El ex secretario del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Leopoldo Barrantes ha sido imputado por un delito de falsedad de documentos sobre dos operaciones urbanísticas. Las diligencias del caso forman parte de una pieza separada más del caso Malaya abierta por el titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella, Óscar Pérez.
La alcaldesa de Marbella (Málaga) quiso dar ayer un voto de confianza a su jefe de Planeamiento, Federico Guardabrazos, y a la coordinadora del Plan General, Isabel Guardabrazos, y confió en que ambos se inhibirán "sin que nadie les diga nada" cuando tengan que resolver sobre las reclamaciones de promotores a los que asesoraron de forma privada para regularizar sus construcciones. "No me cabe ninguna duda de que lo harán con la mayor de la legalidad posible y sabiendo a lo que se tienen que ajustar", dijo. "Aún así, para que no quepa duda, tanto la concejal de Urbanismo, Alba Echevarría, como yo velaremos para que no participen en estos asuntos", añadió.
El Ayuntamiento marbellí permite a Federico Guardabrazos que asesore por las tardes a promotores siempre y cuando éstos no tengan intereses en Marbella, algo bastante difícil dentro del sector inmobiliario de la Costa del Sol. Esta compatibilidad le ha sido concedida con informes favorables del secretario municipal y lleva aparejada una reducción salarial, señalan fuentes municipales. Guardabrazos percibe 1.900 euros netos al mes.
Hasta la llegada de Muñoz a la alcaldía, Guardabrazos, topógrafo y funcionario municipal, disfrutaba de una excedencia y trabajaba como consultor privado. Entre sus clientes figuraba el promotor Cristóbal Peñarroya, imputado en el caso Malaya y en cuya representación acudió a dos reuniones con técnicos de la oficina de Planeamiento de la Junta de Andalucía. Peñarroya tiene al menos 2.250 viviendas pendientes de regularización en el nuevo Plan General de Marbella. La hija de Guardabrazos, Isabel, está contratada como personal de confianza de la concejal Alba Echevarría y trabajaba en el despacho de su padre, señalan fuentes municipales.
Reuniones el 24, 25 y 26
Las puertas de la Coalición Andalucista están "abiertas" para Convergencia Andaluza, el partido que lidera el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides. Lo volvió a decir ayer el candidato de la coalición al Parlamento de Andalucía por la provincia de Granada, Hilario Aranda, dirigente del PSA, que se ha sumado al proyecto electoral andalucista.
Fue precisamente el PSA la formación que se dirigió a Benavides para proponerle la alianza electoral que el regidor sexitano rechazó. Pero como reiteró ayer Aranda tras la convención provincial que reunió a los integrantes de la coalición en Granada para acabar de perfilar su programa electoral, en esta iniciativa "todos" los andalucistas son "necesarios" porque se trata de "sumar". "Él puede pensar que su proyecto, tan personalista, no es interesante ahora; pero yo le digo a todos los militantes de Convergencia Andaluza que las puertas de la Coalición están abiertas para recibir su apoyo, porque es necesario, sin exclusión de nadie", reflexionó Aranda, que se declaró entusiasmado en esta nueva etapa que a su juicio sentará las bases de un "andalucismo moderno".
La Coalición tiene ahora una estructura electoral, pero su vocación -agregó Aranda- es convertirla en permanente y ahí, insistió, "todo el mundo tiene cabida". También Benavides, como demuestra que en Málaga Convergencia Andaluza sí se haya sumado a la plataforma electoral.
El Consejo Político Federal de Izquierda Unida (IU) aprobó hoy los cabezas de lista de la coalición en las distintas circunscripciones para las elecciones generales, con 141 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones. Además, dio el visto bueno a las coaliciones conformadas en Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, Cataluña y Extremadura -143 votos favorables, 5 en contra y 3 abstenciones- y ratificó el borrador de programa electoral -con 95 votos a favor, uno en contra y 41 abstenciones-. Acerca de las coaliciones, en Euskadi EB y Aralar se han dado de plazo hasta el martes para alcanzar un acuerdo.
Por lo que se refiere a la candidatura del País Valenciá, la dirección federal de IU defendió que la mejor opción era la coalición con el Bloc. En esa línea propuso a la dirección de EUPV diversas propuestas de consenso en torno a las candidaturas hasta el mismo momento de iniciarse la reunión del Consejo. Tras constatar el bloqueo por parte de la dirección de EUPV y por responsabilidad política ante el conjunto de la militancia, la dirección federal optó por acatar su propuesta si bien impuso una serie de condiciones que deben cumplirse en las próximas 48 horas para que pueda validarse el mencionado acuerdo. Dichas condiciones obligan a la dirección de EUPV a la retirada del representante que han nombrado ante la Junta Electoral Central y a garantizar las condiciones jurídicas legales y económicas que permitan vincular los votos de EUPV al proyecto de IU así como recibir el correspondiente crédito electoral para afrontar la campaña electoral.
