Historia de la urbanización El Faro

La sentencia de la urbanización El Faro es fruto de un recurso interpuesto por la Comunidad de Propietarios de Marina del Este y las actuaciones se remontan a unas licencias de obras concedidas diez años antes, en 1997, a la empresa Doble Cote SL.

El TSJA ha anulado las licencias y también las licencias de primera ocupación al entender que se vulneró el PGOU otorgando a las parcelas más edificabilidad de la que se permitía en la zona. En concreto, la sentencia dice que de los cuatro mil metros cuadrados construidos, mil de ellos superan lo previsto en el Plan de Urbanismo. Asimismo, la sentencia concluye que las viviendas no se han retranqueado los tres metros que indica la norma urbanística para la zona.

El fallo criticaba duramente al ayuntamiento por haber dado la callada como respuesta a los escritos que le ha presentado la Comunidad de Propietarios de Marina del Este. La sentencia establecía con claridad además que en las pocas ocasiones en que el ayuntamiento se expresó sobre el tema fue para justificar la legalidad de las obras.

Para IU, es sorprendente observar la cantidad de obstáculos legales que los abogados del ayuntamiento han ido colocando en todo el proceso para evitar que los vecinos obtuviesen un fallo favorable. En primer lugar, se impugnó la capacidad del presidente de la Comunidad para presentar la denuncia. Cuando la Comunidad aporta todas las actas de asambleas en que el tema se había tratado, se argumenta que la demanda va fuera de plazo y con posterioridad se buscan hasta tres razones técnicas más para conseguir que la demanda no prospere.

El TSJA desestimó todas las objeciones del ayuntamiento y acabó fallando contra éste, considerado como el único culpable al haber dado unas licencias que incumplen el PGOU.

Los vecinos de El Faro, una urbanización de Marina del Este, indignados con Benavides

El ayuntamiento está burlándose de la justicia y de los ciudadanos al retrasar con distintas estratagemas la ejecución de una sentencia que declara ilegales 32 viviendas de Marina del Este autorizadas por Benavides en 1997.

Los propietarios de esas casas de la Urbanización El Faro están indignados con Benavides al que consideran responsable de la situación de ilegalidad en que se encuentran sus viviendas.

Hace ya año y medio, el 12 de marzo de 2007, el TSJA dictó sentencia obligando al ayuntamiento a demoler el exceso de edificación construido en la urbanización. Pues bien, desde esa fecha están los vecinos esperando que la sentencia se ejecute mientras sus viviendas están en una situación de total ilegalidad.

Los vecinos argumentan, en un escrito entregado en el ayuntamiento, que, como es lógico, desconocían la situación de ilegalidad ya que ellos compraron las viviendas con la licencia de obras y la licencia de ocupación. La actuación del ayuntamiento, argumentan, ‘nos ha colocado en una situación de ilegalidad sobrevenida con los consiguientes daños y perjuicios que ello necesariamente nos conllevará y que ya nos está suponiendo (no poder vender la vivienda, por ejemplo)'.

Los propietarios de las viviendas se quejan ya que ‘la sentencia ordena a ese ayuntamiento la reposición de la legalidad sin que hasta la fecha esta parte tenga conocimiento de que esa corporación haya iniciado trámite alguno tendente a dar cumplimiento a la sentencia. La inactividad de esa corporación sólo está causando indefensión a los propietarios que, como nosotros, nos hemos visto afectados, además de agravar y prolongar en el tiempo los perjuicios producidos.'

El escrito de los propietarios concluye solicitando del ayuntamiento ‘que adopte las medidas necesarias para, dando cumplimiento a la sentencia del TSJA de 12 de marzo de 2007, reponer la legalidad de nuestra vivienda de la forma menos lesiva posible' y solicitando que ‘se fije un plazo para el cumplimiento de la sentencia como única forma de no permanecer en la indefensión en la que nos ha colocado la actuación de ese ayuntamiento y de poder determinar el alcance de los daños y perjuicios ocasionados con el otorgamiento de una licencia que ha quedado sin efecto por no ser acorde a Derecho'.

Sin embargo, el alcalde no hace más que dar vueltas y demorar la solución de un problema que sólo él ha creado y que nos va a costar bien caro a los que han comprado las viviendas y a los contribuyentes que finalmente tendremos que pagar los daños y perjuicios causados a estos vecinos.

Ante los escritos de los vecinos y del juzgado, el equipo de gobierno ya trató el tema en la Junta de Gobierno del 8 de septiembre y volvió a dar largas al asunto acordando pedirle al tribunal que explicase cómo se tenía que ejecutar la sentencia.

La respuesta del tribunal ha sido clara y taxativa: 'Primero. Ordenar a la administración demandada a que, previo proyecto redactado por el Arquitecto Municipal o por Arquitecto contratado al efecto con arreglo a las normas de la contratación administrativa, proceda a la demolición de lo indebidamente construido. Dicho encargo deberá de efectuarse en el plazo de diez días.  Segundo. Elaborado y aprobado el proyecto, por la brigada municipal de obras, por la unidad administrativa competente o por una empresa contratada alefecto, bajo la dirección técnica que redacte el proyecto, se procederá a la demolición de las obras indebidamente ejecutadas, debiendo, en caso de ser necesario, solicitar al juzgado la entrada a domicilios particulares.'

Ante un escrito tan claro y contundente como éste, ya lo único que le ha quedado al alcalde ha sido recurrir a encargar el asunto a otro arquitecto distinto al arquitecto municipal, con lo cual está garantizada la demora otro buen número de meses si se actúa como en el caso del edificio Tropicana, en el que los vecinos vieron cómo, después de haber tardado varios años para conseguir que el ayuntamiento ejecutara la sentencia que le obligaba a construir un muro de contención, aún estuvo otro par de años sacando la obra a concurso y dejando desierto el concurso porque, qué casualidad, no se encontraba ninguna empresa que quisiera hacer la obra.

IU lamenta que estos ciudadanos se vean en la situación lamentable de tener ahora unas viviendas ilegales por culpa de un alcalde que se obstina en saltarse la ley y de un arquitecto municipal, (al que mantiene en su puesto a pesar de estar inhabilitado por el Colegio de Arquitectos de Andalucía) que debería dar explicaciones de por qué se dieron las licencias y por qué justificó que todo estaba dentro de la legalidad.

IU va a pedir en el próximo pleno el cese del arquitecto municipal y la dimisión de todos los concejales actuales que tuvieron que ver con aquellas decisiones.

Los eufemismos y la ministra Chacón

Koldo Campos Sagaseta

Rebelión

Aseguraba Carme Chacón, ministra de Defensa española, no haber sido nunca partidaria de eufemismos o dobles lenguajes. Lo advertía al tiempo que se declaraba pacifista, “y los ejércitos del siglo XXI también lo son”, y agregaba que “éstos no son tiempos para el intervencionismo militar”, antes de acabar insistiendo en que la presencia militar española en el país asiático no tiene otro propósito que “defender la libertad”.

Tal parece, sin embargo, que la defensa de tan noble derecho no está siendo muy exitosa. Los propios informes militares españoles dan cuenta de que en Badghis, la provincia bajo tutela española, los insurgentes han multiplicado por diez, sólo en un año, el número de sus efectivos.

“Hace un año, la insurgencia estaba a 100 kilómetros de la capital. Ahora, la tenemos en la puerta", explicaba un mando militar español destinado en esa región en declaraciones al periódico El Mundo.

Y ello, no obstante el esmero demostrado en la reconstrucción del país, la otra gran encomienda de las tropas españolas, a la que también se refería el militar español: “La mayoría es gente que no tiene donde caerse muerta y está dispuesta a luchar por unos pocos dólares. Por eso les hemos estado pagando por abrir zanjas y luego cerrarlas. El problema es que no puedes comprar a quienes han perdido un pariente a manos de tropas occidentales y aquí todo el mundo es familia”.

De que la población afgana pierda tantos parientes se ocupan, especialmente, las tropas estadounidenses, ya que, asegura la misma fuente, “mientras los españoles confían en ganarse poco a poco a la población, hacen la vista gorda con el narcotráfico y sonríen antes de preguntar, los estadounidenses desconfían de los nativos, ignoran su forma de vida y disparan ante la menor duda.”

En el distrito de Shindand, refiere el periódico, el mismo en el que murieron el 3 de noviembre dos soldados españoles, un bombardeo de EE UU mató en agosto a 96 civiles, incluidos 60 niños y 15 mujeres.

