir el fraude que se ha cometido con miles de ciudadanos que han comprado casas en esas zonas y que ahora se encuentran con un gravísimo problema que no tiene visos de resolverse porque las obras para estabilizar esas zonas serían de un coste elevadísimo y aún así, nadie garantiza que sean efectivas al cien por cien.

Es sorprendente que, con estos precedentes, el ayuntamiento actúe tan a la ligera y con tanto oscurantismo en un tema como el del Peñón del Lobo. Tras haberlo solicitado por escrito hace más de veinte días, el concejal de IU aún no ha podido estudiar el supuesto informe geotécnico de estos terrenos ni el proyecto presentado para el supuesto hotel. La falta de transparencia vuelve a ser el criterio con el que este equipo de gobierno actúa en un tema de vital importancia.

Convergencia impide que IU celebre una charla con los vecinos de La Herradura

El 18 de abril, IU presentó un escrito en el ayuntamiento pidiendo una sala del Centro Cívico para mantener una reunión con los vecinos de La Herradura el lunes 9 de mayo. Dado que el ayuntamiento no contestaba y la fecha de la charla se acercaba, el jueves pasado pedimos una sala del Instituto por si acaso.

Esta misma mañana nos hemos enterado de que uno de los muchos liberados de Convergencia, un señor que en teoría tenía que estar trabajando para la Mancomunidad, ha puesto una denuncia pidiendo que se prohíba el acto porque no lo habíamos comunicado a la Junta Electoral.

A mediodía hemos recibido dos escritos: uno del ayuntamiento denegando el Centro Cívico y otro de la Junta Electoral denegando la charla en el IES porque el ayuntamiento no permite que se celebren actos electorales en ningún centro educativo o edificio público. Mientras en todos los municipios, los centros educativos, centros culturales y edificios públicos en general se han utilizado y se utilizan para los actos propios de la campaña, Benavides ha dispuesto que en este municipio ninguno de esos centros esté disponible, lo que no le impide a él dar sus charlas donde le da la gana, la última ayer en el Aquatropic.

Parece mentira que una denuncia así haya surgido de un partido que ya estaba colgando sus pancartas el jueves a las 10 de la noche sin esperar el comienzo oficial de la campaña o que lleva en su costosa revista (que no sabemos quién pagará) fotos de menores de edad sin haber pedido permiso a sus padres.

Es patético que un grupo político que utiliza todos los espacios públicos y privados, que cuelga sus pancartas con maquinaria de las empresas que trabajan para el ayuntamiento, que tiene a su servicio una maquinaria tan cara que ningún otro partido la podría pagar, tenga tanta preocupación por una charla que organiza un pequeño partido que, con escasos recursos, intenta hacer llegar su mensaje claro y directo en contra de la corrupción y la falta de libertad que hay en este pueblo.

En cualquier caso, la suspensión del acto previsto para hoy en La Herradura no va a conseguir callarnos. Con el boca a boca, con nuestras publicaciones y con un número creciente de visitas a nuestra página web, el mensaje de Izquierda Unida está llegando por mucho juego sucio que desplieguen Benavides y sus secuaces.

En realidad, el interés de Convergencia por impedir que nos reunamos con los vecinos de La Herradura sólo pone de manifiesto su nerviosismo y su temor ante el crecimiento de IU.

Comentarios sobre esos deslizamientos que el alcalde negaba cuando IU los denunciaba y que ahora ya salen a la luz como sale a la luz el dineral que nos están costando y el que nos va a costar todavía

Comentarios aparecidos en Ideal a la noticia sobre los deslizamientos en Marina del este, Cerro Gordo y Citalsol

zapatico de color

Resulta escandaloso e intolerable que a este técnico contratado se la adose un equipo técnico municipal de apoyo, los cuales son responsables con Benavides de que se hayan concedido licencias en donde el Mapa de Riesgos de la Diputación de Granada considera estos terrenos como lo edificables. Benavides y sus técnicos continúan con su negocio fraudulento, ganando dinero procedente del bolsillo de los contribuyentes almuñequeros. ¿No es esto un continuado delito municipal? Además de una nueva contratación técnica inútil.