CABEZAS DE LISTA
Como ya se había acordado, Gaspar Llamazares encabeza la lista de Madrid como candidato a la presidencia del Gobierno. En Andalucía, los cabezas de lista serán Manuel del Pino (Almería), José Antonio Barroso (Cádiz), Manuel López (Córdoba), María José Beiras (Huelva), Manuel Pegalajar (Jaén), Eduardo Zorrilla (Málaga), Sebastián Martín Recio (Sevilla) y Manuel Morales García (Granada). Por Aragón, van Patricia Luqín (Zaragoza), Miguel Aso (Huesca) y Ana Cristina Pérez García (Teruel); mientras que en Asturias lidera la propuesta de IU Laura González.
Por su parte, Marisol Ramírez será cabeza de lista por Baleares, Ramón Trujillo Morales por Santa Cruz de Tenerife y Javier Doreste Zamora por Las Palmas. En Castilla y León los candidatos serán Guillermo Murias (León), Jesús Santos (Salamanca), Vicente Fernández Pérez (Palencia), Laura Domnina Rivera (Zamora), Juan José Catalina Martín (Soria), Juan Peña Ruíz (Valladolid), Angel Miguel Martínez Martínez (Burgos) y Sara Dobal Pérez (Ávila). En Segovia las listas están acordadas, pero aún no han sido ratificadas.
En Castilla-La Mancha los cabezas de lista serán Luis Ángel Aguilar Montero (Albacete), Andrés Carmona Campo (Ciudad Real), Carolina Rey Álvaro (Cuenca), José Luis Maximiliano Romo (Guadalajara) y el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes Revuelta, por Toledo. Julio Alejandre Calviño será el candidato de IU por Badajoz, mientras Joaquín Paredes lo será por Cáceres. Por Cantabria va Jorge Crespo.
En Euskadi, Jon Sustatxa encabezará la lista de la coalición en Vizcaya, José Miguel Fernández López de Uralde en Álava e Isabel López Aulestia en Guipúzcoa. El candidato de IU al Congreso por Murcia será Joaquín Dolera López, mientras que por Barcelona será Joan Herrera, candidato a su vez de ICV para la presidencia del Gobierno (organización con la que IU forma coalición en Cataluña). Galicia, La Rioja, Ceuta, Melilla y Navarra se encuentran en la misma situación que Segovia, con las listas consensuadas pero pendientes de ratificación definitiva. El Consejo Federal se dará por enterado una vez estas candidaturas se confirmen.
PROGRAMA ELECTORAL
En su intervención, el coordinador del programa electoral, Pedro Chaves, expuso que, teniendo en cuenta cómo ha llegado IU hasta este Consejo, al final se ha producido una solución "milagrosa" en torno al programa, por lo que afirmó que todos deberían sentirse satisfechos. Asimismo, destacó la "importante capacidad de diálogo y acuerdo" de la coalición.
A su juicio, IU sale a la sociedad "marcando con precisión" su territorio político, "claramente diferenciable de las otras fuerzas". "Ni si quiera somos la izquierda de otra izquierda, sino la izquierda alternativa, una propuesta original, y nos sustentamos en una capacidad de propuesta programática. Este programa está en el espacio de la izquierda alternativa y no en ningún otro sitio y de alguna manera debería ayudar a poner de manifiesto el acuerdo en un espectro de movimientos sociales de todo tipo", argumentó.
Izquierda Unida (IU) propone en su programa electoral elevar las pensiones mínimas a 660 euros, la creación de un Impuesto Sobre las Grandes Fortunas a partir de ingresos superiores a 100.000 euros al año y llevar a cabo una reforma del IRPF para redistribuir la carga fiscal "sobre quienes más ganan". Estas son las medidas más destacadas que la coalición propone en materia económica y fiscal de cara a las elecciones generales del próximo 9 de marzo.
En este sentido, IU apuesta también por reconocer el derecho "subjetivo, universal y exigible por ley a una vivienda digna tras establecer un calendario de aplicación", así como por desarrollar un plan urgente contra la precariedad laboral, basado en la reforma del Estatuto de los Trabajadores, empleo de calidad, estable y a tiempo completo, y la tipificación como delito del incumplimiento sistemático y "flagrante" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Como en la UE
En el apartado de medidas para la convergencia social con la Unión Europea (UE), propone alcanzar un gasto anual de, al menos, "un punto más del PIB durante la próxima legislatura" y afrontar una Ley de Convergencia Social y Carta de los Derechos Sociales. También aboga por destinar un 2 por ciento del PIB para I+D+i y firmar contratos laborales para los becarios de investigación y por rebajar el IVA del 16 al 7 por ciento y del 7 al 4 por ciento para una lista consensuada de "productos básicos".
