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Almuñécar contra la corrupción

IU relaciona un escrito de la Junta con la apertura precipitada del hotel Bahía

IU relaciona un escrito de la Junta con la apertura precipitada del hotel Bahía

El 29 de julio de 2006, IU envió a los medios de comunicación una nota preguntando qué había cambiado en la situación del Hotel Bahía para que Benavides cambiara una decisión comunicada a los ciudadanos el seis de julio.

Ese seis de julio, Benavides había asegurado que  ‘aunque las obras del hotel están prácticamente terminadas, el hotel y el parking forman parte de la misma construcción y por tanto debe de haber una garantía absoluta de que éste está en condiciones de funcionar antes de que el hotel se abra’. Benavides afirmó ese día que ‘Mientras que esas garantías no las tengamos no vamos a permitir que se descuelgue un proyecto de otro’. 

En abierta contradicción con esas declaraciones, el alcalde dijo veinte días después que ‘‘el hotel está prácticamente terminado y los promotores ya llevan a cabo los trámites de licencias de apertura. El hotel estará terminado el próximo febrero, pero el establecimiento podría abrirse para el mes de agosto’.

En aquel momento no entendimos ese cambio de criterio. ¿Por qué se permitía al hotel abrir antes de terminar el aparcamiento si todo formaba parte del mismo proyecto? ¿Qué es lo que había cambiado desde el día 6?  En IU tampoco entendíamos cómo se decía que el hotel estaba prácticamente terminado (es decir, sin terminar), y ya se le iba a conceder licencia de apertura.  

Ahora, todo está más claro. Hemos sabido que en julio, el ayuntamiento recibió un escrito de la Junta de Andalucía en el que le pedía que revisara la licencia de obras. Y ese escrito precipitó el cambio de criterio de Benavides, permitiendo que el hotel se abriese para enfrentar a la Junta y a la Justicia con hechos consumados. 

IU anuncia que va a presentar denuncia en Fiscalía para que se aclare si hubo alguna irregularidad en la concesión de la licencia de apertura del hotel antes de concluir el parking y si el hotel cumplía el resto de requisitos de obligado cumplimiento que se exige a cualquier instalación hotelera para poder abrir al público.

Izquierda Unida reclama un pacto entre todos los partidos para, de acuerdo con la FEMP, fijar unos límites para los sueldos de alcaldes y concejales

Izquierda Unida reclama un pacto entre todos los partidos para, de acuerdo con la FEMP, fijar unos límites para los sueldos de alcaldes y concejales

Izquierda Unida quiere que se alcance un acuerdo entre todas las formaciones políticas para que, de acuerdo con los criterios que marque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y respetando la autonomía municipal, se establezcan unos límites para los sueldos de alcaldes y concejales.

La responsable de la Secretaría de Política Municipal y Autonómica, y diputada de IU, Montserrat Muñoz, considera que “la ausencia de una regulación legal ha permitido que el debate de las retribuciones de los cargos públicos locales se haya convertido en un tema recurrente y que, ante la ausencia de un marco global se hayan producido aprobaciones de salarios que en ocasiones causan escándalo en la ciudadanía”.

Muñoz detalla que “para corregir estos abusos que, no por puntuales dejan de ser significativos, desde IU entendemos que es conveniente adoptar medidas dirigidas a establecer un marco global en el que se puedan fijar las retribuciones de los cargos públicos locales”.

La dirigente federal de IU detalla las tres medidas más significativas a tomar en un primer momento:

• Establecer una horquilla para las retribuciones de alcaldes y concejales de acuerdo con los criterios de la FEMP que permita que cada ayuntamiento en ejercicio de su autonomía local pueda fijar sus retribuciones, atendiendo siempre a unos criterios objetivos que no se podrán sobrepasar.

• Que a estos efectos los criterios objetivos a tener en cuenta tengan en cuenta, entre otros, la población del municipio, el presupuesto anual del mismo y la situación financiera del ayuntamiento.

• Favorecer un gran acuerdo de los partidos respecto a los criterios y cuantías, todo ello logrando un consenso en el marco del Pacto Antitransfuguismo y, en su caso, con su posterior incorporación a la legislación básica local.

Montserrat Muñoz recuerda que “hasta ahora, la regulación legal otorga al Pleno de la Corporación la facultad de fijar el salario de sus alcaldes y concejales. Habitualmente se fijan en el primer Pleno después de la constitución de los ayuntamientos y se aprueban en el marco del acuerdo global del Pleno de Organización. En éste, además, se discuten el número de liberados con dedicación exclusiva del gobierno local y de la oposición, las dietas y el personal de confianza política a designar”.

Pedro Pacheco lo dijo: La justicia es un cachondeo

Pedro Pacheco lo dijo: La justicia es un cachondeo

Han absuelto, por ahora, al señor presidente de Tropical Fruit

Ahora que vemos como los jueces entran en la cárcel. Ahora que vemos como los grandes delincuentes tienen los mejores abogados. Ahora que vemos como se compran notarios, registradores de la propiedad, policías. Ahora que recordamos como se abuselve a mujeres de alcaldes porque prescriben sus delitos. Ahora... Ahora es bueno recordar algunas de las absoluciones famosas que hemos vivido en estos últimos años. Sólo vamos a colocar aquí un pequeño resumen de absoluciones referidas a delincuentes evidentes cercanos en el mapa y en el tipo de negocios. Va por ustedes este pequeño dossier de prensa.

El Mundo

11-10-2000

La Audiencia de Málaga inhabilita a Gil durante 28 años para el cargo de alcalde

La Audiencia Provincial de Málaga condenó ayer a Jesús Gil en el conocido como caso de las camisetas a 28 años de inhabilitación especial para el cargo público de «alcalde de Ayuntamiento u otro análogo» por cuatro delitos de prevaricación. La sentencia le absolvió de los delitos de malversación, estafa y falsificación que le imputaba el fiscal anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado para Gil, durante el juicio, una condena de 29 años por falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los magistrados Fernando González Zubieta y Lourdes García Ortiz afirman en el apartado de «hechos probados» que Gil, en su doble condición de alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, autorizó y tuvo conocimiento de las irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación del pago de 450 millones de pesetas por parte del Ayuntamiento marbellí al club.

 El Tribunal refleja en la sentencia las ilegalidades cometidas en el contrato de las camisetas: se hizo sin consulta ni autorización de los órganos municipales competentes y no hubo reflejo registral ni control fiscal de las operaciones. La sentencia recuerda, además, que no se incoó expediente administrativo ni existió una dotación previa del crédito, no fue informado el Pleno y el interventor municipal no se enteró de su existencia hasta tres años después.

El Tribunal exonera a Gil y al resto de los acusados de un delito de malversación porque, según la sentencia, «es preciso acreditar con absoluta nitidez que ha habido apropiación y establecerse con la misma precisión el quantun».  

ABC

La Audiencia de Málaga absuelve a Gil por falta de pruebas en el «caso jinete»

13-12-2002 

La Audiencia Provincial de Málaga absolvió ayer al ex alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, de un delito de malversación de caudales públicos en su etapa como regidor del municipio costasoleño. La Audiencia considera que no hay pruebas suficientes de que Gil desviara fondos del Ayuntamiento marbellí en 1995 para promocionar caballos de su yeguada particular, «Valdeolivas».

