Noticias 2008

Estados Unidos causa una matanza de mujeres y niños en Afganistán

Al menos 22 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron ayer en un bombardeo de las tropas de la coalición multinacional liderada por EE UU en la provincia de Nangarhar, al este de Afganistán, informó una fuente oficial afgana.

Las víctimas perdieron la vida durante una ofensiva aérea cuando regresaban de una boda en Aska Meena. Otras trece personas sufrieron heridas como consecuencia de los bombardeos, que tuvieron lugar a las 06.30 hora local. Según un comunicado de la comandancia de EE UU, los militares detectaron la presencia de supuestos talibanes en el distrito de Deh Bala, próximo a la frontera con Pakistán, e iniciaron los bombardeos.

Una fuente oficial afgana informó de la muerte de 22 civiles en un bombardeo aéreo de las tropas de la coalición, mientras que el mando militar de EE UU confirmó la ofensiva, pero aseguró que las víctimas fueron 12 talibanes. El presidente afgano, Hamid Karzai, entristecido por el incidente, ordenó una investigación para esclarecer lo sucedido en esa operación.

Las tropas de la coalición liderada por EE UU, que actúan independientemente de las fuerzas de la OTAN, son fundamentalmente estadounidenses y están bajo mando directo de Washington. En lo que va de año, más de 1.800 personas han muerto a causa de la violencia en Afganistán.

Las tropas terrestres de la coalición pidieron apoyo aéreo de helicópteros de ataque después de que milicianos realizaron una ofensiva contra un puesto en la provincia de Nuristán, al noreste del país, dijo ayer el Ejército de Estados Unidos en un comunicado. El ataque de los helicópteros mató a más de dos decenas de milicianos, sostuvo la nota. Pero el gobernador de Nuristán dijo que murieron 15 civiles y que ninguna víctima era miliciano.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LAMENTA QUE LA JUNTA HAYA TARDADO SEIS AÑOS EN APLICAR LA LEY EN LA PLAYA DE CANTARRIJÁN

Desde el año 2002 debería haberse regulado el tráfico en el Paraje Natural como hace años se viene haciendo en la parte malagueña.

Estamos hablando de una zona de especial interés para las aves (ZEPA), de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y de una Zona Especialmente Protegida de Interés para el Mediterráneo (ZEPIM), por sus enormes valores ambientales.

Esto quiere decir que es una zona única en España y las administraciones están obligadas, por mandato constitucional, a velar por su protección.

El trasiego de coches, a su bola, causa un daño irreparable, al mismo tiempo que supone un peligro para las personas en caso de emergencia.

No entendemos las quejas, ya que la playa va a ganar en calidad, los chiringuitos no van a tener ningún problema para bajar sus mercancías en vehículos, y las personas, o bien bajan andando o usando un servicio de lanzadera que ya existe en la vertiente malagueña desde hace años y nadie se ha rasgado las vestiduras.

A la larga esta decisión será beneficiosa para todos, chiringuitos, usuarios y el medio natural, que ganará más y aumentará su valor y su atractivo.

Felicitamos a la Delegación de Medio Ambiente por haber aplicado, por fin, la resolución de 30 de julio de 2002 de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales, en el sentido de restringir el tráfico rodado por sus potenciales peligros para este valioso enclave natural.

El mayor vertedero del mundo está en el océano Pacífico

Una mancha de basura con un tamaño dos veces el territorio de Estados Unidos flota se desliza entre la Costa de California y Japón

Una gran "sopa de plástico" que flota en el océano Pacífico con un tamaño dos veces el territorio de Estados Unidos es, según los científicos, el mayor vertedero del mundo. La mancha cubre cerca de 500 millas de la costa de California, rodea Hawai y se extiende hasta casi Japón, según publica The Independent.

Charles Moore, el oceanógrafo norteamericano que descubrió la "gran mancha de basura" y creador de la Fundación de Investigación Marina Algalita cree que contiene unas cien millones de toneladas de desperdicios. La descubrió por casualidad en 1997 durante un crucero de Los Angeles a Hawai al navegar por un vórtice que los marineros generalmente evitan porque hay poco viento y mucha presión.

Según el oceanógrafo Curtis Ebbesmeyer, la mancha es como un ser vivo: "Se mueve como si fuera un gran animal sin correa", capaz de provocar catástrofes cuando se acerca a la costa. "Con frecuencia se aproxima al archipiélago hawaiano, dejando la costa cubierta de plástico", explica Ebbesmeyer a The Independent.

Según Naciones Unidas, la contaminación del océano provoca la muerte de más de un millón de pájaros marinos cada años y de 100.000 mamíferos acuáticos. Jeriguillas, cigarrillos y cepillos de dientes han sido encontrados en los estómagos de muchos animales muertos.

 

Los maletines de Estepona

Luis Gómez

Un testigo vio cómo actuaba frecuentemente Antonio Barrientos, ex alcalde de Estepona, actualmente en prisión, acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Y lo cuenta: "Visitaba una asociación, escuchaba a sus promotores y daba un generoso donativo en billetes de 500 euros. Llevaba siempre a su lado a una persona a la que le decía: ’Tráeme la carpeta del dinero".

Las donaciones a este tipo de asociaciones de la ciudad (de vecinos, de jubilados...) se hicieron más patentes a lo largo de la pasada campaña electoral, según algunas fuentes. Nadie sabía muy bien de dónde salía el dinero que el alcalde entregaba siempre en efectivo a estas asociaciones cuando se acercaba a visitarlas. Todo para agigantar la figura del alcalde.

El uso de los fondos de la caja b que manejaba Barrientos, alimentada por decenas de empresarios y promotores a cambio de favores urbanísticos, licencias y permisos, tenía también otro destinatario claro: conceder gratificaciones y sobresueldos a empleados municipales, actividad en la que participaba Francisco Zamorano, concejal de Hacienda y que llevaba la gestión de personal. "Cuando un expediente debía ser agilizado, la fórmula era la de premiar a determinados funcionarios", añade este testigo.

Los investigadores no han acreditado hasta el momento que exista enriquecimiento personal del alcalde pero están a la espera de analizar la información que les llegará procedente de los bancos sobre las cuentas corrientes incautadas. Ahí esperan encontrar algo de lo hallado hasta ahora: existían rumores muy extendidos de que la Policía estaba investigando el caso de Estepona.

El ex alcalde de Estepona contaba con otra manera para ganar popularidad: su intensa actividad a la hora de atraer personalidades ilustres a la ciudad, sus proyectos culturales (Ciudad del Periodismo, Campus universitario). Todos estos le permitieron ganarse una imagen pública, dominar el partido en Estepona, donde su elección como secretario general recibió un respaldo casi unánime, y escalar posiciones en Málaga.