Línea roja y verde
La coalición ha dividido su programa en 25 puntos para "trazar una línea roja y verde". A parte de los ya mencionados, IU reclama "ampliar la democracia" a través de una reforma de la Ley Electoral para lograr una ley "justa que garantice la representatividad y proporcionalidad de los resultados electorales". Defiende también un Estado social participativo, con una Ley de Democracia Participativa y el fortalecimiento del movimiento asociativo.
Contra la corrupción
Siguiendo con la regeneración democrática, la organización ofrece un pacto contra la corrupción, pide mecanismos de control para garantizar el comportamiento ético de los cargos públicos y la reforma del sistema de elección de los órganos constitucionales e institucionales del Estado (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional o Consejo de Seguridad Nuclear).
¿Nucleares? No, gracias
En el apartado 'Vivir en paz con nuestro planeta', se defiende la necesidad de trazar un plan urgente contra el cambio climático, desarrollar una Ley de Ahorro y eficiencia energética, cerrar las centrales nucleares (con un plan en 25 años empezando por Garoña) y fomentar una nueva cultura del agua. Además, apuesta por una Ley General de Sanidad.
Educación pública y laica
Sobre la educación, IU anuncia que hará una defensa de la escuela pública y laica "de calidad", mediante medidas como plazas públicas para niños de cero a tres años, educación obligatoria hasta los 18 años, prioridad de la formación profesional, moratoria de los conciertos educativos y estabilidad laboral para el profesorado interino.
Ley de Plazos para la maternidad
Otras medidas, más enfocadas hacia los derechos sociales, son la apuesta por una Ley de Plazos "ya" para la interrupción voluntaria del embarazo, la regulación de la eutanasia y del derecho a la apostasía. Como no podía ser de otro modo, la coalición hace una defensa de los servicios públicos y exige "no más privatizaciones ni desregulaciones" y una gestión pública de los servicios públicos y regulación "más estricta de la contratación pública para evitar la corrupción".
Memoria Histórica
En lo que tiene que ver con la Memoria Histórica pide la anulación "global" de los juicios del franquismo y la creación de un Instituto de la Memoria Histórica. En la dirección hacia un Estado "federal, republicano, solidario y laico", propone someter a referéndum la forma política del Estado entre monarquía o república, denunciar los acuerdos con el Vaticano, desarrollar una Ley de Libertades Religiosas que consagre el principio de separación e insiste en la necesidad de una reforma federal del Senado.
Política exterior
IU también aboga por una Ley del Consejo de la Comunicación, la creación de un Cuerpo Civil para la Ayuda Humanitaria en el Exterior, destinar el 0,7 por ciento del PIB para los Fondos de Cooperación al Desarrollo, elaborar una nueva Ley de Extranjería, cooperar con los países de origen de los inmigrantes con una "permeabilidad inteligente". Además, propone un Plan Estratégico de integración de los inmigrantes para una convivencia "ordenada de mutuo respeto y con sujeción a derechos y obligaciones".
Igualdad
Siguiendo con los derechos, apuesta por una Ley de Parejas de Hecho que regule las relaciones "afectivo-sexuales" distintas al matrimonio, una Ley Integral contra la discriminación por motivos de orientación sexual y de identidad de género, y por reforzar la lucha contra la violencia de género y la exclusión social de la mujer.
Ejército
Finalmente, IU se acuerda del Ejército y pide derecho de asociación para los militares, la desmilitarización de la Guardia Civil, supresión de la Justicia Militar y la conversión de las bases de Rota y Morón en bases civiles como lanzadera para la prevención de conflictos.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha firmado un escrito de inculpación por haber ayudado a una mujer a abortar como un acto de solidaridad con las clínicas abortistas. Esta autoinculpación ha sido suscrita por otros 150 dirigentes de la cúpula de la federación.
El área de Mujer de IU propuso esta mañana a los miembros del Consejo Político, máximo órgano entre asambleas, inculparse por haber interrumpido voluntariamente su embarazo o haber acompañado a una mujer a abortar.
La responsable de esta área, Charo Luque, ha animado a los más de cien dirigentes de IU presentes en la reunión del Consejo Político a firmar unos formularios en los que se inculpan por haber interrumpido voluntariamente su embarazo, en el caso de las mujeres, y de haber acompañado a abortar, en el caso de los hombres.