Y no ha sido el único desmán cometido por los pacíficos ejércitos occidentales, según la terminología de la ministra Chacón tan contraria al uso de eufemismos. El mismo periódico aportaba otro dato más en relación a las sosegadas artes que despliegan los pacificadores en Afganistán, y hasta se permitía hacerlo subrayando la escasa difusión que tuvo la noticia, como si semejante confesión absolviera su complicidad en el silenciado crimen: “Aunque no ha tenido tanta publicidad, el pasado 6 de noviembre, sólo tres días antes del atentado, un ataque aéreo de Estados Unidos mató a 13 insurgentes y a siete civiles en Ghormach, uno de los más conflictivos distritos de la provincia cuya reconstrucción corresponde a España”.

Nadie sabe cuantos parientes restan por morir y cuantas zanjas más habrán de ser abiertas y cerradas antes de que la pacificación reconstruya Afganistán pero ya la ministra, no lo dudo, debe estar investigando qué otros vocablos, que no parezcan eufemismos, caben para nombrar la desvergüenza.

Sin vergüenza: 24 horas con los enemigos de la "manipulacion de la memoria histórica"

Scott Boehm

Rebelión

El mes pasado tuve mi primer encuentro con la ultraderecha de España. Aunque estudié la particular versión del fascismo español en libros académicos y a través de imagenes documentales, nunca antes me había acercado a una manifestación suya, ni había visto brazos en alto en carne viva. Suelo de estar bastante lejos de ellos. Sin embargo, tenía ganas de observar los sucesos del primer 20-N después de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica que prohíbe los símbolos fascistas en el Valle de los Caídos. Así que sin dar demasiadas vueltas, me corté el pelo, superé mi miedo y pasé 24 horas con los enemigos de la "manipulacion de la memoria histórica" y de los "payasos cómo Garzón que pretenden de juzgar a cadáveres".

Nada más llegar a las puertas del Monumento Nacional de Santa Cruz del Valle de los Caídos en un autobús de la Fundación Francisco Franco, queda claro que el artículo 16 de la Ley de la Memoria Histórica no es nada popular con la gente que me rodean. Algunos viejos insultan al guardia civil que se registra el autobús en busca de símbolos franquistas. Cuando el "desgraciado" desaparece, las mujeres, indignadas, vuelven a colocar sus insignias ilegales en sus chaquetas de invierno.

En el monstruoso patio de un monumento grotesco se izan un par de banderas con la águila negra volando por encima de las cabezas en alto. Gritos espontaneos de "Arriba España!" alimentan el frío viento que sopla desde un pasado violento nunca juzgado. Un aire cargada de odio, pero también de sorberbio. Cuando la Guardia Civil intenta de quitar las banderas, tienen que retirarse enseguida por el enjambre de enojados que corren para enfrentarse con ellos. Dentro de la Basílica, cuatro guardias de La Falange erguidos al lado de la tumba de su sagrado fundador. Padres e hijos se acercan para dar el saludo fascista frente al altar antes de sentarse en los bancos rebosantes de convicciones antiguas, pero vivas, muy vivas.

Por la noche, mientras ando al lado de un jeep militar que lleva algunos falangistas fumando puros con guantes del cuero negro en pleno centro de Madrid, me doy cuenta que esta gente no tienen ningún sentido de vergüenza de ser fascista en la actual sociedad española. Es más, tengo la impresión de que ellos piensan que son los dueños legítimos del país, treinta y tres años después de que murió Franco.

Es fácil decir que la ultraderecha son sólo cuatro malditos gatos con ocho vidas gastadas. Más difícil es aceptar que muchos más compartan sus pensamientos si no su vestuario anacrónico. Por ejemplo, un hombre de poco más de cuarenta años paseando por una acera de Argüelles que se para y leventa su brazo cuando se cruza con las filas de camisas azules. Y otro grita, "¡Me traéis recuerdos de mís días de Fuerza Nueva!". O una mujer en un balcón de un tercer piso saludando a los guapos abajo. O los conductores de múltiples coches que pitan para dar ánimo a los peregrinos en camino al Valle de los Caídos para dejar una corona a la memoria del gran Ausente.

En la Plaza de Oriente, tengo otro encuentro con la asombrosa falta de vergüenza que tienen los fascistas. Con Blas Piñar sentado tranquilamente en el escenario, hay un fervor entre las masas que no pueden contener sus ganas de gritar "¡Viva Franco!" Cuando la concentración termina cantando "Cara al Sol" estoy sacando fotos de gente con sus brazos muy en alto. A traves del visor de la cámara puedo ver a una mujer que me esta haciendo un gesto con su único brazo libre. Quiere que le saque una foto. Lo hago. Sonríe. Está contenta. Yo tengo ganas de llorar.

Según Jacques Lacan, el psicoanalista francés, la vergüenza está directamente vinculada a la ética del sujeto. Es así porque el sentido de vergüenza surge de un contexto social. Por lo tanto, la falta de vergüenza mostrada por los defensores del franquismo hoy en día es el resultado de una sociedad en que los verdugos del régimen nunca se han hecho responsables de sus crímenes como, por ejemplo, en Alemania. Como consequencia, en Alemania está prohíbido organizar actos fascistas o llevar símbolos Nazis, pero en cambio en España se pueden hacer las dos cosas sin sentir ninguna vergüenza. Una situacion excepcional de impunidad que requiere que se juzgan a los culpables antes de que todos se mueren en la cama.

Sólo la intervención de justicia, basada en conceptos básicos de los derechos humanos, puede cambiar un contexto social en que los cómplices de crimenes de lesa humanidad pueden manifestarse con orgullo mientras que sus víctimas tienen que andar por las calles con miedo todavía. Lamentablamente esto es la realidad vergonzosa de una democracia sin vergüenza.

Scott Boehm es Socio del Centro de los Derechos Humanos de Berkeley y Investigador del Archivo Audiovisual de la Guerra Civil Española y la Represión Franquista de la Universidad de California, San Diego.

Exteriores acusa a IU de revelar secretos

El Gobierno culpó ayer a Gaspar Llamazares (IU) de revelar documentos secretos sobre el caso de los vuelos de la CIA en una rueda de prensa que dio el lunes. Llamazares rechazó esa acusación, aseguró que no tiene "ningún deber de secreto" y opinó que la información que dio "no pone en peligro la seguridad nacional".

En esa comparecencia, el portavoz parlamentario hizo públicos dos faxes secretos y una nota interior, de noviembre del 2007, que Exteriores remitió a la Audiencia Nacional, que investiga las escalas de los aviones de la CIA en territorio español. En esos papeles, el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, ordenó que no se facilitara información sobre las autorizaciones de los vuelos de la agencia estadounidense. El ministerio considera que el portavoz de IU, que forma parte de la acusación particular en ese caso, ha "roto el secreto de sumario para interpretar de manera parcial y no objetiva" esos documentos.

Pero Llamazares volvió ayer a la carga y denunció que las bases militares españolas son "parte de Guantánamo". A su juicio, el PP pecó "por acción" y el PSOE, "por omisión".

IU denuncia lo caro que sale a los almuñequeros el pacto PP-CA

IU no entiende cómo el PP puede haber apoyado subir un 5,3% las tasas e impuestos en una situación económica como la actual. Sorprende, además, que esa subida se haga argumentando que es una actualización de acuerdo al IPC. En realidad, el IPC ha subido un 2,4% por lo que en realidad la subida es de algo más del doble del IPC.

Si el año anterior, el PP votó en contra de una subida inferior a la de este año, no entendemos qué ha cambiado. Los criterios del PP en verdad se antojan cada vez más extraños. Sólo se puede explicar el voto del grupo popular a partir de una subordinación completa de este grupo a Benavides.

Esta subida contrasta con la de numerosos muncipios en que se está apoyando por concejales de todos los grupos una congelación de los impuestos que permita respirar a los contribuyentes.

En lo referente a la tasa de basura, IU se congratula de que por fin, tanto el PP como Convergencia se hayan venido a razones y hayan aceptado quitar esta tasa que no tenía ningún sentido. Al eliminar la tasa y subir la contribución del 0,60 al 1%, se queda la suma de ambos conceptos en una situación intermedia entre lo que pagábamos en 2007 y lo que hemos pagado en 2008. Es un triunfo parcial de nuestras tesis y nos alegramos.

