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IU llevará al Parlamento el conflicto de la hostelería

La diputada autonómica de IULV-CA por la provincia de Granada, María del Carmen Pérez, formulará una pregunta al consejero de Turismo y Comercio en la próxima comisión parlamentaria del 15 de septiembre para conocer la valoración que la Consejería de Turismo y Comercio realiza sobre el conflicto en el sector de la hostelería en la provincia de Granada, así como de su intervención en calidad de mediadora.

A tenor del desarrollo de los acontecimientos entre la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada (FEHT) y el sector de hostelería, en el que no han logrado llegar a un acuerdo para la firma de un convenio a gusto de ambas partes, y la consiguiente convocatoria de huelga en el sector para las jornadas de hoy y mañana, IU se muestra "preocupada" por el difícil avance de las negociaciones, e insta a la patronal a escuchar “las justas reivindicaciones del sector hostelero”.

La parlamentaria de IULV-CA ha defendido que, a pesar de que los beneficios para los empresarios hosteleros y de turismo han arrojado saldos positivos, “la patronal pretende que los trabajadores firmen un convenio donde se rebajen los salarios más de un 10%, y admitan la retirada del plus de antigüedad, quitar días de descanso, eliminar los cinco días que se generan por trabajar en días festivos, y la rebaja en un 25% el precio correspondiente a los festivos de acuerdo al actual convenio”.

María del Carmen Pérez ha explicado que, como ya se hiciera durante el pasado mes de julio en el conflicto de la hostelería en la provincia de Huelva, representantes de la Consejería de Turismo y Comercio han intervenido en calidad de mediadores entre patronal y sindicatos, también en Granada, “para posibilitar el acuerdo y posterior firma del nuevo convenio colectivo en el sector hostelero”. Ante tal intermediación, el consejero Rafael Rodríguez (IU) expondrá, a petición de Pérez, los resultados de dichas reuniones y el papel desarrollado por la Consejería en su afán de alcanzar un acuerdo satisfactorio y que no rebaje las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Por último, la representante granadina en el Parlamento de Andalucía ha señalado que desde IU apoyan las actuales convocatorias de huelga “y continuaremos estando del lado de los trabajadores y trabajadoras en el futuro si persiste el problema, ya que no consideramos que sea de recibo que empresarios quieran seguir aumentando sus beneficios a costa de sus empleados y empleadas”.

La Junta media en el conflicto de la hostelería y cita hoy a ambas partes

Granada Hoy

La Consejería de Turismo y Comercio de la Junta ha convocado a los representantes de los empresarios y de las organizaciones sindicales del sector de la hostelería de Granada a una reunión hoy cuyo objetivo es desbloquear la negociación del convenio colectivo. El encuentro, en el que participarán el viceconsejero de Turismo y Comercio, Antonio Jesús Roldán, y el delegado territorial, Manuel Morales, comenzará a las 11:00 horas en la sede de la Delegación de Turismo de la Junta en Granada.

La Consejería trasladó por escrito a los integrantes de la mesa de negociación su "preocupación" por las consecuencias que para el conjunto del sector turístico granadino puede tener la situación de "bloqueo" en la que se encuentra la firma del convenio. Así, reiteró su "compromiso para colaborar en todo lo que sea posible a efectos de propiciar un acercamiento de posturas que posibilite finalmente un acuerdo entre las partes".

A este respecto, el consejero del ramo, Rafael Rodríguez, mostró su confianza en la "profesionalidad" de los interlocutores sociales en el conflicto y en que se evite una huelga que "podría ser de gran perjuicio para la evolución del sector turístico, que tan buenos resultados está cosechando en lo que va de año y que se está comportando como el principal motor de la recuperación de la economía andaluza".

Además, el consejero de Turismo y Comercio recordó que los datos registrados en los siete primeros meses del año en Andalucía "han vuelto a mostrar su fortaleza y su solvencia", al alcanzar el máximo histórico de pernoctaciones en alojamientos reglados en este periodo desde 2008, con 31,4 millones de estancias realizadas por 10,2 millones de viajeros.

Esta reunión ocurre después de que el pasado viernes los trabajadores realizasen la primera huelga de las cuatro previstas, con un seguimiento del 70% según los sindicatos y del 3% según los empresarios. La fecha de la siguiente huelga está prevista para el próximo jueves, si no se llega a un acuerdo para la firma del convenio hoy.

Los principales obstáculos a la negociación entre los hosteleros y los sindicatos han sido las propuestas para bajar un 10% el sueldo; la retirada del plus de antigüedad o de días de descanso; la pretensión de aumentar a un 20% la distribución irregular; la eliminación de los cinco días que se generan por trabajar en festivos; así como rebajar en un 20% el precio estipulado para festivos en el actual convenio.

Los sindicatos no están dispuestos a ceder después de los buenos datos turísticos que cosecha la provincia en el último año, ya que la facturación del sector ha crecido un 4%. Aunque no se vuelva a los datos de antes del comienzo de la crisis, se mejoran los obtenidos en los últimos años, lo que no se ha traducido en una mejora del empleo. Según denuncian los sindicatos, la ocupación hotelera se ha situado en el 100% en la costa durante el verano y en el 85% el resto del año.

CCOO, UGT y CGT mantienen que bajo ningún concepto se debe dar lugar a "rebajas injustificadas en los derechos adquiridos a través de la lucha que durante mucho tiempo hemos venido llevando a cabo". Este conflicto en el convenio de hostelería ha tenido lugar en otras ciudades andaluzas como Málaga, donde se ha podido resolver sin huelga.