Según fuentes de la federación, Llamazares junto a otros 150 dirigentes han firmado ya esta inculpación, que será registrada en un juzgado por representantes de clínicas abortistas.
Estos escritos también denuncian la persecución "a la que se está sometiendo a las mujeres" en esta materia, además de exigir que el derecho a abortar se garantice en la red sanitaria pública.
Llamazares ya se reunió la semana pasada con representantes de las clínicas abortistas y ha señalado en varias ocasiones a la Comunidad de Madrid y al Opus Dei como responsables de una operación de "acoso" a estos centros.
El próximo dia 23 de Enero de 19:55h a 20:00h. se propone apagar todas las luces otra vez para darle un respiro al planeta (la propuesta proviene de Francia otra vez). Si la respuesta es masiva, el ahorro energético puede ser brutal.
Solo 5 minutos, a ver que pasa. Si si, ya se que estaremos 5 minutos a oscuras con cara de tontos, pero recordar que internet tiene mucha fuerza y podemos hacer algo grande. Encendeis unas velitas y ya está!!Y pasen la noticia!! Es muy importante y aunque parezca que no significa nada, cada uno de nosotros podemos contribuir.
La macrobandera española instalada en la plaza de Colón de Madrid, que tiene un tamaño de 21x14 metros, debe ser sustituida cada mes porque se deteriora debido a su tremendo tamaño al ondear.
Sin comentarios
Pascual Serrano
Mientras todos los políticos se llenan la boca expresando su preocupación por el ahorro energético y la lucha contra el calentamiento global, leo en el dossier especial Navidad de Público una noticia sobre una exposición de esculturas de hielo en Madrid que se abrió el 23 de noviembre y estará funcionando hasta el 7 de enero. El derroche energético es impresionante, se trata de una carpa de 3.000 metros cuadrados que se ha de mantener a ocho grados bajo cero, con bloques de hielo de hasta 2.000 kilos. Se tuvieron que traer 250 toneladas de hielo desde Bélgica mediante 12 trailers frigoríficos. Además "durante varios días unos enormes cañones formaron hasta 25.000 kilos de nieve para que los artistas pudieran modelar sus obras" que se derretirán después del 7 de enero. Luego nos convocarán a una hora de apagón para ahorrar energía y luchar contra el cambio climático.
ATTAC informa a los ciudadanos y ciudadanas que, contrariamente a lo que actualmente nos están trasmitiendo los líderes políticos del Gobierno de nuestro país y de la Oposición de derechas y centro-derecha, las rebajas sistemáticas de impuestos sobre las rentas, los beneficios de las empresas y las transmisiones patrimoniales, así como la pretendida abolición del impuesto sobre el patrimonio, no constituyen un beneficio para la ciudadanía, sino que en realidad implican un claro retroceso en la garantía de prestación de servicios públicos esenciales y de las infraestructuras públicas de las que nos beneficiamos todas y todos.
Si el Estado no dispone de ingresos suficientes no puede proveer y garantizar a los ciudadanos/as unos servicios públicos de calidad (educativos, sanitarios, pensiones, servicios sociales, redes viarias, transportes colectivos, de promoción cultural, o suministros).
El deterioro de los servicios públicos, que lleva a su descrédito ante la ciudadanía, es el principal argumento que emplean en la actualidad muchos gobiernos para privatizar servicios esenciales, basándose en la falsa creencia, como a largo plazo se viene demostrando, de que la gestión privada es más eficaz.
Los ingresos fiscales son la base fundamental de los presupuestos públicos y constituyen una fuente de riqueza necesaria para el desarrollo de lo común, de lo colectivo y de los derechos sociales, para la cohesión social, el Estado de Derecho y el progreso económico y social.
Así lo han entendido durante muchos años en Europa gobiernos de países con una mayor presión fiscal que España: la media de la presión fiscal en la Europa de los 15 es 5 puntos superior a la de España. Además estos mismos países conceden en sus presupuestos gran importancia al gasto social: la media del gasto social en estos países es 6 puntos superior a la española, y así han podido desarrollar políticas de bienestar más satisfactorias.
Pero el Gobierno español quiere hacer creer a la ciudadanía que su política presupuestaria está generando tal superávit que es posible abordar la supresión de los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones, rebajas en los topes de IRPF y la reducción gradual del impuesto de sociedades, sin que ello implique la reducción del gasto público y el deterioro en los servicios públicos.
Sin embargo, la realidad es bien distinta. Bajo la presión de los centros del poder económico, que quieren que todo lo colectivo se mercantilice y pase a ser negocio, España sigue la pauta que el neoliberalismo está imponiendo en todo el planeta: una reducción progresiva de los impuestos directos y una tendencia, cada vez mayor, a ir descargando de responsabilidades y de gasto público en favor de la iniciativa privada para la prestación de Servicios Públicos.
