La Junta pretende dejar en manos de los especuladores urbanísticos la planificación territorial
Ecologistas en Acción ha remitido al Consejero de Turismo las alegaciones contra el Decreto del golf. Los ecologistas mostramos nuestra rotunda oposición a una norma legal que solo pretende más de lo mismo, dejar la planificación del territorio en manos de los especuladores urbanísticos, y fomentar un modelo urbanístico insostenible que está provocando gravísimos impactos sobre los recursos naturales, los núcleos urbanos y el paisaje de Andalucía.
En el borrador de Decreto se asegura que se pretende compatibilizar la promoción del golf con la reducción de los impactos territoriales o medioambientales, sin embargo las propuestas que realiza son casi insustanciales o van en el sentido contrario. No se introduce la obligatoriedad del riego con agua depurada ni la prohibición absoluta del uso del agua de consumo humano; no se limita el uso de agrotóxicos ni incluye medidas para prevenir el enorme impacto ambiental y territorial de este tipo de instalaciones y de los desarrollos urbanísticos anexos.
Así, si se llegan a desarrollar los aproximadamente 100 proyectos de campos de golf, con una media de 700 viviendas por campo (una cifra optimistamente baja a tenor de los desarrollos actuales), aparecerán en el territorio andaluz 100 nuevos asentamientos humanos o “agro-villas golfistas”.
La Junta justifica la promoción del golf en una premisa falsa: la generación de empleo y el fomento de un turismo de calidad. Sin embargo, el turismo de golf posee un peso bastante bajo dentro del sector en Andalucía, tal como queda puesto de manifiesto por la propia Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, que reconoce que el turismo del golf supone una participación de un escaso 1,5% sobre el total.
Un campo de golf emplea entre 25 y 50 trabajadores, y el número de usuarios medio no supera el centenar al día, y para ellos se pretende hipotecar la práctica totalidad del planeamiento de los municipios y buena parte de recursos tan valiosos como el agua y el suelo.
En el Borrador de Decreto no se hace mención alguna al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) ni a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía, documentos normativos y de directrices que deben servir de base para todo tipo de actuaciones sobre el territorio, y más de aquellas que, como los campos de golf y los desarrollos urbanísticos, tienen una incidencia tan marcada sobre el medio ambiente, el territorio y el paisaje.
El modelo territorial que consagra este Decreto está en manifiesta oposición con el promulgado en el POTA, plan que ha sido aprobado por el Parlamento andaluz y por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Baste destacar que el POTA contempla entre sus objetivos:
- Potenciar la ciudad histórica andaluza, de raigambre mediterránea, en tanto que ciudad compacta y de compleja diversidad, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo. El desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en la creación de ciudad que genere proximidad. La prioridad a los nuevos desarrollos urbanos ha de darse a aquellos que se basan en el crecimiento hacia el interior de los núcleos, rompiendo la tendencia a nuevos crecimientos exógenos a los núcleos urbanos consolidados.
- No se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% ni incrementos de población superiores al 30% en ocho años.
- Dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes, evitando los procesos de expansión desligados del sistema urbano preexistente. Favorecer en las áreas turísticas modelos de desarrollo menos consuntivos de suelo y de mayor valor añadido, frente a modelos basados exclusivamente en la promoción inmobiliaria y la oferta de segundas residencias.
- Dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo a la capacidad de carga del territorio y a las posibilidades de acceso a recursos naturales escasos, como el agua.
- Considerar las instalaciones turísticas singulares destinadas al ocio, deporte y espacios libres (campos de golf, parques temáticos…) desde su propio valor añadido, y con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas.
En cuanto al uso del agua, no se plantea reconducir la situación actual -buena parte de las instalaciones hacen un uso irregular del recurso-, sino que aboga por mantenerla. No hay ni tan siquiera un registro de las concesiones de agua a los campos de golf. La Junta pretende seguir permitiendo que los campos de golf se rieguen con aguas subterráneas, de ríos o embalses e, incluso, las destinadas a consumo urbano.
También se ignora que un campo de golf es un cultivo intensivo que requiere la eliminación de cualquier ser vivo que no sea césped, y para ello se hace uso intensivo de fertilizantes y pesticidas.
Ecologista en Acción muestra su más rotunda oposición a la figura de “Campos de golf de Interés Turístico”, por entender que es un subterfugio para convertir unas instalaciones teóricamente deportivas en meras excusas para recalificar terrenos y promocionar desarrollos urbanísticos destinados fundamentalmente al mercado de segundas residencias. No sólo se permitirán grandes desarrollos urbanísticos ligados a los campos de golf –en el Decreto no se especifica número máximo de viviendas- sino que se llega más lejos aún al obligar a revisar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y los Planes Subregionales caso de que no incluyan los campos de golf que se autoricen.
Este Decreto consagra –en contra de mandatos constitucionales y del Estatuto de Autonomía- la ordenación del territorio en función de los intereses privados, ya que a partir de un proyecto privado de campo de golf que se declare de Interés Turístico, se instará a la elaboración de un PGOU o Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional cuya primera premisa vinculante es que tiene que incluir ese campo de golf.
El permitir desarrollos residenciales en los campos de golf no viene más que a demostrar una evidencia: los campos de golf no son rentables por sí mismo, lo que debería llevar a su desestimación. Todo el Decreto viene a subvertir el supuesto carácter deportivo del golf, y demuestra que el interés de los promotores no es el deportivo, sino el especulativo.
El hecho de que la decisión de declarar un campo de golf de “Interés Turístico”, y por tanto la posibilidad de desarrollos inmobiliarios, sea de carácter político, con una Comisión Técnica compuesta exclusivamente por representantes políticos de la Junta de Andalucía, aumenta aún más la discrecionalidad de este trámite de enorme repercusión, y permitirá y fomentará todo tipo de presiones y corruptelas.
Por todo ello, Ecologistas en Acción demanda a los máximos responsables de la Junta de Andalucía -especialmente a las Consejeras de Medio Ambiente y Obras Públicas-, a que se opongan a la aprobación de este Decreto del golf y que se elabore uno que venga a garantizar el uso del territorio en base al interés general de los ciudadanos y la preservación de los recursos naturales y de los núcleos urbanos tradicionales de Andalucía.