La amnistía fiscal está preparada para los delincuentes

La corrupción no se tapa con un adelanto electoral

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Elena Cortés: “Tantísimas casas sin gente y tantísima gente sin casa es un fenómeno insoportable”

Elena cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

ALEJANDRO TORRúS. Cuarto Poder

Elena Cortés (Priego de Córdoba, 1973) es la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Pertenece a Izquierda Unida y estuvo en el ojo del huracán durante varios días cuando ordenó el realojo de las familias con menores o en riesgo de exclusión social que habían ocupado la Corrala Utopía en Sevilla. Durante horas, el pacto de Gobierno en Andalucía estuvo prácticamente roto. Finalmente, el PSOE capituló y, recientemente, la Justicia le ha dado la razón a Cortés, que saca pecho del papel de IU en la crisis de la Corrala Utopía y en la lucha contra la corrupción asegurando que IU es la “garantía contra la corrupción”. Así, la dirigente andaluza también rechaza la idea de quienes le atribuyen a la coalición de izquierdas el papel de cómplice en el llamado régimen del 78 y sostiene que IU liderará “el proceso constituyente” que está por empezar.

– Recientemente hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia que Manos Limpias interpuso contra usted por el caso de la Corrala Utopía en Sevilla por un presunto delito de “prevaricación”. Recordamos al lector que tras producirse el desahucio usted ordenó el realojo de las familias con menores o en riesgo de exclusión social en viviendas sociales provocando una grave crisis de Gobierno. La presidenta llegó a retirar las competencias de Vivienda a IU durante 24 horas. ¿Cómo se siente tras conocer el auto, que avala el realojo?

– En la Corrala Utopía lo hicimos todo impecablemente, como ha quedado más que demostrado. El auto, que entra al fondo del asunto, establece judicialmente lo que siempre hemos tenido claro en la Consejería de Fomento y Vivienda y en Izquierda Unida: que el realojo fue justo socialmente y perfectamente legal y que lo realizamos en cumplimiento de una resolución judicial que instaba a las administraciones a atender a las familias con menores o en riesgo de exclusión social que se habían quedado en la calle. Un Gobierno democrático no necesita saltarse la ley para defender a quien lo ha perdido todo, a quien se ha quedado en la calle sin absolutamente nada. Fue todo impecable de principio a fin, como ha quedado acreditado por los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, que certificaron que todas las familias se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social. El TSJA establece negro sobre blanco que teníamos razón desde el principio. Simplemente hicimos lo que hacemos cada día desde que formamos parte del Gobierno andaluz: defender el derecho a la vivienda, con garantía legal y justicia social. Es obvio que aquel realojo provocó discrepancias en el Gobierno andaluz, que ya están totalmente zanjadas. En cuanto al balance de lo ocurrido, hay sobre la mesa suficientes elementos de juicio como para que cada cual se forme libremente su opinión sin necesidad de más adjetivos por mi parte.

– ¿Qué opina de la reciente ‘okupación’ de corralas en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por parte de familias sin recursos? ¿Ha contactado su Consejería con ellas para tratar de ofrecer una solución habitacional dentro de los márgenes legales?

– Tantísimas casas sin gente y tantísima gente sin casa es un fenómeno insoportable. En Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías, la mayoría en manos de entidades financieras. En paralelo, se han producido desde 2007, año de recrudecimiento de esta crisis estafa, más de 80.000 desahucios. Es una situación totalmente insostenible. La política de la Consejería se orienta al abaratamiento del acceso a la vivienda mediante el alquiler asequible de las viviendas vacías. Cuando surgen situaciones como la de Sanlúcar, y en general siempre que el derecho a la vivienda de una familia se encuentra amenazado, intermediamos con las entidades financieras para buscar soluciones en colaboración con el ayuntamiento. Así lo estamos haciendo también en este caso. Nuestro Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha logrado paralizar miles de desahucios en los dos años desde que lo pusimos en marcha. Es ahí desde donde podemos atender a estas familias. Las puertas de este servicio, que es público, gratuito y demostradamente eficaz, están abiertas para todo el que lo necesite.

– Por tercer año consecutivo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha entrado en la finca de Las Turquillas en Osuna (Sevilla), perteneciente al Ministerio de Defensa, para reclamar que parte de estos terrenos de 1.200 hectáreas pasen a manos de cooperativas de trabajadores para su cultivo. ¿Cree que esas tierras deberían ser trabajadas? ¿Qué opina de los métodos del SAT?

– El SAT pone sobre la mesa conflictos históricos del campo andaluz que requieren soluciones urgentes. En su trayectoria destaca la lucha pacífica y democrática en defensa de los jornaleros sin tierra, una lucha que tiene todo mi reconocimiento y respeto. Las tierras ociosas son una rémora del latifundismo andaluz y la izquierda transformadora está en la obligación de combatir este lamentable fenómeno. Este tema forma por primera vez parte prioritaria de la agenda institucional andaluza a raíz de la llegada de Izquierda Unida al Gobierno autonómico. Queda mucho por recorrer, pero estamos en el camino.

– En los presupuestos de la Junta aparecen tres millones de euros destinados para generar un banco de tierras en Andalucía. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué se ha hecho en este tema?

– De la misma manera que defendemos la función social de la vivienda, defendemos la función social de la tierra. El banco de tierras es una herramienta para poner a disposición de los trabajadores agrícolas las tierras públicas sin uso, crear empleo inmediato en el ámbito rural y combatir el envejecimiento del sector. Resulta inadmisible la concentración en escasas manos de la gran mayoría de la tierra, y más aún que el grueso de las ayudas de la PAC se lo lleven terratenientes improductivos. El campo andaluz necesita imperiosamente una reforma, y el banco de tierras, que aún es un proyecto en fase de gestación, es un factor de cambio en la buena dirección.

– Una de las principales críticas a Izquierda Unida es que ha formado parte del régimen de 1978 y que, como tal, tiene cierta responsabilidad, por activa o por pasiva, de la situación de crisis actual. ¿Qué opinión le merecen estas críticas? ¿Puede Izquierda Unida liderar un proceso constituyente pese a su propia mochila?