Las cifras de afiliación del partido han crecido notablemente. Esto también ha llamado la atención de los investigadores. De hecho, los movimientos de la afiliación en el PSOE de Málaga son uno de los hechos clave de la investigación.

La publicidad de que disfrutaba Barrientos era tan evidente que pasaba por ser el socialista más conocido de Málaga. Tenía, además, cierta fama de ir por libre. Tanto es así que, a pesar de algunos desencuentros con la Junta de Andalucía por sus prácticas urbanísticas, la Junta terminó entrando en el juego ante la imparable actividad del alcalde.

El terreno en el que se movía Barrientos, Estepona, tenía dos características singulares dentro de la Costa del Sol: ser el Ayuntamiento más importante con el PSOE en el poder y mantener una notable expansión urbanística en tiempos de crisis inmobiliaria. En esas condiciones, según fuentes de la investigación, Barrientos usaba la gestión municipal para hacerse cada vez más fuerte en el PSOE de Málaga.

A esto colaboraba la situación interna del PSOE malagueño, que sufre desde hace tiempo ciertas disensiones internas. En esta coyuntura se movía la ambición de Barrientos, que iba más allá de su puesto en la alcaldía.

En cualquier caso, la envergadura de esta operación no tiene nada que ver con la Operación Malaya. Lo que está fuera de toda duda era que Estepona no estaba en crisis o al menos no sufría el parón urbanístico de otras localidades de la costa. Un día antes de salir a la luz la Operación Astapa, Barrientos firmaba un convenio con unos saudíes que significaría unos ingresos cercanos a los ocho millones de euros para el municipio. Los convenios son, por tanto, otro plato fuerte de la investigación.

En ese terreno, dos empresas, Valle Romano y Prasa, ocuparon la atención de los investigadores. Sobre todo Valle Romano, el mayor proyecto urbanístico de la Costa del Sol en estos momentos, patrocinador de buena parte de las actividades culturales y deportivas de la ciudad de Estepona. Valle Romano, como Prasa y otras empresas, se caracterizaba por financiar buena parte de las actividades emprendidas por el alcalde Antonio Barrientos. Las donaciones nunca fueron transparentes, así que no había certeza de cuál era el destino final del dinero ni qué cantidades se manejaban.

Todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el alcalde Barrientos no cortó con las prácticas urbanísticas de la era Gil, pero sí trató de aparentar una mayor legalidad.

El fiscal denuncia al alcalde de Otura y a 4 ediles por prevaricación

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha denunciado al alcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz, y a otros cuatro concejales del Ayuntamiento otureño y miembros de la Junta de Gobierno Local por un presunto delito de prevaricación por la recepción de obras y licencias de primera ocupación para 50 viviendas de una urbanización, de la que informaron negativamente en varias ocasiones los técnicos municipales.

Según consta en la denuncia del fiscal, los miembros de la Junta de Gobierno Local, formada por el alcalde y los ediles Ignacio Francisco Pérez Cabrera, Pedro Luis Francisco Cabanillas, María Antonia López Bascuñana y María Dolores Dobaño, concedieron licencias de ocupación para medio centenar de viviendas, tras la solicitud de la mercantil Mantenimientos y Construcciones Alcuba, urbanizadora del Plan Parcial.

La empresa pidió la recepción parcial de la obra pública de urbanización, a lo que el arquitecto municipal emitió un informe desfavorable en el que se señalaba que no debía concederse porque la recepción parcial no coincidía con la fase inicial fijada en el plan parcial. Además, las obras tenía "importantes defectos y omisiones", como la falta de informes sanitario de la red de abastecimiento de agua.

A pesar de ello, agrega el Ministerio Público, la Junta de Gobierno Local acordó recepcionar las obras, condicionándola a que se subsanaran las deficiencias en un plazo de 90 días. Cuando transcurrieron sólo quince, el alcalde ordenó al técnico municipal que emitiera un informe sobre la subsanación el 14 de noviembre de 2007, "sin permitirle realizar una visita de inspección a las obras".

El técnico volvió a informar desfavorablemente de la recepción de las obras, si bien el alcalde "llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras de urbanización aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables", dictó una resolución en la que dio por subsanados los defectos y cumplidas las condiciones.

El 20 de noviembre de 2007 representantes de la mercantil acudieron al Ayuntamiento para firmar la recepción de la obra, aunque el técnico municipal presentó entonces la plantilla de acta de recepción, donde hizo constar el carácter parcial de las obras. Tras esto, uno de los representantes llamó por teléfono al alcalde y se lo pasó al técnico, al que el regidor ordenó que hiciera constar la recepción como total, lo que sorprendió incluso al técnico que acompañaba al representante de la empresa.

"Se aprecia una clara voluntad de anticipar la recepción de las obras de urbanización a un momento en que se carecía de los mínimos elementos necesarios en una actuación en la que la voluntad personal se impone contra todo criterio jurídico aplicable", sostiene el fiscal.

La trama corrupta de Estepona financió a partidos con las comisiones ilegales

Antes de que estos sinvergüenzas entraran en la cárcel, cuando el concejal de IU denunciaba que las obras se adjudicaban a los amigos, que no se daba información suficiente de los convenios urbanísticos, que de dónde salía tanto dinero para la campaña del PSOE o del GIL... cuando el concejal de IU denunciaba que la deuda del ayuntamiento no dejaba de crecer aunque subiesen los ingresos, o que no era lógico que los arquitectos y empleados de Urbanismo tuviesen negocios privados... cuando el concejal de IU en Estepona decía estas cosas, siempre encontraba las mismas respuestas: A ver cuando decís algo positivo, sois unos mal pensados, no tenéis pruebas, queréis paralizar la ciudad, este hombre está haciendo mucho por el pueblo, no sabéis lo que es el desarrollo, sois unos cavernícolas... De los que así nos respondían, unos eran ingenuos y otros defendían sus intereses. Pero eso sólo pasa en Estepona

Y en Marbella, y en Totana, y en Alhaurín, y en.... Aquí, por supuesto, no.

La red corrupta de Estepona capitaneada por sus dirigentes municipales acumuló tal volumen de comisiones ilegales fruto de su extorsión -gracias a la complicidad de técnicos, abogados y empresarios- que le permitió lucrarse personalmente, pagar actividades municipales y financiar a los dos partidos políticos que gobernaban la localidad hasta 2007 (PSOE y Partido Estepona, PES).

Una caja b municipal, que manejaban el alcalde socialista, Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano, y su antecesor, el edil Manuel Reina, del PES (integrado por ex dirigentes del GIL), atesoraba el dinero de las comisiones ilegales. Posteriormente, tal fondo se repartía entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas, y el pago de actos municipales de concejalías.

