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Almuñécar contra la corrupción

Noticias 2008

La Diputación dice que hay una campaña contra la APAT por parte del PP, con apoyos extraños como el del alcalde de Almuñécar

La Diputación dice que hay una campaña contra la APAT por parte del PP, con apoyos extraños como el del alcalde de Almuñécar

La Diputación denuncia una campaña de desprestigio de la Agencia Provincial de Administración Tributaria. El portavoz de la Diputación denuncia que el PP ha orquestado una estrategia de desprestigio de los servicios públicos provinciales, y en particular de la APAT.

Tras presentar la APAT los mejores resultados de su historia el PP sale criticándola. Esto es absolutamente insólito en sí y más en épocas de crisis económica como esta. Lo único que conseguirán con este ataque constante es empeorar los niveles de recaudación y así la situación económica de los ayuntamientos de la provincia.

Ante esta situación de crítica constante y sostenida el portavoz de la Diputación ha realizado un llamamiento al presidente del PP para que cese en esta irresponsable estrategia que está orquestando y que se sume al trabajo de mejorar la provincia. En política hay que ser responsable y en algunos asuntos especialmente responsable.

Lo ocurrido en el pleno celebrado en Almuñecar vendría a reforzar las tesis de que el PP pretende dañar la APAT ya que se adoptó una decisión de una enorme trascendencia, salir de la APAT, sin la suficiente información, sin los informes ni del Secretario ni del Interventor que avalaran las mejoras que el ayuntamiento pretende obtener con el cambio en la gestión de los impuestos. Detrás de todo esto está la orden directa de Sebastián Pérez para boicotear el servicio de la APAT y esperamos que no haya nada más. Estaremos vigilantes para que no suceda nada más.

Los resultados de la gestión de la APAT han ido mejorando desde 2003 consiguiendo los mejores resultados de su historia en el último ejercicio cerrado el de 2007. Esto ha sido reconocido por alcaldes de toda la provincia por escrito, incluido el primer edil de Almuñécar, por lo que sorprende especialmente esta extraña actitud
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Benavides gasta 30.000 euros en protocolo para demostrar que no hay crisis

Benavides gasta 30.000 euros en protocolo para demostrar que no hay crisis

IU critica el acuerdo de la Junta de Gobierno del 11 de agosto de contratar un servicio externo de asesoramiento en comunicación, publicidad, imagen, relaciones públicas y protocolo.

 En nuestra opinión, lo que se ha hecho es cargar sobre los almuñequeros un nuevo gasto de 28.988 euros. Creemos que este gasto es innecesario, máxime en una época de crisis en la que los ingresos de los ciudadanos han de gastarse con sumo cuidado limitándose a lo imprescindible.

 Cuando se contesta a los vecinos que tal reforma o tal obra no se puede acometer porque no hay dinero, nos parece un derroche gastar cinco millones de las antiguas pesetas en imagen y protocolo. En lugar de contratar nuevos servicios superfluos, lo que debería hacer el ayuntamiento, en opinión de IU, es recortar gastos en liberados y personal de confianza, dedicando más esfuerzos a mejorar la limpieza del pueblo, las guarderías o los servicios sociales por ejemplo.

 Por último, en IU estamos convencidos de las intenciones perversas del alcalde al colocar como responsable de protocolo a una persona que se ha destacado en los últimos años por su defensa de un periodismo independiente y crítico con el equipo de gobierno. Esperamos, por el bien de la libertad de expresión, que estas intenciones de Benavides queden frustradas.

Benavides aprovecha el malestar del PP para controlar directamente el servicio de recaudación

Benavides aprovecha el malestar del PP para controlar directamente el servicio de recaudación

Benavides pretende controlar directamente el servicio de recaudación anulando el convenio establecido entre el ayuntamiento y la Diputación. El convenio ha funcionado muy bien llegándose a un porcentaje del 83% en el cobro de la recaudación voluntaria y garantizando liquidez al ayuntamiento gracias al compromiso adquirido por la Diputación de adelantar al ayuntamiento un 75% de la recaudación prevista.

Queremos recordar que la última prórrpga del convenio se firmó en mayo de 2003 entre el presidente de la Diputación, señor Tabasco, y el alcalde de Almuñécar, Juan Luis González Montoro. Sería conveniente que en estos momentos, el PP explicase por qué ese convenio, firmado por ellos, ha dejado de ser adecuado para los intereses del municipio.

En ningún momento se ha explicado qué ha funcionado mal del actual convenio y por qué habría que anularlo. Lo único que ha salido a la luz es unas declaraciones del PP y Benavides mostrando su malestar por una remodelación interna de las jefaturas comarcales de la Agencia Provincial de Administración Tributaria. Fruto de esta remodelación, el concejal del PP Francisco Ledesma, ha dejado de dirigir la oficina de recaudación de Almuñécar.

Utilizando este hecho como pretexto, Benavides amenazó a la Diputación con quitarle el servicio de recaudación. Durante todo el verano ha estado preparando los informes y la documentación, y ahora, con cierta premura porque el acuerdo ha de tomarse antes del 31 de septiembre, Benavides plantea al Pleno la denuncia del convenio y la firma de uno similar con una empresa privada.

Nos parece una grave irresponsabilidad que una decisión de esta importancia se tome poniendo como único motivo el relevo que se ha producido en la Oficina de Recaudación. Si el Pleno toma una decisión equivocada a partir de una rabieta, el municipio podría tener graves problemas económicos en los próximos años. Ahora se aprecia con claridad la irresponsabilidad del PP cuando pidió que el ayuntamiento rompiera con la APAT y asumiera la recaudación.

Para IU, la cuestión del relevo es sólo la excusa que ha utilizado Benavides para conseguir dos objetivos. El primero es poner más aún de su lado al PP, aprovechando una mal entendida solidaridad. El segundo y fundamental, es el de controlar directamente la recaudación. La redacción del pliego de condiciones técnicas permitiría incluso la desgnación directa por el alcalde del gerente. En el punto 4.4.2 se dice expresamente que ‘el ayuntamiento se reserva, cuando concurran causas justificadas, la facultad de solicitar al adjudicatario la sustitución del gerente, y la designación de un nuevo delegado responsable’.

El convenio que propone Convergencia supone entregar la gestión de la recaudación a una empresa privada por quince años, hipotecando de este modo las decisiones que al respecto puedan tomar corporaciones futuras. Consideramos un grave error la sustitución de la Diputación por una empresa privada. Entendemos que no es legal que los datos de los contribuyentes puedan estar en manos de una empresa privada y tenemos nuestras dudas de que esta decisión vaya a repercutir en una mejora de la recaudación.

Por otro lado, aunque del pliego de condiciones podría deducirse que al ayuntamiento le va a salir más barata la recaudación de los impuestos y tasas, estamos solo ante una ilusión contable, ya que, mientras la Diputación se encarga actualmente de todas las gestiones para el cobro de los tributos, la empresa que se quede con este servicio no podrá llevar a cabo las cuestiones que, por ley, están reservadas a funcionarios públicos porque implican el ejercicio de autoridad. Así se reconoce en los pliegos de condiciones. Por ejemplo, en el punto primero del pliego de condiciones técnicas se deja bien claro que ‘el contrato tendrá por objeto tan sólo las actuaciones de carácter material, técnicas y de preparación que no impliquen ejercicio de autoridad ni dictar actos administrativos, reservándose dichas funciones expresamente a los órganos y funcionarios municipales correspondientes’. Por lo tanto, buena parte de la labor que hoy desempeñan, con notable éxito por cierto, los funcionarios de la Diputación, tendrá que ser desempeñada por funcionarios municipales, lo que exigiría, en buena lógica, un aumento de la plantilla dedicada a estos menesteres.