– Izquierda Unida mira hacia atrás con orgullo y hacia delante con ilusión. Izquierda Unida estuvo ahí contra el bipartidismo alertando de la mercantilización de Europa y del empobrecimiento de las clases populares que iba a suponer el Tratado de Maastricht. Y el tiempo nos ha dado la razón. Estuvimos ahí advirtiendo de que al boom de la vivienda sucedería un crash que se cargaría el sector de la construcción y arrastraría a toda la economía, que el PP y el PSOE habían colgado irresponsablemente de la especulación. Y el tiempo nos ha dado la razón. Eran tiempos en que a los que advertíamos contra la cultura del pelotazo se nos llamaba poco menos que aguafiestas. Y ahí estuvimos, como siempre, dando la cara contra el régimen bipartidista. Los hombres y mujeres de Izquierda Unida nos sentimos orgullosos del bagaje y la trayectoria tanto de IU como del PCE, en la lucha antifranquista, en la transición y en la democracia. Hemos sido y somos el referente de una España republicana, federal, laica, solidaria y en la que la riqueza se reparta con justicia. Frente al Estado de derechas que ha gestado el bipartidismo, hemos defendido, en muchas ocasiones a solas, un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Humildad?, faltaba más. ¿Autocrítica?, toda la que haga falta. ¿Aprendizaje en el camino?, por supuesto, porque Izquierda Unida es un movimiento vivo y autoexigente que no se da palmaditas en el hombro. Pero también orgullo y coherencia. Orgullo e ilusión por lo que queda por hacer. Y ahí incluyo ese proceso constituyente que por supuesto que vamos a liderar, en alianza con las clases populares y las víctimas de la crisis, ofreciendo todo nuestro esfuerzo y nuestra experiencia junto a la sociedad civil organizada. Un proceso constituyente que debe ser además feminista, porque las mujeres queremos decidir qué se produce y cómo se distribuye.

– Usted no es ajena a estas críticas. A IU se le ha criticado mucho por formar Gobierno con el PSOE andaluz, afectado por el escándalo de los ERE. ¿Supone un dilema moral tener como bandera la lucha contra la corrupción y sostener un Gobierno asediado por la Justicia por corrupción?

– Izquierda Unida no sostiene un Gobierno, forma parte de un Gobierno para cumplir un programa. Y un dato debe ir por delante: los desmanes y corrupciones que investiga la Justicia son anteriores a la actual legislatura y al actual Gobierno. Es decir, anteriores a la entrada de Izquierda Unida en el Gobierno andaluz tras las elecciones autonómicas de 2012. Son de cuando el PSOE gobernaba en solitario. A partir de la presente legislatura, Izquierda Unida está siendo garantía contra la corrupción. Impulsamos y lideramos una comisión de investigación a fondo sobre los ERE fraudulentos. Y defendemos siempre que se averigüe qué se ha hecho con cada euro, por qué y para quién. Y que pague hasta el último responsable, caiga quien caiga. IU en el Gobierno andaluz es garantía total contra la corrupción. Y lo reitero: los casos que se están investigando son del pasado, anteriores a la actual legislatura.

– ¿Ha cambiado su relación con el PSOE y con la presidenta Susana Díaz desde el enfrentamiento de la Corrala?

– No hubo tal enfrentamiento. Hubo una discrepancia política, es cierto que una discrepancia notable, sobre un asunto concreto. Y esta discrepancia quedó zanjada. El tiempo ha puesto las cosas en su sitio. La relación de IU con el PSOE se circunscribe al cumplimiento de un pacto de Gobierno, y eso es así antes y después del realojo de las familias con menores y en exclusión social de la Corrala. Es una relación marcada por la independencia y el respeto mutuos, donde por supuesto existe la discrepancia expresada con lealtad. Somos fuerzas políticas distintas con un pacto que cumplir.

– ¿Qué política aplicada por usted en Andalucía en la Consejería de Fomento y Vivienda la aplicaría a todo el Estado si fuera ministra de Fomento y Vivienda?

– Todas, por supuesto. Por resumir: la promoción de la rehabilitación de viviendas y el alquiler, como contraplano a la cultura de la compraventa especulativa; la racionalización de la obra pública, con medidas de eficiencia en la inversión como la que hemos llevado a cabo en el metro de Málaga, evitando un menoscabo a las arcas públicas de hasta 400 millones de euros mediante la revisión de un proyecto que nos encontramos totalmente sobredimensionado; la Ley de Función Social de la Vivienda, que permite expropiar viviendas a las entidades financieras para evitar desahucios de familias en exclusión social y sancionar a los bancos por el mantenimiento de viviendas deshabitadas para forzar su salida en alquiler asequible; la intermediación ante los bancos para evitar desalojos, y que ha permitido en sólo dos años que unas 5.000 familias que literalmente no pueden pagar su hipoteca sigan en sus casas; el Plan Andaluz de la Bicicleta, con el que estamos exportando a todas las áreas metropolitanas el éxito del caso de Sevilla, que impulsó IU en el Ayuntamiento…

– Estas son medidas que han aplicado en la Junta de Andalucía. Si IU estuviera en el Gobierno central y usted fuera la ministra responsable de Vivienda, ¿qué medidas tomaría?