Por cada 90 euros que pagábamos de contribución en 2007, hemos estado pagando 110 euros en 2008 y ahora pagaremos 100 en 2009. No es lo que reivindicábamos desde IU, pero supone al fin y al cabo una bajada que tenemos que atribuir a la intensa campaña divulgativa que desde hace un año venimos sosteniendo mediante octavillas, concentraciones, recogidas de firmas y miles de alegaciones. Nos hubiese gustado conseguir una bajada mayor volviendo a la situación de 2007, con un IBI del 0,90, pero algo es algo.

Nos preguntamos qué ha cambiado para que ahora se quite la tasa cuando hace sólo dos días el alcalde nos entregaba a todos los grupos un nuevo informe justificando la necesidad de mantener la tasa en la cuantía de 2008 con unos datos irreales acerca del coste del servicio.

IU exige que se devuelva a los vecinos el dinero extra que se ha recaudado en 2008 mediante la tasa de basura y recuerda que aún quedan pendientes de enviar dos recibos que deberían ser anulados.

IU lamenta la cantidad de energías y dinero que se ha gastado en este año elaborando decenas de informes, todos ellos con datos distintos, para intentar convencernos de la patraña de que el servicio costaba más de lo que los vecinos pagábamos en basura. Los hechos nos dan ahora la razón pero vamos a dar un paso más y en el próximo pleno volveremos a insistir en que el recibo de la contribución se quede en el 0,90, que era el valor que tenía en 2007. No podemos olvidar que, aunque el porcentaje no varíe, este impuesto no deja de crecer ya que cada año suben los valores catastrales por los que se rige ese impuesto.    

Por último, IU anuncia que va a presentar recurso por la negativa del alcalde a someter a votación las propuestas de nuestro grupo en relación a la basura mientras se han pasado a votación otras propuestas idénticas en la forma aunque diferentes en el contenido. 

IU considera escandalosa la propuesta de Benavides permitiendo una hipoteca sin límite de tiempo sobre el aparcamiento del Altillo

IU acusa al equipo de gobierno de haber ultimado con la empresa que tiene la concesión del aparcamiento del Altillo un acuerdo claramente perjudicial para el municipio. El pleno del martes va a discutir una propuesta del equipo de gobierno que supone un grave riesgo para el ayuntamiento y un importante beneficio para la empresa.

Hace poco más de cuatro meses, el Pleno aprobó, con el voto en contra de IU y PA, autorizar a las empresas Periferia y Protomed para hipotecar el derecho de concesión de los aparcamientos de San Cristóbal y el Paseo del Altillo.

El voto contrario de IU se justificó porque con ese tipo de acuerdos estamos hipotecando el derecho de futuras corporaciones a intervenir en el caso de una mala gestión del concesionario. Al hipotecar la concesión se está hipotecando de hecho el aparcamiento, ya que si el concesionario abandona la gestión del parking por cualquier motivo, será el ayuntamiento el que se vea con problemas a la hora de hacer frente a la hipoteca.

El acuerdo del Pleno especificaba que la hipoteca debería estar quitada cinco años antes de que acabe la concesión. Esta es una garantía lógica porque si no existiera esta cláusula, la empresa podría dejar de pagar la hipoteca y al acabar el plazo de la concesión, el ayuntamiento se encontraría con la desagradable disyuntiva de elegir entre acabar de pagar la hipoteca o dejar el aparcamiento en manos del banco.

Pues bien, para nuestra sorpresa, esto es justamente lo que Benavides trae a Pleno, una propuesta para modificar la autorización anterior y permitir, ahora, que la empresa pueda hipotecar el aparcamiento sin ese requisito de que la hipoteca tenga que estar liquidada antes de acabar la concesión. Según los documentos manejados en Comisión, la empresa pide este nuevo acuerdo del Pleno porque ya han intentado hacer la hipoteca, sin esa cláusula de salvaguarda, y el Registro de la Propiedad no les ha dejado al no permitirlo el anterior acuerdo plenario.

El simple hecho de llevar a Pleno esta propuesta es una desvergúenza, aunque esperamos que la propuesta sea rechazada por las implicaciones que tendría para el municipio.

Por otro lado, en IU sorprende que empresas a las que se le supone solvencia económica tengan que recurrir a esta hipoteca, especialmente en el caso del aparcamiento del Paseo del Altillo, que ya está terminado, por lo que no entendemos la necesidad de financiación extra en estos momentos. Pero lo que más nos sorprende es que algunos concejales, que están para defender los intereses del municipio, colaboren con una empresa privada hipotecando un bien público.

IU rechaza la subida del 5,3% en las tasas e impuestos

El concejal de IU en Almuñécar votará en contra de la propuesta de Benavides de subir un 5,3% las tasas e impuestos. En opinión de IU, no es el momento de subir los impuestos indirectos, que son los que gravan a la gente al margen de su capacidad adquisitiva. La crisis económica que está dejando en paro a los sectores más desprotegidos de la sociedad obliga a las administraciones a hacer un ejercicio de austeridad en lugar de pretender que sean los ciudadanos los que sigan estrechándose el cinturón para amparar una política basada en el derroche y la ostentación.

Por otro lado, IU considera una burla a la inteligencia la interpretación que hace Benavides del IPC. Según sus cuentas, el IPC ha subido un 5,3%, y esto mismo es lo que pretende subirnos los impuestos. Pero no es este el dato del IPC, ni es esta la subida que Benavides va a aplicar al sueldo de los empleados municipales.

En España, cuando se habla del IPC, sólo existen tres cifras que se utilizan por las administraciones y las empresas. Una de ellas es la previsión para el año próximo. Esta previsión ha estado en el 2% en los últimos años y sobre esta previsión es sobre la que se ha subido el sueldo de los empleados públicos, incluidos los trabajadores del ayuntamiento.

Otra cifra del IPC que se utiliza es la de la inflación de todo el año, que aún se desconoce y que estará, con bastante probabilidad, por debajo del 2%.

Y por último, la cifra que más se utiliza, la que sirve por ejemplo para calcular cuánto se tiene que pagar en las pensiones por la diferencia entre el IPC previsto y el IPC real, es la del IPC de noviembre a noviembre. El IPC de noviembre a noviembre, y el señor alcalde debería saberlo, ha sido del 2,4%.

Es una burla a los ciudadanos y un insulto a la inteligencia de los concejales presentar una subida del 5,3% como una actualización de acuerdo al IPC.

Lo que debería hacer el alcalde, según IU, es reducir a la mitad el número de empleados de confianza, empezando por despedir a su esposa. En segundo lugar, el alcalde debería reducir el elevado sueldo que tiene, muy por encima de lo que debería cobrar un alcalde de una localidad tan pequeña, sobre todo teniendo en cuenta el número de días que está ausente de su puesto de trabajo viajando por el mundo. En tercer lugar, el alcalde debería reducir el gasto tan enorme que se destina a protocolo, imagen y publicidad. En cuarto lugar, reducir el tremendo gasto que tenemos que soportar en abogados y procuradores. Y en quinto lugar, dejar de tirar el dinero en empresas ruinosas como Peña Escrita. Con estas medidas,  podríamos empezar a estudiar una reducción de impuestos en vez de una subida.

Crucifijos en las aulas

Javier Pérez Royo

La decisión acerca de si se puede admitir o no la presencia de crucifijos en las aulas está tomada. Es una decisión que adoptó el constituyente de 1978 al redactar el artículo 16 de la Constitución en los términos en que lo hizo. El Estado español es un Estado aconfesional y, en consecuencia, "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su (...) religión o creencias" (art. 16.2 CE) y ninguna "confesión tendrá carácter estatal" (art. 16.3).

No nos encontramos ante una decisión que tengan que tomar los consejos escolares, o las consejerías de educación de las comunidades autónomas o el Ministerio de Educación, porque la decisión ya la tomó el constituyente. Desde el 29 de diciembre de 1978 cada ciudadano, y subrayo lo de cada ciudadano, es titular del derecho fundamental a la libertad religiosa y ese derecho tiene que serle respetado por los poderes públicos y por los demás ciudadanos sin excepción, ya que, como dice el artículo 9.1 CE: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución".