 De igual modo, la Audiencia ha absuelto al actual alcalde de Marbella y sucesor de Gil, Julián Muñoz; a Miguel Ángel Gil Marín, hijo del presidente del Atlético; al abogado y gerente de la sociedad municipal Eventos 2000, Modesto Perodia; y al jinete profesional Juan Matute. Estaban acusados bien de malversación, bien de simulación de contratos, y la Fiscalía Anticorrupción reclamaba para todos ellos penas de entre dos y cuatro años de prisión.

En la sentencia, la Sala dice tener dudas de que los acusados realizaran «una desviación o sustracción de fondos públicos». Por ello, y ante «el insuficiente acervo probatorio que ha sido traído a juicio», la Sala llega a la conclusión de que debe absolver a todos los acusados en virtud del principio «in dubio pro reo» (en caso de duda, fallar a favor del reo).

 Jesús Gil se mostró satisfecho y contento con el resultado de la sentencia, ya que «es la séptima victoria que consigo contra la Fiscalía Anticorrupción». Para Gil, la Fiscalía es «la inquisición admitida por ley». El ex alcalde criticó al PSOE por criminizalizar la vida municipal y dijo que la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga está «muy probada». En su opinión, el PSOE, que ejercía la acusación particular, debe darse cuenta de que no se puede criminalizar la administración de justicia para ganar el Ayuntamiento. «Las elecciones -dijo- hay que ganarlas en las urnas y no en los tribunales». Gil añadió que existe una «persecución» contra él y su familia y pidió «objetividad e imparcialidad para los fiscales».Para el ex alcalde, «todo lo que sea demostrar que no se mete la mano en el cajón es bueno para el GIL».  

El País

9-7-2004

El Supremo absuelve a Jesús Gil y a Cerezo de apropiación indebida

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha absuelto al fallecido presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil, y al actual presidente del club, Enrique Cerezo, del delito de apropiación indebida por el que la Audiencia Nacional les condenó a dos años de cárcel, a pesar de que había prescrito. Cerezo y los herederos de Gil no tendrán que devolver al club 236.056 acciones. En cambio, confirma el año y medio de prisión por estafa al director general del club, Miguel Ángel Gil Marín. El Supremo da un varapalo a la Audiencia Nacional por cambiar su fallo al aclarar la sentencia.

La Opinión de Málaga

24-6-2006

Absuelven a Julián Muñoz y siete ex ediles por un delito urbanístico

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz quedó hoy absuelto junto a siete ex concejales del Ayuntamiento marbellí de un delito contra la ordenación del territorio al autorizar una licencia de obras, supuestamente en zona verde, a la entidad Moansa, SA. En la resolución, a la que tuvo acceso Efe, se destaca que "la actuación de los acusados fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, pero que no excede del ámbito de la mera ilegalidad y queda lejos de las exigencias objetivas y subjetivas requeridas por el delito de prevaricación administrativa".

En este sentido, el magistrado entiende que "no puede trasladarse al campo del derecho penal toda irregularidad administrativa porque ello nos llevaría a una exacerbación del derecho punitivo". El juez subraya que los Juzgados de lo Penal deben sancionar en aquellos casos en los que la actuación administrativa no sólo sea ilegal sino "injusta y arbitraria".

El País

19/07/2006

Un juez absuelve a Julián Muñoz de prevaricación y delito urbanístico

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha absuelto al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz de dos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La causa estaba relacionada con las obras de acondicionamiento de una parcela de la urbanización Marbella Sierra Blanca, propiedad de la sociedad Development Project, dirigida por el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román.También han quedado absueltos un hijo de Román y el administrador único de la empresa, Juan D.

Muñoz firmó un decreto en 1998 para autorizar a la sociedad a habilitar un camino de acceso y asfaltarlo hasta el interior de dicha parcela, que fue calificada en 1985 como reserva para la autopista. La sentencia del juez indica que "ni las obras ni la licencia que las ampara implican una frontal vulneración de las normas urbanísticas vigentes y aplicables, y no se ha producido alteración, daño o menoscabo de intereses colectivos". Aunque reconoce que las actuaciones excedieron la licencia otorgada puesto que se hizo el alcantarillado, acerado e iluminación, el magistrado concluye que "no se vieron afectados espacios naturales especialmente protegidos", según los informes de la Consejería de Medio Ambiente.

ABC

«La justicia en Andalucía está secuestrada»

27-10-2006

El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) anunció ayer que recurrirá por «dignidad» y en la medida de sus posibilidades la sentencia que absuelve a la duquesa de Alba, y lamentó: «La justicia en Andalucía está secuestrada». Desde el SOC denunciaron a Efe que «ese juicio ya tenía sentencia antes de poner la denuncia». El sindicato exige que la duquesa «se retracte» de sus palabras.

El Supremo ratifica la paralización de una recalificación en la Punta de la Mona

El Supremo ratifica la paralización de una recalificación en la Punta de la Mona

El Tribunal Supremo, TS, ha desestimado los cuatro recursos de casación que el Ayuntamiento de Almuñécar y la Comunidad de Propietarios Punta de la Mona interpusieron contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que suspendía la aprobación del estudio de detalle de la urbanización Punta de la Mona.

Los recursos solicitaban la improcedencia de la suspensión del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de febrero de 2003, en el que se aprobó el estudio de detalle para la ordenación de volúmenes y zonas verdes privadas en parcelas ubicadas en la urbanización. El TSJA pedía también una previa prestación de caución o garantía mediante aval bancario hasta cubrir 500.000 euros, cuya impugnación también ha sido desestimada, según la sentencia del TS.

Los motivos que alegó el Ayuntamiento en su recurso desestimado se remiten a que "sólo pueden suspenderse los actos de la Administración Pública cuando, de no ser así, el recurso perdería su finalidad legítima" o que "podrá denegarse la medida cautelar cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales", entre otras razones. Sin embargo, la sentencia señala que se desestima cada uno de los recursos porque "si el Estudio de Detalle aquí impugnado no se suspende, la ordenación que prevé daría lugar a la edificación de la parcela sobre la que se sitúa su edificabilidad" y "realizada la construcción, transmitidos a terceras personas los inmuebles resultantes, la reposición de las cosas a su estado anterior que habría de exigir la sentencia estimatoria sería de una extrema dificultad, como la experiencia en casos similares nos enseña".

Benavides sale absuelto de una ruina millonaria porque su Ayuntamiento no ayudó a investigarla

Benavides sale absuelto de una ruina millonaria porque su Ayuntamiento no ayudó a investigarla

El perito no vio papeles clave sobre el caso 'Tropical Fruits' porque fueron robados del Consistorio

La Audiencia Provincial de Granada acaba de dictar una sentencia que absuelve a Benavides y otras diez personas de negligencia en la gestión de la sociedad 'Tropical Fruits', participada mayoritariamente por el Ayuntamiento sexitano y que acabó arruinada: decenas de vecinos de Almuñécar resultaron perjudicados por el desplome de la empresa. La sentencia revoca una anterior condenatoria de un juzgado de Primera Instancia de Motril.