Haríamos mucho más en el Gobierno de España, porque tendríamos otras competencias que nos permitirían llegar aún más lejos: regulación de la dación en pago, del alquiler social, garantía de la función social de las viviendas deshabitadas… La Constitución dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y para nosotros eso no es papel mojado. Con IU en el Gobierno de España no tendría que venir la Justicia europea a tumbar una ley hipotecaria por dejar a las familias indefensas ante las agresiones del poder financiero. Frenaríamos el desmantelamiento de los servicios ferroviarios básicos, frenaríamos la privatización de AENA, evitaríamos disparates como el rescate por las radiales de Madrid, lucharíamos por garantizar el derecho a la vivienda, no por rescatar entidades financieras… La vivienda y la obra pública en España han sido gestionadas como burbujas por el bipartidismo. IU las trata como soporte de derechos: derecho a la vivienda, derecho a la movilidad en condiciones de igualdad. En Andalucía le hemos dado la vuelta como a un calcetín a las políticas de vivienda y obra pública. Y funcionan mucho mejor en defensa del interés general, como funcionaría en toda España.

– Su nombre ha sonado en muchas quinielas como posible candidata a la alcaldía de Córdoba, su ciudad natal.

– Ciertamente, si cada vez que me han planteado esa cuestión me hubieran dado un euro, tendría ya una fortuna… Bromas aparte, eso es algo totalmente descartado. Izquierda Unida ya ha elegido, mediante sus procedimientos democráticos, a su candidato a las elecciones municipales en Córdoba, mi compañero Pedro García.

– Usted también es consejera de infraestructuras de transporte de Andalucía. En este sentido, hay un dato revelador: Andalucía tiene más kilómetros de autovía por habitante que Alemania. ¿Qué ha pasado en España para llegar a esta situación? ¿Se puede dar uso a todas las infraestructuras construidas durante los años de bonanza (aeropuertos, carreteras, estaciones de tren, palacios de congresos…)?

– El bipartidismo generó una evidente burbuja de las infraestructuras, que ha dejado ejemplos lamentables de despilfarro e inutilidad. Ahora toca hacer balance y actuar en consecuencia. Ni hay que sacralizar las infraestructuras, ni demonizarlas. Las infraestruturas no son fines en sí mismas, sino medios. Y deben ser medios útiles a la ciudadanía, construidos siguiendo criterios de eficiencia económica y social. En Málaga, la Consejería que dirijo partió de un proyecto de metro sobredimensionado en origen y hemos sabido reconducirlo para hacerlo eficiente. En el metro de Granada ahorramos 23 millones de euros simplemente eliminando un paso subterráneo para coches que estaba proyectado y que era totalmente innecesario. Eso es actuar sobre el aprendizaje de las lecciones de la crisis, eso es lo que evita repetir errores del pasado. Tratamos cada euro público como lo que es: oro puro. En cuanto a la red de carreteras, hemos situado como prioridad la conservación y el mantenimiento de la red viaria, que es un patrimonio público fundamental para la vertebración social y territorial de Andalucía, así como la finalización de aquellas carreteras en estado de ejecución más avanzado. No hay peor inversión que la inversión a medias. IU ha borrado las palabras despilfarrro y especulación de las políticas de obra pública en Andalucía. Hemos revertido la tendencia especulativa tanto en vivienda como en infraestructuras. Y eso al PP le pone enfermo, porque ellos siguen defendiendo el modelo de obra faraónica, un modelo que encaja bien con el ‘sistema Bárcenas’, de sobrecito y maletín.

Alberto Garzón: Una persona, un voto

Javier Couso interroga a la Comisión Europea sobre posibles sanciones a Israel y exige que le reclame "hasta el último céntimo" invertido por la UE en proyectos de desarrollo que han sido destruidos

Izquierda Unida vuelve a presionar a las autoridades europeas para que acaben con el “injustificable silencio” ante los ataques permanentes de Israel a las infraestructuras civiles palestinas y denuncia la discrecionalidad y doble vara de medir a la hora de aplicar sanciones.

“Es inaceptable que la UE se apreste a sancionar a Rusia incluso antes que las investigaciones internacionales establezcan responsabilidades por el derribo del avión y al mismo tiempo se quede de manos cruzadas ante la masacre y los crimines de Israel contra la población palestina”, señaló Javier Couso, eurodiputado de IU.

Ante esta “discrecionalidad y doble vara de medir inaceptable” respecto a la aplicación de sanciones, el europarlamentario ha solicitado a la Comisión Europea que facilite los criterios y baremos que sigue a la hora de aprobar sanciones o rechazar acuerdos y que congele el acuerdo que mantiene vigente con Israel.

“Cerca de 2000 civiles palestinos, cientos de ellos niños, han sido asesinados por un Ejército israelí que también ha destruido numerosas instalaciones de carácter civil, como hospitales, escuelas y centros de refugiados. Y la UE ni tan siquiera ha congelado el Acuerdo de Asociación preferencial que mantiene con Israel, lo que le está llevando a incumplir su propia normativa ya que éste está legalmente supeditado al escrupuloso respeto de los derechos humanos y el derecho internacional por ambas partes”, señaló Couso.

Además, el Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores vuelve a presionar a las autoridades europeas ante la destrucción por parte de Israel de proyectos para el desarrollo financiados por la Unión Europea.

“La incoherencia y pasividad de la Unión Europea ante los crímenes de Israel le lleva incluso a guardar silencio mientras su 'socio preferente', Israel, convierte en cenizas infraestructuras básicas para la vida de la población palestina, muchas de ellas financiadas por la propia UE”, indicó el europarlamentario.

“Desde Izquierda Unida -continuó Couso- seguiremos presionando para que la UE cumpla con su propia normativa y que, además de congelar inmediatamente el acuerdo que mantiene con Israel, le exija hasta el último céntimo por los proyectos de desarrollo destruidos en Gaza por sus bombas asesinas”.