Ni siquiera las Cortes Generales podrían tomar la decisión de que hubiera crucifijos en las escuelas, pues, en el supuesto de que aprobaran una ley en ese sentido, la ley sería anticonstitucional. En mi opinión, ni siquiera mediante la revisión de la Constitución contemplada en el artículo 168, que sería la vía apropiada para reformar el artículo 16 CE, se podría tomar esa decisión, ya que la no confesionalidad del Estado pertenece al núcleo esencial del Estado constitucional, que dejaría de serlo en el caso de que se convirtiera en un Estado confesional. Estado constitucional y Estado confesional es una contradicción en los términos.

Pero, en todo caso, para tomar la decisión de que hubiera crucifijos en las escuelas, habría previamente que revisar la Constitución, esto es, adoptar la decisión por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras en dos legislaturas consecutivas y someter la decisión después a referéndum.

Desde el 29 de diciembre de 1978 debería haberse procedido de oficio a la retirada de todos los crucifijos de las escuelas. La retirada o no retirada de los crucifijos no es asunto que pueda ser sometido a discusión, ya que ello obligaría a que quienes participan en la discusión tengan que hacer públicas "su religión o sus creencias" y esto es algo que está expresamente vedado por la Constitución. La simple formulación de la pregunta ya sería anticonstitucional.

Lo que, a su vez, quiere decir que a nadie tendría que ponérsele en la tesitura de tener que hacer una reclamación para que se retiren los crucifijos y, menos todavía, que tenga que interponer un recurso ante los tribunales de justicia para que se ordene la retirada. Esto ya supone una vulneración del derecho a la libertad religiosa de la persona que reclama o recurre.

Los derechos fundamentales son derechos de los individuos. Los consejos escolares no son titulares del derecho a la libertad religiosa y, en consecuencia, no pueden decidir ni por mayoría ni por unanimidad si quieren mantener o no los crucifijos en las escuelas. Mantener esa postura es desconocer de la manera más completa qué son los derechos fundamentales y qué lugar ocupan en nuestro ordenamiento constitucional. De ahí que no pueda entender las declaraciones de la ministra de Educación en la Cadena SER acerca de que la retirada o no de los crucifijos dependería de lo que decidieran en cada centro los consejos escolares. A los 30 años de la entrada en vigor de la Constitución resulta increíble que todavía andemos con disputas de esta naturaleza. También la Junta de Andalucía tendría que corregir su posición que resulta constitucionalmente insostenible.

El temporal 'se come' PlayaGranada y obliga a cerrar el campo de golf

Esta noticia que viene hoy en la prensa debería llevarnos a reflexionar sobre la irracionalidad de ciertas propuestas. Primero se construye en primera línea de playa y luego pedimos espigones. Menos mal que por lo menos ya parece calar la idea de que echar arena no sirve para nada. Otro apunte: también es interesante comprobar que las explicaciones que se dan desde el mundo científico y ecologista tienen un gran fundamento. Todo el mundo aplaude cuando se hace una presa pero nadie es consciente de que, al hacer una presa nos cargamos varias cosas: una, las playas porque ya no llega arena por el cauce del río; otra, los pozos, porque ya no se filtra agua desde el cauce del río; otra, la vegetación y fauna de la zona, que ya no tiene agua para alimentarse. Y puede que a muchas personas, esto de la vegetación y la fauna les importe poco o nada, pero sólo se debe, igualmente, al desconocimiento. Tomemos nota, que no solo de ladrillo vive el hombre, como se está demostrando en los últimos meses.  

Esta es la noticia tal y como la recoge Granada Hoy:

Hacía años que PlayaGranada no presentaba una imagen tan lamentable como la que ofrecía ayer. El fuerte temporal que sacudió la costa 'se comió' literalmente la arena de la playa, dejando muy pocos metros de suelo entre el mar y las urbanizaciones y originando un enorme socavón, especialmente entre el río Guadalquivir y el club de golf Los Moriscos.

De hecho, el agua del mar llegó a entrar en los jardines del hotel Robinson -que permanece cerrado durante el invierno-, aunque no afectó al edificio. Asimismo, el club de golf Los Moriscos tuvo que cerrar dada la imposibilidad de practicar este deporte. "Como para pasar del hoyo 2 al 3 hay que cruzar por la arena, y está inundada, se ha habilitado un corredor por el hotel Robinson para que los golfistas puedan regresar al club", según explicó el presidente de la Plataforma en defensa de la playa, Valeriano Ferreira. En cuanto al restaurante ubicado en el club, las olas no llegaron a acceder a las instalaciones, aunque por sólo dos metros.

Por ello, y para evitar que esta situación se vuelva a repetir, la plataforma va a retomar las reuniones para buscar una solución definitiva al problema. "Intentaremos encontrarnos con Costas para pedir actuaciones, sean espigones o cualquier otra medida", anunció Ferreira, que comenta que la presa de Rules es la que ha reducido el aporte de arena a través del Guadalfeo.

En este sentido, el representante de la asociación mostró su rechazo total a los aportes de arena como solución a la desaparición de las playas, pues además suele ser "arena de mala calidad". "Hace cinco años se invirtieron muchos millones para traer arena a PlayaGranada y antes de que empezara el verano ya no quedaba nada", alegó Ferreira, quien añadió que este método destroza las calles de las urbanizaciones.

Fabra: "He comprado el 27.931 y si me toca me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida"

Los sinvergüenzas mandan cada vez más en los gobiernos de todo tipo. Tipos como éste merecen estar en la cárcel, pero así es la vida. Puede que vayamos a la cárcel antes nosotros, las personas honradas, mientras estos chorizos hacen lo que les da la gana en la más absoluta impunidad. Es la ley de una sociedad capitalista que sólo de vez en cuando pilla a un julián muñoz cualquiera para soltarlo a los dos años y que se ría a carcajadas de los contribuyentes, de los jueces, de los fiscales y de esos concejales ingenuos que van a los ayuntamientos a trabajar por sus ideas. En el periódico Levante viene esta perla. Da asco leerla, pero hay que sobreponerse. Nunca está demás conocer bien a estos sujetos porque son los mismos en todos sitios: la misma chulería, la misma bravuconería y la misma falta de respeto a la decencia, a la caja común de los impuestos y a la mínima educación.

Joan Mestre, Castelló

Un Carlos Fabra en su salsa cogía el micro a las doce de la noche, tras los postres, y se dirigía al centenar de comensales congregados en el restaurante Celebrity de Castelló. Previamente habían hablado brevemente el alcalde de la ciudad, Alberto Fabra, el presidente del PP del Grau, José Falomir, y el ex vicepresidente del Consell y ahora fuera de la vida pública, Víctor Campos.

La organización de la cena (el PP del Grau) había entregado además dos placas conmemorativas a la diputada Andrea Fabra y al senador Juan José Ortiz, y una insignia de oro del Partido Popular(con una gaviota como símbolo) a Campos. El presidente de la diputación y de los populares de la provincia ofreció todo un repertorio de descalificaciones a la oposición.

Cargó, en tono jocoso, contra los socialistas y contra la diputada autonómica de Esquerra Unida, Marina Albiol. Fabra, que está imputado por supuestos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, se refirió al fotomontaje realizado sobre un anuncio de la Lotería de Navidad en el que su cara sustituye a la del famoso calvo de la suerte, que circuló por internet profusamente a primeros de mes, y aseguró que ha comprado una serie entera (10 décimos) del número que aparece en el pasquín, el 27.931.

Dijo que localizó esta cifra en la administración 199 de la calle de Costa Rica en Madrid, responsabilizó del pasquín a la parlamentaria de EU por Castelló, Marina Albiol, y aseguró, entre las carcajadas de la militancia: "Me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida si me toca". Indicó a los presentes, eso sí, que no disponía en ese instante de ningún décimo. El año pasado ganó 2 millones de euros en el Sorteo del Niño.

Llegó al PSPV y tuvo para todos. Acusó al Gobierno de discriminar a Castelló y llamó perdedores e incluso ladrones a los socialistas . "¿Sabéis cómo se llama a la web del PSOE: a robar, a robar, a robar. com", apuntó. "Estos zapateristas -continuó-, y no me refiero a los de Zapata[Emiliano] pues éstos robaban a los pobres para dárselo a los ricos. Los de aquí roban a los pobres y a los ricos y no solucionan nada".