Los grupos que apoyen esta propuesta en el pleno del miércoles tendrán, además, que dar explicaciones de su voto a los trabajadores de la Oficina de Recaudación que desempeñan su trabajo en este municipio y que van a tener, indudablemente, problemas laborales de todo tipo a pesar de haber desempeñado su trabajo de manera impecable.

En lo que se refiere estrictamente al cese de Paco Ledesma como jefe de la Oficina de la APAT en Almuñécar, IU optó en su momento por no responder a las declaraciones en caliente del Partido Popular y a la actuación oportunista y desvergonzada de Benavides queriendo sacar tajada de un lógico malestar personal. Pero visto que este desgraciado asunto va a derivar en la toma de un acuerdo que consideramos grave para el futuro del municipio, IU quiere hacer públicas las siguientes consideraciones:

  1. Antes que nada, queremos felicitar públicamente a Paco Ledema por su buen trabajo en estos últimos seis años al frente de la Oficina de Recaudación. Creemos que ha sido un buen profesional y nos hubiese gustado que hubiera seguido en el cargo. Dejamos para más adelante una reflexión sobre su actuación presente.
  2. No creemos que sea correcto hablar de manera aislada del cese de Ledesma porque lo que se ha hecho es cubrir mediante concurso de méritos las 17 jefaturas de oficinas y departamentos que la APAT tiene en la provincia y que venían siendo desempeñadas todas ellas, también la de Almuñécar, por nombramientos hechos de manera discrecional desde hace más de seis años. De las 17 Jefaturas de la APAT, doce continúan con la misma persona al frente, habiéndose cambiado la dirección de cinco oficinas.
  3. Los trabajadores de la APAT están en desacuerdo con la forma en que fueron nombrados, hace seis años, los responsables de oficinas: mediante resolución de presidencia. También están en desacuerdo con el reciente concurso de méritos para cubrir esas plazas en comisión de servicio por un periodo de un año prorrogable otro más. Este concurso de méritos ha dado privilegios a los responsables que fueron nombrados a dedo hace seis años, ya que puntuaban los años desempeñados como responsables y los cursos formativos de dirección que les impartieron casi con exclusividad a los propios responsables. Por este motivo, Paco Ledesma partía con ventaja con respecto al resto de los trabajadores. Igualmente, en otra fase del concurso de méritos se ha valorado de una manera excesiva un proyecto de desempeño del puesto de trabajo, lo que daba pie a introducir en la valoración elementos subjetivos. Queremos hacer constar que la sección sindical de CGT en la APAT ha sido la única entidad que ha impugnado este proceso selectivo mediante un recurso presentado el 8 de abril de 2008 y en el que se recurría la elevada puntuación que se daba a quienes ya venían desempeñando ese cargo y que habían sido nombrados mediante resolución, a dedo, sin que hubiese mediado concurso alguno. Se denunciaba también la puntuación de los cursos formativos impartidos en exclusividad a los responsables. Por último, se denunciaba la elevada valoración, 30 puntos, que se daba a un proyecto. Creemos que por ahí es por donde debe enfocarse la oposición a esos nombramientos.
  4. Nos parece surrealista que el señor Benavides intervenga en esta polémica en los términos en que lo ha hecho. El nepotismo de este señor es tan escandaloso y conocido que no sabemos cómo no se sonroja al hablar de ceses políticos. Benavides no tiene autoridad moral para hablar de estos temas. Pero al menos, ya sí nos queda claro el motivo real de su tremenda indignación por el cese de Ledesma. Simplemente, le venía bien utilizar este malestar para conseguir el apoyo del PP a sus planes.
  5. Los responsables del PP de Diputación deberían haberse interesado por los nombramientos arbitrarios, a dedo, incluido el de Paco Ledesma, que se hicieron y se han mantenido durante seis años. En base a la información recabada por IU, los nombramientos que se hicieron en su día son tan subjetivos como el reciente concurso de méritos para cubrir esas plazas en comisión de servicio.
  6. Pedimos a los responsables del PP provincial y local que recapaciten sobre su postura en este tema ya que se están dejando manipular. Recientemente el PP de Almuñécar apoyó la aprobación provisional de la tasa de basura y cuando recapacitaron sobre su voto inicial, se abstuvieron en la aprobación definitiva... pero ya era demasiado tarde y todos estamos pagando las consecuencias. Pudiera ser que ahora ocurra algo similar.
  7. Por último, desde IU de Almuñécar reclamamos al Presidente de la Diputación Provincial que convoque la promoción interna definitiva para las plazas de responsables de oficinas en igualdad de condiciones para todos los trabajadores de la APAT.  

LA BIODIVERSIDAD EN LA PROVINCIA DE GRANADA EN PELIGRO POR LA INTRODUCCIÓN ILEGAL DE ESPECIES FORÁNEAS

LA BIODIVERSIDAD EN LA PROVINCIA DE GRANADA EN PELIGRO POR LA INTRODUCCIÓN ILEGAL DE ESPECIES FORÁNEAS

Gran variedad de peces extraños en ríos y embalses, un sin fin de  reptiles ex mascotas liberados en el medio, pasando por especies cinegéticas soltadas en cotos, ponen en peligro la fauna autóctona.

 

Ante esta situación, Ecologistas en Acción pregunta a Medio Ambiente sobre los permisos que ha concedido en la sierra de Albuñuelas para introducir jabalíes exóticos.

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En el lugar conocido como Prados de Lopera, se encuentran en régimen de semilibertad unos ejemplares de jabalí (creemos que su procedencia es el sudeste asiático), al parecer como especies cinegéticas..

Si no hay autorización, nos encontramos ante una infracción MUY GRAVE según  la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, que en su artículo 75.2 establece como infracción muy grave

La introducción de ejemplares de fauna silvestre alóctona, híbrida o manipulada genéticamente sin autorización

Dado que estos ejemplares se encuentran prácticamente en libertad y que parece que se están cruzando con la especie autóctona, hemos solicitado a Medio Ambiente que nos explique qué ha hecho ante esta situación.

En esta zona hay que añadir el daño que está haciendo al ecosistema la fuga de especies extrañas del Parque de la Naturaleza de Peña Escrita de Almuñécar. Caso de no solventarse estos problemas, muy flaco favor se le está haciendo al Parque Natural de la Almijara.

IU pide al alcalde que explique por qué están paradas las obras en los aparcamientos de San Cristobal y Velilla

IU pide al alcalde que explique por qué están paradas las obras en los aparcamientos de San Cristobal y Velilla

Aparentemente, las obras se han paralizado en los aparcamientos de San Cristóbal y Velilla y no da la impresión  de que sea una paralización pequeña sino que va para largo.

 

En el caso de San Cristóbal, hemos podido comprobar que efectivamente las empresas contratistas están procediendo a retirar el material de obra. Ya se han retirado las grúas, se están retirando las vallas y demás elementos metálicos de obra y hace pocos días que se retiraron las bombas de extracción del agua.

 

La retirada de estas bombas de extracción del agua ha vuelto a poner de manifiesto que la obra no está adecuadamente impermeabilizada, motivo por el cual el agua ha vuelto a invadir el agujero y ha socavado el paso provisional de tierra que se había colocado hacia la mitad del paseo.

