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LA UNIÓN (Murcia): La asamblea local de IU rechazó pactar con el PSOE

El Partido Popular de La Unión gobernará en minoría durante la presente legislatura. La asamblea local de Izquierda Unida Los Verdes mostró la robustez de su compromiso electoral y aprobó por unanimidad una resolución en la que descarta cualquier tipo de pacto con el PSOE para arrebatar la alcaldía a los populares.

Los 50 militantes de IU apoyaron sin fisuras la postura que su coordinador y concejal, José Haro, ha venido defendiendo estos días: «Independencia respecto de las dos fuerzas mayoritarias, rechazando cualquier acuerdo de gobierno o de legislatura con ambas», algo que ya ha comunicado oficialmente al alcalde, Francisco Bernabé, y al ex alcalde, José Manuel Sanes, quien le ofreció abrir una mesa de trabajo.

Las intervenciones de los militantes se centraron en los argumentos que «hacen impensable», subrayó Haro, un gobierno de coalición con el PSOE. Se escucharon diatribas radicales como que «tendrían que dimitir los nueve concejales del PSOE de la pasada legislatura «se han creído los amos del cortijo y siguen sin autocrítica», «tienen la desfachatez de dirigirse a Haro cuando le han quemado con los ojos y le han denigrado públicamente» o «tendría cojones pactar con gente a la que le hemos puesto 32 denuncias». Incluso, una voz supeditó un acuerdo con los socialistas a «la dimisión en bloque de Sanes, su equipo y el secretario regional Pedro Saura».

En una línea más suave, dos militantes propusieron, y así se reflejó en la resolución, que a la vista de «los acuerdos puntuales en plenos y comisiones que se pudieran alcanzar con el paso de los meses o años y la renovación de su liderazgo», cabría la posibilidad de sentarse en una mesa de trabajo con el PSOE. Sin embargo, desde las posiciones más críticas con los socialistas se espetaba: «¿Pero echando la cadena eh, a ver si ahora se van a creer lo que no es!» o «¿por qué vamos a suponer que el PP lo va a hacer tan mal?». Incluso José Haro pronosticó que «el PSOE va a tener muy difícil hacer una oposición de izquierdas, porque ha ejecutado en el gobierno la política más a la derecha de la democracia».

La resolución, finalmente, apuesta por «abrir una etapa de mayor transparencia, búsqueda de consenso en los temas fundamentales y participación ciudadana en la gestión del ayuntamiento».

Orihuela: El alcalde deniega la dedicación exclusiva a Izquierda Unida

Benavides no es diferente. Y el PSOE y el PP tampoco. En Orihuela como en Almuñécar. ¿Tanto molesta nuestro trabajo? ¿De verdad damos tanto miedo?

El pleno de ayer se centró en dar cuenta de las dedicaciones exclusivas de los concejales, entre las que no figuraba la que presentó el edil de Izquierda Unida, José Manuel García Mañogil. El resto sí vieron luz verde, doce del Partido Popular, más las de los dos delegados, tres del PSOE y una de Los Verdes que le corresponde a su portavoz, José Manuel Dolón, aunque ha pedido que se paralice por el momento su tramitación.

Fue Dolón el que exigió una aclaración del por qué García Mañogil (IU) no estaba incluido, pregunta que secundó Martínez Andréu en nombre de Izquierda Unida, quien calificó el hecho de «discriminación hacia su grupo».

Comisión Promotora de la III República: Diez Ayuntamientos andaluces declaran agotado el modelo de Estado y trabajarán por la III República

Diez Ayuntamientos andaluces firman en el Parlamento Andaluz el 26 de julio una moción por la cual "crean un nuevo escenario político, jurídico, de procedimiento, situando la lucha democrática por la República en la agenda política, social e institucional del presente".

Los primeros diez ayuntamientos firmantes del acuerdo declaran agotado el modelo de Estado y anuncian que propiciaran una estrategia unitaria para apertura de un proceso constituyente, llamando a iniciar y desarrollar un "movimiento cívico y político de carácter convergente y unitario en todos los niveles organizativos", pasando "de las palabras a los hechos, impulsando un movimiento real, de futuro"

Los ayuntamientos que han suscrito la declaración en el Parlamento Andaluz son Marinaleda, Alcalá del Valle, Almodóvar del Río, Benalúa, Casariche, Puebla de Cazalla, Espejo, Humilladero, Pedrera y Viznar. Se han comprometido a crear una red de municipios, cargos públicos, colectivos y ciudadanía por la República y ahora se constituyen en Comisión promotora de un movimiento político, social y cultural hacia la III República, "por lo que estamos ante la iniciativa política e institucional más importante de la historia moderna de España desde el año 1931", según señalan.

Los alcaldes, que acuden a la cita en el Parlamento Andaluz, afirman que "el protagonismo no puede ser solo municipal, ha de ser, fundamentalmente, ciudadano; de ahí, la importancia de impulsar asambleas, jornadas, firmas, donde se creen espacios para la participación ciudadana".

Esta iniciativa ha sido coordinada por el diputado andaluz por IU Antonio Romero.  Ahora comenzarán a presentar la iniciativa en otros puntos de España.

Texto de la moción aprobada en estos ayuntamientos 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Local y el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Administraciones Locales, el Grupo Municipal de IULV-CA eleva a la consideración del pleno del Ayuntamiento la siguiente moción:

AYUNTAMIENTOS POR UN PROCESO CONSTITUYENTE HACIA LA III REPÚBLICA PREÁMBULO

A LA CUDADANÍA, A LA OPINIÓN PÚBLICA

A los 76 años de la proclamación de la II República se abre en nuestro país un importante proceso de reivindicación de la cuestión republicana, el camino hacia la III República, máxime después de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de Mayo y el fin de la presente legislatura, con la promesa de una reforma constitucional.

Hace 76 años, la clase obrera, los sectores populares y las clases medias, las gentes de la cultura, de la ciencia y la universalidad, los partidos políticos de progresistas y de izquierda propiciaron con su victoria en las elecciones municipales un proceso constituyente democrático y participativo que trajo como resultado la II República. Hoy igual que ayer la presencia de las gentes republicanas en los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, hará posible que el ideal republicano esté más cerca.