Especialmente duro fue con la nueva ejecutiva provincial que comanda el alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer. A la presidenta del PSPV de Castelló, Isabel Sabater, la calificó de "la mujer del peor alcalde de la historia de Castelló". De la vicesecretaria y del secretario de Organización, María José Salvador y Francisco Valverde, dijo que habían formado parte de listas perdedoras en sus respectivos municipios (la Vall d'Uixó y Vila-real respectivamente). Y sobre Colomer auguró su pronto regreso a la oposición en el Ayuntamiento Benicàssim, que "es su lugar ideal, como en la diputación".

También tuvo tiempo para señalar sus deseos sucesorios y admitir que aspira a que su hija Andrea Fabra ocupe algún día la presidencia de la Diputación de Castelló. "Sería la sexta generación de mi familia", agregó. Fabra será revalidado como presidente del PP provincial el 12 de diciembre.

Ya lo anunció la secretaria general del PP, Marisol Linares. El congreso provincial de Peñíscola del próximo día 12 pretende ante todo la exaltación y homenaje del líder Carlos Fabra. El comité organizador está ultimando los preparativos para no defraudar. "Tenemos preparada alguna sorpresa. Queremos que se refleje el apoyo del partido a Carlos Fabra y a su decisión de volver a presentarse, que ha sido acertada", asegura la presidenta del comité, Susana Marqués.

Parece que la "sorpresa" va a venir en forma de vídeo. "Estamos preparando imágenes que muestren que el partido está al lado del presidente y también para destacar su gestión", añade Marqués, quien niega que el evento vaya a tener sabor a despedida. Sin embargo, parece que esta sí que va a ser la última vez que Carlos Fabra se presenta como candidato ante los compromisarios del partido, que lo proclamarán por sexta vez presidente provincial. El congreso de hace cuatro años, también en Peñíscola, ya se concibió como una despedida, aunque al final Fabra ha optado por seguir.

Llamazares valora que el Gobierno “muestra un compromiso a cuentagotas para recuperar la economía con sus medidas insuficientes de intervención pública”

Gaspar Llamazares reclama una apuesta decidida del Gobierno socialista “por la intervención pública en el sector productivo y en el capital de las grandes empresas cuando sea necesario”, en su valoración sobre el Real Decreto con las últimas medidas económicas –el octavo paquete de ‘recetas’ en los último tres meses, tras más de medio año de negar la crisis- aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

Para Llamazares, estas medidas suponen “una aportación insuficiente” para la economía, ya que “aunque se ha abierto una puerta a la participación pública en las empresas, lo que desde IU reclamamos en solitario desde siempre, ésta sigue sin llegar a lo debido y la puerta no se ha abierto lo necesario”. Opinó que este compromiso público no debe hacerse “por fascículos o a plazos. Así no se logrará reactivar la economía”.

“Estamos –aseguró- ante un compromiso a cuentagotas. Este último paquete de propuestas no basta para calentar la economía española”. Entre los motivos planteados por Llamazares está el que “nos da la impresión de que el Gobierno sigue centrado en los aspectos tradicionales de nuestra economía, es decir, en las infraestructuras”, dejando de lado otros como la industria y, lo que es más importante, “el estímulo necesario para un cambio de modelo social y productivo. Todo esto no se puede hacer con cuentagotas y sin incrementar sustancialmente la partida de gasto social, que sigue siendo muy precaria”.

Además, coincidiendo con la confirmación de las últimas cifras sobre la drástica reducción del empleo y la publicación del dato adelantado de inflación –que en el mes de noviembre se habría reducido hasta el 2,4%, principalmente por el descenso de los carburantes-, el portavoz parlamentario de IU aseguró que la economía España “está en peligro de congelación. La bajada supone un alivio, sobre todo para los trabajadores con menos ingresos, pero es muy preocupante que el descenso tan brusco se haga con pérdida de empleo y esté vinculado al deterioro grave del consumo”.

Llamazares incidió en la necesidad de que el Estado tome una participación pública en empresas estratégicas como Repsol, lo que no significa “apuntalar a Sacyr” sino “reforzar la participación del sector público en esos sectores”.

Respecto a la comisión de investigación solicitada por el PP sobre la posible entrada de la compañía rusa Lukoil en el capital de la española Repsol a través de la compra de acciones de Sacyr, Llamazares señaló que “ya se sabe quienes son y que tiene una mayoría de carácter estatal ruso por mucho que se diga que es una empresa privada”.

Opinó que “Lukoil no debe entrar en Repsol”, pero tampoco ninguna otra empresa aunque sea comunitaria ya que “lo que nos preocupa es que se pierda el control de una empresa estratégica. Apuntalar a Repsol a través de participaciones privadas -como la de Sacyr- es pan para hoy y hambre para mañana”.

A su juicio, tanto el PP como el PSOE son responsables de la privatización de Repsol y, por eso, “tienen muy difícil dar una alternativa porque sería negar lo que han hecho en el pasado reciente”.

La Iglesia gana más con Zapatero

Jesús Bastante

Público

El "laicismo agresivo" y la "cristofobia" del Gobierno que, desde hace meses, vienen denunciando los obispos españoles se traducirá en 30 millones de euros más al año. Y eso sólo a través de la Declaración de la Renta, pues el Ejecutivo socialista mantiene intactos los conciertos con la escuela católica, la financiación de actividades sociales y sanitarias de congregaciones y ONG de la Iglesia, la conservación e iluminación de catedrales y templos por todo el país e, incluso, la presencia de capellanes en los ejércitos o los hospitales públicos.

En total, las arcas del Estado junto a las de las comunidades autónomas financian a la Iglesia católica, cada año, con más de 5.000 millones de euros, según investigaciones independientes. La anunciada batalla por el laicismo, de momento, apenas se ha traducido en una sentencia que ordena retirar unos crucifijos de un colegio y en la negativa a colgar la placa de Santa Maravillas en el Congreso.

Todo ello, cuando están a punto de cumplirse los 30 años de la firma de los Acuerdos Iglesia-Estado sin que el PSOE se haya planteado su denuncia. También, hace unos meses, la reforma de la Ley de Libertad Religiosa era algo urgente y hoy, ha regresado al cajón de los asuntos pendientes.

Beneficios espectaculares

Entretanto, la Conferencia Episcopal presentó ayer sus datos relativos al último ejercicio fiscal, el primero en que entraba en vigor el acuerdo por el que el Estado incrementaba del 0,52% al 0,7% su partida a través del IRPF. Y vistos los datos, la jugada ha dado resultados espectaculares para los obispos. Así, mientras en 2006 la Iglesia recaudó gracias a la Declaración de la Renta 144,9 millones de euros, en 2007 (últimos datos oficiales computados) la cantidad aumentó en casi 30 millones, llegando hasta los 173,8 millones.

En 1987 (primer año desde la aplicación de las casillas específicas para la Iglesia y las ONG), la asignación tributaria supuso poco más de 41 millones, de modo que, en sólo dos decenios, la Iglesia ha multiplicado por cuatro sus fondos a través del IRPF.

A pesar de este balance, el gerente del Episcopado, Fernando Giménez, ayer se mostró tan solo "moderadamente satisfecho" y animó a los fieles a continuar financiando a la Iglesia, especialmente, en tiempos de crisis. Porque, como apuntó, "al caer la recaudación, aunque no descienda el porcentaje, cae la masa recaudatoria. Así que la crisis claro que puede afectar".

Sin embargo, pese a la crisis, el denominado Fondo Común Interdiocesano (lo más parecido a un "presupuesto" de la Conferencia Episcopal), contará en 2009 con algo más de 223 millones de euros, de los que 210 provendrán de la asignación tributaria.

Una cantidad que todavía no ha sido fijada por el Gobierno pero que los obispos estiman "moderada, más bien a la baja", sumando el pago a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado en 2009 -alrededor de 156 millones- y la previsión de liquidación -lo recaudado de más- en la actual Declaración de la Renta, sobre la que aún no se tienen datos.

Moción de censura ¿a qué?

La Mancomunidad vuelve a estar dirigida por Carlos Rojas desde el viernes. La moción de censura fue aprobada con los votos del PP y varios partidos de los llamados independientes, es decir, de esos que se crean con el único afán de justificar operaciones personales, despechos, enemistades y, en muchas ocasiones, negocios sucios.

Como bien dijo el representante de IU en la Mancomunidad, Fermín Tejero, es un despropósito presentar una moción de censura a un presidente que ni siquiera ha llegado a formar equipo de gobierno. Las mociones de censura están previstas en la legislación para que se pueda rectificar un voto inicialmente dado a alguien que ha demostrado una mala gestión. Pero aquí no hay gestión, ni mala ni buena porque no ha dado tiempo.