 

Actualmente, los vecinos han quedado sin paso con lo que tienen que dar un rodeo de gran importancia para acceder a la playa. A mediodía de hoy martes, un camión trabajaba aportando tierra con el propósito de restablecer el paso de peatones por esa zona.

 

Desde IU queremos denunciar la incapacidad del alcalde, más dedicado a otros asuntos, para dar solución a los problemas reales de gestión que se plantean en el municipio.

 

Igualmente, nos parece lamentable que no se dé información pública acerca de las situaciones denunciadas por los vecinos, como es el caso de un médico que denunció problemas de salud motivados por los gases de una máquina en las obras de Velilla. Nada se ha vuelto a saber de esa denuncia por parte del ayuntamiento. Entre las obligaciones del alcalde está la de informar a los ciudadanos y dar explicaciones de los problemas y retrasos que van surgiendo.

 

Dado que el plazo de finalización de las obras ha concluido hace más de un mes, creemos que la obligación del alcalde es anular la concesión por incumplimiento de contrato y buscar una solución urgente a esta lamentable situación que tanto está perjudicando a la imagen del municipio. Sin embargo, observamos con perplejidad que en lugar de analizar estos temas, el viernes 8 de agosto se va a estudiar en la Comisión de Compras del Ayuntamiento una supuesta ampliación de ambos aparcamientos, ampliación sobre la que, hoy por hoy, no tenemos ni un solo documento y por lo tanto no podemos pronunciarnos.

Cientos de personas protestan contra el trasvase de Castril que abastecerá Baza

Cientos de personas protestan contra el trasvase de Castril que abastecerá Baza

La manifestación convocada por la Plataforma por la Defensa del Río Castril reunió ayer a unas ochocientas personas según la Guardia Civil (1.200 según los convocantes), para protestar por el trasvase de agua que el Gobierno ha aprobado para abastecer a varias poblaciones de la zona Norte, informa la agencia Efe.

Los manifestantes se oponen a las obras que se pretenden realizar, aprobadas en el Consejo de Ministros en diciembre de 2006, para la conducción y abastecimiento a Baza desde el embalse del Portillo hasta la desembocadura del río Castril.

El acto comenzó en la plaza del Árbol Gordo de Castril, desde donde los manifestantes, con pancartas con lemas como 'No al trasvase' o 'Por un río vivo', se dirigieron hasta el cruce que hay a la entrada de la localidad, para regresar hasta la plaza Hernando de Zafra, lugar donde se encuentra el ayuntamiento, donde se leyeron varios manifiestos de rechazo al trasvase.

El presidente de la plataforma, Miguel Ortiz, fue el primero en proclamar la negativa de los presentes a la ejecución de las obras de emergencia, «que no tiene una justificación real, ya que en ningún momento las poblaciones de Baza, Caniles y Zújar han sufrido restricciones de agua potable, no ha habido expediente que así lo justifique y no ha sido solicitada por dichas poblaciones». Otra de las personas que intervino fue la concejal independiente del Ayuntamiento, Belén Iruela.

Entre los participantes en el acto estaba el coordinador provincial de IU, Pedro Vaquero, y el eurodiputado de esta formación Willy Meyer, quien informó de que el Parlamento europeo está investigando el caso del trasvase, tras haber recibido una queja por parte de la Plataforma en la que se aludía que las obras vulnerarían varias directivas de la UE.

La manifestación transcurrió sin ninguna incidencia y de una manera «totalmente respetuosa», señaló Ortiz a Efe.

Parquímetros rotos y desactivados dislocan a los usuarios de la zona azul

Parquímetros rotos y desactivados dislocan a los usuarios de la zona azul

Los más responsables caminan de aquí para allá, con el bañador y el periódico bajo el brazo y con las llaves del coche en la mano. Buscan máquinas de zona azul que funcionen para poder pagar el ticket de la ORA. Son veraneantes de Almuñécar que rugen como leones cuando se les pregunta qué opinión les merece tener que gastarse unos euros por aparcar, y que ahora están más enfadados -si cabe- por la situación de caos que provocan los parquímetros apagados, estropeados o fuera de servicio.

Ayer cientos de coches estaban aparcados en la zona azul del paseo marítimo de Almuñécar y ninguno tenía pagado el ticket. El motivo, que desde Reina Sofía hasta las obras del parking de Velilla no había ni un sólo parquímetro funcionando: tres fuera de servicio y otro boicoteado, con un tornillo en la ranura y con los botones pegados.

«Estoy buscando una máquina para pagar. Me paso el día viniendo a poner el ticket. Me parece mal esta medida, no sé qué hacer con el coche porque por mucha vueltas que dé no voy a encontrar sitio», expresó ayer Miguel Casero que ha llegado a Almuñécar desde Alcázar de San Juan a pasar una semana.

A él le han ofrecido una cochera por diez euros al día y se lo está pensando. El que sí la tiene es Moisés Ruiz, un granadino indignadísimo con la zona azul, que prefiere pagar más a darle el dinero a la empresa que controla este sistema. «La playa está para aparcar tranquilamente y descansar y aquí no se puede. Almuñécar está como para no venir más», explicó enfadado.

En la zona de La Herradura ayer funcionaban tres máquinas expendedoras de cuatro y cerca de las obras del parking de San Cristóbal tampoco están encendidas.

Según indicaron fuentes próximas a la empresa que gestiona este servicio, hay partes del paseo en las que la zona azul todavía no funciona al 100%. Pero claro, no hay carteles informativos y ni la Policía Local del municipio es capaz de informar si por allí multan o no multan o qué pasa con los dichosos postes, que son víctimas del vandalismo cada dos por tres.

Ayer domingo sólo dos controladores trabajaban para toda Almuñécar y La Herradura y claro, el caos estaba servido. Por unas partes multan pero la máquina está rota, por otras no pero no lo indican y al usuario tan sólo le quedan las reclamaciones como arma de defensa.

Además hay máquinas para tickets urbanos -que solo son necesarios de lunes a viernes- y otras para los de playa -que se precisan de lunes a domingo de 11 a 23 horas- y la gente se confunde y no sabe dónde sacar el papelito adecuado.

Se supone que en las zonas que no están al 100% no se multa tanto porque no son tan exigentes, pero los veraneantes con el sol en el cogote y las ganas de tumbarse en la arena no se ponen a pensar en esas circunstancias. Se cabrean sin más.

El boicot a las máquinas de la ORA crece y cada día se encuentran entre tres y cuatro quemadas con ácido o bloqueadas con silicona. La empresa ha tenido que dedicar a una empleada en exclusiva a reparar las máquinas boicoteadas. Lo que sigue faltando es información.

El caos es total porque algunos sitios en los que antes se podía aparcar gratis están bloqueados con cadenas y piedras como ocurre cerca del parque acuático. Este año en Almuñécar, triunfan los que no tienen coche.

Ávila Rojas es condenado por primera vez a prisión por defraudar a Hacienda

Ávila Rojas es condenado por primera vez a prisión por defraudar a Hacienda

El constructor y promotor granadino José Ávila Rojas, convencido ante el público de su inocencia, siempre ha defendido tener «las cuentas claras» con Hacienda. Desde que en el año 2004 la Fiscalía de Granada lo denunciara y lo llevase al juzgado por fraude, ha repetido el mensaje incansablemente una y otra vez. Pero a los magistrados que han estudiado las dos operaciones millonarias de venta de terrenos que hizo en Marbella en 2001 y 2002 no le han salido las cuentas. ¿Consecuencia? Una sentencia que lo condena a ocho años de prisión, dos por cada uno de los cuatro delitos de fraude a la Hacienda Pública que la Audiencia Provincial considera cometidos y probados. Además, fija una multa de más de diez millones de euros y una indemnización a Hacienda de otros cinco. Los que defraudó.