De la misma forma la promesa de una reforma constitucional no debe ser el resultado del pacto entre las élites políticas del PSOE y el PP, sino debe posibilitar el pronunciamiento de la sociedad española sobre el modelo de Estado. Desde los nuevos Ayuntamientos reivindicamos un referéndum sobre la cuestión republicana.

Los republicanos de toda condición, comprometidos con los ideales de Justicia, Libertad, Igualdad y Fraternidad, herederos del legado social, cultural y emancipador de la II República, hemos de manifestar nuestro más firme rechazo al modo en que la actual Constitución impone a los españoles una monarquía heredera directa de la dictadura de Franco. Así mismo, no podemos aceptar que se hurte a la ciudadanía la posibilidad de elegir la forma de Estado.

La actual Monarquía Parlamentaria no recoge los ideales que defendemos. Muy al contrario, a lo largo de estos años, mediante el ejercicio de políticas neoliberales vivimos en una sociedad instalada en la precariedad laboral, educativa y económica de los trabajadores. El neoliberalismo es la negación de la democracia y atenta contra todos y cada uno los mismos principios republicanos. Por ello, reclamamos comprometidos con la solidaridad social y la democracia participativa como ejes y señas de nuestra identidad republicana.

DECLARACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS HACIA UN PROCESO CONSTITUYENTE POR LA III REPÚBLICA

Ciudadanos/ ciudadanas:

En la España de hoy, el régimen republicano sería el mejor marco para la defensa de los derechos y libertades democráticas, instrumento imprescindible para asegurar el autogobierno de los diversos pueblos que componen nuestro Estado y un medio para superar los límites que la economía capitalista impone al desarrollo efectivo de los derechos sociales”. Nuestros Ayuntamientos caracterizan esas reivindicaciones en las siguientes claves:

• Por las libertades y la democracia participativa.

• Trabajo y salario digno, estable y con derechos.

• Por otra política económica, contra la especulación y la corrupción, vivienda asequible para todos y todas.

• Por unos servicios públicos de calidad, servicios sanitarios públicos y de calidad, y una educación pública, laica, igualitaria y eficiente.

• Por el internacionalismo solidario, contra la guerra y por la paz.

• Igualdad para todos y todas.

• Hacia la III República.

Los Ayuntamientos firmantes hacemos un llamamiento al conjunto de los hombres y mujeres de izquierdas, republicanos, socialistas, comunistas, libertarios, feministas, alternativos, ecologistas, demócratas, a defender la memoria y los valores de la república de los trabajadores y trabajadoras, de la paz, a denunciar y combatir con fuerza las diversas acciones que pretenden denigrar la realidad de lo que fue la II República Española. Por ello propiciamos una estrategia unitaria para apertura de un proceso constituyente. Llamamos a iniciar y desarrollar este movimiento cívico y político de carácter convergente y unitario en todos los niveles organizativos, como germen para la consecución de la III República Española, sobre los siguientes pilares:

1º.- En primer lugar, tendrá que vertebrarse a partir del reconocimiento de los derechos humanos: civiles, políticos, sociales y medioambientales, de este modo avanzaremos hacia una sociedad de pleno empleo, con reducción de la jornada laboral y reparto del tiempo de trabajo, con desarrollo sostenible, con protección social plena y fiscalidad progresiva.

2º.- Planteamos, en el marco del modelo de estado republicano, la democracia radical y participativa, se trata de llevar la democracia a ámbitos hoy vedados, como la economía o la cultura, así como profundizar en la democracia política.

3º.- Queremos rescatar el inmenso valor histórico, ético y político del artículo sexto de la Constitución Republicana de 1931 para defender una política de paz: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. La propuesta republicana se une al profundo clamor en contra de la agresión bélica al pueblo iraquí y contra otros pueblos del mundo. Este posicionamiento implica denunciar, una vez más, la pertenencia de España a la OTAN o los acuerdos bilaterales con Estados Unidos para la utilización “conjunta” de las bases militares en nuestro territorio.

4º.- Apostamos por un modelo de estado inspirado en los valores del humanismo laico, que se asienta en el principio de la libertad absoluta de conciencia. Hay que derogar el inadmisible Concordato suscrito con el Vaticano hace tres décadas y liberar a la escuela pública del adoctrinamiento de la religión católica.

5º.- Está el valor de la austeridad, entendido como la racionalidad y la sintonía entre las necesidades sociales y las aportaciones presupuestarias y de infraestructuras necesarias, y no precisamente como lo conciben las políticas neoliberales que contribuyen a la liquidación de los derechos sociales conquistados después de dos siglos de lucha del movimiento obrero.

6º.- La situación política prueba la necesidad de construir un Estado federal republicano y solidario que supere la denominada “España de las autonomías”. Los territorios federados, para la construcción del nuevo Estado, aceptarán como patrimonio común de todos los siete ejes que desarrollan la propuesta republicana. El desarrollo legislativo corresponderá a las Cortes Generales de la República y el desarrollo ejecutivo al Gobierno Federal. El Estado tendrá tres administraciones: la General, la de cada federación y la municipal, avanzaremos hacia la comarcalización de cada federación. En la atribución y ejecución de las competencias se tendrá en consideración el principio de subsidiariedad.

7º.- Pretendemos construir la Tercera República Española en el marco de una Europa federal a partir del impulso de un auténtico proceso constituyente europeo.

En nombre de nuestros ayuntamientos llamamos a la ciudadanía a la realización de actividades y actos de manera unitaria, donde las distintas entidades de la izquierda queden patentes, como reflejo de esa izquierda plural y anticapitalista que tiene el germen del cambio.

COMISIÓN PROMOTORA DE AYUNTAMIENTOS POR LA III REPÚBLICA. ACUERDOS

Los alcaldes y alcaldesas firmantes de esta declaración nos constituimos en Comisión Promotora de la III República, avalados por los Plenos de nuestros Ayuntamientos, para impulsar un proceso constituyente hacia la República, utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la Constitución Española en sus artículos del 166 al 169, y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su Título X, artículos 248 al 250. Los Alcaldes y Alcaldesas firmantes haremos llegar la presente iniciativa a Las Cortes Generales, a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, así como a la Unión Europea y a la Comunidad Internacional para su conocimiento y estudio, para que transcurra por los cauces democráticos, y para que se hagan eco las instituciones constitucionalmente competentes.