En la nueva resolución judicial, prolija y enrevesada para el profano en la jurisdicción Civil, destacan algunos argumentos que, vistos desde fuera, resultan, cuando menos, chocantes. Los magistrados, por ejemplo, recuerdan que el Ayuntamiento sexitano, titular «del 83,17% del capital social de 'Tropical Fruits'», se negó a aportar documentación que, en teoría, iba a servir para esclarecer las razones del derrumbe de la sociedad, pensada para comercializar los exclusivos frutos tropicales del litoral granadino.

Es decir, que el Consistorio, que se supone que debería ser el más interesado en colaborar en el esclarecimiento de los hechos, no colaboró. El Ayuntamiento estaba presidido por Benavides, que también era uno de los demandados. La demanda se interpuso en 1992, cuando gobernaba el PSOE. Las siguientes elecciones las ganó Benavides y, de esta forma, se produjo la rocambolesca circunstancia de que el controvertido alcalde sexitano pasó a estar querellado contra sí mismo.

Para colmo, los libros contables de la sociedad 'Tropical Fruits' fueron robados misteriosamente. Estaban depositados en dependencias municipales y, supuestamente, desaparecieron. Según informaron fuentes relacionadas con la comisión liquidadora, el robo nunca se denunció. Otro detalle sorprendente. Así las cosas, el perito designado para examinar los papeles de 'Tropical Fruits' tuvo que conformarse con bien poco. Incluso llegó a manifestar que nadie facilitó su labor -las entidades de crédito involucradas en este asunto tampoco facilitaron informes-.

Con tantas y tan clamorosas ausencias de colaboración, el técnico «llevó a cabo una pericial incompleta, sesgada, sin soportes contables e imprecisa». Y, dado que era la prueba clave, la Audiencia viene a decir que en esas condiciones es imposible sostener la condena. «No se ha probado con el mínimo rigor requerido la cantidad de la pretendida pérdida contable -de 'Tropical Fruits'-». El desenlace no deja de ser paradójico: Benavides ha salido absuelto porque el Ayuntamiento que él presidía no ayudó a que la investigación prosperase. Y luego está la guinda del robo de los informes sobre el funcionamiento de la sociedad... Todo muy raro.

Meyer y Cappato interpelan de nuevo a la comisión europea sobre un impuesto municipal que favorece a la iglesia católica

Meyer y Cappato interpelan de nuevo a la comisión europea sobre un impuesto municipal que favorece a la iglesia católica

El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer y el italiano Marco Cappato han interpelado de nuevo a la Comisión Europea por el impuesto municipal sobre "Construcciones, Instalaciones y Obras" (ICIO) que grava la realización de obras y que podría estar favoreciendo a la Iglesia católica, contraviniendo el Derecho Comunitario.

En el año 2001 a través de una Orden Ministerial "la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas (...)" quedan total y permanentemente exentas de dicho Impuesto.

En las preguntas a la Comisión se señalaba que "el estado español está concediendo la exención a obras relacionadas con actividades económicas en las que la Iglesia católica actúa como empresa, es decir, a explotaciones comerciales que realizan en clara competencia con otras empresas privadas que sí están sujetas al ICIO." Así lo han documentado los diputados, dando como ejemplos la construcción de escuelas privadas, universidades privadas, hospitales privados, obras en emisoras de radio privadas, entre otros.

Efectivamente, la última respuesta de la Comisaria de la Competencia, la Sr. Kroes, recibida el pasado mes de abril, reconocía poder haber malinterpretado las disposiciones fiscales españolas pertinentes que regulan el ICIO, y se comprometió a pedir a las autoridades españolas que aclasen el ámbito de aplicación de la exención en cuestión.

Por este motivo, Meyer y Cappato han querido demandar de nuevo a la Comisión sobre estas aclaraciones que debieran haber sido remitidas por las autoridades españolas, y qué tipo de pasos va dar la Comisión para subsanar el error.

El juez suspende la licencia del hotel Bahía

El juez suspende la licencia del hotel Bahía

Así es la Justicia. El hotel ya está construído y abierto. ¿Podrá la Justicia cerrarlo? ¿Pagará alguien por haberse saltado a la torera las normas? ¿Habrá cobrado alguien por autorizar que se levanten nueve plantas donde se podían levantar cuatro? ¿Es una demagogia hablar de Marbellécar? 

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Granada ha suspendido la licencia de primera ocupación concedida en enero de 2007 por el Ayuntamiento de Almuñécar al hotel Bahía, en la avenida de Juan Carlos I. El auto -que es recurrible- impide que se abra al público el cuatro estrellas mientras que no se resuelva el pleito que mantiene la Junta con el Ayuntamiento. El establecimiento, que se inauguró hace casi un año, está incluido en los principales circuitos turísticos para este verano.

El contencioso entre las dos administraciones no es el único frente judicial en el que está inmerso el hotel sexitano. Según ha podido saber IDEAL, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha presentado recientemente una denuncia en el juzgado por posibles irregularidades en la construcción del establecimiento. El fiscal jefe del TSJA reabrió la investigación en diciembre de 2006 al apreciar indicios de delito en la altura del edificio y para aclarar por qué se había construido un hotel en una parcela que estaba destinada a equipamientos.

El Bahía de Almuñécar se bautizó popularmente como el hotel de los 'galácticos'. Con la promoción del establecimiento se ha relacionado a astros del fútbol como Fernando Morientes o los ya retirados Carlos Aguilera, Amavisca o Roberto Ríos. Alguno de ellos participó en la presentación del proyecto en un acto celebrado en Madrid en marzo de 2004. La misma sociedad ya tiene otro hotel en Almuñécar, abierto en 2001, el Bahía Tropical, por donde han pasado futbolistas internacionales. 

En enero de 2007 la Junta de Andalucía abrió un expediente con el que proponía la impugnación de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en febrero de 2005.  Según el gobierno andaluz, la tramitación del proyecto ha sido supuestamente irregular. Primero, el Ayuntamiento cambió el uso de una parcela propiedad municipal que estaba destinada a equipamiento público. A través de una modificación puntual -una figura urbanística recurrente en Almuñécar-, el solar se convirtió en suelo de uso «residencial hotelero exclusivo». La Comisión Provincial de Urbanismo emitió informe desfavorable en 1998 para frenar este trueque, pero el Ayuntamiento de Almuñécar siguió adelante, según el informe de Obras Públicas.

Después, el pleno municipal acordó desprenderse del solar, ya listo para que se levantara un hotel. Con los cambios también se había conseguido pasar de «una edificación de cuatro plantas con uso equipamental, a una de nueve plantas con uso hotelero».  En total, el hotel supera en 3.366 metros cuadrados la edificabilidad que había prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), subraya Obras Públicas.