Ésta es la primera resolución judicial con una condena de prisión a Ávila Rojas, a pesar de sus numerosos 'escarceos' con los tribunales. Pero significa algo más: se convierte en la antesala de los tiempos amargos que se avecinan para el empresario granadino.

El promotor volverá a probar las hieles del banquillo de los acusados de forma inevitable cuando se desarrolle el juicio por el 'caso Malaya', contra la corrupción en Marbella, en el que se encuentra imputado por un presunto delito de cohecho. Más aún, fue comparado con Juan Antonio Roca por el juez del caso, en lo que a peso en la trama se refiere.

La sentencia dictada ahora fija dos años de prisión por cada uno de los cuatro delitos que se le imputan, aunque los magistrados señalan que el tiempo máximo de cumplimiento de esta condena de prisión será de seis. La pregunta inevitable que queda en el aire ahora es: ¿Entra Ávila Rojas en prisión?

El fallo del tribunal granadino puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo. Y hasta que éste no se pronuncie la sentencia no será firme. Si no se pide la ejecución de la sentencia de la Audiencia mientras tanto, que no es lo normal en un caso así, el condenado tiene aún un margen hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.

Además de las citadas penas de prisión, muta e indemnización, el fallo también lo inhabilita para recibir ayudas y subvenciones públicas o gozar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años.

La resolución judicial detalla la venta de terrenos objeto de la condena. Se trata de la compra de una finca en Marbella, conocida como Huerta de las Monjas, que costó 500 millones de las antiguas pesetas, tres millones de euros. Posteriormente, la vendió por 11,5 millones de euros a Promociones y Propiedades Espacio S. L., por lo que la sociedad compradora entregó a cada vendedor la parte proporcional del impuesto del IVA que debían ingresar al erario público.

A Ávila Rojas le correspondió casi un millón de euros que debió reflejar en sus autoliquidaciones correspondientes a 2001. «Al no hacerlo, obtuvo una defraudación en la cuota del IVA de más de medio millón de euros», versa la sentencia. También obtuvo una ganancia empresarial en 2001 de 4,2 millones de euros que tampoco fue declarada en el IRPF, lo que resultó una defraudación de 1,9 millones.

Además de esta operación, señala otra venta de terrenos en Marbella, en los mismos términos con la que obtuvo un beneficio de más de 800.000 euros al no sujetar la operación al IVA. Su beneficio empresarial en 2002 fue de 4,2 millones de euros, y tampoco lo reflejó. Así, el perjuicio para el erario público fue de 1,6 millones de euros.

Durante el juicio, Ávila Rojas manifestó que no se dio cuenta de que se llevó el dinero que deberían haber ido a las arcas públicas. Defendió su inocencia, pero el fiscal del caso, Luis Salcedo, especializado en fraudes a Hacienda, mantuvo su acusación al considerar que las operaciones inmobiliarias por las que no pagó el IVA no las hizo como persona física, sino como empresario, de ahí el fraude.

Para los magistrados que han estudiado el caso, «no se está ante un sujeto pasivo que presenta una declaración veraz, sino ante un obligado tributario que deliberada y conscientemente ha manipulado su declaración del IRPF y del IVA con el ánimo de defraudar a Hacienda (...). De no haber sido por el inspector no se hubiera conocido la situación real del acusado». Su alegato de que «no leyó nada de lo que firmó y que no se enteró que le pagaron el IVA» no constituyen una eximente para el tribunal. «Independientemente de estas explicaciones, nada de eso impide que concurriese el delito». En cuanto al pago que hizo a Hacienda a posteriori, advierte el tribunal que no le eximen porque lo hizo después de la denuncia. Es más, hasta critica el modo: «Hizo las liquidaciones a su gusto y medida, descubriéndose una total falta de propósito de transparencia».

La deuda de las constructoras es tres veces superior a su valor en bolsa

La deuda de las constructoras es tres veces superior a su valor en bolsa
La Vanguardia

Las cañas parecen haberse tornado lanzas. Cuando el dinero era fácil y barato, parecía lógico que las constructoras aprovecharan su enorme capacidad de endeudamiento para apalancarse con el fin de diversificar su negocio y despegarse de un ciclo económico que después de catorce años de crecimiento ininterrumpido empezaba a agotarse. Sin embargo, cuando las condiciones del mercado financiero han cambiado, las constructoras han quedado estranguladas por su elevada deuda. Esto les está obligando a vender con prisas para pagar lo que deben; de lo contrario, se enfrentan al temido concurso voluntario de acreedores.

La teoría del apalancamiento fue aplaudida desde el Gobierno hasta la CNMV, pasando por el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Era el nacimiento de un nuevo capitalismo en España: unos empresarios estaban siendo capaces de trasladar la riqueza que estaba produciendo el ladrillo a la industria.

El Gobierno se había quedado sin instrumentos para evitar la entrada de capital extranjero, ya que la estrategia diseñada por el anterior equipo gubernamental, liderado por Rodrigo Rato, había sido declarado ilegal por la UE por no respetar la libre circulación de capitales en la zona euro.

Por tanto, que Sacyr Vallehermoso con Luis del Rivero comprara el 20% de Repsol era perfecto, tanto como la compra del 25% de Endesa por parte de Acciona y el pacto con Enel para frenar a los alemanes. También se aplaudió la entrada de ACS en Fenosa y posteriormente en su rival Iberdrola. El sistema energético español había quedado blindado ante los tiburones extranjeros.

La fórmula diseñada por el equipo del Banco Santander era perfecta. El banco proporcionaba la financiación necesaria para afrontar la inversión, como aval se ponían las acciones adquiridas y los intereses del crédito se pagaban con los dividendos que repartieran las energéticas. El único fleco era que si las acciones bajaban del precio pactado habría que provisionar las minusvalías y en la mayor parte de los casos se ponían como aval las propias acciones de las constructoras. Durante los dos o tres primeros años del gran apalancamiento la teoría funcionó como un reloj.

Pero todo se fue al traste por las dichosas hipotecas basura. Las subprime fueron la espoleta de la crisis financiera internacional. La consecuencia es que el dinero se retiró y el dinero fácil ha desaparecido para siempre. Esto significa que el precio del dinero se ha disparado.

La segunda consecuencia es que han confluido la crisis financiera, el fuerte aumento del precio energético y el crac inmobiliario, lo que ha provocado el derrumbe de la bolsa. Las energéticas españolas han acumulado pérdidas en lo que va de año del 25% y las constructoras, de más del 30%. Los constructores, además, cometieron un error de manual. Todos se financiaron a corto, que era más barato que a largo plazo. El resultado es que antes de fin de año vence un tercio de la deuda asumida.

Si no hubiera habido restricciones crediticias, la renovación habría sido automática. Pero las cosas han cambiado y bancos y cajas quieren cobrar porque necesitan liquidez para hacer frente al vencimiento de su propia deuda. No hay dinero para refinanciarse y cuando lo encuentran es muy caro. Es decir, la teoría de que los dividendos pagan el servicio de la deuda ya no vale.