Los Alcaldes y Alcaldesas firmantes declaramos agotado el modelo de Estado actual, y llamamos a la ciudadanía a demandar la reforma de la Constitución, y la convocatoria de un referéndum, donde sean los ciudadanos y las ciudadanas los que decidan con votos democráticos, la forma de Estado que prefieren para el Estado Español.

FACULTADOS POR NUESTROS AYUNTAMIENTOS EN ACUERDOS DE PLENO FIRMAMOS LA PRESENTE DECLARACIÓN EN SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. SEVILLA, QUE MANTENEMOS ABIERTA A LA INCORPORACIÓN DE OTROS AYUNTAMIENTOS, CARGOS PÚBLICOS, COLECTIVOS SOCIALES Y LA CIUDADANÍA.

El gobierno apoya la propuesta presentada por IU para fijar límites a los sueldos de alcaldes y concejales

La propuesta elaborada por Izquierda Unida para alcanzar un acuerdo entre todas las formaciones políticas, de conformidad con los criterios que marque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que se establezca unos límites para los sueldos de alcaldes y concejales cuenta a partir de ahora con el apoyo del Gobierno.

Después de que la responsable de Política Municipal y Autonómica de IU, Montserrat Muñoz, expusiera esta propuesta en la reunión de ayer del Pacto Antitransfuguismo celebrada en el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), su titular, Elena Salgado, ha manifestado “el apoyo del MAP a esta iniciativa” y, por indicaciones suyas, ha sido remitida a través del secretario de la Comisión de Seguimiento del Pacto a todos los partidos políticos y grupos parlamentarios que forman parte de él.

Muñoz se ha felicitado “por la buena acogida y el interés que todas las formaciones políticas han mostrado hacia esta importante iniciativa de Izquierda Unida. Se ha demostrado que estamos a tiempo para atajar y cortar de raíz el aprovechamiento que algunos cargos electos han hecho para beneficiarse mediante sus sueldos de la ausencia de una regulación legal y de un marco global”.

La dirigente y diputada nacional de IU anuncia que “para tramitar nuestra iniciativa, además de propiciar un futuro debate en el seno de la FEMP, la transformaremos en una proposición no de ley para su tramitación en el Congreso y buscaremos su inclusión en la futura Ley de Gobierno Local”.

Monachil: PSOE e IU suscriben un acuerdo para formar un gobierno estable

 Monachil cuenta ya con un gobierno estable de izquierda tras el acuerdo alcanzado entre PSOE e IU después de varios intentos infructuosos. Hace unos días, el alcalde socialista José Luis Samos y el portavoz de IU, Jaime López, rubricaron el pacto que permitirá a esta última formación gestionar las áreas de Educación, Cultura, Desarrollo y Empleo, más una tenencia de alcaldía.

También se han establecido otros compromisos generales que pasan por auditar las cuentas económicas y revisar el urbanismo, condiciones que en un principio alejaron a ambos partidos ante la posibilidad de que dichas actuaciones paralizarán la gestión del municipio.

El alcalde José Luis Samos valoró de forma satisfactoria el acuerdo porque "permite dar estabilidad a un gobierno que pretende sacar adelante un proyecto en el que ambas formaciones coincidimos en un 90 por ciento".

La prioridad ahora es sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana después de que la Junta de Andalucía rechazara hasta en dos ocasiones las bases que presentó el anterior gobierno por considerarlas "subjetivas". El alcalde, que asume también el área de Urbanismo, tiene intención de revisar las licencias urbanísticas de los últimos cuatro años aunque no pretende, según comentó, pasar factura al anterior gobierno.

Por su parte, el dirigente de IU Jaime López se pronunció en la misma línea que el alcalde mostrándose partidario de un "gobierno transparente que ponga en claro la gestión anterior sin que se paralice el Ayuntamiento". El PSOE que obtuvo cinco concejales necesitaba el apoyo de IU, que logró dos, para gobernar con estabilidad. El PP sacó tres ediles, el PA dos y los independientes uno.

El acuerdo de gobierno forma parte del pacto andaluz suscrito entre PSOE e IU que en la provincia de Granada ha permitido ayuntamientos de izquierda en otros diez municipios y ha facilitado apoyos puntuales en cuatro.

Cenes: Los vecinos destacan la labor social con los mayores del edil de Izquierda Unida

IDEAL.

J. SÁNCHEZ-UBRIC/CENES

El único concejal de Izquierda Unida salido de las últimas elecciones municipales, y que posibilitó la alcaldía al PSOE, José Sáez Martínez, se ha convertido en el 'hombre fuerte' de esta Corporación Municipal. Sobre todo si se tiene en cuenta que desde las elecciones de 1983 IU-CA no había tenido representación municipal.

Sáez, teniente alcalde, ha asumido la delegación de Servicios Sociales. En esta ocupación, a la que está dedicándole tiempo mediante su personación en los centros sociales de acogida de la tercera edad ubicados en el municipio, así como contactos con organizaciones, tanto de tipo religioso como privado, que tienen relación con temas sociales, con el objeto de conocer de una forma personal y directa, todos aquellos problemas que afectan a la sociedad local, está siendo el primer político local que ya se ha ganado al pueblo, según afirman los vecinos de Cenes.

Estas nuevas formas de gobierno están llevando a la población la tranquilidad y la esperanza en temas, que si bien se habla muchos de ellos, la realidad es que siempre se quedan obsoletos en cuanto a la aplicación y formas de estudio, lo que está dando lugar a que en estos grupos sociales el concejal José Sáez tenga la mayor valoración y su reconocimiento social. En una palabra según dicen los mayores, el concejal de Izquierda Unida, está junto a los más débiles.