No es el único hotel de Almuñécar sujeto a revisión. El pasado mes de abril, una sentencia del TSJA anuló un permiso del año 2000 para construir seis hoteles en el municipio costero. El problema es que tres de estos establecimientos ya están terminados, entre ellos el primer hotel de los peloteros. El acuerdo impugnado lo votó el Ayuntamiento almuñequero cuando estaba gobernado por una coalición formada por PP-PSOE. Esta vez no se le puede achacar en solitario al controvertido Juan Carlos Benavides.

Ávila Rojas pagó 5 millones de euros a Roca

Ávila Rojas pagó 5 millones de euros a Roca

El pobre Ávila Rojas, un benefactor a juicio de muchos, un creador de riqueza y empleo a juicio de los mismos, un buen hombre donde los haya, a juicio otra vez de los mismos, también tuvo que pagar para construir. Lo que no dice el señor Rojas es que pagaba para poder construir donde el PGOU no lo permitía. Es lo mismo que pasaba en Alhaurín. ¿Estará pasando eso también aquí? ¿La gente que construye pisos en este pueblo en zonas en las que no se puede construir más que naves, ¿habrán tenido también que pagar? Nooooo, que va. Aquí no hay corrupción. Aquí, si acaso, lo que hay es un acoso inmoral de algunos medios de comunicación. Eso es.

"Roca era insaciable y siempre quería más dinero". Así cierra José Ávila Rojas su segunda declaración -más bien ampliación de la primera- ante el juez que instruye el caso Malaya, de corrupción urbanística en Marbella, y que el martes levantó el secreto de sumario sobre miles de folios. El testimonio, al que ha tenido acceso Granada Hoy, se produjo el 28 de mayo a raíz de la detención del abogado Juan Hoffman, con el que el empresario granadino hizo un negocio para la compra de una sociedad suiza (Yambali) que disponía en Puerto Banús de "una parcela interesante".

El promotor granadino -en libertad bajo fianza de 500.000 por delitos de cohecho- reconoce que los pagos a Roca, que se produjeron dos días antes de la detención del cerebro del urbanismo marbellí, se efectuaron a cambio de tres licencias de primera ocupación, ya que, según dijo al juez, estaba seguro de no obtenerlas si no entregaba el dinero. Y accedió a pagar porque tenía las viviendas vendidas y "la gente prácticamente dentro de sus casas", añadió. De las tres promociones para las que obtuvo licencias mediante pagos a Roca, Ávila Rojas acertó a recodar en su declaración la de Brisas de los Naranjos y Río Real.

No obstante, el promotor granadino aclaró que José Antonio Roca le confesó que le pedía esas cantidades "para poder pagarle a los concejales", aunque Ávila Rojas se muestra convencido que exigía esos pagos porque "era insaciable y siempre quería más dinero".

Con todo, un informe policial de la Udyco estableció en su momento la existencia de 22 pagos de Ávila Rojas a José Antonio Roca que sumaban 5.013.897 euros con el objetivo de obtener resoluciones urbanísticas favorables.

En su nueva declaración, Ávila Rojas distingue entre el dinero que apresuradamente le exigía Roca para conseguirle las licencias de primera ocupación y las comisiones que se embolsaba el asesor de Urbanismo de Marbella por su intermediación en operaciones inmobiliarias. Así, Ávila Rojas asegura que el asesor urbanístico de Marbella se quedó con 2,1 millones de euros correspondiente al cinco por ciento de la compra de una parcela en La Trinidad en la que actuó como intermediario, y no en efectivo sino mediante la ejecución de unas obras en un hotel de Murcia propiedad de Roca.

Acerca de la adquisición de la sociedad Yambali 2000, el promotor granadino dijo que la oferta partió del abogado Juan Hoffmann y que cuando la compró desconocía que Roca y el primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, fuesen socios de la misma. Recordó que la paralización de las obras en la parcela de Yambali se produjo cuanto tenía "casi todas las 114 viviendas vendidas", por lo que tuvo que devolver el dinero.

En ese terreno se proyectó una torre de 24 plantas, pero se redujo a siete porque la Junta de Andalucía "dejó caer que permitiría la construcción siempre que se adaptara a las construcciones de las parcelas del entorno", manifestó.

Alhaurín: Serón cobraba 6.000 euros por cada casa de más que dejaba construir

Alhaurín: Serón cobraba 6.000 euros por cada casa de más que dejaba construir

Este es el alcalde que hace poco montó una mani a la puerta de la cárcel para apoyar a los empresarios. Estos son los empresarios que hace unos meses montaron una mani a la puerta de la cárcel para apoyar al alcalde. Hoy por ti, mañan por mí. 

La instrucción judicial de la operación Troya contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha sacado a la luz "el precio del soborno" presuntamente exigido por el alcalde, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra Gil (PP), a cambio de la concesión de licencias de obras: 6.000 euros por cada vivienda extra -fuera de planeamiento- y 80 euros por cada metro de exceso de edificabilidad. Así consta en un amplio informe que la Policía Nacional remitió al juez del caso, Carlos Peinado, el pasado 6 de junio, incluido en el sumario de la causa.

Las detenciones de ambos políticos el pasado 18 de enero fueron las primeras de las 22 practicadas en el marco de la operación Troya, por la que actualmente hay 24 personas imputadas. La mayoría son pequeños empresarios de la construcción que habrían abonado de 6.000 a 168.000 euros a cambio de licencias urbanísticas que vulnerarían el planeamiento urbanístico.

El informe policial recoge doce casos de presuntos sobornos, relativos a permisos otorgados en su mayor parte entre los meses de diciembre de 2005 y abril de 2006. Los agentes se han basado en la documentación que guardaba Guerra y en la que figuran los nombres de los promotores y junto a ellos, una cantidad en concepto de "comisión" que "responde al incremento de edificabilidad/número de viviendas sobre el máximo establecido en el PGOU correspondiente".

La suma de las cantidades que el alcalde y el edil presuntamente exigieron a esos doce promotores o constructores asciende a casi 750.000 euros. Y la concesión de las respectivas licencias habría dado vía libre a la construcción de 200 viviendas, de las que sólo la mitad estarían amparadas por el planeamiento en vigor.

El caso más llamativo, en cuanto al volumen de la comisión supuestamente exigida, es el de un solar propiedad de Los Rosales de Churriana donde sólo se podían construir 21,95 viviendas. Según consta en el sumario, el pago de más de 168.000 euros habría permitido a esta empresa edificar hasta 47 casas.

El expediente policial de la entidad Malcoreva, participada por cuatro socios también imputados, refleja que los empresarios supuestamente abonaron al Ayuntamiento 100.000 euros para poder edificar 21 viviendas en la calle Blas Infante donde estaban proyectadas cinco, en base a la normativa urbanística. La entrega del dinero quedó recogida en los soportes intervenidos.

La valoración policial es contundente. A juicio de los investigadores, la información "acredita la metodología seguida por el alcalde/concejal en la instrumentalización del cobro de cantidades perfectamente tasadas a cambio de licencias urbanísticas. Cantidades que no parecen repercutir en las arcas del Ayuntamiento y en el bien público de la localidad".