Fomento y Vivienda destina más de 4,3 millones a ayudas al alquiler para personas en situación de especial vulnerabilidad

 

La orden, publicada en BOJA, combate el stock de VPO vacías con alquileres sociales y permite erradicar los desahucios en parques públicos

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha creado una línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, que cuenta con una dotación presupuestaria inicial superior a 4,3 millones de euros, con posibilidad de ampliación, y tiene el objetivo de facilitar el acceso de la población con ingresos limitados a viviendas gestionadas por entidades públicas. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado hoy la orden con las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas correspondiente a 2014, que podrán solicitarse hasta el próximo 1 de octubre a través de las entidades colaboradoras que se habiliten para ello, pudiendo funcionar como tales todas aquellas administraciones públicas (y sus entes instrumentales) con competencias en materia de vivienda, así como las asociaciones inscritas en el registro andaluz con declaración de utilidad pública. 

Con esta nueva medida, el programa de ayuda al alquiler de vivienda definido en el Plan Estatal 2013-2016 se adapta a la realidad de Andalucía, donde el 95% de las personas demandantes de vivienda tienen ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) --unos 18.600€ netos-- y el 60%, inferiores a una vez el IPREM --no más de 7.450€--,con elevadas dificultades, por tanto, para el acceso al mercado libre del alquiler. 

En consecuencia, la Consejería que dirige Elena Cortés ha establecido dos líneas diferenciadas en materia de alquiler: la primera, dirigida a personas inquilinas con ingresos limitados para el arrendamiento de una vivienda, supeditada a la firma de dicho Plan Estatal; y la segunda, que es la que desarrolla la orden publicada hoy, orientada a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM --11.182 euros netos--, para el alquiler de viviendas gestionadas por entidades públicas, en cuyo caso el porcentaje establecido en el Plan Estatal no sería suficiente para garantizar el esfuerzo máximo en el pago de la renta que deben asumir las familias. “Esta línea de ayudas compensa el vacío que una vez más hace el Gobierno central a los demandantes de viviendas en alquiler, en especial a aquellos en graves dificultades económicas”, ha señalado Cortés.

De este modo, y “dada la demora del Gobierno central para firmar con la Junta el convenio de colaboración para el desarrollo del mencionado Plan Estatal”, la Consejería de Fomento y Vivienda ha optado por publicar esta orden, “que está financiada con fondos autonómicos sin perjuicio de que, con posterioridad, puedan ser complementados o ampliados con dinero estatal, o de que las actuaciones realizadas puedan justificarse como correspondientes al Plan del Gobierno central”, ha abundado la consejera andaluza de Vivienda. En el caso de que pueda disponerse de los fondos estatales, se utilizarán para cada ayuda hasta el límite señalado en el artículo 12.2 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril (Plan Estatal de Fomento del Alquiler 2013-2016), y, agotados dichos fondos, podrán seguir abonándose las ayudas íntegramente con fondos autonómicos, lo que garantiza presupuestariamente la viabilidad de la medida. “El actual equipo de la Consejería de Vivienda no va a incurrir en errores del pasado, cuando se anunciaban y concedían ayudas sin contar con los fondos necesarios”, ha indicado Cortés, quien ha recordado que el Gobierno central aún mantiene una deuda con Andalucía de 62 millones de euros correspondientes a anteriores planes estatales de vivienda, 14 de ellos solo en concepto de ayudas a inquilinos”, al tiempo que ha urgido a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la firma del convenio necesario para poder desarrollar las líneas de ayudas al alquiler en su totalidad. 

En palabras de la consejera, “la nueva línea de ayudas andaluza garantiza el derecho humano a una vivienda digna a través del alquiler asequible, fomentando este régimen de tenencia que siempre hemos defendido frente a la compraventa. Pero además la orden contribuye a combatir el stock de VPO que aún se encuentran vacías en la comunidad autónoma, ya que permite a las entidades públicas que mantienen viviendas cerradas sacarlas al mercado, en tanto que es la Junta de Andalucía la que paga la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar”. “La Consejería de Fomento y Vivienda da un nuevo impulso a su lucha contra las viviendas vacías mediante la fórmula del alquiler social, dirigido a todos aquellos demandantes que el actual sistema descarta debido a su limitada capacidad económica”, ha destacado la consejera, matizando también que la orden de ayudas permite asimismo erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a sufragar las rentas de viviendas en manos de entes públicas. 

Perfil de los destinatarios de las ayudas

 La orden publicada hoy establece que el procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y recoge los requisitos que deben reunir los solicitantes de las ayudas, los cuales son de obligado cumplimiento para la totalidad de los miembros de la unidad familiar, entendiéndose por ésta las personas que convivan en una misma vivienda, exista o no relación de parentesco.

 
Los requisitos fijados incluyen, en primer lugar, disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.

Asimismo, los ingresos de los solicitantes no podrán ser superiores a 1,5 veces el IPREM, de tal forma que la aportación a realizar por la persona arrendataria para el abono de la renta de referencia no podrá superar el 25% de la suma de los ingresos percibidos por la totalidad de la unidad familiar. 

 
Por otro lado, la ayuda que se solicita deberá contribuir al pago de las mensualidades del año natural al que se refiere la convocatoria, incluso de contratos ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden. 

Los requisitos fijan por último que los miembros de la unidad familiar no dispondrán de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda y que no tengan relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda, que tampoco podrá ser su socio o partícipe.

 
Entidades colaboradoras

 Todas las solicitudes deberán presentarse a través de las entidades colaboradoras que se habiliten a tal efecto a través de los correspondientes convenios de colaboración, cuyo modelo se recoge en la orden. Las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad. Igualmente, deberán contar con los medios informáticos necesarios para la tramitación de estas ayudas a través del Registro Telemático Único de la Junta, que queda estipulado en la orden como vía exclusiva para la presentación de solicitudes.

Así, serán dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y presenten en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería de Fomento y Vivienda. Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus ingresos. Asimismo, las entidades colaboradoras deberán presentar justificación de la aplicación de la ayuda recibida. 