Llamazares reclama al PSOE que esté “más atento” a lo que demandan los navarros y “deje de mirar de reojo a Génova”

Gaspar Llamazares, insistió hoy en su apuesta por un Gobierno progresista para Navarra, pese a la ruptura de las conversaciones entre las fuerzas que aspiraban a su formación, y recomendó al PSOE y al Gobierno "que miren más a Navarra, que estén más atentos a lo que quiere el pueblo navarro, y dejen de mirar de reojo a Génova, a las presiones y chantajes del PP".

En rueda de prensa en la sede de su coalición, también recordó a los socialistas que "esa propuesta que hacen" de permitir el gobierno en minoría de UPN "no se corresponde en absoluto con la voluntad del pueblo navarro, expresada en las elecciones, de cambio y de una mayoría progresista".

“El PSOE –advirtió- debe estar más atento a la voluntad de cambio del pueblo navarro, que a las presiones del PP. Aunque el PSOE le dé al PP el Gobierno de Navarra, la derecha seguirá usando la política antiterrorista como política de partido, porque Navarra es para el PP solamente una excusa más".

Adelantó que si el PP no tiene la "excusa" de Navarra, "habrá otras que le permitan continuar con la confrontación en materia antiterrorista". Por eso, insistió a los máximos responsables socialistas que recuerden el compromiso que tienen las fuerzas de izquierdas con el pueblo navarro "y no con el PP, que en todo caso va a tener otras excusas para confrontar en materia de política antiterrorista".

El coordinador general de IU indicó que su formación quiere en Navarra políticas de izquierdas y gestores, "independientes y de partido, de izquierdas y progresistas, porque es lo que ha querido la ciudadanía".

Izquierda Unida reclama un pacto entre todos los partidos para, de acuerdo con la FEMP, fijar unos límites para los sueldos de alcaldes y concejales

Izquierda Unida quiere que se alcance un acuerdo entre todas las formaciones políticas para que, de acuerdo con los criterios que marque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y respetando la autonomía municipal, se establezcan unos límites para los sueldos de alcaldes y concejales.

La responsable de la Secretaría de Política Municipal y Autonómica, y diputada de IU, Montserrat Muñoz, considera que “la ausencia de una regulación legal ha permitido que el debate de las retribuciones de los cargos públicos locales se haya convertido en un tema recurrente y que, ante la ausencia de un marco global se hayan producido aprobaciones de salarios que en ocasiones causan escándalo en la ciudadanía”.

Muñoz detalla que “para corregir estos abusos que, no por puntuales dejan de ser significativos, desde IU entendemos que es conveniente adoptar medidas dirigidas a establecer un marco global en el que se puedan fijar las retribuciones de los cargos públicos locales”.

La dirigente federal de IU detalla las tres medidas más significativas a tomar en un primer momento:

• Establecer una horquilla para las retribuciones de alcaldes y concejales de acuerdo con los criterios de la FEMP que permita que cada ayuntamiento en ejercicio de su autonomía local pueda fijar sus retribuciones, atendiendo siempre a unos criterios objetivos que no se podrán sobrepasar.

• Que a estos efectos los criterios objetivos a tener en cuenta tengan en cuenta, entre otros, la población del municipio, el presupuesto anual del mismo y la situación financiera del ayuntamiento.

• Favorecer un gran acuerdo de los partidos respecto a los criterios y cuantías, todo ello logrando un consenso en el marco del Pacto Antitransfuguismo y, en su caso, con su posterior incorporación a la legislación básica local.

Montserrat Muñoz recuerda que “hasta ahora, la regulación legal otorga al Pleno de la Corporación la facultad de fijar el salario de sus alcaldes y concejales. Habitualmente se fijan en el primer Pleno después de la constitución de los ayuntamientos y se aprueban en el marco del acuerdo global del Pleno de Organización. En éste, además, se discuten el número de liberados con dedicación exclusiva del gobierno local y de la oposición, las dietas y el personal de confianza política a designar”.

Meyer y Cappato interpelan de nuevo a la comisión europea sobre un impuesto municipal que favorece a la iglesia católica

El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer y el italiano Marco Cappato han interpelado de nuevo a la Comisión Europea por el impuesto municipal sobre "Construcciones, Instalaciones y Obras" (ICIO) que grava la realización de obras y que podría estar favoreciendo a la Iglesia católica, contraviniendo el Derecho Comunitario.

En el año 2001 a través de una Orden Ministerial "la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas (...)" quedan total y permanentemente exentas de dicho Impuesto.

En las preguntas a la Comisión se señalaba que "el estado español está concediendo la exención a obras relacionadas con actividades económicas en las que la Iglesia católica actúa como empresa, es decir, a explotaciones comerciales que realizan en clara competencia con otras empresas privadas que sí están sujetas al ICIO." Así lo han documentado los diputados, dando como ejemplos la construcción de escuelas privadas, universidades privadas, hospitales privados, obras en emisoras de radio privadas, entre otros.

Efectivamente, la última respuesta de la Comisaria de la Competencia, la Sr. Kroes, recibida el pasado mes de abril, reconocía poder haber malinterpretado las disposiciones fiscales españolas pertinentes que regulan el ICIO, y se comprometió a pedir a las autoridades españolas que aclasen el ámbito de aplicación de la exención en cuestión.

Por este motivo, Meyer y Cappato han querido demandar de nuevo a la Comisión sobre estas aclaraciones que debieran haber sido remitidas por las autoridades españolas, y qué tipo de pasos va dar la Comisión para subsanar el error.

Llamazares traslada a Correa la apuesta de IU por un plan de integración de inmigrantes

 Gaspar Llamazares, trasladó hoy al presidente de Ecuador, Rafael Correa, su intención de trabajar para lograr un "plan de integración" de inmigrantes "intenso y fuerte, que se base fundamentalmente en la mejora de los servicios públicos. Esa es la mejor forma de cohesionar a españoles a inmigrantes para evitar cualquier tipo de xenofobia y desconfianza", al tiempo que recordó que la política inmigratoria de IU se basa en la "defensa del derecho de voto de los inmigrantes en España". 