Según el sumario, los constructores pagaban a través de la sociedad de "movimientos de tierra" Conextran SL. La relación con el Ayuntamiento es que "la mujer del dueño de la misma trabaja con la esposa del alcalde, que tiene una gestoría".

Llamazares traslada a Correa la apuesta de IU por un plan de integración de inmigrantes

Llamazares traslada a Correa la apuesta de IU por un plan de integración de inmigrantes

 Gaspar Llamazares, trasladó hoy al presidente de Ecuador, Rafael Correa, su intención de trabajar para lograr un "plan de integración" de inmigrantes "intenso y fuerte, que se base fundamentalmente en la mejora de los servicios públicos. Esa es la mejor forma de cohesionar a españoles a inmigrantes para evitar cualquier tipo de xenofobia y desconfianza", al tiempo que recordó que la política inmigratoria de IU se basa en la "defensa del derecho de voto de los inmigrantes en España". 

"En política exterior para América Latina, la intención de IU es contribuir a superar lo que creemos que es un prejuicio de la política española, los denominados populismos, que es una visión chata de la realidad latinoamericana. A Correa, Morales, Chávez o a la presidenta chilena no se les puede incluir en ese cliché, porque en América Latina hay una realidad muy diversa y experiencias positivas de la izquierda", expuso.

Llamazares trasladó a Correa que trabajará para que España "no caiga en esos prejuicios", y para que la política exterior española "promueva una mayor responsabilidad social de los intereses económicos en América Latina, de las multinacionales allí instaladas". En el caso concreto de Ecuador, resaltó que son Repsol y Telefónica "las principales" empresas españolas en el país.

Otro tema que tuvo su espacio en la reunión fue el del proceso político interno ecuatoriano, donde el próximo mes de septiembre tendrá lugar la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente. "Tenemos un respaldo muy claro a lo que representa Correa y la izquierda en Ecuador", concluyó Llamazares.

Willy Meyer, denuncia ante el pleno del Parlamento Europeo que España está a la cabeza en índices de siniestralidad laboral

Willy Meyer, denuncia ante el pleno del Parlamento Europeo que España está a la cabeza en índices de siniestralidad laboral

El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha querido alzar la voz en señal de alerta por los altos índices de siniestralidad laboral en España. En su intervención, Meyer ha destacado que en España se producen 7.600 accidentes por cada 100.000 empleados. "Esto supone un 20% de los accidentes laborales en la Unión, cifra que casi dobla la media comunitaria. Los datos estadísticos reflejan una realidad estremecedora: como media, cada semana se producen tres muertes en accidentes laborales".

"Estos datos muestran que necesita producirse un cambio de orientación meridiano en cuanto a la política de seguridad laboral. Las centrales sindicales llevan tiempo señalando a la subcontratación como una de las causas del aumento de la siniestralidad". "El crecimiento salvaje- continuó- no tiene en cuenta la seguridad y los derechos laborales". Meyer concluyó "tras estos ejemplos estremecedores es más necesario que nunca que todas las autoridades, no sólo las españolas, aúnen esfuerzos para promover un cambio radical en la política laboral, un cambio que se base en la calidad del empleo como manera de acabar con la siniestralidad laboral."

Se duplica la venta de armamento español

Se duplica la venta de armamento español

La exportación de material militar español alcanzó el año pasado los 845 millones de euros. La cifra supone más del doble que el año anterior, y refleja una progresión ascendente que ha llevado a que el volumen de venta se haya multiplicado por seis desde el año 2000. Sin embargo, más allá de las cifras, diferentes ONG denuncian que se está violando el código de conducta de la UE al enviar armas españolas a países en conflicto o donde se producen frecuentes abusos de los derechos humanos. Y la falta de transparencia sobre las ventas hace aún más difícil su control.

Vehículos de combate para Marruecos (más de tres millones de venta de material militar entre 2002 y 2005, incluyendo sustancias químicas, bombas y misiles), materiales y equipos nucleares de doble uso a China (entre otros productos incluidos en los 25 millones de euros de armas vendidos al país asiático en el mismo período); además de las ventas a Estados Unidos, Pakistán, Camerún, Emiratos Árabes o Tanzania.

La exportación militar española no hace apenas distinciones políticas (pudiendo vender armas a países ideológicamente tan diferentes como Venezuela o Colombia). Ni tampoco se detiene demasiado en valorar su probable uso: Israel, en los últimos años, invirtió más de tres millones y medio de euros en la industria española para hacerse con torpedos y cohetes, entre una larga lista de materiales. Es más, en este caso se da la paradoja de que las tropas españolas en Líbano realizan tareas de desactivación de bombas lanzadas por Israel; un material que, además de a otros países, el Estado hebreo compra a la industria española.

Estos datos aparecen recogidos en el informe Comercio de armas en España: Una ley con agujeros, un dossier elaborado por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace que denuncia que el Gobierno español sigue violando el código de conducta de la Unión Europea que prohíbe vender armas a países con conflictos abiertos o donde se vulneran los derechos humanos.

Las críticas llegaron esta vez en un momento especialmente importante en el plano político. A finales de diciembre de 2006, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de Defensa y doble uso. El proyecto, que llega tras años de presiones por una mayor transparencia en el control de armas, lleva desde entonces en trámite parlamentario. Pero, en opinión de las ONG, es poco probable que con el actual borrador vayan a desaparecer las lagunas habituales de Defensa al dar las cuentas sobre este asunto.

En opinión de Mónica Costa, de Amnistía Internacional, “la información que se ofrece es claramente insuficiente”. A su juicio, el actual proyecto supone un avance en dos puntos. Por primera vez se informa la naturaleza del destinatario (público, fuerzas armadas o privado) y se señalará además el volumen de material de caza. Sin embargo, considera Costa, “seguimos sin saber qué exportamos exactamente, cuáles son los criterios que se siguen y por qué se autorizan las licencias. Pensamos que es el momento de hacer un esfuerzo para tener una buena ley, no una propuesta de mínimos”.

Desde Intermón Oxfam, Ricardo Magán lamenta además la lentitud con la que se está llevando el trámite parlamentario. “Los plazos se están retrasando de manera injustificada. Hemos llegado al verano y no se ha constituido la ponencia para discutir el texto. Pensamos que no ha habido voluntad política para meterlo en la agenda”, afirma.

Además, mejorar la transparencia actual sobre el comercio de armas no debería ser complicado. Un aspecto que genera grandes críticas es que los informes oficiales de Defensa no especifican los productos concretos, sino que se continúa usando un sistema de categorías. Y cada una de ellas abarca materiales muy diferentes.

“El problema es que las categorías son muy amplias. Algunas van desde vehículos sumergibles a equipos de natación subacuática. A China, por ejemplo, se vende material de la categoría 0, que incluye desde uranio empobrecido a electrodos de grafito. Vender millones de euros sin decir si estás vendiendo una cosa u otra. cuando menos, despierta sospechas”, apunta Ricardo Magán.