Estupendo Cayo Lara

IU-CA rechaza las balanzas fiscales por “injustas” y recuerda el interés que tienen para comunidades con mayor número de domicilios fiscales

Castro recuerda que tras la compra de Cajasol, La Caixa adquirió un gran volumen de negocio en Andalucía que tributa en Barcelona: ¿toda esa actividad económica se la va a atribuir Catalunya para obtener mejor financiación?

Tras la publicación de las balanzas fiscales por parte del Ministerio de Hacienda, el portavoz del Grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro ha asegurado que este sistema que valora la financiación de las Comunidades Autónomas es “injusto e insolidario” en tanto que no determinan las necesidades de financiación que tienen los ciudadanos y los servicios públicos de los que hay que dotarlos.

Para Castro, las balanzas fiscales “huyen” de esa necesidad social porque “valoran fundamentalmente indicadores como el PIB, el domicilio fiscal de empresas y la tributación que hacen estas empresas”. Por tanto “hablamos de que la tributación que hacen las empresas con una tremenda actividad económica en Andalucía pero que tienen el domicilio fiscal en Barcelona acaban beneficiando a Catalunya”.

“No lo compartimos y consideramos que no se debían haber publicado y mucho menos que se utilice como arma arrojadiza para ver quien aporta mas o menos al estado” ha asegurado Castro que además considera que cada comunidad autónoma “se acoge a las balanzas fiscales como más le conviene”.

“Hay un planteamiento interesado” para aquellas comunidades autónomas que concentran mayor número de domicilio fiscales tales como Madrid o Catalunya “y es injusto que digan que aportan más al Estado” porque según ha explicado “cabe el ejemplo de La Caixa que, tras la compra de Cajasol, tiene un volumen de negocio tremendo en Andalucía que tributa en Catalunya”. Sobre esto se ha preguntado si toda esa actividad económica se la va a atribuir Catalunya para obtener mejor financiación.

A preguntas sobre la posible relación de la reunión Rajoy y Mas y la publicación de las balanzas, Castro ha respondido que no sabe si esa es la intención del presidente del gobierno pero “de ser así es bastante pobre que un presidente tenga que echar mano de la publicación de las balanzas fiscales antes de verse con el presidente de una Comunidad”. “Parece que Rajoy no lo tiene todo muy claro o todas consigo”, ha concluido.

IU llama “a toda la izquierda” a un proceso de confluencia programática para ganar las municipales

El objetivo del encuentro plural, que se celebrará en octubre, es unir a todas las fuerzas políticosociales “que comparten el objetivo de avanzar hacia un proceso constituyente” y culminará en la convocatoria de primarias abiertas los municipios de más de 20.000 habitantes.

El coordinador provincial de IULV-CA, Manuel Morales, ha presentado hoy en Granada el “llamamiento para la confluencia programática de la izquierda” con el que IU quiere “abrir la posibilidad real de que la izquierda gane las municipales de 2015”. El encuentro, que se celebrará en octubre, pretende reunir a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales y culturales que comparten el objetivo de avanzar hacia un proceso constituyente “como única salida real a la situación de progresivo empobrecimiento y pérdida de derechos para la mayoría social”.

Morales, que ha afirmado que “ya existen conversaciones muy avanzadas con media docena de organizaciones sociopolíticas de la provincia que comparten la necesidad de este proceso”, ha presentado también los ejes políticos en torno a los que articular la confluencia programática, a juicio de la formación de izquierdas: “la igualdad efectiva de derechos de toda la ciudadanía, la ecología política que garantice un nuevo modelo productivo que ponga la economía al servicio de las personas, la defensa de un fuerte sector público como garantía tanto de los derechos como del interés general y una revolución democrática que permita la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones”

Primarias abiertas
Finalmente, la coalición ha manifestado su voluntad de convocar primarias abiertas en todos los municipio de más de 20.000 habitantes para las próximas elecciones municipales. La decisión fue ratificada por la ejecutiva provincial de IU el pasado 18 de julio, después de que el consejo andaluz aprobara la decisión de ampliar el proceso abierto de elección de candidatura a los municipios de las ocho provincias andaluzas, donde, tal y como ocurrió en la elección del candidato a la presidencia de la Junta, afiliados y simpatizantes de IU votaron a su candidato predilecto. Esta fórmula de las primarias abiertas se concibe “como colofón efectivo del proceso de confluencia programática”, pero también como respuesta a la demanda social “la ciudadanía quiere que se la escuche. No se conforma con emitir una papeleta cada cuatro años, como es lógico, por lo que desde IU queremos ofrecerles todas las herramientas necesarias para su empoderamiento”, declaró Morales.

A este respecto, Joaquín Vega, coordinador local de IU, ha añadido que en la ciudad de Granada el programa de los futuros comicios se elaborará de forma participada, y que, de hecho, ya se están manteniendo reuniones por barrios en las que la organización recoge las inquietudes y necesidades de diversos colectivos, asociaciones y ciudadanía en general de cara al programa electoral. “El fin último es culminar en un proceso donde la ciudadanía vote los diez puntos que considere irrenunciables para el programa”, ha sostenido Joaquín Vega. Para ello, IU habilitará un espacio en una página web en la que la ciudadanía pueda proponer y mostrar sus prioridades políticas.

Por otro lado, Manuel Morales se ha referido al deseo de la formación de “aunar esfuerzos y aglutinar bajo una misma unión de fuerzas a todas las organizaciones con sensibilidades de izquierdas con objeto de desbancar definitivamente del poder al bipartidismo”. El dirigente provincial ha anunciado que IU negociará con las fuerzas políticas que “bajo un acuerdo programático, deseen presentarse a las elecciones con el deseo de cambiar las reglas del juego y avanzar hacia un nuevo modelo de Estado dirigido a las personas y consensuado con ellas”.