"En política exterior para América Latina, la intención de IU es contribuir a superar lo que creemos que es un prejuicio de la política española, los denominados populismos, que es una visión chata de la realidad latinoamericana. A Correa, Morales, Chávez o a la presidenta chilena no se les puede incluir en ese cliché, porque en América Latina hay una realidad muy diversa y experiencias positivas de la izquierda", expuso.

Llamazares trasladó a Correa que trabajará para que España "no caiga en esos prejuicios", y para que la política exterior española "promueva una mayor responsabilidad social de los intereses económicos en América Latina, de las multinacionales allí instaladas". En el caso concreto de Ecuador, resaltó que son Repsol y Telefónica "las principales" empresas españolas en el país.

Otro tema que tuvo su espacio en la reunión fue el del proceso político interno ecuatoriano, donde el próximo mes de septiembre tendrá lugar la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente. "Tenemos un respaldo muy claro a lo que representa Correa y la izquierda en Ecuador", concluyó Llamazares.

GASPAR LLAMAZARES, ES PARTIDARIO DE QUE EL GOBIERNO RETIRE LAS SUBVENCIONES A LA IGLESIA CATÓLICA, TRAS EL DESACATO DE LOS OBISPOS AL DECRETO DE CONTRATACIÓN DE PROFESORES

Gaspar Llamazares, animó ayer al Gobierno a replantearse la relaciones con la "jerarquía eclasiástica" para acabar con las ayudas económicas del Estado hacia la Iglesia católica y para que la religión quede "fuera" de las escuelas. Llamazares se quejó - en declaraciones a la agencia de prensa SERVIMEDIA - de la continua "injerencia" de la Conferencia Episcopal en la vida democrática, a propósito de la última ofensiva iniciada por la Iglesia española contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, aprobada por las Cortes.

España es un estado aconfesional, dice la Constitución. "Todas las concesiones del Gobierno, no sólo no han definido los campos de la Iglesia y del Estado, como debería ocurrir en un Estado aconfesional, sino que la jerarquía eclesiastica continúa con su injerencia en la vida democrática", recalcó el dirigente de IU. Además, alertó ante la pretensión de la Iglesia católica de detentar el monopolio de la moral y la ética, para negarle al Estado "la propia ética democrática".

Llamazares recordó que España es un estado aconfesional, de acuerdo con la Constitución, y ese principio debería llevar al Gobierno a replantearse las relaciones con la Iglesia católica, "las relaciones financieras y, en particular, en el seno de la escuela".

“La religión en las parroquias, la formación en las escuelas”. A juicio de Llamazares, la "insumisión" de la jerarquía eclesiástica merece una respuesta adecuada, basada en situar a "la religión fuera de las escuelas. Si la Iglesia católica no sabe respetar el espacio religioso y el espacio civil, lo mejor es que la religión esté en las parroquias y la formación en las escuelas".

El eurodiputado de IU, Willy Meyer critica que la sobreexplotación del atún rojo puede llevar al colapso de la pesquería

A menos atún. más medusas. A menos tortugas, más medusas. A más 'comida' que llega a las playas, más medusas. A más temperatura del agua, más medusas. Hay quien sigue defendiendo que se urbanice todo, que se pesque todo, que se destruya todo. Luego se quejan de que la playa está llena de medusas, pero son incapaces de ver la relación entre unas cosas y otras. Como decía mi abuela, teta y sopa no cabe en la boca.

Y viene esto a propósito porque un diputado de IU ha denunciado la sobreexplotación del atún rojo. Es un problema que preocupa, directa o indirectamente a todos los ciudadanos.

La denuncia de Willy Meyer ha tenido lugar en la Comisión de pesca del Parlamento Europeo. El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha explicado que el problema más importante a que está sometido el sector del atún rojo es la sobreexplotación a la que está sometido por la propia flota profesional, y ha criticado el mantenimiento por una parte del sector pesquero que niega la grave situación del stock, incluso en contra de los informes científicos. Esta grave situación de disminución de la población afecta especialmente, ha señalado Meyer, al sector de la almadraba al tratarse de un arte de pesca fijo.

Meyer ha recordado las conclusiones del informe del ICCAT: grave problema de sobreexplotación y flota sobredimensionada, lo que conlleva un grave riesgo de colapso de la pesquería.

El eurodiputado ha saludado la adopción del plan de recuperación para el atún rojo propuesto en Dubrovnik, porque, ha reconocido "se consensuaron una serie de medidas entre los diferentes actores implicados en la pesca del atún rojo". A pesar de ello, continuó "queda mucho por hacer, sobre todo en cuanto a las medidas de control del plan, porque en los últimos años se ha comprobado cómo se sobrepasa sistemáticamente la cuota establecida."

Rubalcaba “olvida” que “su plan” anunciado hoy para financiar el pago del carné de conducir a jóvenes es una propuesta de IU que el Congreso aprobó en 2005

Navarro, autora de la iniciativa, recuerda al ministro de Interior que “tras tardar dos años en aplicar nuestra iniciativa esperamos que cumpla el límite que se marca para que vaya dirigida a jóvenes desempleados y de escasos recursos, y no haga electoralismo con ella a costa del dinero público”

La diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro ha recordado hoy al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que la medida anunciada hoy a bombo y platillo ofreciendo créditos de hasta 1.000 euros para que los jóvenes hasta los 25 años “es una proposición no de ley de Izquierda Unida presentada en marzo de 2005 y aprobada por el Congreso ya en octubre de ese año”.

La parlamentaria del Grupo de IU-ICV critica al Gobierno por “haber tardado dos años en poner en práctica esta medida que nuestro grupo sacó adelante y que ahora piensan aplicar a partir del próximo mes de noviembre”.

Además, Navarro recuerda y destaca que “el texto aprobado instaba al Gobierno a configurar el plan ahora presentado. Nos parece bien que se fije finalmente que abarque a jóvenes a partir de los 17 años, pero establecía claramente que estas medidas fueran dirigidas a jóvenes desempleados y de escasos recursos. Este es un matiz importante que ahora parece que quiere saltarse el Gobierno socialista”.