Esto ha llevado a una situación en que las constructoras están entre la espada y la pared. Las seis grandes que cotizan ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, Sacyr y OHL deben en conjunto 94.821 millones (datos al cierre del primer trimestre), lo que significa tres veces más de lo que valen en bolsa, que en conjunto sube a 35.000 millones, según los precios de cierre del viernes. Su patrimonio neto se limita a 27.000 millones.

Ante esta situación, sólo les queda una posibilidad: desandar el camino. Sacyr, gracias al apoyo del Gobierno, pudo vender sin perder demasiado Eiffage, lo que le dio un balón de oxígeno para mantenerse en Repsol. Florentino Pérez ha anunciado que pone en venta Fenosa porque antes de fin de año le vence el crédito que le dio Emilio Botín para su compra. La familia Entrecanales en Acciona está planteando la ruptura con Enel para cobrar las plusvalías que por contrato se garantizó en la operación. Ferrovial está vendiendo activos para aguantar la aventura aeroportuaria. Ahora resulta que FCC es la que mejor situación relativa tiene por haber sido la más torpe... Aunque el que más claro lo tenía era el ex ministro de Hacienda Juan Manuel Villar Mir, que dijo aquello de "zapatero, a tus zapatos".

Benavides necesita clases de Educación para la Ciudadanía

Benavides necesita clases de Educación para la Ciudadanía

Izquierda Unida denuncia la actitud maleducada del alcalde de Almuñécar por inaugurar la reconversión de la sede de la Estación Naútica en Oficina de Turismo sin invitar a ningún representante de esta formación política. La misma actitud se mantuvo en la inauguración del acuario.

 

Al margen de que Izquierda Unida decida o no asistir a una inauguración, que es una decisión política propia de IU, consideramos que el alcalde de un municipio, como representante de todos los vecinos, debe invitar a todos los concejales así como a los representantes de los distintos partidos, sindicatos y asociaciones.

 

Al no invitar al concejal de IU ni al Coordinador Local, el alcalde muestra una actitud grosera y de falta de respeto a los 813 vecinos de este pueblo que dieron su voto a Izquierda Unida.

 

Suponemos que esta denuncia caerá en saco roto porque ya sabemos que Benavides no es un político que intente representar al municipio dignamente por encima de las discrepancias políticas sino que prefiere actuar como el líder de su grupo y que, además, no entiende ni admite la crítica frontal a sus proyectos y a sus decisiones.

 

Aprovechamos esta denuncia para reiterar que, así como creemos que es una obligación democrática y de buena educación, invitar a este tipo de actos a todos los representantes ciudadanos, IU ya escribió hace un año una carta al alcalde en la que le pedía que no enviara a la sede entradas de invitación para aquellos actos que cuestan dinero a los ciudadanos. Consideramos razonable que se repartan algunas invitaciones a las personas que tienen obligación de ir, como son los periodistas, la concejala de Cultura, y poco más. En IU no entendemos por qué motivo tienen que entrar gratis los concejales, las parejas de los concejales, los jefes del partido y en general, todos los allegados al mundillo de la política. Esta lamentable situación se ha vuelto a vivir este año en el Festival de Jazz, en el que, mientras se colgaba el cartel de no hay entradas y mucha gente se quedaba sin poder ver a su artista favorito,  había cientos de entradas gratuitas para personas que pueden perfectamente costearse su entrada como el resto de ciudadanos y que, además, en muchos casos la utilizan para alternar y tomar copas en lugar de oír el jazz con respeto y atención.    

 

Por último, ya que se ha tomado la extraña decisión de reconvertir en Oficina de Turismo una sede que la Mancomunidad había pagado para la estación Naútica, sería bueno que el alcalde explicara qué piensa hacer con la antigua Oficina de Turismo de La Herradura que fue pagada con dinero del Plan de Excelencia Turística. 

La haza de Cotobro

La haza de Cotobro

Francisco Fernández

Én esta playa había una ducha y dos palmeras al lado. Ahora hay dos muñones secos y un agujerito. Esta es una forma de cuidar las playas. Se echa de menos, porque no hay, pasarelas de hormigón y algún pantalán. Eso sí, hay tierra, mucha tierra, como para poner unas plantitas ahora que estamos en crisis y recoger unos tomates que nos vendrían muy bien para el gazpacho.

Después de echar cientos de camiones de tierra sobre la playa de Cotobro, los bañistas han optado por irse a la Playa del Muerto. Como el cartel que indica Playa naturista es muy pequeño y está medio escondido, muchos de ellos visitan la playa bien ataviados de bañadores y bikinis. Para afrontar la travesía, algunos se hacen acompañar incluso por sus perritos.

Aunque ya sabemos que el alcalde tiene poca afición por los consejos de IU, a lo mejor el joven este que lleva lo de las playas tiene otro estilo. Un consejo: ponga usted un buen cartel a la entrada de la Playa del Muerto donde se indique que es una playa nudista. Otro consejo: mande de vez en cuando a una parejita de guardias, eso sí, sin uniforme, que es una playa nudista, para que le regañen un poco al personal que se lleva al perro a la playa porque eso no es muy higiénico. Mientras están ahí no están jorobando a los negritos que se buscan la vida como pueden, honradamente, no como el señor Roca. 

 

El Gobierno de Extremadura no permite que se le lleve la contraria

El Gobierno de Extremadura no permite que se le lleve la contraria

11 ciudadanos de la PCRN tienen que depositar 70.000 €uros de fianzas por oponerse a la refinería de crudos de Gallardo-PSOE en Extremadura

En las puertas del Juzgado de Villafranca de los Barros, alrededor de 300 ciudadanos mostraron su apoyo incondicional a los 11 imputados por supuesta agresión al alcalde “democrático y socialista”, Don Ramón Ropero.

Acompañaron a los 11 imputados ciudadanos de Los Santos de Maimona, La Fuente del Maestre, Montijo, Zafra, La Zarza de Alange, Almendralejo ...

Etapas de la denuncia contra 11 ciudadanos de Villafranca de los Barros:

1. Ramón Ropero, alcalde de Villafranca de los Barros, presenta una denuncia por un PRESUNTO INTENTO de agresión contra su persona a la salida de un pleno celebrado el 30-9-2.005. Aquel día había alrededor de 1.000 personas en las puertas del ayuntamiento, y los eligieron a ellos como podían haber elegido a cualquier otro.

2. La juez estima que los hechos son constitutivos de una simple falta.

3. Ramón Ropero recurre, y la Audiencia dice que las diligencias deben continuar.

4. La juez vuelve a considerar los hechos como una simple falta.

5. Ramón Ropero recurre otra vez, y la Audiencia dice que las diligencias deben continuar otra vez.

6. LA JUEZ QUE HA VENIDO LLEVANDO EL ASUNTO ES APARTADA, y el nuevo juez lo pasa a procedimiento abreviado, considerando que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de atentado, otro delito de lesiones y una falta de lesiones.

7. 14 de Julio, 2008. Por 3ª vez se reabre el caso, estira y prolonga el sufrimiento a los INOCENTES imputados.

El fiscal pide 3 años de cárcel y una multa de 3.650 euros para los imputados. A los concejales “democraticos y socialistas” les parece poca condena para sus conciudadanos,  y piden 6 años de cárcel y 12.650 euros de multa para cada villafranqués imputado.