Fermín Tejero criticó el hecho de que los dos grandes partidos sean incapaces de ponerse de acuerdo para afrontar los grandes retos de la comarca (comunicaciones, agua, limpieza, parque de bomberos, turismo, deporte, agricultura, etc). En opinión de Fermín, la lucha por la Mancomunidad encubre una lucha por el reparto de sillones para los enchufados de los partidos.

Además de para esto, la Mancomunidad sirve para que algunas personas viajen gratis a cuerpo de rey a supuestas ferias en las que no se hace nada de utilidad para la comarca.

En otro orden de cosas, Fermín exigió al presidente de la Mancomunidad que resolviera de una vez por todas los problemas laborales que desde hace bastante tiempo vienen sufriendo los trabajadores de Aguas y Servicios.

La política fiscal es cada vez menos progresiva y redistributiva: Las políticas de Igualdad de Zapatero

Fernando Davó

Nueva Claridad

Según las estadísticas el salario medio de los españoles ronda los 1.500 euros al mes, aunque una media más realista, sin embargo, sería la que marca el llamado «mileurismo», es decir, 1000 euros al mes (lo que gana la mitad de los trabajadores y trabajadoras según datos de la Agencia Tributaria). No se nos debe escapar la nada desdeñable cantidad de trabajadores cuyo sueldo ronda los 800 o 900 euros mensuales, trabajadores de empresas de telecomunicaciones y telemarketing, comercio, contratas de servicios públicos privatizados (aguas, obras, parques y jardines, …) etc. Aún por debajo de éstos se encuentran alrededor de un millón de inmigrantes «con papeles», trabajadores del campo, de los servicios domésticos, etc; que ni siquiera alcanzan esa cantidad. También los hay por arriba, así un importante número de trabajadores ronda los 2.000 ó 3.000 euros al mes, y de ahí hacia arriba hasta llegar al millón de euros anual y en algunos casos más, que de media vienen a cobrar los miembros ejecutivos de los consejos de administración de las grandes empresas. Para finalizar, los futbolistas y otros deportistas de élite que perfectamente pueden cobrar dos o tres millones de euros al mes.

Pues bien, para que nadie diga que el gobierno Zapatero no hace políticas de igualdad, hace algún tiempo decidió considerar a todos los españoles iguales a la hora de repartir ayudas económicas; de esta manera el conjunto de los ciudadanos-as españoles pasaba a ser IGUALES independientemente de su raza, religión y credo, pero también de su situación económica. Es decir, da igual el dinero que cada uno gane, porque a la hora de repartir ayudas daremos a todo el mundo lo mismo. ¿Insólito? Pues real, porque así es como se hizo, si bien en algunos casos la realidad supera a la ficción, porque se acaba dando más a quien más tiene, y nada a quien menos tiene. Inaudito… pero real.

El cheque bebé

Para ayudar al gasto que supone para las familias la crianza de los hijos, y así de paso no desanimar a que sigan naciendo, se establece una ayuda de 2.500 euros por nacimiento para todos por igual. Es decir, lo mismo para la familia inmigrante que con su sueldo no tiene ni para pañales, que para los hijos y nietos de las familias Botín, del Pino o Amancio Ortega por citar algún ejemplo, con fortunas que oscilan entre los 2.000 y los 10.000 millones de euros (billón y medio de pesetas) cada uno, según los casos.

Gran parte de ese dinero acabará en guarderías privadas ante la evidente falta de guarderías públicas. Por ejemplo, con el dinero invertido en el cheque bebé, se podría crear una red completa de guarderías públicas para todos y para siempre, en un año; sin embargo con esta medida se ha optado por financiar a entidades privadas en lugar de crear infraestructuras de servicios públicos y gratuitos.

Es evidente que hay familias que necesitarán una ayuda no de 2.500 sino de 5.000 euros, si quieren sacar adelante y con tranquilidad a sus hijos pero, no podrán obtenerla porque los otros 2.500 ya se los dieron a una familia que en absoluto los necesitaba, y que seguro que se mueren de risa por recibir para pañales lo que se gastan en puros, en zapatos o en chanel, día sí y día también. ¿Inaudito? No, real.

Ayudas a la vivienda o la perversión máxima

De nuestros impuestos nos dan un poquito para que se lo entreguemos a quienes nos roban todos los días.

En los últimos años y merced a las políticas urbanísticas generadas y la falta de control público, los precios de viviendas para compra y alquiler se han disparado hasta límites insultantes. Constructores y arrendadores se han forrado literalmente especulando con los precios de la vivienda ante la mirada impasiva o cómplice y colaboradora de nuestros gobernantes. La vivienda, que es un derecho reconocido en la Constitución y por tanto debiera ser un bien de uso, se ha convertido en un bien de intercambio con el que especular hasta límites insospechados. En países como Cuba la vivienda es un bien protegido que pertenece a sus dueños en calidad de usufructuarios de la misma. Es decir, la vivienda la proporciona el Estado a las familias de manera que, pasa a ser una propiedad familiar que se hereda de padres a hijos con la limitación de no poder venderla a terceros. De esta manera se evita la posibilidad de especular con su precio, y por lo tanto se convierte en un bien de uso y no en una mercancía de intercambio. Dentro del sistema capitalista y las leyes del mercado, se ha desprotegido el derecho a la vivienda y su valor como bien de uso, transformándolo en una mercancía de intercambio con la que especular a marchas forzadas.

Pues bien, llegado un punto de inflexión en el que constructores y arrendadores han ganado más de lo que nunca hubieran podido imaginar, y miles de familias de trabajadores no pueden pagar el coste de sus viviendas ante los precios abusivos de éstas y por ende de hipotecas y alquileres, el gobierno decide poner manos en el asunto, y en lugar de cortar por lo sano y establecer un sistema de precios tasados para la vivienda protegiéndola como el bien de uso que debiera ser, no interviene en la política especuladora de precios y decide dar un dinero a las familias para que puedan seguir pagando las abusivas hipotecas y alquileres. Sobre todo los alquileres, con ayudas directas que oscilan entre los 100 y 200 euros al mes. De las hipotecas ya se encargan los propios bancos ampliando los plazos para que los hijos de los hipotecados hereden junto con la casa su respectiva hipoteca; todo ello bajo la protección económica del gobierno que decide ante la «crítica» situación de los bancos debido a la morosidad de sus clientes, inyectar dinero público a bajo interés en el sistema financiero con el fin de que éstos no pierdan su tasa de ganancia.

Resultado final, pues que del dinero recaudado con nuestros impuestos, nos dan un poquito para que se lo entreguemos a quienes desde años nos vienen estafando. O sea que, en lugar de recortar sus disparatados beneficios obtenidos a nuestra costa, el gobierno nos da un poquito de dinero recaudado entre todos, para que se lo sigamos entregando a los especuladores. ¿Inaudito? No, cierto. Pero… ¿quién gobierna, el gobierno …o especuladores y bancos?

Por cierto, muchos arrendadores no tardaron en subir el precio de los alquileres para así repartirse el dinero del gobierno con sus inquilinos. 100 para ti y otros cien para mí, como así ha sido denunciado por muchos inquilinos ante las oficinas del consumidor.

La ayuda económica para todas las familias… menos para las que más lo necesitan

Hace unos meses y ante la crisis que ya se empezaba a vislumbrar, el gobierno decide que había que fomentar el consumo interno para reactivar la economía. Claro, en el sistema capitalista cuando se habla de reactivar la economía, se refiere a que no dejen de ganar los que siempre ganan, por lo tanto una crisis económica no se resuelve con medidas de ahorro y austeridad sino con medidas que favorezcan consumir más. Así, deciden otorgar a las familias una cantidad de dinero estipulada en 400 euros de media, con el fin de que éstas puedan seguir gastando y mantener el consumo. Éste dinero se ofrece vía deducción directa del IRPF para la declaración del próximo año, y en el año en curso mediante un ingreso extra en el mes de julio y una pequeña parte en los sucesivos meses hasta alcanzar el total. En definitiva, una devolución de la declaración de la renta.