ATTAC ha expresado en anteriores comunicados su rechazo a leyes tributarias concretas de carácter regresivo del actual Gobierno y de gobiernos anteriores que suponían una disminución de los impuestos directos a las plusvalías de las empresas y a los beneficios del capital, al mismo tiempo que tendían a cargar el peso contributivo sobre los impuestos indirectos al consumo y sobre las rentas del trabajo y esto en una situación en donde año tras año las rentas del trabajo disminuyen, en relación al PIB, y las del capital aumentan.
Añadimos a esto que la mera existencia de los llamados Paraísos Fiscales crea una competencia fiscal a la baja entre los diversos países. Al tener estos Paraísos Fiscales una fiscalidad nula hacia los capitales foráneos y un régimen de opacidad, atraen todo tipo de capitales legales ilegales y delictivos. Esto ayuda a crear una competencia impositiva y a que todos los países rebajen sus impuestos.
ATTAC viene denunciando reiteradamente las múltiples formas de que se sirven las multinacionales, grandes empresas y grandes fortunas para efectuar evasión y fraude fiscal a través de sociedades pantalla y cuentas opacas abiertas en filiales bancarias de Bancos Españoles y extranjeros en Paraísos Fiscales. Y por ello insiste a los diversos Gobiernos para que no se reconozcan jurídicamente a estas sociedades y filiales establecidas en dichos centros offshore, sin que hasta el momento ningún gobierno democráticamente constituido haya actuado lo más mínimo contra esta realidad delictiva que socava nuestro sistema tributario y nuestra democracia.
Ante esta preocupante situación denunciamos la actitud del Gobierno del Estado Español y consideramos necesario que de una vez se informe verazmente a la ciudadanía y que se promuevan acciones políticas para que se desarrolle una cultura sobre la necesidad de los impuestos en lo que respecta al bienestar y la garantía de los derechos básicos de ciudadanía y que persiga la evasión, fraude fiscal y lavado de dinero negro a través de los Paraísos Fiscales.
¡Bajar los impuestos es socialmente reaccionario!
Los estudiantes del IES Al-Andalus se han manifestado para exigir que se arreglen las instalaciones de las aulas de los talleres, que ya estaban deteriorados aunque la situación se agravó tras la riada del pasado septiembre. El próximo lunes continuarán las medidas de presión «cortando la entrada al centro para evitar que se impartan las clases hasta que la Consejería de Educación de la Junta dé una solución a las deficiencias denunciadas».
El centro demanda una obra completa con la demolición de las aulas actuales y la construcción de aulas nuevas, modernas y bien acondicionadas pero la Delegación no cumple ni siquiera el compromiso de instalar de manera provisional aulas prefabricadas. A este compromiso se llegó en una reunión hace un mes entre la Delegación, la dirección del centro y representantes de los padres.
C. MORÁN Y M. NAVARRETE
La realidad se ha empeñado en llevar la contraria al célebre primo de Mariano Rajoy: el cambio climático existe. No es un cuento ni una posibilidad remota. Ya está ocurriendo. Aquí mismo. En el Mediterráneo que baña las costas de Almería, Granada o Málaga. Tras estudiar datos recopilados desde el año 1948, un grupo de científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), un organismo público que depende del Gobierno, han constatado que la temperatura del Mare Nostrum sube año tras año. Eso ocurre desde los 70.
Después, en los 90, en la última década del siglo pasado, comenzó a aumentar significativamente el nivel de las aguas, entre 2,5 y 10 milímetros anualmente. Es decir, que el cambio climático ya devora playas. No es ciencia ficción o una predicción que se cumplirá o no.
Según los expertos del IEO, que han recogido sus conclusiones en un libro titulado 'Cambio Climático en el Mediterráneo español' -que fue presentado ayer en Madrid-, el futuro no pinta bien. De continuar esa subida anual de entre 2,5 y 10 milímetros, el Mediterráneo 'crecerá' entre 12,5 centímetros y medio metro durante el próximo medio siglo.
Pueden parecer cifras nimias, pero los especialistas aseguran que las consecuencias serían «muy serias en las zonas litorales bajas» aunque se diera la hipótesis más optimista, esto es, que la subida del nivel del Mediterráneo fuera 'sólo' de 12,5 centímetros. Si el aumento fuera de medio metro, en el peor de los escenarios, el resultado sería catastrófico. Los científicos admiten que «aún es pronto para afirmar» que el ritmo de la subida del nivel del mar se va a mantener con la misma intensidad que en los últimos quince años, pero también indicaron que ese fenómeno está afectando a todo el planeta.