Ésta es la fórmula del “alcalde de todos los villafranqueses” (así se autodefine “Don” Ramón Ropero) para no crear crispación, y talante empleado por el PSOE que preside Rodríguez Zapatero para hipotecar Extremadura con una nueva refinería de petróleos de interior, con una inversión de salida estimada en 2.500.000.000 de €uros.

El juzgado ha reunido hoy a los imputadospara empezar este nuevo proceso,  y depositar en fianza alrededor de ¡¡ 70.000 €uros !!

Entre todos les ayudaremos y tarde o temprano, podremos celebrar que la LIBERTAD, la JUSTICIA y la VERDADERA DEMOCRACIA por fin llegaron a Extremadura.

Número de cuenta bancaria para ayudar a los imputados y a la PCRN en la contratación de los abogados.
Caja Rural de Extremadura.3009-0022-19-2096913617

Siglo XXI: Desarrollo Sostenible
Plataforma CIUDADANA "Refinería NO"

Telf. 609 63 42 54Fax: 924 52 36 63

Las playas de Almuñécar sufren la dejadez del equipo de gobierno

Las playas de Almuñécar sufren la dejadez del equipo de gobierno

Izquierda Unida denuncia la dejadez del equipo de gobierno, que deja pasar los días sin tomar decisiones importantes para la calidad de vida de los vecinos y los visitantes. Es lamentable que se haya esperado al 24 de julio para llevar a Mesa de Contratación la compra de pasarelas de hormigón, pantalanes y juegos infantiles de playa.

 

Estas compras se tenían que haber realizado en el mes de mayo para que estuviesen instaladas en las playas todo el verano. La falta de previsión y la falta de dedicación del equipo de gobierno ha hecho que se llegue a estas fechas sin que las compras se hayan hecho.

 

En la mesa de contratación del día 24 se ha aprobado comprar unos juegos infantiles combinados y juegos de redes. Por mucha prisa que se dé la empresa adjudicataria, va a ser difícil que estos juegos estén instalados antes de agosto con lo que ya se ha perdido la mitad del verano.

 

Respecto a las pasarelas y los pantalanes, la cuestión no puede ser más lamentable ya que no se han podido adjudicar porque las ofertas que se presentaban no han obtenido el visto bueno de los servicios técnicos. Ya no hay tiempo de convocar un nuevo concurso en el verano así que nuestras playas se van a quedar sin esos elementos.

 

Desde IU se critica esta dejadez del alcalde y su equipo de gobierno. Tantos viajes y tanto tiempo dedicado a los asuntos judiciales no dejan tiempo material para que las cuestiones propias del día a día, las que mejoran la calidad de nuestras calles y playas, se vean resueltas en su momento.

IU manifiesta su satisfacción por ver el acuario terminado

IU manifiesta su satisfacción por ver el acuario terminado

Izquierda Unida quiere expresar su satisfacción por ver finalizado un acuario que llega con más de un año de retraso. Bien está lo que bien acaba, dice el refrán, y esperemos que a partir de ahora, estas instalaciones se conviertan en una fuente de ingresos para el municipio.

 

Esta satisfacción por ver concluida la obra no nos puede hacer olvidar que las instalaciones han costado mucho más de lo previsto y que ese coste vuelve a gravar la ya maltrecha economía de los almuñequeros. Sería razonable, aunque sólo fuera como compensación, que el precio de la entrada para las personas empadronadas en el municipio fuese sensiblemente inferior al fijado.

 

En IU desconocemos el coste final del acuario y mucho nos tememos que a las cifras que se han hecho públicas haya que añadir otras cantidades importantes derivadas de los trabajos que se han llevado a cabo en los últimos meses. La mayoría de esos gastos imprevistos se deben a una mala gestión en la que tiene que haber un responsable que no se ha hecho público.

IU pide explicaciones por el retraso de los aparcamientos

IU pide explicaciones por el retraso de los aparcamientos

La falta de planificación del alcalde y su equipo de gobierno está llevando al municipio a uno de los veranos más agobiantes que recordamos. Tenemos las dos playas más grandes del municipio en obras debido a los aparcamientos sin que esto parezca importarle al señor alcalde que se dedica a hablar sólo de los retrasos de la autovía.

 

Quizá sea Benavides el único almuñequero que no tiene autoridad moral para hablar de ese tema habiendo abierto el acuario dieciocho meses después de inaugurarlo y teniendo abiertas en mitad del verano dos obras de la importancia de los aparcamientos, obras que llevan un retraso considerable, que causan un sinfín de problemas y sobre las cuales no se informa al ciudadano.

 

Ignoramos dónde han quedado aquellas declaraciones del alcalde en las que afirmaba que, si no estaban concluidas, las obras se taparían para el verano permitiendo la circulación de vehículos y personas. Es flagrante el caso del aparcamiento de Velilla en el que todavía puede leerse un letrero indicando que estaría terminado en junio. IU pregunta por qué no se ha multado a la empresa al incumplir sus compromisos y por qué no se le ha obligado a tapar provisionalmente el agujero hasta que llegue octubre.

 

Este es un caso más de mala gestión en el que el interés público se supedita al interés privado permitiendo a las constructoras planificar el ritmo de las obras.Ya sabemos que una obra importante genera molestias. Pero la obligación del que encarga la obra es la de tomar las medidas necesarias para paliar esas molestias. En este caso, parece ser todo lo contrario ya que ni se exige a la empresa que cumpla con los plazos ni se habilitan aparcamientos y sitios de paso provisionales.

 

Para añadir más problemas, el equipo de gobierno ha tomado la inaudita medida de poner de zona azul todas las playas desde el Tesorillo hasta el rincón de la China, así como el paseo de la Herradura. Estas actuaciones del alcalde son tremendamente perjudiciales para el turismo a medio y largo plazo.

Un alcalde que está de vacaciones un día sí y otro también es un problema para un municipio que tiene todos los días cuestiones que resolver. Ya es hora de que los grupos de la oposición dejemos a un lado nuestras discrepancias y busquemos una solución para el verdadero problema de este pueblo que se llama Benavides. 

La petición de traslado de una línea telefónica destapa la existencia de escuchas policiales al diario Gara

Las gestiones realizadas por la empresa editora de GARA ante la compañía Telefónica al objeto de trasladar la ubicación de una línea en Iruñea han destapado la existencia de escuchas policiales a este diario. Esas gestiones demostrarían que todas las llamadas recibidas en la delegación de GARA en Iruñea son rebotadas a la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Baigorri Argitaletxea ha presentado la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Iruñea.
Lo que debía ser una simple gestión administrativa con la compañía Telefónica para solucionar un traslado de línea de un local a otro de Iruñea terminó de un modo ciertamente desagradable. Con la constatación, una vez más, de que en este país se conculcan derechos básicos con toda impunidad.

Dentro de las gestiones mencionadas, el 14 de julio recibíamos una llamada de la compañía al objeto de concretar a qué domicilio debían remitir las facturas a partir del momento del traslado de la línea telefónica. Ante nuestra extrañeza, pedimos aclaraciones y el interlocutor nos cita, para nuestra sorpresa, dos posibles domicilios a los cuales podría remitir las futuras facturas: la nuestra propia (hasta ahí todo bien), y una segunda que correspondía a... la Jefatura Superior de Policía Nacional, sita en la calle General Chinchilla nº 3-5, planta baja, de Iruñea. Huelga decir que la delegación de GARA (Pozo Blanco 15) y la Jefatura Superior de la Policía española no se encuentran en el mismo edificio, ni tan siquiera en la misma zona de la capital navarra.

