Ideal entrevista a Angel de la cruz, concejal Benalua 22 añitos
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Los concejales seguirán sin pagar aparcamientos
Costa Digital
Uno de los puntos debatidos ayer en el Pleno municipal celebrado por el Ayuntamiento de Almuñécar, fue la propuesta de Izquierda Unida sobre las tarjetas de aparcamiento que usan los concejales.
El portavoz de Izquierda Unida, Fermín Tejero, entendía que ese privilegio obtenido por ser cargo público no era moralmente correcto aceptarlo, ya que acentúa la imagen de que los políticos son una élite superior, al margen de la realidad que vive el resto de la ciudadanía”.
Además, la moción presentada, subrayaba que la medida convertiría en más democrático, transparente y abierto el Ayuntamiento, eliminando esa barrera invisible que separa a los políticos de los ciudadanos, siendo conscientes de que los primeros son ciudadanos que gozan de ciertos derechos que los convierten en personas privilegiadas respecto al resto de ciudadanos.
Para la formación de izquierdas el hecho de ser cargos públicos no es motivo para gozar de ciertas prerrogativas, y por tanto pedía un ejercicio de responsabilidad a los corporativos en ese sentido.
No obstante, la opinión general fue otra, ya que el voto en contra del resto de partidos a la moción fue explicada por el PSOE como de herramienta de trabajo, necesaria para el desplazamiento de los concejales que en ocasiones, y en su misión política, tienen urgencia de aparcamientos.
El pleno cumple la sentencia y elige a los vocales de la Mancomunidad
Granada Hoy
La corporación municipal de Almuñécar eligió finalmente ayer a sus cuatro representantes en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, dando cumplimiento a la sentencia judicial que ordenaba nombrar a dos vocales de Convergencia Andaluza, uno del PSOE y uno del PP. Tras una votación cuyo sistema desconcertó incluso a los propios concejales, la alcaldesa informó que pedirá una aclaración al Juzgado para que determine si el procedimiento ha sido correcto o no.
Juan Carlos Benavides y Eva Gaitán por parte de Convergencia Andaluza, Francisco Prados por parte del PSOE y Juan José Ruiz Joya por parte del PP fueron los ediles finalmente elegidos para formar parte del ente mancomunado, que se constituyó el pasado sábado, aunque podrán incorporarse con posterioridad. En un pleno anterior se habían elegido dos vocales socialistas y dos de CA -en virtud de la mayoría que conforman estos dos partidos a pesar de no estar en el gobierno-, pero una sentencia obligó a que se designen según los resultados de las últimas elecciones municipales.
El debate previo entre los grupos sobre la forma de elegir a los vocales pareció entrar en un callejón sin salida cuando el PSOE y CA solicitaron que la votación fuera secreta. El resto de grupos decían no comprender cómo debía hacerse ni a quién votar, pues entendían que cada grupo debía decidir el nombre su representante, y no la totalidad de la corporación.
Finalmente se procedió a la votación secreta, en la que se dio la curiosa situación de que los ediles debían votar por corporativos de grupos políticos rivales. A la elección se ausentaron los dos concejales de IU por considerar que "una sentencia no se debe votar". Los dos ediles del PA y cinco del PP renunciaron a ser elegidos, por lo que la única opción por este partido era la de Ruiz Joya. Así y todo, los votos de CA y PSOE correspondientes al PP fueron a parar a otra edil, María del Carmen Reinoso, por lo que fueron declarados nulos.
Populares y andalucistas, que hicieron públicos sus sufragios, también dirigieron sus votos a concejales de segunda línea de CA -José Carlos Rodríguez y María Ángeles Garciolo-, aunque la mayoría de los otros dos grupos determinó que los elegidos fueran Benavides y Gaitán. El representante socialista, Francisco Prados, fue el único sobre el que hubo unanimidad, ya que lo votaron los diecinueve corporativos.