En el libro -que fue presentado por Miguel Ángel Quintanilla, secretario de Estado de Universidades e Investigación y presidente del IEO- recuerdan que el efecto invernadero -la retención del calor del Sol en la atmósfera de la Tierra- comenzó a acentuarse con la Revolución Industrial «por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano», lo que «ha llegado a modificar» el «frágil equilibrio climático» del planeta. El Mediterráneo no es ajeno a esa «tendencia global». Al contrario. El Mare Nostrum es una de las víctimas más indefensas. «Es una zona especialmente vulnerable a la actuación del hombre. A la concentración de la población» en el litoral, «la explotación pesquera o los impactos derivados de los sectores agrícolas, industrial, turístico o el tráfico marítimo, viene ahora a incorporarse una amenaza más que puede alterar las condiciones físicas y químicas del Mediterráneo», dicen los especialistas en su libro.
El estudio está basado en datos oceanográficos y atmosféricos recogidos desde el año 1948. Desde entonces hasta los 70, «se produjo un descenso de la temperatura del aire y la temperatura superficial del mar». A partir de ahí, la tendencia se invirtió. Con el nivel del mar sucedió algo similar: descendió desde los años 50 hasta mediados de la década de los 90. Desde entonces, el crecimiento ha sido sostenido, imparable.
Juan Francisco Martín Seco
El Impuesto de Patrimonio está condenado a muerte. Los dos partidos mayoritarios han incluido en los respectivos programas electorales su eliminación, lo que no puede extrañarnos, teniendo en cuenta la evolución que desde hace muchos años ha experimentado nuestro sistema fiscal: deterioro de la progresividad, reducción de gravámenes a las rentas empresariales y de capital, y potenciación de los impuestos indirectos. Como siempre, lo más hiriente de este proceso son las mentiras que se manejan.
El anuncio de la supresión del Impuesto de Patrimonio ha venido precedido de toda una campaña de desprestigio de esta figura tributaria. La estrategia es muy simple. Se trata de repetir constantemente la misma idea aunque sea sin argumentos, o bien con argumentos superficiales y falsos; la consigna va quedando y así uno de los principales políticos españoles puede afirmar en la radio sin que nadie le replique que van a suprimir el Impuesto de Patrimonio, “que, como todo el mundo sabe, es un impuesto injusto y obsoleto”.
Los que tachan de injusto este impuesto acuden a una teoría en boga, la doble imposición. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya por el IRPF. Algunos han encontrado la piedra filosofal, siempre que quieren arremeter contra un gravamen se escudan en la doble imposición. Y es que, dado el proceso circular de la renta, todos los impuestos estarían inmersos en este concepto. De acuerdo con esta visión tan estrecha, sólo podría existir un tributo. ¿Acaso no tendríamos que hablar de doble imposición en el IVA o en los Impuestos Especiales, ya que los recursos que dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el Impuesto sobre la Renta? En el Impuesto de Trasmisiones, ¿no son los mismos bienes los que se gravan en una serie indefinida de transacciones? Y qué decir del IBI, este sí que es un impuesto de patrimonio, sólo que generalizado, no progresivo y que recae exclusivamente sobre los bienes inmuebles, con lo que afecta principalmente a las rentas bajas. Nadie ha pedido sin embargo su supresión, todo lo contrario, se está incrementando de forma espectacular, entre otros motivos para compensar la eliminación de las licencias industriales de los empresarios.
La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos complementarios y debidamente armonizados que graven las manifestaciones de capacidad económica de los ciudadanos, y pocas magnitudes indican mejor dicha capacidad que el patrimonio.
La segunda razón esgrimida por los detractores del impuesto para tildarlo de injusto es, cómo no, que recae exclusivamente sobre las clases medias, puesto que los contribuyentes de ingresos elevados se escapan de su gravamen mediante la creación de sociedades interpuestas. No es, desde luego, un argumento muy original. Un razonamiento similar se ha utilizado cuando se trataba de reducir la progresividad del IRPF o de eliminar el Impuesto de Sucesiones.
Siempre la misma monserga que posee una buena dosis de cinismo, sobre todo cuando después se reduce el Impuesto de Sociedades, o cuando se exime a éstas de tributar por los incrementos patrimoniales o se eliminan los mecanismos de transparencia que permitían imputar a los socios los beneficios y patrimonios de la sociedad.
Si las grandes fortunas eluden tributos tales como el IRPF, Patrimonio o Sucesiones, es tan sólo porque el poder político se lo permite. Las sociedades no se encuentran flotando en el aire, tienen accionistas, que pueden ser perfectamente identificados, y los valores de aquéllas, incorporarse al patrimonio de sus dueños. El Estado tiene suficientes mecanismos para evitar la evasión o la elusión (para el caso, da lo mismo) de este impuesto. Algo similar cabe afirmar de las clases medias. No existe ningún impedimento para no elevar el límite exento y dejar por tanto fuera del alcance de este tributo el montante de riqueza que se desee.