Y el lector, avispado, se preguntará: ¿cómo es posible que en la compañía Telefónica figuren dos domicilios para la delegación de GARA en Iruñea y que uno de ellos sea el de la Policía Nacional?

Llamadas desviadas

A la vista de los datos, y una vez comprobado que las siguientes gestiones no permitían conseguir mayores aclaraciones, sino que se limitaban a confirmar que, efectivamente, a la compañía le figuraba esa segunda ubicación -incluso se nos facilita el número de teléfono correspondiente a ese segundo domicilio, lo que permite comprobar que, efectivamente, correspondía a la Policía Nacional-, la conclusión es tan obvia como grave: las llamadas que GARA recibe en su delegación de Iruñea son desviadas o rebotadas a la Jefatura Superior de la Policía Nacional y, por lo tanto, escuchadas, grabadas o lo que sea que hagan con ellas.

"Supongo que será un error", es el único añadido que arrancamos de nuestra interlocución en Telefónica. Pero, ¿cree el lector que existen semejantes casualidades en este país?

Denuncia

En la pertinente denuncia presentada ayer por la empresa editora de este diario ante el Juzgado de Guardia del Palacio de Justicia de Navarra, se apunta, obviamente, que quien presenta la misma no tiene conocimiento de que por cauce legal alguno se haya decidido la interceptación de sus comunicaciones.

De tal modo que, tras lo expuesto y los diáfanos indicios que motivan la denuncia, la empresa editora de GARA solicita la práctica de las siguientes diligencias de prueba:

- que la compañía Telefónica informe al Juzgado arriba mencionado de si se está practicando alguna intervención o escucha telefónica de las llamadas recibidas en la delegación del periódico en Iruñea o en cualquier otra línea telefónica de la empresa editora de GARA, y la causa u origen de la misma.

- y que, asimismo, se inste a la Jefatura Superior de la Policía española para que informe al Juzgado si está practicando alguna escucha telefónica de ése u otro número de GARA.

Los bomberos de Almuñécar y los empleados de Aguas y Servicios, dedicados a transportar agua salada para el acuario

Los bomberos de Almuñécar y los empleados de Aguas y Servicios, dedicados a transportar agua salada para el acuario

Los bomberos de Almuñécar están dedicando su tiempo desde hace varias semanas a llenar los depósitos de agua del Acuario. Desde IU entendemos que no entra dentro de las tareas del Cuerpo de Bomberos la de llevar agua a una empresa privada, que es la única que tiene que gestionar el acuario desde que se quedó con la concesión del mismo.

 

Respecto al trabajo de los bomberos para esta empresa, no es adecuado utilizar los camiones del servicio contra incendios en este cometido ya que el agua que se está transportando es agua salada y podría afectar negativamente al depósito de estos vehículos.

 

El mismo cometido que los bomberos está realizando Agua y Servicios de la Costa. Desconocemos si este trabajo está siendo facturado y nos gustaría saber asimismo si sus vehículos están preparados para transportar agua salada.

 

Por otro lado, IU quiere denunciar que se está trayendo agua desde el Aquatropic, y dudamos que la concesión que tenga el Aquatropic incluya la de sacar agua para el acuario, por lo que suponemos que no hay autorización de Costas.

 

Desde hace un año y medio que asistimos al esperpento de la inauguración del acuario, los problemas no han parado. Han sido varios los informes de los técnicos sobre los problemas de  mortandad que tenían las distintas especies debido a mala climatización y baja calidad del agua. Por otro lado, las obras han sido continuas, haciendo y deshaciendo en un continuo derroche de dinero público. Según hemos sabido por distintos informes, las prisas con que se acometieron las obras para poder inaugurarlas antes de las elecciones, han dado lugar a problemas de todo tipo incluyendo humedades y filtraciones de pluviales. Lo más reciente ha sido el desmontaje de todo el aire acondicionado, que está arrumbado sin utilidad alguna mientras se ha contratado a una empresa para poner uno nuevo.

 

Probablemente en unos días volvamos a asistir a otra nueva inauguración de lo mismo, y desconocemos si dicha instalación cumple con todos los requisitos técnicos y de seguridad correspondientes.

Llevan al juez papeles que prueban que Del Ojo perdonó supuestamente dinero a un promotor

Llevan al juez papeles que prueban que Del Ojo perdonó supuestamente dinero a un promotor

Pronto tendremos noticias de una investigación que, a denuncia de IU, está llevando Fiscalía acerca de casos parecidos a este que contamos de Ogíjares. Aquí se está investigando cómo es posible que unas gradas que eran gratis acaben costando casi un millón de euros. O como se entiende que un aparcamiento (el del Altillo y el del Hotel Bahía) acabe vendiendo las plazas de residentes al doble de lo comprometido en el Pliego de Condiciones). Por eso nos interesa contar lo que ocurre en otras localidades donde los trapos sucios van saliendo. Porque, al fin y al cabo, tampoco lo de aquí es tan novedoso ni tan original. Es lo mismo de siempre. Nosotros pagamos (basura, IBI, zona azul) y otros se ponen las botas.

El Ayuntamiento de Ogíjares entregó el pasado lunes al juez del 'caso Del Ojo' una documentación que acreditaría que el antiguo gobierno municipal supuestamente 'perdonó' a un promotor una licencia de obras y su fianza por valor de 45.000 euros -siete millones y medio de pesetas-. Según los informes aportados por el Ayuntamiento -ahora en manos del PSOE- el dinero nunca se llegó a ingresar.

El expediente está fechado en 2005. El ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo compatibilizó su acta en el Congreso con la concejalía de Urbanismo de Ogíjares hasta octubre de 2006, un puesto del que dimitió tras desvelar IDEAL presuntas irregularidades en su gestión. Informaciones que dieron pie una investigación por parte de la Fiscalía del TSJA, que tras múltiples vicisitudes acaba de llegar a un juzgado de instrucción de Granada. Entre otras cosas, se detectaron contrataciones de obras por encima del presupuesto que había autorizado el pleno del Ayuntamiento o facturas autorizadas en contra de los informes de la interventora.

Especial relevancia para la investigación tuvo la aparición de una carta en la que un promotor asegura que Del Ojo, siendo alcalde en funciones, le invitó verbalmente a acometer una serie de trabajos en la localidad, una propuesta que se haría realidad pocas semanas después. En esta misiva, el promotor reclamaba al Ayuntamiento una deuda que casi alcanza los 160.000 euros.

Los protagonistas coinciden en varias ocasiones. Son los mismos que después intervienen en la contratación de las obras del pabellón por un millón de euros más de lo que había autorizado el pleno.

En la documentación aportada al juez por el Ayuntamiento vuelven a aparecer las mismas personas. Se trata de la licencia de una obra que, a tenor de la base imponible, estaba presupuestada en 690.560,64 euros -más de cien millones de pesetas-. El constructor tenía que pagar en tasas e impuestos 39.361,96 euros y otros 6.905,61 en concepto de fianza. Pero ninguna de las dos cantidades figuran después en las cuentas municipales, según el informe encargado por el Ayuntamiento.

En uno de los documentos incorporados al expediente aparece una nota manuscrita en la que el funcionario advierte de que «por orden de José Luis del Ojo han retirado la licencia pero no han pagado» y que había que «concretar» con el Ayuntamiento. Una 'concreción' que presuntamente nunca se produjo.