Niño Bonito

No pidáis peras al olmo, que el concejal es técnico superior en fútbol sala, pero no da para más. Se limita a dar licencias y coger el sobre, no le comáis la cabeza. El Benata way of life es así. Ahora con el carril bici, 48000 euros tirados a la basura, por inaugurar rápido. Que se iba a Marruecos y quería terminado.

Gadafi Tropical

Como en Crímenes del Mar. Obras Benata, grietas y sobres. Para todo lo demás, MASTERCAD.

YOKYN

LO QUE ES LAMENTABLE QUE LOS RESPONSABLES QUE SE HAN LLENADO LOS BOSILLOS SE VAYAN DE ROSITAS Y EL DESAGUISADO ESTE LO TENGAN QUE PAGAR,PRIMERO LOS PROPIETARIOS Y LUEGO LOS CIUDADANOS CON NUESTROS IMPUESTOS.LO DICHO,LAMENTABLE.

YO PROMOTOR

A mi me gustaría ser promotor inmobiliario en Almuñecar y pertenecer a ese selecto club de granadinos en el que unos hacen las trastadas y otros las pagan. Idílico.

Luis Alavin

Totalmente de acuerdo con Dani. El ayuntamiento se está gastando en esto un perraje. Y lo que te rondaré, morena. Se lo gasta de mis impuestos, claro, y eso me jode, pero es que además hay cientos de criaturas amargadas porque compraron un chalé de lujo y tienen una casita que da asquito y una piscina que da pena de las grietas que tiene y una calle llena de hoyos. En fin, un desastre. Pero los promotores de esas urbanizaciones han hecho buen negocio y el alcalde seguro que también lo hizo en su momento.

Dani

Bueno, una pregunta ¿Estos estudios no se podían haber hecho antes de construir las urbanizaciones? No se cómo el señor Benavides está pensando en construir un hotel de 7 estrellas, si las urbanizaciones colindantes están que un día se ven en el agua. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es dejarse de dar licencias en lugares donde pueden caerse las viviendas, y así se ahorraría los 27.950 euros de estudios y muchos más que se habrán gastado o se gastaran, cuando se podrían destinar a otras necesidades, si las cosas se hacen bien de un principio.

Los deslizamientos de Marina del Este, bajo mirada experta

Ideal

El Ayuntamiento de Almuñécar ha acordado realizar un seguimiento exhaustivo al deslizamiento que lleva tiempo produciéndose en las urbanizaciones de Marina del Este, en la zona este de Punta de la Mona, y en los Cármenes del Mar, en Cerro Gordo. El control lo llevará a cabo un técnico especialista en la materia como es Luis M. Sopeña Mañas, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puerto, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y asesor del Ministerio de Fomento. Éste se encargará de analizar las condiciones geológicas-geotécnicas del terreno y las causas del movimiento, y de realizar la evaluación cualitativa de riesgo de las laderas de las citadas urbanizaciones.

El acuerdo se adoptó tras comprobarse que el deslizamiento seguía avanzando después de las lluvias del pasado otoño e invierno, según el informe realizado por una consultora sobre el terreno.

El Consistorio sexitano ha acordado en las últimas semanas, a través de la Junta de Gobierno Local, ratificar la contratación de los trabajos preliminares para el futuro diagnóstico de las condiciones actuales de estabilidad de las laderas sobre las que se ubican la urbanizaciones de Cerro Gordo y Marina del Este, así como la potencial afección sobre las zonas edificadas.

Desde el Ayuntamiento argumentan la contratación de estos servicios de expertos teniendo en consideración «la magnitud del deslizamiento del que se trata y los especiales y concretos conocimientos geotécnicos y geológicos necesarios para abordar el problema y concretar un diagnóstico certero del mismo».

La cuantía de contratación del profesor Sopeña Mañas se hizo por un importe de 11.800 euros, a lo que se sumó otra cantidad de 10.300 euros.