Se afirma que este impuesto ha quedado obsoleto. Por lo visto, ahora los tributos modernos e innovadores son los indirectos. Por ese camino, puede que lleguemos a un gravamen tan original como era el de puertas y ventanas. Lo cierto es que el Impuesto de Patrimonio no puede estar obsoleto por la sencilla razón de que está casi por estrenar, apenas se había comenzado a extraer toda su virtualidad.
Se afirma con superficialidad que su único objetivo consistía en ser un elemento de control. No hay por qué negar que ésta podría ser una de sus finalidades –curiosamente, tal cometido parece despreciarse ahora a pesar de las enormes bolsas de fraude existentes–, pero hay otra más importante: la de ser, junto con el Impuesto de Sucesiones y el IRPF, un factor de corrección de la injusta y desigual distribución de renta que realiza el mercado. No es ningún secreto que el sistema económico capitalista produce la acumulación progresiva de recursos y riquezas, y que se precisa de la actuación del Estado, especialmente a través del sistema fiscal, para subsanar tales efectos nocivos.
El Impuesto de Patrimonio puede ser un buen instrumento de socialización, pero precisamente por esto siempre ha contado, tanto en España como en Europa, con la oposición radical de las fuerzas económicas y reaccionarias.
En un sistema fiscal moderno y progresivo, el Impuesto de Patrimonio tiene un importante papel que cumplir. Es evidente que el actual tiene múltiples defectos y lagunas, pero ello debe constituir un motivo para su reforma, nunca para su supresión. Esto me recuerda aquella coplilla de nuestra tradición literaria: “El Señor Don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo hacer este hospital y primero hizo a los pobres”. Nosotros primero creamos los agujeros fiscales y luego, amparándonos en ellos, suprimimos el gravamen.
El grupo almuñequero SKS Teatro estrenará este sábado en el auditorio municipal de Salobreña su nuevo montaje teatral de la obra “Alcestis” de Eurípides “ante el ninguneo que la Concejalía de Cultura del Consistorio sexitano tiene con nosotros, según el director Antonio Cantudo.
Según Cantudo, que se mostró muy crítico con la “nula” actividad cultural que se programa desde el Ayuntamiento de Almuñécar, “si quitamos los conciertos de Juventudes Musicales no hay nada”.
El director de SKS Teatro, que ha realizado varias giras con el grupo de jóvenes almuñequeros por distintas provincias y comunidades de España con el teatro grecorromano, recordó que no es la primera vez que en los últimos años estrena fuera de Almuñécar.
Las palabras de Aznar el pasado lunes todavía retumbaban ayer en Pamplona. NaBai, PSN e IUN salieron al paso de las declaraciones del ex presidente, que en una conferencia en el Hotel Iruña Park aseguró que los navarros tienen la "obligación moral" de evitar que Zapatero continúe en el poder, a quien acusó además de "haber mentido durante toda la legislatura". Los tres partidos coincidieron al señalar que fue el propio Aznar quien dijo que había armas de destrucción masiva en Irak o que ETA estaba detrás del 11-M. NaBai e IUN, sin embargo, fueron más allá, y recordaron al PSN que si la derecha gobierna en Navarra es precisamente gracias a sus votos.
"Lo que sigue siendo incomprensible es que el PSN-PSOE decidiera entregar el Gobierno de Navarra a los socios y amigos de Aznar", subrayó ayer Izquierda Unida de Navarra en un comunicado. La formación también aprovechó las palabras del ex presidente español para recordar al PSN y al PSOE que "se equivocan" si creen que renunciando a gobernar en Navarra "van a moderar las tendencias extremistas de la derecha". "El extremismo de la derecha no se arregla renunciando a gobernar y permitiendo que la derecha permanezca en el poder después de perder unas elecciones. El extremismo de la derecha debe tener enfrente una posición clara y decidida de la izquierda. Y en el caso del PSN esto no existe en absoluto", remarcó. IUN cree además que la derecha ha optado por un discurso político "radical y sectario" tanto para Navarra como para España. "Sus objetivos pasan por imponer la confrontación con el nacionalismo y la bronca de identidades como el eje de la pelea política", incidió ayer la formación de izquierdas.