En efecto, el texto final de la proposición no de ley de IU-ICV, aprobado en 2005 en la Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico tras recoger algunas enmiendas presentadas, señalaba textualmente que el Congreso insta al Ejecutivo a “estudiar y configurar un plan dirigido a la financiación de la formación para la obtención del carné de conducir a jóvenes desempleados y de escasos recursos económicos de 18 a 25 años, a través de las oportunas negociaciones con las entidades bancarias y autoescuelas”.

Esperamos que el Gobierno no quiera hacer electoralismo a costa de esta medida, y mucho menos con dinero público, y que, al final, entre los 80.000 ó 100.000 jóvenes a los que se calcula que puede beneficiar este plan estén también aquellos con importantes ingresos o pertenecientes a familias adineradas, con lo que se desvirtuaría sus objetivos iniciales.

La diputada de IU considera “positivo que se exija a los perceptores de estas ayudas el esfuerzo de acudir a 10 horas adicionales de clases teóricas sobre seguridad vial para mejorar su formación. Es una buena medida para hacer frente a la alta tasa de accidentabilidad entre los conductores más jóvenes”.

Izquierda Unida urge al gobierno para que “adopte medidas urgentes para paliar el brutal aumento del euribor en el coste hipotecario”

El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de Izquierda Unida, Javier Alcázar, a raíz de la nueva subida del euribor en junio -que situará este índice en el 4,5%, tras 21 aumentos consecutivos-, estima que “se está a punto de llegar a unos niveles de tipos de interés que pueden colapsar el desarrollo económico de nuestro país. Un gran número de familias van a tener graves problemas al haberse endeudado enormemente tras la situación original de fuerte especulación en el mercado inmobiliario unida a los antiguos tipos de interés ya superados. Además, el incremento de los niveles de morosidad bancaria que ya se aprecia también se agravará aún más, añadiéndose así nuevos riesgos a nuestro sistema financiero”.

Para Alcázar, “frente a la frialdad de las estadísticas, un Ejecutivo que se dice progresista debe tener muy en cuenta que las variaciones en el euribor no afectan por igual a los distintos ciudadanos. Los niveles de renta entre los distintos colectivos a comparar son muy distintos. Por ello, es necesario que el Gobierno adopte las medias oportunas para dar respuesta clara y apoyar a los segmentos de la población más modestos, entre ellos las familias formadas por jóvenes, desempleados o colectivos de rentas bajas, que puedan haberse visto afectados por esta evolución.”

En la misma dirección, el dirigente federal de IU hace un llamamiento explícito a las entidades financieras para que “tras los elevadísimos niveles de beneficios que lleva logrando en los último años, buena parte de ellos por el crecimiento de la contratación de los créditos hipotecarios, tengan un gesto hacia sus clientes y hacia el conjunto de la sociedad modificando su política bancaria de renovación de créditos, aumentando su flexibilidad y disminuyendo los costes de renovación”.

Alcázar analiza que “en el sector de la construcción de vivienda residencial han convergido en un plazo de tiempo relativamente corto una serie de factores que desataron un fuerte proceso especulativo: unos precios de alquileres inaccesibles para un gran conjunto de la población, un incremento sustancial de la población por el flujo migratorio, así como unos tipos de interés especialmente reducidos hasta hace algo más de un año”.

“La experiencia práctica –señala- es que estos factores animaron al unísono a un gran conjunto de la población a comprar una vivienda. Buena parte de ellos ven ahora cómo mes a mes se les pone cuesta arriba poder llegar a fin de mes tanto por la significativa elevación del precio de las viviendas, en buena medida debido a la pura y dura especulación, como por la evolución que tiene el euribor en los tres últimos años, pasando del 2,2 % de septiembre de 2005 al 4,5 actual, lo que lleva hasta incrementos de más de 150 euros mensuales para una hipoteca de tipo medio”.

Manifiesto de IU en el día internacional por los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales

Txema Gonzalo

Coordinador Federal del Area por la Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida  

El 28 de junio se celebra en muchos países del mundo el Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas y Transexuales. Es una fecha de celebración y de reivindicación, según los países y situaciones.

En España salimos a las calles de muchas ciudades para ambas cosas, celebrar lo que hemos conseguido hasta la fecha, y reivindicar lo que aun nos falta. La igualdad formal la hemos conseguido tras años de lucha gracias a unas reformas legislativas que dejan de discriminar a las parejas del mismo sexo, por un lado, y permiten la adecuación de nombre y sexo a las personas transexuales, por otro.

Ambas conquistas se han logrado gracias a la lucha de muchos años de los colectivos de gays, lesbianas y transexuales, y al apoyo de algunos partidos y sindicatos, y a pesar de las trabas y obstáculos que las mentalidades conservadoras de siempre han puesto, primero a la aprobación y después a la ejecución de estas reformas.

En el terreno de lo negativo tenemos que señalar y denunciar que se han defraudado una vez más las expectativas creadas por numerosas promesas hechas desde el Gobierno a los colectivos de ex-presos sociales, que han visto cómo se echa para atrás la aprobación de la norma que permitía indemnizar y reparar económicamente la injusticia cometida con muchas personas que fueron privadas de libertad y sometidas a tratos degradantes por la mera sospecha, muchas veces, de homosexualidad, en aplicación de las leyes franquistas de vagos y maleantes y de peligrosidad social, en vigor hasta bien entrada la democracia.

Tenemos que denunciar, asimismo, que dentro de las fronteras de la Unión Europea se sigue practicando la homofobia, la lesbofobia y la transfobia de forma abierta y grosera, sin que las autoridades europeas hagan nada o casi nada para impedirlo y sancionarlo. Nos habían hecho creer que la discriminación por razón de orientación sexual estaba prohibida en los países de la Unión, pero la realidad, sin embargo, es otra, especialmente en algunos de los países recientemente incorporados, como Polonia, donde se están produciendo atentados gravísimos contra los derechos humanos de gays y de lesbianas, promovidos desde los propios poderes públicos, sin que intervengan las instituciones europeas.

Y si nos vamos al Tercer Mundo o a países de otras órbitas culturales (la mayoría), nos encontramos con realidades auténticamente demoledoras: criminalización de las relaciones homosexuales, persecuciones y un total ocultamiento para poder sobrevivir en medio de la homofobia más hostil. Incluso sigue existiendo la pena de muerte para los homosexuales en nueve países.