La investigación impulsada desde 2006 por la Fiscalía Anticorrupción y la Comisaría General de Policía Judicial, a resultas de una denuncia interna contra la trama, ha evidenciado que las comisiones recabadas desde el Ayuntamiento de Estepona sirvieron para esos fines ilegales.

Parte del botín, según la investigación, fue a los bolsillos de los miembros de esta trama, a la que se atribuye, entre otros delitos, el de blanqueo de capitales. Esa sospecha policial se desprende de frases comprometedoras grabadas a los supuestos corruptos. Además, se cimenta en la constatación del incremento patrimonial injustificado detectado en algunos de los concejales investigados. Como dicho patrimonio, según la investigación, procede de unos fondos delictivos (comisiones), los ediles incurren en blanqueo de capitales. Para ocultar el uso del dinero sucio contaron con la ayuda de promotores y constructores. Los ingresos de la caja b que manejaba el alcalde, al que se le imputa el delito de llevar una doble contabilidad en el municipio que gobernaba, tenían distintos orígenes, todos ilegales:

- Convenios urbanísticos. El Ayuntamiento de Estepona hace una cesión de suelo al promotor y valora la contraprestación que debe recibir. Dicha valoración siempre se hacía por debajo del precio real pero, en realidad, el promotor devolvía parte del dinero regalado por el ayuntamiento a los encargados de gestionar la caja b.

- Adjudicaciones irregulares de obras y servicios. El otorgamiento de un contrato forzando la ley a un empresario amigo tenía un precio. El peaje se integraba en los circuitos financieros clandestinos municipales.

- Aportaciones directas de empresarios a concejalías. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, unidad policial de delitos económicos, sospechan que las aportaciones de empresas privadas a distintas concejalías para sus actividades públicas respondían a previos favores municipales a sus firmas.

- Otorgamiento de licencias municipales de todo tipo bajo exigencia de previo pago. La exigencia a particulares de un peaje ilegal se convertía en otra fuente de ingresos para la caja b.

- Favores municipales a amigos o parientes. Según su tipología y gravedad, pueden revestir carácter penal o no. Los favores, en ocasiones, pudieron ser agradecidos económicamente, según la investigación.

- Contratación ilegal de personal. La trama gobernante prescindió de concursos para encumbrar así en el aparato municipal a sus parientes o amigos.

Cada uno de los imputados en esta operación se ve implicado en distintas operaciones delictivas. Así, el alcalde socialista cometió supuestamente media docena de delitos (prevaricación, nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, doble contabilidad y blanqueo de capitales). Su jefe de gabinete, José Flores Simón, es sospechoso de tráfico de influencias, malversación y blanqueo.

El concejal de Hacienda, el socialista Francisco José Zamorano, cometió supuestamente un delito contra la Hacienda Pública además de controlar la caja b del ayuntamiento. La investigación le atribuye además los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociación prohibida a funcionario público, información privilegiada, y blanqueo de capitales. En esa concejalía estuvo durante la pasada legislatura el concejal Manuel Reina, del Partido Estepona, acusado de idénticos delitos. Uno de los empresarios detenidos, Enrique González Ceano, gestionó la última campaña publicitaria electoral del PSOE en Estepona.

Otros presuntos cómplices de los responsables políticos para convertir la gestión urbanística en comisiones ilegales fueron los arquitectos municipales Ignacio de la Hoz y Arturo Cebrián, junto a altos cargos vinculados al Urbanismo como Andrés Arturo Flores Gómez, Xavier Wittmeur, casualmente responsable en el Ayuntamiento de la valoración de suelos.

Estepona: El concejal de IU y dos concejales socialistas, clave para la investigación

Los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez, peleados con el alcalde, así como el único edil de IU, Eduardo Alarcón, relataron a los agentes con detalle cómo se trabajaba en el Ayuntamiento de Estepona.

Uno de los hilos de los que ahora tiran la policía y la juez Isabel Conejo es la supuesta financiación irregular del PSOE local. La empresa Publiparking, de Enrique González Ceano, uno de los imputados, instaló las vallas publicitarias del partido para las últimas elecciones municipales y también colocó la carpa del PSOE. La empresa tiene dos expedientes abiertos porque los contratos que se le adjudicaron no fueron sometidos a información pública.

Valadez y Rodríguez se ausentaron de un pleno para evitar que se aprobara un convenio urbanístico que, según dijo, "no entra en los códigos éticos del PSOE". Este gesto le costó a Valadez, afiliado desde los 18 años, la portavocía del grupo municipal socialista en noviembre de 2006. Desde entonces, la relación entre ambos se deterioró irreversiblemente. La todavía secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, salió en defensa del alcalde y alabó su "magnífica gestión". En el área de Urbanismo trabaja como cargo de confianza Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.

Las empresas implicadas en la trama corrupta de Estepona tienen grandes vínculos con los ediles imputados. Codelsa, constructora de los hermanos Félix y Vicente Delgado, se relaciona con el edil de Hacienda Francisco Zamorano, familiar de uno de los socios. Zamorano estuvo fuera del Ayuntamiento en la legislatura 2003-2007. Cada jueves, en una tertulia en la televisión local privada Estival, atacaba "a lo bestia" a Barrientos, que lo apaciguó incorporándolo en las listas para las pasadas elecciones municipales.

Las empresas promotoras, en especial Valle Romano, patrocinaban y financiaban todo tipo de actos y obras en la localidad, como la Ciudad Deportiva y la Ciudad del Periodismo, y también daban fondos al partido. Los concejales también relataron a los agentes el "incremento patrimonial desmesurado" de la empresa Agrojardín, de Antonio Bazán. "Aunque el Ayuntamiento tiene vivero propio, Bazán es quien suministra todos los maceteros a la ciudad y ha hecho numerosos parques al Ayuntamiento", afirman las fuentes municipales.

Todo a un euro: Zapatero regala seis torpedos a Marruecos para "mejorar las relaciones bilaterales"

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha regalado en nombre del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero seis torpedos a la Marina Real de Marruecos para "mejorar las relaciones bilaterales". Los torpedos serán pagados al valor simbólico de un euro. La entrega se suma a los ocho juegos de lanzadores realizada en enero pasado, días antes de la visita del ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos.

El Consejo de Ministros ha autorizado a la ministra de Defensa la entrega de seis torpedos MK 46 MOD. 2 para su cesión a la Marina Real Marroquí por el precio simbólico de un euro. Así, la cesión ayudará, según se lee en al referencia del Consejo de Ministros,"a mejorar las relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos".