Izquierda Unida de Almuñécar muestra su apoyo a la ILP que persigue la implantación de la dación en pago
La Asamblea Local de Izquierda Unida colaborará en la Iniciativa Legislativa Popular recogiendo firmas para solicitar al Congreso de los Diputados la modificación de la Ley Hipotecaria a favor de la dación en pago, de manera que se eviten los desahucios de aquellas familias que no han podido afrontar sus hipotecas y que, a pesar de ser desalojados de sus viviendas, están obligados a pagar por su inmueble.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ya ha firmado la ILP, ha aseverado que “cuando la brecha de la injusticia social se abre bajo nuestros pies, una administración debe decidir a qué lado de la brecha se queda” y suscribir esta ILP es, ha añadido, “ponerse al lado de los que lo pierden todo”.
Para la consejera, esta iniciativa “puede marcar un hito en la relación entre las instituciones y la calle”, por lo que ha animado a todos los que así lo consideren a que apoyen la campaña para “que sea imposible pararla”.
Ante la posibilidad de que el Congreso de los Diputados rebata esta ILP, Cortés ha denunciado que “si las Cortes la rechazan tras el rescate de Bankia, quedarán definitivamente retratados” porque “la ciudadanía no toleraría una actuación tan moralmente inaceptable del Congreso”.
Lucinda Martín Sánchez, coordinadora local, anima a la ciudadanía almuñequera a apoyar esta iniciativa ya que “mañana te puede tocar a ti”, afirma, e invita a participar en este tipo de iniciativas y de movilizaciones para “parar las políticas de recortes que afectan a los más desfavorecidos”, “sin olvidar”, asevera Lucinda Martín, “que el gobierno va a premiar a aquellos que provocaron la crisis y que no les tiembla la mano a la hora de echar a la gente de sus viviendas”.
“No podemos quedar impasibles ante el atropello que estamos sufriendo los ciudadanos”, manifiesta la coordinadora local de la formación de izquierdas.
Por todo ello, la Asamblea Local de Izquierda Unida pondrá en la plaza del ayuntamiento una mesa para recoger firmas este miércoles a las 18:30 de la tarde, y colaborar para que, cuanto antes, la iniciativa se debata en el Congreso.
Rescate: se consuma el engaño
Juan Torres
Primero los gobiernos les crearon las condiciones para que financiaran una burbuja de crédito sin precedentes y con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes de suelo para que los promotores les pidieran préstamos que financiaran construcciones en todas las esquinas de España, que irían quedándose vacías y sin vender cada vez en mayor número. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas y desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio o residencia.
Sólo de 2000 a 2007, los bancos multiplicaron el crédito total destinado a la actividad productiva por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y por 9 el dirigido a la actividad inmobiliaria. Y eso que cada vez disponían de menos depósitos para generarlo: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo 0,76 euros.
No contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajos ingresos y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta las cejas.
Pero no contentos con obtener beneficios normales, los bancos utilizaron a sus tasadores para aumentar artificialmente los activos sobre los cuales iban a dar créditos, para así generar más deuda y cobrar comisiones más suculentas y recurrieron a todo tipo de prácticas comerciales predatorias para fomentar el consumo: manejaban a su antojo los índices de referencia, incluían la abusiva cláusula que autoriza al banco a vender el piso en subasta notarial si se produce el impago de la deuda, reclamaban importes elevadísimos por cuentas que creían canceladas, cobraban comisiones leoninas (más que en cualquier otro lugar de Europa) por cualquier cosa, giraban una y otra vez un recibo inatendido por el cliente generando múltiples gastos de reclamación por una misma deuda, embargaban saldos en cuentas corrientes sin respetar lo establecido en la ley... hasta cuatro folios me ocupa el listado de malas prácticas que han recopilado las asociaciones de usuarios, es imposible consignarlas todas aquí. Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de entre 12.000 y 15.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, etc.
Mientras sucedía todo esto, las autoridades dejaron hacer, consintieron las tropelías bancarias y permitieron que se inflase la burbuja sin cesar, haciendo oídos sordos a todas las advertencias.
El actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía en 2003: "no existe una 'burbuja inmobiliaria' (...) el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla insensatamente de la economía de ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país y en el que trabajan cerca de un millón de personas" (El Mundo 2 de octubre de 2003). Y el más tarde Ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmaría que quienes auguraban el riesgo de recesión por esa causa "no saben nada de economía" (El País, 11 de febrero de 2008).
Los dirigentes de uno y otro partido negaban lo que hiciera falta, por muy evidente que fuese para el resto de los españoles, con tal de dejar que los banqueros y los grandes empresarios de la construcción literalmente se forraran a costa de todos los españoles.
El gobernador del Banco de España que había colocado el PP, Caruana, se pasaba por el arco del triunfo la denuncia de sus inspectores que en 2006 le señalaban formalmente que no se hacía nada frente a un endeudamiento creciente y muy peligroso de la banca española. Pero eso sí, no había declaración suya o más tarde de su sucesor, el socialista Férnandez, en la que no reclamasen moderación salarial y recortes de gasto social.
Pero gracias a todo ello, los bancos españoles se convirtieron en los más rentables del universo, justo, eso sí, en la misma medida en que situaban a nuestra economía entre las más vulnerables.
Cuando estalló la burbuja y ya no se iba a poder disimular lo que había pasado, el inmenso negocio que los bancos habían hecho a costa de la deuda, todos consintieron en disimular.
Permitieron que los bancos declarasen en balance los activos dañados a precios de adquisición siendo cómplices así de un engaño descomunal que hirió de muerte la credibilidad de nuestra economía porque, por mucho que Zapatero dijese en septiembre de 2008 -como le dictaban Botín y compañía- que el sistema financiero español era "el más sólido del mundo", los inversores y prestamistas internacionales sabían lo que de verdad había hecho la banca española.
Los dos grandes partidos, a los que se suman los de los nacionalistas de derechas de Cataluña y el País Vasco, colocaron en las cajas de ahorros a sus amigos y militantes y crearon una red de oligarquías provinciales que alentó la especulación, extendió la corrupción y que comenzó a llevar al desastre a la gran mayoría de las entidades, al convertirlas en clones de los bancos privados, sin tener capacidad real ni naturaleza legal para serlo.
Y para facilitar la recuperación de los bancos mas grandes y dejarles a ellos todo el mercado consensuaron la ley de cajas que las llevaba a su bancarización forzada, para provocar cuanto antes su caída y el reforzamiento por esa vía de los bancos más grandes.
Claro que, a cambio, esos mismos partidos han recibido cientos de millones de préstamos para ir ganando las elecciones, ahora uno luego otro, que no devuelven, y han podido colocar en sus consejos de administración, o en los de empresas participadas, a docenas de ex dirigentes o socios.
Luego, cuando el sistema saltaba por los aires porque a los alemanes les consumía el ansia de cobrar los préstamos que con la misma compulsión habían dado a los bancos españoles, todos se concitaron para negar que iban a pedir un rescate. Diez días hace que lo negaba rotundo el presidente Rajoy: "no va a haber ningún rescate de la banca española" (EFE 28 de mayo).
Y cuando lo han pedido, niegan lo que efectivamente han pedido: 100.000 millones de euros para entregar a la banca y que vamos a pagar todos los españoles. Niegan que vaya a tener efecto sobre el déficit y la prima de riesgo, cuando será el Estado quien tenga que devolverlo (¿cómo lo harían unas entidades que se capitalizan precisamente porque no tienen dinero?) y tratan de hacer creer que es algo positivo y una ayuda generosa: "Las noticias que traemos hoy son positivas", dijo el Ministro de Guindos cuando empezaba la rueda de prensa que dio ayer para anunciar el rescate.