A esto se suman casos de ventas de las que directamente no se informa. Los datos de Defensa y los de aduanas no siempre coinciden. “El caso más específico es Colombia, donde no aparecen datos de guerra, sino material de doble uso, que puede ser utilizado como material de Defensa”, señala Mónica Costa, quien denuncia cómo “la falta de información genera menos control”. Así, la venta de 15 carros lanzaobuses a Colombia por valor de 13 millones de euros ‘desapareció’ de los informes.

Y la falta de control sobre el doble uso también se nota en África subsahariana, donde España ocupa el primer lugar como exportador de munición, con un volumen dos veces superior al de Francia y tres veces mayor que el de EE UU en 2005. Ghana, donde el año pasado se exportó un total de 3,2 millones de euros, es el principal destinatario de municiones de fábricas españolas. Este comercio no está sujeto a control ni aparece en las estadísticas oficiales. Para el Gobierno se trata en exclusiva de material de “caza y tiro”.

Pero Ricardo Magán desconfía. “Es algo lo suficientemente sintomático como para que los políticos decidan que este material debería tenerse en cuenta. No tiene mucho sentido que vendamos 500 millones de cartuchos a un país que tiene 20 millones de habitantes y que practica poco el tiro deportivo”.

De cara al proyecto de ley, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam han exigido un cambio drástico en la política de Defensa. En el informe sobre comercio de armas recogen una serie de prácticas (descripción del producto exportado, medidas de control de intermediarios, financiación de las transferencias) que ya se aplican en otros países. De hecho, la falta de transparencia en el comercio de armas contrasta con la información que ofrecen otras potencias. “Países con mayores industrias armamentísticas son más transparentes con la venta de armas a su ciudadanía. Explican qué están exportando exactamente.

A EE UU se le puede hacer críticas por vender armas a todo el mundo, pero en sus informes aparece todo detallado”, apunta Magán. Con un fuerte gasto en inversión militar (58 millones de euros diarios, si se calculan los últimos presupuestos militares, la industria española de armamento figura como octava del mundo). La mayor parte del comercio termina en países de la OTAN y la órbita europea. Pero la falta de control genera polémicas cada cierto tiempo. Como en 2003, cuando el envio de munición a Sudán en medio de la crisis humanitaria entre las milicias del Gobierno y los grupos rebeldes violó el embargo de la UE.

Vuelta a empezar

Vuelta a empezar

El instructor del Caso Malaya prevé abandonar la investigación a finales de mes. Miguel Ángel Torres dejará su puesto en el Juzgado de Instrucción número 5 (bis) de Marbella y ocupará la plaza que le pertenece en Granada, al cumplirse el plazo de la última prórroga en la comisión de servicios que solicitó. La investigación del Caso Malaya se encuentra en su tramo final y podría ser el actual titular del Juzgado número 5 de Marbella, Óscar Pérez, el que culmine la instrucción del caso.

Esta es la noticia. Pero no se trata de un asunto administrativo, sino político. Lo que en realidad va a pasar es que el proceso se va a detener. Un juez nuevo tiene que leerse miles de folios, enterarse bien de qué va el asunto y continuar un trabajo que iba por buen camino y que veremos ahora cómo continúa. Total, un respiro para los delincuentes. Quizá ahora, algún buen abogado consiga para ellos la libertad provisional argumentando el retraso y la indefensión de sus clientes. Tiempo al tiempo.

CCOO y UGT exigen aclarar por qué no se revisó la cimbra de la A-7

CCOO y UGT exigen aclarar por qué no se revisó la cimbra de la A-7

CCOO y UGT pidieron ayer al Ministerio de Fomento que depure las responsabilidades de las empresas contratantes en el accidente laboral de la Autovía del Mediterráneo, en Almuñécar, tras el informe elaborado por la Inspección de Trabajo que concluye que la revisión de la cimbra que se desplomó y provocó la muerte de seis trabajadores no fue la adecuada.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de la Construcción de CCOO en Granada, Francisco Quirós, consideró que el informe "avala" la tesis que mantenía el sindicato sobre el accidente, de que las causas del siniestro fueron "fallos técnicos" en la cimbra. Explicó que dicha maquinaria requiere un "seguimiento" y "revisión" que no se llevó a cabo, al tiempo que consideró que el desplome, a tenor de los datos conocidos, fue "evitable".

Así, dijo que "había falta de medidas de seguridad", al menos, en su totalidad porque aunque los trabajadores contaban con medidas de prevención colectivas, no se llevó a cabo de forma adecuada el mantenimiento de la cimbra.

El secretario de MCA-UGT en Granada, Francisco Ruiz Ruano, destacó la existencia de "responsabilidad encadenada" desde Fomento hasta la última subcontrata. Trabajo, dijo, incide en nuestras valoraciones", porque "no se produjo un mantenimiento preventivo de la autocimbra para saber si había cualquier grieta en alguna soldadura u otro tipo de incidencia".

Pantoja

Pantoja

Isabel Pantoja prefiere guardar su dinero en casa antes de depositarlo en una cuenta bancaria. Así se lo hizo saber al juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, al declarar que los 360.000 euros, que pagó en efectivo por el apartamento del hotel Guadalpín de Marbella, los tenía escondidos en un mueble de su dormitorio porque eso le daba "más seguridad económica".

En la declaración que realizó el pasado 3 de mayo tras ser detenida y que aparece en la parte del sumario que ayer se hizo pública, la cantante aseguró que su pareja sentimental y ex alcalde de la ciudad, Julián Muñoz (GIL), no intervino en la adquisición de este lujoso inmueble. De hecho, dijo desconocer por qué dos días después de convertirse en propietaria del apartamento, el ex regidor ordenó levantar la paralización de las obras del hotel por incumplir la legislación urbanística.

Además, Pantoja indicó que el dinero que entregó a la promotora del hotel (Aifos) procedía únicamente de sus galas y de las cantidades que durante años ha ido sacando de las cuentas de sus sociedades Panriver y Pantomar. Esta versión de los hechos es calificada como "increíble" en el auto del magistrado que decretó libertad bajo fianza de 90.000 euros para la artista por su presunta implicación en un delito de blanqueo. En opinión de Torres, Muñoz utilizó la estructura societaria de su novia para "inyectar fondos de procedencia ilícita en el mercado, dando lugar a la adquisición de costosas fincas".

Estos hechos parecen ser totalmente nuevos para Isabel Pantoja, que declaró ante el juez que no sabía quién pudo ingresar en efectivo, en sus cuentas personales y en las de sus sociedades, un importe de 603.000 euros durante 2003, otro de 205.000 euros en 2004, 191.000 euros en 2005 y 127.000 euros en 2006. Para colmo, reconoció que tampoco realizó ella esos suculentos ingresos e ignoraba por qué durante varios días consecutivos de 2003 se fueron ingresando 3.000 euros en efectivo. La folclórica manifestó que esas cuentas eran "controladas" por su asesor fiscal y posteriormente por su todavía novio. En este punto de la comparecencia, Pantoja llegó a declarar que se sentía "absolutamente engañada" y que está "sufriendo mucho".