El pasado mes de enero, el Gobierno aprobó también la entrega de ocho juegos de lanzadores de bombas de aviación para su cesión a las Fuerzas Armadas de Marruecos. Esa cesión (de un armamento valorado en más de 80.000 euros) se realizó en los momentos más duros de la crisis abierta entre ambos países, después de que Marruecos llamase a su embajador a consultas.

Cuarenta y ocho horas después, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, viajaba a Rabat para una cumbre bilateral.

Los empleados de Aguas y Servicios protestan contra el «acoso laboral»

Un numeroso grupo de trabajadores de la empresa "Aguas y servicios de la costa Tropical" ha dormido esta noche a cielo raso, en la plaza de la Aurora y frente a las puertas de la empresa a la que reclaman ponga fin al "conflicto continuo" que ha llevado a su comité de empresa y al sindicato CC.OO. a pedir a la Mancomunidad de Municipios que tome cartas en el asunto, para llegar incluso a "secuestrar" la concesión que, según los trabajadores, ahora se está prestando mal a la ciudadanía de la Costa.

Pero habrá más de una noche a la intemperie, junto a las matutinas recogidas de firmas que avalen las denuncias y reivindicaciones que, según el comité de empresa, evidencian los "hechos muy graves" que se suceden uno tras otro, mientras la Mancomunidad hace oídos sordos y todo esto a pesar de las sentencias condenatorias del Juzgado de lo Social 1 de Motril y el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Estos hechos fueron vueltos a exponer públicamente ayer por el secretario del comité de empresa de aguas y servicios, Salvador Morón quien aseguraba que la cosa va tan lejos que "se han incumplido preceptos de la Constitución española" y se ha colocado a muchos trabajadores en una situación insólita. Morón los expuso: Vulneración de los derechos sociales, discriminación de trabajadores discapacitados, atentar contra la salud y vulneración del convenio colectivo.

El secretario, además, hizo hincapié en la frustración que han producido en la plantilla los dos despidos que la empresa ha realizado "por bajo rendimiento" o los seis casos de "acoso laboral". La gota que ha colmado el vaso "ha sido la situación de un compañero con enfermedad cardiaca al que todos los informes médicos le advertían del peligro de conducir y la empresa lo manda a trabajar a cincuenta kilómetros", denuncia.

Tales hechos se agravan con la postura de la empresa "pues ha hecho caso omiso de la inspección de trabajo, actuando fuera de la ley, por lo que la inspección dio traslado a fiscalía". La cosa pinta muy mal a juicio del secretario provincial de administración pública de Comisiones Obreras, Francisco Parra, quien explicó que se ha pedido a la Mancomunidad que reúna a su Junta General Extraordinaria "para que tome cartas en el asunto de una vez, pues es muy triste que no se esté cumpliendo el ordenamiento jurídico".

Desde CC.OO. se han lanzado llamamientos de ayuda que se han hecho extensivos a los alcaldes de la zona, explica Parra y han recordado que la Mancomunidad adjudicó el accionariado de la empresa a Fomento de Construcciones y Contratas y Acciona.

Además, el sindicato ha solicitado de la Mancomunidad diversa documentación, entre ella el libro de órdenes, informe del último trimestre de cada ejercicio, etc. Mientras, se sucederán las movilizaciones "pues hay que contarle a todo el mundo la insensibilidad de la empresa y lo poco que vale la vida de un trabajador para ella", subraya Morón. "No pararemos hasta que se solucionen los problemas, pues hay sentencias muy fuertes que nos respaldan y hemos esperado a tenerlas para denunciarlos públicamente".

Amparados en los votos se "comen" 30.000 € los representantes del PSOE en el Consejo Audiovisual de Andalucía

InSurGente

Pues eso es lo que se han tragado los representantes del PSOE en el Consejo Audiovisual de Andalucía. Las informaciones sobre los suntuosos gastos en restaurantes lujosos como Eizcaray y Sebastián, realizados por los consejeros propuestos por el PSOE en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) -que incluían ostras, gambas, jamón, cognac y vinos de reserva- han provocado la reacción de la oposición andaluza. Por su parte, los consejeros rechazaron estas informaciones y aseguraron que sus gastos, que afirmaron estaban todos justificados (y tanto), se debían a la intensa actividad que desarrollan en el ejercicio del cargo. En la foto, los que comen a cuenta de los andaluces y andaluzas, los Consejeros "socialistas", Cristina Cruces, Francisco Cervantes, Maria Luisa Pérez, Mercedes de Pablo y Carmen Morillo. Qué no les aproveche.

Fuentes bien informadas aseguran que los gastos en comidas no oficiales de los consejeros propuestos por el PSOE -Francisco Cervantes, Mercedes de Pablo, Cristina Cruces, Carmen Fernández Morillo y María Luisa Pérez- ascendían en 2007 a 23.700 euros, a los que hay que sumar 9.000 euros más en lo que va de 2008

Por su parte, el consejero a propuesta de IU Eduardo Castro aseguró, sobre las facturas que él presentó ante la administración de la entidad reguladora, que no tiene nada que ver con las «comidas suntuosas pendientes de justificar» de los consejeros a propuesta del PSOE. Y añadió que no participó en este tipo de comidas ni ha sido «jamás requerido por la coordinadora de organización para la presentación de memoria justificativa alguna».

Además, Castro es uno de los consejeros que se ha visto obligado a pagarse de su bolsillo los desplazamientos en tren a Sevilla para poder asistir a reuniones del consejo, a diferencia de Carmen Fernández Morillo y María Luisa Pérez, que utilizan el coche oficial para desplazarse desde Cádiz y Jaén.

Por su parte, los consejeros a propuesta del PSOE desmienten «tajantemente la imputación que se nos hace de actuaciones de gastos irregulares en el desempeño de nuestras funciones».En ese sentido, añaden que «todos aquellos gastos realizados por desplazamientos, comidas de trabajo, protocolo, reuniones y jornadas, han sido resultado de la actividad desarrollada por la institución». Justifican sus desembolsos en su intensa actividad, ya que «es fácil de entender que provocamos más gastos quienes hemos desplegado más actividad en el ejercicio de nuestras responsabilidades». Y niegan que utilicen coche oficial, realizando sus desplazamientos en tren, vehículo propio o taxis, abonando siempre el coste que después les es reintegrado.

Sobre la manipulación de las facturas mediante «agrupamientos de suma o calzos de fechas», aseguran que «de haberse producido, no serían responsabilidad de quienes tenemos la exclusiva función estatutaria de firmar gastos efectivamente realizados». Y sobre las ostras y otros mariscos consumidos concluyen que «nada cabe añadir respecto a la elección que cada comensal invitado por esta institución pueda hacer respecto a la carta».

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE MOTRIL ABANDONA AECOST AL NO SENTIRSE APOYADOS

La Asociación de Comerciantes de Motril ha dejado de formar parte de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost) puesto que, desde que se firmara el convenio de colaboración, los comerciantes no han recibido apoyo por parte de Aecost en la defensa del sector que representan.