Izquierda Unida ha puesto en marcha una lucha para garantizar la apostasía. IU considera que el Estado está actuando con “negligencia”, porque a juicio de este partido no garantiza la apostasía. Por ello, el partido liderado por Gaspar Llamazares acudirá a las elecciones del 9-M con la propuesta de transformar la Ley de Libertad Religiosa de 1980 en una Ley de Libertad de Creencias, que obligará a la creación de un registro nacional de apóstatas
Isaura Navarro, diputada por Izquierda Unida, ya planteó en 2007 al Gobierno cómo garantizaría la apostasía “ante los obstáculos de la Iglesia y el incumplimiento de las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos”. El Gobierno respondió que lo único que puede verificarse ante una apostasía es una “anotación marginal en la partida de bautismo del reclamante, haciendo constar el ejercicio del derecho de cancelación”.
Registro de apóstatas
IU pretende poner fin a esto, y para ello propondrá la creación de un registro nacional de apóstatas, en el que podra inscribirse todo aquel que deseé abandonar la religión a la que pertenece. De hecho, el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pepe Masa, ya ha anunciado la creación en su Ayuntamiento de un registro de apóstatas.
“Estado aconfesional”
IU desea que todo ciudadano que quiera abandonar su religión “salga de ella de forma efectiva. Queremos despojar a la Iglesia de su poder de control de los registros, ya que ha decidido no respetar el derecho de apostasía”. De este modo se avanzaría “hacia un Estado aconfesional real”.
Ceremonial laico
Al mismo tiempo, Izquierda Unida desea apostar por la posibilidad del bautismo cívico y el ceremonial laico, reemplazando al baño católico que forma parte de algunos actos oficiales, como por ejemplo la posesión de cargos públicos o los funerales de Estado. “Eso debe acabar ya”, conluye IU.
Iván Sánchez, concejal de IU en el ayuntamiento de Almuñécar ha presentado su renuncia al cargo para que sea tramitada ante la Junta Electoral.
La dimisión de Iván Sánchez se produce ante la imposibilidad de compaginar satisfactoriamente el desempeño de su actividad como concejal y su trabajo profesional como arqueólogo. Recientemente, el concejal de IU ha recibido una oferta de trabajo por dieciocho meses en unas excavaciones en Sevilla, Huelva y Albacete.
Durante el verano, Iván ha estado alternando su labor de concejal con un trabajo de excavaciones arqueológicas en Almería. Esta circunstancia le ha supuesto un esfuerzo importante, pero la escasa duración del contrato aconsejaba esperar.
La nueva oferta de trabajo que ha recibido Iván es de una duración importante y ha puesto al concejal ante el dilema de rechazar el trabajo o presentar la renuncia. Iván decidió explicar el problema a la asamblea local y someterse a su decisión.
La Asamblea Local de IU valora muy positivamente el trabajo desempeñado por Iván en estos meses pero, como compañeros suyos, entendemos que, en estos momentos, no se le puede pedir que renuncie a un trabajo tan atractivo como ilusionante.
La Asamblea de IU quiere poner de manifiesto la forma tan diferente de afrontar los problemas de trabajo en el caso del compañero Iván o en los casos de otros grupos políticos que han preferido rendirse ante Benavides con tal de conseguir dos o tres colocaciones para sus militantes.
En IU estamos muy orgullosos de la dignidad demostrada por el grupo político en general, y por Iván en particular, al resisitirse a las presiones y venganzas que estamos padeciendo por mantenernos firmes en nuestra denuncia de Benavides. Iván Sánchez podría estar liberado desde la misma noche de las elecciones en que Benavides nos tendió la mano para lograr un acuerdo de gobierno. Eso era lo fácil, lo cómodo, pero luego no habríamos podido mirarnos a la cara ni mirar a la cara a nuestros votantes y simpatizantes.
Iván Sánchez, por su parte, ha explicado que ‘la política es algo indigno cuando se convierte en un intercambio de sillones. Preferimos seguir sin concejal liberado, sin secretario de grupo y sin local en el ayuntamiento. Otros grupos políticos que se llenan la boca contra Benavides, no han tenido ningún problema en regalarle, con cargo a nuestros impuestos, catorce liberados, el último de ellos su propia esposa. Si el precio por mantener nuestra postura y nuestra dignidad es que yo tengo que irme a Sevilla a trabajar, lo hago con mucho gusto y con la cabeza muy alta porque yo no soy un profesional de la política y porque sé que el compañero que me va a sustituir lo va a hacer estupendamente'.
El sustituto de Iván es Fermín Tejero, el número dos de la candidatura de IU en las pasadas elecciones. Fermín Tejero es maestro, sindicalista y activo promotor de la plataforma en defensa de las vegas. La Asamblea Local de IU mostró su respaldo unánime a Fermín Tejero para que continúe defendiendo las propuestas de Izquierda Unida en el ayuntamiento.