Se puede decir que aquí, en nuestro entorno más cercano, la principal forma de homofobia es la que podemos denominar “ocultamiento forzoso”, un ocultamiento que tiene su razón de ser en la percepción que tienen gays y lesbianas de que la realidad que les rodea sigue siendo hostil para ellos y ellas, indicio claro y suficiente de que las cosas han cambiado pero no lo suficiente. Y aun está pendiente la inclusión de los procesos completos de reasignación de sexo entre las prestaciones gratuitas de los sistemas públicos de salud para las personas transexuales, el colectivo que padece un mayor riesgo de exclusión social.

Hay que seguir, por tanto, trabajando, para consolidar los logros obtenidos, y para hacer frente a la discriminación social, que persiste y tardará en desaparecer, dado su arraigo profundo en la mentalidad colectiva después de siglos de homofobia y transfobia. Por eso tiene pleno sentido seguir celebrando y reivindicando con ocasión del 28 de Junio, el Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas y Transexuales. Hasta que consigamos una sociedad de personas plenamente libres e iguales.

Total oposición de IU a la subida de tarifas eléctricas

El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de Izquierda Unida, Javier Alcázar, ha mostrado su “total oposición a los incrementos indiscriminados de las tarifas eléctricas planteados por el Gobierno socialista y avaladas por la Comisión Nacional de la Energía”.

Para Alcázar, “la carga de la factura eléctrica la soportan especialmente los consumidores domésticos y las pequeñas empresas al margen de su condición social y de su nivel de necesidad”. IU considera necesario “un Plan Eléctrico dirigido a los hogares con economías más modestas para favorecer la renovación integral de electrodomésticos básicos en el marco de un plan ‘renove’ integral y realista”.

Alcázar, frente a esta situación de subidas indiscriminadas, tacha de “demagógico” el planteamiento de la Comisión Nacional de la Energía, “al obviar la utilización recurrente y creciente de los sistemas de interrumpibilidad, que favorece específicamente a las grandes empresas consumidoras de alta tensión. Éstas pagan de promedio por Kw/h un tercio menos de lo que abonan en su factura las pequeñas y medianas empresas, así como las familias”.

En opinión del dirigente de IU, “el principal problema que tiene nuestro sistema eléctrico, desde su desmedida liberalización, es la creciente abstención inversora de las empresas del sector. Estas compañías sitúan sus objetivos más en la maximización de los beneficios a través de las vías especulativas y rentas en bolsa, que en la mejora de las prestaciones de servicio y del aumento del nivel de cobertura, el cual se ha situado en niveles por debajo del 10% en los últimos 5 años, lo que a su vez constata y pone en evidencia el triste papel que juega la Comisión Nacional de la Energía”.

Alcázar señala que “el anuncio del Gobierno de incrementar el recibo de la luz, con lo que incumple su promesa de que no supere el incremento general del IPC, junto con la intención declarada de continuar bajando los impuestos directos y de sociedades, determina una política fiscal del Gobierno que, además de regresiva e injusta, es errática, sin visión de futuro y especialmente perjudicial para los intereses más elementales de la inmensa mayoría de los ciudadanos”.

IU acusa al PSOE de “incumplir una vez más” el compromiso de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo

La diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds (IU-ICV) en el Congreso Carme García ha acusado al PSOE de “incumplir una vez más” el compromiso de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo tras el voto en contra hoy a la proposición no de Ley presentada por IU-ICV para impulsar una ley de plazos sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la que se instaba al Gobierno a efectuar las modificaciones legales oportunas para despenalizar la interrupción en las 14 primeras semanas de gestación.

Durante la defensa de su iniciativa parlamentaria en la Comisión de Justicia del Congreso, la parlamentaria ha recordado que el aborto, en la actualidad, es un delito contemplado en Código Penal, de ahí que no se pueda hablar de una despenalización como tal sino de "una legislación parcial basada en un insuficiente sistema de indicaciones que vulnera la intimidad y libertad de las mujeres para decidir de manera responsable sobre su maternidad".

Esta es la segunda vez en esta legislatura que el PSOE se opone a modificar la regulación del aborto. La entonces secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, anunció el 25 de marzo de 2004 que su partido, reciente ganador en las últimas elecciones, reformaría la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para aprobar una ley de plazos que permitiera abortar libremente entre las 12 ó 14 semanas, y que esta reforma se llevaría a cabo “lo antes posible; no sé si en el primer año de la legislatura o en el segundo, pero más importante que eso es que la iniciativa cuente con el mayor consenso posible”.

El PSOE da la espalda a IU y pacta con el PP la Ley de Seguridad Nuclear

La tramitación de la Ley de Reforma del Consejo de Seguridad Nuclear quedará como una de las más atípicas de la legislatura. En 2005, Izquierda Unida-ICV propuso -y el PSOE aceptó- reformar a fondo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): hacer públicos todos los documentos, endurecer las sanciones y obligar a los trabajadores a denunciar los fallos que detectasen. Pero dos años después, el PSOE (ya con la presidencia del CSN en su poder) le ha dado la vuelta al texto y la ley llegará a pleno con el apoyo del Partido Popular y con la oposición de IU-ICV, que acabará votando contra una de las principales proposiciones de ley que aportó al Congreso. 

La Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, de 1980, estaba obsoleta. Algo que quedó de manifiesto en 2005, cuando la central nuclear de Vandellòs II protagonizó el incidente más grave desde 1989: dejó que una tubería se pudriera durante más de diez años sin hacer nada.

El CSN acusó a la central de "primar la producción sobre la seguridad" e Industria le impuso la mayor sanción de la historia: 1,6 millones de euros. La cifra es ridícula si se tiene en cuenta que los beneficios de una nuclear ascienden a unos 600.000 euros diarios. Es decir, la central ocultó durante diez años una deficiencia, sí, pero la multa equivalía al beneficio de tres días.

El diputado de IU-ICV Joan Herrera pactó poco después con el PSOE una proposición de ley para reformar el CSN y evitar casos como éste. El PSOE aceptó, en parte por dar satisfacción a su socio parlamentario, y en parte por atar en corto a la entonces presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, propuesta en 2001 por el PP.