De este modo, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Manuel Molina, ha aclarado que el pasado día 4 de junio remitieron una carta a la Asociación de Empresarios para comunicarle sus intenciones pero éstos no se han pronunciado al respecto. Molina ha aclarado que el principal motivo de este abandono ha sido la falta de apoyo al decálogo redactado en el momento de la rúbrica del convenio, en el que se denuncia la instalación de centros comerciales con el monopolio de una sola empresa que restaría ganancias a los vendedores locales. “Aecost no apoya estos ideales y nosotros no podemos estar donde no se respeta los intereses de nuestros asociaciones”, ha apuntado Molina.

 Por otro lado, el tesorero de la Asociación, José Pérez Almendros, quien fuera presidente en el momento de la firma del convenio de colaboración hace tres años y medio, ha asegurado que en un principio se buscaba la defensa de los intereses de todos a través de políticas de igualdad con fórmulas tales como “la creación de parques comerciales que dieran las mismas oportunidades a todo aquel ciudadano que quiera abrir un comercio”.

DECÁLOGO DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

 1.         La recalificación de terrenos para la implantación de centros comerciales con una sola empresa propietaria es una inmoralidad.

2.         Se favorece, con ello, la posición dominante de un monopolio en el mercado.

3.         Este monopolio da la posibilidad a la empresa a cobrar el alquiler de sus locales a precios abusivos.

4.         Que un grupo de comerciantes se instalen en el supuesto centro comercial no deja de perjudicar a los más de dos mil comerciantes que realizan su trabajo en la ciudad en la actualidad.

5.         La existencia de centros comerciales cerca de la ciudad se traduce en visitas esporádicas, no perjudiciales, pues no se viaja hasta los mismos en el día a día.

6.         Competencia leal en las posibilidades de instalación.

7.         Los comercios ya existentes están especializados y cuentan con precios competitivos.

8.         Una solución honrada es la creación de parques comerciales que deje las mismas posibilidades de compra para toda persona interesada.

9.         Debemos conseguir que las administraciones dejen de dar permisos para la construcción de centros comerciales.

10.       De esta forma, los comerciantes tendrían una Ley de Igualdad.

SERÍA INTERESANTE QUE LOS COMERCIANTES ALMUÑEQUEROS ANALIZARAN SI SU JUNTA DIRECTIVA LES REPRESENTA CORRECTAMENTE EN ESTE Y EN OTROS TEMAS, POR EJEMPLO, EL DE LA ZONA AZUL

CC.OO. PIDE A LA MANCOMUNIDAD QUE RETIRE LA CONCESIÓN A LA EMPRESA ‘AGUAS Y SERVICIOS’

El secretario General de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CCOO de Andalucía, Felipe Falcó, ha pedido a la Mancomunidad de municipios de la costa el secuestro temporal de la concesión del servicio a la empresa, ‘Aguas y Servicios de la Costa Tropical’ contra la que constan cinco sentencias condenatorias. Concretamente, según ha explicado Falcó, “esta empresa ha sido condenada por vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por atentar contra la libertad sindical, contra la ley de prevención de riesgos laborales y por temas relacionados con la Salud Laboral de sus empleados”. “No entendemos como una empresa que ha incumplido la ley repetidamente y que ha discriminado a sus trabajadores, atentado contra la salud de los empleados y vulnerado el convenio colectivo del sector sigue prestando un servicio sin que la Mancomunidad tome cartas en el asunto”, explicó el responsable de CCOO la FSAP de Andalucía. Tal y como ha explicado el secretario General de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CCOO de Granada, Francisco Parra, “los abusos cometidos por la empresa repercuten sobre el coste de la factura del agua que terminan pagando todos los vecinos y vecinas de la costa”, explicó Parra. La Mancomunidad de Municipios adjudicó el accionariado de Aguas y Servicios de la Costa Tropical a Fomento de Construcciones y Contratas (51%) y Acciona (49%). La empresa está formada por 170 empleados, que en Asamblea de Trabajadores han decidido movilizarse para protestar por la situación de acoso que padecen concretamente seis de sus compañeros afiliados al sindicato Comisiones Obreras. Estos casos se han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que a su vez los trasladará a la Fiscalía. En este sentido, la Presidenta del comité de empresa, Mari Carmen Ruiz, precisó que Aguas y Servicios “cuenta con cinco sentencias en su contra y en estos momentos están en juicio por dos motivos más: el despido de dos trabajadores afiliados al sindicato CCOO y por una denuncia de acoso y amenazas a uno de estos dos trabajadores”. Ruiz ha denunciado “la persecución sufrida por los miembros de CCOO dentro de la empresa que están luchando por la calidad de su empleo para poder ofrecer una buena prestación de servicios a la ciudadanía”. Las movilizaciones se llevarán a cabo en la Plaza de la Aurora de Motril el próximo 23 de junio, con el reparto de panfletos frente a la sede social de la empresa. En esta plaza los trabajadores han previsto pasar la noche.

Así recoge Granada Hoy el informe sobre las tasas de basura

La tasa de basuras según valor catastral es inédita en España

Un estudio de IU concluye que Almuñécar es el único municipio que lo aplica y denuncia que el Ayuntamiento recaudará el doble del coste real del servicio

El Ayuntamiento de Almuñécar aplica un baremo basado en el valor catrastal para calcular la tasa de basuras que es insólito en todos los municipios españoles analizados en un informe elaborado por Izquierda Unida.

Aunque la aplicación del 0,50 por ciento del valor catastral de viviendas y locales parece introduce un criterio de progresividad -pagarían más los que más tienen-, IU advierte que en la práctica se producen grandes paradojas, pues existe una gran desproporción entre la basura que genera una vivienda y la que produce un comercio. Así, según el informe de IU, hay familias que pagan recibos muy superiores a los de los comercios o establecimientos hosteleros, que sí generan volúmenes importantes de basura.

El estudio que ha elaborado IU analiza más de un centenar de municipios, en una muestra que incluye tamaños inferiores, similares y superiores a Almuñécar, cuyo Ayuntamiento preside Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza) y contempla diferentes comunidades autónomas y distintos colores políticos de los respectivos gobiernos locales. Aunque se encuentran bastantes similitudes y elementos comunes, el informe concluye que ningún ayuntamiento calcula la tasa de basura en base al valor catastral.

Así, lo más frecuente es que la tasa de viviendas sea menor que la de los comercios. ¡Además, las viviendas tienen una tarifa variable en función de la superficie y la categoría de la calle, aunque hay algunos municipios que aplican un fijo y otros, el caso de nerja, en que sólo se cobra a los comercios. Igualmente, en casi la mitad de los casos estudiados se establecen bonificaciones para personas con escasos recursos.