IU pide que el acceso y el aparcamiento en Cantarriján sean gratuitos

IU pide que el acceso y el aparcamiento en Cantarriján sean gratuitos

Izquierda Unida comparte la preocupación de Medio Ambiente por el paraje natural de Maro-Cerro Gordo. En ese sentido, nos parece apropiada la limitación en el acceso de vehículos privados a la playa de Cantarriján.

Izquierda Unida considera que el transporte alternativo organizado por Medio Ambiente debe ser considerado como un servicio público por lo que entendemos que debe ser gratuito o, al menos, debe contemplar tarifas más reducidas para familias.

Igualmente, creemos que no es lógico que en un paraje natural haya un aparcamiento privado junto a la playa, por lo que proponemos a Medio Ambiente que habilite un aparcamiento público gratuito en el que tengan cabida los cien vehículos que cada día pueden acceder a la playa.

¿Qué se nos ha perdido en el Líbano?

¿Qué se nos ha perdido en el Líbano?

Juan Francisco Martín Seco

Tras el atentado sufrido por nuestras tropas en el Líbano, todo se ha vuelto para unos buscar semejanzas con Iraq, y para otros, remarcar las diferencias. En este juego no sólo han entrado las formaciones políticas, sino también, y si se quiere con mayor ahínco, los llamados comunicadores, vulgo “periodistas independientes”.

Unos se lanzan a la ardua tarea de demostrarnos que el caso del Líbano es semejante al de Iraq y a señalar por tanto la inconsistencia del Gobierno que hizo bandera política de la retirada de las tropas de este país, mientras las enviaba a Afganistán y al Líbano. Le acusan de hipócrita por querer disfrazar de empresas de paz lo que son meras operaciones bélicas. Otros, por el contrario, se empeñan en colocar lo del Líbano en las antípodas de Iraq. Con ese fin trazan una pintura idílica de las operaciones internacionales en las que intervienen nuestros soldados. Todo son misiones de paz y actuaciones humanitarias.

En realidad, como ocurre casi siempre, los dos bandos tienen razón y ninguno de ellos la tiene por completo. Las semejanzas existen, pero también son importantes las diferencias. Pretender igualar la barbarie de Iraq a cualquier otra misión en el extranjero es pura demagogia. De Iraq ya se ha dicho y escrito suficiente. Pasará a los anales de la Historia como uno de los ejemplos más claros de terrorismo de Estado y de despotismo internacional. Sin razón plausible, como no fuesen motivos económicos o los destellos fanáticos de un político megalómano, se ha invadido un país, se ha masacrado a su población, se han destruido sus edificios, infraestructuras y economía, y si bien es verdad que se ha derrocado un régimen tiránico, no es menos cierto que ha sido para sustituirlo por otro aún peor, mezcla de ocupación extranjera y anarquía, abocado en el futuro sin remedio a la guerra civil.

No, no hay nada que pueda disculpar la barbarie de esta guerra, y se engañan quienes piensan que la justifican al exagerar los elementos de comparación con otras misiones militares. Lo más que pueden lograr es mostrar la sinrazón o injusticia de éstas, pero sin reducir en absoluto la iniquidad de aquélla. Sea cual sea la opinión que pueda merecer el Gobierno de Zapatero, siempre habrá algo que pueda contabilizar en su haber: la retirada de las tropas españolas de Iraq.

Pero, dicho esto, tampoco se puede trazar una línea divisoria tan radical que coloque a unas y otras misiones en campos opuestos, presentando como gestas gloriosas cualquier misión en la que participen actualmente las fuerzas armadas españolas, pretendiendo legitimarlas por el hecho de que se participe bajo la bandera de la OTAN o de las Naciones Unidas. Sin duda que no todas las misiones internacionales son iguales, pero, unas más otras menos, todas tienen algún parecido. Por lo menos existe algo en que coinciden. En todas ellas cabe hacerse las mismas preguntas: ¿qué pintan nuestros soldados en ellas?, ¿qué se nos ha perdido a los españoles en Iraq, en Kosovo, en Afganistán o en el Líbano?

España, para bien o para mal, no decide nada en el orden internacional. Todos estos conflictos se solucionan o enconan al margen de nuestra decisión o voluntad. Si son otros los que imponen sus designios, parece lógico que sean también ellos los que asuman sus consecuencias. Uno de los enormes engaños de la realidad mundial es considerar dotado de legitimidad todo aquello que aprueban las Naciones Unidas, pasando por alto el enorme déficit democrático que existe en esta organización. En la última cumbre europea Blair lo dejó muy claro. No estaba dispuesto a que el ministro de Asuntos Exteriores comunitario —o como se le quiera llamar— sustituya a los representantes de los países miembros que pertenecen al Consejo de Seguridad. Lo de Europa está muy bien, pero decidir y mandar corresponde a los de siempre. Pues que sean ellos los que asuman las consecuencias y corran con el coste.

En realidad, el único que decide es Estados Unidos. A veces cuenta con la complicidad de las otras grandes potencias que conforman el Consejo de Seguridad. Entonces se afirma que la operación se lleva bajo los auspicios de las Naciones Unidas. A menudo, la aquiescencia no es total y entonces es la OTAN la que da cobertura. En otras ocasiones, el Gobierno americano actúa en contra de la opinión del resto de potencias y, como en el caso de Iraq, tiene que acudir a su perro fiel, Gran Bretaña, y a algún que otro títere como el Gobierno de España, satisfecho tan sólo con tratar de igual a igual —“burdo espejismo”— al amo del mundo.

España no pinta nada ni en Iraq ni en Bosnia ni en Afganistán ni en el Líbano. Todas estas misiones tienen mucho de ocupación extranjera, actuando con frecuencia suciamente y además en función de decisiones muy discutibles y en las que nuestro país apenas ha participado, pero que le convierten en cómplice desde el mismo instante en el que colabora en ellas. Acaso podemos olvidarnos de los famosos efectos colaterales, expresión acuñada por la OTAN y su secretario general en Bosnia. Afganistán, dígase lo que se diga, no es muy diferente a Iraq. En ambas contiendas se ha destruido un país, sin que por ahora se vea cuál va a ser la salida. La principal diferencia radica en que en el primer caso las potencias occidentales impactadas por el atentado de las torres gemelas concedieron carta blanca a Bush y a EEUU, y en el segundo no estaban dispuestas a plegarse sin más a la política unilateral del imperio.

El caso del Líbano, en cambio, es muy diferente de los dos anteriores. Pero difícilmente se puede hacer de él una gesta heroica y afirmar que se encuadra en la más estricta legalidad internacional. La legalidad internacional es una utopía; si existiese, se habría obligado a Israel a detener la ofensiva mucho antes, se le habría exigido costear por completo la reconstrucción del Líbano e incluso se juzgaría por genocidio a sus dirigentes.

Hoy, lo único consistente en la escena internacional es la voluntad del imperio. De hecho, la ofensiva de Israel sobre el Líbano terminó cuando EEUU lo juzgó conveniente; tan sólo entonces, con las ansias de venganza de Israel saciadas, EEUU contuvo su doberman y se pusieron en marcha los aguerridos cruzados de la ONU, de los que nuestras fuerzas armadas forman parte. ¿Acaso puede extrañarnos que Hezbollah considere a los cascos azules combatientes extranjeros al servicio de Israel y de EEUU?