Nos han engañado a todos cuando dicen que van a rescatar a España cuando lo que van a hacer es hundirla para años. Nos han engañado los bancos, nos han engañado los gobiernos del PSOE y del PP. Nos han engañado los dirigentes europeos que están borrachos de ideología neoliberal y no se dan cuenta de que las medidas que toman llevan al desastre a los países que las aplican (¿o acaso es que está mejor la economía de Portugal, por no hablar de los ciudadanos portugueses, desde que fue "rescatada"?).
Nos ha engañado el Fondo Monetario que se ha sacado de la manga un informe deprisa y corriendo solo para justificar la decisión ya tomada y en el que cifra las necesidades de financiación de la banca española en una horquilla que sitúa, nada más y nada menos, que entre 45.000 millones y 119.000 millones de euro. ¿En qué quedamos?
Y nos engañarán esta tarde el presidente Rajoy y el Príncipe Felipe si es que definitivamente se han ido a ver el partido de fútbol cuando griten ¡España, España!, porque lo que están demostrando es lo contrario: España, los españoles de abajo, les importamos un pepino. Ellos y el resto de los políticos que han permitido lo que acabo de señalar, junto a los banqueros y los grandes beneficiarios de la burbuja y de la crisis, que tendrían que vivir 500 años más para disfrutar de todo lo que han ganado a costa de los españoles, son los responsables de este engaño descomunal. Hay que pedirles cuentas a todos y echarlos para siempre.
Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla
García Fuentes, nuevo presidente de la Mancomunidad de la Costa
Ideal
El popular José García Fuentes es ya el nuevo presidente de la mancomunidad de municipios de la Costa Tropical, tras ser elegido en un pleno controvertido por la ausencia de toda la oposición de los distintos municipios de la Costa. Los 17 vocales del PP han elegido a García Fuentes, que tendrá como vicepresidentes primero, segundo y tercero a Trinidad Herrera, alcaldesa de Almuñécar, Juan María Rivas, alcalde de Albuñol y Fermín García Puentedura, primer edil de Molvízar.
Andalucía es la comunidad donde cada diputado autonómico representa a mayor población, 77.410 habitantes
Andalucía es la comunidad donde cada diputado autonómico representa a mayor población de toda España, con 77.410 habitantes, lo que supone el doble de la media del conjunto de las comunidades autónomas, que se sitúa en 38.628 ciudadanos. En el caso del Congreso de los Diputados, cada uno de sus 350 escaños representa a 134.894 escaños.
Según los datos facilitados a Europa Press por la Junta de Andalucía, cada uno de los 109 escaños del Parlamento andaluz representan a 77.410 habitantes, lo que le sitúa en el primer lugar del ranking por delante de Cataluña, con 135 diputados autonómicos, uno por cada 56.042 ciudadanos.
Por encima de la media se sitúan también la Comunidad Valenciana, con 99 parlamentarios, uno por cada 51.753 habitantes; la Comunidad de Madrid, con 129 diputados, uno por cada 50.308 ciudadanos; y Castilla La Mancha, con 49 escaños, uno por cada 43.264 representados.
Frente a ello, las comunidades donde sus diputados autonómicos representan a menor número de habitantes son La Rioja, con 33 parlamentarios, uno por cada 9.797 ciudadanos; Navarra, con 50 escaños, uno por cada 12.874 habitantes; Cantabria, con 39 diputados, uno por cada 15.221 representados; Extremadura, con 65 parlamentarios, uno por cada 17.206 ciudadanos; y Baleares, con 59 escaños, uno por cada 18.960 habitantes.
También por debajo de la media se sitúan Galicia, con 75 diputados, uno por cada 37.052 habitantes; Canarias, con 60 escaños, uno por cada 35.521 ciudadanos; Murcia, con 45 parlamentarios, uno por cada 32.730 representados; Castilla y León, con 84 diputados, uno por cada 30.279 habitantes; País Vasco, con 75 escaños, uno por cada 29.223 ciudadanos; Asturias, con 45 parlamentarios, uno por cada 23.935 representados; y Aragón, con 67 diputados, uno por cada 20.103 habitantes.