En cuanto a los comercios, los municipios han establecido horquillas muy amplias que contemplan superficie y tipo de actividad, de forma que pagan más las tiendas de frutas y alimentación, los restaurantes y los hoteles al entenderse en estos casos que generan un mayor volumen de basura.

Todo ello no ha sido tenido en cuenta por el Ayuntamiento de Almuñécar, al que el informe de IU le recuerda que en el vecino municipio de Vélez-Málaga una sentencia del Tribunal Supremo derogó en 2007 la tasa aprobada por la corporación, que declaró ilegal, y ha obligado al gobierno local a devolver lo cobrado ilícitamente durante varios años.

Izquierda Unida calcula que el Ayuntamiento de Almuñécar cobrará, en aplicación de la fórmula elegida por el gobierno local de Benavides para la tasa de basura, un total de 4 millones de euro, cuando estima que el coste del servicio ronda sólo dos millones.

En tal sentido, IU solicita que se anulen los recibos de este año, que todavía no han sido puestos al cobr, para evitar que se generen múltiples expedientes y devoluciones encaso de ilegalidad de la norma.

Fermín Tejero, concejal de IU, señala que si el coste del servicio de recogida de basuras ronda los dos millones de eruos, "esto supone que con el criterio tomado para la tasa, en vez de aplicar el 0,50 por ciento al valor catastral, se debería aplicar el 0,25%, lo que sumado al 0,60, que es el tipo aplicado este año para los recibos del IBI, nos da un 0,85. Es decir, resulta que el Ayuntamiento podría recaudar el 0,85 del valor catastral sumando IBI y basura, por debajo del 0,90, que era como estaba el año pasado".

El servicio de recogida de basuras en Almuñécar lleva envuelto en la polémica desde dos años atrás, con huelgas que han sacudido el pueblodurante el verano.

IU difunde un informe con el coste de la basura en ocho municipios

Según un estudio elaborado por Izquierda Unida, el modelo de tasa de basura aprobado por el ayuntamiento de Almuñécar es una excepción en el conjunto de los municipios españoles. Aunque los métodos de cálculo para determinar el importe de la tasa son diversos, no hemos encontrado ningún caso en que el criterio sea el valor catastral.

Es verdad que al usar el valor catastral como referencia se introduce, aparentemente, un criterio de progresividad, pero no es menos cierto que se producen bastantes desajustes como consecuencia de la falta de rigor de muchos valores catastrales y, sobre todo, por la desproporción que se produce entre viviendas y comercios, dándose el caso de que viviendas que generan un volumen escaso de basura tengan recibos muy superiores a los de comercios que generan cantidades importantes de basura.

Según el estudio de más de un centenar de municipios de distintos tamaños, adscripciones políticas y comunidades autónomas, encontramos algunos elementos comunes que tendríamos que considerar a la hora de consensuar una tasa de basura lo más justa posible, siempre partiendo del principio de que es inadmisible que se pretenda recaudar cuatro millones de euros cuando el coste del servicio calculamos que no llega a los dos millones.

Los elementos comunes que hemos encontrado en la mayoría de las tasas son los siguientes:

·                    La tasa de las viviendas es bastante menor que la de los comercios. La tasa media de las viviendas está alrededor de los 80 euros anuales. Aunque en algunos municipios se fija una tasa única para las viviendas, lo habitual suele ser una tasa variable en función de la superficie y la categoría de la calle. La horquilla va de 25 a 300 € en función de estos criterios. Córdoba, por citar un ejemplo, tiene una horquilla que va desde 42€ la vivienda más barata hasta 147€ la más cara. En Salobreña, la horquilla es más amplia. Las viviendas más pequeñas pagan 63€ mientras que se paga una tasa muy superior, de 288, si la vivienda está lejos del núcleo urbano. 

·                    Incluso hay municipios, como es el caso de Nerja, en que las viviendas no pagan tasa de basura, y ésta se cobra sólo a los comercios por entender que el volumen de basura generado por estos es muy superior.

·                    En un cuarenta por ciento de los municipios estudiados se establecen bonificaciones diversas para las personas con pocos recursos. En el caso de Córdoba, además de estas bonificaciones de carácter social, se fija una reducción del 10% de la tasa para aquellas viviendas que saquen la basura en los horarios establecidos y para aquellos comercios que hagan la separación de basura.

·                    La tasa de comercios se fija en casi todos los municipios estudiados con horquillas muy amplias en función de la superficie y, sobre todo, del tipo de comercio. Los comercios que pagan más tasa de basura suelen ser las corridas de frutas, las tiendas de alimentación, los restaurantes, los hoteles, y, en general, aquellos establecimientos que generan un mayor volumen de basura. Los hoteles suelen pagar por habitaciones o plazas. Así por ejemplo, en Córdoba, un hotel de cinco estrellas paga 60€ anuales por habitación mientras en Granada paga 57€ por plaza. Los restaurantes más pequeños, por poner un ejemplo, pagan en Granada 387€ mientras que los de mayor tamaño pagan 2.783€.

Por último, queremos mencionar que en el municipio cercano de Vélez Málaga, con alcalde del PP, se ha derogado la tasa de basura en agosto de 2.007 tras una sentencia del Tribunal Supremo declarando ilegal la tasa. La propuesta de la derogación la hizo el grupo municipal de IU. El ayuntamiento tiene que devolver lo cobrado en varios años de aplicación de la tasa. Esperamos que algo así no ocurra en nuestro municipio y que la sensatez se imponga. Para ello es necesario que el alcalde deje de viajar y se siente a negociar con todos los grupos municipales que representamos a miles de ciudadanos indignados por una tasa brutal.

Volvemos a insistir en que es legal establecer una tasa de basura, y que es posible y deseable un consenso en este tema, pero desde IU ponemos dos condiciones previas:

La primera es que, respetando la Ley de Haciendas Locales, sólo se pague lo que cuesta el servicio, y para ello se tiene que acabar ese oscurantismo del equipo de gobierno que a día de hoy sigue negando a este grupo político el informe sobre los costes del servicio elaborado por el economista señor Martín Recuerda.

La segunda exigencia es que se tiene que dar de alta en el censo de la tasa a todos los edificios, viviendas, almacenes, locales y en general todos los inmuebles sujetos al pago de la tasa de basura: cruzando los datos del catastro con el recibo del agua y de la luz y realizando las inspecciones oportunas.

A partir de ahí, creemos que es posible consensuar entre todos los grupos un criterio razonable que tenga en cuenta los elementos comunes que se dan en las ordenanzas de la mayoría de los municipios.