El de IU no quiere jamón, al menos de esa manera

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El programa imposible del profesor Sánchez

Hugo Martínez Abarca

Como desde el 25M todo posicionamiento político pasa por responder preguntas sobre Podemos, Pedro Sánchez se ha pronunciado. Y lo ha hecho refiriéndose a algunos de los aspectos que Podemos comparte con muchas otras organizaciones políticas, singularmente con IU. “Plantear cuestiones como el impago de la deuda o plantear que no se rescaten a las cajas y bancos y que se dejen quebrar es llevarnos directamente a la Gran Depresión de 1929“.

En primer lugar, no sabemos si Pedro Sánchez es ignorante o un mentiroso. Ni Podemos ni IU plantean que las cajas y bancos en vez de ser rescatados “se dejen quebrar“: la propuesta de Izquierda Unida es transformar en Banca Pública las cajas (la puede ver Sánchez en este documento “Izquierda Unida reclama la intervención de las Cajas de Ahorro y su transformación en Banca Pública“ o en cualquiera de los 47.000 resultados que arroja esta búsqueda en google). Podemos, como en casi todo, propone lo mismo: “Creación de una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público” (página 4 de su programa electoral a las europeas). Así que Pedro Sánchez o no sabe de qué habla o miente (sin descartar que compatibilice ambas). A ver si la próxima vez algún periodista le pregunta si fue la creación de una banca pública lo que trajo el crack del 29.

Sobre la deuda, la cuestión del impago es una evidencia: la deuda no se va a pagar. Lo que hay que hacer es decidir cuánta y cuál no se va a pagar, cómo se va a pagar el resto y si esa decisión la toma el pueblo español o la banca alemana. En función de eso seremos un pueblo soberano que rija su economía con más o menos dificultades o seguiremos sometidos. Pero como Pedro Sánchez sabrá (no en vano es profesor de economía por la prestigiosa universidad privada Camilo José Cela, por la que también obtuvo su doctorado un año después de dejar de ser diputado la primera vez) no hay un sólo país que haya ido a la quiebra por auditar la deuda pública, declarar el impago de la deuda odiosa y negociar una quita del resto de la deuda: todos los países que lo han hecho son casos exitosos. Hay, en cambio, múltiples ejemplos de países quebrados cuyos pueblos han sufrido mucho por el sometimiento a una deuda insoportable: ha sido la política constante del FMI y el Banco Mundial por todo el mundo, la que ahora traen a Europa. A la Gran Depresión nos conduce (más) el artículo 135 de la Constitución (propuesto por el PSOE y votado por Pedro Sánchez) que afrontar la realidad: que la deuda es impagable y que su función hoy es más política (nuestro sometimiento) que meramente mercantil.

Más allá de estos detallitos lo que llama la atención es que los dirigentes del PP y PSOE, que nos han traído a esta quiebra, anden dando lecciones de políticas económicas realistas. Son sus políticas económicas (las del PSOE y PP y las de los PP y los PSOE del resto del mundo) las que nos han traído a esta Gran Depresión, que no es la del 29 sino la de ahora. ¿No estaría mal al menos un poquito de humildad y no dar lecciones tan altivas a quienes no somos responsables de tanto sufrimiento?

¿Nos están diciendo que lo que proponemos es tan terrible que nos conduciría a un punto parecido al que nos han traído estos impresentables? No sé, supongamos que el profesor Sánchez tiene razón. Igual, para llegar a este mismo punto, sería mejor hacerlo con un poco de dignidad. Con populismo, que es como ellos llaman a la dignidad.

¿Por qué el PP quiere demoler a IU? ¡Es la restauración, estúpidos, la restauración!

Manolo Monereo *

Para Santiago Alba Rico, hermano de fe en
una religión popular basada en la emancipación

Me asombra que estas cosas sigan asombrando. Veo a tantos compañeros sorprendidos e indignados  ante  los ataques injustos y cobardes del PP contra IU que me llevan a la conclusión de que muchas veces no sabemos, mejor dicho, no somos plenamente conscientes de las cosas que decimos y hacemos. Que el PP aproveche su la mayoría conservadora en la Cámara de Cuentas para expedientar a IU no debería asombrarnos, tampoco que medios tan “independientes y objetivos” como El País, nos dediquen, después  de tantos meses o años, una pagina impar completa comentando la excepcionalidad del tema. Somos visibles para lo peor. Luchar por la ruptura y por los de “abajo” tiene estos costes.

Que el especialista consumado en financiación ilegal y en corrupción política, el PP, expediente a IU por supuestas irregularidades formales en sus cuentas tiene que ver, como no, con nuestra sistemática denuncia de la corrupción, con nuestra personación en el “asunto Barcenas”, con la querella contra los gestores de Bankia y, mucho más cercanamente, por nuestra petición de dimisión por nepotismo del mismísimo presidente de la mencionada Cámara de Cuentas. La respuesta no se ha hecho esperar: expediente y ventilador. Idea: todos somos igual de corruptos.

Hay que ir, aquí también, más allá de lo inmediato y de lo aparente. El PP, los poderes reales económicos y mediáticos, van contra IU, porque esta no aceptó ni acepta un nuevo pacto, una nueva “transacción”, para impulsar una enésima restauración monárquica, que tenía en su trasfondo el borrón y cuenta nueva con los múltiples casos de corrupción. Al negarse IU, el PSOE, tuvo que pensárselo y actuar con mayor comedimiento como se ha visto en la “dimisión en diferido” de Rubalcaba.