Izquierda Radical Syriza denuncia que el 70% de la deuda griega es ilegal, y promoverá una auditoría en la UE
“Entre el 70 y el 75% de la deuda griega es ilegal. Lo primero que haremos tras las elecciones será establecer una moratoria del pago de tres a cinco años”, advirtió el responsable de política exterior de la coalición de Izquierda Radical Syriza, Kostas Isychos.
De acuerdo a los medios locales griegos, Syriza lidera las encuestas de cara a las legislativas del próximo 17 de junio. El pasado 6 de mayo se convirtió en la segunda fuerza política del país en el Parlamento; sin embargo, ante la imposibilidad de formar un gobierno de unidad se convocó nuevamente al pueblo heleno a las urnas.
“Promoveremos un congreso europeo en el que nos sentemos los representantes de los países endeudados y los acreedores para acordar el esquema de una auditoría en toda Europa“, adelantó Isychos en una entrevista a El Confidencial.
Argentina y Ecuador -afirma Isychos- se han convertido en dos modelos para el camino que quiere seguir la coalición que congrega desde socialdemócratas hasta radicales. Ambas naciones suramericanas declararon ilegal sus deudas y emprendieron una política que ha derivado en un crecimiento económico sostenible.
“Estamos a punto de entrar en un nuevo momento histórico en el que cambiarán las piezas del tablero, tanto dentro de Grecia como en el resto de Europa“, manifestó.
Isychos dijo que Grecia servirá como ejemplo “poniendo la primera piedra” e instó a España, Italia, Portugal e Irlanda a seguirlos “para reeditar, en un futuro cercano, la historia bíblica de David contra Goliat”, comparando a la banca privada con el soldado gigante del Antiguo Testamento.
“Estamos mandando un mensaje a los pueblos de Europa para que se sumen a la construcción de una nueva unión, porque el default de Grecia sería una bomba para la UE y toda la economía mundial. Entraríamos en una nueva guerra fría que ya está alimentando la canciller alemana (Ángela Merkel)”, agregó.
Metro de Granada aumenta un 11 % sus empleados para intentar recortar los plazos
Las obras del Metropolitano de Granada han incrementado su número de empleados un 11 % respecto al mes de mayo, con 859 trabajadores, para responder al incremento del ritmo de las obras y posibilitar una reducción de los plazos para su finalización.
Según ha informado en un comunicado la Consejería de Fomento y Vivienda, responsable de la infraestructura, la intensificación de los ritmos de trabajo ha supuesto un incremento de la plantilla desde mediados de mayo.
El Metro de Granada cuenta desde este mes con 491 trabajadores directos y otros 368 indirectos, vinculados a las empresas proveedoras y suministradoras del metro ligero granadino.
Con este incremento de empleados, que alcanzará el millar en los meses de verano, la Consejería de Fomento espera liberar de obras a finales de este año las zonas ocupadas por las obras en la capital, salvo el perímetro de las tres estaciones subterráneas ubicadas en Camino de Ronda y Avenida de América.
Una juez asegura que el alcalde de Atarfe vulneró los derechos de dos ediles no adscritos
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada, del que es titular la magistrada Estrella Cañavate, ha atribuido al alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Tomás Ruiz Maeso, vulneración de sus derechos fundamentales a los dos concejales no adscritos en el Ayuntamiento, antes pertenecientes a IU, por negarles la palabra en los plenos, impedir que presentaran mociones, e incluso expulsarlos después de que insistieran participar en la sesión.
La sentencia estima el recurso interpuesto por los concejales Rosa Félix y Francisco Rodríguez Quesada, y declara la nulidad de pleno derecho de las decisiones adoptadas por el pleno del Ayuntamiento de Atarfe el pasado 26 de enero de 2012, en el que Ruiz Maeso redujo sustancialmente el tiempo de intervención de los no adscritos, de dos minutos para cada punto, frente a los seis del resto de ediles, inadmitió sus mociones y les negó a participar en el debate.