La proposición que entonces pactaron Izquierda Unida y el PSOE incluía hacer públicos todos los informes del consejo y que las sanciones pudieran estar vinculadas a los beneficios de las centrales. Además, copiaba la figura del chivato, que ya existe en otros países, y que obliga a los operarios de las centrales a denunciar, incluso de forma anónima, los fallos que detecten, y daba entrada a las comunidades autónomas en el CSN.

La proposición entró en la cámara en mayo de 2005 y sólo se desbloqueó dos años después. El pasado miércoles, la Comisión de Industria del Congreso la aprobó con los votos de PSOE, PP y CiU. El acuerdo con el PP se debe principalmente a que los detalles de la reforma se han cocinado en el CSN. Allí, los consejeros, propuestos por PSOE, PP y CiU, rebajaron la pretensión inicial de los socialistas, que ahora se han basado en un documento de enmiendas que les envió el CSN. El diputado popular Javier Gómez Darmendráil reconoció en la comisión que su grupo apoyaba la ley porque no se parecía en nada a la que había llegado al Congreso dos años antes.

Joan Herrera denuncia: "PSOE y PP le han dado la vuelta, porque los socialistas ya han colocado a su presidenta en el CSN y no les interesa tanta transparencia y tanto control sobre las nucleares". Herrera hará de este desplante un motivo de oposición al PSOE y anuncia que, si el PSOE no rectifica, le puede hacer perder alguna votación importante a los socialistas. El diputado insiste en que "el socio preferente del PSOE ha sido el PP y la industria nuclear".

Multas rentables

Con las enmiendas aprobadas, las multas no serán proporcionales a los beneficios de las eléctricas, sino que serán, como máximo, de 30 millones de euros (antes eran de tres). Aunque se multiplica por 10 la sanción mayor, ésta se equipara a la máxima para una central de gas o de carbón, menos rentables y a la vez con un riesgo potencial menor. Herrera denuncia que "para una central aún seguirá siendo rentable saltarse las normas y pagar la multa. Además, no se fijan criterios objetivos, sino que deja en manos del CSN la decisión de lo que es considerado muy grave".

La norma establece el derecho de los trabajadores para denunciar los fallos (no la obligación) y no crea una unidad de denuncias que tramite las alertas en el CSN. Sobre la publicidad de todos los informes, remite a un convenio internacional que ya obliga a hacer públicos los documentos sobre medioambiente. Desde hace más de un año, el CSN publica las actas de los plenos y las actas de inspección a las centrales, una decisión que las eléctricas han recurrido a la Audiencia Nacional. Por último, el Consejo seguirá teniendo cinco consejeros propuestos por los partidos (y no siete como pedían los grupos minoritarios, que se quedan así sin representación).

Ante el malestar en Izquierda Unida, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó el pasado miércoles, un día después de la aprobación de la ley, que se intentaría aproximar a Herrera con "esfuerzo y consenso" y aseguró que "la ley supone un avance en el control, la transparencia y la participación en torno a la seguridad nuclear". Zapatero pidió un texto a Herrera para intentar pactarlo, pero el problema es que apenas hay tiempo: la ley va a pleno el jueves y allí necesita unanimidad para ser cambiada. Y después, en el Senado, PP y CiU pueden bloquear fácilmente cualquier cambio.

IU exige al gobierno que responda y defienda con firmeza los ataques de la jerarquía católica a la asignatura de educación para la ciudadanía

Gaspar Llamazares, ha exigido al Gobierno que “responda de forma firme y defienda con la razón que le da las leyes aprobadas los ataques, amenazas y falsedades lanzados por la jerarquía de la Iglesia Católica y las asociaciones y medios de su entorno contra la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en todos los ámbitos educativos que marca la ley”.

Llamazares valora que “la cúpula de la Iglesia Católica sigue considerando de forma anacrónica que tiene el monopolio de la educación moral y cívica de nuestros hijos en nuestro país, nada más alejado de la realidad en un Estado aconfesional como el nuestro, tal y como marca la Constitución”.

El máximo responsable de IU entiende que “lo que está sucediendo con este caso debe llevar a los máximos responsables del Ejecutivo a tomar nota, sobre todo a aquellos que acordaron con total falta de transparencia el nuevo sistema de financiación religioso”.

“No es de recibo –remarca Llamazares- que mientras el Gobierno está haciendo esta legislatura continuas concesiones económicas y educativas a la Conferencia Episcopal, dejando a un lado el cumplimiento de políticas progresistas en las relaciones Estado-Iglesia, la jerarquía eclesial mantenga su pulso y sus ingerencias políticas, manifestaciones incluidas, para cuestionar leyes aprobadas por el Parlamento español y de obligado cumplimiento por todos, gusten o no”.

IU logra que quienes hicieron la mili o la PSS tengan un año cotizado para la jubilación

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha logrado hoy en el Congreso de los Diputados que se tenga en cuenta su enmienda presentada al proyecto de Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social para que, a efectos del cómputo de los años cotizados a la Seguridad Social de cara a la jubilación, se tenga en cuenta la prestación del Servicio Militar Obligatorio, es decir, la ya desaparecida “mili”, o la Prestación Social Sustitutoria (PSS).

Esta enmienda, que finalmente ha sido transaccionada con otros grupos de la Cámara, ha salido adelante en el seno de la ponencia de la Comisión de Trabajo que estudia este importante proyecto de ley.

De esta manera, se incorpora un nuevo inciso en el párrafo c del apartado 2, artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción que incorpora el artículo 3 del proyecto de ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, en estos términos: “A estos exclusivos efectos, se computará, como cotizado a la Seguridad Social, el periodo de prestación del Servicio Militar Obligatorio o de la Prestación Social Sustitutoria, con el límite máximo de un año”.

La diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro explica que “era un objetivo largamente demandado por nuestro grupo parlamentario el que a efectos de cómputo de años cotizados fuera posible el reconocimiento del tiempo dedicado a la "mili"o a la Prestación Social”.