Por otra parte, se ha creado un grupo de trabajo que incluye personal del Ayuntamiento, a propuesta del profesor ingeniero Luis Sopeña, dirigido y coordinado por él, para poder realizar «una evaluación pormenorizada del riesgo que pudiera existir en la zona de Marina del Este, y completar así los trabajos hasta ahora elaborados que se resumen en el diagnóstico preliminar sobre las condiciones actuales de estabilidad de la ladera». El equipo está constituido por los jefes del Servicio de Ingeniería e Infraestructuras y de Arquitectura y Urbanismo, junto con un delineante y un administrativo de los servicios técnicos municipales. Además también ha propuesto la necesidad de la contratación de un gabinete de arquitectura técnica externo durante un periodo de dos meses y cuyo presupuesto asciende a 5.850 euros.

Por otra parte, los trabajos que en su día se aprobaron por parte de la Junta de Andalucía para «frenar el deslizamiento» de la ladera afectada colindante al puerto deportivo Marina del Este, así como las instalaciones portuarias con una inversión de 525.000 euros, están recién finalizados, tal y como estaba previsto. Estos han supuesto la creación de 24 puestos de trabajo.

Capacidad de drenaje

Las obras han incluido tanto la estabilización de la ladera como la reparación estructural de la galería para restituir su capacidad de drenaje. Con ello se garantizará la seguridad de las instalaciones portuarias y de otras anexas que también están expuestas a los riesgos derivados de un posible deslizamiento, según la Junta. El acuerdo para realizar estas obras llegó seis meses después de que los vecinos de las distintas promociones urbanísticas o comunidades que forman la mayoría del complejo de Marina del Este alertaran del movimiento en el suelo de la citada urbanización.

Además de estas obras, y dado que desde la propia Junta de Andalucía y el Ayuntamiento achacaban en parte, a la falta de mantenimiento de la galería subterránea de drenaje, se ha procedido a cortar el consumo de agua de algunas comunidades que se abastecían desde una red no controlada por la empresa adjudicataria del servicio municipal, como era la de suministros denominada 'Jóvenes Agricultores' titularidad de la Comunidad de Usuarios de Marina del Este.

Benavides paga una suculenta propina por arreglar el desastroso carril bici de Velilla

La Junta de Gobierno ha aprobado pagar 48.825€ de más a la empresa que hizo el carril bici de Velilla. La obra estaba presupuestada en 240.000€ pero la empresa cobrará finalmente 288.825€.

La normativa dice que cuando una obra sale más cara de lo previsto inicialmente se puede aprobar un modificado del contrato inicial. Si esta modificación es superior al 20%, es necesario el dictamen del Consejo Consultivo.

En este caso, para evitar el dictamen del Consejo Consultivo Benavides pagará a la empresa un sobreprecio que es un 19,99% superior al precio original. Aunque en realidad, la subida es algo mayor al 20%, los cálculos los hacen sobre el precio sin IVA y así les sale redondo ese 19,99%.

Hay que ser muy crédulo para admitir que una obra se ha desviado justo en un 19,99%. Está claro que se trata de una estratagema para eludir el dictamen del Consejo Consultivo, un dictamen que a lo mejor habría sido desfavorable, ya que no se ha demostrado en ningún momento que la obra encontrase obstáculos nuevos o imprevistos que la volvieran ocho millones de pesetas más cara.

En realidad, lo que ha pasado es que la empresa tiene que volver a pintar todo el carril bici porque la primera pintura estaba mal dada y se levantó a los tres días de inaugurarlo. No sabemos si la culpa de esa mala ejecución estuvo en la pintura, en la ejecución de la obra o en las prisas que el alcalde metió para que se pudiera inaugurar cuando él quería. Lo que sí sabemos es que la reparación de esa obra mal ejecutada la vamos a pagar entre todos los ciudadanos aunque no tenemos ninguna responsabilidad en el tema.

Para añadir más sombras de duda sobre la operación será bueno saber que el 7 de marzo, la Junta de Gobierno acordó dar un plazo improrrogable de cinco días para que la empresa reparase el carril bici. Curiosamente, en una reunión posterior dicen que se han equivocado, no se dice quién, al hacer el acta y que lo que tiene que arreglarse es la pista de pádel, que también está rota desde hace varios meses.

La historia huele mal tanto por esta rectificación del acta como por la curiosa casualidad de que la cifra a modificar sea del 19,99% para evitar el trámite del Consejo Consultivo.

Benavides tendría que dar alguna explicación acerca de este curioso expediente. Pero ya sabemos que no la dará. Faltaría más.