Los dos concejales denunciantes, que se pasaron al grupo de no adscritos por sus desacuerdos con el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Rafael Roldán, que llegó a instar al alcalde por escrito a que no aceptara responder a nada procedente del grupo municipal --integrado entonces por cuatro ediles-- que no fuera en su propio nombre, presentaron un recurso en el que sostenían que la actuación de Ruiz Maeso había sido "arbitraria e ilegal", y que ello suponía una vulneración de su derecho a participar en los asuntos políticos en condiciones de igualdad, tal y como recoge el artículo 23 de la Constitución Española.
Después de que la Fiscalía les diera la razón y pidiera la estimación de su recurso, el Juzgado así lo ha hecho, entendiendo que, aunque la condición de los concejales no adscritos limita los derechos que puedan corresponderles, por no pertenecer a un grupo político, estos pueden "ejercer sus funciones de control de la gestión municipal presentando las mociones y escritos que tengan por convenientes", y participar en los plenos, interviniendo en las deliberaciones y hacer uso de la palabra, esto es, "en idénticas condiciones que las que disfrutaban con anterioridad a su exclusión del grupo municipal".
En consecuencia, sostiene la juez, "se ha lesionado su derecho a la participación política" a los no adscritos, por lo que su recurso ha de ser estimado y ha de procederse a la adopción "de las medidas destinadas al pleno restablecimiento del derecho vulnerado y declararse nulas las decisiones adoptadas" por el alcalde al respecto, según hace constar en el fallo, de fecha 4 de junio de 2012.
Jornaleros y vecinos de Espera toman una sucursal de Bankia en Arcos
Miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y de IU en Espera (Cádiz) ocuparon ayer una sucursal de Bankia en Arcos de la Frontera (Cádiz) en protesta por el rescate económico que el Estado ha hecho a Bankia y no a los parados.
El grupo, encabezado por el alcalde de Espera y diputado provincial, Pedro Romero (IU), inició el encierro alrededor de las diez y media de la mañana, que se prolongó hasta la una de la tarde sin que tuviera que intervenir la Guardia Civil, que envió algunos agentes a las inmediaciones. La ocupación de las instalaciones paralizó toda actividad en la sucursal.
Romero justificó la acción del SAT y de los vecinos de Espera que se sumaron a ella explicando que la situación que están sufriendo las familias en la Sierra de Cádiz por la crisis es ya "insostenible. No tiene nombre. Hay gente que no percibe ni un euro y los ayuntamientos no podemos ayudar, porque a nosotros sí nos tienen intervenidos. No podemos pedir préstamos ni socorrer a las familias. Y no se dignan a sentarse para elaborar un planteamiento serio para esta comarca", criticó el alcalde IU.
Romero advirtió que la zona está llegando a límites de "miseria" provocada por la alta tasa de desempleo, que en "el caso de mi pueblo alcanza hasta el 60% de paro. Y no sabemos hasta dónde llegará esto", añadió el regidor izquierdista.
Romero cifró en casi un centenar las personas que participaron ayer en esta ocupación, llegadas en un autobús y coches particulares desde la vecina localidad de Espera.
"Valdevaqueros no es nuestro modelo turístico, es caduco"
El ex alcalde de Conil, ahora número dos en la política turística del Gobierno de Griñán, insiste en que "hay que cambiar el modelo productivo y no repetir lo que hemos hecho"
Granada Hoy
El reparto de carteras en el Ejecutivo andaluz ha dejado la Consejería de Turismo en manos de Izquierda Unida. Su número dos es Antonio Roldán (Conil, 1958). La cúpula de IU ha valorado su experiencia como alcalde de Conil -enclave turístico fundamental- durante 17 años.
-Del término sostenibilidad se ha abusado mucho. ¿Qué es un turismo sostenible para usted?
-Apostar por el turismo teniendo en cuenta el paisaje, la naturaleza, la cultura propia de Andalucía, con su diversidad. Esto es difícil de concretar. Evidentemente, más con la experiencia histórica que tenemos en Andalucía, con trozos de costa colmatados por el ladrillo. Nuestro modelo es el respeto absoluto al entorno y priorizar el hotel al residencial. Los hoteles dan más empleo.