Si el coste del servicio se acerca a nuestros cálculos (dos millones de euros), lo justo sería que, en tanto nos ponemos de acuerdo en unos criterios consensuados para la tasa de basura, este año se anularan los recibos que todavía no se han puesto al cobro, cuestión absolutamente legal, viable y razonable, porque se trata de recibos que aún no se han emitido y que pueden ser dados de baja con el mismo mecanismo que se están dando de baja los recibos de basura de las cocheras y porque el mantener la actual tasa de basura supone lesividad para los contribuyentes, además de las múltiples devoluciones y expedientes que se van a generar por la ilegalidad de la misma.

Siguiendo en esta línea argumental, se da la paradoja de que si el coste del servicio de recogida de basura ronda los dos millones de euros, esto supone que con el criterio tomado para la tasa de basura, en vez de aplicar el 0,50 % al valor catastral, se debería aplicar el 0,25, lo que sumado al 0,60, que es el tipo aplicado este año para los recibos del IBI, nos da un 0,85. Es decir, resulta que el ayuntamiento podría recaudar el 0,85 % del valor catastral sumando IBI y basura, por debajo del 0,90, que era como estaba hasta el año pasado.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE GRANADA OTORGA SUS GALARDONES

Playa del Pozuelo: muy sucia, sobre todo por los vertidos de desechos agrícolas que provienen de la Rambla Huarea, a pesar de que con respecto a años anteriores se observa una disminución de los residuos, aún se merece una bandera negra.

La playa de la Rábita se corta hacia la rambla de Albuñol para soportar los invernaderos que ocupan la zona de dominio público marítimo terrestre hasta la misma orilla del mar. Aunque se observan menos vertidos que en años anteriores sí es de destacar los vertidos de aguas fecales sin depurar. PUNTO negro

Playas de Melicena y de los Yesos, puntos negros por el intento de construir en zonas tan cercanas al mar que el  mismo Ministerio de Medio Ambiente desaconseja ante los efectos previstos de retroceso de playas por el cambio climático.

La playa de Carchuna ocupada con invernaderos, lugar de aparcamiento de turistas y este años  se han metido tubos dentro de la zona de dominio marítimo terrestre para no romper la carretera que también esta en la zona de dominio público marítimo terrestre. Punto negro

La playa de la Chucha junto el cabo Sacratif por su zona este mantiene aún una interesante población de plantas marinas que, peso a los intentos de la Dirección de Costas, se siguen machacando por los aparcamientos sobre la arena. Punto negro mientras no se solucione este tema del acceso a esta playa.

Motril está empeñado en cargarse sus playas a pesar de los pelotazos urbanísticos de los últimos tiempos. Entre Torrenueva y la Playa de las Azucenas -de las pocas zonas del mediterráneo sin bloques en la playa- ya se avecina su urbanización. Punto Negro

Las Ramblas de Capuchinos y de los Álamos vierten al mar las aguas fecales en la playa de las Azucenas, cuando no son usadas para regar hortalizas en las vegas próximas. Por eso todos los años Sanidad prohíbe el baño en esta playa. Bandera negra.

El puerto de Motril sufre contaminación por metales pesados ya que  se descargan graneles con palas, sin ninguna protección y el aumento de partículas en el aire supera lo permitido. También la ampliación del puerto hace que se haya cerrado a la población una zona de playas y que se haya cortado el sendero de gran recorrido GR-92. Punto negro

En la Playa de Poniente desaguan varios balates (acequias) como el de la Culebra o el de camino Patria, que recogen las aguas residuales de muchas edificaciones ilegales de la vega, de las industrias del Polígono Alborán y de varios  almacenes. Se merece una bandera negra, no tanto la playa en sí como los gestores que llevan años permitiendo estos vertidos mientras van vendiendo otra cosa.

Playa Granada sigue con su empeño de poner puertas al mar, sin aceptar que el mar lleva y trae las arenas cuando le parece y que hay que aceptarlo así o pedir  responsabilidades a los constructores de la presa de Rules, que impide la llegada de arenas  a la costa y la posible regeneración natural de las playas. Los espigones que demandan supondría un daño colateral a otras playas de la comarca. Punto negro.

Salobreña ya ha conseguido perder la Playa de la Cagadilla y parte del delta del Guadalfeo. Bastante negro lo tiene ya. Lo único positivo es que en el TH2, proyecto de pelotazo urbanístico, a lo mejor tienen que cambiar de planes viendo el mar venirse encima. Punto Negro.

En Almuñecar la playa de Fuentepiedra frente las Góndolas ya ha tenido su punto negro con la rotura de los colectores. Se impone un análisis riguroso y continuo de la calidad de las arenas y de las aguas por riesgo para la salud pública. Punto negro.

La playa de Cotobro ha sido “regenerada” a base de tierra de marisma, aunque Costas diga que la parte de arenas y gravas es de un 90%, lo cierto es que se ha convertido en un vertedero de tierra que va a provocar problemas a los bañistas este verano. Punto negro.

La playa del Muerto sigue con su amenaza de la urbanización del Peñon del Lobo encima. Punto negro.

En la misma Punta de la Mona los chalés se siguen construyendo sobre el mismo acantilado. ¡La Ley de Costas al paredón.!

En Cantarrijan sólo se controlan los coches en verano, en invierno siguen bajando sin problemas ni impedimentos, y el paraje Maro Cerro Gordo, paraje natural marítimo terrestre, se encuentra rodeado por nuevas construcciones y proyectos varios. Punto negro por su gestión.

Uno de los puntos negros de la costa granadina, de oriente a occidente,  es el tema de la pesca de arrastre, que no cumple con la legislación vigente y es posible ver a los arrastreros  faenando en zonas de escasa profundidad y muy cerca de la orilla.

La Guardia Civil pone 36 denuncias en una noche a los 9 locales del Paseo del Altillo

En una espectacular operación realizada en la madrugada del domingo en los bajos del paseo del Altillo (la zona de ocio nocturno de Almuñécar), la Guardia Civil denunció por distintas infracciones a los nueve locales que registró, identificó a 130 personas e incautó droga.

En cuanto a los locales, todos fueron denunciados por una o más de una infracción, con un total de 36 quebrantamientos de la normativa. En concreto, siete de los nueve locales inspeccionados carecían del seguro obligatorio de responsabilidad civil, "lo que dejaba a los clientes indefensos ante cualquier tipo de accidente dentro del establecimiento". Asimismo, un local tenía bloqueada la salida de emergencia y otros dos no contaban con el alumbrado de emergencia obligatorio.

Además, en uno de los establecimientos, el personal del servicio de vigilancia no estaba integrado en ninguna empresa de seguridad autorizada; en tres de los nueve locales se denunciaron las condiciones higiénicas de los aseos; los nueve establecimientos carecían del documento de titularidad, del aforo del local y del horario de apertura; uno de ellos no contaba con la licencia de apertura; y otro no disponía del libro de hojas de reclamaciones obligatorio.