Claro, Hacienda sólo devuelve dinero a los contribuyentes que previamente han pagado vía retenciones. La política fiscal es cada vez menos progresiva y redistributiva, pero al menos en las formas todavía se mantiene el sistema de que se retiene más a quien más gana y se retiene menos o nada a quien menos gana. Por la misma cuestión, se devuelve a quien previamente se le ha retenido, es decir a quien gana y tiene; y no se devuelve nada a quien previamente no se le ha retenido, es decir a quien gana poco o no gana y por lo tanto no tiene.

Qué sucede entonces. Pues que muy probablemente una cantidad de hasta cinco millones de personas (pensionistas y desempleados principalmente) no han recibido ni recibirán ni un duro de esta ayuda ya que, ganan poco y por lo tanto no tienen retenciones de hacienda. Es decir, se ofrece una pequeña ayuda económica para fomentar el consumo a quienes ya de por sí pueden consumir; y no recibirán ni un duro para aumentar su consumo quienes ya de por sí tienen un nivel exiguo de consumo dada su precaria situación económica. ¿Inaudito? No, real.

El impuesto del patrimonio

Desde hace algunos años las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, han ido suprimiendo el impuesto del Patrimonio que grava con impuestos a las rentas más altas. Y lo han venido haciendo debido a que este impuesto ha sido descentralizado y lo gestionan directamente las comunidades autónomas. En la campaña electoral de las pasadas elecciones generales, Zapatero se comprometió si ganaba, a eliminarlo por completo en todo el país. Si el PP da dos…, zapatero cuatro.

La excusa de Zapatero fue que dicho impuesto acaba recayendo en las clases medias, ya que los ricos siempre tienen sus triquiñuelas y se las ingenian para no pagar. Y no le falta razón en parte ya que, el número de declarantes del patrimonio del último año que declaraban más de 10 millones de euros ha sido de solo 727, mientras los datos del Ministerio de Hacienda detallan la existencia de 3.299 personas con dicho patrimonio. El fraude es más que evidente entre los que más tienen, pero suprimir este impuesto debido al alto fraude existente, es como dice Juan Torres López en su página web, como suprimir el código de la circulación dada la gran cantidad de infractores sin castigo que existe. Lo que se debe hacer desde un gobierno decente es implementar medidas eficaces contra el fraude fiscal, en especial dentro de las clases económicamente privilegiadas, y no reirse en nuestra cara con argumentos tan simples.

Además tampoco es cierto que dicho impuesto recaiga sobre las clases medias principalmente. A pesar de la gran cantidad de defraudadores entre los más ricos, todavía por suerte siguen siendo éstos quienes más aportan a través de este impuesto. Es cierto que hay más cantidad de declarantes con patrimonios medianos, pero en cómputo global aportan menos cantidad de dinero que los declarantes de patrimonios altos a pesar de ser menos. En concreto los declarantes con mayor patrimonio aportan 1.323 veces más dinero que los declarantes de menor patrimonio, según datos de Juan Torres López. Esa misma cantidad es la que ahora los ricos de este país se ahorrarán con la supresión del impuesto. Todo esto se puede visualizar gráficamente en la memoria de la Administración Tributaria que se publica todos los años, y mejor explicado y con más datos en la web de altereconomía y la propia página de Juan Torres López. En total 1.200 millones de euros (200.000 millones de pesetas) que se dejarán de recaudar desde ahora… y para siempre.

Una nueva política de «igualdad» para que los que más tienen paguen menos. ¿Increíble? Pero cierto.

Menos impuestos para los ricos

España comienza a ser junto a EE. UU. uno de los países con mayores desigualdades económicas entre su ciudadanos. Los tipos marginales de la parte alta de la escala de gravamen de la declaración del IRPF, es decir, el que se aplica a las rentas económicas más altas, han ido descendiendo vertiginosamente en los últimos años. Ni siquiera el PP de Aznar consiguió rebajarlos tanto como lo está haciendo el gobierno de Zapatero, llevando con ello a que la carga fiscal en España sea soportada cada vez en mayor medida por los trabajadores asalariados, en beneficio de las personas con rentas más altas. Para compensar esa falta de igualdad, nuestro país ha pasado a ser el segundo (sólo superado por EEUU) del conjunto de los países desarrollados, con mayor gasto en seguridad y policía. Un 2’1% del PIB en tanto un 2’2% por parte de EEUU (datos de Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas (UPF) en El Periódico). Esta es una característica propia de los países con mayores desigualdades. Como contraste, Noruega, 0,9%; Suecia, 1,3%, y Dinamarca, 0,9%, son los países que tienen menos desigualdades y gastan menos en policía y seguridad.

Zapatero creó el Ministerio de Igualdad pero… éstas y no otras son las verdaderas políticas de «igualdad» de nuestro gobierno.

Llamazares presenta una iniciativa para que el Estado retome la participación pública en Repsol

Gaspar Llamazares, presentó ayer la proposición no de ley registrada a través del Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV para que la Cámara vote la compra de acciones en Repsol por parte del Estado.

Llamazares recordó que fue IU la única formación que hace años se opuso a la privatización de empresas estratégicas públicas, lo que habría garantizado la defensa “frente a tiburones” como la rusa Lukoil, que en la actual situación de crisis pretenden hacerse con el control del 30 por ciento de la petrolera española.

A su juicio, sólo con la participación pública como ocurre en otros Estados de la UE se puede garantizar el control nacional de empresas estratégicas como Repsol. Por ello, exige al Gobierno socialista que abandone su “pasividad y deje de mirar para otro lado”, ya que “el Ejecutivo se juega su credibilidad”.

El parlamentario de IU entiende que “no basta con dar lecciones a los demás para controlar el sistema financiero. Hay que aprender de la crisis también asumiendo lecciones propias en el control de sectores estratégicos como el de la energía”.

Por ello, la proposición no de ley registrada insta al Gobierno a revisar la política de privatizaciones y a fortalecer la participación pública en los sectores estratégicos, como el energético, “que presenten situaciones de vulnerabilidad”.

La iniciativa pide que se definan qué sectores son estratégicos para los intereses generales, que se intervenga en ellos con la compra de paquetes públicos de acciones, al tiempo que en lo que respecta al sector de la energía se establezca cómo garantizar el suministro y se pueda planificar un modelo energético sostenible.

Además, la iniciativa de IU-ICV insta a revisar la ley de los sectores eléctrico y de hidrocarburos con una planificación “para todo el país y con la participación de las CC.AA”, con criterios de sostenibilidad, mejora de la eficiencia y del ahorro energético, gestión integrada y garantía de suministro.

Llamazares mostró su “seria preocupación” de que tanto el Gobierno socialista como el PP estén “en un juego de pelota que no lleva a ninguna parte con el que eluden su corresponsabilidad en la privatización de las empresas públicas. En buena parte de ahí se deriva la fragilidad, entre otras, de Repsol”.

“Estamos atrapados entre el oportunismo del PP, que ahora se convierte al intervencionismo, y la pasividad del Gobierno, que ahora se convierte al liberalismo. Es el mundo al revés”, valoró.

Para Llamazares, “quien ha privatizado las empresas públicas, no puede lamentar hoy la compra de las mismas por parte de compañías extranjeras. Y quien mira para otro lado, no ejerce como gobierno. Se debe intervenir en defensa de esas empresas y, sobre todo, los intereses generales”.

En esta situación, calificó de “parche”, “sucedáneo” y “estrategia fracasada” el que se sigan buscando núcleos de control privados para estas compañías entre los bancos y las empresas constructoras. Al tiempo, criticó que José Luis Rodríguez Zapatero reivindique su “no intervencionismo”, ya que “sin intervencionismo y sin participación pública, la petrolera estará en manos del mejor postor internacional, lo que acabará por debilitar la economía” del país.

Una polémica con muchos puntos oscuros... por ahora.

Volvemos a solicitar vuestra colaboración para ayudarnos a desenredar esta maraña. Como ya habéis hecho en otras ocasiones, podéis ayudar enviando un comentario a esta misma nota y en esta misma página o, si lo preferís, enviando un correo electrónico a [e-mail].

Acta del 3 de noviembre de 2008

6.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Municipal en relación con escrito denuncia sobre obras ejecutadas junto al acueducto romano (Torrecuevas), formulado por D. Juan Manuel Correa García, acordando la Junta de Gobierno Local:

1) Aprobar el informe.