Es inevitable hacerse la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto en esas mal llamadas misiones internacionales de paz —incluso las que como en el caso del Líbano pueden resultar más justificables— no se está haciendo el juego al imperio americano? Si EEUU tuviese que afrontar en solitario las consecuencias de sus decisiones y acciones, tal vez se vería obligado a sopesarlas más. Quizás, si hubiese tenido que permanecer en solitario en Bosnia y en Afganistán, no hubiese podido acometer la invasión de Iraq.

Resulta sorprendente la retórica hueca y empalagosa que rodea el discurso acerca de las misiones internacionales. Para unos, misiones de paz, humanitarias, de ayuda a la reconstrucción de otros países; hasta el mismo nombre, “misiones”, tiene connotaciones altruistas. Para otros, los cascos azules son nuevos cruzados que van a defender los valores de la civilización occidental amenazados por las hordas de infieles que intentan destruirlos. Ni unos ni otros escatiman elogios y aplausos a los soldados que las componen. En la más pura tradición militarista, hablan de orgullo, de grandeza, de heroísmo, pero ninguno de los que así se expresan desean tales dignidades para sus hijos, por eso se ha implantado con el beneplácito general el ejército profesional. Tamaños honores se reservan para los que no tienen oficio ni beneficio y como última solución deben enrolarse en el ejército. Siempre nos quedarán los emigrantes. La hipocresía de nuestro discurso queda bien patente ante el desatino de que tres colombianos tengan que morir en el Líbano alistados en el ejército español. ¿Qué se nos ha perdido en Líbano? y, sobre todo, ¿qué se les había perdido a los tres colombianos?

Con el verano llega el turismo y el trabajo mal pagado

Con el verano llega el turismo y el trabajo mal pagado

El trabajo en el sector servicios está cada día más degradado. Los sindicatos se quejan de que cada semana pasan por sus sedes decenas de trabajadores que echan más horas de las pactadas, que no cobran de acuerdo al convenio, que no tienen días libres o que trabajan en cualquier puesto dependiendo del capricho del empresario.

En Izquierda Unida entendemos que hay que conseguir trabajo de calidad para poder prestar unos servicios de calidad. Animamos a los sindicatos a seguir en su lucha para que el empleo deje de ser precario y mal pagado.

Inmigración, pasta de dientes y control de fronteras

Inmigración, pasta de dientes y control de fronteras

Pascual Serrano

Se han incautado en España casi cien mil tubos de pasta de dientes que han entrado sin control sanitario en el país procedente de Sudáfrica, Camerún, Marruecos y Brasil y que se han distribuido en seis comunidades autónomas. A ello hay que añadir los dentífricos que contienen la sustancia tóxica dietilenglicol y que eran facilitados en hospitales, hoteles y compañías aéreas según el Ministerio de Sanidad y Consumo. Estos últimos proceden de China e incluso estaban siendo distribuidos en hospitales públicos de la Consejería de Sanidad valenciana.

El mecanismo por el que se han detectado ha sido fundamentalmente porque ciudadanos han alertado del incumplimiento del etiquetado, no por ningún control sanitario ni de entrada al país. El diario El País informaba que "centenares de artículos de alimentación e higiene se comercializan en España de manera irregular", entre ellos, "pastas de dientes, jabones, perfumes, fideos chinos, salsas o tintes para el pelo". Son alimentos y cosméticos sin papeles que se han introducido ilegalmente en el país, burlando el control aduanero. El diario afirma haber encontrado decenas de esos productos en los bazares de Madrid, en su mayoría procedentes de Tailandia, Sudáfrica, Filipinas, Líbano o China.

Una conclusión evidente es que el control de nuestras fronteras es muy diligente para la entrada de inmigrantes sin papeles pero no para contenedores enteros de dentífrico sin control sanitario. Cien mil tubos de pasta de dientes ocupan un volumen importante, pero ello no impide que vengan con normalidad de Sudáfrica o de Marruecos en camiones a través de la frontera, no consta que se haya interceptado e impedido la entrada de ninguna partida. Los productos atraviesan en grandes camiones continentes enteros, cruzan numerosas fronteras, son embarcados y desembarcados en puertos sin que su presencia irregular sea percibida. Mientras eso sucede los sistemas de control son destinados a que no vengan de esos mismos países las personas huyendo de la pobreza. Para nuestras autoridades y nuestro modelo de blindaje europeo, la toxicidad procede de los ciudadanos africanos o chinos no del dietilenglicol en los productos que consumimos.

Estamos construyendo una Europa donde los servicios de aduanas y fronteras permiten la entrada de productos manufacturados -tóxicos o no- y, por supuesto capitales, mientras se persigue a los hambrientos. Si los camiones que transportaban decenas de miles de tubos de pasta de dientes tóxica hubieran llevado media docena de subsaharianos el conductor y los inmigrantes estarían ya en prisión o en un centro de expulsión. Y es que el delito es que los hambrientos vengan a Europa, mejor que se queden en su país explotados fabricando dentífrico con dietilenglicol para nuestros hospitales.

Carnero y Morala agradecen el apoyo y piden seguir luchando tras serles concedido el régimen abierto

Carnero y Morala agradecen el apoyo y piden seguir luchando tras serles concedido el régimen abierto

Los sindicalistas Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala abandonan ayer por la tarde la cárcel de Villabona tras concederles Instituciones Penitenciarias el régimen abierto. Los dos sindicalistas, llevaban en la cárcel desde el 16 de junio por daños causados durante una manifestación y no tendrán que llevar pulsera de localización, ni ir a dormir a la cárcel. Aseguran que el ayuntamiento de Gijón sigue siendo el principal culpable de su situación.

Agradecieron las muestras de apoyo de los colectivos sociales y les exhortaron a 'seguir luchando' por los derechos de los trabajadores y por las libertades. En un breve discurso que pronunciaron en la puerta de acceso al penal, donde se había concentrado medio centenar de miembros de la Plataforma Contra la Represión y por las Libertades, los dirigentes sindicales dijeron: 'todavía queda mucho por hacer y tenemos mucho que trabajar para que a otros no les ocurra lo mismo'.

Morala y Carnero salieron de la cárcel pasadas las 17 horas tras permanecer recluidos 19 días en cumplimiento de una condena de tres años de prisión por la destrucción de la caja de conexiones de uno de los sistemas de control de tráfico por vídeo durante una protesta laboral durante el año 2005.

Los dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierdas confirmaron que su excarcelación se había producido al serles concedido el tercer grado de y que tendrán que acudir a la cárcel cuando se les requiera para realizar actividades.

Carnero y Morala han sido citados para el próximo martes al Centro de Inserción Social, donde deberán presentarse cada vez que sean requeridos por las autoridades penitenciarias, según indicó el abogado defensor, Juan Prieto.

Los sindicalistas fueron recibidos por los manifestantes al grito de 'Todos somos Cándido Y Morala' y se fundieron en abrazos con sus compañeros de militancia sindical y de otras organizaciones sociales y políticas.