El gobierno sabe —las “cloacas” del “doble Estado” están funcionando a tope— que desde casi siempre IU, sus activistas y militantes, están presentes, son actores destacados (no los únicos, nunca lo olvidamos) en las luchas sociales y en las movilizaciones ciudadanas. La prioridad ha sido y es el conflicto, para desde él ir trenzado una estrategia unitaria de amplio espectro, muchas veces dando un paso atrás hasta hacernos, si no invisibles, sí opacos. El poder lo sabe y no se deja engañar por las apariencias, más bien tiende a usarlas, contra el movimiento de masas unitarias y mayoritarias que IU intenta impulsar.

IU ha ido, esta yendo, más allá de sí misma. En las elecciones europeas, mejor dicho, de la Unión Europea, ya fuimos en una amplia coalición, pero nos faltó audacia y así ha  sido reconocido. Ahora se trata de dejarse enseñar por la vida y no perder el Norte. Este está claro y los ataques de los enemigos nos dicen que estamos golpeando donde más les duele. Simplemente, tenemos que dejar de ser ingenuos: luchar por la apertura de un proceso constituyente, defender los derechos sociales y laborales, oponerse a la Europa alemana, defender la soberanía popular es luchar contra el poder, el poder de verdad y eso obliga, insisto, obliga a construir un poder “otro”, un (contra) poder. Todo lo demás es mala literatura y pésimo concepto. No es tiempo de pusilánimes.

Situar a Alberto Garzón al frente de la política unitaria y de la propuesta constituyente es una señal de que aprendemos, de que tenemos ojos y oídos y de que rectificamos, señal inequívoca de una fuerza con futuro. Ante la presencia de Podemos no nos replegamos y no nos equivocamos de enemigo. No hay movimientos sin cuadros y sin organización; necesitamos mucho, muchísimo, de ambas cosas, situando siempre la política en el puesto de mando.

No debemos engañarnos con el cuento de la lechera de los “medios de manipulación social”. La partida es y va a ser muy dura. El nuevo monarca es muy débil y el proceso de transición a un nuevo régimen no ha hecho otra cosa que comenzar. El peligro es el transformismo. ¿Cómo definirlo aquí y ahora? Se trata de usar el impulso, la demanda de cambio para modificar el sistema político en un sentido contrario a las aspiraciones populares.

Desde el 15M, el centro ha sido “democratizar la democracia”, asegurar el autogobierno del pueblo por el pueblo. Pablo Iglesias ha sabido definir eso en el imaginario social: ellos (la casta) y nosotros (el pueblo). Esto es justo: la crisis de régimen es siempre una crisis de representación y la llegada de una nueva clase política. Transformismo, en este contexto, significa cambiar todo y de forma radical hacia peor partiendo de lo mejor. Expliquémonos.

Poner el acento en los procedimientos y no en los contenidos de la democracia conlleva riesgos ineludibles. ¿Cuál es el problema de esta clase política? Que se ha convertido en casta. ¿Por qué? Porque ha perdido cualquier autonomía del poder económico, que son los que mandan y los que corrompen. La casta es el efecto y no la causa. Por eso el enemigo es algo más que la casta, es el complejo económico-mediático-político que dirige el país, el nuestro y al otro, el que dirige el inefable Cebrián de las cavernas, y que desde siempre nuestro padre Joaquín Costa llamó oligarquía a unos y a otros caciques especializados en conseguir votos.

La propuesta de Rajoy de cambiar la elección de los alcaldes es claramente oportunista, pero tiene mucho que ver con la tentativa transformista. So pretexto de acercar la política a los ciudadanos se defienden circunscripciones electorales uninominales y sistemas mayoritarios, para democratizar el sistema y acabar con los privilegios de los políticos se pone fin a la financiación publica de los partidos y para evitar la corrupción se privatiza lo público y las instituciones económicas pasan a manos de supuestos expertos neutrales y profesionales.

Más allá, para democratizar los partidos, se potencian las organizaciones locales y se liquidan de paso las arcaicas organizaciones ideológicas, sustituidas por políticos funcionales, ligados a los poderes realmente existentes, es decir, las empresas y los grupos mediáticos. Al final, emerge la (norte) americanización de la vida pública y el control férreo del poder político por los grupos económicamente dominantes. La supuesta regeneración democrática da paso a la revolución neoliberal. Renzi esta ahí al lado, como quien dice.

Lo que se quiere indicar es que todo proceso de cambio real lleva en su seno, contradictoriamente, peligros restauradores que las fuerzas políticas deben reconocer y evitar. Cuando hablamos de revolución democrática, nos referimos a un proceso de democratización sustancial del poder político, económico, social y cultural. El poder constituyente que nosotros defendemos busca construir un sujeto político capaz de definir las condiciones que hagan posible una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales. A esto siempre se le ha llamado Constitución republicana y Estado de derecho.

Recientemente, con su lucidez habitual, Santiago Alba Rico definía el asunto con mucha precisión: “¿Qué quiere decir Estado de derecho? Quiere decir que toda asamblea ha tenido que decidir previamente, en un proceso constituyente, los límites, éticos y políticos, de cada decisión colectiva. La democracia no es solo decidir en elecciones; es haber decidido ya los principios de nuestras decisiones. Eso se llama Constitución”.

Desde este punto de vista la Constitución a la que aspiramos sería la “hoja de ruta” de la transformación de nuestra sociedad, para realizar aquello de que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas: remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Seguramente a algunos le sonará: es el artículo 9,2 de nuestra Constitución, que recoge, suavizada, el artículo 3, párrafo segundo, de la Constitución italiana, la célebre cláusula de Lelio Basso. La realidad constitucional ha cambiado tanto que esto nos parece de otro mundo y sin embargo fue un elemento clave del constitucionalismo social fruto de la derrota del fascismo y del ascenso del movimiento obrero y de la izquierda.

(*) Manolo Monereo. Politólogo y miembro del Consejo Político Federal de IU. Su último libro publicado, junto con Enric Llopis, es Por Europa y contra el sistema euro (El Viejo Topo, 2014).