Las mismas fuentes apuntan que la colaboración del Ayuntamiento está siendo determinante en la investigación. El actual gobierno municipal también encargó una auditoría externa que reveló -entre otras cosas- que Del Ojo siguió autorizado tras su dimisión para acceder a todas las cuentas bancarias -cuatro en total- de la empresa municipal de suelo (Emogisa), de la que era miembro. El consejo de administración de Emogisa fue informado de la renuncia del ex edil el 26 de octubre de 2006 pero Del Ojo continuó con permiso para entrar en las cuentas, al menos, hasta el 31 de diciembre. El informe no aclara sin embargo si llegó a hacer uso o no de esos privilegios, aunque advierte de que había un descontrol tremendo de la contabilidad. Hasta el extremo -dice textualmente- de que «hay posibilidad de que existan apuntes registrados por el banco y no contabilizados por la sociedad (Emogisa)».

Desde esta sociedad se firmaron los contratos millonarios de la piscina y el pabellón municipal, dos obras denunciadas por la Fiscalía. Entre las dos se produjo una desviación de 2,6 millones de euros sobre el presupuesto que aprobó el pleno inicialmente.

Son las cifras por aclarar del 'caso Del Ojo', que después de tanto rodar no ha hecho más que empezar. La única referencia por ahora es la extensa denuncia elaborada por la Fiscalía del TSJA, la que después viajó hasta el Supremo. En su relato, el fiscal enumera casi seis millones de euros que no están claros, aunque parte de este dinero no se ha llegado a pagar. La cifra es la diferencia que va surgiendo de los distintos proyectos que se hacen para una misma obra. Las cantidades que cuestiona la Fiscalía son 63.073 euros por un lote de obras en calles; 3.125.496 euros por la casa de la cultura; 1.245.601 euros por el pabellón; y 1.464.511 por la piscina.

Denuncian al ex alcalde de Seseña por aprobar el PAU del "Pocero"

Denuncian al ex alcalde de Seseña por aprobar el PAU del "Pocero"

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) por prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón de Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', prevé la construcción de 13.508 viviendas.

Anticorrupción, que ha investigado la autorización de ese PAU durante dos años a instancias de Izquierda Unida, ha encontrado "unos incrementos patrimoniales injustificados" por parte de Martín, que gobernó en Seseña entre 1999 y 2003, por lo que ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Illescas (Toledo).

El actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, denunció ante la Fiscalía el 14 de julio de 2006 un presunto trato de favor por parte del anterior gobierno municipal y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la tramitación y aprobación del PAU.

La denuncia de la Fiscalía, fechada hoy 9 de julio, sostiene que el alcalde forzó el último día hábil de la legislatura la aprobación de un PAU que iba a quintuplicar la población del municipio a sabiendas de que faltaban informes preceptivos de la Comisión Provincial de Urbanismo o la evaluación ambiental de la Consejería de Agricultura de la comunidad.

Entre 2002 y 2005, Martín realizó sucesivas inversiones y desembolsos de importantes cantidades de dinero, incremento patrimonial que justificó ante la Fiscalía alegando haber cobrado un cupón de la ONCE premiado con 144.000 euros en el año 2000 y las sucesivas reinversiones de ese dinero.

La Fiscalía considera que esas afirmaciones no quedan acreditadas "al no constar declarados los incrementos patrimoniales relacionados con ese u otros ingresos".

Según la denuncia, en 2002 coincidió la presentación por parte de la empresa ONDE 2000 SL, propiedad de Francisco Hernando, del PAU en el Ayuntamiento con la suscripción por parte del Martín de dos fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente.

También adquirió entonces un bien inmueble en Málaga por importe de 9.617 euros a pesar de que su salario entre 2001 y 2005 fue de 27.806 euros brutos, excepto en 2003, cuando, al dejar en junio el Ayuntamiento, sólo percibió 17.074 euros.

El 13 de mayo de 2003, cinco días después del pleno municipal en el que se aprobó el PAU, Martín suscribió tres fondos de inversión a favor de sus hijos por importe de 48.000 euros cada uno (un total de 144.000 euros).

Ese año también firmó fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de sus hijos, realizó un desembolso en efectivo de 77.208 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para comprar dos viviendas de la sociedad Promociones del Saz 2000 SL, empresa vinculada a ONDE 2000 SL, a la que ya se había adjudicado el PAU de El Quiñón.

En 2004, cuando José Luis Martín ya había dejado el Ayuntamiento, adquirió nuevos fondos de inversión por importe de 60.000 euros, mientras que el año siguiente firmó dos fondos de inversión por 15.000 y 110.113 euros, y desembolsó 71.334 euros a Promociones Zapata y Muñoz y 14.921 a Mapfre Mutualidad.

La Fiscalía relata en la denuncia el proceso de autorización del PAU, en el que el alcalde convocó tres plenos extraordinarios en los últimos meses de la legislatura para sacar adelante el proyecto, que aún no contaba con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo ni con el informe ambiental de la Consejería de Agricultura.

Martín ignoró en varias ocasiones las advertencias de la oposición y el PSOE sacó adelante con sus votos el proyecto, aprobación que fue anulada por el Ayuntamiento después de las elecciones, que ganó Manuel Fuentes (IU).

La Fiscalía cierra la investigación con una denuncia que sólo afecta al ex alcalde, a pesar de que IU había pedido que se investigara la actuación de Hernando, la de varios ediles del PSOE y del PP y la del entonces consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, puesto que el informe de Urbanismo salió de la Consejería el mismo 8 de mayo en que se aprobó el PAU.

Asimismo, IU pidió la investigación de la relación del entonces presidente regional, José Bono, con la empresa ONDE 2000, que, según IU, habría realizado trabajos en la Hípica Almenara, de la que era accionista el actual presidente del Congreso.

MÉTODOS MAFIOSOS CONTRA PROPIEDADES DE ECOLOGISTAS EN CORTES Y GRAENA

MÉTODOS MAFIOSOS CONTRA PROPIEDADES DE ECOLOGISTAS EN CORTES Y GRAENA

Un campo de cebada arde y cuatro coches propiedad de miembros de Ecologistas en Acción ven rajadas varias de sus ruedas en la misma noche y aparcados en lugares distintos.

 

El campo de cebada ardió la madrugada del 25 al 26, de una forma extraña, ya que comenzó a arder pocos minutos antes de que llegaran los bomberos de Guadix avisados por “alguien” con bastante antelación. El propietario de la finca no se enteró de este incendio –curiosamente nadie le avisó, ni bomberos ni Guardia Civil- hasta el día 1 de julio cuando fue a la comandancia de la Guardia Civil de La Peza, por segunda vez,  a ratificar la denuncia sobre los navajazos a varias ruedas de cuatro coches suyos y de familiares en la noche del día 26 de junio.

 

Se da la circunstancia de que esta familia se ha destacado en el pueblo de Cortes y Graena por su oposición a los planes de urbanismo, que pretende construir un gran número de viviendas en zonas protegidas por el Plan Especial de Protección del Medio Físico, que las considera Paisajes Agrarios Singulares. La mayoría de los terrenos que rodean a la finca que ha ardido han sido adquiridas por conocidos promotores urbanísticos al olor de los futuros planeamientos.

 

También esta familia se ha opuesto al acerado de la carretera entre Graena y Purullena, presentando batalla y pleitos ante la Diputación y esperando que la Junta de Andalucía resuelva la ilegalidad de esta obra.