-IU alaba el modelo turístico de Conil, donde usted fue alcalde durante 17 años y que considera exportable. ¿Está de acuerdo con ese planteamiento?
-Cuando llegamos a la Alcaldía de Conil nos planteamos un plan estratégico y vimos que teníamos mucho espacio residencial y poco hotelero. Había que mejorar el espacio vacacional, mejorar el programa de estancias, diferenciar el destino y posicionarlo en un mercado de naturaleza. Hicimos el plan general de ordenación de Conil para plasmar ese modelo turístico en el territorio. Protegimos varios tramos del litoral. Evitamos su conurbación aunque teníamos muchas presiones para urbanizar esos terrenos. Creo que el modelo de Conil sí es exportable.
-Valdevaqueros, enTarifa, ha generado una amplia oposición social ¿Ha sido el primer roce entre los socios de Gobierno? El PSOE ha promovido el proyecto y lo apoya, mientras que IU lo censura.
-No ha habido roce. Nosotros no tenemos competencia en la ordenación. Hemos dado nuestra opinión: no es nuestro modelo turístico. Hemos dicho que es un modelo caduco, porque lo que está pasando en España es grave, una crisis económica provocada por la la crisis inmobiliaria. El hotel debe estar cerca del casco urbano, pegado a Tarifa. Si queremos cambiar el modelo productivo empecemos por no repetir lo que hemos hecho.
-¿Cuál es su postura en el sector de los campos de golf, aprobados como interés turístico?
-Queremos que los campos de golf que se presenten sean de interés turístico y no campos con tal cantidad de viviendas que al final se utilice la declaración de interés turístico para burlar los límites de edificación.
-Pero como usted mismo dice, IU no tendrá competencia en ordenación del territorio. ¿Cómo podrán aplicar sus ideas?
-Intentaremos en el desarrollo legislativo introducir los cambios necesarios para que estas ideas sean prioritarias, no quiere decir que no se construyan casas, pero sí que los hoteles y el negocio turístico sea prioritario.
-Hablan de luchar contra la estacionalidad, pero las administraciones hablan de desestacionalizar desde hace veinte años y todos los pasos son hacia atrás. ¿Qué medidas concretas han pensado?
-Queremos dedicar todos los esfuerzos a eso. Medidas desde el tema del transporte: aeropuerto, vuelos, promoción... La fidelidad de los clientes. Hará falta más coordinación entre instituciones y sector, pero es algo que habrá que concretar a partir de octubre, cuando tenemos previsto organizar unas jornadas estratégicas con el sector. Las prioridades serán el empleo de calidad y la lucha contra la estacionalidad.
Valderas confía en
El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas (IU), confió ayer en que se puedan producir "avances" en las negociaciones que mantiene la Junta con los sindicatos sobre los recortes salariales a empleados públicos que se van a aplicar dentro del Plan de Ajuste de la Junta. "Yo tengo claro que tiene que haber avances en el seno del Consejo de Gobierno próximo y tiene que haber avances en el debate que se celebre en el Parlamento de Andalucía puesto que se va a tramitar el decreto ley como ley, y ahí los grupos tendrán mucho que decir", declaró.
Tras comparecer en comisión parlamentaria para hablar de las líneas generales de su departamento para esta legislatura, el vicepresidente del Gobierno apostó por que haya "unos primeros avances" y que estos sean "preservar a la parte más débil de los empleados públicos" en los recortes salariales que se aplicarán.
Ante la insistencia de los periodistas sobre si el Consejo de Gobierno del próximo martes abordará modificaciones en el plan relativas a los recortes salariales, Valderas apuntó que no se atrevía a afirmar "de aquí al martes en qué nivel ha quedado la negociación", pero insistió en que IU -socio de Gobierno- no está dispuesta a que "determinadas líneas rojas se sobrepasen", como la ausencia de privatizaciones y los despidos.