Tras identificar a los 58 trabajadores de estos establecimientos, se observaron ocho infracciones a la legislación del trabajo por estar empleados "de forma ilegal".

¿Cómo es que el Inspector de Actividades y el inspector de Medio Ambiente no detectaron ninguna irregularidad? ¿Quizá el alcalde había ordenado a la policía local quitar los cedés a los negritos? ¿Todo su tiempo lo dedican a vigilar a los enemigos políticos del alcalde?

La secretaria de Almuñécar obliga a Benavides a colaborar con la Justicia

Era un secreto a voces que ahora ya es una evidencia: el Ayuntamiento de Almuñécar, que preside Juan Carlos Benavides, no pone demasiado entusiasmo a la hora de colaborar con la Fiscalía de Motril y los juzgados sexitanos. De hecho, la secretaria del Consistorio almuñequero -la funcionaria sobre la que recae la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legalidad- expresó recientemente su «malestar» por ese estado de cosas.

Lo cierto es que, finalmente, el gobierno municipal de Almuñécar se ha dado por aludido y, en una comisión que celebraron el pasado 26 de mayo, tomó «conocimiento del malestar de la secretaria» porque no se cumplían los plazos dados por tribunales y fiscales para aportar documentación sobre operaciones urbanísticas del propio Ayuntamiento que están bajo sospecha.

El «malestar» de la funcionaria debía ser elevado porque el gobierno de Benavides se autoimpuso un ultimátum, improrrogable, de un 24 horas para ponerse al día. Las fotocopiadoras echaron humo y más de uno tuvo que ir a trabajar por las tardes para localizar los papeles y ponerlos a disposición de la Justicia.

Entre la documentación requerida por la Fiscalía y los juzgados, y que no acababa de ser entregada, había expedientes referidos a la Urbanización Citalsol, un complejo hotelero situado en el paseo de Cotobro, la concesión de las gradas para el estadio municipal, la construcción de los aparcamiento del Altillo y la Avenida Rey Juan Carlos, la licencia concedida al hotel Bahía de Almuñécar o sobre la infinidad de modificaciones 'puntuales' del Plan General acordadas por Benavides y su equipo.

SALOBREÑA NO SE MERECE LOS RESPONSABLES MUNICIPALES QUE TIENE EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE SU PUEBLO

Ecologistas en Acción

 

Alardean que van a hacer una maravilla en el entorno del río y su desembocadura cuando llevan años de abandono y se ha perdido lo más valioso.

 

Da risa, por no llorar de pena, cuando anuncian que van a recuperar el humedal de la desembocadura, cuando las últimas actuaciones municipales en el entorno del puente han drenado con grandes zanjas el humedal y han enterrado la parte más valiosa para dar acceso al puente a ninguna parte.

 

Hablan de muchos miles de euros (383.804,80) y por las noticias y fotos que aparecen en los medios parece que ya está hecha la obra, cuando lo único realizado es el encargo de la redacción del proyecto para la “Puesta en valor de los márgenes del río Guadalfeo” de la zona de Lobres, por un importe de 16.000 euros.

 

Lo que no sabemos es qué ha pasado con el proyecto cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Feder, de Obras de Emergencia para la Limpieza y Acondicionamiento de Cauces 2005, que estaba presupuestado en  7.627.584 €, y que iba a realizar la Agencia Andaluza del Agua.

Mucho nos tememos que, con estos gobernantes municipales y autonómicos, todo se quede en un bluf, se gasten 16.000 € en la elaboración del proyecto y el paseo siga presentando el pésimo aspecto que tiene hoy y el río siga siendo el vertedero preferido de la población ante la pasividad de los responsables.

De todas formas apoyamos iniciativas como ésta, siempre y cuando no se quede en agua de borrajas para darse un barniz de ambientalistas de cara al verano.

 

Desde Ecologistas en Acción vamos a hacer un seguimiento de este proyecto, y ojalá al final, por el bien de la gente de Salobreña, tengamos que felicitar al Ayuntamiento.

Los tribunales anulan el pucherazo que se produjo en la Mancomunidad

La presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical se encuentra en manos de Benavides al anular un tribunal la elcción de carlos Rojas. En tanto se ejecuta la sentencia, y es nombrado presidente el candidato del PSOE, sustituye a Carlos Rojas el vicepresidente. Ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada el que ha dado por buena la primera votación que se produjo en la constitución de la Mancomunidad, anulando la segunda.

En la primera votación ganó Fernández Pulido por 20 votos a 19, pero el secretario municipal declaró nula una papeleta por no ser una papeleta oficial, y estar escrito el nombre a bolígrafo. Tras este hecho, y a petición de Benavides, el secretario ordenó una segunda votación en la que resultó elegido Rojas por un voto a favor.

Votaron a favor de Carlos Rojas el PP, Convergencia Andaluza, Partido Socialista Independiente de Salobreña y los dos ediles del PAPICC. 

Fernández Pulido impugnó la elección de Carlos Rojas y ahora la juez señala que el voto que fue declarado nulo es válido porque aparece "con claridad" el nombre del candidato, sin que presentase "defectos o enmiendas que pudieran inducir a confusión". También indica que la voluntad del elector fue "inequívoca" en una ronda en la que fue amparado por "el deber y el derecho del secreto, previsto en los Estatutos", que sin embargo fue "obviado" en la segunda votación.

Según la juez, la nueva votación no revestía las mismas garantías que la primera al vulnerarse el deber del secreto, lo que "presumiblemente provocó el cambio de voto, dados los pactos previos alcanzados entre los distintos partidos políticos".

Todo ello produjo, según apunta el fallo, una "distorsión de la verdad material del resultado electoral" y, con ella, la lesión del derecho fundamental de participación política del demandante "al privarle de hecho de un resultado victorioso que le habían atribuido los votantes".

¿Y para esto tuvimos que aprobar la tasa de basura? se preguntarán algunos.

Miles de litros de agua dulce se tiran al mar en San Cristóbal

Comerciantes y hoteleros están molestos por la extracción de agua del mar que están provocando las obras del aparcamiento subterráneo de San Cristóbal.

Se están tirando miles de litros de agua dulce al mar mediante tuberías enterradas en la arena. Estamos ante un auténtico atentado ecológico. Según hemos podido comprobar, el nivel freático ha subido de una manera preocupante. La zona se ha convertido en una piscina de agua dulce que se está yendo al mar. Si el acuífero sigue perdiendo agua, existe el riesgo cierto de que se mezcle el agua dulce de la vega con la salada del mar.