2) Que por el Servicio de Inspección de Obras se comprueben y aclaren los extremos propuestos por el Arquitecto Municipal en su informe, puntos primero y segundo:

“Primero.- Al no contar con Licencia Municipal de Obras las que nos ocupan a la fecha en la que se solicitó Licencia para las mismas, debe comprobarse por la Inspección de Obras Municipal si se procedió a instruir en su día el correspondiente Expediente de Disciplina Urbanística. Si así se hizo debe comprobarse en dicho expediente la zona en la que se ubicaban dichas obras y si dicha ubicación coincidía con la que figuraba en el Proyecto Técnico que posteriormente se presentó a requerimiento de este Ayuntamiento.

Segundo.- Debe aclararse la contradicción existente en cuanto a la ubicación real de las obras realmente ejecutadas y su coincidencia con la reflejada en el Proyecto técnico así como si las mismas se encuentran incluidas en suelo urbano”.

Tercero.- Requerir de la Consejería de Cultura de la Junta informe sobre la documentación que le fue remitida en su día.

Cuarto.- Una vez realizado lo anterior, dar traslado al Arquitecto Municipal de todo lo actuado al objeto de informar lo que corresponda.

Acta del 10 de noviembre de 2008

   10.- Se da cuenta de escrito del Director General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, sobre escrito de D. Juan Salado Guerrero conteniendo denuncia en relación con el proyecto y ejecución de obras de edificación realizadas por D.  Juan Manuel Correa García, con posible invasión de Suelo No urbanizable Protección de Cultivos, acordando la Junta de Gobierno Local se incorpore dicho escrito al expediente disciplinario en trámite.

El nuevo PGOU de Salobreña tendrá 15.000 viviendas menos de las inicialmente previstas

El equipo de gobierno de Salobreña ha presentado un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se queda con 15.000 viviendas menos de las que quería: exactamente serán 1.596 nuevas residencias, frente a las 16.500 previstas en el anterior PGOU redactado en 2006.

El PGOU anterior superaba en un 200% los límites de crecimiento previstos en el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA). El tijeretazo a las viviendas es sólo un ejemplo del cambio radical que ha sufrido el Plan de Urbanismo que se llevará hoy mismo al pleno -sustituirá al actual PGOU vigente que data de 2001- y que no es ni primo hermano del plan que se redactó en el año 2006.

IU de Almuñécar ha demandado al Ayuntamiento de Almuñécar para que publique legalmente el pliego de condiciones para privatizar la recaudación

Todo el proceso iniciado por Benavides para privatizar la recaudación de impuestos de Almuñécar se ha llevado a cabo sin los informes económicos y legales necesarios.

En la aprobación inicial, se pretendía adjudicar la recaudación por quince años, cuando la Ley 30/2007 de contratos del sector público contempla solo cuatro años. Gracias a los recursos que ha presentado IU de Almuñécar y el sindicato CGT, el Pleno del Ayuntamiento tuvo que reconocer ese desaguisado y rectificar el plazo: el Pleno acordó, por mayoría, aceptar las alegaciones planteadas por los tres recurrentes en cuanto a que el plazo de 15 años que se recogía en el pliego inicial publicado en el BOP de 4 de Septiembre de 2008 no respetaba lo legalmente establecido en la Ley 30/2007, ya que debe ser, y así se admitió, por un plazo de cuatro años. El resto de las alegaciones planteadas por los tres recurrentes fueron rechazas en su totalidad por el Pleno.

Concluido el Pleno, correspondía la publicación en el BOP del acuerdo de: 1º desestimar las alegaciones planteadas, 2º la estimación de la rectificación del plazo de adjudicación a cuatro años, 3º la redacción definitiva del nuevo pliego de condiciones y 4º pie de recurso como es preceptivo en todos los acuerdos que toma la administración. Pero lejos de cumplir con la legalidad, la publicación que ha hecho el alcalde en el BOP de Granada nº 207 de fecha 29-10-2008 en la página 46, anuncio nº 12.109, es un edicto del Ayuntamiento de Almuñécar que se titula: RECTIFICACIÓN PLAZO CONCURSO".

IU califica esta publicación como una burda estrategia para dar apariencia de legalidad de un procedimiento que desde su inicio está plagado de irregularidades y que es, a su juicio, nulo de pleno derecho.

De igual forma, según lo establecido en la Ley 30/2007 y demás legislación de aplicación, es ineludible la publicación del nuevo pliego de condiciones y la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y todo parece indicar que no se ha cumplido con ese trámite.

Es por todo ello que IU solicitó la semana pasada al Alcalde de Almuñécar que les informara de la fecha de remisión al Diario Oficial de la Unión Europea del acuerdo definitivo del pliego para adjudicar la recaudación a una empresa privada, de la fecha de publicación del acuerdo definitivo del pliego en ese Diario, en caso de que se hubiera hecho, y requería al Alcalde y a los departamentos de Contratación y Secretaría que dieran cumplimiento y las instrucciones precisas para la remisión, publicaciones y respeto a los plazos legalmente establecidos, que se proceda a las publicaciones oportunas con el respeto escrupuloso de los plazos, pliegos y acuerdos tanto en Boletín Oficial de la Provincia, como en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del texto legal, no de una patraña que bien pudiera haberse titulado "fe de erratas".

Repsol, de ser de todos a ser de la mafia rusa

Pascual Serrano

Rebelión

Los dos partidos que mientras gobernaron compitieron para ver cuál privatizaba más empresas públicas españolas, ahora se echan las culpas mutuamente de la posibilidad de que el 30 % de Repsol pase a manos rusas y se cree un grave problema de pérdida de soberanía energética en España.

Mariano Rajoy, desde Almería, apela a “razones de seguridad estratégica nacional”. José Blanco, vicesecretario general de los socialistas dice que “lo inmoral es arrojar Repsol al mercado privatizando la empresa, como hizo el Gobierno de Aznar”.

La privatización de Repsol la inició en 1989 el gobierno “socialista” de Felipe González y pasó en su totalidad a manos privadas en 1997 bajo el gobierno “popular” de Aznar. Si el actual gobierno socialista hubiera considerado inadecuada la total privatización -tal y como critican ahora- ha tenido cinco años para recomprar parte de las acciones, tal y como ha hecho el gobierno venezolano con su telefonía y sus eléctricas, granjeándose las críticas de políticos y medios españoles.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se limita a señalar que quieren que Repsol sea independiente y española, sin percibir que eso es incompatible. Si la totalidad de las acciones están en manos privadas será independiente hasta de España. Por otro lado, ¿por qué unos empresarios españoles van a estar interesados en los intereses de nuestro país? Basta ver lo poco que están dudando en vender a los rusos y lo bien que está reaccionando la Bolsa.

Paradójicamente, la situación en la que estamos es que ese 30 % casi acaba en manos de Grazprom, es decir, del Estado ruso. No hubiera sido la primera vez que nuestros sectores estratégicos se liberalizaban y vendían en aras del libre mercado y acababan parcialmente en manos de otros estados, la liberalización de la telefonía permitió la entrada de la operadora Wanadoo, en cuyo accionariado estaba el Estado francés. Pero estemos tranquilos, para evitar que Repsol acabe controlada por el gobierno ruso están maniobrando para que sea de la mafia rusa, que es quien controla al potencial comprador, Lukoil, todos los medios han destacado el papel de los mafiosos Tariel Oniani y Zakahr Kalashov en el control de esa empresa. El último de ellos está preso en España y ha sido condenado al menos seis veces en Georgia y Rusia, la fiscalía suiza ya advirtió en marzo del pasado año que ese hombre “poseería una parte significativa” de Lukoil. Su vicepresidente, Dimitri Tarasov, también está reclamado por la justicia española.

No es el primer caso de connivencia entre PSOE y PP para dejar en manos de mafiosos empresas públicas españolas, ocurrió con Sintel, filial de Telefónica que Felipe González en sus últimos días de gobierno vendió a Mastec, propiedad de la familia del cubanoamericano Mas Canosa. José María Aznar terminó de formalizar la venta.

Por si alguien no lo había comprendido, las privatizaciones consisten en eso, en que lo que era de todos los españoles puede acabar, por ejemplo, en manos de unos mafiosos, mientras los grandes partidos que lo vendieron todo ahora aparentan discutir y preocuparse. Entretanto, en esas “repúblicas bananeras y populistas” de América Latina, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, sus empresas energéticas cada vez están siendo más públicas. Por eso les llaman dictaduras y lo de aquí, cuando nuestras empresas estratégicas se las puede quedar la mafia rusa, se denomina democracia.